25 años de Guatemala Memoria del Silencio

El informe señala cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento.

Alejandro Balsells Conde

21 de febrero de 2024 | 00:03h

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El 23 de junio de 1994 en Oslo se firmó el “Acuerdo sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimiento a la Población Guatemalteca”, con el objetivo de establecer con toda objetividad, equidad e imparcialidad las violaciones a los derechos humanos vinculados al enfrentamiento armado, elaborar un informe y establecer recomendaciones de reparación.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se presentó el 25 de febrero de 1999 en la Sala Efraín Recinos del Gran Teatro Nacional, este domingo cumplirá sus primeros 25 años de haberse hecho público.

Veinticinco años parecen mucho, pero para la historia de un país es muy poco. El informe rendido para su debate y análisis jamás pretendió convertirse en la palabra grabada en piedra, por el contrario, procuró constituirse como un instrumento para generar marcos de reforma sociales, institucionales y de varios tipos para construir una sociedad democrática, tolerante y en paz.

El informe, igual que cientos de análisis históricos, señalan cómo la exclusión estructural en la sociedad generó un marco propicio para el enfrentamiento, pero esto sumado al cierre de espacios de participación política democrática y la negación de la justicia como instrumento para solventar diferencias provocó reacciones de violencia.

Un Estado excluyente con cierre de espacios e instrumentalizando la justicia como extremidad represiva, constituyó el mejor caldo de cultivo para una izquierda revolucionaria en auge en buena parte del continente.

El informe se presentó y es de fácil acceso para quien tenga interés, las causas del enfrentamiento armado están señaladas para coincidir con ellas o para tener reservas, pero un punto clave es nuestra obligación conocerlas para no repetir los errores y horrores vividos.

Desde hace 6 años, en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei el cierre de espacios de participación social, la negación al pluralismo político y la instrumentalización, bastante descarada y sobresalientemente mediocre, de la justicia como instrumento de represión al pensamiento opositor condujo a peligros innecesarios y fue marcado el deseo para imponer el miedo para conseguir silencio.

El informe Guatemala Memoria del Silencio se denomina así porque el miedo introdujo la censura y la autocensura como el mejor cómplice del horror, pero sobre todo el aparato judicial fue el gran instrumento de impunidad.

“El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción el Poder Judicial contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de Guatemala”, dice el informe, pero lo grave es como en 2024 el sistema judicial registra claras muestras de abuso e instrumentalización para la caza de opositores y asegurar privilegios de impunidad llegándose al extremo de liderar el Ministerio Público el mayor intento por sabotear la alternancia republicana en el poder.

De 1960 a 1996 el país vivió un enfrentamiento armado violento, su saldo de dolor es enorme, pero la historia debe servir para conocerla y superarla, no para vivir restregándose en ella, tenemos la obligación de construir grandes tareas entre las que sobresale una Justicia para la Paz.

Sin temor a equivocaciones en este momento el sistema de justicia en su conjunto, registra sus peores índices desde la vigencia constitucional, pero lo peor es que también a su crisis se une la de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados de allí la necesidad de comprender el pasado y rechazar estos intentos por lograr “una justicia” al servicio del crimen, el miedo y la impunidad y no de la paz.

Los tribunales constitucionales tienen como principal misión asegurar la libertad, y para ello refrendar el régimen democrático, asegurar las instituciones republicanas, autenticar el pluralismo político, innovar en el marco garantista de los derechos humanos y establecer límites a los poderes políticos se convierten en aspectos esenciales.

Nuestra Corte de Constitucionalidad, innegable decir lo contrario, se encuentra en una metamorfosis, el tiempo dirá si kafkiana, pero metamorfosis igual, porque de erigirse como Tribunal avalista al casi 100% de los actos del gobierno (pasado), en apenas 3 semanas se constituye en Cámara de Veto del recién llegado.

Las decisiones de la máxima Corte a partir de 25 de junio al 15 de enero, identifican a un tribunal cuyo objetivo fue abonar incertidumbres. Situaciones que debieron ser resueltas justo al nacer crecieron hasta llegar al día de “Toma de Posesión”, al cual por primera vez en la historia sus magistrados estuvieron ausentes.

Todas las magistraturas han tenido luces y sombras, pero con contadas excepciones como los famosos fallos en donde ser permitió la participación de Rios Montt contra clara prohibición expresa o aquella en la cual se dictó la anulación de la sentencia de genocidio contra el mismo personaje porque recibieron carpetazo del verdadero poder fáctico, el desarrollo de la doctrina se ha dado bajo la inercia de integrantes conservadores y progresistas, lo cual es normal en todas partes.

Existe y esto lo señalamos con amplio conocimiento de parte al haber comentado con varios colegas sobre el particular, una enorme preocupación con la actual magistratura, porque ella misma lleva un interés claro, concreto y cuasi absoluto para negar dos principios básicos del Derecho Constitucional: la supremacía y rigidez constitucional.

Una constitución si no es suprema, adopta la eficacia de ley ordinaria, al resolverse la duda de competencia planteada por el Tribunal Electoral con respecto al Organismo Judicial y las impugnaciones a la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley Contra la Delincuencia Organizada, promovidas por personas de las más variopintas ideologías, la conclusión obligada es la negación del Tribunal Constitucional a la supremacía de la Carta Magna.

Al aceptar la Corte cómo una ley ordinaria puede aplicarse a un partido político obviándose el carácter constitucional de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la cual es clara en prohibir dicha situación, se le da luz verde a la destrucción del principio de rigidez, ahora cualquier juez decidirá quienes participan o quienes no lo cual es constitucionalmente prohibido y se permite, de hecho, reformas constitucionales por norma inferior.

Si lo anterior fuera poco, haber tramitado en tiempo récord los amparos contra la conformación de la bancada Semilla, así como la obligación de elegir nueva directiva por el congreso llama más la atención porque el propio Registro de Ciudadanos informó como el partido está vigente, pero la Corte sostiene lo contrario con base en una resolución prevaricadora, pero si esto no fuera suficiente, no puede afectar a terceros aquello que no aparece inscrito en Registro Público, es decir, si la suspensión de la personalidad no está anotada no puede surtir efecto y menos por decisión del más Alto Tribunal. La Corte juega a Juez de Primera Instancia.

Espero de todo el corazón equivocarme, pero por lo visto en estas tres semanas una nueva Cámara de Veto con un marcado interés político partidista se erige, pero cuidándose de verse con algún salpique de barniz “jurídico” para no perder apariencias.

140 gramos, la increíble hazaña de vivir dos veces, es el libro que recoge los rasgos autobiográficos de Annelisa Castillo, mujer trasplantada de riñón y fundadora de la Fundación Amor, la cual brinda servicios a bajo costo a enfermos renales.

140 gramos pesa un riñón, de allí el nombre del esfuerzo hecho libro, y si bien en el mismo se relata mucho de un contexto familiar complejo y difícil, también se construye, página a página, un relato de denuncia. Denuncia de un sistema perverso en donde incluso proponer soluciones por medio de una fundación crea poderosos enemigos por parte de la industria farmacéutica, de algunos médicos cuyo juramento hipocrático es adorno de anaquel y de políticos perversos convencidos de la muerte como negocio para estrujar a los vivos y así hallar la forma de extorsionar con la excusa de la cura a una cruel enfermedad; esto nos obliga a reflexionar sobre el fondo del problema.

Nuestro país tiene altos índices de enfermedades renales, y la hemodiálisis, procedimiento médico por el cual se puede vivir mientras pueda practicarse un trasplante renal, tiene un costo muy alto porque se busca en el fondo conseguir utilidades exorbitantes.

Para variar, a lo largo del testimonio documentado por Annelisa Castillo también encontramos cómo la desidia judicial, el abuso de derecho y la deshumanización de la administración de justicia juega un papel importante y es causante de muertes por su actuación tan poco lógica y solidaria.

