Las investigaciones y la persecución penal que se inició en contra de estructuras criminales en los casos La Línea, Negociantes de la Salud, Plazas Fantasma y Cooptación del Estado —que involucran a quienes fueran las más altas autoridades del Ejecutivo, a algunos de sus ministros, a varios jefes de instituciones claves como la SAT o el Seguro Social, a expresidentes y diputados del Congreso, empresarios, banqueros y sindicalistas, y a otros personajes vinculados con la judicatura, y a bufetes de abogados— nos hicieron comprender que las redes criminales han permeado casi todos los espacios de poder. Prácticamente se ha establecido una simbiosis entre agentes estatales y grupos criminales, que ha dado como resultado la captura y cooptación del Estado.

El fenómeno no es exclusivo de Guatemala. En otros países se han dado situaciones similares que han ameritado un enorme esfuerzo de las fiscalías y de los sistemas judiciales para la desarticulación de estas macro-redes criminales que generan corrupción e impunidad. Una de las vías recurrentes es la utilización de los partidos políticos para acceder al poder y desde ahí desarrollar su estrategia criminal. Perú, Colombia, México, Italia y, por supuesto, Guatemala, ejemplifican perfectamente cómo estructuras político partidarias toman por asalto los Estados y generan desde ahí una compleja red delictiva que busca legitimación política, económica y social.

El caso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, en el Perú, o el proceso de la “parapolítica”, en Colombia, tienen enorme similitud con lo acontecido en nuestro país durante el gobierno del Partido Patriota y los anteriores. En palabras de Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo, directores de la Fundación Vortex de Colombia, que se dedica a la investigación de la macro-criminalidad compleja, a lo que nos enfrentamos hoy en día es a la “Reconfiguración cooptada del Estado”, en donde agentes estatales utilizan su poder e influencia y son buscados por agentes criminales con el fin de conseguir intereses de beneficio mutuo.

José Ugaz, exfiscal peruano y actual presidente de Transparencia Internacional, se refiere a este fenómeno como el de “la gran corrupción”, nacida de la nefasta alianza dictadura-corrupción y desarrollada en democracias débiles, como la nuestra. Para Ugaz, hoy en día nos enfrentamos a redes criminales complejas y no a funcionarios e individuos corruptos que actúan de manera aislada.

Estas y otras reflexiones se presentaron en el I Congreso Internacional sobre Independencia Judicial y Redes Criminales, organizado por la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que reunió a operadores de justicia y abogados de Iberoamérica durante tres días. Una de las conclusiones a las que se arriba después de escuchar las ponencias de un fiscal antimafia italiano, un fiscal anticorrupción de Perú, dos investigadores de redes criminales colombianos, dos jueces guatemaltecos y una abogada argentina experta en derechos humanos, es que nos enfrentamos a una realidad común: la macro-criminalidad compleja y que esta requiere una nueva manera de pensar e investigar los sistemas criminales; la generación de nuevas herramientas y estrategias legales que nos permitan “lidiar” y desbaratar estos complejos esquemas de corrupción e impunidad; y la reforma de nuestros marcos jurídicos.

Pero sobre todo eso, se requiere una ciudadanía activa que no pierda la esperanza y que continúe respaldando la batalla contra la impunidad y la corrupción, y en esa tarea todos tenemos un papel que jugar.

@MarielosMonzon