Denuncian a extitular del Segundo Registro de la Propiedad  

Según la demanda, los exfuncionarios apartemente compraron productos sobrevalorados y contrataron empresas anómalas.  

Rubén Lacán

12 de octubre de 2024 | 05:00h

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Jefe del Segundo Registro de la Propiedad sospecha de anomalías en servicios de atención y protocolo por Q294 mil 010 (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El jefe del Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango, Hugo Alfredo Bautista del Cid, denunció en el Ministerio Público (MP) a Walter Alexander Alvarado, exjefe de la entidad; Milton Rodolfo Fuentes Ramos, director de la Unidad de Administración Financiera; Ariel Amílcar Tacam, subdirector de la Unidad de Administración Financiera; y a siete empresas por irregularidades en sobrevaloración de mobiliario, pagos de arrendamiento y otros servicios.

El documento detalla que se hizo una auditoría interna, del 1 de abril del 2023 al 31 de marzo de 2024, y se detectaron “varias deficiencias”, como transacciones financieras y anomalías en documentos.

Arrendamientos

El jefe del Registro de la Propiedad señaló que se hicieron “erogaciones en concepto de subarrendamiento” a Yonathan Estuardo Rodas Calderón, quien no tiene la calidad necesaria para emitir facturas de ese tipo de servicio, pues su actividad económica registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) está vinculada con el transporte terrestre.

Según el portal de Guatecompras, Rodas ganó tres contratos con el Segundo Registro de la Propiedad, por Q324 mil, por subarrendar oficinas para la institución.

Además, por la renta del local que ocupa el Segundo Registro de la Propiedad en Retalhuleu se contrató a una empresa que “no posee la facultad legal para emitir facturas en concepto de arrendamiento, puesto que su actividad económica principal se refiere a la construcción de otras obras de ingeniería civil”, señala la denuncia.

El documento legal expone que se pagaron Q5 mil mensuales a la Constructora DISA, S. A., del 1 de noviembre último a marzo de este año.

Protocolo

La denuncia menciona que hubo gastos de Q294 mil por servicios de atención y protocolo de junio a diciembre de 2023 en al menos 15 diferentes facturas.

“Todos los servicios facturados, como atención y protocolos, no tienen el respaldo y soporte documental mínimo, infiriéndose escasa o nula calidad del gasto y una posible simulación de este para posiblemente beneficio económico de particulares”, se lee.

Se pidió una postura al exjefe del Segundo Registro de la Propiedad, pero dijo que no emitiría comentarios al respecto

Los denunciados  

• Dorian Iván Estrada Soto, de la empresa Multi-Productos y Servicios ADALU 
• Sendy Lisbeth Palacios Castillo, de la empresa Distribuidora ALER 
• Empresa Inter Travel Agencia de Viajes, Ana Alejandra Cifuentes  
• Empresa Multiservicios Innovadores de Quetzaltenango  
• Yonathan Estuardo Rodas Calderón, empresa CONTRACSA 
• José Francisco Sican Herrera, empresa La Imprenta 
• Ángel Eduardo Velásquez Velásquez, empresa DIGITAL PRINT 

Salud denuncia anomalías en registro para comercializar medicamento para tratar covid-19

El Ministerio de Salud denunció supuestas anomalías en un registro sanitario para comercializar un medicamento para tratar el covid-19 durante la pandemia.

Pavel Arellano

12 de julio de 2024 | 15:03h

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El Ministerio de Salud denunció este viernes supuestas anomalías en un registro sanitario para comercializar una medicina usada para tratar el covid-19 durante la pandemia en 2020. (Foto Prensa Libre: @MinSaludGuate)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) presentó este viernes 12 de julio una denuncia por posibles irregularidades en la gestión y autorización de un registro sanitario para comercializar una medicina llamada Remdesivir, utilizada para tratar el covid-19.

De acuerdo al comunicado, la denuncia fue puesta por el viceministerio de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud.

También se aclara que las autorizaciones para el registro sanitario se hicieron en el año 2020, durante la pandemia del covid-19 por parte del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA).

En la denuncia se explica que cuatro empresas solicitaron el registro sanitario para comercializar el medicamento Remdesivir, pero solo una obtuvo dicha autorización.

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“Cabe destacar que pese a que el expediente de registro sanitario incumplía con varios requisitos fue autorizado; mientras que, el mismo registro fue negado a otros interesados”, explica la cartera sanitaria.

