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Candidatos pretenden acercarse a prácticas de seguridad de Nayib Bukele ¿Pero es posible implementarlas?
Analistas coinciden en que las realidades políticas y de inseguridad de ambos países son muy distintas lo cual hace inviable copiarlas.
El presidente de El Salvador arremetió en sus redes sociales contra los presuntos pandilleros. Fotografía: EFE. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Los políticos guatemaltecos tratan de ofrecer el modelo de gobierno que en El Salvador ha implementado el presidente Nayib Bukele, especialmente en materia de seguridad.
Y no es para menos. El mandatario salvadoreño cuenta con un alto porcentaje de aprobación por parte de la ciudadanía, cuando está por llegar a su cuarto año de gobierno, algo que llama poderosamente la atención a los políticos guatemaltecos, acostumbrados al rechazo popular de la población hacia los gobernantes de turno.
Los presidenciables que encabezan los sondeos y encuestas en Guatemala no han dejado escapar la oportunidad para mostrar su simpatía hacia Bukele y han sugerido que en el país podrían implementarse las acciones que se han ejecutado en El Salvador.
Tanto Sandra Torres, como Edmond Mulet, Zury Ríos, Amílcar Rivera y otros han insinuado la posibilidad copiar la forma cómo el gobernante salvadoreño ha combatido a las pandillas, o al menos emular algunas de sus acciones, como la construcción de una mega cárcel para pandilleros o el establecimiento de estados de sitio.
Carlos Pineda—cuya candidatura por Prosperidad Ciudadana se encuentra suspendida—, incluso, viajó a El Salvador para conocer “la prosperidad de un país cuando el dinero no se roba”, una frase similar a “el dinero alcanza cuando nadie se lo roba”, acuñada por Bukele, en campaña y ya en el ejercicio del poder.
Prácticas y señalamientos
Bukele encabeza la guerra contra las pandillas en El Salvador, que ha dejado alrededor de 61 mil presuntos pandilleros detenidos en casi 14 meses de estados de excepción, en medio de señalamientos de detenciones arbitrarias, abusos de autoridad e irrespeto a la presunción de inocencia.
Las restricciones a las libertades de los salvadoreños comenzaron en marzo de 2022 luego de que solo en un fin de semana día hubo al menos 80 asesinatos, entre estos los de varios oficiales policiales.
A los estados de excepción se suma la construcción de una cárcel con capacidad de 40 mil presos, donde los ingresos de reos se promocionan con videos propagandísticos y que es cuestionada por posibles violaciones a los derechos humanos.
“La desarticulación de las pandillas nos ha costado la pérdida de derechos humanos necesarios para una sana convivencia, fundamentales para construir un país democrático”, expuso recientemente en un artículo, Mario Rogel, miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.
Además, agregó, “ha costado la democracia que, aunque era imperfecta, servía como guía para construir un mejor país” y “ha costado que los salvadoreños normalicen el irrespeto al debido proceso, la falta de separación de poderes y la concentración del poder en una sola persona”.
Fenómeno criminal cambia
Analistas coinciden en que no se puede hacer un calco de las políticas salvadoreñas en materia de seguridad en Guatemala, aunque ambos países comparten problemáticas sociales parecidas hay diferencias en cómo se desarrolla el fenómeno de las pandillas.
En El Salvador el problema es más grave porque las maras están en el 80% del territorio mientras que en Guatemala es menor, dijo en una entrevista con Prensa Libre, José Miguel Cruz, experto salvadoreño en temas de seguridad y que ha investigado el tema de pandillas centroamericanas desde 1996.
En Honduras, añade, parece que las pandillas se han conectado más con el narcotráfico, mientras que en Guatemala el problema es más urbano, predomina la extorsión y se suman los imitadores como otros actores criminales.
El excomisario policial y consultor en seguridad y estudios estratégicos, Stu Velasco, coincidió al indicar que entre El Salvador y Guatemala hay “enormes diferencias” que obligan a plantear planes de seguridad específicos. Estas comienzan por el tamaño del territorio y las diferentes culturas y etnias que acá conviven.
