El clamor de los cubanos por cambios políticos se hace hoy más fuerte y se propaga hacia el resto del mundo. Están siendo escuchados activamente y recibiendo el apoyo para que continúen con la lucha por un derecho que se les ha negado por más de 50 años y es inherente a cualquier ser humano: la libertad.

No es de extrañarse que se haya llegado a este punto cuando se analiza lo que han vivido los habitantes de la isla en el último año. Cuba ha vivido una crisis económica por décadas, la cual se vio agravada con la pandemia. Durante el 2020, la economía tuvo una contracción de un 11%, registrando las peores cifras en más de 30 años. El turismo sufrió un impacto arrasador, siendo una actividad económica clave para el país. De igual forma, a raíz de ciertas medidas económicas impulsadas por el régimen, la inflación creció. Le siguió la escasez de alimentos y finalmente, la falta de vacunas contra Covid-19 ante un alza significativa en contagios. Los cubanos, cansados ya de la situación, se reunieron en las calles de San Antonio de Los Baños para protestar.

Ante las más grandes manifestaciones desde el “maleconazo” de 1994, Miguel Díaz-Canel, actual gobernante, se pronunció enviando un mensaje amenazador a la población, dando vía libre a la represión, a la censura de la libertad de expresión y a la violencia. Desde entonces, activistas, periodistas y líderes de oposición han sido arrestados.

La Casa Blanca dio a conocer la postura del Presidente Joe Biden en la materia, indicando que “los cubanos están valientemente defendiendo derechos fundamentales y universales. Esos derechos, incluyendo el derecho de manifestar pacíficamente y el derecho de libremente determinar su propio futuro, debe ser respetado”.

Hoy los cubanos se están pronunciando fuerte y claro. Están peleando por su futuro y deben mantenerse firmes para lograrlo. Habitar en un país donde no existe estado de derecho, independencia judicial, libertad de prensa o elecciones libres y justas no es vida. Por eso comprendo la identificación con el eslogan “Patria y vida”. Solamente se puede tener vida cuando se tiene una patria que admite la libertad. Libertad de expresión, libertad de comercio e industria, libertad para elegir representantes.

Estas manifestaciones en Cuba deben servir para despertar al resto de América Latina. La historia podría llegar a repetirse, llevando a cualquier país al sur de Estados Unidos a sumergirse en 60 años de represión y de crisis económica. Debemos tener la precaución de no caer en esos regímenes que difícilmente tienen un retorno rápido. Ya ha sido más que comprobado que el modelo político de la dictadura cubana solamente genera pobreza, escasez, y la violación de derechos fundamentales para sus habitantes. Salir de esa crisis profunda e histórica no es tarea fácil.

Los cubanos tienen la oportunidad de cambiar su futuro. Nosotros, que vivimos en democracia, tenemos la oportunidad de resguardar nuestro futuro. Tengamos cuidado con nuestras decisiones ya que de ellas, dependerá nuestra historia.

Aunque el espíritu de realizar las reformas pudo tener una intención correcta de promover la agilización de los procesos de cotización y licitación, el resultado no es prometedor. Las reformas actuales se encuentran lejos de solucionar el problema de fondo y más bien, representan un retroceso en la transparencia en los procesos de contrataciones públicas.

En momentos en que estamos en la mira de la comunidad internacional y el compromiso con el combate a la corrupción debe ser manifiesto, realizar reformas que promueven mayor discrecionalidad en el gasto público definitivamente no será aplaudido.

Distintas cámaras empresariales, organizaciones gremiales, tanques de pensamiento y otros actores ya se han pronunciado en contra de las reformas a dicha ley. La ampliación del monto para las compras directas y de baja cuantía permitiría que se realicen adquisiciones sin pasar por procesos competitivos, en los cuales las adjudicaciones se realicen conforme a criterios técnicos y evaluaciones justas. En un país donde el presupuesto de la nación se utiliza en un 62% para funcionamiento, un 16% para deuda y un 20% para inversión, debiéramos ser más vigilantes del destino de esos recursos. Sin procesos transparentes para las adquisiciones, solo se abre la puerta para un gasto sin control y el abuso en el uso de los recursos públicos.

