El servicio de transporte público para personas adultas mayores debe ser gratuita y no debe estar sujeta a subsidios, aclaró el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

La cartera se pronunció este 3 de febrero luego de que la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos anunciara que desde febrero, ya no prestarán el servicio gratuito a los adultos mayores por la falta de pago de subsidio por parte del Gobierno. 

Pero, según el Mides, la prestación sin costo para este grupo es una obligación del Estado desligada al subsidio.

“Según la Corte de Constitucionalidad, la prestación gratuita del servicio no está condicionada al subsidio. En ese caso, las empresas que se nieguen a cubrirlo bajo esa modalidad, serán sindicadas de violar la ley”, informó en un comunicado.

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La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó a finales de enero que recibió una circular en donde se hacia de conocimiento de la supuesta medida de no dar más la cobertura del servicio de transporte sin costo.

El defensor de Transporte de la PDH, Edgar Guerra, explicó que los reclamos provienen de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y la Coordinadora Nacional de Transporte Urbano Departamental.

Gratuidad de transporte para adultos mayores y subsidio

En el Presupuesto 2023 se incluyeron Q35 millones para garantizar la gratuidad del pasaje para personas arriba de los 65 años para determinados servicios, basándose en lo que establece la Ley de Protección para Personas de la Tercera Edad.

El fondo permitiría que las personas de la tercera edad tuviesen acceso a cuatro viajes gratis diarios en el servicio de Transmetro, Express Mixco y Express Roosevelt, durante todo el año.

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El artículo 3 de la Ley, establece que toda personas de 60 años o más, tendrá derecho a transporte público gratuito.

La normativa establece que la sanción por incumplir la disposición es de Q1 mil de multa por cada vez que se niegue el servicio.

Los encargados de vigilar que se cumpla el reglamento recae en las municipalidades o la Dirección General de Transporte (DGT).

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¿Cómo surgió el reclamo por el subsidio?

Guerra explicó que un fondo de Q25 millones fue asignado a la Coordinadora en el Presupuesto, pero se desembolsará hasta finales de año.

La Coordinadora Nacional de Transporte Urbano Departamental cubre el servicio en once departamentos, especificó.

En tanto, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) mantiene desde años atrás la petición de acceder al subsidio de transporte, y su reclamo también se mantienen para el año en curso.

Según Guerra, ambas organizaciones han comenzado a hacer sus solicitudes y a partir de eso surgió la advertencia de que ya no estarían cubriendo la gratuidad del servicio para los adultos mayores.

El defensor indicó que “no sería posible” que se opongan a cumplir con el mandato de ley y que las conversaciones se mantienen. Aseguró además, que se está haciendo el llamado para que las municipalidades supervisen y atiendan eventuales denuncias de los usuarios.

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El Mides indicó que durante el 2022 se invitó a los representantes de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos a participar en mesas técnicas, pero no se atendió al llamado.

El objetivo de las reuniones era informar sobre los requerimientos que se debían cumplir para que el gremio se hiciera acreedor del subsidio.

Eduardo Cojulún, juez Undécimo Penal, escuchó la imputación contra Gómez que hizo Hugo González, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

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El señalamiento se centró en los tres eventos por los que el empresario tenía orden de captura desde febrero de 2018.

El empresario  que dirigió la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) fue sindicado de fraude, peculado, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

El primer señalamiento que recordó el fiscal González fue por la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades del Transurbano, a través del cual se sustrajeron Q270 millones del Estado. En esta fase ya está procesado el expresidente Álvaro Colom Caballeros y quienes integraron su Gabinete de Gobierno.

“Durante 2008 y 2009 integrantes de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración del presidente Álvaro Colom Caballeros”, explicó González.

El fiscal recordó que Gómez, como directivo de la AEAU se benefició cuando el gobierno de Colom aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante 2009.

Uno de los indicios se remonta a 2008 cuando la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público determinó implementar un sistema prepago en buses de la capital.

Durante los argumentos del fiscal González, el empresario Gómez escuchó y en algunas oportunidades apuntó en una hoja de papel detalles que explicó el representante del ente acusador.

Uno de sus abogados, Daniel Posadas, había pedido al juzgador que la audiencia se realizara a puerta cerrada debido a que habían directivos de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua) afuera de la sala de audiencias. Incluso, frente a la Torre de Tribunales hubo un plantón contra el empresario para que “devuelva lo robado”. También pidió más tiempo para analizar los indicios y que se reprogramara la audiencia.

El juez dijo que la audiencia era oral y pública y negó la petición de Gómez para que la audiencia fuera en reserva.

Declara

El juzgador le preguntó a Gómez si deseaba declarar y respondió: “Sí, me he estado preparando para eso”. Después dijo: “Encuentro cosas muy valiosas dentro de la investigación del Ministerio Público, lástima que no están todas” y se refirió a que la AEAU que dirigió pudo haber aportado detalles del caso.

Al principio de su testimonio, dijo que en 20 años de integrar la AEAU le preocupó el asesinato de pilotos en manos de pandilleros.

“El transporte estaba a punto de colapsar. ‘Nosotros necesitamos de su ayuda’, le dijimos al presidente -Colom-. Ese día que nos atendió el presidente habían matado a cuatro pilotos coordinados al mismo tiempo en distintas áreas de la capital. En ese momento no solo nos atendió el presidente sino el gabinete de seguridad, donde estaba el ministro de la Defensa, el ministro de Gobernación, porque era una crisis social”, declaró Gómez.

El empresario se refirió a que su participación era para proteger a los pilotos de la capital. “De ahí solicitamos dos cosas: que nos ayuden a proteger el sistema de transporte y que quiten el efectivo porque es el cáncer que tenemos. Ahí nosotros nunca hablamos de buses nuevos, como quiere hacer parecer en las investigaciones del Ministerio Público que quiso hacer la novela, pero se saltaron algunos capítulos”.

