Representantes de los sectores público y privado, como usuarios del servicio aduanero, presentaron los resultados del último estudio de tiempos de despacho (ETD) como parte del Plan Nacional para la Reducción de Tiempos en Importaciones Definitivas.

La muestra utiliza una metodología de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), y una de las novedades es que el sistema se enfrentó a los desafíos y exigencias ajustadas por la pandemia en 2020, adoptándose a un sistema digitalizado.

El estudio analizó los despachos en las aduanas marítimas Puerto Quetzal en Escuintla y Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla en Izabal; la aduana terrestre Tecún Umán II en San Marcos (Puerto Fronterizo Terrestres Ingeniero Juan Luis Lizarralde Arillaga” y la aduana express aéreo en Combex Im. Cada recinto contribuye a la recaudación total de los impuestos al comercio exterior.

En el sistema aduanero nacional, por el volumen de mercadería y la recaudación, las aduanas marítimas son las más importantes.

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La investigación solo abarcó temas relacionados con los tiempos y no hay cuantificación monetaria de lo que representa, expresaron las autoridades de la Intendencia de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Hallazgos

Werner Ovalle, intendente de Aduanas, dio a conocer que se hace una comparación con el ETD del 2019, en cuanto a coberturas y diagnósticos de los recintos en 2023:

• Express aéreo: en 2019 el despacho promedio era de 9 días, 4 horas 26 minutos, y hubo una reducción del 74% ya que pasó a 2 días, 8 horas y 30 minutos, pues el comercio electrónico sigue en aumento.
• Aduanas marítimas: en 2019 el despacho promedio era de 7 días, 5 horas 26 minutos y hubo una disminución de 1 día 22 horas 20 minutos, un 13% de reducción por lo que se pasó a 6 días, 7 horas y 15 minutos.
• Aduanas terrestres: en 2019 el despacho promedio de 10 horas y 6 minutos; en 2023 fue de 8 horas con una disminución del 21%.

Otras acciones

El funcionario recalcó que en la revisión de las acciones de las aduanas marítimas, son las que más observaciones tenían con 89; en el aéreo, 32 acciones; y 31 en el terrestre, por lo que aún existen desafíos y retos.

Además, apuntó que en las aduanas marítimas converge el mayor flujo de actores de comercio exterior. Como ejemplo, de las revisiones de mercancías transportadas por compañías navieras depende gran parte del movimiento, lo que también afecta a otros actores que son ajenos a la actividad portuaria y solo aduanas cuenta con una plataforma que está automatizada, ya que el Ministerio de Gobernación y Agricultura no lo tienen. Además, cada quien tiene indicadores diferentes y criterios en cuanto a los selectivos en rojo -revisiones más profundas-.

Las mayores quejas de los usuarios del comercio exterior están en las retenciones, y según el intendente, ahí está el gran nicho de oportunidad para hacer las mejores y lo otro es la creación de la ventanilla única de comercio exterior, ya que en el Acuerdo de Facilitación del Comercio se incluyen todas las recomendaciones y permisos no arancelarios que dan las instituciones y aún deben aprobarse.

Visión a futuro

El estudio también hace algunas recomendaciones sobre todo en la parte de los servicios aduaneros a futuro, pero se puntualizan tres:

• Automatizar procesos: que ninguna aduana haga procedimientos en papel, sino que todo sea automatizado, para evitar discrecionalidad y corrupción.
• Ventanilla única de comercio exterior: para realizar todas las gestiones integradas del riesgo en las aduanas marítimas y agilizar los procesos y permitir una reducción de tiempos.
• Infraestructura: en lo terrestre, rehabilitar la báscula de pesaje en Tecún Umán II San Marcos, ya que en la actualidad el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) tiene el equipo en un lugar que afecta el flujo, ya que los contenedores tienen que ingresar a un área que confunde las importaciones y las exportaciones, por lo que se afecta al comercio internacional.
• Riesgo sanitario: el Ministerio de Agricultura deberá elevar su sistema de riesgo como tal, en el sistema de comercio.
• En aduanas: ejecución del plan maestro a nivel de infraestructura en el Puerto Fronterizo Juan Luis Lizarralde Arrillaga, mejorar la tecnología y reestructurar los flujos del sistema.

Mejoras sensibles  

Durante la presentación del ETD, Cristian Mayorga, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, aseguraron que hay avances específicamente en los procesos del servicio aduanero, y que los números muestran una considerable reducción en los tiempos de despacho, pero aún no es suficiente.

Mayorga aclaró que en los despachos de mercancías no opera solo la Intendencia de Aduanas, sino otras instituciones como los ministerios de Agricultura, Salud y Gobernación, que a su criterio también deben sumarse a estos esfuerzos.

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“Qué bueno que la aduana nos resuelva pronto, pero cuando se pasa a otros procesos, muchas veces se tienen cuellos de botella y atrasos en tiempos. Todo eso tiene que ser un proceso integral donde las inspecciones sean conjuntas y la medición de los riesgos, así como los despachos de mercancías sea de manera conjunta y que todos esos tiempos se reduzcan en todo el andamiaje”, consideró.

