El 31 de marzo de 1995 hubo un hecho excepcional, dada la realidad guatemalteca. Se firmó uno de los acuerdos de paz más emblemáticos y significativos para nuestro país, el de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, un tema que además de generar temor y anticuerpos, fue difícil de negociar. Numerosos obstáculos se encontraron, sobre todo por la mentalidad racista y discriminatoria que ha prevalecido en muchos sectores del país.

Este documento, que ha sido poco valorado y que todavía tiene un rezago en su cumplimiento, es sumamente inspirador pues reconoce la identidad y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos maya, garífuna y xinca, dentro de la unidad del Estado y la indivisibilidad del territorio.

También reconoce la existencia de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua y que como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social.

Por primera vez, sectores de poder, gobierno y ejército aceptaron esta situación que ha significado la negación de derechos y participación política a esa enorme cantidad de población y reconocieron que para erradicar la discriminación es indispensable que esas garantías fundamentales negadas históricamente adquieran plena vigencia.

Como sociedad, todos hemos tenido responsabilidad en que este sistema de discriminación se haya reproducido por generaciones. La exclusión y discriminación que han prevalecido hacia la población indígena desde la conquista, el despojo y la colonización hasta nuestros días es un hecho notorio del que poco nos preocupamos los mestizos, a pesar de los constantes reclamos y reivindicaciones que realizan organizaciones representativas de esos pueblos.

La resistencia de la población indígena en distintos momentos de la historia del país, entre las que sobresalen la rebelión de los k’akchiqueles y kiche’s inmediatamente después de la conquista y poco antes de la declaración de independencia de España, son las más conocidas, aunque no las únicas.

La concepción de un Estado centralizado, etnocéntrico, excluyente y al servicio de unos pocos sectores es señalado por dirigentes indígenas como un obstáculo para la existencia del Estado Democrático y plurinacional al que aspiran los pueblos indígenas. La conflictividad agraria y la discriminación en la procuración y administración de justicia son expresiones de la discriminación y exclusión.

En el acuerdo se reconoció que tanto el desconocimiento por parte de la legislación nacional de las normas consuetudinarias que regulan la vida comunitaria indígena, así como la falta de acceso que tienen a los recursos del sistema jurídico nacional, ha provocado la negación de sus derechos. Se asumió así el compromiso de promover el reconocimiento del derecho indígena.

La Comisión de Fortalecimiento de la Justicia después de escuchar a organizaciones indígenas concluyó que la Constitución Política de la República debe incluir una norma que reconozca la existencia de principios, criterios y procedimientos que los pueblos indígenas desarrollan para resolver los conflictos, así como la validez de sus decisiones, siempre que con ellas no violen los derechos humanos.

En la actual discusión de las reformas constitucionales, que en este tema obedecen a lo establecido en el acuerdo respectivo, este ha sido un punto de disenso. Las autoridades ancestrales señalaron que en las ocho actividades regionales realizadas no se contempló la adecuada participación de los interesados, mientras que hay otras posturas que mantienen la visión de un monismo jurídico, rechazando el pluralismo en esta materia.

Hay ejemplos en otros países de cómo llevar a la práctica, de manera armoniosa, el pluralismo jurídico.

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