Velasco también puso sobre la mesa el que la política “agresiva” contra las pandillas en El Salvador ha sido objetivo de señalamientos y abusos que, de ser ciertos, representarían un daño “irreversible para el estado de Derecho” de ese país.
Por ejemplo, cuestionó cómo un sistema de justicia tiene la capacidad para identificar, vincular y detener a más de 60 mil personas en tan corto tiempo sin que dentro de ellas haya inocentes. Guatemala, precisó, se debe apostar por una lucha férrea contra las padillas, pero “dentro del marco legal”.
“Es bueno conocer el plan de El Salvador y de otros países y tomar lo bueno, legal y eficaz para implementarlo, siempre y cuando no sea disruptivo con nuestra realidad social, idiosincrasia y características territoriales”, subrayó Velasco.
El exjefe policial agregó que este plan debe incluir el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil (PNC), la construcción de al menos dos cárceles de máxima seguridad donde el Estado tenga el control real, y garantizar que el Ministerio Público y el Organismo Judicial cumplan con sus funciones.
Aparte de estos planes de seguridad, Velasco resalta la importancia de quitar de las manos de las pandillas a cientos de niños y adolescentes que estos grupos criminales siguen adoctrinando, ya que “el éxito o el fracaso del control de las pandillas depende de cortar el perverso y continuo relevo generacional con el que suplen y continúan conformando sus estructuras criminales”.
Este desafío solo se supera con políticas de prevención del delito, concluyó.
Cada región es distinta
Federico Reyes, doctor en Criminología, indicó que es “difícil” replicar medidas de seguridad de un área geográfica en particular a otra, como un departamento, y más aún si se hable de todo el país, por el contexto sociocultural, económico y el desenvolvimiento de los fenómenos criminales.
“Se puede adecuar lo que funcionó en El Salvador”, aunque el de aquel país es un proceso que llevó tiempo y tiene un contexto diferente, precisó el especialista. En Guatemala, una estrategia “debe de analizarse por área, municipio y región”, refirió.
Reyes precisó que debe hacerse un diagnóstico sincrónico y diacrónico de todas las instituciones encargadas de impartir seguridad y justicia, no solo de la PNC y del estado de la fuerza, sino del conocimiento que tienen de cómo operan los grupos criminales.
Dijo que una política, entendida como el abordaje, estrategia, programas y proyectos que ataquen las causas de la criminalidad, debe tener directrices, ejes de intervención, actividades, responsables, tiempos de ejecución y evaluación de resultados. “Ofrecer una política es fácil, establecerla y cumplirla es lo complicado ya que involucra el accionar de todos”, subrayó.
Crimen organizado
El analista político Renzo Rosal duda que el ofrecer un “copiar y pegar” de las políticas de Bukele en Guatemala tenga un impacto positivo para los candidatos y más bien considera que eso demuestra “la precariedad” de propuestas que tienen para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado ya que, en vez de crear las propias “copian y adornan” las del mandatario salvadoreño.
Dijo que las medidas de Bukele se han convertido el “epicentro de varios candidatos”, pero que es un engaño ofrecer que con estas se van a solucionar los problemas de inseguridad de Guatemala ya que acá las maras es solo una expresión criminal de los múltiples grupos del crimen organizado que operan y que tienen otra forma de expresión.
Rozal expuso que, para que en Guatemala se puedan implementar medidas similares a las de El Salvador el Ejecutivo necesitaría del Congreso, por lo cual sería imposible echarlas a andar dado la “alta penetración del crimen organizado” que tendrá la próxima legislatura, lo que hará que eviten legislar en su propia contra.
Añadió que los candidatos en Guatemala pretenden rentabilizar la alta popularidad de Bukele, sin entender que esta no se gana de la noche a la mañana, y en el caso del mandatario salvadoreño responde a su historia política y a su desempeño en otros ámbitos, no solo en el de seguridad.
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