La misma historia de Grupo AG representa un sueño que se fortaleció y se afirmó como el mismo acero. La compañía se inició en 1953 como Distribuidora Universal, orientada a la venta de productos como: alambre espigado, clavo y hierro. En 1994 se inician operaciones en el Parque Industrial Sidegua, con el horno de fundición EAF, el más grande de Centroamérica.

En los años siguientes, Grupo AG realizó importantes inversiones en Centroamérica para ampliar su capacidad industrial. Esto le permitió fortalecer su portafolio y posicionarse como proveedor de soluciones integrales en el sector construcción. En 2024, lanzó InnovArise, su fábrica de emprendimiento y motor de crecimiento. De esa cuenta, este año alcanza su 72 aniversario expandiéndose a nuevos territorios y convirtiéndose en la multilatina del acero, y también con una campaña que reafirma su propósito: “Juntos, mejoramos vidas para transformar nuestra sociedad”.

Lo esencial está en el interior

Al trabajar en la campaña que busca ser el corazón de la marca, destaca la historia del nieto del fundador de una ferretería, un joven que ahora implementa tecnología en el negocio. Contaba con orgullo cómo su abuelo empezó todo con unas herramientas y la confianza de sus vecinos. Mientras hablaba, su padre, la segunda generación, asentía en silencio, con una mirada que mezclaba nostalgia y satisfacción. No se trataba de un canal de distribución, sino de un legado vivo.

Otra historia es la de una ingeniera brillante y joven, quien toma decisiones clave en un proyecto monumental. Y, por supuesto, trabajadores con décadas de lealtad a  Grupo AG, que hablan de sus compañeros como si fueran familia.

No se trata de una sola anécdota, sino la suma de todas ellas. La campaña estaba ya en el interior de cada ferretería, en la cima de cada obra y en el corazón de cada trabajador. De ahí que surgieron los mensajes: “Lo esencial está en el interior. Grupo AG”, “Unos ven la ferretería del barrio. Nosotros, un lugar donde crece la comunidad”, “Siempre soñó con tocar las nubes. Hoy construye los edificios más altos” y “Unos ven chispas y metal. Nosotros a un herrero forjando su futuro”.

“El interior” es un concepto de múltiples capas:

• El interior de una estructura: El acero, los cimientos, lo que no se ve, pero lo sostiene todo.
• El interior de una persona: Su carácter, su pasión, sus sueños, su resiliencia.
• El interior de Grupo AG: “Nuestra cultura, nuestros colaboradores, nuestros procesos de calidad y nuestra ética, que son la base de la confianza que generamos con los diferentes grupos de interés”.

¿Qué hay realmente detrás del acero y las estructuras que vemos en la construcción?

Esta fue la pregunta que dio origen al concepto creativo “Lo esencial está en el interior”. Lo que dio origen a un padre forjando el futuro de su familia, una ingeniera alcanzando la cima de su carrera y una familia ferretera continuando un legado. 

Un ingeniero de planta dijo: “La gente ve una varilla, pero yo veo el acero reciclado que le da una segunda oportunidad al futuro”. Esa idea de ver más allá de lo evidente fue una semilla fundamental para el concepto.

Con esta campaña Grupo AG busca que cada persona se sienta parte fundamental de algo mucho más grande que la fabricación de acero. Que comprenda que su trabajo diario tiene un impacto directo en la vida y los sueños de miles de personas.

Por otra parte, la marca busca diferenciarse de manera radical en la categoría de productos de construcción, pasando de competir en precio y especificaciones técnicas a conectar con el público a un nivel emocional y humano. 

Con “Lo esencial está en el interior”, Grupo AG busca construir valor de marca, lealtad y posicionarse como el corazón de la industria de la construcción.

Comprometidos por con una industria sostenible en América Latina

Grupo AG presentó su cuarto Informe de Sostenibilidad, en un evento que también marcó el inicio oficial de su nueva hoja de ruta, que le da un nuevo impulso estratégico para fortalecer su liderazgo en la industria del acero.

Vida Empresarial

26 de abril de 2025 | 18:24h

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Su cuarto informe de sostenibilidad titulado El Futuro es Hoy, destaca avances en economía circular, innovación y programas de impacto social, todo esto guiado por la sostenibilidad y un propósito transformador centrado en mejorar vidas y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Durante la apertura del evento, se destacó que Grupo AG ha expandido su presencia más allá de Centroamérica, operando en Guatemala y Honduras, y con una red de distribución en varios países de América Latina. La empresa industrial más importante del acero en la región trabaja con una red de 942 proveedores, de los cuales el 74% son proveedores guatemaltecos y el 26% internacionales.

“Este informe no solo recopila datos. Refleja nuestras acciones, nuestros aprendizajes y, sobre todo, nuestro compromiso por construir una empresa que mejora vidas desde lo industrial, lo social y lo humano. Nuestro propósito es claro: mejorar vidas para transformar la sociedad. Y lo hacemos desde la industria, con innovación, con ética y con una apuesta firme por el talento local”, indicó Rodrigo Gabriel, CEO de Grupo AG.

La presentación del informe estuvo a cargo de Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Grupo AG, quien explicó que, El Futuro es Hoy, refleja los avances alcanzados por la empresa durante el último año, asumiendo un marco renovado para los siguientes cuatro años (2025 – 2028), delineando sus cuatro pilares que forman parte de la estrategia de negocio. Estos pilares se centran en: los colaboradores están prosperando, agregando valor a clientes, proveedores y comunidades, cuidando el planeta y la organización esta sana.

Entre los principales resultados del año, está el avance en materia ambiental. Grupo AG recicló el 90% de los residuos sólidos comunes generados en Sidegua, valorizando 12.749 toneladas de residuos industriales. Logró la modernización de la Planta de Acería con nuevas tecnologías de tratamiento de humos y aguas residuales. Automatizó la medición de huella de carbono en SIDEGUA, Tubac y Distun.

Como segundo mayor consumidor de energía en el país, opera con más del 70% de energía proveniente de fuentes renovables. Logrando una recirculación del 92% de aguas en sus procesos industriales, y como parte de su meta de reducir en un 5% las emisiones de CO₂ al 2025.

Plano organizacional

Se fortaleció la cultura ética mediante la ampliación de certificaciones, nuevas políticas de gobernanza y mecanismos de integridad. También se destacó una tasa de satisfacción laboral del 89%, la creación de más de 600 nuevos empleos en la región.

A inicios de abril del 2024 se presentó Innovarise, la undiad de innnovación que ha sido el motor de crecimiento para el desarrollo de incubaciones que atiendan tanto las necesidades del negocio como las de la región. Dentro de los avances, Innovarise cuenta con cuatro proyectos, uno de ellos busca conectar talento con empleo digno y oportunidades laborales estables.

