Ese marco constitucional tan peculiar de Guatemala, en lo que a la universidad del Estado se refiere, se debe, creo yo, a que las derechas y las izquierdas terminaron firmando el “pacto” cuando estimaron que se habían repartido los poderes públicos, ciertas porciones del Presupuesto y ciertas declaraciones de principios logrando un cierto equilibrio.  Es decir que la noción de cómo y para qué está la universidad del Estado y con cuánto debe contar para realizar su objeto  es una de las concesiones hechas por las derechas a las izquierdas.

Pero no bastaba con el objeto y el presupuesto de la Universidad, sino que había que terminar de adornar la concesión con poder. Y así, la universidad del Estado nombra a un magistrado titular y a uno suplente de la Corte de Constitucionalidad, postula candidatos a magistrados del Poder Judicial, candidatos a fiscal general, candidatos a contralor general e integra juntas de importancia como la Monetaria y la del IGSS. Pero todo eso no era suficiente en el diseño o plan de las izquierdas, y entonces se prolongó el poder de la universidad del Estado por medio de los colegios profesionales —que para 1985 eran, prácticamente, “carolingios”—. La simbiosis es perfecta porque los que alguna vez fueran estudiantes pasan como profesionales a elegir delegados directa o indirectamente que, junto con las autoridades de la universidad del Estado, postulan a magistrados, fiscales, contralores, etcétera.

Así, la consecución gratuita del grado universitario y del título profesional crea una suerte de dependencia en los graduados que, hasta cierto punto, se consideran pertenecientes a la “hermandad”. Esta, además, les proporciona la red para pasar a ser funcionario público, funcionario judicial o, por qué no, para trabajar para la Universidad en algún puesto.

Paso a paso, aunque no lentamente, en las últimas cuatro décadas la universidad del Estado se ha ido transformando, más y más, en una red de redes de contactos porque, además, la universidad del Estado es un fenómeno político en sí misma. Para gestionar el 5% del Presupuesto Ordinario del Estado que le corresponde es necesario que haya respaldo de los propios estudiantes —con lo cual estos tienen una palanca importante ante sus docentes—, de los profesionales —que procuran ubicarse en las redes que más les convenga, según sus empleos o actividades— y de los profesores. Estos últimos no necesitan tanto publicar ensayos, artículos o libros para permanecer en sus puestos, cuanto pertenecer a las redes de contactos y políticas adecuadas. No digo que no haya quienes escriban todas esas cosas, sino que no son determinantes de su posición en la Universidad.

Pero todo esto necesita de alguna justificación ante la ciudadanía, que viene dada, principalmente, por dos aspectos: el uno, práctico, que consiste en abrir las puertas de la Universidad a todo el que se presente; el otro, ideológico, que consiste en propugnar doctrinas que favorezcan la redistribución de la riqueza por diversos medios. Creo, en definitiva, que esto no se parece mucho a una universidad, sino más bien a una especie de “corporación” o “partido” oficial que, como tal, es financiado por los demás ciudadanos, a mi juicio, sin razón que lo justifique ni beneficio colectivo, fuera del círculo de esa “corporación”.

emayora@mayora-mayora.com