MP: 7 de cada 10 sentencias por violencia contra la mujer se dictan bajo la aceptación de cargos

La Fundación Sobrevivientes y la Rednovi consideran que el mecanismo supone una burla en la búsqueda de justicia para las mujeres.

Evelyn Boche Ventura

25 de noviembre de 2024 | 05:00h

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AME5991. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 25/11/2022.- Organizaciones de mujeres indígenas y mujeres trans se manifestaron en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "25N", durante una marcha que inició en la Plaza de los Derechos Humanos y culminó en la Plaza Central, hoy en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/ Edwin Bercián

Un 70 por ciento de las sentencias por violencia contra la mujer se han dictado con el procedimiento de aceptación de cargos. De enero a octubre, el Ministerio Público (MP) registra cuatro mil 116 sentencias, de las cuales, dos mil 989 ocurrieron mediante dicho mecanismo, que concede rebaja de penas a los agresores —desde la mitad hasta una quinta parte—, dependiendo de la etapa del proceso judicial en la que se acojan a este.

La aceptación de cargos en los casos de violencia contra la mujer (VCM) es “una burla para la dignidad e integridad” de las víctimas, según Sonia Acabal, de la Red de la No Violencia contra las Mujeres (Rednovi). En la práctica, el mecanismo se convierte en una negociación entre los jueces y los acusados para fijar la pena y un monto en dinero por concepto de reparación digna, explica.

Esa forma de resolución de las denuncias no impone una lección a los agresores de que son violadores de derechos humanos, además de que promueve la reincidencia y no se asegura la reinserción de estos, afirma Acabal.

La abogada también sabe de casos en los cuales se ha retorcido el sistema para aplicar beneficios donde no corresponde, como el cambio de la imputación o acusación, de violación sexual por agresión sexual. Este último delito sí aplica para la aceptación de cargos.

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Pena mínima

“Si a un agresor acepta cargos durante la primera declaración y se le impone la pena mínima, de cinco años, esta es conmutable”, por lo que no va a prisión, explica Carlos Quiej, de la Fundación Sobrevivientes. Esa es la táctica que ha observado de forma constante en la resolución de los casos. A su criterio, el modelo es un punto de fuga en la justicia para las mujeres. A ellas no se les pregunta si están de acuerdo con que su agresor se acoja a la aceptación de cargos, como sí ocurre en el procedimiento abreviado, otra forma de resolver las denuncias.

La presidenta del Tribunal de Sentencia de Femicidio en Chimaltenango, Verónica de León, considera que el gran volumen de casos que llegan a sentencia vía la aceptación de cargos se explica por los beneficios que esta figura otorga. Afirma que, aunque muchos han interpretado que siempre se impone la pena mínima de cinco años, no siempre es así, sino que la pena debe responder al daño causado a la víctima.

Además, asegura, cuando la violencia corresponde con un intento de femicidio, no se pueden aplicar los beneficios.

En la mayoría de los casos, bajo la modalidad de aceptación de cargos las penas de prisión se traducen en la obligación de asistir a programas terapéuticos para modificar las conductas violentas y/o para el tratamiento de adicciones. En cuanto a la reparación para las mujeres, se imponen sumas dinerarias que estén al alcance de los agresores, explica Quiej.

Se entra en una negociación, en un “regateo” de cuánto dinero puede reparar el daño moral que ha experimentado la víctima y muchas veces se exigen documentos —facturas de atención médica, psicológica o gastos en los que incurrió la víctima— para fijar el monto.

¿Es o no eficaz la aceptación de cargos para la reparación de la víctima y la rehabilitación del agresor? Sí, siempre y cuando cada quien haga lo que le corresponde, responde la jueza.

Acabal considera que no existe una cantidad suficiente para restituir a las mujeres antes de la violencia. La abogada refiere que conoció un caso en un departamento, en el cual la reparación digna se fijó en Q400. Y en otros el agresor se burla de las víctimas, alardeando de que logró librarse del proceso.

“No es que se quiera tener a un montón de gente en la cárcel, pero no se manda una lección de que no se tolera la violencia contra la mujer”, agrega.