El argumento utilizado para negar la autorización a las otras empresas fue que “no satisfacían los requerimientos, varios de ellos, no previstos en la normativa”.

#ComunicadoMSPAS | El día de hoy presentamos una denuncia por posibles irregularidades en la gestión y autorización del registro sanitario para la comercialización del medicamento Remdesivir, para tratar el COVID-19 en plena pandemia del COVID-19. pic.twitter.com/ACvGT28Mvn

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) July 12, 2024

A raíz de este hecho, la MSPAS presentó la denuncia al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para comenzar con las investigaciones del caso.

En el escrito también se detalla que la empresa que obtuvo el registro sanitario de manera “anómala”, logró “ingresos millonarios por ventas a instituciones públicas” del medicamente Remdesivir.

“El registro le permitió la distribución y venta del medicamento durante los primeros meses de la pandemia, convirtiéndolo en el único con registro sanitario autorizado del 9 de julio de 2020 al 3 de junio de 2021“, señala la cartera sanitaria.

El comunicado añade que tanto el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el propio Ministerio de Salud obtuvieron la medicina por medio de este proveedor.

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La solicitud es una medida precautoria mientras finaliza la auditoría, aunque el objetivo es suspender en definitiva el proyecto.

Una segunda notificación emitida por la CGC busca cancelar el proyecto Diseño y Construcción de la Escuela La Reforma, un complejo educacional que estaría en la misma finca donde se construiría la urbanización para los damnificados.

La escuela fue adjudicada a la empresa Construsur, S. A., por Q52 millones 868 mil 718.20; sin embargo, la auditoría de la CGC detectó al menos 10 irregularidades, tanto en el área financiera como en criterios técnicos en la adjudicación.

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El documento de la CGC recomienda que, si se considera conveniente, se convoque a un nuevo evento que se ajuste a los requerimientos técnicos, legales y administrativos, que en ley corresponde y apegados a la Ley de Contrataciones del Estado.

Ambos proyectos fueron adjudicados por Comunicaciones amparados en el estado de Calamidad.

Cuestiona decisión

El ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, cuestionó la decisión de la CGC sobre la suspensión del anticipo a la empresa encargada de la construcción del proyecto habitacional mencionado.

El funcionario lamentó que se quiera suspender la obra, porque significaría un atraso en la construcción de las viviendas para los damnificados.

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Los hallazgos

En el caso de la escuela La Reforma, en el área financiera la Contraloría establece que la recepción, calificación y adjudicación del proyecto fue realizada por el director y subdirector de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), dependencia del Ministerio de Comunicaciones, sin contar con un nombramiento previo por parte de la autoridad superior.

Por aparte, la oferta presentada por Construsur no incluye un programa preliminar de inversión y ejecución de los trabajos para la construcción de la obra.

Una empresa interesada en la construcción del proyecto fue descartada por incumplir con algunos requisitos; sin embargo, la CGC estableció que no eran fundamentales, por lo que podrían haberse subsanado y tomar en cuenta la oferta, que era más barata.

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El proyecto también carecía de planos respectivos de ubicación y desmembración catastral de la finca La Industria, registrada a favor del Ministerio de Educación para construir ahí la nueva escuela, procedimiento indispensable para determinar si el área es suficiente y adecuada para el diseño del establecimiento educativo.

Aunque la CGC sostiene que el proyecto todavía está vigente, el ministro sostiene que ya fue cancelado, aunque por decisión propia.

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El ministro agregó que a pesar de que es necesaria una escuela en el lugar, no es urgente.

Urgencia lesiva

El jefe de la Contraloría, Carlos Mencos, indicó que por acelerar los procesos se pudo caer en varios errores, los cuales no se pueden obviar.

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“Lo que se vio en el informe es que aceleraron demasiado el tema de la adjudicación, si bien es cierto el estado de Calamidad se legaliza por el Congreso de la Republica, por lo que no están obligados a la licitación y cotización, las normas mínimas de transparencia se mantienen”, explicó Mencos.

La UCEE debió considerar las recomendaciones que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hizo respecto de las medidas de mitigación y estudios técnicos; también si el suelo tiene la capacidad para que se desarrolle el diseño estructural.