Si bien el esfuerzo editorial encierra no solo la denuncia, también encontramos un anuncio de esperanza. La Fundación Amor es producto de un trabajo tesonero pero fue posible porque la iniciativa contó con muy fuertes padrinos para aguantar los vaivenes financieros y sobre todo las deudas dolosas contraídas por distintos gobiernos para cubrir, al costo más bajo del mercado, los tratamientos de miles de pacientes renales.

Nuestra Constitución reconoce a la salud como un derecho humano y el Estado debería girar en función de consagrarla, puesto que sin ella la vida es quimera, pero al constatar cómo 700 pacientes diarios son atendidos por la Fundación encontraremos al pasar hoja por hoja cómo eso es resultado de una inusitada terquedad convertida en quijotada para agradecerle a Dios esa segunda oportunidad brindada para vivir.

Si bien en todo el mundo la vorágine de la industria farmacéutica se recoge por distintos medios, también es cierto que en países como Guatemala la situación es mucho más cruel, porque el racismo, el clasismo, la brecha educativa y social, pero sobre todo la corrupción generan muertos por enfermedades prevenibles y curables frente a nuestra indiferencia.

Es bella la existencia de fundaciones creadas para paliar los males sociales, y sobre todo aquellos concernientes a la salud, pero no es nada justo cómo ese papel produce una evasión de las más elementales obligaciones estatales como lo es establecer servicios de salud institucionales estables y asequibles para todos, situación mucho más crítica cuando la academia nacional enfrenta una crisis sin precedentes y existe precariedad en la enseñanza médica. Encontramos un libro de denuncia y anuncio, quedará en nosotros aprovechar el momento histórico y construir un país un poquito más humano. Veremos si podemos combatir la apatía.

El presidente debe actuar siempre con un ministro, el Congreso debate las leyes en tres sesiones distintas y en el Organismo Judicial existen distintas instancias, por citar tres ejemplos; sin embargo, mucho de lo sufrido por nosotros los guatemaltecos es porque los controles dentro de los mismos poderes del Estado no funcionan.

El lío del presidente Alejandro Giammattei con su vicepresidente Guillermo Castillo provocó una nulidad para el control intra orgánico concebido constitucionalmente; en el Congreso la constante administración de chantajes y extorsiones anuló cualquier posibilidad de establecer diferencias ideológicas y políticas y dentro del Organismo Judicial la presidenta eterna y el agradecimiento de los magistrados para excederse de su período provocó una inercia judicial setentera de complacencia.

En estos momentos, es inútil negar la crisis de la administración de justicia: falta de claridad en el gobierno judicial y sobre todo en la carrera judicial, opacidad en el sistema de contrataciones y uso de vehículos de forma discrecional solo son unas de las notas evidentes, pero también el desinterés para modernizar la administración de justicia. La justicia civil no es más que cobradora de deudas bancarias; la justicia laboral establece audiencias que deben presentarse solo por escrito en meses y no digamos las que requieren presencialidad; la justicia penal funciona en buena parte dependiendo de quién es el juez y la parte; lo contencioso administrativo es sorpresivo porque no sigue ninguna línea jurisprudencial clara (como el caso de la Universidad de San Carlos y la descalificación de Carlos Pineda).

Hemos visto cómo las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo manifiestan el deseo por establecer nuevas formas de gestión, pero ¿qué pasa en el Organismo Judicial?

Una justicia alejada de la ciudadanía provoca violencia y vale preguntarse qué forma de depuración interna existe en el propio Organismo Judicial, o bien, qué planes existen para modernizar y humanizar la justicia en un país donde la anomia es realidad.

¿Cómo puede protegerse la vida, propiedad, libertad, familia y trabajo cuando los tribunales conocen los asuntos con normas caducas? El Código Procesal Civil entró en vigor el 1º de julio de 1964; el Código de Trabajo el 20 de junio de 1961 (aunque su parte procesal tenga algunas reformas), el Código Procesal Penal el uno de julio de 1994 (ahora con montón de chapuces), las tres principales leyes procesales no se actualizan y si a esto le agregamos que el Código de Notariado cobró vigencia el 1º de enero de 1947 (a la fecha con pocas reformas) ¿Cómo pretendemos crear una justicia para la paz?

Ninguna de las principales leyes procesales es posterior a la firma de paz y solo el Código Procesal Penal fue puesto en vigencia con la actual constitución. La reforma judicial debe iniciar dentro del sistema judicial, pero fue la penúltima Corte Suprema la interesada para modificar la justicia civil y el notariado, sin mayor eco en el Congreso.

El Colegio de Abogados es un cero a la izquierda en el debate sobre justicia, pero ojalá las nuevas autoridades judiciales entiendan su papel histórico en una coyuntura de cambio y esperanza, no es justo tener un sistema judicial “pasa papeles” negando resolver los conflictos de manera civilizada, y si tiene alguna duda solo piense qué pasa cuando existe una accidente de tránsito y los vehículos no tienen seguro.

Nuestra historia constitucional es convulsa, la constitución Federal de Centro América tuvo una vida efímera, luego la constitución liberal de 1879 fue víctima del seudoconstitucionalismo y sirvió para soportar dictadores; la constitución revolucionaria del 44 fue desechada luego de la invasión liberacionista y la constitución liberacionista fue traicionada por sus propios autores para luego legarnos de 1965 a 1982 la constitución calificada por Jorge Mario García Laguardia “como la del peor tipo posible”.

La constitución promulgada el 31 de mayo de 1985 ha garantizado la transición electoral del poder desde Vinicio Cerezo a Bernardo Arévalo, y esto no es poca cosa en un país donde los procesos violentos fueron la orden del día, pero debemos entender cómo aquella constitución cuya vigencia recién celebramos ya no es la misma, porque el país no es el mismo.

El proceso democrático genera dinámicas sobre las cuales las nuevas generaciones son más libres, las mujeres, los pueblos indígenas y varios sectores sociales son visibilizados luego de haber sido excluidos y así han surgido nuevos sectores de poder.

Como los cuartelazos del siglo 20 no son viables, los golpistas modernos se visten con toga, utilizan el estrado judicial, actúan prevaricadoramente y administran chantajes tal como desde el propio Congreso de la República se denuncia.

“Los problemas constitucionales no son primariamente, problemas de derecho, sino de poder; la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen; y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”, nos dejó escrito Ferdinand Lassalle, gran teórico clásico del Derecho Constitucional.

La participación efectiva de la juventud y la ciudadanía en junio y agosto de 2023, así como la defensa de la democracia por muchos sectores bajo el liderazgo de los pueblos indígenas, evidencian vientos de cambio para entender la complementariedad constitucional necesaria.

El Congreso de la República tiene tres grandes deudas constitucionales porque lleva 38 años de omitir ocuparse de legislar sobre tres aspectos de forma expresa ordenados por el Texto Fundamental: el efectivo respeto a la propiedad comunal de la tierra por los pueblos indígenas (artículo 70); ley para garantizar el aprovechamiento del agua (artículo 127) y ley para, de forma efectiva, prohibir monopolios y asociaciones para restringir la libertad de mercado (artículo 130).

Un país no cambia porque una ley se aprueba, un país cambia cuando sus habitantes se empoderan, los derechos dejan de ser privilegios y se garantiza el ejercicio del poder público por medio de acciones puntuales para construir una mejor calidad de vida para todos, y sin duda nuestro marco constitucional lo diseña.

Nuestros dos últimos dos gobiernos se caracterizaron por instituir prácticas abusivas del poder, lo cual se garantizó con una evidente y grotesca cooptación institucional, llegándose al extremo del presidente Giammattei, quien se convierte en el primer mandatario en no llegar al acto protocolario del cambio de mando y entregar los símbolos de su investidura al Congreso porque sus aliados, obedientes y no deliberantes, alargaron los tiempos hasta el 15 de enero y así conseguir de nuevo un barniz “jurídico”, aunque todos lo sabemos, huyendo de una segura rechifla, pero aún así cumplimos 38 años de vigencia constitucional con el compromiso de hacer vivo el pacto social.