El delito de violencia contra la mujer ha dejado de ser el más denunciado, y según Acabal, el desinterés se explica por la forma como se abordan los casos.

Violencia psicológica

El delito de violencia contra la mujer (VCM) es el de mayor incidencia entre este grupo de la población. De enero a octubre de 2024, el MP ha registrado 37 mil 313 denuncias, una cifra que se mantiene en los parámetros de los dos años anteriores. La violencia en su manifestación psicológica es el segundo más denunciado, con 28 mil 547 casos.

Para que el MP gestione un caso de violencia psicológica, es necesario que la agraviada documenten tres hechos recurrentes en un periodo de seis meses, de acuerdo con la experiencia de acompañamiento legal que Sobrevivientes ofrece.

Frente al total de 37 mil 313 denuncias por VCM, el MP ha presentado 2 mil 918 acusaciones contra quienes se considera responsables por los delitos. En el mismo periodo, el MP registra 42 mil 654 casos en los que no hay investigación porque no hay delito que perseguir o no se encontró forma de documentar los hechos. La mayoría de esas denuncias, 30 mil 329, fue desestimada en las fiscalías, sin la intervención de un juez.

Las estadísticas del MP, obtenidas mediante acceso a la información pública, muestran acciones de investigación en 5 mil 349 casos, tales como 3 mil 393 solicitudes de citaciones a primera declaración; 131 solicitudes de allanamientos solicitados y 1 mil 576 solicitudes de órdenes de captura.

La sentencia es por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, el cual cometió el 23 de febrero de 2022.

Según el MP, el hecho ocurrió mientras el sentenciado se encontraba en un vehículo que estaba estacionado frente a un inmueble en la colonia Oakland, zona 10 de la capital.

Massis le lanzó el celular en el rostro a la víctima, por lo que ella sufrió una hemorragia.

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Luego, según la investigación, el sentenciado empezó a conducir el vehículo, tomó el volante con una mano y con la otra continuó con la agresión.

Posteriormente llevó a la víctima a una casa ubicada en la zona 15, colonia Vista Hermosa, donde la obligó a limpiar la sangre que cayó dentro del carro y después le permitió salir del automotor.

El tribunal le ordenó entregar, como reparación digna, la suma de Q100 mil.

Además, Massis debe recibir terapia psicológica enfocada en la agresividad y dar una disculpa pública por medio de dos diarios de mayor circulación.

Para leer más: Violencia en Mixco: en un mes se han registrado 12 crímenes en zona 6 y en varios casos delincuentes dejaron mensajes

#MPenAcción #MPfuerteYfirme
Por medio de la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio Público logró sentencia condenatoria de siete años de prisión contra Baltimore Farid Massis Massis por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, pic.twitter.com/usEDqANbRI

— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 15, 2023

La Policía considera “perturbador” que nadie actuara para impedir que el desconocido llevara a cabo el acto.

Autoridades del condado de Delaware arrestaron a Fishton Ngoy, de 35 años, quien es sospechoso por esta agresión y enfrenta varios cargos, entre ellos el de violación.

El hecho tuvo lugar el miércoles último a las 23 horas en un tren del sistema de transporte público SEPTA de Filadelfia.

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Fue uno de los empleados de la Autoridad de Transporte quien llamó a la Policía luego de haber notado que “algo no estaba bien” con una mujer a bordo del tren. En la siguiente parada, los agentes policiales arrestaron Ngoy, que estaba a medio vestir, y la víctima fue llevada a un hospital, donde está recuperándose.

Actualmente los investigadores trabajan para saber cómo pudo ocurrir ante los ojos de tantos ciudadanos sin que nadie actuara.

Todo el episodio, incluida la agresión, lo captaron las cámaras de seguridad y es ese material con el que ahora trabajan los investigadores.

“Estamos todavía revisando el video, pero había mucha gente, en mi opinión, que debería haber intervenido. Alguien tendría que haber hecho algo. Esto dice mucho de dónde estamos como sociedad”, dijo a los medios locales el superintendente de la Policía del municipio de Upper Darby, Tim Bernhardt.

