Asociaciones de prensa rechazan resolución de la CC que valida investigaciones contra periodistas

Según el MP, en 2023, los periodistas habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia en el caso que se sigue contra José Rubén Zamora.

José Manuel Patzán

12 de marzo de 2025 | 17:57h

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El MP allanó las instalaciones del desaparecido diario elPeriódico, por el caso contra su fundador, Jose Rubén Zamora. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Asociaciones de prensa se manifestaron en contra de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que en diciembre último rechazó la apelación presentada para detener la persecución contra comunicadores.

La acción constitucional de amparo de carácter preventivo contra fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) fue presentada el 30 de mayo de 2023. Los ponentes fueron la Cámara de Locutores Profesionales, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Cronistas Deportivos Guatemaltecos, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, la Red Rompe el Miedo Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo y el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social.

Según las organizaciones, el amparo se interpuso porque el MP solicitó las publicaciones realizadas en elPeriódico desde el 22 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, lo cual, según el comunicado, hacía evidente “el riesgo de que fuera utilizado el derecho penal como vía para criminalizar la libertad de expresión”.

Las organizaciones indicaron que se busca “evitar la violación plena de los derechos de libertad de expresión y de pensamiento, así como de la libertad de prensa, para cuyo resguardo existen mecanismos prejudiciales constitucionales, como los tribunales de imprenta”.

También señalaron que el 10 de enero de 2024, el Juzgado Quinto Penal resolvió que los casos mencionados no fueran juzgados por la vía penal, sino que un Tribunal de Imprenta debía conocer el expediente. Sin embargo, la FECI apeló dicha resolución.

El 10 de marzo de 2024, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso de apelación planteado por el MP. Sin embargo, la FECI sigue conociendo el caso, pues el Tribunal de Imprenta nunca fue conformado.

“Cabe señalar, además, que como consecuencia de la persecución penal, las violaciones y la falta de garantías que ya se han producido, el diario elPeriódico decidió su cierre tras 30 años de actividad”, refieren.

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Resolución

Ante la denegatoria de la Sala Segunda, las organizaciones de prensa y sociales apelaron ante la CC.

Diecinueve meses después, esta Corte declaró sin lugar la acción, pues el amparo “no constituye la vía adecuada para reclamarla, debido a que, como ya se indicó, corresponde tanto al juez o tribunal competente conocer y decidir sobre los mismos, además de que las organizaciones peticionarias no forman parte del proceso”.

“Recalcamos que el amparo es de carácter preventivo, no reactivo; es decir, no busca la corrección de lo actuado una vez emitida una sentencia, sino que tenía como fin evitar violaciones que se han producido a partir de que fuera interpuesta nuestra primera acción, ya que jueces y tribunales han sido responsables de dichas acciones, mostrando su negativa a acatar las garantías judiciales, aun cuando sus decisiones deberían encontrarse bajo el control del poder judicial”, indicaron en el documento.

Además, sostienen que la CC “pareciera no tomar en cuenta que, precisamente, la Ley de Emisión del Pensamiento establece en su artículo 35 que no constituye delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Agregaron: “Deben conformarse tribunales de imprenta cuando algún funcionario sienta que han sido vulnerados sus derechos y que, de ninguna manera, debe penalizarse la libertad de expresión, según la legislación nacional e internacional”.

Las organizaciones de prensa manifestaron que lo resuelto vulnera un derecho y una ley con rango constitucional que no puede ser restringido, conforme lo define el artículo 35 de la Constitución.

También indican que, ante esta resolución, se pone en riesgo el trabajo de los periodistas, los medios de comunicación y la libertad de expresión de líderes de opinión, sectores sociales, partidos políticos, iglesias, comunidades y toda persona.

“Las organizaciones de prensa del país exhortan a la máxima Corte a cumplir con sus misiones principales: defender el orden constitucional y proteger los derechos y libertades de los guatemaltecos, lo cual solo será evidente cuando los casos en mención sean juzgados por tribunales de imprenta y sean respetadas las garantías judiciales de las personas ahora criminalizadas”, puntualizaron.

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El caso

En febrero de 2023, el juez Décimo Penal, Jimi Bremer, a solicitud de la fiscal del Ministerio Público (MP), Cinthya Monterroso, ordenó investigar a periodistas y columnistas de elPeriódico, así como a otros medios de comunicación, como parte del proceso que se sigue contra José Rubén Zamora Marroquín, quien está detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de lavado de dinero.

Según el MP, los comunicadores habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia. La fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthya Monterroso, solicitó al juez que se investigue a otros periodistas que, de acuerdo con su criterio, colaboran con Zamora.

