Existe una ligera posibilidad de sacar del Ministerio de Relaciones Exteriores a la licenciada Sandra Jovel por su apoyo al invariable deseo oficial, hasta ahora fallido, de expulsar del país al abogado colombiano Iván Velásquez, líder  indiscutible de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual tiene tras las rejas a cientos  de exfuncionarios, exdiputados,  exmagistrados y, por lo menos un  periodista de alto rango, en el combate más grande en la historia guatemalteca de la lucha contra la corrupción en nuestro país; y estos días intenta  atrapar a uno de los más poderosos militares en activo. Retumba,  pues,  una gran batalla legal que habrá de prolongarse, y  nadie sabe por cuánto tiempo más, especialmente este año de política pre eleccionaria.

Parte de eso hay en la anunciada interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, acto programado para el 8 de marzo próximo. Los diputados le preguntarán sobre actos suyos y de otros funcionarios, cuyas actitudes se han producido meses antes de que ella asumiera la Cancillería. Así que tiene ahora en sus manos una brasa: purgar culpas ajenas. Desafortunadamente es ella la obligada a responder el cuestionario y, si es inteligente —lo cual no debe ser puesto en duda— responderá con la verdad y no contra ella. La principal pregunta (supongo) podría ser esta, u otra parecida:

—“Señora ministra. El presidente de la República y usted han solicitado, juntos o separadamente, al presidente de los Estados Unidos y al secretario general de las Naciones Unidas, la remoción del abogado Iván Velásquez del cargo que ocupa en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Es así?

La siguiente pregunta podría ser:

—“Señora ministra. La Presidencia de la República y la Cancillería han expresado que el problema para Guatemala no es la Cicig, sino Iván Velásquez. Explique eso; porque la opinión pública y yo, personalmente, consideramos que el problema no es Iván Velásquez, el problema es el Gobierno de la República.

Y es aquí donde ella mostrará de qué fibra está su calidad de la funcionaria pública, pues el interpelante la colocará en una posición incómoda: la de decir la verdad, mentir o guardar silencio. El asunto, en el fondo, desemboca en esto:

1- La Cicig, en colaboración con el Ministerio Público y la Cooperación Internacional han probado, hasta la saciedad, que la Comisión (en nombre de 193 Naciones que integran la Organización de las Naciones Unidas, incluidos los Estados Unidos) está luchando contra la corrupción y la impunidad que mucho daño causan a la población guatemalteca, y

2- Que la corrupción y la impunidad imperan en los tres organismos del Estado y sus dependencias, en las entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas que, en conjunto forman el engranaje del oficialismo en Guatemala, y en algunas municipalidades. Lo prueban también los procesos actuales contra tres expresidentes de la República, varios ministros, cuatro expresidentes del Organismo Legislativo, una expresidenta del Organismo Judicial, varios jueces y magistrados; un exembajador, algunos alcaldes y cerca de dos mil policías dados de baja, algunos están procesados, por haber sido descubiertos trabajando con el crimen organizado y por manifiestos actos ilegales de otra naturaleza.

Entonces todo intento por socavar la autoridad del comisionado internacional Iván Velásquez es una defensa de la corrupción administrativa y de la impunidad. El asunto no puede ser interpretado de otra manera.