Otro de los programa nuevos a implementar está De Hoy Para Siempre, el cual se ha consolidado como el programa insignia de Grupo AG en materia de inversión social. Este proyecto está enfocado en la mejora de infraestructura, equipamiento y atención en centros comunitarios para niños de 0 a 6 años en comunidades cercanas a las operaciones del Grupo.

Durante el 2024 se priorizaron el Caserío Los Lirios y Aldea El Milagro, dos de las cinco comunidades de influencia de la empresa. En este marco, se contó con una exposición de la Ministra de Educación de Guatemala, Anabella Giracca, quien expresó su respaldo al programa, destacando la importancia de invertir en la primera infancia para impulsar el verdadero desarrollo social.

Transformar realidades

Como parte del programa del evento, se desarrolló también el panel Transformando la región a través de la inversión de alto impacto, organizado por la organización Think Huge; fue moderado por Diogo Paiz, de KROLL México, donde participaron líderes de organizaciones referentes en la región como FEREMA, Fundación Ficohsa, Fundación Castillo Córdova y Progreso; quienes compartieron sus experiencias en el diseño y ejecución de proyectos sociales y ambientales con métricas claras, sostenibilidad a largo plazo y colaboración multisectorial.

Las intervenciones del panel confirmaron que el desarrollo sostenible en Centroamérica es posible cuando el sector privado, gobiernos y sociedad civil trabajan con un mismo objetivo: transformar realidades y construir un futuro más equitativo, resiliente y próspero.

Grupo AG reafirma que la sostenibilidad no es una aspiración futura, sino una manera concreta de actuar en el presente. Con cada acción, proyecto y alianza, el Grupo avanza con determinación en la construcción de una industria que transforma vidas y contribuye al desarrollo de la región. Porque, como lo refleja su informe, El Futuro es Hoy.

Comprometidos con la educación y la gestión adecuada de residuos

Grupo AG presenta su nueva visión y estrategia en su tercer informe Arquitectos de un Futuro Sostenible, que forma parte del Plan Futuro Sostenible 2022–2025, en el que se definieron las prioridades corporativas para ese período, y que están basadas en cuatro ejes: Producto, Planeta, Personas, y Prosperidad e Incidencia; que colocan la innovación y la sostenibilidad en el centro para incrementar el impacto con acciones concretas que buscan mejorar un millón de vidas en las sociedades en las que operan.

Vida Empresarial

28 de abril de 2024 | 23:04h

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La compañía ha sido uno de los líderes responsables en la industria del acero y materiales para la construcción que, durante 70 años, ha destacado por su enfoque en construir un futuro más sostenible para Guatemala, marcados por el trabajo en equipo, una estrategia coherente, una planificación eficaz y una gestión sostenible.

Este compromiso adquirido se refleja en la publicación periódica de sus informes de sostenibilidad que muestran sus esfuerzos por integrar prácticas responsables en todas sus operaciones. Estos reportes se basan en los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y son verificados por el Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE), que es el data partner para Guatemala y Latinoamérica.

“Buscamos sumar a la mayor cantidad de actores posibles a que puedan subirse a este barco y trabajar en conjunto para cocrear soluciones y estrategias que tengan un impacto directo, concreto y significativo en nuestra sociedad”, destacó Rodrigo Gabriel director general de Grupo AG.

Desde el primer reporte presentado en el 2022 del Plan Futuro Sostenible 2022-2025, se sentaron las bases para la estrategia de sostenibilidad, mismas que continúan vigentes. Luego en abril del 2023 presentaron el segundo reporte La sostenibilidad desde una nueva mirada, en donde revelaron la primera medición de huella de carbono, dando paso al tercer reporte donde revelan los resultados de los dos primeros años dando como resultado una huella de carbono corporativo de 1.10 toneladas de CO2e/t de acero producido según la última medición.

Al cierre de ese mismo año, Grupo AG evitó el envío de residuos comunes a vertederos a través de su política de reciclaje permitiendo valorizar el 50% de estos residuos generados equivalentes a 150 toneladas anuales.

InnovArise marca una nueva era para Grupo AG

Grupo AG lanza InnovArise, una iniciativa revolucionaria destinada a fomentar la innovación y el emprendimiento en la región centroamericana. Esta fábrica de emprendimiento, o aceleradora, se centrará en cuatro territorios clave: energía renovable, Fintech y servicios financieros, vivienda accesible y soluciones para migrantes locales y extranjeros.

InnovArise se ubicará dentro de Grupo AG como una nueva unidad de negocio, utilizando la gobernanza de Mach49 y un proceso de reclutamiento abierto a los interesados en formar parte del proyecto. “En Grupo AG, creemos en el poder de la innovación para generar un impacto positivo en nuestra región. InnovArise no solo busca impulsar el crecimiento empresarial, sino también fomentar el desarrollo de futuros líderes y contribuir a la creación de soluciones sostenibles que beneficien a la comunidad en general”, detalló Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG.

Corporación AG es la primera empresa de la industria del acero en implementar de forma masiva este sistema, por lo que Gabriela Roca, directora de asuntos corporativos y sostenibilidad de la empresa dijo que “estamos convencidos de que vivir en un país con una cultura tributaria robusta y transparente es el camino para el bienestar y la prosperidad de la sociedad”.

En tanto, Oscar Hernández, Intendente de Fiscalización indicó que el sistema cuenta con una interfaz amigable e intuitiva, así como altos estándares de interconectividad y seguridad informática, con lo cual “la SAT reafirma su compromiso para ampliar la base tributaria, brindar mayor certeza jurídica a las empresas y fomentar una cultura de competencia leal y justa con empresas que promueven el crecimiento económico”, por lo que instó a otras empresas a sumarse a este innovador sistema.

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Cómo funciona

Fabiola María López Ramírez, gerente de contabilidad de Corporación AG, dio pormenores sobre el funcionamiento del verificador integrado y cómo se está utilizando en las operaciones que lleva a cabo la industria metalúrgica.

Precisó que con esta herramienta tecnológica implementada por la SAT está al alcance de cualquier empresa de manera individual, para revisar en línea que los documentos tributarios de los contribuyentes estén autorizados y vigentes, así como validar si cuentan  con el número de identificación tributaria (NIT). Recalcó que la importancia de este sistema es que la compañía puede ser garante de la validación de forma continua.

Implementación

El sistema se desarrolló en conjunto con el equipo del administrador tributario, con el que se genera un reporte y luego, una consulta específicamente de los contribuyentes que son proveedores de la Corporación AG.

