Henos aquí, 11 años después, tratando de reformar a la Cicig. Polarizados, entre movimientos organizados de la llamada sociedad civil, izquierda, progre, —o como se le quiera llamar— y una variopinta derecha, conservadora —o como se le quiera llamar— de diversas tonalidades.

Todos —excepto los corruptos que viven del chanchullo, la mordida, el tráfico de influencias, el robo, el crimen organizado y el narcotráfico— estamos de acuerdo en que hay que combatir esa lacra estatal que esquilma hasta un 30 por ciento del presupuesto general de la nación, pone y quita funcionarios y permite las mafias conexas.

Añadido a esto, tenemos un sistema de justicia cuasi colapsado, cooptado por intereses espurios, y que en declaraciones recientes de la ex fiscal general Thelma Aldana es “producto del sistema perverso que existe en Guatemala el cual obliga a reunirse con políticos”, aludiendo al sistema de las comisiones de postulación y al pago de favores dentro del propio sistema de justicia.

Durante 11 años la Cicig, con varios comisionados a la cabeza, tuvo la oportunidad de combatir todo este entuerto. Los resultados netos han sido muy pobres en términos de logros permanentes para eliminar las causas y la raíz de la corrupción. Nunca promovió las políticas públicas necesarias para erradicar la impunidad —Ley de Compras y Contrataciones, Reformas al Sistema de Justicia, Sistema Penitenciario, entre otros—, se dedicó a perseguir efectos. Ese ha sido su mayor fracaso. Aplicar garrote a los que se robaban las zanahorias del erario público, pero no derribar el sistema que les sigue dando acceso a las zanahorias.

Cierto, docenas de funcionarios y empresarios fueron capturados y sus juicios aún no concluyen debido a esa mezcla perversa del propio sistema de justicia guatemalteco que no logra superar su deformación congénita con jueces sobrecargados y paranoicos de la sombra Cicig, los problemas sistémicos del código penal, con la permisividad de los amparos frívolos, retrasos de audiencias, irrespeto de plazos y las limitaciones de los propios jueces, mal preparados y sin experiencia. La tormenta perfecta.

La estructura criminal del tan mencionado caso La Línea — a pesar de los miles folios de pruebas, grabaciones, colaboradores eficaces y cientos de horas de televisión— continúa más activa y peligrosa que nunca. Ahora resistente e inmune a la Cicig.

El mal uso de las conferencias de prensa informando en forma inoportuna e impertinente la divulgación de información sensible sobre casos en los cuales privaba la presunción de inocencia y ejercía una insana influencia sobre los jueces y fiscales, sin duda debilitó a la Cicig.

Nunca antes había existido en los anales de la jurisprudencia internacional, un caso similar al de Guatemala, en donde un acuerdo de cooperación entre un país y las Naciones Unidas podía continuar en forma forzada por una corte constitucional. El resultado de no haber manejado el caso por la vía diplomática, —indiferente a cualquier argumento jurídico— y de insistir en quedarse tratando de funcionar en un ambiente totalmente hostil, fue un craso error. Ni se diga cuando irrumpieron en la Casa Crema los agentes de la Cicig y los fiscales del MP. Desde ese día marcaron la hoja de ruta que seguirían.

Ya sin el comisionado y con una Cicig reformada hasta de nombre, la lucha contra la corrupción debe continuar. Con un director sin poderes omnipotentes, más orientado hacia la cooperación y el traslado de capacidades y competencias que de dirección. Más enfocado en estudiar los problemas sistémicos que causan la corrupción e impunidad y en proponer las políticas públicas que los resuelvan.

Una cosa es clara. La única manera de lograrlo es uniendo esfuerzos. Insistir en la confrontación para seguir haciendo lo mismo desde hace 11 años, es, francamente, una crasa estupidez.

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