Ligan a proceso a líder comunitario Esteban Toc

El también exvicealcalde indígena de Sololá queda en libertad condicional tras el pago de una multa.

William Oliva

6 de septiembre de 2025 | 07:04h

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Pobladores de Sololá se manifiestan el viernes por la captura del líder indígena. (Foto tomada de la página de Facebook La Súper de Sololá)

El dirigente y exvicealcalde indígena de Sololá Esteban Toc fue ligado a proceso la madrugada de este sábado 6 de septiembre, informaron el Ministerio Público y medios locales de Sololá

Los delitos que se le imputan son asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia.

El exvicealcalde comunitario es señalado por su participación en las protestas de 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

Sin embargo, una jueza le otorgó libertad condicional con varias medidas, como el pago de una multa de Q5 mil.

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Toc también debe presentarse a firmar mensualmente a la Fiscalía de Sololá, tiene prohibición de salir del país y de comunicarse con otras personas coimputadas en el caso, informó el medio local La Super de Sololá.

El abogado defensor dijo a ese medio que “el caso constituye un ejemplo de criminalización de líderes indígenas”.

Durante la audiencia fueron presentados videos de protestas, así como audios, pruebas que la jueza Gabriela José Espinosa consideró como válidos.

“Toc Tzay habría dirigido un grupo delictivo desde por lo menos el 26 de septiembre de 2023 al 15 de enero de 2024 a través del cual habría cometido los delitos señalados y que tenía su ámbito de operaciones en la Ruta Interamericana en los departamentos de Totonicapán y Sololá y en la zona 1 del departamento de Guatemala”, dijo, entre tanto, el Ministerio Público (MP) en un comunicado.

Este viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá organizó una manifestación en rechazo a la detención de Toc.

Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras con blanco y la imagen de Toc como parte de la protesta.

De acuerdo con el medio, el 16 de enero próximo deberá celebrarse la audiencia de la etapa intermedia del caso.

Con información de Óscar García

2025: 249 días de trabajo fuerte y firme

Ligado a proceso penal por asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización de la acción penal y obstrucción de la justicia

La Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó indicios racionales técnicos, científicos y… pic.twitter.com/H0JhHuGtkK

— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 6, 2025

Alcaldía Indígena de Sololá manifiesta por captura de Esteban Toc y denuncia persecución contra líderes

Autoridades indígenas de Sololá manifiestan en rechazo a la captura del exvicealcalde indígena Esteban Toc Tzay.

Óscar García

5 de septiembre de 2025 | 15:57h

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Manifestación en la ciudad de Sololá en rechazo a la captura de Esteban Toc. (Foto tomada de la página de Facebook La Súper de Sololá)

Esteban Toc Tzay, de 61 años, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, fue capturado el jueves 28 de agosto en la Cumbre de Alaska, cuando se dirigía a la capital para recibir tratamiento médico, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC).

Toc Tzay es señalado por terrorismo, sedición y otros tres delitos, mientras que autoridades indígenas han denunciado criminalización de sus líderes.

Este viernes 5 de septiembre, la Alcaldía Indígena de Sololá organizó una manifestación en rechazo a la detención de Toc.

Según medios locales, la manifestación partió del caserío Santa María y culminó en el parque central de Sololá.

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Los manifestantes portaban pancartas con la consigna: “Libertad para Esteban Toc”. Además, colocaron banderas negras con blanco y la imagen de Toc como parte de la protesta.

El exdirigente es señalado por su participación en las protestas de 2023 contra las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

“La colocación de las banderas negras fue una decisión de la asamblea celebrada el 1 de septiembre, cuando los alcaldes comunitarios de las 84 comunidades manifestaron que no hay nada que celebrar. No hay libertad, no hay independencia”, publicó la Alcaldía Indígena en su página de Facebook.

Ese mismo día, la organización indígena emitió un comunicado titulado: “Condenamos la criminalización del Ministerio Público en contra de las autoridades indígenas”.

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También se refirieron a los casos de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes también enfrentan proceso legal por las manifestaciones de 2023.

“Las Autoridades Indígenas de los Pueblos Maya y Xinca de Guatemala condenamos enérgicamente la detención arbitraria de nuestros hermanos Esteban Toc, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes prestaron servicio comunitario en la Alcaldía Indígena de Sololá y la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán en el año 2023, respectivamente. Nuestros hermanos cumplieron un mandato delegado por nuestras comunidades y no son delincuentes, por lo tanto, no deben estar detenidos en una prisión”, argumentaron en el comunicado.

Para leer más: Claudia Sheinbaum lamenta la captura de Luis Pacheco, acusado de terrorismo

Agregaron: “Exigimos al Organismo Judicial que libere a nuestros hermanos y a los jueces que no se presten a las actuaciones ilegales del Ministerio Público”.

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Las autoridades indígenas dicen que tienen información de que Rodríguez está ofreciendo Q250 mil y hasta Q500 mil a los diputados para que voten por él para tomar la presidencia del Congreso de la República el próximo 14 de enero.

Simeón Palacios, alcalde Indígena de Sololá, afirmó que la querella que presentaron contra Rodríguez es por los delitos de conspiración, cohecho activo y asociación ilícita.

Palacios comentó que Rodríguez quiere ganar nuevamente la presidencia del Congreso, pero para lograrlo no está haciendo un trabajo limpio.

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Denuncia por compra de votos

Afirmó que una fuente directa les informó a ellos que Rodriguez estaba ofreciendo Q250 mil a cada diputado que votara por él para ganar la presidencia del Legislativo.

Expresó que el pasado miércoles recibieron información de que Rodríguez está ofreciendo y pagando Q500 mil por cada voto.

“Eso ya no lo vamos a permitir nosotros como sololatecos. ¿Por qué digo que sololatecos? Porque él -Rodríguez- es el diputado que represente el departamento de Sololá.”, comentó Palacios.

Pidió a los diputados entrantes que no caigan en el juego de Rodríguez, pues el funcionario lo único que pretende es satisfacer intereses personales y que es por él que la población sololateca ha sufrido.

Alberto Cuc Salazar, vicealcalde indígena de Sololá, señaló que Rodríguez está trabajando mal en el Congreso.

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Se aprovecha de comunidades de Sololá

Recordó que aparte de la compra de votos para que lo elijan como presidente del Congreso, también se conoce que durante la campaña electoral llegó a las comunidades de Sololá a engañar a las personas.

Afirma que Rodríguez regaló pachones, playeras, gorras y víveres a la población de Sololá y que incluso entregó adoquines con el compromiso de adoquinar varias comunidaes, pero una vez ganó su reelección olvidó todos los proyectos no ha hecho nada.

“Eso da a entender que nuestra población fue utilizada y engañada nuevamente y actualmente lo está haciendo lo mismo en el Congreso y está muy claro de que quiere llegar como presidente de la nueva junta directiva del Congreso, con el fin de aprovecharse de nuevamente de toda la población sololateca y nivel nacional”, expresó Cuc.