La SAT puso en marcha el verificador desde el 2020, por lo que ya se hacían las consultas en el portal directamente, precisó López al brindar los antecedentes, pero una de las ventajas inmediatas, es que ahora se puede hacer una consulta masiva de los contribuyentes, lo que es más ágil, moderno y transparente.

Reiteró que las consultas del verificador integrado serán para proveedores y clientes de la Corporación AG, que cuentan con una relación comercial y de negocios, con el compromiso de poder asegurar las transacciones, apegados a la normativa legal.

Sobre los resultados esperados, enfatizó que quieren ser un referente con relación a ser garantes del cumplimiento tributario, pues la empresa quiere estar segura de que se está trabajando comercialmente con contribuyentes que están apegados a la ley. Además, que uno de los beneficios de este sistema es ampliar la base tributaria, mejorar la certeza y lograr que otros sectores se unan a este sistema.

Actualmente, esta compañía cuenta con más de mil proveedores, (entre grandes, medianos y pequeños) con los cuales tiene una relación comercial y la consulta se podrá hacer con cualquier tipo de frecuencia.

Ciberseguridad

Claudio Aguerriberry, gerente de soluciones de tecnológicas de Corporación AG, informó que las consultas se hacen de manera automática porque es un sistema configurado y adaptable.

Aunque la herramienta está en funcionamiento desde el 8 de agosto, están observando cuál sería la frecuencia óptima para hacer el barrido de consultas en fechas particulares y, como es un desarrollo interno, esas consultas se pueden programar.

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Al hablar sobre la información sensible que se administra y los temas de ciberseguridad, Aguerriberry consideró que esta situación (ciberseguridad) tiene un impacto mundial y en este caso en particular, la SAT cuenta con sus sistemas. “Las medidas de ciberseguridad están garantizada, y algo muy simple para cualquier contribuyente es el uso de la contraseña”, citó como ejemplo.

Gobernanza

López también se refirió a la gobernanza de las operaciones contables y explicó: “nosotros, derivado de algunos problemas en el pasado, hemos trabajado de forma transparente y de igual forma se robustecieron los controles, con la implementación de un sistema integrado de gestión que incluye cinco disciplinas: ambiente, sostenibilidad, calidad y sobre todo, antisoborno, que es la norma ISO 37001”.

Resaltó que son garantes de esa norma ISO, que incluye cero tolerancias al soborno, y de esa forma se hace una implementación de matriz de controles y riesgos, y sobre ello se aplica cierta verificación de requisitos, para poder tener relación comercial con proveedores.

Citó como ejemplo, que para un proveedor se solicita representación legal, solvencia fiscal actualizada, patente de comercio y de sociedad y se les informa sobre estas políticas, a las que deben suscribirse para comprometerse.

“Ya hemos aplicado estos controles y garantizamos que las operaciones contables y financieras están de acuerdo y apegados a la ley”, concluyó.

Para AG, un componente fundamental de la sostenibilidad es el compromiso con la transparencia. En el 2022 todas las operaciones de la corporación fueron recertificadas bajo la ISO 37001, para la gestión antisoborno.

“Como empresas ubicadas en el triángulo norte, y aprovechando nuestra posición estratégica para la creación de empleo digno y la atracción de inversiones, debemos estar conscientes de la oportunidad que tenemos de cerrar la brecha de la diversidad socioeconómica”, expresó Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad.

La corporación cuenta con 1,709 trabajadores y opera en tres plantas que les permiten distribuir productos a nueve países. Este año, AG valida su compromiso con el desarrollo sostenible al presentar públicamente su Segundo Informe de Sostenibilidad, elaborado de conformidad a los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) con el apoyo de CentraRSE, GRI Partner para Guatemala y Latinoamérica.

Rodrigo Gabriel, CEO de Corporación AG, comentó que están comprometidos en ser un agente de cambio en la industria de la construcción a nivel regional.

Durante la presentación del informe, se contó con la participación de los socios de McKinsey & Co, Luis Miguel López y María Helo de la oficina de Colombia, y presentaron su investigación sobre la descarbonización en Guatemala y un estudio donde se resaltó la importancia de la inclusión socioeconómica en el trabajo.

Ecológicos

Corporación AG pertenece al Guatemala Green Building Council (GGBC) y participó en el Acelerador de productos de construcción, un programa diseñado y dirigido a incentivar la producción de materiales sostenibles.

A partir de este compromiso, AG desarrolló una ecoetiqueta de verificación de productos para la construcción sostenible en el país que actualmente portan sus varillas de hierro G60 y G80, y que certifica que estos productos son 100% sostenibles, hechos de material reciclado.

El proceso de certificación y el estándar especial para productos fabricados en base a residuos metálicos fue elaborado junto con el Centro de Producción más Limpia CGP+L, utilizando referentes de las mejores prácticas de la industria y basado en nueve normas internacionales.

Esto facilita el acceso a toda la información relacionada con el proceso de fabricación completo, uso de materias primas, energía y agua. Además, brinda a los clientes la posibilidad de acceder a cer4fcaciones como EDGE, LEED y Casa Guatemala pudiendo sumar puntos por el material de construcción, en este caso el acero.

Descarbonización

En 2022 AG fortaleció la medición de la huella de carbono a través de una consultora especializada para la contabilización de tres alcances. Corporación AG presenta una huella de carbono menor al promedio determinado por la Asociación Mundial del Acero (WSA por sus siglas en inglés). Mientras el promedio mundial es de 1.91 tCO2/t de acero crudo, AG tiene una huella de carbono de 0.85 tCO2/t de acero producido y distribuido.

“Con mucho orgullo observamos nuestros resultados comparables al promedio global de la industria del acero. Para nosotros significa un punto de partida que nos permite asumir desafíos más complejos para lograr un impacto cada vez más positivo en nuestro planeta”, manifestó Gabriela Roca.

Una de las principales razones de este resultado es el uso de un horno de arco eléctrico, además del procesamiento de la mayor cantidad en Centro América de toneladas de residuos metálicos al año.

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Esto pagó Aceros de Guatemala a la SAT por evadir impuestos

Trujillo Aldana, sindicado de los delitos de asociación ilícita, colusión y cohecho activo, era abogado de la empresa Aceros de Guatemala. 

El caso también es denominado “Impunidad y Defraudación”. Según el MP y la Cicig, Aceros de Guatemala utilizó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para obtener la desestimación de tres querellas en su contra por Q255 millones 612 mil en defraudación de impuestos.

Trujillo Aldana es hermano del exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad y exsecretario general de la Fedefut, Héctor Trujillo, sentenciado a ocho meses de cárcel y al pago de US$415 mil, luego de declararse culpable de haber cometido actos de corrupción en el fútbol guatemalteco.