Para Fajardo, ha habido mejoras en la aduana Tecún Umán II San Marcos, pues en todo el recinto hay problemas por el lugar donde está ubicada la báscula, y se ha planteado la necesidad de construir un carril perimetral, para los vehículos que entran a México vacíos, para que no se encuentren con los que vienen con carga hacia Centroamérica, por lo que hay una gran oportunidad de resolver, pero eso tiene un costo considerable, aunque se obtendría una tasa considerable de retorno.

“Han mejorado los tiempos, pero consideramos que puede haber oportunidades y mejorar mucho más”, remarcó.

Recaudación del comercio en aduanas

Por Derechos Arancelarios a la Importación e IVA importaciones el monto acumulado es de Q27 mil 519 millones de enero a noviembre:

• Región Sur: Q13 mil 476 millones.
• Región Central: Q5 mil 880 millones.
• Región NorOriente: Q5 mil 803 millones.
• Región Occidente: Q2 mil 360 millones.

“Aún falta mucho”

Enrique Lacs, director ejecutivo de la  Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), dijo que la baja en los tiempos de despacho es una buena señal, pero se deben tomar en cuenta otras aristas.

Una es que el tiempo de espera en general para el levante de la carga sigue siendo alto y otra es que ese tiempo se debe llevar a estándares internacionales ya que comparado con esos parámetros, el servicio aún es lento.

“Un aspecto rescatable es la reducción a 8 horas del tiempo de espera para el transporte terrestre, lo que es importante para el sector organizado en esta Cámara. Las aduanas marítimas también son esenciales porque por ahí ingresa mucha materia prima”, agregó.

En tanto David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (Camcor) comentó que en términos generales notaron una mejora en los procesos y articulación no solo de los procesos aduaneros de aduanas sino también a los relacionados con almacenes fiscales y zonas francas.

Sin embargo, dijo que hay oportunidades que se pueden seguir aprovechando, como la mejora de la tecnología, en lo que el país asiático apoya con asesoría. “En varias temporadas del año, los socios reportaron atrasos pero no tanto por los procesos aduaneros, sino por el contexto mundial. Incluso, por la situación en el Canal de Panamá, aunque la mayoría de las rutas de Corea son directamente por el Pacífico”, explicó.

Guatemala es reconocida a nivel interno y externo por su estabilidad macroeconómica y su resiliencia social, pero la falta de gobernanza y la débil institucionalidad son algunos de sus retos por superar, como lo demuestra el ambiente de incertidumbre política generado por las inconformidades relacionadas con los resultados de las elecciones generales del 25 de junio pasado.

Ante el riesgo de que la situación se salga de control con sus consiguientes efectos en los negocios y el clima de inversión. las primeras voces empiezan a manifestarse sobre lo que debió ser un proceso ordenado y basado en ley, así como la garantía de los resultados.

Una de las coincidencias de los consultados es que esta problemática debe resolverse lo antes posible, de manera que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice los resultados, para brindarle la certeza del evento pasado y respetar el calendario para llevar a cabo la segunda vuelta electoral programada para el próximo 20 de agosto, así como la asunción en enero del 2024 de las nuevas autoridades que resulten electas.

Posiciones coincidentes

A la pregunta ¿esta coyuntura de falta de certeza político-jurídica puede afectar el clima de negocios y posibles inversiones en el país? Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expresó que se esperaría que esto se resuelva esta misma semana, para que no haya ningún cambio en el cronograma electoral.  Si eso ocurre, no pasará nada negativo.

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“Pero sí existe el riesgo de que se prolongue y se llegue a un limbo legal que pueda afectar la agenda de atracción de inversión al país y la calificación de riesgo para Guatemala, lo que sería un gran retroceso.  Confiamos en que el proceso concluya esta semana, lo que le dará mayor certeza a la voluntad popular”.

Waleska Sterkel de Ortiz, directora de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), enfatizó que definitivamente, la falta de certeza en el proceso electoral y no respetar la decisión de los votantes pone en riesgo la democracia de un país.  “Esto puede generar un entorno poco favorable para los inversionistas, ya que aumenta el riesgo y la incertidumbre al momento de tomar decisiones, lo que puede conllevar a una disminución de la inversión extranjera directa (IED), dificultando aún más el desarrollo económico”.

Para Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), la incertidumbre del proceso político ordenado y basado en ley y las fricciones resultantes generan alertas de riesgos sistémicos que degradan la percepción del país como garantista y apegado a la seguridad jurídica. A su juicio, la seguridad jurídica siempre será un factor de peso para el inversionista nacional y extranjero.

Fernando Orellana, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), coincidió en que la realización de las elecciones generales es la máxima expresión de la voluntad de los guatemaltecos, y para brindar certeza y seguridad jurídica, “el resultado electoral debe ser el que es y el que los ciudadanos decidieron libremente” y se debe velar por la institucionalidad para crear un clima que brinde las garantías jurídicas.

“Esto, para generar confianza y atraer inversiones en un marco seguro para que los inversionistas puedan planificar y ejecutar a largo plazo”, apuntó. Por eso insistió en la realización de la segunda vuelta electoral, así como en el cambio de autoridades para el 14 de enero del 2024. Reiteró que se está viviendo una situación extraordinaria y “ojalá que esto tenga un desenlace positivo para el país, con una resolución apegada a la constitución y a la ley, porque si sería negativo un desenlace que implique una suspensión de elecciones o peor aún, que no haya un cambio de mando en enero por los retrasos en el proceso”.

