A todo guatemalteco le debe dar curiosidad del porqué en Guatemala desde hace algunos años se ha despertado el interés por manejar los dineros públicos por medio de los fideicomisos. La razón es evidente al leer el tan claro y profundo trabajo del licenciado Arturo Martínez G., acerca del cual me referí en su aspecto conceptual y teórico en el artículo de pasado. En un país donde la principal intención de la mayoría de políticos es enriquecerse de manera inmisericorde a costas del dinero proveniente de los impuestos, impedir de manera retorcida la tarea de las entidades encargadas del control del manejo de estos fondos se convierte en una meta no solo de primer orden, sino a la cual se aferrarán de manera desesperada en caso necesario.

Según el trabajo del autor hoy comentado, en total hay 25,000 mil millones de quetzales manejados de esta manera. Los casos más notorios son los de las municipalidades, sobre todo la capitalina, por cuyas arcas han pasado alrededor de 1,400 millones de quetzales anuales durante los últimos tres períodos de gobierno municipal, todos ellos encabezados por el actual alcalde Álvaro Arzú, lo cual hace alcanzar la respetable suma de alrededor de 16 mil millones de quetzales, lo cual resulta en un promedio —también aproximado— de un millón de quetzales diarios. Esos números terminan de explicar por qué alguien puede estar dispuesto a ejercer una alcaldía después de haber ocupado la presidencia, y la lógica surge con fuerza inusitada, así como el rechazo a toda crítica.

Históricamente, el fideicomiso tiene una larga tradición, y la palabra viene de fide, es decir fe, una condición indispensable, porque es necesaria la confianza sentida por alguien, el fideicomitente, en otra —el fideicomisario— para cuidar de personas de alguna manera incapacitadas, tanto por salud o por características de su personalidad, para manejar bien un patrimonio, por lo cual eran figuras presentadas en testamentos. Al incluir al fideicomiso en otras áreas del derecho, en la práctica su motivación real se desvirtuó. En la actualidad, algunos analistas consideran al fideicomiso una forma útil del manejo de los fondos, siempre y cuando se resuelva el dilema del secreto bancario por un lado, y por el otro la norma de no haber entidad alguna donde no pueden realizar su trabajo las entidades de control del manejo del dinero público.

Lo más valioso, creo, del trabajo del licenciado Martínez, es su afirmación de la obligatoriedad de cerrar los fideicomisos creados con fondos públicos porque son ilegales, pero además inconvenientes para el país y sus habitantes, así como deducir las responsabilidades legales en quienes hayan tomado el dinero asignado por los impuestos para colocarlo en entidades no nacidas a la vida jurídica del país, y regresarlo al Banco de Guatemala, como corresponde. Para finalizar, sugiero al alcalde Arzú utilizar su cuenta electrónica para reenviar este artículo a sus seguidores, como lo hizo hace algunos días. Si se entusiasma por divulgar mentiras, mucho más debe atraerlo ayudar al conocimiento generalizado de verdades acerca de güisachadas de su tarea en la comuna.