Romería ante jueces

Varios sindicados en casos de corrupción han solicitado en la época de fin de año que les concedan arresto domiciliar para poder pasar las fiestas en su casa. Los argumentos han sido diversos.

Dos de los beneficiados fueron el exiministro de la Defensa, Ulises Anzueto, y el empresario Dany Gento Mayorga, procesados en el caso Cooptación del Estado.

El juez suplente Israel Zelada consideró que necesitan recibir un tratamiento médico.

El pasado 29 de noviembre fueron beneficiados con arresto domiciliario cinco exdiputados procesados por plazas fantasma en el Congreso de la República. 

Amílcar Aleksander Castillo, Carlos Humberto Herrera, César Emilio Fajardo Morales, Juan David Alcázar y Manuel Marcelino García Chutá volvieron a casa.

La exregistradora de la propiedad, Anabella de León, también había logrado la medida sustitutiva, pero un recurso presentado por la Contraloría General de Cuentas impidió que pasara la Navidad en su vivienda.

“Existe una presa que necesitamos evacuar y hacemos gestiones con contribuyentes para acelerar la entrega”, afirmó ayer el intendente Leonel Villamar.

Multan a niña por vender limonada

El superintendente, Francisco Solórzano Foppa, explicó que no se va a renunciar a los procesos que están en investigación luego de haberse descubierto una red en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que gestionaban la devolución a cambio de comisión.

Hace un año, Solórzano Foppa había “congelado” las devoluciones al descubrirse un fraude por el caso de Aceros de Guatemala y pidió una revisión minuciosa de cada una de las solicitudes que estaban en trámite.

En esa ocasión dijo que había desorden en calificaciones para las entregas.

El crédito fiscal es un derecho de compensación por importar y adquir bienes y usar servicios que se vinculen con la actividad económica.

Varios sectores exportadores se habían quejado en reiteradas ocasiones por los atrasos en la devolución y el riesgo que representaba.

La SAT conoce 2 mil 727 expedientes, de la presa del 2013 al 2017, por un monto de devolución de Q3 mil 584 millones.

El superintendente explicó que se entregarán las devoluciones a los contribuyentes que estén en orden con el fisco.

Inyección

El analista Érick Coyoy dijo que las empresas exportadoras se beneficiarán con la inyección de liquidez pero esto no incidirá en el crecimiento económico de este año.

“El Ministerio de Finanzas tiene suficientes recursos en caja. Lo extraño es que lo estén anunciando cuando esto es una gestión de oficio; pudiera ser una señal ante posibles cambios en esa cartera”, subrayó.

Aseguró que son Q2 mil millones que circularán en la economía.

Las investigaciones partieron de seis denuncias presentadas al Ministerio Público por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Tres de las quejas fueron por facturas emitidas por Norman Fernando Tejeda Velásquez, y las otras denuncias por Formularios Aduaneros Únicos Centro Americano, (Faucas), las cuales presentaban inconsistencias.

La sanción emitida el jueves indica que Aceros de Guatemala debe pagar Q300 mil, que dividirá en tres partes iguales para instituciones de ayuda social.

Los aportes

• Escuela Número 2, República de Costa Rica – Q100 mil.
•  
• Biblioteca de Purulhá, Baja Verapaz –Q100 mil.
•  
• Hogar de ancianos Cabecitas de Algodón –Q100 mil.

La sanción también incluye que las autoridades de esa empresa deben recibir cursos en materia tributaria en el Centro de Capacitación Tributaria y Aduanera para Contribuyentes.

El caso

En el primer de los hechos denunciados la SAT estableció que Pedro José Raúl Paiz Valdez, en su calidad de representante legal de la entidad Aceros de Guatemala, registró en la contabilidad facturas provenientes de las empresas propiedad de Tejeda Velásquez.

Este último fue condenado por el delito de defraudación tributaria, porque sus empresas fueron creadas para facilitar documentación que fue utilizada para evadir el pago de impuestos por de Q13 millones 641 mil.

El segundo caso es porque establecieron que Paiz Valdez incorporó  facturas de proveedores inexistentes, fallecidos, y en las declaraciones de quienes fueron interrogados por los Fiscales afirmaron “no haber tenido relaciones comerciales con Aceros de Guatemala.

Ante eso la SAT determinó que hubo un menoscabo fiscal para los ingresos del Estado por Q255 millones 598 mil 624.93.

El tercer hecho fue que Paiz Valdez registró en la contabilidad de importaciones a Guatemala usando Formularios Aduaneros Únicos Centroamericanos (Faucas).

Las inconsistencias en ese caso fueron que hubo supuestos pagos de impuestos en el sistema bancario, otros duplicados identificados por medio del sistema de cruce de información con las aduanas.

La suma que no fue pagada al Estado fue de Q11 millones 310 mil 865.62.

La audiencia desjudicializadora se efectuó en el Juzgado Séptimo Penal.

Según el Ministerio Público (MP), la denuncia contra el directivo fue interpuesta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que estableció que la entidad que representaba defraudó al fisco por Q266 mil 923 mil 132.44.

Las pesquisas del MP detectaron proveedores inexistentes y formularios aduaneros únicos centroamericanos con inconsistencias, por lo que se calculó que la defraudación, más multa e intereses resarcitorios ascendían a Q782 millones 863 mil 263.02, pagados en mayo del 2016.

Antecedentes

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso a 15 personas en marzo del año pasado, por los señalamientos contra la mencionada empresa.

Ocho fueron enviados en ese momento a prisión preventiva y el resto quedó en libertad condicional, incluido el abogado Frank Trujillo. Una sala ordenó después que el caso pasara a un juzgado común.

El MP sostuvo que el 14 de marzo del 2012, la SAT presentó tres querellas contra la empresa Aceros de Guatemala, S. A., en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

En el caso Impunidad y defraudación, el MP presentó en otro juzgado escuchas telefónicas de directivos de esa firma y de la SAT que planificaban el cierre de una demanda contra la empresa.

El 12 de febrero último, 12 personas, entre las que figuraban exfuncionarios de la SAT, mandatarios de Aceros de Guatemala y de la empresa Tres Puertos, fueron capturados, sindicados de formar parte de una red dedicada a la devolución irregular de créditos fiscales y defraudaciones. Uno de los 16 operativos fue en casa de Castillo.

Fiscales y policías requisaron una de las residencias del condominio Villas de San José 3, zona 4 de Mixco. En el segundo piso de la casa, en el dormitorio de Castillo, escondida detrás de la ropa, hallaron un maletín negro y una caja con más de Q2 millones. Se encontraron, además, dólares, equivalentes a Q9 mil 180 (según el cambio de ese día, de Q7.65), según una fuente cercana a la pesquisa, quien participó en el cateo.