Del exandidato presidencial Manuel Baldizón se refirió a que tenía buena amistad. “Lo quiero como a un hermano”, se refirió sin hacer algún señalamiento y recordó que no era un delito mantener una relación de amistad. Después le presentó a su hermana Reina María Gómez González quien le llevó la contabilidad y también está procesada en este caso.

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La fase dos

El empresario Gómez también está implicado y fue señalado por el MP en la fase dos del caso Transurbano, conocido como Seguridad y Transporte.

El juzgador escuchó al fiscal González argumentar para señalar al empresario Gómez en esta fase. Después de la aprobación del subsidio en 2008 y 2009 un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado Q80.1 millones para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del proyecto.

La investigación preliminar evidenció que, para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A., quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.  Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

La Feci informó que la investigación determina la sustracción de Q17.7 millones por parte de la estructura criminal. En esta etapa ya están procesados el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, quien fue candidato a la presidencia por el extinto partido Corazón Nueva Nación (CNN) y Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, quien dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS).

Gómez financió a Baldizón

La Feci y la Cicig explicaron que Gómez también pudo haber incurrido en lavado de dinero u otros activos en el caso Financiamiento electoral ilícito partido Líder que se conoció el 13 de diciembre pasado. Gómez fue el representante de la entidad Expansión Corporativa Milenium, S.A.

Las pesquisas se  derivan de las averiguaciones de los casos financiamiento electoral ilícito de dicho partido y del Transurbano. La investigación policial-criminal y el análisis financiero sirvieron para constatar una interconexión funcional entre ciertos actores y la conformación de un esquema empresarial, el cual fue utilizado para generar y encauzar fondos de diferente procedencia.

Continúa mañana

Después de la declaración de Gómez el juez suspendió la audiencia que será reanudada mañana a las 9 horas. El fiscal González solicitará que el empresario sea procesado por el caso Transurbano y se espera que el juez resuelva la situación de Gómez, quien permanece en prisión provisional en la cárcel Mariscal Zavala.

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También compareció el representante de una empresa de seguridad, Juan Miguel Bernal Ramos.

La audiencia de primera declaración en la ampliación del caso Seguridad y Transporte se aplazó debido a la petición del Ministerio Público (MP) para que todos los implicados tengan la sindicación.

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Eduardo Cojulum, titular del Juzgado Undécimo Penal, decidió suspender la audiencia y la fijó para este 28 de septiembre en la Sala de Mayor Capacidad para casos de Mayor Riesgo, conocida como “Megasala”.

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Se entregan exdirectivos

Antes de las 8 horas comparecieron los prófugos exdirectivos de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

#CasoTransurbano
Momento en que ingresan los sindicados Mario Enrique Vargas Salazar y Rudy Leonel Maldonado Castillo, quienes se entregaron hoy en el Juzgado Undécimo Penal. pic.twitter.com/vy1q1iDsaE

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) September 27, 2018

Se trata de Rudy Leonel Maldonado Castillo y Mario Enrique Vargas Salazar, quienes ostentaron los cargos de presidente y tesorero de la entidad que aglutina a los empresarios del transporte, respectivamente.

“Soy transportista y solo estudié sexto primaria. Soy originario de Zacapa”, dijo Vargas Salazar a las preguntas del juez Cojulum.

Maldonado Castillo mencionó que estaba desempleado y vive en la colonia Atlántida, en la zona 18. 

Citado

Juan Miguel Bernal Ramos, representante de la empresa Corporación Centroamericana de Seguridad, S. A., compareció en la audiencia. “Soy jubilado, vivo en la zona 18”, mencionó Bernal Ramos.

El caso

El 14 de septiembre último, en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa se realizaron operativos por la ampliación del caso Transurbano.

La investigación presentada a principios de 2018 se centra en las supuestas irregularidades vinculadas al sistema de pre-pago en el Transurbano y el subsidio de seguridad.

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Durante 2008 y 2009 (período que abarca la investigación inicial), personeros de la AEAU propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público Transurbano a funcionarios de la administración del gobierno del expresidente Álvaro Colom Caballeros, implicado en el caso Transurbano.

Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del 2008 y durante el 2009.

Millones

Una vez asignados los recursos del gobierno nacional al subsidio a la seguridad en el transporte público, personeros de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S. A., subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad).

La investigación detalla que el Estado asignó para este proyecto la cantidad de Q80 millones, 119 mil de los cuales la investigación determinó la sustracción de Q17 millones 700 mil por parte de la estructura criminal.

Sin seguir lineamiento

Según la investigación de la Feci, la AEAU designó a la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A., de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, para brindar seguridad de dos mil guardias en las paradas, según la investigación.

“Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte”, explicó el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval.

Baldizón y el uso de helicóptero

Con los fondos que habrían sido desviados, según el caso, fue comprado un helicóptero valorado en Q1 millón 22 mil 500, el cual fue embargado desde el año pasado.

El exdiputado y excandidato a la presidencia Manuel Baldizón, quien está detenido en Miami por su implicación en el caso Odebrecht, habría utilizado la aeronave, se especificó.

“La investigación determinará un compromiso penal por el uso de la aeronave derivado que se adquirió con fondos públicos”, agregó el fiscal Sandoval.

Baldizón usó el helicóptero durante las campañas presidenciales de 2011 y 2015.

Espionaje

Uno de los detenidos es Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, exjefe  de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) durante el gobierno de Álvaro Colom Caballeros, quien ya había sido capturado el 28 de octubre del 2017 y sindicado de estafa. Él también ocupó el cargo por varios meses en el gobierno de Colom, pero fue denunciado por participar en una red de espionaje que controlaba los movimientos del mandatario Colom.

