Los propósitos que existían antes de los acuerdos de paz era orientar una política para el desarrollo urbano y control del medio ambiente en el área metropolitana, donde la Unidad de Planificación Urbana con sus técnicos como ente asesor a la alcaldía generarían políticas de ordenamiento, las cuales llevaría a cabo la administración municipal, impulsando con esto el desarrollo urbano ordenado. Guatemala venía de una crisis urbana arquitectónica y social producto del terremoto de 1976 que generó una inmigración hacia el área metropolitana y la destrucción de amplias zonas urbanas dentro y fuera de esta. En la Constitución de 1985 se dejaron establecidos varias políticas sobre vivienda marginal que quedaron escritas en el artículo 105 que dice: “Viviendas de los trabajadores. El Estado, a través de las entidades específicas, apoyará la planificación y construcción de conjuntos habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiamiento, que permitan atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y que llenen las condiciones de salubridad”. Ente 1991 y 1998 se producirá la toma de terrenos en el área metropolitana ante la ausencia de dirección territorial. Pero se van a entremezclar con una fuerte emigración hacia Estados Unidos a pesar de contarse con la creación de la “Ley de Vivienda y Asentamientos”, firmada por el entonces presidente Álvaro Arzú. Sin embargo, se han establecido 18 asentamientos que han sufrido problemas, como el de Santa Isabel en Villa Nueva y los deslizamientos en las zonas 6 y 13 en la Ciudad de Guatemala y otro, como el asentamiento Colom Argueta que fue consumido por las llamas con alrededor de 30 viviendas llamadas “champas” o viviendas informales, quedando a la intemperie alrededor de 150 personas. O el de Cambray. Estos asentamientos se desarrollan sin ninguna asistencia técnica urbana municipal ni gubernamental.

El futuro se presenta confuso con las políticas de Mr. Trump en Estados Unidos, quien ya sacó el machete y empezó por parar las industrias fuera de Estados Unidos, como la fábrica Ford en México, y revisar el muro antiemigrante para mejorar la seguridad con Estados Unidos; cancelar visas a mexicanos y elevar las tarifas de las tarjetas del cruce fronterizo que impactará en la economía local. (¿Alcanzará a los guatemaltecos esto?). La situación se ve difícil, ya que en el 2016 expulsaron a 91,277 migrantes guatemaltecos que difícilmente regresan, con lo que la economía urbana de Guatemala se verá disminuida. A lo anterior habría que sumar la posible caída de PIB y la subida del petróleo, que llevará a la necesidad de desarrollar una economía urbana autosuficiente a través de la industria y no del comercio, por medio del contrabando o del lavado de dinero, tal como ahora se hace. Se necesitará la creación de programas de educación para alumnos de escasos recursos y de un nivel medio con programas de “educabilidad” con respecto a las situaciones de pobreza que hay, ya que es una realidad donde existen situaciones por debajo de la línea de pobreza o indigencia y en especial niños que han emigrado ahora ante las amenazas de Mr. Trump. Todo esto llevará a crear sistemas de educación urbana multidisciplinaria, pues tenemos una juventud en potencia incrustada en las nuevas tecnologías. Las escuelas de este contexto deberán pertenecer a una sociedad homogénea que deje fuera cualquier tipo de segregación espacial y social (escuela urbana) con la “educabilidad”, o el desarrollo cognitivo, que descansa en la observación del comportamiento de los demás. Por lo que se necesitará tierra para desarrollar los proyectos de educación, vivienda e industria. En pocas palabras, una revolución territorial urbana.