Al revisar la habitación de la hija de Castillo descubrieron dentro de sus prendas, cuidadosamente colocados, varios fajos de billetes, agregó la fuente.

Días después del cateo, Castillo fue señalado de pertenecer a una red de la que se sirvió Aceros de Guatemala, por medio de la compañía Tres Puertos, para intentar desestimar de forma ilegal tres querellas por Q255 millones 512 mil 266.

El juzgado de extinción ordenó las medidas cautelares de Q2.9 millones y US1,200 encontrados en la casa de Alfonzo Castillo @prensa_libre pic.twitter.com/zlZU6kNHvq

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) November 28, 2016

Durante el caso, los representantes buscaron obtener la desestimación de tres querellas que cursaban en contra de Aceros de Guatemala por Q255 millones 612 mil 266, mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al proceso.

Se conoció que la misma empresa —favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones— se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa de remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los delitos que se imputan a esta organización criminal son Asociación Ilícita, Cohecho Activo, Cohecho Pasivo, Tráfico de Influencias, Obstaculización de la Acción Penal  y Colusión.

Pago millonario

El fisco recibió un pago de Q782.9 millones de la empresa Aceros de Guatemala en mayo, el monto más alto recibido por la SAT por concepto de reparos, multas e intereses. 

La ley indica que  además de la cantidad evadida se aplica el 100% de multa, más el cobro de intereses. En este caso,  la cantidad evadida  era  de Q270 millones por hacer simulaciones en la compra de chatarra a proveedores inexistentes y con inconsistencias.

También la falsificación del Formulario Aduanero Único Centroamericano (Fauca) por la importación de chatarra de Honduras y la devolución fraudulenta de crédito fiscal.

Las devoluciones de crédito fiscal aumentaron a Q1,778.25 millones en el 2014 —Q35.1 millones más que en el 2013— y se incrementaron Q242.31 millones más en el 2015, cuando estas llegaron a Q2,020. 56 millones, según los registros fiscales.

Forma de operar

“Las empresas, en su mayoría exportadoras, compraron facturas falsas para justificar la adquisición de bienes que sirvieron para acreditar la devolución del crédito fiscal que les correspondía”, detalló Alexis Calderón, abogado del colaborador eficaz del MP Juan Carlos Monzón —en esa época secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti—, quien estuvo presente en las citaciones en las que su cliente aportó información sobre el caso a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

A las empresas les interesaba reportar mayores compras, para obtener más devolución del impuesto al valor agregado (IVA), indicó.

Créditos inflados

El funcionamiento de esa red era posible gracias a un intrincado engranaje legal y de auditoría, según las pesquisas.

“En la SAT no cuadraban los montos de defraudación entre la fiscalización hecha y el departamento jurídico a cargo de —Alfonso Romeo— Castillo”, confió una fuente, quien pidió no ser citada.

“En otros casos había supuestas equivocaciones en los montos, se dejaban vencer los plazos o había vicios en la parte legal. Finalmente, terminaban por declarar el proceso como no válido”, agregó.

Los denominados “créditos viciados” fueron tramitados con facturas falsas, en los que los montos de devolución “estaban inflados”, refirió.

Durante las administraciones de los superintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco se habrían ordenado unos cien despidos de mandos altos y medios, y los nuevos facilitaron la llegada de personal involucrado en el caso La Línea, refirió otra fuente.

La red

Las detenciones y procesos que comenzaron después de los allanamientos contra Aceros de Guatemala y otros casos relacionados arrojaron datos sobre los mecanismos fraudulentos para obtener la devolución de crédito fiscal, explicó Adrián Zapata, intendente jurídico de la SAT.

Las escuchas telefónicas del caso Aceros, contenidas en el expediente, revelaron que operadores externos a la SAT prestaron sus servicios a empresas relacionadas con el negocio del azúcar, hule, aceite, cardamomo y café, entre otros productos.

Esas comunicaciones determinaron que Geovanny Marroquín —sindicado en el caso La Línea— era uno de los intermediarios entre la SAT y esas empresas para obtener devoluciones de crédito fiscal.

La Fiscalía de Delitos Económicos calcula que la comisión cobrada por Marroquín variaba del 12 al 15 por ciento sobre el monto de la devolución obtenida.

Muchas veces los proveedores eran ficticios, comentó Zapata.

Comerciantes como Norman Tejeda —condenado en agosto del 2013 por defraudación tributaria a seis años de prisión y al pago de una multa de más de Q90 millones— y otras empresas de cartón vendían las facturas a los exportadores, indicó Zapata, quien agregó que “operadores” como Marroquín fueron fundamentales para el funcionamiento de la red.

El fiscal del caso Aceros, Andrei González, quien hasta hace unos meses tenía la misma teoría que Zapata, respondió hace poco más de una semana que “el papel de Marroquín no era tan trascendental” como la Fiscalía teorizó al comienzo de la investigación.

Auditorías a favor

En la negociación entre funcionarios y beneficiarios de los referidos mecanismos fraudulentos, la red verificaba que las auditorías de las empresas estuvieran a su favor, se indicó.

“La red se encargaba de que las auditorías certificaran que la adquisición de las facturas estaba bien hecha. En muchos casos ya se había efectuado una auditoría previa en la cual se alertaba que el proveedor no se localizaba, y esto generaba una denuncia. Era en esa fase cuando el informe de auditoría se cambiaba y en automático se procedía a la defraudación”, explicó Zapata.

Las pesquisas descubrieron vínculos entre proveedores, contadores y exportadores.

“Se han allanado oficinas con sellos y documentos de proveedores que sirvieron a grupos de exportadores”, indicó.

Una vez revisada y autorizada la solicitud de devolución de crédito fiscal, seguía el trámite actual, en el que se informa al Ministerio de Finanzas para que la Tesorería Nacional pague, por medio del Banco de Guatemala.

Así se completaba la ruta en que “más de 180 empresas” obtuvieron créditos fiscales de forma ilegal, “probablemente” las mencionadas por Monzón, indicó Zapata.

¿Cómo operaban?

• El MP y la SAT detectaron empresas exportadoras que falsificaron facturas por compras.
• El objetivo era reportar mayores compras para que les devolvieran el IVA.
• La simulación consistía en alterar conceptos de las facturas.
• La SAT conocía de facturas falsas, pero había contubernio entre los empresarios y funcionarios.

Industriales se pronuncian

El director de la Cámara de Industria, Javier Zepeda, pidió investigaciones concretas y que no se “mediaticen” los casos en los que empresarios están señalados.

“Siempre hemos sido de la opinión de que antes de hacer denuncias se presenten pruebas científicas, cómo hasta ahora se ha hecho”, opinó Zepeda.