Recordó que el pueblo de Sololá está en una lucha social en contra de la corrupción, el golpe de Estado que se quiere dar -para impedir que Bernardo Arévalo tome la Presidencia- y por eso no quieren que esta situación continúe.

Hizo un llamado al diputado Rodríguez para pedirle que deje comprar votos para fines personales.

Dijo que les llama la atención de dónde está saliendo el dinero para pagar por los votos a los diputados, pues ellos han hecho cuentas de que Rodríguez necesitaría pagar unos Q40 millones para lograr su objetivo.

“No vamos a permitir que siga sucediendo eso. Y vuelvo a recalcar de nuevamente, queremos que también se presente el diputado -a Sololá-, si no lo hace, nosotros vamos a estar al tanto porque esto apenas comienza”, comentó Cuc.

Expresó que en Sololá no hay gobernador departamental, porque la población lo sacó y que a Rodríguez también el pueblo lo eligió y por eso el pueblo puede quitarlo del cargo.

Prensa Libre y Guatevisión trataron de comunicarse con el diputado Rodríguez para conocer su postura sobre la denuncia que puso la Alcaldía Indígena de Sololá, pero no fue posible.

En el comunicado argumentan que atienden al llamado de los pueblos originarios para defender el derecho a vivir en una democracia y estar vigilantes ante las situaciones que se puedan presentar.

“Los próximos días serán decisivos para defender los objetivos de la resistencia pacifica que se ha sostenido por los pueblos. Puesto que, los absurdos intentos y amenazas por consumar el golpe de estado continúan latentes”, se lee en el comunicado.

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En ese sentido, convocan a los vecinos de San Juan Comalapa a participar en la caminata el viernes 12 de enero desde las 14 horas, desde el parque del municipio hasta la sede local del Ministerio Público, donde se hará la “oración por la paz y la democracia de Guatemala”.

Y para el domingo 14 de enero, día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, viajarán hasta la capital desde San Juan Comalapa con el objetivo de unirse a la concentración de los pueblos originarios.

El domingo, además, el binomio electo preparó una serie de actividades culturales sobre la sexta avenida de la zona 1 capitalina para que la población se una, esto en simultáneo a los actos protocolarios de la transmisión de mando presidencial.

Otras alcaldía indígenas también han anunciado acciones. Las autoridades de la alcaldía indígena de Palín anunciaron en diciembre que se unirían a los llamados en pro de la democracia.

El 3 de enero, también el alcalde indígena de Sololá, Simión Palax Chiroy, advirtió de que de no tomar posesión el binomio llevarán a cabo movilizaciones ciudadanas en la capital.

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“El pueblo de Sololá está listo para el 15 de enero salir nuevamente a las calles para manifestar nuestros derechos”, delcaró Palax en esa ocasión.

Las nuevas autoridades de la alcaldía indígena señalan intentos por entorpecer al alternancia del poder en esta organización por lo que las bases tuvieron que ser reconstruidas.

“Por el entorpecimiento de un proceso de transición adecuado por parte de algunos miembros de la anterior representación, hemos tenido que reconstruir nuestras bases, lo cual nos ha impedido acuerpar de forma inmediata las movilizaciones sociales, por lo que no ha sido sinónimo de desinterés o falta de hermandad”, aclaran los nuevos dirigentes.

Esto debido a que desde octubre pasado se mantienen movilizaciones sociales lideradas por las autoridades ancestrales del país. Además de una presencia frente al edificio central del Ministerio Público (MP) exigiendo la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.

Dan certeza que están en la disposición de continuar sumándose a las convocatoria que se hagan en pro de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la democracia del
país. Añaden que esperan poder unirse a las luchas que mantiene  la población desde hace años.

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“A las Alcaldías Indígenas y Organizaciones Indígenas a nivel nacional informamos que estamos en la entera disposición de sumarnos a las acciones y convocatorias que realicen en favor del respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y la democracia del país”, dice el comunicado.

El cambio fue dado a conocer por medio de un comunicado el pasado 22 de diciembre, en el que aseguran que realizarán el cumplimiento de sus acciones en el municipio con ética buscando soluciones.

“Nuestro compromiso es actuar bajo los valores, principios y enseñanzas de nuestras abuelas y abuelos, con ética en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que aquejan a distintos sectores de este municipio sin el afán de la generación de conflictos que menoscaben la imagen de esta organización”, se lee en el comunicado por medio del cual se dio a conocer sobre el cambio.

Además señalan que asumirán la agenda de trabajo acorde con la situación coyuntural del municipio a manera de continuar con el rescate de la asociación y representación de los pueblos originarios.

“Seremos respetuosos de la periodicidad de nuestra representación, la cual durará dos años esperando generar la confianza y fortalecer la importancia de este órgano de gobernanza para que el Pueblo Maya Poqomam de Palín acuda a elegir a sus representantes”, aseguran.

En declaraciones a Noticias Sololá en la manifestación frente a la sede del Ministerio Público (MP), agregaron que en asamblea de alcaldes comunitarios decidieron que quitarán las manifestaciones en los tramos donde está bloqueado.

Indicaron que la Municipalidad Indígena ha recibido el acta 144-2023, en la que los alcaldes comunitarios en el transcurso de esta semana han reunido la información de las diferentes necesidades de las comunidades y este 27 de octubre en asamblea tomaron la decisión de habilitar el paso en los puntos de concentración que han mantenido durante 26 días.

“Informamos a toda la población sololateca que esos puntos de concentración serán levantados a partir de las 6 de la tarde -de este 27- donde dejarán libres las carreteras, eso obedeciendo precisamente a que todos los alcaldes comunitarios recibiendo y atendiendo las diferentes necesidades de la población, hemos llegado a la conclusión de aperturar, pero a su vez mantener la resistencia y la manifestación pacífica”, indicaron.

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Añadieron que las comunidades han hecho las consultas sobre qué medidas se tomarán a partir del lunes 30 de octubre.

Para informar a la población harán asambleas este viernes 27 o este sábado 28 de octubre, para que los participantes tengan voz y voto.

Anunciaron que seguirán en manifestación pacífica frente al MP “hasta que se logre el objetivo”.

“Dejamos muy en claro que la lucha está continuando y seguirá continuando los días que sean necesarios; por lo menos acá en la zona 1, en Gerona, la autoridad indígena va a seguir en pie, la población va a tener los mecanismos diferentes a utilizar para venir y seguir manifestándonos”, anunciaron.

Hicieron un llamado a la población a seguir “uniendo nuestras fuerzas para seguir manifestando hasta que precisamente estas cuatro personas renuncien, porque esa es la consigna del pueblo de Sololá”.