Fue Colom quien denunció la existencia de aparatos de alta tecnología en la Casa Presidencial, su oficina privada de la zona 14 y su residencia.

Mientras tanto, el coronel retirado Otto René Bernal Ovando, otro de los señalados y en prisión, fue candidato presidencial en 2015 con el partido Corazón Nueva Nación, señalado de ser un partido satélite que promocionaba a Manuel Baldizón.

Ese partido fue señalado de tener vínculos con el partido Líder ya cancelado y desde que comenzó la campaña electoral del 2015 fue utilizada para atacar a contrincantes.

Detenidos

Carlos Roberto Paz Reynoso

Carlos Herlindo Quintanilla Villegas

Óscar Alejandro Rossi Archila

Otto René Bernal Ovando

Reina María Gómez González

Mario Enrique Vargas Salazar

Rudy Leonel Maldonado Castillo

Comparecerá ante juez

Roberto Antonio Robles Reyes

Pendiente de captura

Antonio Piché Ruiz

Edgar Rolando Méndez Morales

Edie Rodolfo Jiménez Mijangos

Luis Alfonso Gómez González, desde febrero de  2018.

Citado

Juan Miguel Bernal Ramos

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Las firmas adheridas a la AEAU que finalmente fueron beneficiadas en una iniciativa de ley inicial son Rutas Metropolitanas, Expansión Corporativa Milenium, Tendencias Modernas Latinoamericanas y Concesionarios de Transporte.
  
Con posterioridad fue aprobado el decreto 21-2010, Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte de Pasajeros, solo que en este último ya no aparecen los nombres de las empresas y la exoneración de aranceles se reduce a 36 meses.

“Las empresas se organizaron como sociedades anónimas para recibir el dinero del prepago y gozar del beneficio de los impuestos”, señaló el fiscal  contra la Corrupción, Stuardo Campo, hasta ahora a cargo del caso, pues a partir del próximo año este quedará  en manos de la  Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

“Los  dueños de buses que integraron cooperativas de transporte constituyeron las sociedades anónimas”, agregó. El monto del perjuicio al Estado es tan grande que ni siquiera ha sido cuantificado aún, comentó Campo.

Primer paso

Los artículos 3,  4 y 5  de la iniciativa del Congreso 4180  fueron un primer paso en el que se delimitaron  10 empresas que gozarían de exoneraciones de impuestos para importar equipos del sistema Prepago y de derechos arancelarios para la importación, por 60 meses, de tres mil 500 buses  en la Ciudad de Guatemala, y más de 10 mil cien entre rutas cortas y extraurbanas.

Veintiún bienes de la firma Tecnología y Proyectos de Guatemala, S. A., fueron embargados por solicitud del MP, y  fiscales presumen que la empresa fue creada para lavar fondos sustraídos del Estado de Guatemala, disimulando su procedencia.

Investigadores aducen  que las propiedades están  vinculadas  con Luis Alfonso Gómez González, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y, en su momento, miembro de la empresa Siga, a cargo de coordinar el Transurbano.

En reserva

Se confirmó que las medidas surgieron a raíz de varias denuncias penales, sobre irregularidades, contra el Transurbano, las cuales se mantienen en reserva, para evitar  fuga de información.  

Este lunes por la mañana, el MP, a través de un comunicado, informó que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó el 9 de diciembre último la inmovilización de  los 21 inmuebles vinculados con  Gómez González, para evitar que sean trasladados a otras personas mientras concluyen las pesquisas.

• Siete se encuentran en Guanagazapa y la cabecera de Escuintla
• Ocho Dolores y La Libertad, en Petén
• Seis en la zona 15 de la capital: un apartamento, cuatro parqueos y una bodega

Precaución

“La medida decretada por dicho juzgado  ordena al Registro de la Propiedad inmovilizar los bienes, para que no se cambien a otras personas; es solo precautoria” la medida, aseguró Sara Sandoval, fiscal  de Extinción de Dominio.

Informó que por ahora  no se ha solicitado ningún  allanamiento para secuestro de evidencias o documentos en las  propiedades, aunque no descartó esas acciones.

La fiscal explicó que el embargo surgió de varias denuncias presentadas por irregularidades en el subsidio otorgado al Transurbano, empresa que presta el servicio de transporte  prepago en varias zonas de la capital y en algunos municipios de Guatemala —Santa Catarina Pinula y, recientemente, en Chinautla—. No confirmó quién presentó las querellas ni en qué cantidad.

En declaraciones  anteriores, el MP informó que recibió ocho denuncias, entre estas varias de la Cotraloría General de Cuentas (CGC). También dijo que no había mayores avances porque buscaban la unificación de los expedientes.

Hallazgos

En un rastreo efectuado por Prensa Libre en el Portal de Guatecompras  encontró que la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala  está registrada con el NIT 56112203 y se detalla que se ubica en la 36 avenida 1-39, colonia Toledo, zona 7.

El portal registra también que la entidad fue inscrita de manera provisional en el Registro Mercantil, el 3 de diciembre del 2007, y en forma definitiva,  el 25 de enero del 2008.

Además revela que fue inscrita en la SAT el 3 de diciembre del 2007.

Registra como representante legal a Reina María Gómez González. Como ambos  apellidos coinciden con los del exvicepresidente de la AEAU, se presume que la empresa podría estar a nombre de algún familiar.

Una de las primeras denuncias contra el empresario Gómez y el  Transurbano fue presentada  el  28 de mayo del 2012,  por el delito de extorsión.

En esa ocasión,  unos 70 transportistas se quejaron de un cobro que consideraban ilegal.

“Estos acusan a la junta directiva de la AEAU de extorsión, al señalar que les descontaban en efectivo Q1 mil 566 de los Q7 mil 193 que recibían por cada bus en concepto de subsidio al transporte público que otorga el Estado. Este dinero, aseguran los transportistas, se utiliza con fines políticos y carece de fiscalización por alguna entidad”, detalló un informe presentado por Acción Ciudadana.