Resulta necesario traer este texto a la memoria, porque el próximo domingo termina el período constitucional de un gobierno caracterizado por amenazar y violar libertades, consiguiéndose el exilio, la cárcel motivada por un sistema judicial servil, la persecución caprichosa, pero sobre todo un absoluto desprecio a los medios existentes para hacer viva la Constitución.

En Derecho Constitucional existe un principio: mientras más fuerte y sólido sea el control del poder, más amplia y asegurada será la libertad de los habitantes. Si vemos por ejemplo en los países desarrollados, la institucionalidad cuida como un objetivo fundamental el ejercicio de la función pública y por eso sus habitantes gozan de libertad. En nuestro país, por el contrario, el objetivo perseguido por quienes hicieron los dos últimos gobiernos fue conseguir “barnices judiciales” para actos contrarios al derecho.

Si el control del poder es fundamental para la libertad, una administración de justicia independiente es clave para todos dormir tranquilos, y por eso, la fiscalización a la labor judicial es clave, porque una violación al derecho de cualquier persona, se convierte en una amenaza general y además es muy distinto libertad a libertinaje.

Como las mayorías democráticas pueden cometer abusos, la rigidez constitucional asegura el marco de seguridad para nuestras libertades y acá se complementa con 4 leyes constitucionales, dos de ellas, la Ley de Emisión del Pensamiento (muy mala por cierto, pero igual vigente) y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La primera es una garantía a la emisión de nuestro pensamiento y la segunda a la efectividad del sufragio, las dos fueron y son violadas por un sistema judicial servil y prevaricador llegándose a extremos inconcebibles.

El Código Penal gira en función del llamado principio de legalidad y su primer artículo señala “nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, por ley anterior a su perpetración; ni se impondrán otras penas que no sean previamente establecidas en la ley”, sin embargo, los casos paradigmáticos de Virginia Laparra y Claudia González muestran como esta garantía de libertad es violada, para encarcelar a quien resulte molesto, ambos casos muestran horrores judiciales.

Lo vivido en estos dos últimos gobiernos muestra cómo el sistema judicial se adaptó a satisfacer las pasiones de venganza de quienes tuvieron poder.

La construcción efectiva de un marco de Derecho no es tarea exclusiva de un gobierno o de un sector, sino es compromiso ineludible de todo aquel llamado ciudadano, por eso el próximo gobierno debe tener como objetivo recuperar las libertades perdidas.

Hablar de libertad es fácil, garantizarla es lo difícil y hay oprobio cuando el gobierno persigue periodistas, ex operadores de justicia y personas molestas, a eso jamás debemos regresar, en nuestra historia ya tuvimos demasiado.

Recuperar las garantías de libertad es una tarea con interés para todos, porque no existe libertad sin responsabilidad, pero esta última debe ser en su caso determinada por un sistema cuya naturaleza genere y asegure la paz social. La Democracia y la República es un esfuerzo colectivo, no solo palabras bonitas.

En Uruguay, blancos y colorados se organizaron para evitar a Mujica y su partido; en México sucedió algo increíble, el PRI y el PAN, organizaciones enfrentadas por más de medio siglo, ahora van de la mano con el agregado del PRD para tener algún chance contra Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador (Amlo). El caso mexicano llama aún más la atención porque Amlo denunció desde hace años cómo ambos partidos funcionaban al unísono mostrándose como falsos opositores, y en Honduras algo similar sucedió cuando el bipartidismo centenario se rompe con la elección de la actual presidenta.

Nosotros los guatemaltecos constatamos cómo la oposición de Líder al Partido Patriota era escena teatral, pero las elecciones 2023 sí rompieron todo esquema, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), catalogada por ella misma como social demócrata, señaló siempre ser la opositora de los partidos de derecha y así se presentó contra Jimmy Morales y Alejandro Giammattei. Ya dentro de la inercia de los gobiernos, la mayoría de sus decisiones fueron en apoyo al partido oficial, pero sí cuidaba mucho la apariencia de parecer distinta.

En las elecciones pasadas, la incógnita de muchos fue si la UNE disputaría la segunda ronda electoral con Mulet, Ríos, Conde o algún nuevo paladín del statu quo; sin embargo, al lograr Bernardo Arévalo y Karin Herrera el balotaje pudimos corroborar cómo todos aquellos aparentes rivales políticos se unificaron, llegando al extremo de cómo organizaciones neofascistas y apologistas de la represión de los gobiernos militares brindaban su apoyo a Sandra Torres.

La UNE renunció a la Internacional Socialista, a pesar de haber fungido la candidata en un alto cargo directivo, y además se contradijo en varias de sus tradicionales ofertas electorales con el único objetivo de cautivar a quienes estaban huérfanos de opciones. El resultado está a la vista, pero la historia también está escrita.

Dicho lo anterior, resulta útil para todos repasar cómo una verdadera y sana oposición política es útil para cualquier gobierno. Nadie tiene la verdad comprada, nadie es dueño de la verdad absoluta, de allí es como el éxito democrático radica en el legítimo debate de ideas y en cómo las distintas opciones políticas logran llegar a acuerdos de gobernabilidad. Por desgracia para muchos guatemaltecos, la política es la forma de crear nuevos millonarios, y sin duda lo vivido nos lo comprueba, pero debemos recuperar los ideales y los postulados si pretendemos forjar un país distinto y con opciones. Guatemala es la novena economía de América Latina, pero tenemos brechas sociales enormes, al grado de que en varios municipios del país la migración es la única opción para salir del atasco económico, lo cual no es nada justo.

La Guatemala del 2024 debe nacer del pluralismo, del respeto a la idea ajena, pero, sobre todo, con base en el rechazo a aquellos procuradores del autoritarismo, el golpe a la institucionalidad, el fanatismo religioso y la violencia. Vimos cómo las diferencias de los partidos oficiales se redujeron a cero cuando fue necesario apoyar a su rival tradicional como era la UNE, el tiempo mostrará si hay acuerdos de coyuntura o son estructuralmente lo mismo. Cuando triunfó Jimmy Morales se le deseó lo mejor para su gobierno; el resultado está a la vista. Cuando triunfó Alejandro Giammattei se le deseó lo mejor para su gobierno; veremos cómo será recordado.

Escribir una nueva forma de hacer política también en buena medida, depende de una ciudadanía comprometida, y esto lo debemos promover por todos los medios, exigiendo una sana oposición.

Al estudiar Derecho Electoral, existen dos cuestiones fundamentales para entender un poco la dinámica de este convulso 2023, la primera, que todo lo electoral descansa en la desconfianza, por eso esta desconfianza debe administrarse: el voto es secreto, existe una descentralización de Juntas Electorales, lo ideal es que los miembros de mesa no se conozcan, existen fiscales de los partidos políticos, el escrutinio es público y el Tribunal Electoral debe demostrar capacidad técnica pero sobre todo, imparcialidad; y el segundo punto es más complejo, porque en el proceso electoral, desde el inicio hasta su finalización, se pone a prueba toda la institucionalidad del Estado y además buena parte descansa sobre los hombros de quienes son las autoridades electorales centrales para lograr lo más difícil: confianza en el sistema.

Los guatemaltecos debemos siempre recordar cómo Arturo Herbruger Asturias, Manuel Ruano Mejía, Fernando Bonilla, Luis Felipe Sáenz Juárez, Mario Roberto Guerra Roldán, Hugo Maul Figueroa, Gabriel Medrano Valenzuela, Félix Castillo Milla, César Augusto Conde Rada, Angel Alfredo Figueroa, Gil González, Mario Montano Paz, John Schawnk Durán, Luis Arturo Archila, entre tantos otros nombres, pudieron darle al Tribunal Supremo Electoral márgenes de confianza frente a procesos políticos convulsos, difíciles y algunos de ellos hasta dentro del enfrentamiento armado.