En todo caso, es de la idea que uno de los riesgos actuales es que los potenciales inversionistas pospongan sus decisiones, lo que impactaría a toda la economía.

David Juárez, presidente de la Cámara Guatemalteca-Coreana de Comercio (Camcor), afirmó que el sistema electoral y aparato de justicia están en la necesidad de demostrar la certeza jurídica y legalidad de los procesos electorales. “Las empresas y actores económicos, entre ellos los inversionistas, están a la expectativa para la toma de decisiones y poder considerar a Guatemala como un ambiente propicio para hacer negocios a largo plazo. Es crucial que se respete el Estado de Derecho para mantener el tejido empresarial y atraer inversiones que generen empleos”, recalcó.

Efectos primarios

Otra de las preguntas a los consultados se relacionó con sus expectativas y confirmaron que, en el corto y mediano plazo, pueden verse afectadas.

Zapata respondió que, sin lugar a duda, la falta de certeza jurídica en los procesos institucionales afecta la capacidad que puedan tener los agentes económicos para generar inversiones.  “Guatemala es un país que está en proceso de mejorar sus instituciones y en esa medida debemos apoyar a que se fortalezca el estado de derecho”, aclaró.

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La directora de AmCham destacó que pueden revertirse las intenciones de invertir, pues los inversionistas tomarán más precauciones y tardarán más en el proceso de elegir a un país que les ofrezca certezas de todo tipo. “Uno de los principales factores que un inversionista busca en un país es la estabilidad política y jurídica. La falta de la misma es una alarma roja”.

Lacs Palomo añadió que los agentes tienen expectativas sobre el buen clima económico político y legal para sus negocios, pero si falla uno de estos, causa incertidumbre y los obliga a retomar sus planes y algunos prefieren poner en pausa el desarrollo de los negocios, hasta que se despejen los nubarrones.

“Cuanto más rápido se resuelvan los procesos que causan incertidumbre, más pronto se toman decisiones económicas positivas. Entre menos frecuente sean estas causas legales de riesgo, más confianza hay a mediano y largo plazo”.

El presidente de Camcor señaló que la incertidumbre es de los principales retos a superar para ofrecer un buen clima de negocios y la certeza de un proceso electoral es un evidente ejemplo de la estabilidad jurídica y social, así como del clima de negocios.

“Ante esta incertidumbre, se atrasa la toma de decisiones que frenan la dinámica de negocios, como las decisiones de invertir, incrementar operaciones y contratar más personal. Esto repercute en menos transacciones, reducción de empleos y por ende, un freno económico que es complicado superar porque implica devolver la confianza a los agentes económicos”, concluyó.

Sector turismo, a la espera

La Cámara de Turismo de Guatemala (Camtur) también emitió un comunicado indicando que ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la recepción de esta por el Tribunal Supremo Electoral, y se solicitó el respeto a la voluntad ciudadana manifestada en las elecciones del 25 de junio, así como al proceso electoral en su totalidad.

Rolando Schweikert Rozotto, presidente de la entidad, indicó que por el momento, los operadores o empresas extranjeras que traen grupos organizados y que tienen grupos programados están a la expectativa de lo que sucede porque con tanta noticia que hay,  prefieren cambiar de fecha, cancelar o seleccionar otro destino. Esto, principalmente lo relacionado con el área de congresos y convenciones.

“Lo que yo sé es que todavía están confirmados los eventos para después de las elecciones, pero han estado pendientes de lo que sucede en el Parque de la Industria y el estricto apego a la ley. Creemos que conforme pasen los días, se estará aclarando el panorama electoral. Los observadores nacionales y extranjeros fueron testigos del respeto al voto en los centros de votación y algunos estuvieron presentes hasta el momento de emisión de las actas”, declaró.

Esther Brol, presidenta del Buró de Convenciones (que agrupa a grandes hoteles) dijo que no se han registrado cancelaciones de reuniones, congresos y convenciones. Lo que han experimentado es una desaceleración para algunos eventos durante el año,  pero indica que es normal en un período electoral.

“Respecto a eventos grandes no tenemos registros de cancelaciones. Pero tenemos fe en que la institucionalidad va a prevalecer y la tenemos que respaldar; también hacemos un llamado a la reflexión a aquellas fuerzas partidistas que están haciendo solicitudes alejadas de la ley y esperamos que se respecte la institucionalidad”.

Consultada acerca de que si tarda más la situación de incertidumbre podría afectar la actividad de turismo, la directiva dijo ante cualquier circunstancia, ya sea desastre natural, inestabilidad política u otra causa, una de las actividades económicas más sensibles es el turismo, por lo que sí podría haber efectos y los viajeros pueden decidir cambiar sus destinos.

Jorge Mario Chajón, consultor en temas de turismo, agregó que por el momento no posee información de cancelaciones de grupos de viajeros extranjeros o de reuniones o convenciones. “Y como el problema no ha pasado de acciones legales (por inconformidades contra resultados) aún no hay impacto en el turismo, lo que sí puede suceder si hay desórdenes en la vía pública o situaciones que afecten la seguridad del turista, lo que se espera que no se dé”.