En épocas donde necesitamos reactivación e inversión para salir adelante como nación, la fiscalización del uso de los recursos del Estado es crucial. Es nuestro deber ciudadano supervisar el adecuado manejo de dichos recursos, pero resulta imposible si se limita la visibilidad de los procesos. Debido a eso, las reformas actualmente planteadas, en lugar de generar una solución, pueden incluso agravar el problema. Las reformas aprobadas por el Congreso de la República representan un riesgo y el veto presidencial es el paso correcto. Es por ello que debemos continuar exigiendo que dichas reformas no sean sancionadas.

No digo que las reformas al sistema de adquisiciones no sean necesarias. Por el contrario, son vitales. Pero no hay que retroceder ni un milímetro en lo que ya hemos avanzado en materia de transparencia. Más bien, se debe promover una discusión profunda y técnica, en la que se involucren a distintos sectores y se genere una propuesta de cambio de fondo.

Hay modelos en distintos países que pueden servir de base para ir fomentando esos cambios positivos. No solamente a nivel legislativo, sino también aumentando la capacidad de gestión de las instituciones del Estado. Con mayor eficiencia, procesos más competitivos y mayor fiscalización de la ciudadanía, iremos avanzando hacia un mejor sistema de adquisiciones.

Mucho ha cambiado desde el 13 de marzo 2020, en la escala mundial y a nivel país. El gobierno de Estados Unidos tiene un nuevo líder que sin duda traerá cambios en el manejo de las relaciones internacionales. Los países de la región se encuentran con delicadas condiciones macroeconómicas, con altos niveles de deuda pública y situaciones políticas un tanto complicadas.

Las elecciones legislativas y municipales de El Salvador recién pasadas generaron una alerta global por la concentración del poder del partido oficialista, al haber obtenido mayoría en la Asamblea Legislativa. La confabulación entre Ejecutivo y Legislativo para la toma de decisiones políticas puede ser la receta para el desastre. La nueva legislatura elegirá fiscal general, procurador de Derechos Humanos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Cuentas. Esto es una bandera roja para la democracia regional.

Honduras, a su vez, tendrá comicios generales este año, en los que se elegirán a los próximos gobernantes. Hoy se encuentran llevando a cabo las primarias y desde ya existe preocupación de distintos sectores por lo que el futuro pueda traer.

Guatemala, a pesar de los distintos intentos de bloqueo, finalizó esta semana los procesos de elección de magistrados que integrarán la nueva Corte de Constitucionalidad y asumirán el próximo 14 de abril.

Es así como las fuerzas políticas del hemisferio se reconfiguran desde Estados Unidos hasta el Triángulo Norte. Aunque hemos visto una participación masiva de la población en los procesos electorales estadounidenses y salvadoreños, así como acaloradas opiniones en Guatemala sobre los procesos para la integración de la próxima Corte de Constitucionalidad, ¿será que existe una adecuada comprensión de las consecuencias políticas y económicas que nuestras decisiones como ciudadanos conllevan?

Es imperativo que los ciudadanos tengan plena conciencia de que su decisión, su voto, su participación e incluso su opinión desinformada pueden generar impactos en el rumbo de los países y que en momentos en que apenas estamos saliendo a flote a nivel económico, un giro hacia el camino equivocado puede costarnos décadas de recuperación.

Y es aquí donde nuevamente hago el llamado a los ciudadanos a que seamos una mejor sociedad tras la pandemia.
Considero que vamos avanzando porque ahora existe mayor deseo de involucramiento político. Sin embargo, debe ser un involucramiento político informado. El empoderamiento ciudadano debe ir acompañado de información, de análisis, de entendimiento y formación de criterio. El ciudadano debe conocer la Constitución Política de la República, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como las leyes cuyo conocimiento es indispensable para un actuar ciudadano responsable. Las buenas intenciones deben ir de la mano de las buenas decisiones y estas buenas decisiones solamente se lograrán conociendo los hechos, la verdad y la ley.

Debidamente informados lograremos refutar aquellas ideas o propuestas que son contrarias a los principios constitucionales, que atentan contra la independencia de los poderes del Estado y que ponen en riesgo la institucionalidad. Todos somos microinfluencers de nuestro entorno y como tales nos corresponde asumir la responsabilidad por nuestras opiniones y nuestras acciones. Si asumimos esa responsabilidad individual y logramos que permee con la colectividad, seremos una mejor sociedad tras la pandemia.