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Anunciaron que la manifestación van a continuar frente de todas las instituciones del Estado en el municipio de Sololá. En Guatemala seguirán con la protesta frente a la sede del MP, aunque las nuevas disposiciones se tomarán a partir del 30 de octubre.

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Guatemala cumple 26 días de bloqueos y manifestaciones en los que miles de guatemaltecos han pedido la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y del juez Fredy Orellana por acciones relacionadas con el proceso electoral.

Entre los puntos bloqueados en la ruta Interamericana, en Sololá, estuvieron Los Encuentros, en el kilómetro 127; en el km 130 en el cruce a Panajachel.

También en el kilómetro 137, en la colonia María Tecún Alayo; y en el km 138.5 en San Juan Argueta.

De acuerdo con diversos dirigentes de estas dos organizaciones indígenas que lideran las manifestaciones en toda la República, no desistirán de las acciones hasta que renuncien los fiscales, Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.

Édgar Tuy, síndico de la Municipalidad Indígena de Sololá, aseguró que se mantendrán frente a la sede del MP para exigir las dimisiones de estos funcionarios, a “quienes acusan de cometer actos de corrupción y poner en riesgo la democracia en el país”.

Durante las manifestaciones de este sábado, un grupo de representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), llegó al MP y les entregó un reconocimiento a las organizaciones indígenas por la labor que han hecho hasta ahora en todo el país.

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El presidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco, aseguró que la resistencia la van a mantener. Destacó, además, que cada vez se unen más sectores a la protesta que exige la renuncia de los funcionarios.

Los líderes indígenas aseguraron que este movimiento no es una guerra, sino un levantamiento en favor de la democracia del país. “Ahora no hay excusa de que no vengan a la capital a apoyar, porque ahora el paso está libre”, dijo Pacheco.

El síndico de la comuna indígena de Sololá coincidió con Pacheco en que “la misma población de Guatemala, principalmente de los departamentos, se ha manifestado y sigue manifestando su voluntad, y ahora más que nunca están en la espera de poder venir acá a la ciudad capital para seguir con la manifestación en forma pacífica”.

Los líderes, frente a la sede del MP, aseguraron que no estaban cansados y tampoco había claudicado en la lucha por lograr la renuncia de los cuatro funcionarios. Eso sí, dijeron, batallan contra una campaña de difamación en redes sociales desde cuentas anónimas.

Los residentes denunciaron que desde el inicio de las protestas los negocios no han podido abrir sus puertas, además que los bloqueos dentro del caso urbano no permiten que salgan del municipio y la única manera de movilizarse es caminando.

“Es una situación muy delicada la que estamos viviendo, nosotros estamos prácticamente secuetrados en nuestro pueblo”, manifestaron.

Explican que por decisión de las autoridades indígenas ninguna empresa ha podido laborar normalmente y para no desabastecer las casas las tiendas de barrio abren de 6 a 8 de la noche y algunos mercados pequeños se instalan en los barrios a vender alimentos a precio elevado.

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Esta semana cerca de 225 personas se reunieron para solicitar la reactivación del municipio a la alcaldía indígena por medio de una misiva. La respuesta fue que la petición debe de ser hecha por los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode), según los relatos.

A la fecha los negocios siguen sin  poder abrir incluido el supermercado, las agencias bancarias, cooperativas y empresas más pequeñas.

A decir de los vecinos que denunciaron los hechos, cuando un local se encuentra abierto las personas que pertenecen a la Alcaldía Indígena bajan las persianas y amedrantan con amenazas a los propietarios y trabajos, al igual que lo hacen con quienes se pronuncian en contra de las disposiciones.

“No tenemos quién vele por nosotros, háblese de ladinos indígenas, no indígenas o mestizos como se quiera decir”, señalaron.

Los vecinos y comerciantes se reunieron esta semana para solicitar que se reestablezca la movilidad, las actividades económicas y se garanticen los derechos.

“En esta oportunidad se hace más que necesario pedirle a las personas que representan a los Cocodes que nos sentemos y que platiquemos, ellos pueden continuar con su lucha, pero no nos pueden obligar a cerrar nuestros negocios”, comentó uno de los comerciantes en una petición pública.

Servicios básicos

Hasta el momento los servicios básicos no se habían visto afectados a excepción de la recolección de basura. La Municipalidad de Sololá dio a conocer en su página de Facebook que no podrán recolectar los desechos hasta que los autoricen las autoridades ancestrales.

Los vecinos estaban buscando la manera de obtener el serivicio por su cuenta aunque no es regular por lo que los desechos se han acumulado.

Además, que el servicio del agua podría verse afectado si se desabastece de combustible.

Respecto al tema Édgar Tuy de la Alcaldía Indígena de Sololá respondió que es la Municipalidad quien debe de aclarar el tema.

Los vecinos confirmaron que el combustible sí está ingresando al municipio y el precio es el habitual. El gas es el que se encuentra escaso y el precio se ha elevado por la misma razón.

Sin autoridades

El actual alcalde, Carlos Guarquez, no se ha pronunciado ante los hechos y los vecinos indican que no se encuntra viviendo en el municipio ante la crisis.

El alcalde electo Andrés Iboy intentó mediar en la negociación para que los negocios puedan ser abiertos sin estar en contra de las peticiones respecto a la renuncia de los funcionarios, sin embargo recibió amenzas, segun relataron los vecinos.

El pasado 5 de octubre el gobernador de Sololá, Rodolfo Salazar, renunció a su cargo debido a que las autoridades indígenas del lugar le pidieron estar del lado del pueblo y hacerelos escuchar con el presidente Alejandro Giammattei.

Circuló un video donde se escucha decir al exgobernador afirmar que presentó su renuncia, además de una carta memebretado de la Gobernación y firma de Salazar solicitando al mandatario  atender las demandas de la población que exigen la renuncia de los funcionarios en cuestión.

“Ya presenté mi renuncia verbal al señor presidente, lo único que estoy esperando es que me traigan el documento para firmarlo”, admite Salazar en el video.

Los líderes indígenas, entre los que se encuentran los 48 Cantones, Alcaldía Indígena de Sololá y autoridades ancestrales de Palín, caminaron por el Centro Histórico, acudieron a la Casa Presidencial para tratar de hablar con el mandatario y entregar un documento.

La reunión la habían solicitado a las 11 horas, pero al consultar en Casa Presidencial si podían ingresar para el encuentro, les dijeron en la garita que se les había informado que los recibirían a las 15 horas y que permitirían el ingreso de 6 personas.

Édgar Tuy, de la Alcaldía Indígena de Sololá, explicó a periodistas que desde Casa Presidencial fueron los que les notificaron que la reunión sería a las 15 horas.

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Expresó que desconoce si el mandatario quiere entablar algún diálogo o si quiere escuchar las peticiones del pueblo. “La miseria de pueblo que él menciona que somos, pero no, allí está toda la población en general, por lo menos la mayoría es del interior”, comentó Tuy.