Representantes de SEPTA también reprendieron a los pasajeros que se mantuvieron pasivos ante lo ocurrido.

“Había más personas en el tren que presenciaron este acto horrible, se hubiera detenido si alguien hubiera llamado al 911. Urgimos a todos a reportar cuando observen la comisión de un crimen o cualquier situación peligrosa”, manifestaron las autoridades del transporte en un comunicado.

Entendiendo eso, se podría creer que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer —que se conmemora este 25 de noviembre— promete de más y que la idea de eliminar la violencia es una quimera.

No es así. Es mucho más que fantasía pensar en un futuro cercano, en el que las mujeres guatemaltecas son protegidas del riesgo cotidiano de violencia. Para que esto sea realidad, el sistema de justicia, apoyado por el Congreso de la República, el Gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial, debe enfocarse en tres principios.

Asegurar derechos

Lo primero es asegurar que los derechos e intereses de las víctimas predominen.

Dignificar a las víctimas y sobrevivientes, priorizar su protección y cuidado, buscar justicia imparable para ellas, escuchar sus voces en la sociedad, promover su liderazgo dentro de los espacios de políticas públicas, e infundir en la creación y ejecución de programas desde sus perspectivas, son cosas que deberían ser el sello distintivo de la respuesta de Guatemala a la violencia contra las mujeres.

Guatemala dio un paso histórico en medio de la pandemia al lanzar el Instituto de la Víctima que tiene la responsabilidad de acompañar a las víctimas de violencia contra la mujer (y otros delitos) en su recorrido hacia la justicia completa –justicia para el agresor y justicia en la restauración y reparación digna de la víctima.

Misión Internacional de Justicia tuvo el privilegio de colaborar con el Instituto de la Víctima para crear el Modelo de Asistencia y Atención Integral (MAIVI). El MAIVI vela por el bienestar completo de la víctima, proveyendo cuidados victimológicos completos y de calidad.

Este enfoque en la víctima debe extenderse a todas las instituciones con las que las mujeres interactúan después de sufrir violencia. Las mujeres deben sentirse dignificadas, validadas y respetadas en sus interacciones con el personal de estas instituciones, las cuales deben operar con una cultura de “servicio al cliente” informada sobre el trauma.

El sector justicia debe brindar plataformas a las mujeres sobrevivientes que les permita alzar la voz y tener verdadera influencia sobre las políticas públicas, sobre la identificación de las brechas del sistema, el diseño de intervenciones, y otros temas relacionados. Durante el diseño del MAIVI, el Instituto de la Víctima buscó y recibió la participación de sobrevivientes de la comunidad llamada Mi Historia Importa. Las sobrevivientes tienen conocimientos especializados, obtenidos de manera difícil, que el sector justicia debería valorar sistemáticamente a través de la creación de Consejos de Sobrevivientes entre otros mecanismos.

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Aprehender a los agresores

El segundo principio es aprehender con prontitud a los agresores.

La pronta aprehensión de los agresores es sumamente importante. Es usualmente la primera experiencia del agresor con las consecuencias de sus acciones, y refrena la repetición de sus crímenes. Es un primer golpe a la impunidad.

De manera similar, la aprehensión de su agresor es a menudo la primera experiencia de la víctima con la justicia, la primera experiencia del sistema haciendo algo concreto para validar su historia, y la primera experiencia de que el sistema la protege. Ciertamente, el pronto arresto de un agresor es una de las maneras más seguras de protección para la víctima, la separa de la fuente de la amenaza y el abuso.

Además, las aprehensiones hechas con prontitud, cuando se dan a conocer al público de manera regular, permiten que la población tenga mayor confianza en el sistema de justicia, crean el entendimiento social de que esos delitos no quedan desatendidos, disuadiendo por tanto a otros de involucrarse en estos delitos violentos.

Juicio y condena

El tercer principio es enjuiciar y condenar con prontitud a los agresores.