Presuntos vínculos con Baldizón

Desde que se postuló como candidato a la Presidencia, Manuel Baldizón ha sido señalado de tener vínculos en las irregularidades en el Transurbano.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos,  recordó que el subsidio se entrega desde 1970, pero fue en 2001 que se empezó a evidenciar un incremento desmesurado.

Este efecto se consolidó en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuando Manuel Baldizón  dirigió la Comisión de Finanzas del Congreso.

Datos del presupuesto del 2008 muestran cómo Baldizón, a través de modificaciones al proyecto de gastos del Ejecutivo, incrementó  Q151 millones al subsidio para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, para un total de Q226 millones.

Lo mismo sucedió al año siguiente, cuando el excandidato de Libertad Democrática Renovada otorgó un nuevo aporte extraordinario de Q41 millones para la AEAU, para un total de Q251 millones.

Según Guerra, con la UNE la Asociación llegó a recibir Q420 millones al año, cantidad que se mantuvo durante  la gestión del Partido Patriota.

La Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó en junio al Congreso información del período en que Baldizón dirigió la Comisión de Finanzas, en 2007 y 2008.

Crisis afecta a usuarios

Han pasado unos seis años desde que se dijo que el servicio del Transurbano sería  la solución al calvario que afrontaban los usuarios del transporte público. Sin embargo, la situación no ha cambiado para unas 350 mil personas.

Al principio, la promesa fue que circularían tres mil 150 unidades para sustituir a los dos mil 927 buses rojos registrados.

Para comprobar el precario servicio, Prensa Libre publicó la nota Transurbano: 270 buses atienden a 350 mil, y evidenció varias inconformidades.

Entre las demandas más comunes, la población denunció  cobro irregular en el pasaje, escasez de buses, hacinamiento en las unidades, falta de respeto de algunos pilotos y falta de beneficios para personas de la tercera edad.

“No tienen una tarifa estable. Dijeron que era un quetzal y centavos, pero cuando uno pone la tarjeta allí le descuentan los dos quetzales”, denunció el usuario José Córdova.

“A veces no hay Transurbano y uno tiene emergencias, y necesita irse más rápido; eso es perjudicial”, señaló Édgar Choc.

Guerra afirmó  que han comprobado irregularidades en el cobro del pasaje  y que se ha hecho del conocimiento de la Superintendencia del Transporte Público y de las autoridades de la empresa Siga, que argumentó fallas en el sistema de cobros.

Luis Gómez

Empezó a estudiar Ingeniería Mecánica  en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fue nombrado  vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos.

El empresario de transporte  fue beneficiado en 2009 con una de las 4licencias para operar el sistema Transurbano.

El autobús sorprendió en la hora pico de la mañana a los automovilistas en la transitada arteria, un bus azul y blanco articulado que trasladaba autoridades de la Policía Municipal de Tránsito de Mixco.

El autobús es parte de la flotilla que la comuna de Mixco analiza autorizar para que renueve los actuales buses, negocio que está bajo estudio con empresarios de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).

El Express Roosevelt es el posible nombre de los nuevos buses que estarían cubriendo el servicio de transporte público hacia la zona 1 de Mixco, a través de 14 compañías que estaría financiando la compra de los buses brasileños, según información proporcionada por la comuna de Mixco.

Aunque no hay fecha ni el Concejo Municipal ha autorizado el servicio y modificación de tarifas, se habla que el costo del pasaje podría aumentar a no menos de Q2.50, cobrado de manera electrónica, con un sistema similar al utilizado actualmente por el Transurbano.

Express Roosevelt

La comuna informó que la propuesta consiste en buses que trasladen a los pasajeros en horas pico desde Mixco hacia El Trébol, sin paradas, utilizando el carril reversible que la PMT habilita en horas pico.

Durante el resto del día el Express Roosevelt estaría realizando el recorrido por los carriles convencionales con solo tres paradas establecidas.

Cada bus tiene una capacidad de 140 pasajeros y se tiene una flotilla disponible de 10 buses.

Los empresarios que están detrás del recién anunciado nuevo proyecto de autobuses urbanos en Mixco están integrados a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), la entidad que creó el polémico Transurbano.

Un total de 14 compañías financiarían los nuevos autobuses con sistema prepago, en tanto las autoridades municipales reiteraron que no se impulsaría el Transurbano en ese municipio, debido a que esa empresa es investigada por “presuntos actos de corrupción”.

El vocero de la comuna de Mixco, Mynor Espinoza, insistió: “No entrará a funcionar —el Transurbano— luego de que  son investigados, se presume que por actos de corrupción… La municipalidad no busca ningún tipo de negocio, es inversión privada”.

Wálter Montiel, inversionista y vocero de la AEAU, explicó: “Los empresarios que financiarán los nuevos buses tienen 20 o 40 años de operar en Mixco, y solo tienen buses rojos, no   Transurbano”.

Espinoza indicó que la circulación de 10 buses en diciembre próximo será el plan de prueba.

Las líneas aún no se otorgan.

Dudas en negocio

• El sistema Transurbano es investigado porque se duda de su financiamiento.
• La Procuraduría General de la Nación determinó que Q240 millones otorgados por el Gobierno a la AEAU no tienen sustento legal.
• El Ministerio Público (MP) investiga el subsidio a la AEAU por Q1 mil 85 millones.
• El MP abrió una pesquisa para establecer el uso de US$35 millones —unos Q262.5 millones— que se obtuvieron de un préstamo para la AEAU en el que el Estado fue garante.
• La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala pide a la AEAU el pago de más de Q15 millones como parte del subsidio no entregado.
• Se denunció la devolución de Q104 millones por parte de la AEAU “por el exceso de compra de tecnología”, ante la adquisición de pocos autobuses.
• En agosto, el MP allanó las oficinas del Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses.