CIG: Siete aspectos a considerar

Por su parte, Raúl Bouscayrol, vicepresidente de la junta directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), enumeró por lo menos siete puntos a tomar en cuenta sobre esta coyuntura de falta de certeza política y jurídica:

En principio puntualizó que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) vigente establece la existencia del proceso de revisión de escrutinios en el artículo 238. El cual, según el directivo, dicta claramente que, de haber alguna impugnación por parte de los fiscales de los partidos políticos, se deberá programar una audiencia de revisión dentro de los cinco días hábiles después de los comicios.

Todo ciudadano tiene el derecho de solicitar conforme a la ley las acciones que considere necesarias para salvaguardar sus derechos o su integridad, pero siempre debe prevalecer el respeto por la ley a la hora de exigir revisiones y resolver apelaciones.

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Por otro lado, para asegurar la consolidación del Estado de Derecho, se debe respetar la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), la cual es parte del proceso democrático, asegurando que se cumplan los plazos establecidos para resolver dentro del marco de la ley. “Solo resguardando el respeto a nuestras leyes y normativas aseguramos que Guatemala se mantenga como un destino de inversión nacional e internacional, ya que la certeza jurídica es clave para atraer y mantener estas inversiones”.

“Actualmente Guatemala va por una muy buena ruta en cuanto a la atracción de inversión y la mejora de la competitividad del país, por lo que debemos mantener esa certeza para los inversionistas”.

En ese sentido, explicó que “todos los guatemaltecos estamos pendientes de que las acciones y decisiones sean acorde al Estado de Derecho y que se garantice el proceso electoral conforme a las leyes vigentes, respetando la voluntad de la ciudadana en el ejercicio del voto. Manifestamos que la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto de 2023, debe mantenerse. El respeto al orden constitucional, el imperio de la ley y el Estado de Derecho hace imperativo que el 14 de enero del 2024 asuman las nuevas autoridades electas”, reiteró.

A su criterio, es importante contar con certeza jurídica en todas las actividades, ya que es la única forma de consolidar el Estado de Derecho y realmente atraer inversiones.

Al preguntarle sobre las expectativas de los agentes económicos, Bouscayrol respondió que “consideramos que al momento es muy prematuro indicar si habría alguna reacción de los agentes económicos. Recordemos que la macroeconomía guatemalteca es sumamente sólida y estable, por lo que no se esperarían cambios en el corto plazo. Reiteramos la importancia de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto, de manera que los temas económicos sigan su curso normal y no haya ninguna afectación al clima de negocios o la certeza jurídica en el país”.

Más pronunciamientos

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), aseguró que, en cualquier escenario de falta de certeza política o jurídica, se crean factores que dificultan a los empresarios tomar decisiones de inversión, como la adquisición de algún activo, equipo o maquinaria e incluso, para iniciar una empresa, contratar trabajadores o ampliar sus capacidades de operación.

Destacó que ante la coyuntura no se puede hablar de un efecto inmediato, excepto que quienes estaban pensando en invertir en estas semanas, ponen una pausa su decisión y esperan hasta que se aclare el panorama.

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“A mediano y largo plazo es necesario que, sin importar los partidos políticos, quienes resulten oficialmente electos al Congreso, alcaldías y el ejecutivo, tengan claro que la responsabilidad en el ejercicio del cargo es ante toda la ciudadanía. Es decir que, desde el Congreso o desde el Ejecutivo o la alcaldía, se gobierna en beneficio de toda la ciudadanía, no de grupos particulares políticos o de los que votaron de cualquier manera.

Los gobernantes, como lo dice la Constitución Política de la República, están sujetos al imperio de la ley en el ejercicio de sus funciones.  Y por eso es muy importante que en sus discursos y en sus acciones no dejen duda sobre que en sus decisiones respetarán el marco jurídico vigente y el estado de Derecho. Eso permitirá que los inversionistas tengan confianza y puedan mantenerse las inversiones actuales y se continúe en una agenda de atracción y facilitación de la inversión para que los miles de guatemaltecos que buscan un empleo puedan tener la oportunidad de encontrar un trabajo en Guatemala”, concluyó.

Además, por medio de un comunicado de prensa, la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) se pronunció al respecto y exige el estricto cumplimiento de la normativa jurídica referente al escrutinio del proceso electoral porque es clave para la democracia en el país.

“Dada la preclusión de acciones que debieron plantearse el mismo 25 de junio, no deben resolverse favorablemente recursos cuyo único objetivo es dilatar el derecho de la población a conocer oficialmente el resultado de las elecciones generales”, expone.

Indica que distintos sectores han hecho públicos varios comunicados en los que indican que después de haber realizado ejercicios serios de tabulación de resultados -utilizando las actas de las Juntas Receptoras de Votos-, las variaciones son mínimas y no cambian las posiciones dadas a conocer previamente por el Tribunal Supremo Electoral.

“El proceso electoral guatemalteco ha sido reconocido internacionalmente por la legitimidad que genera la participación voluntaria de más de 100 mil ciudadanos. Todos ellos, en un acto de civismo, participan en las Juntas Electorales y Juntas Receptoras de Votos en todo el país y son quienes garantizan la pureza del escrutinio el día de las elecciones. En consecuencia, no se debe poner en duda la actuación de estos ciudadanos en menoscabo de nuestra democracia electoral”.