Ante la consulta sobre sí estarían dispuestos a una negociación con el Gobierno o si por el contrario mantendrían las acciones, respondió que eso se tiene que ver y que primero se le dirá a Giammattei y luego a los medios de comunicación.

Enfatizó que las manifestaciones no se están haciendo porque los hubiera convocado el presidente electo, Bernardo Arévalo, sino que es una representación del pueblo.

Los líderes indígenas mencionaron que la petición al mandatario Giammattei es clara, y es la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y también del juez Fredy Orellana.

Infiltrados buscarían casusar caos

Alida Vicenta, de la alcaldía indígena de Palín, dijo a periodistas que les están pidiendo a los manifestantes que no acaten ninguna provocación de violencia, no se está promoiendo odinio ni resentimiento ni ningún acto que de por finalizada la manifestación

“Tenemos información que quieren prenderle fuego al Palacio… las autoridades no son, es gente infiltrada, es gentes que ellos mismo s están buscando para generar caos”, dijo la líder indígena.

Pidió a los manifestantes no ceder ante ninguna provocación e incitación a la violencia, pues lo que se está promoviendo es respeto a la voluntad soberana del pueblo.

Los líderes habían criticado las declaraciones del presidente Alejandro Giammattei y lo señalaban  de pretender deslegitimar las protestas ciudadanas, que surgieron ante las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral y que motivaron a que miles de personas exijan la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

De esa cuenta, las autoridades indígenas buscaban tener una reunión con Giammattei para encontrar salidas a la crisis política en la que se encuentra Guatemala.

Lo que presentaron es una acción de inconstitucionalidad sobre el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para exigir la destitución de autoridades del ente investigador.

Líderes de esta organización afirmaron que con la solicitud del amparo buscan que la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, pueda ser destituida.

Edgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, indicó que la ley no establece que el Ministerio Público (MP) tengan que entrometerse a acciones con el tema electoral, pues está el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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“El problema es que el Ministerio Público rebasó una de sus funciones como tal y muy claro lo establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, donde establece cuáles son las funcionalidades y dentro de sus investigaciones debe de ser muy objetivo y no realizar investigaciones de forma arbitraria”, argumentó.

Señaló que el MP “ha tocado la pureza de un proceso electoral y esa es la razón por la que decimos que han menoscabado la democracia en Guatemala, no es lo que el presidente de la República da a entender, que nosotros estamos a favor de un presidente electo o a favor de un partido político, de ninguna manera, el presidente electo y el actual deberían de realizar las transiciones”.

Agregó: “El problema es que el Ministerio Público se ha entrometido en asuntos electorales, el presidente de la República ha sido irresponsable a la hora de desinformar a la población, él es uno de los primeros que debería de pronunciarse ante esta situación, no lo ha hecho es porque es a su conveniencia”.

Afirmó que el objetivo de las autoridades indígenas es que la fiscal general renuncie y otros funcionarios señalados, pues son reemplazables.

“Nosotros no estamos aquí a título personal, tenemos la legitimidad del pueblo, que está demandando que renuncien”, destacó.

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Añadió que el presiente cree que estos movimientos han sido promovidos por las autoridades indígenas y “no es así”, pues tienen actas en las que tienen el apoyo de los pueblos.

Luego amplió detalles sobre la acción de inconstitucionalidad presentada e indicó que “el blindaje que se le da a la fiscal general es mucho para su función que tiene, esto ni el presidente lo tiene, entonces no puede ella perseguirse a sí misma, es algo absurdo, es algo contra la razón y es por esa razón que las autoridades indígenas han presentado esta acción para que el presidente no tenga más excusa para pedir la renuncia”.

Respecto de una denuncia contra Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, el dirigente indicó que no actúan de forma individual, actúan de forma colectiva y se nombra a alguien para cumplir una función.

Misrahí Xoquic Chiroy, alcalde indígena, indicó que Porras ha cometido delito por las acciones contra el TSE, pues hubo secuestro de cajas que tienen el resultado de los votos de los guatemaltecos.

Agregó que por estas acciones, Porras tiene que ser destituida del puesto.

Afirmó que los bloqueos siguen y quieren “demostrarle al gobierno que no hemos perdido la cabeza, no hemos perdido la razón, sino que tenemos la razón, entonces lo estamos haciendo legalmente”.

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Indicó que el pueblo espera la renuncia de la fiscal. “El pueblo ya perdió la paciencia, ya no espera un debido proceso, sino que simplemente presente su renuncia, que sea despedida, Guatemala ya no quiere saber nada de la señora”.

Resaltó que la renuncia no la pide “un grupito”, y que el presidente Giammattei no acepta la realidad que vive Guatemala.

Señaló que ha habido infiltrados en la manifestaciones y hay planes para desestabilizar el movimiento.

Dijo que es “lamentable” que traten la manera de responsabilizar a los líderes y que “no les temen a las amenazas”, pues no se ha querido escuchar al pueblo y que pretende desviar el tema.

Además, piden la renuncia de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y de la fiscal Cinthia Monterroso.

“Cansados por las acciones oficiosas del Ministerio Público, especialmente de la señora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público; los Fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad señor José Rafael Curruchiche Cucul y señora Cinthia Monterroso que amenazan con romper el orden constitucional y poner en riesgo nuestra débil democracia, con la complicidad del señor Fredy Orellana, Juez Séptimo Penal; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad”, se lee en el comunicado.

Añaden que el pueblo maya, Kaqchikel y k’iche’, no permitirá que: “el pacto de corruptos, las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado, mantengan cooptado al Estado de Guatemala; tampoco permitiremos que se burlen de la voluntad del pueblo por medio de las acciones aparentemente legales que realizan fiscales y jueces títeres, con lo que pretenden seguir ejecutando un Golpe de Estado con apariencia legal, pero para el cual hemos manifestado y reconfirmamos que estamos atentos en asamblea permanente del pueblo maya kaqchikel y K’iche’ del departamento de Sololá.

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Las exigencias a Giammattei

En el documento, la alcaldía indígena exige al presidente Alejandro Giammattei, que le pida la  renuncia a Porras Argueta, al cargo de fiscal general de la República y jefe del MP.

También que le exija al MP que comience el procedimiento de retiro de inmunidad al juez Fredy Orellana por “permitir resoluciones contrarias al orden legal que ponen en peligro la democracia, el Estado de derecho y el proceso de alternabilidad en el ejercicio del poder, en un plazo no mayor a 48 horas”.

Las exigencias a Porras

“A la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, exigimos que si todavía tiene un poco de vergüenza, que presente su renuncia en un plazo no mayor a 48 horas, porque solo está provocando una crisis política en Guatemala; así mismo, que destituya de inmediato al señor José Rafael Curruchiche Cucul y a la señora Cinthia Monterroso; y, ordene el inicio del trámite de retiro de inmunidad por medio del procedimiento de antejuicio en contra del señor Fredy Orellana en un plazo no mayor a 48 horas”.