El informe de la Conred, citado por la CGC, emitido el pasado 7 de junio, concluye que, de acuerdo con las observaciones de campo y la referencia de herramientas cartográficas, el terreno presenta indicios superficiales de inestabilidad por una corriente de agua principalmente de planicies, por lo que se considera “poco apto para su uso”.

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El vocero de la Conred, David de León, indicó que el informe es parte de un proceso de verificación de las condiciones de habitabilidad del lugar, por lo que este procedimiento se hizo en la finca La Industria, donde por procesos naturales, podría darse acumulación de agua y esto generaría dificultad a las personas del sector.

“En el informe lo que se hace es recomendar las medidas de mitigación que la empresa que va a encargarse de la construcción de las casas debe realizar, también se deben sumar los informes que el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros. Así como ocurrió allí, ese procedimiento se hace en todos los proyectos habitacionales”, explicó De León.

Compras dudosas 

Desde principios de julio, la Contraloría comenzó a investigar por lo menos 10 compras que fueron hechas bajo el estado de Calamidad por la erupción del Volcán de Fuego, en los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo Social y Agricultura.

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Según el portal Guatecompras, las adquisiciones hechas por el Estado por dicha emergencia sumaron cientos de millones de quetzales, y muchas llamaron la atención por presentar inconsistencias, como la sobrevaloración de sardinas y la construcción de una cancha sintética de futbol.

Esa institución había comprado a casi Q17 la unidad, lo que suponía un sobreprecio de hasta Q4 por lata.

Dicha compra se había adjudicado a la empresa Agro Industrias Albay, S. A., la cual no tenía en su giro natural de negocio la comercialización de enlatados, lo que también provocó dudas. El Ministerio de Agricultura explicó que esos elementos eran para 16 mil 932 familias agrícolas afectadas por la erupción.

Otra adquisición que se anuló fue la construcción de una cancha sintética de 528 metros cuadrados por parte de la Municipalidad de Escuintla.

Por esa compra se habían adjudicado Q260 mil en materiales de construcción. La cancha iba a construirse para los vecinos que perdieron casa y familia por la catástrofe.

Modelo de las viviendas 

Según las especificaciones técnicas, las mil casas serían construidas en la finca La Industria, Escuintla, a aproximadamente 20 kilómetros del Volcán de Fuego, y cada lote tendría un área mínima de 84 metros cuadrados.

Cada vivienda contará con dos habitaciones, sala-comedor-cocina, servicio sanitario y área para la pila.

En los aspectos técnicos se detalla que el diseño estructural de la vivienda deberá contemplar la capacidad para que pueda ampliarse en un futuro a dos pisos. 

Según la propuesta del Fondo Social de Solidaridad, el tiempo de ejecución de los trabajos de urbanización no podrá sobrepasar los cinco meses y el período contractual para la empresa que brinde los servicios de Estudio, diseño y construcción será de 18 meses prorrogable.

Mientras  se define  si se construyen las viviendas para los víctimas de la erupción del Volcán de Fuego, se prevé que para  el lunes se empiece con el traslado de las primeras familias a los albergues.

No obstante, todo dependerá de que terminen de instalar los servicios básicos en los albergues de transición unifamiliares.

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Además, ambientalistas, pobladores, pescadores y sindicalistas se oponen al proyecto porque consideran que este puede afectar el ecosistema de la Bahía de Amatique, que ha dañado los  manglares aledaños a la Empornac.

La querella fue presentada por la Contraloría General de Cuentas (CGC) al considerar que las autoridades de la Empornac  evadieron  preceptos que establece la Ley de Contrataciones para lograr la adjudicación a Pahame, S. A., ya que los servicios  que prestarían a través de una nueva instalación constituyen una concesión, y la adjudicación  se hizo  bajo la figura de “servicios técnicos” contratados por excepción.

Las personas señaladas en este caso eran quienes fungían como  interventor y subinterventor,  Erwin Guzmán Ovalle  y  Hugo Artemio Rodríguez Murcia, respectivamente. A quienes se les trató de localizar pero no fue posible.

El Entramado

Para otorgar el proyecto a la firma, Empornac realizó al menos ocho procesos que a consideración de la Contraloría viciaron el proceso de adjudicación.