El proceso electoral 2023 debe estudiarse con cuidado. Es innegable cómo por parte del Tribunal Electoral privó la descalificación caprichosa para la participación de Jordán Rodas, Roberto Arzú y cómo una Sala de lo Contencioso Administrativo sacó de la contienda a Carlos Pineda (lo cual es jurídicamente inexplicable) a pesar de estar inscrito, pero lo más preocupante fue cómo la Justicia Constitucional confirmó la eliminación de estos personajes, aunque acá solo me refiero a candidaturas presidenciales y vicepresidenciales, porque para diputaciones el asunto es más variopinto.

El derecho a elegir y ser electo no puede quedar sujeto a interpretaciones antojadizas y en algunos casos hasta fundamentadas en reglamentos, por eso las decisiones de hace 4 años de eliminar de la carrera electoral a Edwin Escobar, Thelma Aldana, Zury Ríos y Mauricio Radford pesaron en el 2023, porque de nuevo la justicia constitucional debió haber tutelado un principio fundamental de la democracia y no dio la talla.

El proceso de inscripciones de candidatura tuvo tacha, la elección se realizó, y resultado es incuestionable y reconocido, tanto dentro como fuera de las fronteras, pero de nuevo el Organismo Judicial por medio de la procuración arbitraria, antitécnica y sobre todo absolutamente rupestre del Ministerio Público pretendieron invadir esferas electorales, motivados como todos lo sabemos, porque el candidato oficial Manuel Conde no logró lo pretendido.

Sostener desde la óptica constitucional cómo un juez de lo penal puede suspender la personalidad jurídica de un partido políticos es imposible, sin embargo, esto ocurre con Movimiento Semilla y de forma inexplicable la Corte de Constitucionalidad no suspende sus efectos, veremos si se logra la efectiva tutela para el 2024.

Nuestro país siempre fue reconocido por contar con una “democracia electoral”, el gobierno de Alejandro Giammattei y su voraz cooptación le propinó un duro golpe a la institucionalidad republicana pero el movimiento encabezado por los Pueblos Indígenas y secundado en todo el país nos demuestra cómo la Constitución y los principios democráticos se defienden desde cualquier tribuna, antes contra los militares y ahora contra abogados alquilados para sicariato judicial, lo cual es la mayor esperanza para un pueblo cuyo principal anhelo es paz.

El tiempo del consumismo llamaba mi papá a esta época, y por eso, en lo personal, me resulta harto difícil escribir la columna previa al 24, porque sin duda hemos perdido nuestro norte y solo basta salir medio a la calle para comprobarlo.

Poco a poco hemos descalabrado los mensajes y hemos priorizado lo construido con ladrillos. Desde hace siglos se edificaron bellísimas catedrales para exaltar al Altísimo, y buena parte de esos grandes edificios fueron financiados por venta de indulgencias y favores. Eso obligó al proceso de Reforma y Contrarreforma de la Iglesia Católica, del cual surge el protestantismo actual; pero luego también, y sobre todo ante la ausencia de autoridad central, cayó y cae en las tentaciones plutocráticas de forma dramática en total contradicción a su semilla inicial. Ejemplos abundan y se comparten con muchísimas religiones.

En la Universidad Rafael Landívar existe una asignatura llamada “Jesús de Nazareth”, y cuando esta surgió existió la preocupación por parte de docentes y estudiantes de convertir a la Universidad en escuela de religión; sin embargo, pronto se nos explicó cómo dicha materia se impartiría desde la óptica de un Jesús histórico, y recuerdo muy bien aquel desayuno Socrático en la Facultad de Derecho, en el cual se debatió cómo el cristianismo forjó el verdadero sentido de igualdad ante la norma, porque dejó de existir el “Pueblo Elegido” para forjarse una Nueva Alianza para todos y de forma independiente, tanto para el creyente o el ateo, esa concepción positiva y fidedigna debía ser objeto de debate y conocimiento. Ignoro si todos los maestros de esta asignatura cumplieron con el encargo, pero lo cierto es que a otros nos caló el significado, porque a partir de la igualdad ante la ley surge la necesidad de forjar la igualdad de oportunidades, sabiéndonos todos desiguales por naturaleza.

El ser humano se maravilla de grandes construcciones en honor a Dios, pero destruimos mares, bosques, selvas y pantanos. Pero lo sucedido en El Salvador me ha dado vueltas a la cabeza, porque se inaugura una de las bibliotecas más modernas, bellas, grandes y bien surtidas de América Latina, justo en el corazón de San Salvador; sin embargo, de seguro la mayoría de sus libros enseñan cómo la historia muestra que la paz se construye con base en el respeto al marco constitucional, aunque su presidente, con grandísimo apoyo popular, rompió las reglas del juego y se postuló como candidato, encarnando al caudillo del siglo 21.

La historia de Bukele la vivió Guatemala con Estrada Cabrera, quien estuvo en la Presidencia 22 años, y con Ubico, quien ajustó un poco menos de 14. Ambos fueron amados, venerados y temidos, y también nosotros en estas últimas semanas vimos cómo quienes gobiernan querían quedarse más tiempo en el poder, y de nuevo los grandes edificios del Centro Cívico y del Centro Histórico, diseñados para ejercer un poder con control de las leyes, casi se convierten en solo cuartos vacíos, sin sustento, sin esencia y, lo peor de todo, como reductos del abuso y la violencia.

Dios no es cristiano, nos dijo Desmond Tutu. Debemos abrazar los valores universales, construir puentes de paz, diálogo y concordia. En muchos hogares, en esta Navidad existirá una silla vacía por la violencia o la desidia estatal. Urge más empatía. Celebremos la felicidad de tantos niños, dejemos de optar solo por los agigolones de compras y la visita de ladrillos. ¡Feliz Navidad!

Si todavía existían quienes daban algún grado de confianza al Ministerio Público, luego del viernes pasado, quedarán solo quienes pretendan morir engañados.

El contexto, las explicaciones causales de los supuestos delitos, la argumentación en torno a las nulidades del cómputo de votos, las tachas de índole electoral, el ultraje al Derecho Internacional, las quiméricas conclusiones, pero sobre todo la gala del abuso de poder y la amenaza de acciones represivas e inconstitucionales debe obligarnos a plantearnos el daño a la Administración de Justicia en su conjunto.

La actitud de los funcionarios fiscales solo puede ser comparable con las actuaciones de las Auditorías de Guerra de Ydígoras o Peralta Azurdia, o las monstruosidades llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación de Arana a Lucas, o quizás a los Tribunales de Fuero Especial de la dictadura riosmontista, en donde “la ley” se utilizaba para burlar los propios Derechos Humanos o básicos conceptos democráticos.

¿Si el sistema de gobierno guatemalteco es democrático, republicano y representativo, cómo puede un fiscal calificar de nula una elección porque un formato de un formulario no reúne, según él, un supuesto requisito reglamentario? Pararse frente a 17 millones de guatemaltecos para insultar el trabajo de más de 25 mil Juntas Receptoras de Votos, sus fiscales y observadores, es decir, de más de 250 mil personas es vergonzoso.

La legitimidad del poder desde Cerezo a Giammattei han sido los votos, los distintos gobiernos con sus aciertos y yerros, han pasado por el poder y ha sido el electorado quien premió o censuró lo hecho y lo traicionado, ahora impresiona como este gobierno y su corte de rastreros se niega a reconocer los resultados electorales para dibujar un retroceso histórico inmenso.

Negarnos a todos, pero sobre todo a los más jóvenes la vida democrática y pretender condenarnos a una reencarnación setentera no solo constituye delito sino un pecado monstruoso en un país donde se niegan oportunidades, educación, trabajo, desarrollo y futuro.

Las cortes tienen una deuda inmensa. El Ministerio Publico tiene una crisis espantosa. Los Colegios Profesionales son mudos cómplices del desastre junto a la mayoría de universidades, pero han sido distintos sectores sociales quienes han sacado el pecho en defensa de los principios constitucionales y legales para garantizar la alternabilidad en el ejercicio del poder y hacer viva una precaria institucionalidad republicana.

