En Guatemala fue girada orden de captura internacional en su contra, por sospechas  de que participó en actos de corrupción durante la gestión  de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El caso por el que Marroquín Castillo comenzó a ser perseguido por la justicia guatemalteca se relaciona con el otorgamiento de un usufructo oneroso de un terreno de EPQ a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que se habría efectuado con irregularidades. Al proceso se le denomina caso TCQ.

Posteriormente se determinó que el exfuncionario también podría tener vínculos con la estructura que se investiga en el caso Cooptación del Estado de Guatemala, señalada por haberse apoderado de varias entidades públicas con el fin de pagar una deuda a los financistas del Partido Patriota en el 2011.

La detención de Marroquín Castillo no fue ejecutada por la Policía Internacional ni por la orden que desde abril pasado giró el Juzgado de Mayor Riesgo B, sino por la Policía de Miami, que al  verificar sus documentos migratorios determinó que ya se le había vencido el permiso para permanecer en EE. UU.

Dos investigaciones

El exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal Allan Marroquín es vinculado con dos investigaciones penales.

Procedimiento

El procedimiento que afrontará Marroquín Castillo consiste en que las autoridades lo presenten ante un juez federal, a una audiencia, en la cual se discutirá su estatus migratorio.

El juez analizará la situación descrita tanto por migración como por el detenido, y podría emitir  resolución en los próximos cinco días, en la cual se explicará si procede su deportación.

Un documento oficial que la Cancillería remitió el 6 de mayo pasado al embajador guatemalteco en Washington, al que Prensa Libre tuvo acceso, detalla que sobre Marroquín Castillo existe una solicitud de extradición firmada por el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, quien controla el expediente.

La nota explica: “Tengo el agrado de dirigirme a usted por instrucciones del Despacho Superior para solicitar sus buenos oficios a efecto de que a la brevedad posible se presente atenta Nota Diplomática al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, conforme el texto que se acompaña a este oficio por medio de la cual se solicita la detención provisional con miras a una solicitud formal de extradición del señor Allan Herbert Marroquín Castillo formulada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal por Procesos de Mayor Riesgo (B)”.

Se agrega que los cargos que el Ministerio Público le endilga al exfuncionario son asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo, y que la solicitud se fundamenta en el Tratado de Extradición entre Guatemala y Estados Unidos de América y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

Audiencia

Gálvez dijo que ya sele informó sobre la captura de Marroquín Castillo e indicó que al  ser devuelto al país y llevado a su despacho se le indicarán las razones por las que se ordenó su detención  y que en  fecha posterior será indagado.

“Es política de este juzgado privilegiar las audiencias de primera declaración, porque la Ley manda que de manera inmediata se debe resolver la situación jurídica de una persona sospechosa de haber cometido delitos”, aseveró el juez.
El Juzgado comienza vacaciones el 7 de noviembre.

La administración de Marroquín Castillo como interventor de la Portuaria dejó una huella de posibles actos de corrupción durante el Gobierno del Partido Patriota, que sindicalistas denunciaron el 3 de abril de 2013, por considerar que no tenía facultades para enajenar bienes del Estado, como el usufructo por 25 años a la empresa de capital español Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
 
Fue el expresidente Otto Pérez Molina quien lo nombro en enero de 2012, como el nuevo interventor de la EPQ.
 
En el 2014, la exesposa de Marroquín Castillo, Grethel Campollo lo denunció por violencia intrafamiliar; el problema conyugal involucró al guardaespaldas de Campollo, Leopoldo Yujá, quien fue detenido en un operativo de la Policía Nacional Civil, un juez resolvió que los policías implantaron droga al detenido para sindicarlo de narco.
 
El 19 junio de 2014, Allan Marroquín, presentó su renuncia al cargo de interventor, manifestó motivos personales.
 
Con una denuncia por sustraer a sus hijos del país sin el consentimiento de Campollo, y bajo la sospecha de las autoridades de un proceso irregular en el usufructo de TCQ, el poderoso interventor de la EPQ y hombre de confianza del expresidente, Otto Pérez Molina, desapareció de la atención mediática.

Pomposa boda

Marroquín Castillo, apareció en el año 2015, en su boda que llevó a cabo en Playa del Carmen, Quintana Roo, México, la unión con fue Andrea por la religión judía.
 
El video deja al decubierto que Allan Marroquín en México llevó a cabo la boda de sus sueños, alejado de las miradas de sus detractores en Guatemala, el audiovisual muetra que el exinterventor de la EPQ no dejó escapar ningún detalle para esa actividad.

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, informó que el Ministerio Público  (MP) ha pedido a las autoridades estadounidenses su colaboración para localizar, capturar y extraditar a Marroquín.

Según investigaciones preliminares, el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal  (EPQ) y prófugo de la justicia, estaría en Florida.

En vídeos divulgados por la red social Facebook, Marroquín dice estar en EE. UU. niega su participación en la trama de corrupción y asegura que dará la cara para solventar su situación.

Marroquín es uno de los seis prófugos de la justicia junto al argentino Mauricio José Garín, el español Ángel Pérez-Maura García, y William Anthony Schwank López, Guillermo Abraham Lozano Bauer y Raúl Osoy.

Aldana no entró en detalle de cuándo fue presentada la solicitud de extradición del exfuncionario.

El pasado viernes el Juzgado de Mayor Riesgo B, que preside Miguel Ángel Gálvez, decidió procesar a los 12 acusados de participar en un millonario caso de corrupción con TCQ, entre ellos Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el empresario español, Juan José Suárez.

Sólo diez fueron enviados a prisión, mientras que los dirigentes sindicales de la EPQ, Julio César Zamora Álvarez y Julio Nolberto Esquivel Orellana, quedaron con arresto domiciliario y cada 5 días tienen que acudir al Juzgado a firmar un libro para asegurar su presencia en Guatemala.

Las investigaciones preliminares señalan que TCQ habría pagado unos US$30 millones para que se le adjudicara la ampliación del puerto Quetzal, en el Pacífico guatemalteco.

De esos US$24.5 millones eran para el grupo supuestamente liderado por Pérez Molina y Baldetti, que negaron la semana pasada su participación en los hechos imputados por la Fiscalía.

Por medio de un video publicado en Facebook, el exfuncionario manifestó que se encuentra en Estados Unidos y que ninguna autoridad ha requerido su presencia en Guatemala.

Sin embargo, debido a los señalamientos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), afirmó que arribará al país sin especificar la fecha.

“Informo a la ciudadanía que no soy una persona que se esconderá. Me  presentaré a Guatemala para dilucidar cualquier responsabilidad”, puntualizó.

Marroquín agrega que acudirá voluntariamente ante el juez que lleva a cargo el proceso. “Yo fungía como Junta Directiva. No aprobé el contrato de usufructo”, añadió.

Debido a los múltiples reclamos e insultos que ciudadanos le enviaron este viernes por la tarde en las redes sociales, el exinterventor durante el gobierno de Otto Pérez Molina publicó otro mensaje en Twitter.

“No contestaré a insultos! Me presentaré en Guatemala y contestaré las preguntas de los entes competentes!!”, enfatizó el viernes aproximadamente a las 18 horas.