A Curruchiche y Monterroso les exigen también que presenten su renuncia en un plazo no mayor a 48 horas y se sometan a los Tribunales de Justicia para resolver la situación en la que se involucraron por ejecutar órdenes ilegales.

Al Tribunal Supremo Electoral, la Alcaldía Indígena, exige que: “garantice el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas electorales, para reiniciar el proceso de consolidación del sistema democrático constitucional de derecho del Estado de Guatemala que contribuya con el bienestar y desarrollo del país y no ser aliado del pacto de corruptos tal y como se está evidenciando”.

Mensaje al pacto de corruptos

En el documento, las autoridades indígenas envían un mensaje a Pacto corruptos, y les dice que acepten que el pueblo ya no los quiere y que ya no continúen provocando la ira en el pueblo de Guatemala.

“Les exigimos respetar la voluntad del pueblo y dejar de utilizar la ley y a sus operadores para perpetuarse en el ejercicio del poder, de manera que renuncien por el bien de Guatemala y la poca democracia que nos queda. Pueblo de Guatemala es momento de unificar esfuerzos y luchas, tomando acciones concretas para defender la Democracia de nuestro país”, se lee en el documento.

Los representantes de estas organizaciones le exigieron a los organismos de Estados que destituyan a la fiscal general de la República, Consuelo Porras y al juez, Fredy Orellana, por considerar que con sus acciones han puesto en riesgo la democracia en el país y la alternancia en el poder por medio de las Elecciones Generales 2023.

En un comunicado, una decena de agrupaciones manifestaron, por medio de un comunicado, “su profunda preocupación ante la crisis institucional y social por la que atraviesa el país, provocada por las constantes y flagrantes violaciones a la Constitución y al derecho fundamental de los guatemaltecos a elegir y ser electos.

Señalaron directamente a “una estructura criminal enquistada en el gobierno de Guatemala que busca en forma desesperadamente aferrarse al poder público”.

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En la comunicación oficial que firmaron todos los participantes de esa reunión extraordinaria que se llevó a cabo en el parque La Unión, de la cabecera departamental de Totonicapán, hicieron peticiones puntuales al Gobierno, al Congreso, a la Corte de Constitucionalidad (CC), al presidente Alejandro Giammattei, al Organismo Judicial y a la comunidad Internacional.

Al mandatario Giammattei le exigieron que destituya de inmediato a la fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta.

Consideran que en “reiteradas ocasiones se le ha sugerido que por dignidad renuncie al cargo, pero es evidente que no entiende de dignidad para hacerlo a pesar que desempeña de forma arbitraria lo que es causal de despido en cualquier organismo del Estado”.

Giammattei tiene la facultad de destituirla al igual que al jefe de la Fiscalía Especial Contra la IMpunidad (Feci), Rafael Curruchiche, por su falta de objetividad en el ejercicio de sus funciones.

Al Organismo Judicial (OJ), le exigieron que, con base en el artículo 50 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se destituya ipso facto al juez séptimo del instancia penal, Fredy Orellana, por desobedecer abiertamente el amparo provisional otorgado por la CC, que garantiza la segunda vuelta electoral.

A la comunidad internacional le solicitaron que “en solidaridad con el pueblo de Guatemala le nieguen en sus países el ingreso “de los enemigos de la democracia”.

Señalaron como actores de estas acciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdez Paiz y Manuel Duarte; los magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones Oscar Ruperto Cruz, Dixon Díaz Mendoza, Gustavo Adolfo Dubón y Elsa Noemi Falla.

Además, a los jueces Víctor Cruz y Fredy Orellana, entre otros, de quienes “haremos llegar la petición formal a todas las embajadas, ya que son quienes pretenden burlarse de la voluntad popular armando procesos espurios e ilegales para evitar la toma de posesión del binomio presidencial electo”.

Al gobierno de Guatemala le pidieron que tome todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad Bernardo Arévalo y Karin Herrera, binomio presidencial electo, atendiendo lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “a fin de asegurar el proceso de transición como lo demanda el marco jurídico de Guatemala”.

Le pidieron también a la Corte de Constitucionalidad (CC) que cumpla con su mandato de velar por el orden constitucional y la defensa de la Constitución y leyes constitucionales.

Exigieron a la CC que “al resolver cualquier acción sobre el proceso electoral actual, se ordene las garantías necesarias para el cumplimiento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales, para cumplir con la alternabilidad del poder”.

También le demandaron al Congreso “que tal como lo señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, en el proceso de toma de posesión de los diputados electos para el periodo 2024-2028, se atienda únicamente a lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya que es el único ente que puede determinar si un funcionario electo a través de la voluntad popular puede o no tomar posesión”.

Manifestaciones

El presidente de la junta directiva de los 48 Cantones, Luis Pacheco, dejó claro que se les están agotando “los recursos o procedimientos escritos” para hacer las demandas a las autoridades nacionales.

Pero eso sí, Pacheco advirtió que “si hay necesidad de salir a manifestar, por la voluntad del pueblo, tomando medidas un poco más drásticas, los vamos a hacer. No queremos llegar a eso y le pedimos al Gobierno que tome en consideración esa situación porque no solo son los pueblos indígenas, es todo Guatemala y sus diferentes sectores”.

El presidente de 48 Cantones resaltó muchos sectores se han articulado para hacer estas demandas y “esto puede conllevar a una paralización a escala nacional”.

“No queremos llegar a esos extremos, pero si se sigue yendo contra la Constitución, creemos que si será necesario “salir a las calles. Lo tendremos que hacer”. 

Un día antes

La Municipalidad Indígena de Sololá, por medio de un comunicado, reveló que se han declarado en asamblea permanente ante los acontecimientos que han ocurrido en las últimas horas

Rechazaron y repudiaron las acciones “oficiosas del Ministerio Público, especialmente de la fiscal general de la República Consuelo Porras y el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche”. Les acusaron de querer “destruir la poca democracia que nos queda”.

Advirtieron que si el MP sigue con el trabajo “deficiente e ineficaz y con intenciones de destruir la poca democracia, nos estará obligando a tomar carreteras, aeropuertos, sedes del Ministerio Público a nivel nacional hasta que renuncie el pacto de corruptos”.

“Estamos cansados de tantas atrocidades por parte de los supuestos llamados funcionarios públicos”, dijeron.

La orden del MP para que los diputados electos del Movimiento Semilla no tomen posesión la calificaron de ilegal y la consideraron “una declaración de golpe de Estado con apariencia legal”.