Para ejercer función pública es imprescindible jurar fidelidad a la Constitución, así hemos ido viendo como uno a uno, los funcionarios usan su poder para fines repugnantes y cobardes, mientras más ciudadanos comunes y corrientes, pero sobre todo con el ejemplo de los pueblos indígenas, nos enseñan cómo se lleva a cabo la Defensa Constitucional ante la violación al juramento de algunos.

El proceso democrático sí ha producido frutos y si bien a veces parecen inestables, han sido sólidos para evitar el ultraje a la constitución, pero sobre todo han sido válidos para enseñar como la anomia de los fiscales y algunos jueces es una realidad a combatir para no seguir siendo testigos de actos oficiales en los cuales se desprecia el derecho.

Adoptar una narrativa de incertidumbre para generar dudas sobre quiénes deben asumir los cargos el 14 y 15 de enero próximos es una “táctica” de los mismos que por décadas niegan la verdadera república democrática.

Por siglos, los Estados fueron también procuradores de distintas religiones, los católicos romanos, los católicos ortodoxos, los protestantes, los musulmanes, entre tantos, muestran cómo la proclamación oficial de la fe significa determinados privilegios y protecciones, pero también rechazo o resistencia a creencias diferentes.

Un Estado debe garantizar las libertades y una de ellas es la libertad religiosa, por ello los Estados optan por ser laicos; es decir, por no patrocinar ninguna religión oficial y permitir el libre juego de las distintas creencias en sus sociedades, así se logran marcos de tolerancia, coexistencia y comunidad.

Las sectas, por su parte, son divisiones o grupos surgidos de las religiones o también de forma extensiva de doctrinas políticas, en las cuales un grupo específico ya no comulga con la dirección general y realizan nuevas propuestas, pero en este proceso, casi por lo general, generan sentimientos de odio, rechazo y hasta de venganza frente a quienes, en un momento determinado, eran sus compañeros de credo.

Optar por una religión, o bien dejar de hacerlo, constituye un acto de libertad. El libre albedrío juega un papel fundamental porque, de lo contrario, los aparentes fieles estuvieran obligados o coaccionados para ser parte de algún grupo, destruyéndose en esencia el germen esencial, como lo es la libertad.

Ejemplos de sectas hay muchos; por ejemplo, si vemos temas religiosos, el 18 de noviembre de 1978, en la Guayana Esequiba (actual Guyana, pero sujeta a reclamación venezolana) perdieron la vida 923 personas, y fue el dirigente principal, llamado Jim Jones, quien ordenó “el suicidio”, pero luego se tradujo en asesinato. En Texas, el 19 de abril de 1993, 76 miembros de una secta perdieron la vida. En temas políticos también encontramos sectas, las “purgas revolucionarias” de la guerrilla atestiguan varios asesinatos, y también se conoce cómo desde la derecha los propios escuadrones de la muerte hicieron lo mismo con “quien consideraban traidor”.

Las sectas se caracterizan por su irracionalidad, pero son más peligrosas cuando sus miembros están seguros de actuar por mandato Divino, pues no existe recurso humano alguno ante la decisión de Dios y así estas personas pierden cualquier noción de límite, ya que Dios es Absoluto y la Constitución, pues, es una simple obra humana.

En los últimos tiempos vemos en el mundo, y Guatemala no es ninguna excepción, la proliferación de expresiones abusivas del poder “amparadas” en mandatos divinos, y sin duda puede ser un recurso populista, pero también luego comprendemos cómo estas personas han perdido la noción de su mandato y por eso nuestro régimen constitucional sí debe revisar, con muchísimo cuidado, la diferencia entre profesar una religión de forma libre y la manipulación de fieles por dirigentes que, como hemos podido ver, son auténticos delincuentes o funcionarios abusivos.

Tenemos la obligación de asegurar la garantía de libertad para todos y esta es inexistente cuando algún fanático ejerce poder público y en sus decisiones pesa “su plática con Dios”, porque es notoria la ausencia de discernimiento, y recordemos cómo en nombre de Dios se producen y protegen horrores, cobardías y atropellos indescriptibles.

El respeto a la libertad requiere de garantías, y la principal es contar con actos de poder decididos desde el marco constitucional y no de tertulias particulares con poderes Divinos.

Nuestra Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y cobró vigencia el 14 de enero de 1986 y a la fecha, hay varias leyes ordenadas sin ser aprobadas y por eso el diseño constitucional no está cumplido, esto evidencia la indiferencia para ocuparse de aspectos sustantivos.

Veamos ejemplos: la protección a los pueblos indígenas, pero sobre todo la seguridad para la propiedad comunal de la tierra y su asistencia crediticia debería estar resguardada por una ley especial. A la fecha no se ha hecho (artículo 70 constitucional). El aprovechamiento del uso y goce del agua, debería ser regulado por una ley específica y a la fecha no se ha hecho (artículo 127 constitucional). La constitución prohíbe monopolios y privilegios, además el Estado debe limitar el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de la misma actividad comercial o agropecuaria, para así proteger la economía de mercado e impedir la asociación empresarial en perjuicio a los consumidores, esto no se ha hecho (artículo 130 constitucional).

Si bien, con respecto a las invasiones de tierras, existen dinámicas delincuencias por un lado, también existen verdaderos conflictos sociales por el otro, en donde la ausencia de catastro, registro seguro y eficiente para brindar protección estatal da lugar a disyuntivas muy difíciles de resolver por el sistema judicial. Un país sin catastro, no genera certeza y protección a la propiedad privada o comunal de la tierra, el Registro de Información Catastral (RIC) no cumple sus funciones y tanto las municipalidades como la Dirección de Catastro del Ministerio de Finanzas andan por órbitas distintas, sin mencionar cómo los Registros Públicos, sin unidad central, provocan más amenazas que certezas.

El régimen de aguas es diametralmente distinto en Ciudad de Guatemala que en las Pinulas, Fraijanes, Chinautla, Palencia o Villa Nueva, y esto solo para mencionar algunos municipios del Departamento de Guatemala. El desorden municipal nos brinda falta de abastecimiento así como ríos y lagos contaminados, siendo el Motagua y Amatitlán grandes exponentes.

Tenemos monopolios auspiciados por el Estado pero también se incentiva la asociación empresarial en perjuicio de los consumidores, en el Ministerio de Economía encontraremos varios ejemplos, por ello la inexistencia de una ley contra esta situación solo explica al constatar cómo el régimen imperante tiene grandes y poderosos defensores, quienes por medio de discursos “liberales” aseguran la inexistencia de marcos competenciales apropiados y un mercantilismo evidente.

La ley es una decisión política, y la decisión política más importante de un Estado se llama constitución, por consiguiente, en 37 años de vigencia constitucional las preguntas obligadas son: ¿a quién le conviene la inexistencia de un catastro técnico y eficiente?; ¿a quién le conviene seguir contaminando ríos y lagos, pero además aprovecharse del agua en perjuicio de todos? ¿por qué no hay una ley antimonopolio cuando el libre mercado es la esencia el capitalismo?

Nuestro marco constitucional, como mínimo, debe cumplirse y estos tres ejes deberían ser fundamentales para el nuevo gobierno, porque los gobiernos “liberales” no se han ocupado de estructurar verdaderos marcos de paz y desarrollo. No debemos ser genios para saber cómo sin seguridad en la propiedad privada, sin agua y sin libertad de mercado, no existirá buen futuro.

Violar las leyes con permiso de la autoridad no es nuevo, y menos en el país, pero ahora, en el siglo XXI, como podemos ver, quienes expiden las nuevas “patentes de corso” son las autoridades judiciales, las cuales, sin importar la propia documentación del expediente a su cargo, así como las protecciones constitucionales sobre la emisión del pensamiento o el régimen electoral, resuelven violaciones legales a granel sin ninguna consecuencia administrativa, civil o penal, facultando la piratería de algunos en desmedro de todos.