Producto del amparo en definitiva otorgado por la  CC a la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), se fijó un plazo de 30 días a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Aeau) para que haga efectivo el pago de  más de Q15 millones como parte del subsidio no entregado.

La acción fue resulta por unanimidad por los magistrados que integraron la anterior Corte, el 30 de marzo último.

La acción fue presentada en el máximo tribunal por más de 60 propietarios de buses urbanos que desde su punto de vista fueron excluidos y discriminados del subsidio por parte de la Aeau.

Discriminación

“Básicamente, lo que ellos denunciaron  es que hubo algún tipo de discriminación en la distribución del subsidio que se entrega al transporte urbano anualmente, por parte del Estado a partir de la promulgación del artículo 5 del decreto 30-2012, en donde se fijó el monto destinado al subsidio para esa época para la totalidad de unidades”, dijo Martín Guzmán, vocero de la CC.

En dicho decreto emitido el 23 de octubre de 2012 —Ley del Presupuesto para el 2013—, se fijó un monto de Q245 millones para el subsidio al transporte urbano, el cual sería entregado a la Aeau, para su distribución.

No se cumplió

Guzman recordó que en una sentencia anterior se determinó que la Aeau debía entregar el subsidio. 

“Esta Corte en su sentencia hizo ver que el subsidio debe ser entregado en forma equitativa a todos los operadores del transporte urbano y que la Aeau es la entidad encargada de generar esa distribución”, afirmó Guzmán.

Asopagua, al observar que no se cumplió con el fallo, accionó nuevamente.

Fija plazo

En la sentencia del 30 de marzo último, el máximo tribunal fija un plazo de 30 días para que la Aeau  cumpla con la distribución del  subsidio a Asopagua partir del decreto 30-2012.

Por lo que dicha entidad deberá desembolsar más de Q15 millones que le adeuda a los  transportistas que presentaron la acción.

Álvaro Folgar, abogado de Asopagua, indicó vía telefónica que el viernes último fueron notificados y dijo que  desde su punto de vista personal “la situación del subsidio, es igual o peor que  lo de —caso—la Línea”, afirmó Folgar.

Añadió que hay una denuncia contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, y la excontralora, Nora Segura, entre otros.

La Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) exige el pago de unos Q900 millones correspondientes a 28 meses, desde el 2011, mientras la Asociación de Propietarios de Autobuses de Guatemala (Asopagua) espera que les asignen Q82 millones que no han percibido en los últimos años.

La AEAU no garantiza la continuidad del servicio a los guatemaltecos, debido a la falta de fondos, y Asopagua afirma que no suspenderá labores.

La condición

Para el próximo año, el Congreso aprobó el mismo rubro vigente pero eliminó la condición de entregarlo a la AEAU y adicionó en un artículo —65, de la Ley de Presupuesto— la creación de un reglamento para regir la entrega de fondos públicos a entidades privadas.

“Emitir a más tardar el 1 de abril del ejercicio fiscal 2016 un reglamento de manejo de subsidios y subvenciones… Con el objeto de facilitar su evaluación y mejorar la gestión y administración de los mismos” estipula el presupuesto.

Además contempla que los beneficiarios —transportistas— lleguen a un convenio para que los recursos sean transparentes, racionales y pertinentes, y verificar que su uso sea adecuado.

La norma también responsabiliza al Ministerio de Comunicaciones de la entrega de esos fondos.

Las propuestas

Walter Montiel, de la AEAU, afirmó que la Municipalidad de Guatemala mantiene su negativa a un ajuste a la tarifa del pasaje, lo cual podría compensar la falta del subsidio.

“Hay que aclarar que el subsidio es para mantener el servicio y no para mejorarlo. Representamos a mil 300 empresarios con dos mil 817 unidades circulando”, explicó Montiel.

Otra propuesta es que exista un acuerdo mixto. “Reajuste tarifario y que el Gobierno dé la diferencia, esa sería la propuesta. Que continúe subsidio, pero que sea revisado”, detalló.

Álvaro Folgar, de la AEAU, dijo que para el 2016 esperan que las nuevas autoridades amplíen los recursos. Propone una mesa integral que busque soluciones definitivas.

Folgar añadió que en sus planes está que el otro año se implemente el sistema prepago en los buses rojos que tienen a su cargo —unos 450— y un sistema de posicionamiento satelital (GPS, en inglés), aunque no se comprometen a mejorar las unidades, por insuficiencia de recursos, ni la infraestructura de las paradas.

De lo contrario, amenazan con un paro inminente, según expresó el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Víctor Hugo Figueroa, en el programa Diálogo Libre.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público, también estaba invitado al programa, pero no asistió.

Como asociación, ¿cuál es su opinión respecto del subsidio y la posibilidad de un alza al pasaje?

El transporte urbano ha venido con problemas de toda la vida; primero porque no se toman las medidas correctivas apegadas a la realidad, dos porque se politiza el servicio, y tres porque el Estado no ha cumplido con ciertas cuestiones que debe cumplir.

El país económicamente no está bien… nosotros prestamos un servicio de orden público y necesitamos la atención que merecemos como prestadoras de este servicio, tal como lo garantiza la Constitución.

Pero este último año ha sido el de mayor crisis en el transporte, porque a la fecha el Gobierno solo ha erogado el subsidio correspondiente a enero.

Hemos estado en diálogo con la Municipalidad de Guatemala desde hace muchos meses viendo la posibilidad de que haya un reajuste tarifario.

¿Hicieron ustedes una solicitud al Congreso de ampliar el subsidio de Q35 millones?