“Si hay una evidencia, que se siga el debido proceso. Hay que tener en cuenta que algunas veces se trata de ejecutivos de algunas empresas y que sus actuaciones no han llegado a ser conocidas por las juntas directivas”, agregó.
Zepeda insistió en que es importante que no se hagan condenas mediáticas de los procesos judiciales.

“Muchas veces, en los medios, se sentencia al empresario solamente porque existe una denuncia”, agregó.
“Somos respetuosos del debido proceso”, aseveró.

Aceros de  Guatemala, ocho meses después

La jueza novena Penal, Silvia Coralia Morales Ascencio,  es la segunda que rechaza conocer el caso de Aceros de Guatemala.

Morales Ascencio, en su resolución del 30 de septiembre pasado, afirmó que “se excusa de seguir conociendo por haberse dudado de la imparcialidad de la juzgadora”.

El caso Aceros ha sido supervisado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la jueza fue incluida en el informe Jueces de la impunidad, publicado en el 2012 por Francisco Dall’Anese, entonces jefe de esa comisión. El 29 de marzo último, Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, se inhibió de conocer el proceso.

Carecer de juez contralor ha impedido hacer diligencias para las que se requiere autorización judicial, según el fiscal del caso, Andrei González.

En contra de ese proceso han sido presentados seis amparos —dos en  contra de González y uno contra la Unidad de Métodos  Especiales de Investigación del Ministerio Público— “por negar información que garantice la legítima defensa”, indicó el abogado David Pineda.

Al preguntarle a González si se reunió con el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, lo negó.

Pesquisa en curso

Se supo que la Fiscalía de Delitos Económicos tiene una investigación en curso contra seis empresas, por cobro ilegal  de créditos fiscales.

El MP acusa a Trujillo por supuestamente haber usado sus influencias para facilitar resoluciones fraudulentas que beneficiaran a la empresa. El fisco recibió un pago de Q782.9 millones de Aceros de Guatemala.

El abogado afronta cargos por cohecho activo, asociación ilícita y colusión, explicó el fiscal Andréi González.

David Pineda, defensor de Trujillo, presentó un memorial  en el que expuso que el juez Miguel Ángel Gálvez no tiene competencia para conocer el caso.

Colusión, cohecho activo y asociación ilícita los delitos por los que MP acusa a abogado de Aceros @prensa_libre pic.twitter.com/WBgrwLwczc

— Claudia Palma (@ClaudiaPalma_PL) September 2, 2016

Pruebas

La Fiscalía busca determinar la supuesta responsabilidad de Trujillo con escuchas telefónicas, mensajes de texto y declaraciones testimoniales.

Derivado de la pesquisa, el órgano investigador solicitó desarrollar seguimiento a varios sospechosos del caso por medio de escuchas telefónicas.

Las grabaciones de las conversaciones han sido presentadas por el MP en diversas audiencias del caso.

El presidente del Comité Coordinador Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras, José González-Campo reconoció que esa instancia se ha reunido con el jefe de la SAT para solicitar que se agoten primero todos los procesos antes de continuar con la intervención de empresas.

“Esperamos que la Superintendencia de Administración Tributaria cumpla su función pero primero agotando todos los recursos legales administrativos”, manifestó González-Campo.

“Hay que agotar primero todas las opciones de diálogo”, explicó el representante del sector privado.

González-Campo detalló que se hizo ver a la SAT la importancia de que las instituciones cumplan con su función. “pero que esta no debe ser discrecional” y quienes son sujetos de investigación“ deben sentir que tienen el derecho de defenderse”.

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Desde mayo a la fecha han sido intervenidas diez empresas, investigadas por la fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público.

El intendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, dijo que, en efecto, han sostenido reuniones con los empresarios y discutieron las acciones penales. Entre los grupos que han acudido a la SAT están Cacif y Fundesa

“La medida –de la intervención– es perfectamente legal, que no haya sido utilizada tan seguido es decisión de las administraciones anteriores”, afirmó Solórzano Foppa.

“Vamos a hacer un uso limitado de la vía penal”, la intervención será utilizada como la última razón, antes de una acción penal.

Foppa aclaró que la decisión de intervenir o no una empresa dependerá de las investigaciones penales que haga el Ministerio Público. “Los empresarios han hecho varias solicitudes”, confirmó.

Opiniones diversas

La SAT busca la vía penal para obligar a que los contribuyentes paguen mediante la intervención, de acuerdo con Miller Estrado, abogado experto en derecho tributario en el marco del foro Intervención a los contribuyentes en la SAT, celebrado esta mañana.

A criterio de Estrada la medida de la intervención a las empresas produjo una “recaudación extraordinaria” pero ha sido una “medida de presión” para obligar a los empresarios a pagar sus adeudos.

De acuerdo con el asesor fiscal Marco Monterroso lo recomendable es que el contribuyente se acerque a la SAT para conocer su situación fiscal.

“Ellos (los empresarios) saben quienes son y cuáles son sus obligaciones”, concluyó Foppa.

Abel Cruz, intendente de Recaudación de la SAT, ofreció los datos durante la presentación del informe trimestral de gestión, acto en el cual participaron el presidente Jimmy Morales e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Los pagos extraordinarios permitieron que en mayo se rebasaran las metas”, aseguró el intendente.

El funcionario explicó que por el cobro de impuestos internos —directos— se lograron Q719.4 millones. El monto recaudado fue de Q3 mil 210 millones, cuando la meta era de Q2 mil 491 millones.

En los impuestos al comercio exterior —importaciones— la meta era de Q1 mil 379.4 millones, pero se alcanzaron Q1 mil 244.6 millones, lo que significa Q154.8 millones menos.

El intendente resaltó que la disminución de los precios de los derivados del petróleo en el mercado local explica ese comportamiento.

Cruz indicó que sin contabilizar el pago extraordinario, el ritmo orgánico de la cobranza en mayo fue de 4.9%, mayor al 1% promedio registrado en los primeros tres meses del año.

Las proyecciones revelan que para que el ente recaudador alcance las metas de este ejercicio, el promedio mensual de crecimiento debe ser 9%.

Cruz resaltó que a pesar de los buenos números alcanzados en mayo, se mantiene una brecha fiscal —impuestos programados pero no cobrados— por Q216 millones.

“Hay un plan de fiscalización que permitirá durante el segundo semestre del año cerrar el agujero”, aseguró Cruz.

De enero a mayo, el monto de la recaudación asciende a Q22 mil 495.9 millones, cuando la programación era de Q22 mil 279.9 millones.

La Comisión Técnica del Presupuesto prevé una recaudación de impuestos de Q52 mil 131.8 millones para el 2016.

Para el 2017, se proyecta recaudar Q56 mil millones.