Lo que no termino de comprender es por qué necesitamos como ciudadanía que exista un detonante para que reaccionemos y exijamos cambios. La aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2021, con altos niveles de deuda y elevados gastos de funcionamiento, fue la acción que desató el malestar generalizado en la población. Considero que una ciudadanía responsable no debiera necesitar “despertar”. Simplemente nunca debiera quedarse dormida.

Es riesgoso que los cambios se exijan sin un adecuado y profundo análisis de lo que requiere el país. Las agitaciones sociales descontroladas pueden llevar a propuestas de reformas peligrosas, que después solo causen una crisis institucional aguda. Lo hemos visto en otros países latinoamericanos y es algo que debemos evitar en Guatemala. Las reformas son mucho más sanas cuando se basan en objetivos claros y las propuestas se presentan luego del análisis, discusiones informadas y participativas. La estabilidad institucional es clave para un país como el nuestro.

Con eso no digo que nos quedemos callados o desaprovechemos esta alza ciudadana. Por el contrario, ahora es cuando debemos promover reformas realmente estructurales. Para mí, una reforma indispensable es la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Debemos ser constantes en exigir comportamientos virtuosos de nuestros representantes y esto lo lograremos de mejor manera cuando nosotros, como representados, estemos mejor informados de quiénes son ellos. La crítica directa por parte de los ciudadanos será efectiva si conocemos quién nos representa y así podemos supervisar su accionar. Es necesario tener un sistema electoral que sea capaz de reducir las brechas entre representantes y representados, que permita una mayor participación y brinde espacios para que guatemaltecos con visión de cambios positivos, con propuestas de mejora y con intereses legítimos de país (no intereses de enriquecimiento particular) participen en política.

Me agrada ver que muchas caras jóvenes son las que manifiestan su inconformidad, que reclaman el descaro del comportamiento de ciertos funcionarios públicos y que piden cambios. A esos jóvenes los felicito y los exhorto a seguir con ese ánimo, porque solo siendo perseverantes en lo que buscamos lograremos pasar de la protesta a la propuesta, y por supuesto, a la acción. Ya no debemos permitir que los partidos políticos solamente sean vehículos electorales que responden a grupos e intereses particulares, porque estando a tres años de unas nuevas elecciones, tenemos el tiempo suficiente para informarnos por qué el sistema no ha funcionado en el pasado, cuáles debieran ser las propuestas de reforma que nos permitan subsanar sus debilidades y exigir que se aprueben. No se vale seguir pensando que “siempre ha sido así” o que “la política es sucia”. Todos tenemos una corresponsabilidad como guatemaltecos de alcanzar una “nueva normalidad”, término que se ha vuelto tan popular en los últimos meses. Que esa “nueva normalidad” sea un país que exija comportamientos virtuosos de sus funcionarios, que sea políticamente inclusivo y realmente representativo.

Este año sin duda nos hemos dado cuenta de las deficiencias de nuestras Instituciones públicas, un precario sistema de salud, de seguro social, de educación, de justicia, entre otros; y con ello surge la necesidad de replantearnos los sistemas actuales y proponer mejoras. Estoy convencida que la crítica sin propuesta solo nos lleva a mantener el statu quo de una situación de crisis sostenida, que solo genera inconformidad pero poco soluciona. Incluso, fomenta la polarización entre los críticos y criticados y un círculo vicioso de otorgarle la culpa o la responsabilidad al otro. Este estancamiento no nos permite evolucionar ni como sociedad, ni consolidarnos como una república democrática.

En las repúblicas democráticas funcionales: “es preciso que la ciudadanía haga amplio uso de la voz y controle efectivamente a sus representantes. Es necesaria la democracia, pero no una democracia débil y formal, sino una democracia fuerte y participativa”. Finalizando este mes patrio quiero hacer el llamado a la reflexión cívica y que este domingo pensemos en lo siguiente: ¿Tenemos los ciudadanos responsabilidad alguna en la construcción de cambios y progreso de los sistemas e instituciones que consideramos deficientes?

A través de la conciencia, participación y propuesta ciudadana se pueden construir mejoras en las Instituciones. Thomas Jefferson, uno de los Padres de la Patria de Estados Unidos una vez dijo: “Todo gobierno se degenera cuando se confía únicamente a los gobernantes del pueblo. El pueblo en sí mismo es el único que puede prevenir esto”. Es necesario que así como cada uno de nosotros ha luchado en esta pandemia para mantener un bienestar económico a través de la conservación de nuestros empleos y empresas; luchemos también por alcanzar un bienestar social y político que garantice mayores oportunidades de desarrollo.

