Rechazo, repudio y desprecio la decisión tomada por una mayoría “calificada” de diputados al Congreso. Al descaro de aprobar a la carrera cambios que les podían favorecer a ellos y a todos los demás corruptos, le añadieron la irresponsabilidad de, con tal de asegurar su impunidad, abrir la puerta para que muchos delincuentes, no solo corruptos, puedan esquivar su paso por la cárcel. Semejante descaro es completamente inaceptable.

Estas decisiones tomadas por la mayoría de los diputados adolecen de muchos defectos, tanto de forma como de fondo. La parte de forma pasa porque ninguno de los cambios realizados amerita una aprobación a rajatabla de “urgencia nacional”. Lo que es más, siendo que son reformas al Código Procesal Penal, es todavía más importante que se analicen todas las posibles repercusiones de los cambios. Hacerlo de manera apresurada es inaceptable, aun si les fuéramos a creer —que no lo hacemos— el descaro de que lo hicieron con toda la buena intención y sin agendas ocultas.

Pero si la parte de forma es inaceptable, el fondo del asunto lo es todavía más: que los corruptos mantengan su impunidad. Una de las modificaciones les quita a los secretarios generales la responsabilidad de las finanzas de los partidos. Esto de por sí no es correcto, pero adicionalmente está el problema de que, en el contexto actual, es una manera de bloquear la acusación en contra de Orlando Blanco, Roberto Villate y Jimmy Morales. Según las reformas aprobadas, son culpables los contadores, los financistas, cualquiera, menos los políticos que reciben el dinero y lo utilizan. ¡Qué de al pelo!

Pero la cosa no termina allí. La otra reforma modifica la conmutación de penas; es decir, cuando se puede cambiar una pena de prisión por un pago de cierta cantidad de quetzales por cada día que se debería estar en la cárcel. Actualmente, la conmutación de penas está vigente para algunos delitos que tienen penas de menos de cinco años de cárcel. En la modificación aprobada por los diputados se amplía la cobertura a delitos con hasta 10 años de cárcel. Pero no solo hace esa ampliación, sino que elimina algunas de las restricciones a las conmutas, como condenas por hurto y robo, por delitos contra la administración pública y la administración de justicia. Y todavía más delicado aún es que elimina la restricción de “cuando así lo prescriban otras leyes”.

El fondo de esta modificación, en el caso particular de los funcionarios, es que la mayoría de los delitos asociados a la corrupción podrían ser sujetos de excarcelación con el pago respectivo. O lo que es lo mismo, difícilmente algún corrupto parará en la cárcel y hasta los que ya están podrían salir libres. Esta es la parte con la cual los diputados garantizan la impunidad para ellos, sus cuates y todos los corruptos que puedan venir en el futuro.

Pero lo peor de todo es que la modificación deja la puerta abierta para que muchos otros criminales no necesariamente vinculados con la corrupción puedan hacer uso de esta herramienta para salir de la cárcel. Y no digo que en algunos casos y delitos no sea aconsejable, pero precisamente porque hay claroscuros es importantísimo que exista una discusión muy profunda sobre cambios de tanta trascendencia y no que se hagan a matacoche, a la sombra.

No debemos aceptar la desfachatez de parte de los diputados. Este es un ejemplo más de la importancia de cambiar el sistema, siendo uno de los cambios más importantes el poder votar directamente por los candidatos a diputados y quitarles a los partidos políticos la exclusividad.