Por lo tanto, esa cámara enfatizó que denuncia y se opone a cualquier intención de causar la nulidad del proceso verificado el 25 de junio. “Retardar el anuncio de quienes ganaron la primera vuelta, genera polarización e incertidumbre entre la población; en consecuencia, es imperativo oficializar a los ganadores y que el balotaje se lleve a cabo en la fecha establecida”, que es el 20 de agosto.

Cacif: Somos optimistas

Ignacio Lejárraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), comentó que lo principal es tratar de ser optimistas y consideró que ayer se observó un proceso un poco más tranquilo en cuanto al comportamiento de los partidos políticos, el cotejo de actas y las audiencias para las impugnaciones.

“Yo esperaría que ellos (partidos) en una posición madura, no estén procurando ningún proceso que pueda venir con una judicialización. Creo que los actores sociales han sido muy enfáticos incluyéndonos a nosotros, en que este proceso ya debe caminar al paso que debe ser. Poner recursos únicamente con un fin de atrasar el proceso con no sé qué intenciones, claramente es algo que puede causar demasiado malestar a la ciudadanía guatemalteca”, subrayó.

A su criterio, las expectativas son optimistas y los partidos que están en una posición de querer poner todavía más recursos, deben entender que “luego del proceso con las audiencias de impugnaciones y el cotejo de las actas, deberían quedarse con la tranquilidad de que los votos, son los que son, con las pequeñas diferencias que se pudieron dar, derivado que a la larga somos humanos, pero no vemos que en las mesas hayan sucedido hechos de mala fe”.

En octubre, el Índice de Confianza en la Actividad Económica (Icae), se sitúo en 45.33 puntos, de acuerdo con el reporte publicado por el Banco de Guatemala (Banguat), señalando que, de agosto a octubre, el indicador se mantuvo por debajo de la zona de expansión.

La encuesta del Icae tiene como objetivo medir la percepción de la confianza de los agentes económicos en el clima de negocios e inversión en el país y cuando supera los 50 puntos, hay una mejora en tal apreciación, pero cuando es inferior, refleja un nivel de indecisión o incertidumbre que afecta las inversiones a futuro y, por consiguiente, al empleo.

Por ejemplo, en agosto la posición fue de 46.09 puntos; en septiembre, 49.58 puntos; y en octubre,  45.33 puntos. El más alto reportado en este periodo ocurrió en enero de este año, cuando fue de 80.12 puntos. Las preguntas del banco central son respondidas por un panel de analistas a quienes se consulta de manera mensual.

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Resultados concretos

El informe detalla que siete de cada 10 consultados considera que el clima de negocios para las actividades del sector privado se mantendrá igual en los siguientes seis meses, mientras que 15 respondió que mejorará y otro 15 por ciento dijo que empeorará.

De igual forma, el 70% considera que la economía no está mejor que hace un año y el 30% afirmó que sí. A la pregunta de si espera una mejora en la evolución económica del país en los siguientes seis meses, 73.7% dijo que no y 26.3% respondió sí.

Finalmente, el 80% afirmó que la coyuntura actual de las empresas en el país no es segura para efectuar inversiones; 10% de los encuestados respondió que es buen momento para invertir y un porcentaje igual dijo que no.

Factores de influencia

Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), afirmó que hay por lo menos tres aspectos que están influyendo en los tomadores de decisiones y que podría explicar el resultado del Icae en octubre pasado.

La primera está asociada a que las personas “creen” y no es que vaya a haber una recesión económica en Estados Unidos, por el manejo de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), pues si a los norteamericanos “les da una gripe, a sus vecinos les da una pulmonía”.

Esta es la principal preocupación porque se considera que por el incremento de las tasas de la Fed para poder controlar la inflación en Estados Unidos que está por encima del 8 por ciento, muchos empresarios tengan dudas sobre los impactos o que el dinero se vuelva más caro”, remarcó el directivo.

Aunque aclaró que no hay una correlación directa entre las tasas de la Fed y las del mercado guatemalteco, “pero eso no quiere decir que los tomadores de decisiones no se asusten”.

También estaría influyendo el comportamiento del precio del diésel, que es el principal combustible que se utiliza para el movimiento de personas y mercancías, y a pesar de que, en el mercado internacional, el barril de petróleo ha bajado, este carburante no lo hace y no hay una suficiente oferta, por lo que el encarecimiento continúa.

El diésel impacta al transporte público, fletes, maquinaria y “no se ve que vaya a bajar pronto” ahora que está por entrar el invierno en el hemisferio norte, destacó Estrada.

Finalmente, también está influyendo el tema de la incertidumbre política “porque no se saben quiénes son los actores”. Sin embargo, aclaró que hay estabilidad macroeconómica y que el ingreso de remesas familiares continuará creciendo, pero por los demás factores, las personas perdieron la confianza ahora en el último mes.

El pasado martes 8 de noviembre, durante el conversatorio “Economía en Alerta: ¿hay que prepararse para una recesión en 2023?”, que organizó Prensa Libre, Álvaro González Ricci, presidente del Banguat, aseguró que no va a haber recesión en Guatemala y que para este año se proyecta que la economía cierre en 4%, lo que, en el entorno mundial, es un resultado bueno; mientras que para el 2023, la expectativa de crecimiento es del 3.5%.

