Estos últimos días estuvimos pendientes de que el presidente de la República decidiera sancionar la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que aprobó el Congreso de la República.

Cabe mencionar que el presidente originalmente dijo a los medios que tenía ciertas dudas sobre esta reforma y que su inclinación era no sancionarla, por los vacíos que había dejado y que los legisladores no se habían atrevido a apoyar, tales como: limitar los períodos de elección de los diputados al Congreso o resolver la paridad de la participación de las mujeres, los jóvenes y de los pueblos indígenas y haber dejado fuera el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, órgano rector de los procesos políticos del país; y otros temas de igual importancia. Sin embargo, el presidente Morales recapacitó sobre que a pesar de estas falencias la LEPP contaba con amplio apoyo popular y que por primera vez en muchos años los diputados al Congreso de la República aceptaron la necesidad de reformar la ley. De hecho la Coordinadora Nacional para la Reforma Política (Conarep) llevaba varios períodos de estar cabildeando por esta reforma, sufriendo los altibajos de los diputados sobre el interés indispensable para modernizar el modelo democrático del país que exige mayor participación ciudadana, mayor equidad en la participación y mayor transparencia en la gestión pública, y especialmente en el manejo de las finanzas y la publicidad electoral, que siempre fueron elementos oscuros.

No fue sino hasta el inicio de esta gestión que el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, tuviera la voluntad política y determinación de hacer pública la planilla salarial del Organismo Legislativo y además diera su irrestricto apoyo a la iniciativa de reforma a la LEPP.

A esta propuesta de reforma se sumaron múltiples sectores de la sociedad civil que con las movilizaciones de La Plaza entendieron y reafirmaron que Guatemala ha llegado a un cambio trascendental en el que la ciudadanía no se conforma con promesas vacías que esconden subterfugios, sino que demanda una participación real, activa y permanente en la vida política del país que debe asegurar la total transparencia, tanto en lo financiero como en el procedimiento de las decisiones para recuperar la confianza perdida en la institucionalidad del Estado.

Morales, a pesar de tener conciencia de algunos vacíos que muchos compartimos, tuvo la madurez de entender que su decisión sobre sancionar o no la LEPP debía ser producto de una consulta y amplio diálogo con los sectores que venían opinando a favor y en contra de esta reforma, y esto lo llevó a las reuniones que lo ayudaron a tomar su decisión para sancionarla.

Uno de los argumentos fundamentales para esta decisión sigue siendo entender que esta reforma no es única ni la última, sino la primera de un proceso de cambios que deberán irse acotando conforme el desarrollo de la vida política del país y los diversos procesos electorales. Esta reforma es a todas luces incompleta, pero es un paso absolutamente necesario para iniciar el camino de las reformas más profundas que Guatemala necesita.

Es el momento de insistir en que la implementación de la reforma a la LEPP dependerá de la confianza depositada en el TSE, el apoyo que se le brinde, en la responsabilidad y rendición de cuentas de los partidos políticos y sus respectivas diputadas y diputados, y en la actividad permanente y vigilante de las organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía en general

En esta encrucijada histórica de Guatemala, debemos hacer lo posible porque estas reformas sean efectivas.

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