El incidente ocurrido este fin de semana, en el que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, de diferentes zonas indígenas del país que se han dedicado a dar conciertos de solidaridad utilizando la música como instrumento de expresión, nos hace pensar tristemente en un retorno a épocas pasadas que pensamos que ya se habían superado y en las cuales el imperio de la violencia era lo que prevalecía en el país.

Como hemos dicho muchas veces, la libertad de expresión es por esencia un instrumento de la democracia y solo puede darse plenamente en sociedades verdaderamente democráticas. Esto se debe a que la libertad de expresión es por un lado el mecanismo con el que recibimos información variada y diversa que nos permite desarrollar un pensamiento propio, tener conclusiones y opiniones propias y en su momento expresarlas con libertad. Esto implica también la posibilidad de expresar nuestra creatividad artística, o nuestros valores o tradiciones culturales que conforman nuestra identidad. Pero adicionalmente a eso, la libertad de expresión es el elemento fundamental que permite la participación ciudadana, expresar la voluntad política, colaborar con la construcción de políticas públicas o criticar las políticas existentes, apoyar la gestión de funcionarios eficientes y honestos o cuestionar la ineficiencia o corrupción de quienes pretenden enriquecerse a partir de la función pública. Esto genera los balances y contrabalances que necesita toda sociedad democrática.

Pero cuando algunos pretenden ejercer el poder, político, económico o social, a partir de la imposición violenta de decisiones utilizando la intimidación como mecanismo de disuasión estamos regresando a regímenes autoritarios dictatoriales, especialmente cuando quienes ejercen la violencia quieren esconderse tras un pasamontañas.

Desde hace algún tiempo, el debate público de Guatemala se ha venido enrareciendo, convirtiéndose a veces más bien en un espacio de intimidación con acusaciones de izquierdista a todo aquel que quiere defender derechos humanos, o de terrorista o sedicioso a todo aquel o aquella que se atreva a denunciar abuso de autoridad o corrupción, o denunciar al crimen organizado y su intento de ingresar al Estado o a quienes comprometen el medioambiente y el futuro del país por intereses económicos personales. Pero este nivel de confrontación verbal con estos hechos del fin de semana genera una regresión a la utilización de la violencia y al ejercicio de la amenaza directa, propio de dictaduras. Esto es inaceptable. Por si esto fuera poco, estos hechos se dan ni más ni menos a casi 20 años de la firma de la paz, lo cual nos hace cuestionarnos ¿qué pasó con la paz? Y cuando organismos internacionales levantan su voz se esgrime el argumento de intervención en la soberanía.

En este tema cabe recordarles a todos los sectores del país que la soberanía no consiste en el derecho de violar los derechos humanos con impunidad. Adicionalmente, debemos mencionar que este acto de intimidación y violencia coincide con un acto de flagrante y ofensiva discriminación cuando diputados de la bancada oficial se permiten tratar a la gobernadora del departamento de Alta Verapaz, Estela Ventura, como “india estúpida“. Actos como este son la causa de la mayoría de conflictos armados en el mundo en este momento y resulta insensato reproducir esto en el país.

Asimismo, el hecho de que quienes manifestaran estas posiciones racistas fueran los diputados al Congreso de la República, obliga a denunciarlos por la población, que además les debe exigir su inmediata renuncia.

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