La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) informa el lanzamiento en Costa Rica de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (Relpex) para asistir a periodistas y medios en situación de destierro o desplazamiento forzado por persecución.

La misión de Relpex es facilitar la labor informativa y promover el intercambio de información sobre esta problemática, expresó en un comunicado José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.

Recalcó que Relpex también respaldará a medios de comunicación que han trasladado sus redacciones debido al acoso de regímenes autoritarios.

Dutriz explicó que el programa de Periodismo en el Exilio se expandirá para incluir talleres, capacitaciones y alianzas que promuevan la seguridad y sostenibilidad de los periodistas en situaciones de vulnerabilidad.

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La organización destacó que fortalecerá el monitoreo y la denuncia de violaciones a los derechos humanos contra periodistas. “Manteniendo nuestra posición firme frente a regímenes autoritarios y gobiernos que intenten socavar la libertad de expresión“, añade.

Costa Rica también será sede de la primera misión internacional de la SIP que liderará Dutriz, después de las visitas a Guatemala y Panamá a finales de 2024, donde los mandatarios de ambos países, Bernardo Arévalo y Raúl Mulino, respectivamente, firmaron la Declaración de Chapultepec, reafirmando su compromiso con la libertad de prensa.

Mulino también suscribió la Declaración de Salta II sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.

“Continuaremos comprometiendo a los líderes democráticos con los principios de libertad de prensa y expresión a través de las declaraciones de Chapultepec y la actualizada Salta II, en busca de fortalecer las garantías para el libre ejercicio del periodismo“, aseveró el directivo de la SIP en un mensaje de fin de año.

El video difundido el lunes, en dos tuits de la cuenta @jaliscienclc, muestra a un grupo de siete hombres fuertemente armados y con el rostro cubierto, uno de ellos sería el Mencho.

El jefe del CJNG, supuestamente aparece sentado al centro de los otros hombres armados y se dirige a los periodistas y les critica su parcialidad a la hora de hacer coberturas relacionadas con la situación en Michoacán.

“No se ladeen para un solo lado, no acarreen ustedes con problemas que no les corresponden porque nunca le he pegado a ningún noticiero”, dijo el hombre armado.

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Agrega que no se ha metido con ningún medio, porque nunca lo habían señalado directamente a él, pero que ahora ya lo habían mencionado.

“Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, dice supuestamente el Mencho al referirse a la periodista de Milenio.

La acusa a ella, y al medio,  de ser parcial con los grupos de autodefensa en Michoachán, la insulta en reiterada ocasiones y le dice que está orgulloso de ser narcotraficante.

El Mencho también se dirigió a Televisa y a El Universal, y criticó la cobertura que le dan a la violencia y también los señala de estar parcializados.

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Solidaridad

Ante estas graves amenazas, 18 medios de comunicación de México, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (Wan Ifra) emitieron un comunicado en el que rechazan, de manera enérgica, las amenazas de las que han sido objeto  los periodistas mencionados en el video.

Señalan que estas amenazas a Milenio, Televisa y El Universal son por parte de grupos criminales “inconformes” con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán.

Agrega que la periodista Uresti recibió, vía redes sociales, la amenaza directa de un líder criminal, “lo que es inaceptable en un Estado de Derecho como en el que deberíamos vivir”.

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“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como la vista ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.”, cita el documento.

Exigen protección

En el comunicado los medios de comunicación agregan: Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales, y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprehendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos que la transformación que se quiera dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada”.

Uno de los países más peligrosos

Los medios de comunicación mencionan que “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitar con estigmatizaciones”, señalan.

La periodista Irma Flaquer, autora de la columna “Lo que otros callan”,  del diario La Hora, ya había sido víctima de otros atentados en su contra. En 1968 una granada de mano colocada en el vehículo que ella conducía le produjo graves heridas.
 
En aquel tiempo era Secretaria de Prensa de  la primera dama, esposa del presidente Julio César  Méndez  Montenegro,  después  trascendió que había sido amenazada de muerte por sus actividades como presidenta del Comité Guatemalteco Pro Defensa de los Derechos Humanos.
 