Que un juez, de un plumazo, con base en absurdas alegaciones del Ministerio Público, pueda “suspender la personalidad jurídica” de un partido político es grotesco, y lo peor es cómo este abuso es el primero de muchos otros que vendrán si los guatemaltecos no reaccionamos en protección de nuestros derechos. Acá cerca, el gobierno nicaragüense cerró empresas, cooperativas, asociaciones de trabajadores, estudiantes y empresarios, llegando al extremo de clausurar la primera universidad privada centroamericana confiada a la Compañía de Jesús y el mejor centro de estudios empresariales de la región. Lo sucedido con la Universidad Centroamericana (UCA) y con el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) fue producto de normas como las que acá pretenden aplicar, y el Estado nicaragüense, sin necesidad de molestas expropiaciones, se robó inmuebles, vehículos, enseres y un sinfín de bienes. Esto es grave y se ensaya en nuestro país.

Hemos visto cómo el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta y diputados electos, con base en tuits. Esto con el único objeto de entorpecer el traspaso del poder, pero ¿qué hay más de fondo? Si nuestro gobierno y ciertos poderes reales de poder están inmersos en una dinámica golpista y no tienen temor o vergüenza a las tremendas estupideces como amparan sus decisiones, tal como la prensa y las redes sociales evidencian, busquemos el incentivo y, de seguro, este no es más que garantizar una administración opaca, alejada de los intereses populares y, sobre todo, asegurar prácticas mercantilistas, anticapitalistas e inconstitucionales. Los corsarios actúan ahora con la protección de jueces, y esto debemos denunciarlo, porque dentro de nuestro sistema judicial no existió por parte de la Corte Suprema recién salida una sola propuesta efectiva para garantizar independencia judicial con responsabilidad, tal como la Constitución ordena y dispone. Por su parte, el Ministerio Público enterró la carrera fiscal.

Los corsarios saqueaban y capturaban, ahora presenciamos cómo Marcela Blanco, Rodolfo Chang, Alfredo Enrique Beber, Eduardo (Guayo) Velásquez y Javier Alfonso de León fueron capturados por un juez con vínculo contractual directo con la Usac, pero con un objetivo político partidista, y hemos sido varios quienes señalamos esta situación como más propia de rehenes. Es notoria la actuación judicial con desprecio absoluto no solo a los derechos fundamentales, sino a la razón, la lógica, la prudencia y paz.

Hemos vivido dos gobiernos seguidos sin brindarle ninguna importancia a los Acuerdos de Paz y lo más grave, montándose diversos aparatos para boicotear los procesos democráticos, llegándose al extremo y colmo, de configurar un Organismo Judicial al servicio de la exclusión política, la intolerancia ideológica y la polarización.

La Constitución al ser promulgada en 1985, con un contenido político jurídico y los Acuerdos de Paz al culminar su firma en 1996, con un contenido político social, le duela a quien le duela, constituyen a la fecha los lineamientos más significativos para estructurar un Estado sin peligro para la repetición de las atrocidades vividas por un enfrentamiento armado desgarrador.

Jorge Mario García Laguardia, nuestro constitucionalista universal, y Edmundo Vásquez Martínez quien algunos consideramos el jurista más integral de nuestra historia, repitieron hasta el cansancio: no se puede entender derecho, sin conocer la historia y esto es fundamental para quienes forjan desde el sistema de justicia una especie de inquisición del siglo 21 inspirada en sus propias pasiones y en la defensa de un mercantilismo absurdo y caduco.

Por medio del sistema de justicia se tiene a más de 60 personas en el exilio, siendo evidente cómo el sagrado derecho de defensa es inexistente frente a jueces acomodados a servirle al poder; elPeriódico fue cerrado a instancias judiciales y tanto el Ministerio Público como ciertos personajes del Organismo Judicial mostraron, durante el proceso electoral, primero, un deseo de exclusión a personas “molestas” -de toda ideología- para quienes gobiernan y luego, como ha sido público, en una audiencia de minutos, denunciándose un delito no sucedido, se autorizó el allanamiento a la autoridad electoral en total violación constitucional y legal.

Durante el enfrentamiento armado interno, el Organismo Judicial fue el mudo cómplice de las mayores atrocidades cometidas. Los detenidos desaparecidos, las torturas, los asesinatos selectivos y las grandes masacres jamás movieron el interés institucional de la Corte Suprema de Justicia, decidida a resguardar y proteger, en nombre de la Seguridad Nacional, los más crueles delitos; pero ahora presenciamos cómo “dentro del Estado de Derecho” se manipula el proceso judicial para reprimir a quienes resultan molestos, llegándose al extremo de Claudia González quien es acusada por un delito tipificado para servidores públicos, cuando ella jamás ha fungido como tal.

La independencia judicial, dentro del Organismo Judicial, ha sido coartada por esta Corte Suprema de Justicia, haciendo nugatoria la carrera judicial y esto mismo sucede en el Ministerio Público, donde con criterios de rábulas se eliminó, de plumazo a plumazo, la carrera fiscal y estas acciones se traducen en la amenaza constante a la inclusión política, la tolerancia ideológica y unidad nacional.

El artículo 2º constitucional dice: “Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”; por lo tanto, hacerlo vivo es compromiso de todos y tengamos presente la relación directa entre quienes anulan los Derechos Humanos son también quienes pretenden ocultar la historia.

La defensa en estos tribunales era inexistente, los jueces eran “invisibles” y fue tal el descaro del régimen que la sede fue la mismísima “Casa Crema”, es decir, el inmueble utilizado para vivienda de quien fungía como ministro de Defensa a la par de la Antigua Escuela Politécnica. Es tan vergonzoso para el sistema judicial, para el ejército y para el Estado el funcionamiento de estos Tribunales que cuando la Comisión para el Esclarecimiento Histórico requirió los expedientes o copia de ellos, las autoridades alegaron extravío y amnesia.

Debemos conocer sobre Tribunales de Fuero Especial, porque estas oprobiosas autoridades dieron lugar a un texto de lujo, en cuando al derecho de defensa en nuestra Constitución: “La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.

Del dicho al hecho hay un gran trecho reza el refrán y experimentamos cómo en procesos paradigmáticos existe un verdadero interés del sistema judicial para burlar la defensa de quienes son procesados con dedicatoria expresa. Constatamos cómo quienes son juzgados por narcos o asesinos o conocidos ladrones y hasta torturadores o causantes de desapariciones, con poder e influencia, logran acceder a beneficios procesales mientras que personas como Virginia Laparra o Jose Rubén Zamora siguen en prisión “para mientras”, por la sencilla razón de haber molestado a quienes verdaderamente mandan, habiendo llegado la cobardía al extremo de acusar a la abogada Claudia González de un delito que jamás pudo cometer, porque nunca fungió como servidora pública, violándose con ello cualquier noción elemental de Derecho Penal y admitiendo interpretaciones analógicas prohibidas de forma expresa.

La actitud servil de algunos jueces dentro del Poder Judicial, la protección administrativa a otros jueces conocidos por trinqueteros y hasta por “roba propiedades”, así como la impartición de justicia selectiva y con dedicatoria es un hecho el cual podemos corroborar solo leyendo noticias.

Sin posibilidad de defensa no hay juicio justo, porque el primer requisito sine qua non de un juez es su imparcialidad, pero si como árbitro se encuentra un inquisidor el resultado es previsible y sin duda, en muchas ocasiones, ordenado desde la sexta calle.

Con respecto a los exjueces exilados bajo el argumento de inexistencia de garantías para su defensa, si fuéramos más serios, esto debería ocupar a las más altas autoridades del sistema judicial, porque por ejemplo, “los procesos” motivados en su contra fueron conocidos también por magistrados de Apelación y en algunas otras ocasiones por la propia Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, pero se persigue a quien conoció en primera instancia, lo cual es comentado y ya debatido en asociaciones y cónclaves de abogados a nivel iberoamericano para dibujar un sistema judicial al servicio del poder y víctima de pasiones personales.