De todos es conocida la problemática del país de mayo a la fecha. Entonces se dieron los problemas con el Ejecutivo y entró el nuevo gobierno. Nosotros le hemos pedido varias audiencias al señor presidente —Alejandro Maldonado—, pero hasta la fecha no hemos podido hablar con él.

En el Transurbano se trabaja a través de una tarjeta electrónica; pero en el caso de los buses que no usan este sistema, ¿es por falta de coordinación?

Si quisiéramos controlar esta situación y pusiéramos los equipos de prepago a estas unidades, lo podemos hacer, pero el servicio de rojas con sistema de prepago a Q1.10 duraría tres días, porque allí estaríamos cobrando el Q1.10 que dice la ley, pero los ingresos no rebasarían los Q600 —de la operación diaria—. Son Q400 de diésel y Q200 de pago a pilotos, sin poner las prestaciones laborales.

La Municipalidad afirmó que no habrá un incremento a la tarifa…

Nosotros lamentamos mucho esa actitud de la Municipalidad de no querer afrontar la verdadera situación del transporte. Ellos probablemente no tienen necesidad de ajustar sus tarifas, pero si vamos a hacerles cuentas, ellos están operando con números rojos, a pesar de que en estos dos últimos años el Gobierno les ha otorgado Q150 millones al año. Eso les permite operar sin necesidad de tener un reajuste.

¿Van a dejar de operar si no tienen eco sus peticiones?

Derivado de esta situación se pusieron las mantas para que el pueblo se entere, para que el alcalde Álvaro Arzú reaccione y nos permita dialogar. Nosotros no estamos diciendo que quiten el subsidio, que lo den, pero directamente al usuario o que lo maneje cualquier otra instancia.

No podemos operar con Q35 millones, el Transurbano es muestra de un esfuerzo que se ha hecho por parte de los transportistas. Estos buses son negocios netamente privados; el Gobierno no ha invertido ni un solo centavo en estos buses.

¿Por qué seguir en un negocio que les ha representado pérdidas?

Nosotros, de hecho, desde junio para esta fecha tenemos más de mil unidades fuera; nuestra flota era de tres mil 150 unidades, hoy no hay más de dos mil circulando en las calles, o sea la gente se está retirando porque ya no tiene medios como seguir.

El mes pasado los mil 300 transportistas que conforman dicha asociación acordaron renunciar al subsidio de Q35 millones que el Gobierno le entrega cada mes y buscarían una reunión con la Municipalidad capitalina para analizar un aumento a la tarifa del transporte. Sin embargo, el portavoz de la comuna, Carlos Sandoval, respondió que el Concejo no accederá al alza.

También explicó que por haber incumplido con la implementación de buses nuevos en 109 rutas,  a 40 les fueron retirados los derechos de circulación.  

Para abordar este tema nos acompañaran en la emisión de Dialógo Libre, este miércoles a partir de las 15:30horas; Édgar Guerra, Defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y Sergio Vásquez, vocero de Transurbano.  

En las mantas se señala que son 27 meses los que se les adeuda y aseguran que “con esfuerzo la tarifa social se ha mantenido”. Todas las unidades pertenecen a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU).

En otra de las mantas colocadas se indica que “las actuales condiciones no permiten poder mejorar el sistema de transporte” y se solicita a las autoridades que el problema se resuelva lo más pronto posible.

Según autoridades de la AEAU son más de Q900 millones lo que se les debe por concepto de subsidio pero han logrado sostener la tarifa social, de Q1.10, durante 19 años, por lo que señalan que “el transporte urbano está en crisis”.

La exigencia se registra en buses de los llamados rojos y las unidades del Transurbano.

Reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas, precisa el desembolso de la cartera de Comunicaciones a la Asociación de Transporte Urbano en los últimos cinco años:

Aumento

La exigencia por el pago se da este lunes, pero el mes pasado los mil 300 transportistas que conforman la AEAU acordaron renunciar al subsidio de Q35 millones que el Gobierno le entrega cada mes y buscarían una reunión con la Municipalidad capitalina para analizar un aumento a la tarifa del transporte.

Buses del Transurbano portan mantas donde empresarios del transporte manifiestan inconformidad. pic.twitter.com/cNcMicgTzF Vía @jmpatzan_pl

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 16, 2015

El viernes de la semana pasada, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria se reunió con representantes de la comuna capitalina para evitar un aumento al pasaje y acordaron crear una comisión multisectorial que buscará una solución a la problemática del transporte público.

Además del estudio de la vicepresidencia, la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público investiga el financiamiento al Transurbano que se otorgó durante el gobierno de Álvaro Colom, pues se considera que este perjudicó los intereses del Estado.

Presión afecta al usuario

Édgar Guerra, defensor de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), asegura que los transportistas tienen derecho de manifestación pública y se respeta, pero se critica la forma en que generan presión para que se cumpla con sus peticiones, pues afectan al usuario.

Guerra señala como una de esas formas de presión el paro de transporte que ha ocurrido en las últimas semanas en las rutas 36 y 37.

Además, dice que los empresarios afirman que ya no tienen fondos para operar, pero el subsidio no se utiliza para compra de combustible y arreglar las unidades pues lo primero es responsabilidad de cada piloto y lo segundo es visible.

El defensor asegura que la AEAU pidió la intervención de la PDH para que el Gobierno pague la deuda del subsidio, pero esto no es posible porque en septiembre el procurador afirmó que hay irregularidades en este tipo de actividad que son investigadas por el MP y la Procuraduría General de la Nación.

Guerra considera que además debería intervenir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pues podrían existir estructuras paralelas involucradas.

Analizan medida

La Dirección General de Transporte evalúa un proyecto para blindar a los pilotos a través de una cabina  explicó este lunes Hugo Rodríguez, director de transporte.

