Manuel Mejicanos Jiménez, intendente Jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), declaró que son procesos a los cuales se le venía dando seguimiento por los posibles delitos de defraudación tributaria, y defraudación aduanera.

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En ambos casos se requirió la autorización de Juzgado de alzada, para intervenir jurídicamente a los contribuyentes y así garantizar el cobro de impuestos, mientras se nombra un interventor por un juez.

El intendente informó que los casos que se gestionaron equivalen a un cobro de impuestos por Q5 millones aproximadamente, pero por el ajuste de la mora, intereses y multas, el monto representa Q10 millones para cada uno de los contribuyentes, por lo que se espera captar unos Q20 millones.

El pasado lunes, 22 de marzo el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal ordenó la intervención del almacén Chang y Compañía y el 10 de marzo, el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera ordenó la intervención de la compañía Mag Alcoholes.

Ambas empresas están bajo control de auditores de la SAT.

El intendente expuso que, en el proceso de las investigaciones por defraudación tributaria, se embargaron las cuentas del negocio, y se acordó esta semana entrar en algún entendimiento con la SAT para el desembargo de la intervención y finalizar las medidas precautorias.

En lo que va del año, se han operado dos intervenciones y se ha planificado hacer otros tres requerimientos a los Juzgados especializados, procesos que dependen de la calendarización de los jueces para señalar las audiencias, precisó.

Avanza intervención

Con respecto a la intervención del Grupo Simply, -que administra la cadena de supermercados La Barata- el proceso sigue avanzando, y según Mejicanos, la idea es que el negocio siga operando.

Recordó que, con la intervención, ya se ha venido cobrando impuestos al valor agregado en noviembre y diciembre “con un buen recaudo”, y luego vendrá el cobro del tributo sobre la renta.

El control de la empresa lo tiene un interventor, y un equipo de SAT continúa realizando un trabajo de auditoría, señaló el intendente.

La Cámara de Comercio Guatemalteca-Americana (AmCham) organizó un foro de actualización de la Ley del Secreto Bancario, una disposición requerida por organismos internacionales con el fin de combatir el fraude fiscal, la delincuencia organizada y para fomentar la transparencia.

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Waleska Sterkel, directora ejecutiva de AmCham, expuso que Guatemala debe asumir este tipo de legislaciones para que el país no sea considerado de manera negativa como un “paraíso fiscal”, aunque aclaró que la entidad empresarial estará vigilante para que se respete el debido proceso y confidencialidad de los contribuyentes.

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La nueva disposición, que entrará en vigor en las próximas semanas, establece que la SAT podrá requerir información bancaria y financiera cuando exista “duda razonable” de operaciones que ameriten un proceso de investigación y siempre que se solicite con propósitos tributarios ante el juez competente.

SAT: “Es transparencia fiscal”

Por su parte, el Intendente Jurídico de la SAT, Manuel Mejicanos Jiménez, aseguró en el foro de AmCham sobre las perspectivas de la administración tributaria y el secreto bancario “a la luz de la sentencia” de la Corte de Constitucionalidad (CC), que declaró sin lugar la acción promovida contra el “artículo 30-C” del Código Tributario.

El funcionario reconoció ante los socios de AmCham que la reunión con los empresarios fue “muy fructífera”, pues permitió “despejar dudas sobre la aplicación y operatividad del procedimiento establecido en el “artículo 30-C”  del Código tributario, y el rol de la SAT que como corresponde  procederá de acuerdo con un principio de legalidad”.

Mejicanos Jiménez precisó que “los principales temores o inquietudes planteadas” por los empresarios radican en que se observen mecanismos legales que garanticen “el resguardo de la información confidencial”, con motivo del levantamiento del secreto bancario que se aprobó en el 2016 y que pronto cobrará vigencia.

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La liberación del acceso a la información bancaria de los contribuyentes, que además facilita la vigilancia de las transacciones de las empresas, “es una tendencia mundial de transparencia y de transparencia fiscal que cumple parámetros internacionales”, puntualizó el funcionario de la SAT.

El pasado 6 de agosto la Corte de Constitucionalidad, revocó la suspensión provisional del “artículo 30-C”, por lo que el administrador tributario podrá de nuevo acceder a la información bancaria de los contribuyentes.

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Además, la firma brasileña Odebrecht, S.A., que tenía a su cargo la ampliación de la ruta de Cocales a Tecún Umán, frontera con México.

En ambos casos, los proyectos fueron suspendidos por varias razones.

“Vamos a apoyarnos en la PGN para encontrar las soluciones, porque en los contratos existen cláusulas de arbitraje si alguna de las partes incumple con lo acordado”, indicó el ministro.

La PGN, dijo García Morales, deberá analizar lo aconsejable en estos procesos por el arbitraje, ya que no se pueden suspender ni rescindir o, en todo caso, se encuentra una vía amistosa.

Los contratos fueron aprobados por el Congreso, ya que los tramos fueron financiados por organismos internacionales.