Doy por supuesto que casi todos entendemos que la sociedad guatemalteca, políticamente hablando, está dividida.  Creo que hay dos, o quizás tres, bandos principales, a saber:

Primero, quienes ven en la Cicig y su actuación con el MP de la ex fiscal general, Thelma Aldana, el “purgante”, figurativamente hablando, que la sociedad y sus instituciones requerían para depurarse, en vista de que los políticos se vendieron a los grupos de presión, sea por dinero sea por votos, olvidándose del pueblo, del bien común, del interés colectivo.

Segundo, quienes ven en eso mismo la total distorsión de una idea que, originalmente, se aceptó para que se desmantelaran aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad (los Ciacs), pero no para una cruzada anticorrupción que —según ellos— se basa en interpretaciones draconianas de las leyes aplicables.

En tercer lugar, aunque en ciertos casos pudieran confundirse con el segundo grupo, están quienes ven en todo ello una estrategia de las izquierdas postrevolucionarias –domésticas e internacionales— para conseguir el poder y las reformas que, en la guerra, no habrían logrado.

Sin embargo, los tres grupos —así parece— pasan por alto uno de los aspectos más notables de todo este proceso. Y ese aspecto es que no ha sido la Cicig, ni han sido las fiscalías del MP, las que han decretado órdenes de allanamiento, de aprehensión, de arraigo o cosas parecidas. Tampoco han sido ellos quienes han decidido la prisión provisional contra los políticos, funcionarios o empresarios denunciados. No. Todo eso lo han decidido los jueces y tribunales de Guatemala.

Por tanto, ni los que están a favor ni los que están en contra de las actuaciones de la Cicig y el MP de Thelma Aldana reconocen un papel protagónico o decisorio a los jueces y tribunales que, en definitiva, son los que han resuelto o decretado las medidas, sanciones o penas pedidas. Esto, creo yo, es un síntoma. Y un síntoma grave.

Con la notoria excepción de la mayoría de la Corte de Constitucionalidad, del juez Miguel Ángel Gálvez, de la jueza Yassmín Barrios (y probablemente alguno más), a los que sí se entiende por unos o por otros como factores decisivos del curso de los eventos nacionales, a los demás tribunales y jueces se les considera poco más que “reselladores” de lo que el MP con la Cicig les pidan o requieran. Yo no creo que, realmente, sea así pero comprendo por qué –si no me equivoco— los grupos arriba descritos tienen esa impresión.

La razón por la cual, en mi opinión, se tiene la impresión que señalo es la siguiente: el Poder Judicial ha perdido credibilidad ante la sociedad guatemalteca y sus organizaciones. No se mira a sus jueces y magistrados, en general, como funcionarios verdaderamente independientes, comprometidos con la función judicial y su objeto fundamental de hacer valer las reglas del Derecho, para la realización de sus valores, con imparcialidad y eficacia.

Creo que esto es muy penoso y que no son las personas que están en los cargos judiciales las responsables, a un nivel estructural, de que esto sea así. Aun nivel estructural, las reglas constitucionales, con una mano, los declara independientes e integrantes de una carrera judicial, pero con la otra les niega las condiciones que harían eso realidad. Y de ahí que sea indispensable reformar la Constitución. La paz social y la estabilidad política solo pueden alcanzarse cuando hay un árbitro final que goza de la credibilidad de la sociedad.