El Ministerio Público vincula al profesional del Derecho con el supuesto fraude que la empresa Aceros de Guatemala cometió al obviar el pago del Impuesto al Valor Agregado y Sobre la Renta.

Trujillo Aldana figuraba como mandatario judicial con representación de la entidad.

Posteriormente el MP presentó una apelación en contra de dicho amparo. “Fue conocido por la CC y nos dieron la razón”, explicó el fiscal.

“En ese momento la Sala Cuarta había resuelto el amparo en definitiva y se había dejado sin efecto la inmovilización. Presentamos otra apelación y hoy la CC nos notificó que resolvió otorgarnos la apelación de amparo. Por tal motivo queda en pie la inmovilización de cuentas”, detalló González.

Agregó que no tenía el dato exacto de la cantidad de cuentas inmovilizadas. “Son todas las cuentas que tienen en los bancos del sistema”, mencionó.

El fiscal expresó que la medida busca inmovilizar las ganancias que pudo obtener la estructura.

Ligados a proceso

El 3 de marzo último el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso penal a 15 personas vinculadas con la supuesta defraudación fiscal de Aceros de Guatemala por alrededor de Q255 millones.

La investigación del MP sostiene que el 14 de marzo de 2012, la SAT presentó tres querellas contra le empresa Aceros de Guatemala, S.A, en las que señala a esa entidad de simular compraventa de chatarra con proveedores que presentaron inconsistencias.

“Por ejemplo, el hecho que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores, otros que no fueron localizados por la SAT, y otros que estaban fallecidos”, dijo la fiscal general, Thelma Aldana.

La pesquisa destaca que en agosto de 2012 Aceros de Guatemala obtuvo una resolución favorable del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal del departamento de Guatemala y se archivó el caso, pero el MP apeló esa decisión.

Giovanni Marroquín, quien había sido detenido el 16 de abril de 2015, coordinó con Aceros de Guatemala y empleados de la SAT, incluidos dos intendentes, para alterar los informes que el ente recaudador había presentado en 2012 para sustentar las primeras tres  denuncias.

El caso

La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción encabezada por los sindicados, Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, y Geovani Marroquín Navas, enlace de la estructura – vinculados en el caso La Línea -, para obtener la desestimación de tres querellas contra la empresa por Q255 millones 612 mil 266.82.

El objetivo de la estructura no solo era librar a la empresa Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.

De acuerdo con datos del sector financiero de Guatemala, Grupo Gerdau adquirió hace algunos meses cerca del 30% de acciones de Aceros de Guatemala, empresa implicada en un caso de defraudación fiscal por el que tuvo que pagar más de Q782.9 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) el 9 de mayo último.

La causa  contra  Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores  por Q11.8 millones, información revelada el 14 de febrero último por el Ministerio Público (MP).

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el  MP, SAT y  Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.

Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, señaló que el caso sigue en investigación, porque la etapa de la que procedió   era relacionada al monto defraudado.

“La investigación continúa y deberán hacerse los planteamientos  ante el Juzgado  Séptimo de Primera Instancia Penal, porque  todavía no hay ninguna persona ligada a proceso penal”, aseguró.

El multimillonario pago hecho por la empresa siderúrgica, como consecuencia de las acciones realizadas con el objetivo de elusión de impuestos, constituye la multa más alta de la historia nacional y debe ser considerada como un paso muy importante en los esfuerzos para normalizar la situación económica del país por medio del correcto pago de los tributos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó ayer que la brecha fiscal de 432 millones de quetzales ya puede ser cubierta con ese pago.

Para entender la magnitud de esa suma, baste indicar que equivalen a gastar un millón de quetzales diarios durante 12 años y dos meses, o a un salario de un millón de dólares al año por 10 años, de 78 ejecutivos de alto nivel. Es necesario tomar esto en consideración para entender la magnitud del caso, localizado en uno de los campos de acción de la actividad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

También demuestra la validez del argumento de quienes creen que en Guatemala no es necesario decidir el aumento de impuestos, sino tomar las acciones para cobrar de manera debida los ya existentes. No sería lógico pensar que el caso hoy comentado sea el único, por lo que las investigaciones deben continuar. Por aparte, es importante indicar que un porcentaje considerable de empresas de cualquier tamaño cumplen con sus obligaciones impositivas, por lo que no es adecuado identificar e igualar al concepto de ser empresario con la definición de evasor de impuestos.

El caso de la empresa fuera de plaza, que desde hace varios lustros tiene la iglesia evangélica El Shaddai, se acerca al tema de la corrección y la ética con la que se deben manejar los fondos de las instituciones religiosas, pero además se complica el asunto porque sus dirigentes son clientes del bufete panameño Musack Fonseca. Si bien no necesariamente una empresa de este tipo significa acciones ilegales, el hecho de que se mueva en el campo de la religión constituye una fuente de justificadas dudas acerca de las razones y motivos.

En el tema ecológico, no parece tener precedente que una empresa decida reparar el daño a ecosistemas específicos, como es el caso de los manglares, de enorme valor e importancia, tanto directa como indirecta, para las especies y también la subsistencia humana. Los tres temas de hoy dan para discusiones, porque son varios los puntos de vista desde los cuales se les puede ver. Eso sí, tienen en común el indudable hecho de que son avances en campos que hasta hace muy poco no eran pensables siquiera, pero que comienzan a aparecer en Guatemala, como lo hacen en la mayoría de países del mundo.

“Le hubiera sido más barato a AG pagar los impuestos que por el incumplimiento, que  le triplica la cantidad evadida”, aseguró Solórzano  en conferencia de prensa.

El funcionario expuso que este es el monto más alto  que ha recibido la SAT por concepto de reparos, multas e intereses, y afirmó que busca enviar un mensaje a aquellas empresas o personas que han cometido evasión.

La ley indica que  además de la cantidad evadida se aplica el 100% de multa, más el cobro de intereses. En este caso,  la cantidad evadida  era  de Q270 millones por hacer simulaciones en la compra de chatarra a proveedores inexistentes y con inconsistencias.

También la falsificación del Formulario Aduanero Único Centroamericano (Fauca) por la importación de chatarra de Honduras y la devolución fraudulenta de crédito fiscal.

Depósito inmediato

En menos de 24 horas, AG hizo el pago al órgano recaudador. La transacción  se hizo a las 12.30 horas del pasado viernes, en 23 formularios 0-811, por medio del Banco Industrial (BI), en los cuales AG consignó el pago de impuestos, mora, multas e intereses anuales.

BI informó el viernes a la SAT de la operación, por lo que  el dinero se depositó inmediatamente en la cuenta del fondo común en el Banco de Guatemala, para que el Ministerio de Finanzas pueda usar ese dinero.