Dicho blindaje tendría tecnología de  Israel y protegería contra balas de arma corta, es decir 9 milímetros, calibre .380 y calibre .45 y tendria un costo de Q9 mil en su implementación.

La medida se aplicaría a 20 mil unidades de transporte que circulan el país y según los pilotos ayudaría a reducir el cobro de extorsión de parte de las pandillas. 

Comenzar el proyecto depende del concenso al que se llegue el próximo miércoles en la asamblea general de empresarios de transporte.

Carlos Sandoval, portavoz de la comuna capitalina, indicó que la multa es de Q500 por cada unidad del Transurbano, eje sur, que no circuló durante esos días.  Agregó que se contabilizaron 204 unidades fuera de circulación, por lo que dicha sanción es de Q102 mil.

Además, la STP acordó una multa de Q1 mil por cada uno de los dos autobuses que fueron atravesados el viernes anterior en la calzada Atanasio Tzul y 35 calle de la zona 12. Con ello, la sanción total impuesta a los empresarios asciende a Q104 mil.

Este lunes pilotos del Transurbano se comprometieron a no suspender el servicio pese a la falta de pago, mientras la Municipalidad capitalina comenzó un proceso de cancelación anticipada de licencia de operación. 

Según los conductores son unas 445 unidades las que circulan en los ejes sur y norte. El compromiso es no volver a parar los servicios pese a los atrasos en sus pagos y a los despidos injustificados.

Los pilotos dijeron que los problemas con el pago ocurren desde mayo de 2014, ya que reciben un cheque a fin de mes pero no lo pueden cambiar hasta cinco días después pues no tiene fondos.

También alegan que desde hace un año los empresarios les descuentan la cuota del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) pero no la trasladan, pues cuando piden un certificado para acudir al Seguro Social no se les entrega.

Carlos Sandoval, vocero de la comuna capitalina indica que multa impuesta es Q500 por cada bus que no circuló, se contabilizaron 204.

— Manuel Hernández (@mhernandez_pl) November 9, 2015

Los afectados aseguran que ya se presentaron denuncias laborales en Ministerio de Trabajo y que hay algunas represalias de parte de los empresarios porque comienzan con la formación de un sindicato.

Trámite

Sandoval indicó que se notificará a los empresarios que se comenzó un trámite para la cancelación anticipada de las licencias de operación en el eje sur, pues de los 225 buses que deberían circular, 70 están varados en el predio debido a distintas razones.

Jorge Palacios, representante de la Empresa Metropolitana de Transporte, dijo que los empresarios tienen 30 días hábiles para que circulen todas las unidades y con ello evitar la cancelación de la licencia.

Renuncian al subsidio

El 2 de octubre pasado, los miembros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, responsable del Transurbano, informaron que planean renunciar al subsidio que el Gobierno debe entregar cada mes, con lo que podrían incrementar el costo al pasaje.

Según los empresarios, la medida se debe a que hay una deuda de 25 meses en el subsidio al combustible y 16 cuotas de subsidio al adulto mayor. Además, porque se presta a malas interpretaciones de parte de los usuarios.

La Procuraduría de los Derechos Humanos calificó este subsidio como un modelo “cuestionable y falto de transparencia” que genera zozobra.

En el dictamen de la PGN enviado a la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, señala que “el referido aporte económico de inversión se podría considerar como un detrimento al patrimonio del Estado”.

El informe se entregó a solicitud de la Fiscalía, que solicitó la opinión de la PGN a través de un oficio enviado a la entidad el 10 de septiembre de este año donde se pidió el fundamento legal para que el Estado de Guatemala haya otorgado Q240 millones a la AEAU para la compra de equipo en la implementación del sistema prepago.

La respuesta es que “no existe una normativa específica que faculte al Estado a efectuar aporte económico de inversión hacia una entidad privada, cuyos fines son eminentemente lucrativos”.

El documento agrega que “esto de ninguna manera se encuentra inmerso dentro de los fines propios del Estado, considerando que si bien en cierto su fin supremo es la realización del bien común, también lo es que las acciones que ejecute en función de este deben concebirse dentro del marco de la legalidad y juridicidad”.

El daño al que se refiere la PGN se concretó “al haberse transferido fondos del presupuesto a la asociación relacionada para que esta pudiera financiar, implementar y administrar un servicio público que de acuerdo al artículo 68 literal D del Código Municipal, le compete exclusivamente a la Municipalidad de Guatemala”.

Según el dictamen, “por tratarse de un ente de carácter privado, el Estado de Guatemala no puede sufragar gastos que competen al giro ordinario de dicha asociación para el desarrollo de sus operaciones ya que ni la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes ordinarias permiten que el Estado pueda sufragar gastos tales como sueldos, alquiler del inmueble donde funciona, equipo, entre otros”.

La Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán confirmó durante una actividad en Santa Catarina Pinula, que el financiamienot a la AEAU “va en contra de las propias normas constitucionales y de principios de legaldidad”

Villagrán también confirmó que en la investigación se incluye el subsidio a la AEAU por un monto de Q1 mil 85 millones. En total la suma que está siendo investigada es de Q1 mil 325 millones.

También trascendió que el MP abrió una pesquisa para establecer el uso de US$35 millones (unos Q262.5 millones) que se obtuvieron a través de un préstamo para la AEAU y donde el Estado fue garante en el contrato.

Colom está confiado

El expresidente Álvaro Colom sobre el tema explicó que toda la documentación está dentro de la legalidad, por lo que está confiado respecto a la investigación que lleva a cabo el MP.

Según Colom, confía en el entonces Secretario General de la Presidencia, Carlos Larios,  revisó los convenios y lo que se puede estar señalando ahora por la PGN podría ser una mala interpretación del proyecto.

El exmandatario también destacó que los subsidios se vienen otorgando desde hace más de 30 años y lo que se hizo durante su gobierno fue transparentarlos.