Ese comité fue disuelto mediante una declaración, en la cual la periodista Flaquer denunciaba que las amenazas de muerte habían acobardado a algunos miembros del grupo y que por lo tanto el comité no podría seguir funcionando.
 
Flaquer, quien también era licenciada en psicología, según trascendió, se vio obligada a abandonar su profesión de periodista.
 

Día del atentado

El 16 de octubre de 1980,  Irma Flaquer almorzó en casa de su hijo Fernando, ubicada en la 13 calle A y 2ª avenida de la zona 3. Frente a la residencia, observaron a una pareja de novios sentada en el bordillo de la acera. Aquellos jóvenes tenían un maletín grande que llamó la atención de los familiares de la periodista.
 
A pocas cuadras de la casa, en la 1ª avenida y 13 calle A, otros testigos afirmaron ver  a miembros de la policía judicial, armados, dentro de un vehículo tipo jeep.
 

Los Hechos

La periodista a eso de las seis y media  de la tarde salió de la casa de su hijo quien lel ofreció  ir a dejarla, por lo que ocupó  el lado del piloto, los parientes de Irma observaron que los muchachos hicieron señales a los tripulantes de una panel  color beige que se encontraba estacionada cerca del lugar.

En el momento que circulaban en el automóvil placas P- 143196 a la altura de la Avenida Elena y 14 calle de la zona 3, una mujer les hizo varios disparos, sin dar en el blanco, poniéndose luego en fuga.
 
Fernando Valle Flaquer, aceleró la marcha del automóvil, pero fueron copados por un vehículo de donde les hicieron varios disparos, hiriendo al hijo de la periodista, obligándolo a detener la marcha  porque perdió el control y chocó en una casa .
 
Entre la confusión de los disparos, resultó con una herida de bala en la rótula izquierda el señor Fernando Oliva, quien se conducía a pie por el sector, cuando se realizó el atentado.
 
Los bomberos se presentaron al lugar, trasladaron a Valle Flaquer a la emergencia del hospital General y a Fernando Oliva al Centro Médico. En el hospital general se presentaron familiares del herido, quienes preguntaban por Irma, ya que ella acompañaba a su hijo cuando fueron tiroteados.
 

Secuestro de Periodista

 Trascendió que Irma Flaquer sufrió heridas que no le impidieron salir del carro pidiendo a gritos ayuda médica para su hijo. En ese momento varios individuos que participaron en el ataque armado, dieron alcance a la periodista, cubrieron su rostro con un pañuelo y rápidamente se la llevaron del lugar. Hasta la fecha no se sabe de su paradero.
 

Muere el hijo

Los médicos del San  Juan de Dios, que atendieron a Fernando Valle Flaquer trataron  por todos los medios de salvarle la vida  pero fue imposible  ya que uno de los impactos  lo recibió en el cráneo  y murió horas después a pesar  de los esfuerzos del personal médico. Valle Flaquer fue sepultado el 18 de Octubre de 1980.

El frente proimpunidad integrado por políticos corruptos, sus financistas, los empresarios corruptores-evasores y los militares vinculados a graves violaciones de derechos humanos ha impulsado desde hace meses una muy bien montada estrategia pública y mediática para destrozar la lucha contra la corrupción y la impunidad. Sus armas: la calumnia, la difamación y las mentiras disfrazadas de noticias.

Y no es de extrañar porque estas prácticas tienen su origen en las estructuras de inteligencia de las que formaron parte un buen número de los personajes —presos y prófugos— acusados hoy en casos de corrupción.

Las campañas difamatorias son parte normal de la práctica corrupta y son utilizadas por las redes criminales para impedir que se les persiga y desarticule. De esto hay numerosos ejemplos en Colombia, Perú y Guatemala. Por eso a lo largo de nuestra historia hemos visto cómo en momentos clave se generan estrategias de desinformación y manipulación para desorientar y confundir a la ciudadanía con el único propósito de abortar los procesos de cambio.

La fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado Iván Velásquez son los blancos preferidos de los ataques, pero estos también alcanzan a defensores de derechos humanos, líderes sociales, jueces independientes, periodistas, columnistas e incluso algunos propietarios de medios que mantienen su apoyo a la lucha contra la impunidad.

Los netcenter están más activos que nunca, potenciando hasta el infinito las falsedades y la desinformación y algunos medios —incluido el monopolio de la televisión abierta— son la caja de resonancia para aumentar la confusión y la polarización.

Así sucedió durante la reforma constitucional del 98, cuando la campaña por el “no” adquirió tintes surrealistas; en el juicio por genocidio a través del discurso de que una sentencia condenatoria era equivalente a aceptar que todos los guatemaltecos somos genocidas; en la reciente discusión de la reforma constitucional sobre temas de justicia cuando se difundió la idea de que el pluralismo jurídico era el primer paso para la balcanización y ahora con la intentona de Jimmy Morales de descabezar a la Cicig. En todos esos momentos se ha apelado a nuestros miedos y prejuicios más profundos.

Las campañas de desinformación también se activan alrededor de casos específicos, recordemos lo sucedido tras los asesinatos de la antropóloga Myrna Mack y el obispo Juan José Gerardi. En ambas ocasiones se echaron a andar toda clase de rumores para deslegitimar los procesos, cubrirlos con el manto de la impunidad y dejar sembrada la duda. Y eso es precisamente lo que están intentando hacer con los casos por corrupción que hoy se ventilan en los tribunales.

Para entender el fondo del asunto vale la pena preguntarse a quiénes les sirve que se detenga la lucha contra la impunidad y quiénes tienen temor de que continúen las investigaciones. En esas respuestas está la clave para entender quiénes están detrás de las calumnias y la desinformación.

El uso de los espacios mediáticos y las redes sociales como herramientas de sabotaje y desestabilización para perpetuar la impunidad son las armas de las estructuras criminales que se niegan a desaparecer.

@MarielosMonzon

Fueron al menos dos generaciones las que adoptaron el manto del silencio como estrategia para sobrevivir y al menos otra más que ha crecido casi ignorante de lo sucedido en el país durante el conflicto armado interno, y que, habiendo gozado siempre de esa libertad, no logra ahora reconocer las señales de retroceso que se hacen más y más palpables día a día, mucho menos vislumbrar lo que significa para todos y cada uno de nosotros, que cualquiera pueda ser sujeto de amenazas e intimidaciones por decir lo que se piensa o apoyar con su voz una causa que algunos identifican como en contra del statu quo.

Así como cuando el cielo se va poniendo gris poco a poco, en anticipo de la tormenta, así se vienen acumulando cada vez con mayor intensidad las muestras de intolerancia, rechazo y odio contra quien piensa diferente. Lo vemos a diario en las redes sociales. Valga decir que no solo los que hacen defensa oficiosa del presidente y de algunos ministros y ministras hacen gala de estas prácticas. Es también el internauta que se envalentona con el anonimato que ofrece un pseudónimo y que no le basta solo con verter todos sus prejuicios encima del otro, sino espera que su interlocutor los adopte como su nueva doctrina, so pena de ser condenado en caso contrario. Al parecer, estar parapetado detrás de una computadora, sin contacto humano con otro ser humano, parece crear condiciones para que salga con más facilidad el lado oscuro que todos llevamos dentro.

La intolerancia digital es, solamente, una forma de expresión contemporánea de la que nunca se extinguió con la firma de los acuerdos de paz; solo buscó refugió en el Hades, a la espera de condiciones para resurgir. La lucha emprendida contra la corrupción es el sustrato propicio. Quienes se sienten amenazados y potencialmente perseguidos por la justicia son los más beneficiados con acicatear el odio hacia y vulnerar a quienes se han manifestado abiertamente a favor de la depuración del Estado, y del fortalecimiento del sistema de justicia.

Esto le ha pasado recientemente a la periodista y columnista Marielos Monzón, quien el lunes 26 de junio acudió al Ministerio Público a poner una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, por la amenaza que supone que hace un par de semanas se publicara una noticia sobre una “lista” de personas que estaría siendo circulada entre grupos de narcotráfico, a quienes se habría informado que las personas señaladas en dicha lista serían responsables de su persecución penal y encarcelamiento.