Magistrados responden a 48 Cantones de Totonicapán

En una carta enviada el 29 de agosto de 2023  a Prensa Libre, los magistrados Óscar Cruz Oliva, Gustavo Dubón Gálvez y Elsa Falla Alonzo, mencionados en una nota publicada el 27 de agosto del 2023, en la cual autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán les critican, manifiestan: “Rotundo rechazo al señalamiento publicado en su contra… en el que se alude a nosotros como Magistrados de Corte de Apelaciones, como parte de una organización que se encuentra estropeando el actual proceso electoral; por lo que nos indigna el pronunciamiento por ser falaz, espurio y alejado de la verdad”.

Agregan: “Nuestra función en el Organismo Judicial es única y exclusivamente juzgar y promover la ejecución de lo juzgado en el marco de las leyes”, remarcan.

La Conferencia Episcopal indicó que, según los obispos de Guatemala, las elecciones generales transcurrieron en “un clima de participación ciudadana dentro de las normas del respeto y emisión libre del voto”.

Señala que las instancias de observación reconocidas por el Tribunal Supremo Electoral manifestaron que las elecciones se realizaron de manera regular, a excepción de algunos municipios en los que se registraron incidentes.

También indica que la Corte de Constitucionalidad amplió el plazo estipulado por ley para realizar las impugnaciones y el Tribunal Supremo Electoral determinó que en cinco días de ampliación deben realizarse las impugnaciones en las Juntas Electorales Departamentales.

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“Pedimos a las instancias legales correspondientes que atiendan las impugnaciones presentadas y resuelvan cuanto antes, conforme a lo emanado por la más alta autoridad electoral del país, a fin de que los tribunales y cortes implicadas contribuyan a la transparencia y fortalecimiento del proceso electoral y que no haya dudas entre la ciudadanía de su honorabilidad y apego a la ley”, añadió le Conferencia Episcopal.

Además, indica que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar apegado a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y que consecuentemente la segunda vuelta electoral debe llevarse a cabo el 20 de agosto.

“El entrampamiento de amparos y contraamparos puede pervertir el sentido de que las elecciones se dirimen en las urnas ya que la soberanía corresponde al pueblo de Guatemala y no a los tribunales”, se indicó.

Aparte, la Municipalidad Indígena de Sololá, indicó que “lamenta” que la Corte de Constitucionalidad haya otorgado un amparo provisional que suspende la oficialización de los resultados.

Aseguró que varios partidos políticos buscan retrotraer fases del proceso electoral cuyo interés pueda ser retrasar la segunda vuelta o eliminar alguna candidatura.

La autoridad indígena exige en el comunicado el respeto al proceso democrático y que el TSE “asuma su papel garantizando el respeto de la voluntad ciudadana”.

Advierten que movilizarán “a los pueblos en defensa del Estado de Derecho” y que rechazan cualquier rompimiento al orden constitucional.

Por su parte

Siete países y la Organización de los Estados Americanos (OEA) emitieron un nuevo comunicado en el cual suplican a las instituciones, organizaciones, partidos y actores políticos de Guatemala que aseguran “la integridad de la opinión de los votantes de las elecciones del 25 de junio”.

Destacan que en la jornada electoral de dicha fecha se observó una libre manifestación de la ciudadanía en línea de lo que expresa la ley guatemalteca.
En ese sentido, subrayan los firmantes del comunicado, expresan “fuertemente su apoyo a una democracia libre y transparente en todo su proceso”.

Comunicado de grupo de países integrantes del G13 en Guatemala pic.twitter.com/TocqnuAlbZ

— UK in Guatemala (@UKinGuatemala) July 3, 2023

Luego del amparo brindado por la Corte de Constitucionalidad, la Junta Electoral del Distrito Central emitió este lunes 3 de julio las citaciones a los fiscales de partidos políticos para la segunda audiencia de revisión de escrutinios.

La actividad se llevará a cabo el martes 4 de julio a las 11 horas en el Parque de la Industria.

Se trata de Gabriela Estefanía Caniz Estacuy, de 31 años, a quien los pobladores señalan de haberle entregado sus ahorros con el fin de obtener algunos intereses a cambio.

Caniz Estacuy, según los denunciantes y medios locales, es esposa del secretario departamental y candidato a diputado distrital en primera casilla del partido Todos, Gerson Nehemías Tun Zapon.

Juntos llevaron a cabo la presunta estafa de más de Q3 millones. Hasta ahora el MP no ha informado si ha abierto alguna investigación contra el candidato, quien por ahora goza de inmunidad. 

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Los tres delitos

En la audiencia de la semana pasada en la alcaldía indígena se acusó a Caniz Estacuy y su esposo Tun Zapon, de ofrecer a unas 23 personas altos intereses a cambio de depositar sus ahorros en una financiera. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

La investigación de las autoridades indígenas duró poco más de tres meses antes de arrestarla y sentarla en el banquillo de los acusados. Ahora todo ha quedado en manos de las instituciones nacionales que persiguen diversos delitos penales.

Caniz Estacuy fue notificada de los tres delitos que se le acusan el 22 de mayo a eso de las 11 horas en la carceleta que está en la subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) 72-1-1 de la cabecera departamental de Sololá.

El MP la procesará por los delitos de casos especiales de estafa, apropiación y retención indebida e intermediación financiera.

Penas y multas

El primero delito está tipificado en el artículo 264 del Código Penal. En el inciso 1: “Quien defraudare a otro usando nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia, relaciones o cualidades supuestas, aparentando bienes, comisión, empresa o negociaciones imaginarias”. La pena de cárcel por este delito es de cinco a diez años y una multa equivalente al monto defraudado.

Mientras que por la apropiación y retención indebida, establecido en el artículo 272 del mismo Código, establece que “quien, en perjuicio de otro, se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otro bien mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por cualquier otra causa que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años y multa de cien a tres mil quetzales”.

Y conforme el artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, “comete delito de intermediación financiera la persona que sin estar autorizada, realiza de manera habitual, en forma pública o privada actividades que consistan en la captación de dinero, o cualquier instrumento representativo del mismo, del público, tales como la recepción de depósitos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, destinándolo al financiamiento de cualquier naturaleza, sin importar la forma jurídica que adopten dichas captaciones y financiamientos”.

Las penas de cárcel inconmutables van de cinco a 10 años y multas entre los 10 mil y 100 mil quetzales. 

El caso de Caniz Estacuy lo conoce Juzgado de Primera Instancia Penal de Sololá, quien la escuchará en su audiencia de primera declaración.

Este caso trae a la mente otro que ha ocurrido en ese departamento. Se trata el que consumó la Consultoría Empresarial de Guatemala, quien en forma fraudulenta recaudó más Q30 millones de pequeños empresarios y migrantes en tres municipios sololatecos. Al final fueron condenados.

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Esto solo fue el inicio de un caso que ha llevado a las autoridades a descubrir una estructura que ofrecía viviendas, visas de trabajo a Canadá y Estados Unidos, y víveres.