El controlador del poder público es el sistema judicial, sin él reina el abuso y nuestra libertad es amenazada, generándose presos por encargo y obligando al exilio a tantos otros, el sistema judicial debe garantizar su primer cimiento: la imparcialidad y así conseguir su independencia.

La leyenda de Todos los Santos y del Día de los Difuntos es bellísima y además vivida con mucha pasión en América Latina, pero en Guatemala tiene especiales ribetes porque, además, el primero se come el fiambre, un plato laborioso y complicado, cuyo primer ingrediente es el amor porque son tantos sus componentes y tan compleja su mezcla que la paciencia es alimentada solo para ver alegrías familiares reunidas, porque cada uno de los menjurjes es artesanal.

Quienes hemos perdido a gente amada sabemos y conocemos cómo son recordados todos los días, pero tener un día en específico y además compartir anécdotas, esfuerzos y sonrisas para celebrar con los vivos, sin duda alguna, gratifica el espíritu y el corazón. Existen primeros de noviembres más duros que otros, y siempre el primer primero sintiendo la ausencia de la persona adelantada es mucho más complejo; luego el tiempo enseñará a “cargar la procesión” de forma más íntima y silenciada.

Habitamos un país donde, como penitencia general, la violencia crece y hemos perdido hasta nuestra capacidad de asombro. Si bien la muerte siempre es dura, la producida por la violencia genera dolores y rabias indescriptibles, porque la impotencia, primero, ante el hecho y, luego, ante la ineficiencia, desidia y desinterés para dar con los culpables es peor, y así aquello llamado justicia no viene siendo nada más que un concepto vacío y sin cimientos.

Los médicos luchan todos los días para tener menos barriletes en noviembre. El personal de Salud, con escasos y precarios recursos, batalla por conseguir insumos para aliviar y sanar, y si bien, buena parte en el sector público y privado se ha desensibilizado, también es cierto cómo una mayoría hace de su vocación una bendición, pero resulta increíblemente doloroso conocer que para el próximo presupuesto de gastos del Estado de los rubros más castigados es Salud, a pesar de tener el precio de medicinas más alto de la región, y todo por pura maldad.

¿Cómo en un gobierno presidido por un médico se pretenden más barriletes y más dolor? De veras, no solo son miopes estas actitudes cuyos efectos se traducen en más muerte y dolor, sino, sobre todo, resulta deshumanizado y especialmente incomprensible cómo en la “Capital Iberoamericana Provida” se vea el dolor ajeno y el desprecio a la vida como algo tan natural y como consecuencia simple de un pedazo del pastel de poder.

Hay guerras en Ucrania, en Palestina, en Israel y en tantos lugares. Nosotros mismos terminamos un conflicto armado donde miles fueron las víctimas. ¿Cómo es posible que un tema como la salud se vea de forma tan superficial y tan poco humana? ¿Será que nos hemos acostumbrado al rito de la misa o del servicio, pero no entendemos que nuestra verdadera misión es defender la vida, y para eso la salud es la base?

Gocemos de los barriletes, pero ojalá logremos menos, al brindar mejores protecciones a los vivos.

En su esfuerzo, Lassalle describió al “seudoconstitucionalismo”, y lo definió como aquello en donde “el gobierno proclame lo que no es; consiste en hacer pasar por constitucional a un Estado que es, en realidad, un Estado absoluto, consiste en el engaño y la mentira”, y también nos describió su causa: “Al absolutismo, por mucho que abuse de su poder, no le agrada nada esa existencia precaria de un régimen que vive en divorcio manifiesto y explícito con los poderes sociales de un país, expuesto a cada momento a que estos poderes se le caigan encima como una avalancha, y lo aplasten. Por eso, llevado de su instinto de conservación adiestrado por la experiencia, echa mano de un recurso, el único de que dispone para permanecer en el Poder el mayor tiempo posible: este recurso es el seudoconstitucionalismo”.

Sabemos, porque la historia no se equivoca, quien gobierna sin límites crece en ambición y destruye las libertades públicas. Sin control de poder no hay libertad; así de sencillo.

Presenciamos cómo desde el Organismo Ejecutivo, con el concurso de diputados afines y sin duda buena parte de la Corte Suprema de Justicia, se trata de erigir un Ministerio Público como autoridad electoral, y sin importar los absurdos mostrados, dichos y expuestos, se pretende burlar la voluntad popular expresada en las urnas. Se han dicho peregrinos pretextos, primero flotó el irrazonable argumento de las firmas de los afiliados del Movimiento Semilla y ahora se señala cómo miles de ciudadanos a cargo del cómputo de votos se equivocaron y Curruchiche con su secretaria cuentan mejor los resultados a espaldas de la población y escondiéndose en cuarteles.

El delito de sedición se comete cuando, sin desconocer la autoridad del Gobierno, se trata de impedir la toma de posesión de quienes fueron legítimamente electos y para ello se utilizan medios violentos, de una u otra forma, esto vemos, solo que desde “la institucionalidad”, lo cual es un contrasentido.

El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció una serie de situaciones, nacidas dentro del Organismo Judicial y auspiciadas por el MP para burlar el resultado electoral, lo cual, desde cualquier perspectiva, es una vergüenza para nuestra precaria democracia y pírrica República. En los pasillos de la OEA, el sistema judicial guatemalteco ha sido motivo de burlas y tristezas.

El país se detuvo por protestas, el presidente afirmó no poder pedirle la renuncia a la fiscal general, pero sí la exigió en su momento a Neftalí Aldana, magistrado de la CC, y luego los empresarios organizados no se ponen de acuerdo con acuerpar la solicitud de renuncia de la fiscal general, pero en 2004 sí lo hicieron, y sin ninguna presión social.

Las tensiones sociales son parte de la vida misma, por eso existe un texto llamado Constitución, el cual define las reglas de juego para vivir en paz. Una sociedad si no respeta esas reglas está condenada a la violencia y, al parecer, al doctor Giammattei y al licenciado Castillo no les importa destruir con el objeto de garantizar una realidad seudoconstitucional.

A los guatemaltecos se nos metió el germen del golpismo desde 1821, por eso desde 1984 se intenta erradicarlo. Nuestra obligación es denunciar a los golpistas visibles y en el ocultamiento, porque destruir el proceso electoral por ambiciones personales, con el objeto de conseguir protección de fiscales y jueces acomodaticios a los dictados del poder, es la mejor forma de procurar violencia, división y, sobre todo, más subdesarrollo, y nadie en su sano juicio puede permitirlo.

La Corte de Constitucionalidad para todo lo gestionado por el Ministerio Público actúa rápido así fue como el ministro prefirió renunciar y veremos si las manifestaciones en las cuales pedimos la renuncia de fiscales y un juez seguirán siendo pacíficas o si bien, la reacción es la represión oficial. En el crimen de Malacatán se constató intervención de dirigentes del partido oficial e igual señalamiento existe en Cuyotenango, donde el alcalde es conocido por sus amenazas abiertas a la población.

Nos debe llamar la atención el interés institucional del Ministerio Público para reprimir las manifestaciones, porque fue la actual Fiscal General quien promovió el amparo ante la Corte de Constitucionalidad para suspender la elección de las Cortes y en dicha demanda, el Ministerio Público explicó, detalló y enumeró la existencia de vicios enormes por parte de algunos de los integrantes de las comisiones de postulación conformadas para el efecto y alertó el peligro de obtener cortes no independientes.

Dentro de los anales del realismo mágico quedó grabado cómo al obtener el amparo a su favor, el propio Ministerio Público pidió la anulación de lo resuelto el mismo día de notificado, sin duda lográndose un premio al absurdo.