Nuevo presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, afirma que en Guatemala se están cerrando los espacios para el periodismo

El presidente y director del medio salvadoreño la Prensa Gráfica, José Roberto Dutriz, asumió ayer 20 de octubre como presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el marco de la asamblea que se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba, Argentina.

José Manuel Patzán

21 de octubre de 2024 | 05:09h

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José Roberto Dutriz fue nombrado, recientemente, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).(Foto Prensa Libre: cortesía)

Durante la 80 Asamblea Anual de la SIP se abordaron temas relevantes para la región, como el deterioro democrático de las libertades de prensa y de expresión, la sostenibilidad de la industria de los medios y los retos que la inteligencia artificial y otras expresiones de las nuevas tecnologías plantean al periodismo.

La SIP es una organización que no tiene fines de lucro y que desde 1943 está dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión a lo largo y ancho del continente americano. La integran más de 1 mil 300 publicaciones y su sede se encuentra en Miami, Florida, Estados Unidos.

José Roberto Dutriz, quien fungía como vicepresidente de la SIP fue nombrado presidente de la organización y se convirtió en el primer salvadoreño en ocupar este cargo. En su nuevo rol, Dutriz conversó con Prensa Libre y abordó la situación de la libertad de expresión en América Latina, así como el panorama actual que enfrenta tanto la prensa como la sociedad en la región.

¿Cómo evalúa el trato que los gobiernos tienen con la prensa?

La libertad de prensa y libertad de expresión es responsabilidad de la SIP a nivel continental y podemos decir que está deteriorada por momentos, en el caso de América nos preocupan los casos extremos de la censura, el encarcelamiento de periodistas, de los atentados, como el del medio de comunicación El Debate en México.

También, la situación de los periodistas en Nicaragua, el clima de acoso que se vive en ese país y que ha derivado en el encarcelamiento de muchos periodistas, varios han sobrevivido, pero están en el exilio, en Nicaragua no se puede hacer periodismo independiente, también vemos en Costa Rica una crispación en la democracia con los discursos fuertes del presidente.

¿Cómo analiza el caso de Guatemala respecto a la libertad de prensa y de expresión?

Es preocupante y es poco probable que el ambiente en torno a la libertad de prensa cambie en el corto plazo, no hay reformas estructurales en el sistema de justicia y una mayor protección internacional para garantizar la libertad de prensa. En Guatemala el papel de organizaciones como la SIP será crucial para documentar abusos y defender los derechos de los periodistas.

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¿Considera que hay acceso a las fuentes de información en Guatemala y países vecinos?

En Guatemala vemos una situación política difícil, al igual que el acceso a la información, como sucede en otros países, por ejemplo, en El Salvador el periodismo sufre el difícil acceso a las instituciones públicas, si nos vamos más al sur vemos que en Argentina el presidente habla fuerte contra el periodismo, y se clausuró el instituto de acceso de la información pública. Los funcionarios escogen los medios de comunicación donde les gusta exponerse y no se les cuestiona, esto también sucede en el Salvador, donde hay una orden del presidente Nayib Bukele para que los funcionarios no atienden a la prensa y clausuró el instituto de acceso a la información.

¿Cree que esa censura y favoritismo de los funcionarios también existe en Guatemala para protegerse?

Siempre lo medimos en cada país y Guatemala no es la excepción, está el caso emblemático del periodista Jose Rubén Zamora, a quien se le ha privado de un debido proceso y su libertad se ha demorado en un proceso penal, pensamos que en Guatemala la sociedad se está volviendo inmune a la situación que vive el periodismo, la sociedad se está acostumbrando a un sistema de acoso y a la falta de espacios para el periodismo.

En Guatemala hace falta mucho saber escucharse, los diferentes sectores no se han sentado a escucharse, vemos al presidente Arévalo con dificultad para encontrar consensos con la sociedad, no tiene un momento del todo fácil y eso repercute en que en Guatemala, al no tener una libertad de expresión, no existe inversión extranjera; vemos que algunas inversiones extranjeras buscan otros países en Centroamérica.

¿La censura a la prensa en Guatemala se compara con la de otros países?

Un hermetismo como el de El Salvador o Argentina no hay aún, en Guatemala el gobierno tiene cierta disposición, en realidad el panorama de ustedes deben saberlo mejor que yo, pero sabemos que muchos medios están tomando una posición o un compás de espera o de mejor acomodarse a una especie de autocensura.

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¿Qué puede hacer la SIP para evitar el acoso a la prensa y a la libertad de expresión en Guatemala?