Mezcla de circunstancias

Para el internacionalista independiente Roberto Santiago Servent, el descenso a 45 puntos del Icae en octubre pasado también se debe a varios factores que impactaron tanto macroeconómica como microeconómicamente, y parte de las variaciones inestables y alta fluctuación de los derivados del petróleo.

Además del comportamiento del tipo de cambio que en octubre registró una apreciación respecto al dólar, lo que también influyó en el costo de la Canasta Básica de Alimentos, mientras el desempeño de la inflación sigue alcista (9.7% en el mes indicado).

“También es tema de preocupación la anticipada promoción política de algunos candidatos y partidos, junto al accionar dudoso y preferencial de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de cara a las elecciones 2023, lo que está creando un estado de alarma entre la población y los inversionistas”.

A marzo, el Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) se ubicó en 57.49 puntos, levemente superior a los 57.19 de febrero y 51.18 de enero, reportó el Banco de Guatemala (Banguat).

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Es decir, hubo un comportamiento similar entre febrero y marzo de este año, al de marzo de 2020 cuando se ubicó en 57.52 puntos, precisamente cuando se detectaron los primeros casos de la enfermedad en Guatemala.

En ambos meses, el indicador está por encima de los 50 puntos, un factor que es considerado como la zona de expansión, es decir, que hay mejores expectativas en la producción nacional a futuro.

De marzo a agosto del 2020, el Icae tuvo los niveles más bajos reportados en el último año, pero fue a partir de septiembre, con la liberación de la economía, cuando se presentó una mejora en la percepción de los tomadores de decisiones.

Observancia

La percepción de los agentes económicos en marzo pudo haber estado influenciada por la elección de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que tomarán posesión a mediados de abril. La noticia generó expectativa en diferentes sectores.

Por otro lado, está el llamado de diversos sectores de agilizar el proceso de vacunación por el Ministerio de Salud, con las compras por medio del mecanismo COVAX, una nueva ola de contagios y las medidas que se han adoptado en algunos municipios por autoridades locales por el desplazamiento en Semana Santa.

El envío de remesas familiares en marzo recuperó los niveles previos a la pandemia, y creció un 16.7 a febrero, con US$207 millones más que el año pasado, un dinero se destina al consumo interno.

Además, dos agencias de calificación de riesgo-país hicieron evaluación a Guatemala y, próximamente, darán a conocer los resultados.

Un informe preliminar de la SAT indica que, en marzo, la recaudación mensual estaría superior en Q400 millones con respecto a marzo del año pasado, y estaría explicado por el comportamiento económico, y el precio del petróleo que favorece los ingresos.

Resultados

El reporte da cuenta de que el 68% de los entrevistados considera que la actividad económica productiva para los siguientes seis meses mejorará y un 31.2% considera que se mantendrá igual.

Es decir, que siete de cada 10 consultados mantiene que el clima de negocios mejorará en los siguientes seis meses.

Además, nueve de cada 10 respondieron que la economía no está mejor que hace un año, y solo uno (de diez) respondió que sí.

Para los siguientes seis meses, el 93% de los entrevistados ha considerado que la evolución de economía mejorará y uno (de diez) dijo que no.

Finalmente, ante la coyuntura actual, el 68% afirmó que no está seguro para hacer inversiones, 18% dice que es buen momento y 12% considera que es mal momento.

Preocupación

Consultado Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, sobre los resultados, afirmó que la principal preocupación como Ejecutivo es que después de la Semana Santa no exista un rebrote por el desplazamiento de personas y que pueda, de alguna forma, generar cierta inestabilidad en la confianza.

Aclaró que sobre adoptar algunas medidas después de Semana Santa, son temas que se han abordado a nivel de Gabinete, pero está en manos de las personas tomar consciencia y que se sigan manteniendo las medidas sanitarias.

El XIII Foro Centroamericano de Competencia se llevará a cabo el jueves 22 y viernes 23 de agosto, en el Hotel Radisson de la Ciudad de Guatemala.

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El jueves estará abierto para todo público y el viernes únicamente para las autoridades de Competencia de Centroamérica y expertos invitados para el efecto.

Se espera la presencia de 200 personas, entre autoridades de competencia de 12 países y representantes de cámaras empresariales, Congreso de la República, sector gubernamental, cuerpo diplomático acreditado en el país

El lema del foro es: “Consideraciones sobre la importancia de la Política de Competencia como elemento fundamental de la Economía de Mercado”.

El foro forma parte de las actividades que las autoridades de Competencia de Centroamérica organizan en el marco de lo que  legalmente se conoce como Red Centroamericana de Autoridades Nacionales encargadas del Tema de Competencia –Recac-.

La Recac, entre otras cosas, organiza anualmente el Foro Centroamericano de Competencia con el objetivo de intercambiar conocimientos y compartir experiencias en la aplicación de la Política y Ley de Competencia, a efecto de promover y fomentar la cultura de la competencia en los países centroamericanos.

La actividad la organiza el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Promoción a la Competencia del  Viceministerio de Inversión y Competencia.

Compromiso pendiente

Centroamérica, con excepción de Guatemala, ya cuenta con el sistema de normativas relacionadas con la competencia, como acuerdo de la Unión Europea.

