“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona…” texto de los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de Guatemala, decretada el 31 de mayo de 1985. Sin duda hermosos postulados desde entonces incumplidos, en uno y mil aspectos de nuestra vida nacional.

El señalamiento no obedece al empeño por encontrar defectos en la administración pública y sus funcionarios; sencillamente esos y otros más de los 280 artículos, regularmente son incumplidos tanto por las autoridades, como por los ciudadanos, haciéndonos vivir con la ley del monte, en vez de esforzarnos por forjar un país civilizado. Entre las grandes deficiencias, está la pobre y escasa educación que se imparte, falta de medicinas, déficit de vivienda, pésimo estado de la red vial del país y la corrupción por detrás de esos malos servicios.

Sin ningún escrúpulo, los políticos convirtieron al Estado en un botín y en la más grande agencia de empleo del país para acoger correligionarios, familiares y amigos; y, de acuerdo a las noticias de la semana que ahora termina, repartir salarios a discreción a excandidatos que no alcanzaron los puestos deseados durante la última campaña electoral. También se conoció de los problemas en uno de los puertos en el Caribe guatemalteco, cuya inoperante conducción lo llevó a dejar de ser operativo, obligando a los usuarios a recurrir a los puertos de los países vecinos. No se necesita ser el sabio Salomón para deducir que ante el conflicto se integrará una mesa técnica, que sugiera la conveniencia de trasladar esa empresa estatal al sector privado para que, como por arte de magia, funcione y sea rentable.

Tenemos así, el manual de cómo hacer fracasar la administración pública para convencer a una población, usualmente poco informada, de la inoperancia permanente del Estado, que permita justificar la necesidad de estimular la privatización de la función pública.

Pero no son solo educación, salud, vivienda, carreteras, puertos, aeropuertos y aduanas por donde se filtran hasta los malos pensamientos. Hay otras tareas que por simples y cotidianas solo incomodan, pero que esconden negocios que solo la corrupción generalizada, permite su existencia. Se trata de asuntos legales, de identidad ciudadana, cuya información está en manos de empresas contratadas bajo criterios y condiciones que nos hace vulnerables: Registro Nacional de las Personas y el Documento Personal de Identificación, Migración y la emisión de pasaportes, por mencionar dos de ellas.

La ligereza con que se manejan, más allá de la discrecionalidad de la información que puede estar o caer en manos equivocadas, son fáciles de visualizar en casos que han estado en los medios de comunicación pública durante años.

DPI con datos equivocados, pese al trámite de revisión con que se supone opera. Pasaportes cuyo trámite debería de tomar unos 20 minutos, como el de la licencia para conducir vehículos. Pero más allá de eso, la inseguridad legal que la simple carencia de cartillas causa a los connacionales que viven en el extranjero, que por la ineficiencia de la administración o lo corrompido del sistema, el trámite de 20 minutos, toma meses.

De esa debacle no debe culparse al actual gobierno, pues tal estado de cosas viene de tiempo y gobiernos atrás. La actual administración solo ha favorecido su deterioro.