Estamos esperando la respuesta del presidente Arévalo, en una reunión privada que se tuvo con él cuando llegamos en febrero pasado y él ofreció adherirse a la Declaración de Chapultepec que es la carta magna de la SIP y que tiene que ver con defender la libertad de expresión, en ese sentido, él manifestó que quiere suscribir la declaración.

Sin embargo, en esa oportunidad en el Palacio Nacional dijo que se tomaría un tiempo para analizarlo, que estaba de acuerdo, pero que se tomaría un tiempo para respondernos, estamos esperando que se haga un nuevo acercamiento para volverle a plantear, cuándo piensa suscribirse y volver a tener un análisis con diferentes sectores.

¿Qué alcances tendría dicha adhesión para defender la libertad de expresión?

Bueno, la han suscrito varios presidentes de Guatemala en el pasado, con esta declaración el gobernante se compromete a que habrá una libertad de prensa, lo mismo ha sucedido con funcionarios de organismos judiciales, de asambleas legislativas a lo largo del continente, tenemos suscripciones de muchos jefes de Estado, es una declaración que se firmó en 1994 en Chapultepec, México. La población tiene derecho a estar informada, si los presidentes se suscriben a esta declaración podemos decir que estamos en terreno fértil para que una sociedad pueda desarrollarse.

¿Cuál es el llamado que haría a los presidentes de América?

Queremos decirles que se sienten con la prensa para dialogar, que no haya más acosos, persecuciones, encarcelamientos y que pueda tratarse el tema de la desinformación.

La desinformación le hace tanto daño a la sociedad, porque es manipulada y muchos gobernantes recaen en esa práctica, principalmente los que tienen características de autoritarismo y ocupan ciertos medios de comunicación para atacar a los medios independientes, es un tema que se va a tratar en diferentes misiones que tendrá la SIP. La desinformación es una de las cosas que los gobiernos implementan como una guerra injusta contra la prensa independiente y es una defraudación a la sociedad.

El año 2023 fue “devastador” para el periodismo, marcado nuevamente por la impunidad que rodea los asesinatos y detenciones de periodistas y otros trabajadores de la comunicación en todo el mundo, denunció este viernes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en una conferencia con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“71 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en 2023 y solo se ha investigado el 30 % de estos asesinatos“, subrayó el alto comisionado durante el evento celebrado en Ginebra.

“Cuando perdemos a un periodista, perdemos los ojos y los oídos al mundo exterior“, aseguró Türk, quien defendió que, aunque es fundamental celebrar el valor de la verdad en jornadas como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, también lo es “proteger a las personas que trabajan valientemente para descubrirla”.

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El máximo responsable de derechos humanos de la ONU reconoció también la labor de los caricaturistas, los cuales, aseguró, “tienen con sus obras una extraordinaria capacidad para poner de relieve el impacto de los derechos negados, pero también la promesa de los derechos concedidos”.

Disinformation is deepening divides, fueling crises around the world; while free press is under attack.

Just last year, 71 journalists killed, 320 imprisoned.#WorldPressFreedomDay is a chance to stand for truth, protect those bravely working to uncover it & counter oppression.

— Volker Türk (@volker_turk) May 3, 2024

El evento, celebrado en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, concluyó con la entrega del Premio Kofi Annan al Coraje en la Caricatura 2024, que la asociación suiza Freedom Cartoonists Foundation otorga anualmente a dos caricaturistas para reconocer sus esfuerzos en la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Suppression, criminalisation & attacks against journalists are being met w/ impunity.

This cannot become our status quo.

In this crucial election year, we must ensure Govts protect our right to hold those in power to account & speak out when needed@pressfreedom @jodieginsberg

— Volker Türk (@volker_turk) May 3, 2024

Los galardonados de este año fueron la ilustradora india Rachita Taneja, que actualmente se enfrenta a seis meses de prisión por hacer una caricatura de la Corte Suprema de su país, y el caricaturista político hongkonés Zunzi, ampliamente conocido por su trabajo satírico a favor de la democracia.

En el acto también participó la abogada iraní y Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, quien resaltó la crítica situación que vive su país en materia de libertad de expresión e instó a las autoridades iraníes a frenar la represión y el “derramamiento de sangre”.

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Con motivo de este día, la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó su clasificación anual, que mide la situación de la libertad de prensa en el mundo, en el cual Irán ocupa la posición 176 de 180 países.

Mientras tanto, Alta Verapaz, Retalhuleu e Izabal han estado en alerta roja por las lluvias, así como Huehuetenango y San Marcos; estos dos debido al sismo del pasado 7 de septiembre. En Petén, Quiché y Huehuetenango hay lugares con derrumbes. Pero esa realidad es muy lejana para los citadinos. En fin, las personas que viven en el área rural siempre han tenido toda clase de problemas; estos fenómenos naturales que provocan desastres sociales son uno más.