Ambos sujetos se hacían pasar por miembros de la alcaldía indígena de Sololá y también de la de Cunén, Quiché,  que en realidad no existe, según las primeras pesquisas. Desde estos supuestos puestos de poder local se supone estafaron a más de 400 personas con ofrecimientos de tramitar visas de trabajo de Canadá y Estados Unidos, entre otros.

Un testigo a quien identificaron como “el Chino”, fue pieza clave para que las autoridades indígenas sololatecas, descubrieran a Mejía Camajá y lograran arrestarlo junto con Larios. Muchas personas comenzaron a pedir cuentas a los miembros de la corporación municipal hasta que dieron con los imputados.

El 5 de mayo pasado fuero capturados, llevados a la sede de la municipalidad indígena, y ahí juzgados por métodos ancestrales y consuetudinarios. Mejía Camajá, hincado en piedras, admitió el hecho, y pidió perdón. Recibió 25 azotes en la espalda como corrección. Larios hizo lo mismo y a ella le cortaron todo el pelo.

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Las pesquisas inician porque Mejía Camajá tenía en su poder un celular, imágenes, información, pasaportes y diversos documentos los cuales podrían constituir indicios de la comisión del delito de estafa, según el Ministerio Público.

La Fiscalía de Distrito de Sololá los embaló e inició las diligencias de investigación correspondientes en virtud de la denuncia realizada por las autoridades antes referidas. En conjunto con la Fiscalía de Quiché analizaron algunos otros casos, y determinaron que sí había denuncias relacionadas con hechos parecidos.

Fue así que el 15 de mayo en horas de la mañana, la Fiscalía de Distrito de Quiché en conjunto con la Agencia Fiscal en el municipio de Cunén, la Fiscalía Municipal de Nebaj, personal de la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, llevaron a cabo 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Estas las ejecutaron en inmuebles ubicados en Cunén, Santa Cruz del Quiché y Joyabaj, en seguimiento a una investigación que se desarrolla por estafa propia y asociación ilícita.

Asimismo, se tenía planeado llevar a cabo una exhumación en una de las viviendas porque durante la comparecencia ante las autoridades indígenas de Sololá se denunció que el “sujeto pertenecía también a un grupo de secuestradores” y pudieron haberle dado muerte a alguna de sus víctimas.

De acuerdo con la PNC en unos de los inmuebles localizaron documentos de apuntes varios sobre el dinero que recibía Mejía Camajá, principal líder de la supuesta alcaldía indígena de Cunén, Quiché, y listados de personas que eran engañadas (estafados) con proyectos de viviendas, visas americanas y entre de víveres.

Las fuerzas del orden localizaron armas de fuego, varas edilicias que representan el poder local y arrestaron a una mujer, que hasta ahora no han revelado la identidad.

Las investigaciones continúan y se intenta dar con el paradero de más personas vinculadas con este caso. Durante la audiencia en la alcaldía indígena de Sololá el sujeto indicó que vendería las propiedades que había adquirido para resarcir los daños a las supuestas víctimas.

Durante un poco más de dos años el sujeto se hizo pasar por autoridad indígena de su natal Cunén, Quiché, y comenzó a hacer más negocios cuando dijo que también pertenecía a la Alcaldía Indígena de Sololá. Ofrecía diversos negocios, pero entre ellos, el que más resalta, el trámite de visas de los Estados Unidos de América y Canadá. Al final unas 400 personas que entregaron dinero a cambio, consultaron con la autoridad ancestral sololateca y todo resultó ser un engaño.

Las denuncias de las víctimas, entre las que había mujeres y hombres, llegaron a oídos de las autoridades indígenas de Sololá, que hicieron las gestiones para dar con su paradero y llevarlo a la sede de la alcaldía en el municipio de Sololá. Junto con él capturaron a una mujer a quien señalan de ser su cómplice. 

Durante más de dos horas el sujeto, identificado como Juan Carlos Mejía Camajá, de 35 años, y la mujer como Rebeca, de 30, fueron sentados en el banquillo de los acusados. Los ubicaron en el medio del salón de la alcaldía indígena y a su alrededor colocaron cuadros en donde se leía que es autoridad indígena de Sololá. También había pasaportes, copias de visas de Estados Unidos y Canadá, y celulares, con los que se comunicaba con los clientes, ahora víctimas, y llaves de vehículos.

Las autoridades que integran la Alcaldía Indígena de Sololá hicieron los señalamientos en su idioma materno, Kaqchikel. Además, a la sede de la autoridad ancestral de ese departamento, llegaron presuntas víctimas de Mejía Camajá, quienes comentaron la forma en que les ofrecía tramitar la visa en la Embajada de los Estados Unidos y Canadá para poder viajar en forma legal a aquella nación.

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Cobraba hasta Q100 mil

De acuerdo con las primeras investigaciones el sujeto cobraba hasta Q100 mil quetzales, pero aceptaba pagos iniciales de Q10 mil o Q20 mil para hacer los trámites de los pobladores que le requerían sus servicios no solo en Cúnen, sino en otros municipios de Quiché y Sololá. Mejía Camajá tenía dos cómplices, pero solo detuvieron a la mujer identificada como Rebeca.

El otro sujeto habría relatado a las víctimas la forma en que operaba Mejía Camajá, e incluso, que se hacía pasar como sacerdote maya. Con todas las estafas logró comprar una casa en más de Q400 mil y vehículos.

Luego de darles a conocer la razón por la que estaban en la sede de la Alcaldía Indígena, Mejía Camajá, recibió 25 azotes de parte de representantes de la autoridad ancestral. Cada golpe que recibió llevaba un mensaje que debía de dejar de dañar a las personas y resarcir los daños ocasionados. A la mujer le raparon la cabeza. Mejía Camajá debe ahora vender su vivienda y sus vehículos y devolver el dinero que le estafó a sus víctimas. 

El Ministerio Público (MP) confirmó que abrieron una investigación a partir de que las autoridades indígenas ancestrales de Sololá y Cunén, Quiché, coordinaron poner a disposición a Mejía Camajá, quien se hacía pasar por representante de esa municipalidad indígena con la finalidad de estafar personas en Quiché.

Derivado de lo anterior, Mejía Camajá fue juzgado por las autoridades ancestrales en la municipalidad indígena quienes resolvieron azotarlo como castigo por dichas acciones, indicó Juan Luis Pantaleón, jefe de prensa del MP.

Las pesquisas inician porque Mejía Camajá tenía en su poder un celular, imágenes, información y diversos documentos los cuales podrían constituir indicios de la comisión del delito de estafa, razón por la cual las autoridades indígenas los entregaron al MP, quien a través de la Fiscalía de Distrito de Sololá, los embaló e inició las diligencias de investigación correspondientes en virtud de la denuncia realizada por las autoridades antes referidas.

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Algua resaltó que la escultura es una de las imágenes características de la cofradía más importante de Chichicastenango.