La semana pasada la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones junto con los tribunales similares cumplieron 4 años de ejercer sus funciones fuera del período constitucional para el cual fueron electas, pero lo más significativo es que el Ministerio Público jamás ha presentado, a la fecha, una sola solicitud para obligar la elección por parte del Congreso y ejecutar la sentencia que dicha institución consiguió a su favor.

El Ministerio Público pidió la suspensión de la elección de magistrados de cortes, pero dicha institución al parecer poco le importa cómo su gestión oficial no es acatada por el Congreso y así ajustemos 4 años, actitud y patrón evidente de violación constitucional en total impunidad, llegándose a 9 años de período por simple desidia.

La Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y Tribunales similares conforme los artículos 215 y 217 constitucionales se eligen por cinco años, ¿por qué al Ministerio Público dicho mandato constitucional le importa tan poco? Si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad, de oficio, debió en estos años hacer lo mínimo para cumplir su sentencia, el mayor interesado es quien gestionó, pero ahora presenciamos cómo a la Fiscal General solo le interesa lo que le afecta de forma personal, como lo es el paro nacional indefinido provocado por su actuar para desvirtuar el proceso electoral y exigir su renuncia.

La primera obligación del Ministerio Público y de la Corte de Constitucionalidad es hacer respetar la Constitución.

El Congreso de la República, como le es habitual se dedicará al “debate” sobre el presupuesto y es de sobra conocido, incluso por denuncias de algunos diputados, cómo el dinero del soborno se hace presente en el hemiciclo, así de seguro, pasará el 2023 sin elegir Cortes y sin cumplir la sentencia dictada por el máximo Tribunal Constitucional, lo cual es grave, porque ahora doña Consuelo enseña cómo las sentencias son optativas y así acabamos con cualquier noción de libertad y todo por las prioridades equivocadas e interesadas del Ministerio Público.

Que el guatemalteco vive una desvinculación con lo jurídico es innegable, como bien dicen los sociólogos, el tránsito es el mejor laboratorio para conocer el nexo efectivo entre una sociedad y sus leyes, así que a la vista diaria cómo nos sentimos sometidos a las normas de convivencia.

Escribir, si bien es un oficio, también frustra. Luego de más de 25 años de tratar de fomentar el estudio del Derecho Constitucional en las aulas universitarias pasé días “craneando” cómo analizar el fallo de la Corte de Constitucionalidad por el cual resolvió la cuestión de competencia entre el TSE y el Organismo Judicial, en el cual, sea dicho por cierto, enterró dos conceptos básicos del constitucionalismo mundial: el de supremacía y rigidez constitucionales, pero ¿para qué? ¿será que a alguien le importa que en esa resolución esta magistratura enterró 37 años de jurisprudencia y nos colocó justo como se entendía el régimen electoral durante los gobiernos militares?

Muchas personas están seguras de que lo sucedido en las cortes solo importa a abogados y este tremendísimo error le ha dado un poder desmedido y bestial a un gremio conducido, en estos momentos, por derroteros donde el individualismo y la gratitud es el garante de muchas decisiones trascendentales, convirtiendo la fidelidad al jefe en la guía de decisiones.

El país llegó al extremo de contar con más de 140 bloqueos en sus carreteras; todo el mapa está afectado. Quetzaltenango, segunda ciudad del país, lleva más de una semana en paro y la capital ajustó tres, y todo porque el Presidente de la República, aunque lo niegue, intenta burlar los efectos de las elecciones municipales, legislativas y presidencial.

Vimos las cataratas de plata gastadas para subir a la segunda vuelta a un candidato oficial, superado hasta por sus propios candidatos al Congreso, lo cual explica mucho, y para qué hablar más del tema.

Duele comentar tanto un absurdo, duele ver millones de guatemaltecos en paro porque el Ministerio Público, fuera de toda competencia legal, pero fuera de toda lógica, pretende contar los votos, operación hecha por los miles de miembros de juntas receptoras de votos y fiscales de muchísimos partidos, más la prensa, y luego pretender que serán ellos los “legitimadores de un proceso electoral”, cuando la credibilidad de los ocupantes de Gerona está en los suelos.

Discutir, debatir, analizar o concluir en un país con 37 años de vigencia constitucional cómo una elección se gana con más votos me resulta tremendamente estúpido y además desgastante. Los procesos electorales latinoamericanos fueron blindados en los 80 porque se constituyeron en los garantes del retorno a la institucionalidad democrática y republicana. Entonces ¿para qué hablar de lo obvio? ¿para qué gastar tinta en señalar que una elección se gana con votos? ¿para qué gastar espacio en afirmar los prevaricatos de jueces serviles con un grupo de gente que pretende usufructuar el poder utilizando “barnices” judiciales?

Frustra ver un país para atrás en sus instituciones, pero también se genera mucha esperanza cuando la población sale a defender su voto, y si bien esto es encomiable, la causa reside en quienes encarnan el regreso a un pasado y de nuevo me pierdo en el tema… para ofrecer disculpas por escribir la columna que nunca fue.

Lo hecho por el MP por “orden judicial” en torno al secuestro de las actas de Juntas Receptoras de Votos, Juntas Electorales Municipales y Juntas Electorales Departamentales no es golpe al Tribunal Supremo Electoral, es un desprecio absoluto a los miles de voluntarios que desde la madrugada se enfilaron a los distintos centros de votación para integrar la posibilidad de hacer la democracia viva, a quienes don Arturo Herbruger Asturias, antiguo jefe de nuestro actual presidente, llamaba “el ejército electoral”.

Escupir el esfuerzo del voluntariado electoral es una muestra del más absoluto desprecio al vigor de miles de guatemaltecos y es condenable cómo la propia fiscal general declara cómo la Constitución es guía y brújula, cuando es evidente su servilismo presidencial.

Es un absurdo cómo la fiscalía y un juez de primera instancia de lo penal se pretenden erigir, sin competencia legal alguna, en los certificadores y legitimadores del proceso electoral, lo cual solo es producto de un capricho. Llevamos años de un presidente escondido de la prensa y el 15 de septiembre también se ocultó para no toparse con rechiflas de la plaza. Tenemos una fiscal general que hasta en las redes institucionales del MP no deja opción a comentarios y realiza actos inéditos en el campo electoral mundial, también sin mayor contacto con la prensa. Además, un Colegio de Abogados y un Centro para la Defensa de la Constitución omisos y en silencio sepulcral.

Suspender o boicotear la alternancia en el poder es destruir uno de los elementos esenciales de la República, porque la cooptación del Legislativo y el Judicial es un hecho innegable. En consecuencia, somos los ciudadanos quienes debemos defender los avances democráticos, por pírricos que parezcan, a costa de vender el país al crimen, a la dictadura y al autoritarismo.

¿Quién tiene el mayor incentivo para torpedear el traslado de autoridades municipales, legislativas y presidencial? Pues el propio presidente, quien con su partido gastó a manos llenas para que Manuel Conde se colara a un tercer lugar luego de movilizar recursos públicos como pocas veces se ha visto y, sobre todo, pagando en efectivo, como fue denunciado en varios videos, a la gente más pobre.

Las instituciones deben resolver el presunto entuerto “legal”, pero estas instituciones deben respetar un concepto básico: jamás una corte está sobre las urnas; de lo contrario se destruiría la esencia del Poder Constituyente encarnado en una Asamblea que en 1984 y 1985 se integró para brindarnos un texto que por primera vez en los 202 años de vida independiente generó el traspaso pacífico de once personas en el ejercicio de la presidencia, lo cual es un tesoro histórico para un país en donde los cuartelazos, rebeliones, revoluciones y reformas constitucionales para modificar el período presidencial fueron las fuentes primarias para el ejercicio del dichoso cargo.

No debemos caer en eufemismos o esconder los hechos concretos, todo lo hecho por el MP y contados jueces es dentro de la órbita de influencia presidencial, porque son Giammattei y su partido los mayores interesados en seguir usufructuando el poder, y ahora, ya sin el molesto período de solo 4 años.