Conociendo la historia reciente del país, esto no puede pasar desapercibido. Nadie debería sentirse amenazado por apoyar la lucha contra la corrupción y la búsqueda de mayor justicia social. Exigimos protección y esclarecimiento de este hecho y una postura oficial del Gobierno en contra de estas expresiones oscuras que atentan contra la gobernabilidad democrática.

karin.slowing@gmail.com

Algunos meses después de esa amenaza, un grupo de hombres armados y encapuchados entró a mi casa, se llevó mi computadora, diskettes y algunos documentos, disparó contra mi carro y destruyó un par de muebles. La visita se repitió algunas semanas más tarde y encañonaron a uno de mis hijos, de apenas 9 años, dejando muy claro que corríamos peligro. El fondo del asunto: hacerme callar.

En diciembre de 2011 volví a ver mi nombre en otro listado. Esta vez en una demanda penal presentada en el Ministerio Público, en donde se me acusaba a mí y otras 51 personas de una serie de hechos delictivos. A sabiendas de que nunca pertenecí a ninguna organización política ni guerrillera, aparecía en el listado con el seudónimo de Tania. Los delitos que se me imputaban ocurrieron antes de que yo naciera, o cuando apenas tenía 3 años de edad. La intención era clarísima, pretendían mancillar mi reputación, mi nombre y mi credibilidad, el bien más preciado para un periodista, utilizando el sistema penal para criminalizarme. En aquella oportunidad escribí una columna de opinión en este mismo diario que titulé Soy Marielos, no Tania, en donde explicaba que mi voz y mis escritos —que difieren del discurso y la postura ideológica dominante— eran una afrenta para quienes creen tener la razón y la verdad absoluta y buscaban hacerme callar por la vía de asesinar mi reputación. Algunos meses más tarde, en abril de 2012, una nueva demanda fue presentada. Ambas se desestimaron porque no tenían sustento alguno. En el ínterin utilizaron mi nombre y mi fotografía en marchas y plantones de familiares y amigos de los militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, con la frase “no puede haber paz para estos delincuentes”. Y que yo sepa, expresar lo que pienso y defenderlo no es ningún delito.

Hace pocos días, una nueva lista en la que está mi nombre volvió a circular y el domingo fue publicada en una nota de elPeriódico. Es la misma lista de una de las demandas penales. Se supone que una abogada de la fundación contra el terrorismo (así, en minúsculas) estaría haciendo creer a sus clientes que la gente del listado sería la responsable de “todas sus desgracias en el último tiempo”. Semejante amenaza es una incitación a la violencia y nos pone a quienes ahí aparecemos en un grave riesgo. Una vez más el objetivo está muy claro: hacerme callar a cualquier costo y esto, además de ser un delito, es inaceptable.

Hoy, como ya lo escribí antes, defiendo mi derecho a expresar lo que pienso y les digo que ni las amenazas, las calumnias o la incitación a la violencia me van a silenciar, no porque no tenga temor, sino porque me niego a aceptar que tengamos que seguir siendo rehenes del miedo.

@MarielosMonzon

Agregó que en 2013 se reportaron 57 denuncias por amenazas y en 2014 un total de 79.

También informó que del 2000 a la fecha han sido ultimados 27 comunicadores.

Muertes violentas

De 2013 a 2014 , siete periodistas murieron de forma violenta en diferentes partes del país, según datos de Cerigua.

Delegados de esa entidad, dijeron que elevaron una alerta internacional debido a varios casos que se han dado en los últimos meses, entre ellos el de Mazatenango, Suchitepéquez, donde murió baleado Danilo López, corresponsal de Prensa Libre y su compañero Federico Salazar de radio Nuevo Mundo.

Alamilla considera que existe un subregistro de denuncias de periodistas que prefieren no denunciar para que no se afecte su labor.

También manifestó que desde hace dos años se han incrementado las amenazas y ataques contra periodistas; hechos en los cuales estarían involucradas ” fuerzas del estado y sociedad civil.