El país se comprometió a tener una ley de Competencia, y el plazo venció el 30 de noviembre de 2016.

La legislación tiene como propósito regular la protección a pequeños y grandes competidores, controla que no haya monopolios, ni prácticas de concentraciones, ni carteles, lo cual implica mejores precios, promoción del desarrollo económico y generación de empleo.

José Ramón Lam, viceministro de Inversión y Competencia comentó que la ley está entrampada en el Congreso de la República, y se encuentra en tercera lectura.

“Estamos trabajando con la Comisión de Economía y hemos tratado de lograr consensos, pero falta voluntad política para poder aprobar mencionada ley”, dijo Lam.

El funcionario enfatizó que las autoridades de Competencia centroamericanas están preocupadas porque el país no avanza en el tema de la ley, y la integración centroamericana la requiere.

Por aparte, dijo Lam, la política de Competencia está elaborada y aprobada en todas las instancias administrativas, y en el Viceministerio están tratando que el proceso de aprobación se dinamice, porque debe ser aprobada mediante Acuerdo Gubernativo en gabinete de ministros.

Abrir espacios de discusión

Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Derecho de la Competencia (IDC) dijo que Guatemala no tendrá voz y voto en el foro, pero aprovecharán a mantener viva la discusión con la presencia de diferentes funcionarios y especialistas en el tema.

Entre ellos, se encuentra una funcionaria de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la Comisión Federal de Competencia de México, un ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una funcionaria de la Comisión Nacional de los Mercados y Defensa de la Competencia de España. 

Uno de los temas que se abordará es el de las concentraciones económicas, dijo Palma, porque en un panorama ideal un mercado sano es en el que hay una intensidad de competencia, y no existe concentración en agentes económicos, porque hay muchos oferentes, y por lo tanto la competencia es “intensa”.

Pero, en la medida en que existan mercados concentrados  -reducción significativa del número de agentes económicos que participan del lado de la oferta- es probable que se puedan dar algunas restricciones a la competencia.

Por lo anterior, se abordarán algunos ejemplos que se están dando en Guatemala y en otros países de Centroamérica, dijo Lam, viceministro del Mineco.

Otro de los objetivos de la actividad es analizar la competencia como factor esencial de desarrollo económico y sus beneficios para las pequeñas economías, beneficios de la competencia en el bienestar del consumidor, la necesidad de un marco normativo adecuado para la defensa y la promoción de la competencia en Guatemala, entre otros temas.

Además, es una oportunidad para abrir espacio de discusión para la socialización de la política y de la Ley de Competencia entre los diferentes sectores económicos y sociales de Guatemala, enfatizó Lam.

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Los guatemaltecos acudirán a las urnas el próximo domingo con la intención de cambiar autoridades de Gobierno en la búsqueda de un mejor porvenir.

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Por esta cantidad se endeudó el Gobierno de Jimmy Morales a meses de dejar el cargo

Al presidente Jimmy Morales le quedan menos de siete meses de gestión, la cual se caracterizó por una incertidumbre generalizada, lo que influyó en las decisiones de los agentes económicos.

Morales, en términos generales, deja una economía estática y orgánica.

Aunque hubo un contexto internacional favorable, por el desempeño de la economía de Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país, no se aprovechó al máximo.

Por otro lado, las recientes disputas comerciales entre EE. UU. y China, que ahora se trasladó hacia México, por la migración, podría complicar el terreno de los negocios, ante las expectativas que este tema ha generado.

Dirección

Durante su discurso en la Cumbre Empresarial del Sistema de Integración Centroamericana (Sica), el gobernante aseguró ante un grupo de empresarios que cumplió con sus ejes en materia económica.

Habló de estabilidad política y buena gobernanza, reglas claras para la inversión y certeza jurídica, pero ese discurso es contrastante.

Para Érick Coyoy, integrante de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), la administración de Morales se caracterizó por la falta de un empuje a la producción nacional para dinamizarla.

Ese papel lo desempeñó el ingreso de divisas por remesas familiares, que, por el aporte y volumen, mantienen la economía, así como la llegada de capitales privados.

“Desde el punto de vista interno no hubo factores que dinamizaran la economía y más bien fueron factores externos como remesas y capitales que favorecieron”, destacó.

Agregó que por el lado fiscal tampoco hubo acciones para una mejora en la eficiencia y la calidad del gasto que permitiera ampliar la cobertura de servicios públicos.

No obstante, en infraestructura, en este último año de gobierno están en ejecución algunos proyectos de rehabilitación, pero no existe una mejora sustantiva.

Además, en el informe de Competitividad Global de 2017 más de la mitad de los empresarios de Guatemala entrevistados reportaron que los principales problemas que limitan la inversión en el país son la criminalidad, la corrupción, la ineficiencia del Gobierno y la falta de infraestructura pública.

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Desaceleración

Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en México, precisó que para Centroamérica y Guatemala se pronostica una desaceleración —ritmo de crecimiento menor— que estará explicada por el desempeño de la economía de los Estados Unidos.

“No se presentarán los estímulos fiscales en EE. UU., y eso podría limitar la economía para este año a los países dependientes”, subrayó.

Beteta señaló que una de las ventajas de Guatemala es que cuenta con una economía muy prudente, sólida, y ha superado varias crisis políticas y económicas. Por supuesto, con una dinámica distinta, vientos a favor y una incertidumbre de mercados.