La mejor señal de un sistema de justicia efectivo que se encuentra ganando la batalla contra la impunidad es el hecho –solamente un deseo en Guatemala– de que se puede confiar razonablemente en el sistema para condenar a los agresores, y que lo hace con rapidez. Lograr condenas en un mayor porcentaje de casos en períodos más cortos enviará un mensaje fuerte y claro a los agresores, agresores potenciales, víctimas, y a la sociedad en general de que la violencia contra las mujeres no será tolerada, es repugnante, y será castigada. La confianza en el sistema crecerá dentro de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, el temor al sistema crecerá entre la gente violenta, y la disuasión tendrá una posición más firme, creando una sensación justificada de mayor seguridad y protección en las comunidades. Y la violencia contra las mujeres será menos prevalente.

Es posible transformar radicalmente la experiencia de las víctimas que buscan asistencia y reducir radicalmente la impunidad en casos de violencia contra las mujeres. Al alinear celosamente las leyes, políticas e iniciativas con los tres principios mencionados, Guatemala dará grandes pasos para lograr que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se convierta en días cotidianos libres de violencia para las mujeres guatemaltecas.

*Abogada, Soluciones para la Justicia, MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA (IJM)®

Según el reporte, en el año anterior la Fiscalía abrió 57 mil 788 investigaciones por agresiones en contra del sector femenino y en el 2014 la cifra fue de 56 mil 269.

En el informe de gestión de la fiscal general,  Thelma Aldana, del  2015, se asegura que el órgano investigador se ha preparado para dar un mejor tratamiento a este tipo de casos, por lo cual se han implementado estrategias para la atención de las víctimas, quienes deben ser atendidas según sus necesidades específicas, como pertinencia cultural y lingüística.

Hecho más denunciado

El documento indica que la violencia contra la mujer —tanto en forma física, psicológica, verbal, económica o patrimonial— es el hecho más denunciado.

Un reporte que contiene los hechos delictivos con mayor frecuencia en denuncias manifiesta lo señalado en el informe de gestión del 2015, pues coloca esa acción ilícita a la cabeza, seguida por amenazas, hurto, robo agravado, robo, robo de equipo terminal móvil —teléfono celular—, lesiones leves, hurto agravado, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas.

Esa tendencia se mantiene al revisar los consolidados de años anteriores.

Los departamentos donde más se reporta ese tipo de hechos son Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Escuintla, Petén, San Marcos, Quiché y Sololá.

En esos lugares el Organismo Judicial instaló juzgados y tribunales especializados en femicidio y otras formas de violencia contra la mujer.

A la fecha existen 26 órganos jurisdiccionales especializados en la referida materia: 12 juzgados, 12 tribunales y dos salas de Apelaciones.

Caso ejemplar

La sentencia condenatoria dictada contra el coronel Esteelmer Reyes Girón y el comisionado militar Heriberto Valdez Asig por abusos sexuales contra mujeres indígenas en el destacamento de Sepur Zarco, Izabal, entre 1982 y 1983, es un caso ejemplar para la entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).

Autoridades actúan

Varios agresores deberán enfrentar a la justicia.

• El pasado 26 de julio fue capturado Mynor Ariel López Camajá, en San Benito, Petén, cuando golpeaba a su madre en la vía pública.
• Daniel Lorenzo Pascual enfrentará juicio en el Tribunal de Femicidio de Huehuetenango, por supuestamente haber matado a su hija de 3 años y haber agredido con un cuchillo a otra, de 8. La investigación detalla que atacó a las menores porque su esposa lo abandonó.

Ranquin de denuncias

Hechos ilícitos con más cantidad de casos abiertos entre el 1 de enero del 2014 y el 30 de junio último.

• Violencia contra la mujer: se han recibido 146 mil 544 denuncias.
• Por amenazas se abrieron 125 mil 88 expedientes.
• Por hurto se han recibido 73 mil 77 denuncias.
• El MP comenzó 65 mil 28 investigaciones por robo agravado.
• Se señala que hay 64 mil 104 expedientes por robo.
• Se reportaron 50 mil 370 casos de robo de celulares.
• Por lesiones leves se recibieron 45 mil 777 denuncias.
• Hubo por hurto agravado 44 mil 938 denuncias.
• Se llevan 32 mil 810 casos por maltrato a menores.
• Por lesiones culposas hay 26 mil 248 expedientes.