Tomás Morales, cofrade de la cofradía de Santo Tomás, informó que él, su esposa y otra persona llegaron a la cofradía para trasladar la imagen hacia la iglesia parroquial del municipio.

Narra robo

Añadió que cuando los tres se desplazaban por la 6a calle un sujeto que se movilizaba en motocicleta se le acercó y le apuntó con una pistola en la cabeza y le exigió que le entregara la imagen.

Dijo que seguidamente el delincuente le colocó el arma en la espalda y luego disparó al aire; “esto me asustó y le entregué la imagen, luego huyó en la motocicleta”, manifestó Morales.

La imagen de la Ascensión del Señor mide 50 centímetros de altura y es colocada a un costado de la imagen principal de Santo Tomás, en Chichicastenango.

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Morales comentó que como hubo reciente cambio de cofradía, la imagen principal permanece en la iglesia y la imagen de la Ascensión del Señor es trasladada todos los días hacia la cofradía y luego hacia el templo.

El cofrade afectado añadió que el sujeto que los asalto llevaba el rostro cubierto.

Hace 10 años

José Jorge Tecún, alcalde Indígena de Chichicastenango, lamentó lo ocurrido y recordó que hace 10 años fue robada la imagen original de Ascensión del Señor y nunca apareció.

Dijo que una persona mandó a hacer una réplica de la escultura, la cual fue robada este miércoles. “Ahora se la vuelven a robar, eso no es posible”, externó Tecún.

Bendición de semillas

Destacó que la imagen robada es la que la cofradía traslada a las comunidades de Chichicastenango y acompaña a los vecinos para la bendición de semillas y otras actividades religiosas, ya que la imagen de Santo Tomás es muy pesada.

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“Pedimos a las personas que la robaron a que le entreguen, no saben el daño que le hacen a la cofradía”, enfatizó Tecún.

Piden investigar

Algua, escribano de le referida municipalidad, recibió a los representantes del Ministerio Público (MP) en la sede de la Alcaldía Indígena, donde les solicitó comenzar las investigaciones para dar con los responsables del robo de la imagen.

También pidió a los fiscales del MP entrevistar a las personas que fueron despojadas de la imagen, para conocer más detalle de cómo sucedió el hecho.

Una de las fiscales del MP, que no quiso dar su nombre, les informó a los integrantes de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango que entrevistaron a las personas que trasladaban la imagen; además, buscarán si hay alguna cámara de seguridad particular en alguna casa o negocio cercano para obtener más información del robo.

#Ciudades #Quiché Vecinos de Chichicastenango salen a las calles para buscar la imagen de la Ascensión del Señor que fue robada por un motorista https://t.co/M6PMcgZgKF @prensa_libre pic.twitter.com/CiD0c3fApU

— Óscar García (@oscargarcia_pl) January 16, 2019

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Vecinos se mostraron sorprendidos por la movilización de las autoridades, ya que Chichicastenango esta catalogado como un municipio tranquilo.

Carlos Saquic, vecino de Chichicastenango, dijo sentirse conmovido por el robo de la imagen.

“Aún recuerdo hace 10 años cuando se robaron la imagen original, yo me pregunto, para qué quieren una copia, solo afectan a nuestras tradiciones en el municipio”, externó  Saquic.

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Cada papá azotó nueve veces a su hijo menor, mientras el mayor recibió 13 golpes de las autoridades indígenas. El castigo para los mayores es más severo porque inducen a los adolescentes en acciones que no son acordes a la comunidad, informó Zapeta.

Los padres comentaron que fueron ellos quienes pidieron azotar a sus hijos públicamente porque ya no les hacen caso. Se pudo observar que después de recibir los azotes los menores lo tomaron con sonrisas.

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“Ellos están por cumplir 18 y después de esa edad los padres no podemos interferir en estas situaciones, será la alcaldía indígena la que decida qué castigo les pone si vuelven a reincidir”, dijo uno de los papás no quiso dar su nombre.

Zapeta comentó que es un mansaje para los delincuentes que entienda que en Santa Cruz del Quiché no se tolera la delincuencia.

“Si permitimos que los mareros y delincuentes lleguen a esta población tendremos que vivir con miedo como lo hacen en Guatemala, Chimaltenango y otros municipios donde la delincuencia está fuera de control”, comentó.

Divide opiniones

Recientemente la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quiché interpuso una denuncia por azotar a menores de edad en el departamento lo que motivo a efectuarse manifestaciones en apoyo a la alcaldía indígena.

Flavio Ruíz, auxiliar de la PDH, dijo que no compartía esta manera de aplicar castigos y que recomendó a los vecinos de seguir los procedimientos que establece la Ley al momento de detener a un presunto delincuente.

Solo este año suman seis personas azotadas en la cabecera de Quiché, todos han sido reconocidos por los vecinos que se dedican a actos delictivos.

El castigo que se efectuó este domingo es la primera vez que lo hacen en el parque La Unión, y fue el lugar elegido después de la denuncia que hizo la PDH en contra de las autoridades indígenas. Anteriormente las personas son azotadas en sus comunidades.

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Este sábado, el menor fue encadenado y llevado a la alcaldía indígena, donde fue sentenciado a recibir nueve azotes con varias ramas de durazno, luego se comprometió a pagar lo robado y de no tener dinero, deberá hacer trabajo comunitario hasta cancelar la deuda.

Implementan la hincada

Tras resolver azotarlo, la alcaldía indígena acordó implementar la hincada, esto consiste en colocar de rodillas al acusado y darle una vuelta al parque la Unión en Santa Cruz del Quiché.

Este recorrido en el parque el sindicado lo hace encadenado de un pie, para después ser azotado en público.
Se informó que fue azotado 12 veces. según Juan Zapeta se le incrementaron tres azotes más porque trato de huir la mañana de este sábado.

Acepta que robó 

El joven azotado aceptó que había robado siete celulares, luego de haber engañado a mujeres y jóvenes. En medio de temblor de cuerpo por los azotes y el nerviosismo, el sentenciado afirmó que no lo volvería a hacer. 

Al finalizar el castigo, la multitud pedía que le dieran más azotes al joven, incluso una mujer pidió que le cortaran ambas manos, pero los representantes de la alcaldía indígena dijeron que eso no lo harían y que el menor cumplió su condena. 
 

Alcaldía hace advertencia

Juan Zapeta, alcalde indígena, advirtió a los delincuentes a que se abstengan de efectuar actos contrarios a la ley, porque de sorprender a otras personas en actos ilícitos, los azotes serían más fuertes y se incrementaría el castigo físico; además, de la implementación de la hincada.

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El acusado tendrá que estar en comunicación con la alcaldía indígena y se tiene previsto que informe quiénes le compraron los celulares. A los compradores se les podría aplicar el castigo comunitario por comprar y vender cosas robadas.

Si el acusado reincide en el robo, se le aplicarían 40 azotes y por último el destierro de Quiché.