Para estas elecciones, el director de la Cepal dijo que se esperan resultados rápidos y que no sean motivo de controversias, para que el país no se vea afectado.

Recordó que Guatemala cuenta con bases macroeconómicas sólidas y espera que el período de transición no sea tan preponderante, ya que los inversionistas siempre están evaluando los resultados y las nuevas autoridades que salgan electas.

Reactivar la economía

El gobierno que asuma en enero del 2020 tendrá que   presentar un plan para reactivar la economía.

El plan debe   contener por lo menos tres ejes que se consideran   estratégicos y que pueden responder de   inmediato a “recuperar” la confianza y crear un mejor ambiente de negocios en el país.

Una hoja de ruta para reactivar la economía es la inversión en infraestructura, certeza jurídica y atracción de inversiones.

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), considera que el nuevo gobierno no debe   invertir solo en carreteras, puertos y aeropuertos, sino   también en escuelas, hospitales, centros de salud, sistemas de riego, agua y saneamiento, e incluso en centros carcelarios y otro tipo de infraestructura que promueva mayor   productividad.

Enrique Lacs Palomo, director de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, considera que para desarrollar la economía se necesitan medidas que estimulen la inversión y generen empleos, lo cual implica, entre otras condiciones, una política monetaria que pueda brindar más acceso al crédito a emprendedores, de bajo costo y sin comprometer la resiliencia macroeconómica, e implementar urgentemente un programa de facilitación de negocios.

Además, se necesitan acciones como mejorar el sistema educativo y brindar mejor formación y capacitación que se pueda traducir en productividad.

Así también, es importante el fomento de las pequeñas y medianas empresas, asistencia técnica, gestión empresarial, instrumentos de financiamiento y compras públicas, ya que tienen gran importancia en la creación de empleos, así como reducir la tramitología.

Clima político inestable

Varios acontecimientos se dieron en la actual administración que generaron expectativas a los agentes económicos y algunas acciones partieron del Ejecutivo.

2016

• Falta de infraestructura: El primer año de gobierno se caracterizó por el poco interés en la recuperación de la red vial. Las principales carreteras estaban deterioradas, por la falta de mantenimiento.
• Conflictividad social: Varios proyectos registraron conflictividad social en comunidades y esta fue una de las causas para que se desmotivaran   las inversiones en   áreas estratégicas.

2017

• Unión aduanera a medias: Guatemala perdió liderazgo a escala regional y suscribió la unión aduanera con Honduras, en un proceso que aún está incompleto y falta que se consolide.
• Conflicto con la Cicig: El mandatario empezó con un ciclo de confrontación con la Cicig, lo que propició expectativas negativas para la toma de decisiones, así como un mal clima de negocios.

2018

• Caída de la carga tributaria: Varios organismos internacionales y agencias de calificación señalan la caída de la carga tributaria en Guatemala y se proyecta que para este año se incremente.

2019

• Mayor endeudamiento: Guatemala colocó un eurobono por US$1 mil 200 millones en el mercado internacional, aprobado por el Congreso, y amplió con ello la deuda pública.

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Aunque los indicadores macroeconómicos muestran una estabilidad, los agentes económicos perciben un clima de desconfianza por la coyuntura que vive el país, afirmó ayer Sergio Recinos Rivera, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM).

El Índice de Confianza de la Actividad Económica —que mide la percepción de los agentes— se ubicó en julio último en 28.6 puntos, inferior a los 33.4 puntos reportados en junio.

“El índice, que recoge las expectativas de los agentes económicos en cuanto a cómo miden la economía y cómo la proyectan para el futuro próximo, viene disminuyendo”, reconoció Recinos.

El presidente del Banguat explicó que esa tendencia de desaceleración podría continuar, pero al acercarse las elecciones también puede modificarse la tendencia y aclarar el panorama político, asuntos que ayudarían a que las expectativas puedan mejorar.

Juan Alberto González, economista independiente, subrayó que, a corto plazo, las expectativas para los agentes económicos son negativas por el trastorno político.

“Este tipo de movimientos están generando intranquilidad a los agentes que toman las decisiones”, refirió.

El especialista cree que las expectativas negativas generarán desconfianza en áreas como inversión y recaudación, así como un leve impacto en la producción nacional, el cual podría ser incluso imperceptible.

El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE) de junio reportó que la producción fue un 3.7% menor al 4.8% de junio del 2014.

Recinos expuso que el crecimiento de la economía —medido por el producto interno bruto— se mantiene en el rango del 3.6% al 4.2%, y que según las últimas evaluaciones, la producción alcanzaría ese límite superior este año.

El banquero central subrayó que el impacto por la ampliación de la crisis institucional se manifestaría en el 2016, en áreas como la inversión.

“Habrá un nuevo gobierno que, por lo general, goza de mayor credibilidad. Pero, a la vez, hay una menor ejecución del gasto”, aseguró el presidente del Banguat.

Bajo la lupa

Las firmas calificadoras de riesgo país, así como el Fondo Monetario Internacional,  mantienen las alertas hacia Guatemala por la renuncia del ministro de Finanzas, Dorval Carías, el pasado lunes, en medio del proceso de la presentación del proyecto del   presupuesto del 2016.