Ahora que iniciamos una fase de reactivación económica, participemos activamente en aquellas iniciativas de propuesta para mejorar las Instituciones públicas. Participemos en la crítica constructiva y tengamos cuidado de no caer en dinámicas de críticas sostenidas que buscan capitalizar poder a través de la generación de más crisis. Iniciativas que impulsan la generación de empleo, la atracción de inversión y la mejora del clima de negocios son fundamentales en estos momentos. Promover la recuperación de la confianza en el consumo es indispensable para la recuperación económica, la conservación de empleos y la creación de nuevas oportunidades para todos aquellos que perdieron su fuente de ingresos durante la pandemia. En estos últimos meses, han surgido y se han rescatado propuestas concretas en ámbitos institucionales, económicos, legislativos y de desarrollo de infraestructura. Como primer paso y en ejercicio de una ciudadanía activa, informémonos de estas propuestas y asegurémonos que no sean ignoradas por los representantes que tienen la capacidad de decisión para que estas propuestas se materialicen. De nuestra voz y participación dependerá nuestro futuro.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula y fija plazos para los procesos que debe conocer, entre otros, la Corte de Constitucionalidad. Tales plazos muchas veces no se respetan bajo el argumento de la alta carga de casos que existen; pero, aún si este argumento fuera válido o al menos comprensible, es evidente que no todos los casos que llegan a la Corte de Constitucionalidad son tratados con la misma celeridad o importancia. Permítanme mostrarles un par de ejemplos.

El 28 de abril de este año, el presidente Giammattei vetó el Decreto 15-2020, el cual busca evitar la interrupción de servicios básicos a la población vulnerable, al considerar que contiene violaciones a derechos constitucionales. El Congreso de la República, invocando el principio de primacía legislativa, rechazó el veto presidencial, no hizo cambios en cuanto a las disposiciones que pueden ser violatorias y ordenó devolver el expediente al Organismo Ejecutivo, para que cobrara vigencia.

Luego de su entrada en vigencia, distintos actores procedieron a interponer múltiples acciones de amparo en contra del acuerdo, incluyendo a la Empresa Eléctrica de Guatemala, Distribuidora de Electricidad de Oriente, Distribuidora de Electricidad de Occidente, sector empresarial organizado y organizaciones de generadores. Habiendo pasado más de 40 días desde que se interpusieron estas acciones, la CC no ha emitido la resolución que ordena la ley.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad sí ha resuelto otras acciones constitucionales en plazos menores, cuando quien las promueve es el Procurador de los Derechos Humanos o determinadas asociaciones civiles.
A finales de 2019, cuando el Procurador de los Derechos Humanos interpuso acción de amparo en contra del Congreso para el desembolso de Q20 millones del presupuesto de la Procuraduría, transcurrieron solamente once días desde la interposición hasta el otorgamiento del amparo provisional.

Cuando este mismo actor promovió amparo en contra del Congreso de la República para permitir el acceso de periodistas al hemiciclo transcurrieron 32 días desde la fecha de interposición hasta la resolución.
De igual manera, cuando distintas asociaciones civiles promovieron acción de amparo para evitar la entrada en vigencia de las reformas a Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la CC otorgó el amparo provisional en un plazo de 19 días.

Es por ello que me surge el cuestionamiento, ¿de qué depende poder contar con la atención de la CC para la resolución de los recursos? ¿De quién soy? ¿De afinidades políticas? ¿De presión local o internacional? Tampoco quisiera pensar que es indiferencia hacia temas cuya consecuencia es la afectación económica para el país. ¿No debiéramos tener todos el derecho de ser tratados con agilidad e igualdad?

Como ciudadanos debemos exigir que los órganos encargados de administrar justicia, sobre todo si hablamos de justicia constitucional, cumplan y garanticen este principio a todos, sin excepción alguna. Así que señores magistrados, les pregunto, ¿tienen establecidos criterios y procedimientos objetivos para decidir qué casos se resuelven primero? Si es así, considero que la ciudadanía tiene el derecho a conocerlos.