A los huracanes, tormentas tropicales, deslaves, inundaciones, crecida de ríos que arrastran lo que encuentran a su paso se suma otro terrible ciclón, el de la corrupción, que por décadas ha azotado al país y que ahora por fin estamos combatiendo.

Pero además de ese objetivo y de luchar contra la impunidad, también deberíamos abordar lo que están viviendo los millones de personas que nunca han sido atendidas por esta simulación de Estado que tenemos, que siguen con el mismo ciclo de pobreza y desigualdad y que poco saben de qué se trata esta cruzada contra la corrupción.

Las movilizaciones son expresión de la participación ciudadana, en ejercicio de su legítimo derecho. Las autoridades, mesuradamente, han tenido que hacer esfuerzos por evitar confrontación y provocaciones, lo que debe ser reconocido; sin embargo, en medio de todo este movimiento cívico que se ha gestado, empezamos a percibir actitudes que deben preocupar al Gobierno y a la población.

Me refiero a la cobertura de hechos noticiosos en donde ya hay indicios de intolerancia, abuso e incluso violación a normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión, de prensa, de opinión y del derecho a informar y ser informados. Estas agresiones las ejecutan líderes políticos, agentes del Estado y hasta personas individuales.

Hay ciudadanos cuya confianza en el sistema de información ha disminuido. Acusan a unos medios de ser proclives a ciertas tendencias, a otros los señalan de ser parciales y a unos más hasta les han dicho que están “vendidos”. En las redes sociales se han ensañado en contra de periodistas, a quienes tratan de desacreditar y deshonrar.

Pero es inaceptable que las reacciones violentas, las injurias, las calumnias y la difamación se conviertan en la estrategia para atacar a medios y a periodistas que trabajan en ellos, olvidando que dichos comunicadores son trabajadores, igual que quienes están acudiendo a las manifestaciones o aquellos que se expresan en redes sociales.

Debemos poner un alto a esta situación. Los reporteros, corresponsales, periodistas, columnistas, fotógrafos, camarógrafos y todos los que participan en el proceso informativo merecen respeto, están desempeñando un trabajo en función social, están acercando partes de la realidad a la audiencia. No es posible que la prensa se convierta en el “enemigo a vencer”. Y si hay colegas que no están apegando su trabajo a la ética y no se desempeñan con responsabilidad, hay otras vías para denunciarlos, pero rechazamos la violencia y los intentos de degradar el trabajo de la prensa.

iliaalamilla@gmail.com

El periodista se dirigía a su vivienda a bordo de una motocicleta cuando fue interceptado por la turba que le propinó golpes en la cara y pecho, y lo amenazó que si seguía haciendo periodismo le iba a ir mal..

“Cuando me dirigía a mi casa, unas 15 personas, hombres y mujeres, simpatizantes del PP, me salieron al paso e impidieron que continuara la marcha”, expuso el periodista.

El comunicador señaló que entre sus agresores se encontraba un miembro del Comité Comunitario de Desarrollo de esa aldea y un miembro de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Ical Jom fue agredido el 29 de agosto del 2014 en la aldea Santa Catarina Cotoxac, Uspantán, Quiché, por líderes comunitarios, caso por el que enfrentan proceso los hermanos Diego y Antonio Itzep López, por los delitos de detención ilegal y amenazas.

El hecho quedó documentado en un video captado por el camarógrafo que acompañaba a la reportera durante la cobertura de la protesta. En la filmación se observa con claridad cómo la maestra impide que Morales entreviste a uno de los manifestantes y procede a empujarla para que se alejara del lugar.

No se supo la identidad de la educadora. Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos que se encontraban en el lugar tomaron la denuncia de Morales e indicaron que investigarían el hecho.

Acevedo declaró en el Congreso que varios medios de comunicación están en contra de los grupos sindicales y por eso elevará una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo (OIT). Entre los señalados está Prensa Libre y Guatevisión.

Plantón magisterial

Unos mil sindicalistas, en su mayoría maestros, fueron convocados por Joviel Acevedo para reunirse en la Plaza de la Constitución y encaminarse hacia el Congreso para entregar la iniciativa de ley con la cual pretenden que el Legislativo nacionalice la energía eléctrica y la minería.

Acevedo explicó que los sindicatos se unieron luego que grupos de la sociedad civil convocaron a una mesa para exigir cambios a las leyes de Estado.