A marzo último,  la SAT mantenía una brecha fiscal de Q430.2 millones. La recaudación  de abril llegaría a Q5 mil 281.9 millones, aunque está pendiente el cierre final en los bancos, programado para hoy.

La meta proyectada era de Q5 mil 639 millones y para este año  es de Q53 mil 850 millones.

Bajo investigación

Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, señaló que el caso sigue en investigación, porque la etapa de la que procedió   era relacionada al monto defraudado.

“La investigación continúa y deberán hacerse los planteamientos  ante el Juzgado  Séptimo de Primera Instancia Penal, porque  todavía no hay ninguna persona ligada a proceso penal”, aseguró.

Esto sí existe en el Juzgado de Mayor Riesgo B, donde  se encuentran ligados a proceso   María Eugenia Valdés Gómez, socia de AG, y el representante legal, Pedro Paiz Valdés.

Guzmán agregó que el  MP, la SAT  y  la Procuraduría General de la Nación acudirán al Juzgado Séptimo   a hacer de conocimiento del juez que ya se hizo  el pago y  dejar sin efecto la intervención en  la empresa acerera.

El jefe de la Cicig explicó que en cuanto a las medidas de desjudicialización tienen referencia con el caso de defraudación, “pero no con el otro de falsedad, de la asociación, de obstrucción, que se generó a partir de las maniobras realizadas con tres puertos, AG y los funcionarios de la SAT”.

Estructura defraudó Q255 millones

La causa  contra  Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores  por Q11.8 millones.

“También se solicitó, como medida cautelar, la intervención de la entidad Aceros de Guatemala, S.A., ya que consideramos que tenemos un caso bastante sólido de defraudación tributaria”, resaltó el funcionario.

Solórzano indicó que  la SAT consideró  que ante el impago de la empresa de sus obligaciones tributarias, “era necesario tomar estas medidas”.       

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el  MP, SAT y  Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.

El interventor  tendrá el control de la empresa y ningún movimiento de dinero podrá hacerse sin su consentimiento.

Tampoco puede facilitar información de la situación fiscal de la firma.

El objetivo primordial del nombramiento es asegurar  el monto de los impuestos defraudados, para evitar que el capital de la empresa salga del país  o sea trasladado a otras, afirmó el fiscal de Delitos Económicos, Andrei González.

“Las cuentas no se embargan, pues el control lo tendrá el interventor, y no queremos interferir en el funcionamiento de la compañía. Con la medida se asegura el dinero de esas cuentas, y pueden seguir operando con normalidad”, agregó González.

La intervención durará hasta que finalice el proceso penal, agregó el fiscal. 

“Tenemos un caso sólido de defraudación”, dijo este jueves el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

El  Juzgado accedió al arraigo contra los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, y el representante legal Pedro José Paiz Valdez, detalló Solórzano.

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Fraude millonario

La deuda de Aceros de Guatemala podría ascender a más de Q500 millones, y esto únicamente  por multas, intereses y moras, informó el superintendente.

Según la Fiscalía, la compañía se valió de agentes externos a  la SAT  y de altos funcionarios de ese organismo para lograr la devolución de un crédito fiscal por US$11.8 millones.

Ocho de 15 sindicados fueron enviados a prisión preventiva por ese caso.

Investigan a Tres Puertos

El titular de la SAT agregó que se encuentran en investigación  algunas empresas que hacían uso de los servicios de la compañía Tres Puertos, con sede en el país.

Aceros de Guatemala habría contratado por Q1.3 millones a Tres Puertos para encargarse de desvanecer el adeudo fiscal.

Unas semanas atrás, Tres Puertos Guatemala era, para la Fiscalía, una compañía que auxiliaba a las empresas con servicios de gestión de devolución de crédito fiscal y se dedicaba al transporte de chatarra.

Las pesquisas llevaron a los fiscales a determinar que Tres Puertos era algo más que una compañía con enlaces externos y contactos en la  SAT para ofrecer esa clase de servicios.

Según el Registro Público de Panamá,  Alfredo Muñoz Ledo —ahora detenido por el caso de Aceros de Guatemala— constituyó en el 2011 la empresa Tres Puertos Panamá, S.A.

La compañía fue creada con un capital de US$10 mil,  divididos en cien acciones comunes  que se emitirían en forma nominativa y con valor de US$100 cada una.

Las oficinas, según el Registro Público de Panamá, se  ubican en la calle San Francisco, edificio Empor, uno de los distritos más lujosos de la capital panameña, donde se concentran  grandes compañías.

 Como vicepresidente figura Luis Enrique Duarte García, y como secretaria, Patricia Carolina Ortiz.

De acuerdo con Panjiva, una plataforma digital que permite encontrar empresas que compran o fabrican productos en todo el mundo, el mejor cliente de Tres Puerto Panamá es la Siderúrgica de Caldas, cuya casa matriz está en Manizales, Colombia,  destinada a la producción de aceros con “bases productivas”, localizada en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, según su propia página web.

Otras pesquisas

Los fiscales, además, investigan la participación de Geovanni Marroquín Navas, subcontratado por Tres Puertos —detenido  por los casos La Línea y Aceros de Guatemala—, y un empresario azucarero.

De acuerdo con las pesquisas, existe una segunda cartera de clientes, la mayoría exportadores, que Marroquín Navas y este empresario asesoraban para ofrecer servicios de devolución de crédito fiscal. Se averigua si esto se hacía de manera lícita o fraudulenta.

Sin pronunciamiento

• Nely Morataya, gerente de Mercadeo de Aceros de Guatemala, expresó que por orden de los abogados de la empresa  no pueden dar  información  y que están interesados en dar a conocer su postura, pero lo harán cuando se les indique.

Antecedentes

• La compañía es una de  dos  en el país  que producen varillas de hierro para la construcción, producto que  se exporta a Centroamérica, entre otros productos metalúrgicos.
• Aceros de Guatemala empezó a operar como empresa individual en  1963, cuando se dedicaba  a la fabricación de clavos, labor  que arrancó con varias máquinas de tecnología alemana.
•  Aceros de Guatemala opera con los nombres comerciales  Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera.
• En cinco años fue beneficiaria de 47 contratos con diferentes dependencias del Estado, por más de Q42 mil millones, según los registros del portal Guatecompras.

Estructura defraudó Q255 millones

La causa  contra  Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores  por Q11.8 millones.

 “También se solicitó, como medida cautelar, la intervención de la entidad Aceros de Guatemala, S.A., ya que consideramos que tenemos un caso bastante sólido de defraudación tributaria”, resaltó el funcionario.

Solórzano indicó que  la SAT consideró  que ante el impago de la empresa de sus obligaciones tributarias, “era necesario tomar estas medidas”.        

 La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el  MP, SAT y  Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía
y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.