Una recesión global es casi segura, como expresó el secretario general de las Naciones Unidas en conferencia virtual, hace un par de días. “El covid-19 está matando personas, así como atacando a la economía en su núcleo–comercio, cadenas de suministro, negocios y empleos”, indicó Gutérres. Esto nos pone a pensar que luego de la pandemia los países tendrán una labor titánica de recuperación económica y las empresas que lograron sobrevivir jugarán un rol primordial en ello. He escuchado críticas de que la medida de diferir pagos del IGSS, Irtra e Intecap solamente vienen a generar cierto alivio a las empresas “formales”. Resulta fácil criticar siendo solo espectador y teniendo una visión corta del panorama a futuro. La formalidad no es fácil, por lo que llevar a las pocas empresas formales en Guatemala al abismo no es una medida sensata ni para la retención de empleo actual ni para nuestra recuperación económica futura. Una crisis humana solamente se alivia con humanidad, con solidaridad, con empatía, y en esta última semana hemos visto cómo las empresas han dado un paso al frente para apoyar con donaciones de equipo, insumos y alimentos.

La complejidad de la crisis es reto suficiente para todos los sectores y como ciudadanos debemos estar a la altura para buscar soluciones de su misma escala. A pesar de que en este país nunca ha sido un momento adecuado para provocar división ni generar resentimiento, no hace falta quien en esta crisis a eso se dedique. Como ciudadanos, como empresarios, como autoridades, como familias, debemos dar nuestro aporte para mantener una sociedad sana, no solo a través de la prevención del contagio, sino también a través de la empatía con el prójimo. El mismo secretario general de las Naciones Unidas indicó que de esta crisis debemos aprender a “recuperarnos mejor”, siendo una mejor sociedad tras esta pandemia, y son los ODS los que nos brindan una hoja de ruta para la acción para lograr el fin de la pobreza, reducción de la pobreza, hambre cero y ciudades y comunidades sostenibles. “Debemos mantener las promesas para nosotros y para el planeta”, concluyó en la conferencia virtual. Yo opino lo mismo. Dejemos por un lado las diferencias ideológicas, los resentimientos y las divisiones. Solo #JuntosSaldremosAdelante.

Es posible que ya haya pasado la tormenta electoral del 2019, pero no puede venir la calma. Es más que necesario hacer un análisis del proceso de las Elecciones Generales del 2019 y del impacto que tuvo la reforma del 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Para principiar, es importante recalcar que la reforma se realizó en el 2016 y para mediados del 2018, dos años y medio después, dos unidades claves para el adecuado funcionamiento del proceso apenas habían sido conformadas: la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión y la Unidad Especializada de Fiscalización de Finanzas de Partidos Políticos. Asimismo, las distintas reformas electorales generaron un ambiente de incertidumbre sobre la aplicación de las normas del proselitismo y propaganda, dificultaron el proceso de apoyo financiero lícito a las organizaciones políticas, desincentivaron la participación de los medios de comunicación y crearon confusión general en la población sobre temas como el voto nulo y la implementación del voto en el extranjero.

Evidentemente no puede venir la calma porque existe una ardua labor por delante para el Tribunal Supremo Electoral, de manera que empecemos desde ya, y no un par de años después, a efectuar las correcciones de los elementos que fallaron en el 2019. Errores como los que ocurrieron en el sistema informático desencadenaron un cuestionamiento a los resultados y la legitimidad del proceso. Señores magistrados, esto no puede volver a pasar. Ciudadanos, no podemos dejar que nuestras próximas elecciones sean una tormenta. Exijamos que el legado de los actuales magistrados del TSE, quienes entregan el cargo en marzo próximo, sea una evaluación exhaustiva y objetiva del proceso electoral del 2019 y que el resultado de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral nos lleve a celebrar unas próximas elecciones sin incertidumbre, con reglas claras, con mayor difusión de las propuestas partidarias y un fomento de la participación ciudadana.

Interesémonos como ciudadanos responsables en la política y en los procesos que incidirán en la configuración de nuestro sistema electoral, elemento clave para mejorar la calidad democrática de nuestra Guatemala. Solamente lograremos ser fiscalizadores de cualquier proceso de reforma si no permitimos que la apatía, la desconfianza o la percepción de no sentirnos representados en el sistema nos ganen. Transformemos la apatía en entusiasmo, la desconfianza en aspiración de un mejor futuro y, sobre todo, seamos actores en la construcción de nuestra democracia.