Alianzas

El Transurbano fue impulsado durante la administración de Álvaro Colom y se presentó como una alianza público-privada en conjunto con la Municipalidad capitalina.

El proyecto contó con inversión del Gobierno central a través del Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz), y los Ministerios de Gobernación y Comunicaciones, coordinados por el Consejo de Cohesión Social.

En el año 2009,  el presidente de la AEAU,  Luis Gómez anunció la transformación del sistema de transporte en la ciudad con el aval de Colom. El Gobierno sirvió como garante para la adquisición de un préstamo para importar 3 mil 150 unidades y, en el Congreso la bancada oficial logró la exoneración de los impuestos.

Los encargados de las instituciones en ese tiempo fueron, Jairo Flores en Fonapaz,  Raúl Velásquez en Gobernación, Guillermo Castillo ministro de Comunicaciones y, Sandra Torres quien dirigía el Consejo de Cohesión Social.

Sergio Vásquez, portavoz de la AEAU, manifestó que los integrantes de esa asociación desistirán del subsidio y pedirán al Organismo Ejecutivo que sea eliminado.

“Se están haciendo los acercamientos con el gobierno de turno para hacer el planteamiento. Los transportistas quieren que se evalúe la propuesta y se analice la posibilidad de entregar el subsidio a los usuarios”, explicó.

Vásquez afirmó que, paralelamente, la AEAU buscará reunirse con autoridades de la Municipalidad de Guatemala para estudiar un posible aumento en el precio del pasaje.

Deuda millonaria

El documento indica que en el 2014 esa entidad recibió cinco mensualidades de Q35 millones cada una, cuando tuvieron que haber sido 12. Refiere que este año únicamente han recibido una cuota por la misma cantidad, así que hay ocho pagos pendientes.

Sin embargo, en el presupuesto de la Nación del 2015, el cual fue aprobado el año pasado por el Congreso, se incluye un pago único de subsidio por Q35 millones, cancelado en enero.

En la propuesta del presupuesto del 2016, que se encuentra en el Legislativo, también se establece una sola cuota por la misma cantidad durante el próximo año.

La información de la AEAU señala que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) les adeuda más de Q857 millones por el subsidio al combustible, y el Ministerio de Desarrollo (Mides), Q46 millones por el del adulto mayor.

Sin embargo, en el Departamento de Comunicación del CIV se indicó que esa cartera se encarga únicamente de notificar cuántas cuotas se deben pagar cada año a la AEAU, y el Ministerio de Finanzas es el responsable de hacer el desembolso.

Carlos Batres, del Departamento de Comunicación del Mides, dijo que Very Gramajo era el encargado de brindar información respecto del tema, pero no atendió las llamadas a su celular.

Nueva tarifa

Carlos Sandoval, portavoz de la comuna capitalina, manifestó que el Concejo es el único ente que puede elevar o modificar la tarifa vigente, la cual es de Q1.10.

“Esa tarifa permanece desde hace muchos años. Sabemos que todo ha subido, pero la población no puede pagar más por un servicio ineficiente, que genera molestias, es incómodo y con falta de respeto de los pilotos”, dijo.

Álvaro Folgar, presidente de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala, comentó que no existen órganos que fiscalicen el subsidio.

“El problema es que el subsidio se lo roba AEAU, conjuntamente con Transurbano. Se lo roba porque lo bloquea, no lo entrega al destinatario y no hay quien fiscalice”, aseguró.

Asociaciones de transportistas también se pronuncian respecto al tema con la intención de solucionar la problemática antes del próximo año.

Por medio de un comunicado, la PDH informó que inició una indagatoria debido a las denuncias recibidas respecto al mal servicio, estado deplorable de los autobuses, irrespeto de las rutas horarios y tarifas, así como los cuestionamientos hacia el subsidio.

El documento refiere que los hallazgos de la PDH comprueban la necesidad de reestructurar la forma de entrega de los recursos públicos, por lo que concluye que el modelo cuestionable y falto de transparencia genera zozobra permanente por las constantes amenazas de los transportistas acerca de paralizar el servicio sino se hacen efectivos los pagos del subsidio.

Agrega que existe opacidad en la modalidad de entrega del subsidio al transporte urbano en el municipio de Guatemala, pues se carece de un procedimiento técnico y transparente que garantice la entrega eficiente.

Pronunciamiento del Procurador @JDeLeonDuque con relación al subsidio del transporte público de ciudad #Guatemala pic.twitter.com/B5sN7RZNU0

— PDH Guatemala (@PDHgt) September 30, 2015

“Persisten anomalías en la asignación y entrega del subsidio por parte del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), y la Asociación de Empresas del Transporte Urbano (AEAU)”, indica el comunicado.

También menciona que se incumple con la entrega igualitaria y sin discriminación del subsidio a todos los transportistas urbanos del municipio de Guatemala, quienes tienen derecho a recibir esos aportes.

“Hay una violación del derecho humano a la igualdad; además de incumplir con lo establecido en el decreto que aprueba el presupuesto anual de ingresos y egresos del Estado, según denuncias presentadas por la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua)”, señala el documento.

Pide intervención

Álvaro Folgar, presidente de Asopagua, dijo a Prensa Libre que esa asociación solicitó a la PDH una intervención inmediata para que la plataforma del sistema prepago que está en manos de la AEAU sea confiscado.

“No tenemos órganos de fiscalización de esos recursos. El problema es que ese subsidio se lo roba AEAU, conjuntamente con Transurbano, y se lo roba porque no lo entrega al destinatario y no hay quien fiscalice”, expresó Folgar. 

Sergio Vásquez, portavoz de AEAU, manifestó el martes por la noche que dirigentes de esa asociación se encontraban reunidos analizando las acciones que adoptarán respecto al tema.