Todo comienza con el acuerdo de intervención 317-2014 del 30 de septiembre del 2014, en el que el interventor Guzmán Ovalle autorizó la contratación de una empresa para la prestación de servicios técnicos y autorización para la carga y descarga de buques con granel sólido a través de una instalación nueva de pontones flotantes  —plataformas— y removibles, independientes a los atracaderos actuales de la Empornac.

El 10 de octubre de ese año, el proceso de contratación se subió a Guatecompras, en el que se establece que la empresa que presente su oferta deberá hacer la inversión completa a su propia costa, incluyendo diseño de las instalaciones, fabricación, instalación, operación y mantenimiento del nuevo sistema.

El 23 de octubre del 2014, Rodríguez Murcia aprobó los términos de referencia. Pero los mismos fueron   publicados sin firma y sello, y que al solicitar documentos de soporte, de quien elaboró los documentos, las  autoridades de Empornac,  indicaron que no existen documentos de soporte y que desconocen  quién pudo ser el responsable de elaborar los términos de referencia.

El evento se adjudicó  a la empresa aludida el 7 de noviembre de ese año. El mismo día, Rodríguez Murcia  notificó a la comisión calificadora que la empresa pagaría US$0.705 por tonelada métrica de carga y/o descarga.

En la escritura pública 105 se formalizó la contratación del servicio, en la que se especifica  que la carga y descarga de los buques será de mena de níquel —rocas de níquel— en primer lugar, y otros materiales como el carbón mineral.

El 19 de diciembre, siempre del 2014, ampliaron el contrato  para que cobrara vigencia un año después.
Pese a ello, el 26 de febrero del 2015, a través de la escritura pública 32 elaborada  por el notario José Guillermo Castellanos Molina, la Empornac otorgó a Comercializadora Pahame, S. A.,   21 mil metros cuadrados para que la firma  pudiera arrancar el proyecto a través de una nueva instalación portuaria, equivalente a 300 metros de frente por 70  de fondo.

Otra irregularidad que descubrieron los auditores es que Pahame, S.A. se encuentra registrada entre los clientes de la Empornac como una firma que se dedica a exportar mena de níquel, por lo que era la única empresa que podía participar y ganar el concurso. Además,  el contrato se otorgó a un plazo de 10 años, los cuales pueden ser prorrogables.

Origen de pahame

La empresa fue constituida por Willian René Cardona Méndez y Norma Verónica Mendoza el 22 de enero del 2007, con un capital de Q5 mil dividido en 10 acciones, y cinco acciones  cada uno.

Cinco días después que el concurso se subió a  Guatecompras,   el 15 de octubre del 2014, se  modificaba la escritura de constitución, por medio del documento número 83 donde se amplió el capital de Q5 mil a Q60 millones.

En el mismo documento se amplía el objeto de la sociedad. Se incluyó prestar todo tipo de servicios de logística en puertos marítimos como muelles, carga, descarga, almacenaje y/o transferencias para todo tipo de productos.

El director de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco), Óscar Calderón, manifestó que efectuaron la inspección del área de manglares en el área otorgada a Pahame, y la misma se encontró destruida por lo que presentaron una denuncia al Ministerio Público, pero ante la evidente corrupción que existía en la administración del Partido Patriota, pudo haber existido tráfico de influencias para que la misma quedara engavetada y no se le diera seguimiento.

“El mangle fue arrancado de raíz y llevado en camiones de volteo a otra zona para perder la evidencia. Seguimos  monitoreando la zona hasta donde tengamos jurisdicción, para que no se continúe con el daño”, dijo Calderón.

El ambientalista explicó: “Nosotros  expusimos y exigimos a la Fiscalía para que se detuviera el proceso, pero no fue así  y ahora se construye la terminal. El día de la inspección no fuimos notificados y a pesar de ello acudimos, pero todo fue una pantomima”.

Los patriotistas

Carlos Rodas, delegado del Ministerio de Ambiente en Izabal, explicó que durante la administración del gobierno patriotista fueron dadas todas las autorizaciones correspondientes.

Según la fundación  Mar Fund, entidad que vela por la conservación y el uso de arrecifes en Mesoamérica,  los manglares  son importantes para el ecosistema y los mismos se encuentran desapareciendo a un ritmo alarmante, por lo que es de vital importancia que se vele por su conservación.

Personeros de la fundación resaltaron la importancia de los manglares en las orillas de la Bahía de Amatique, y que los mismos están en peligro por el crecimiento de la industria, como lo que se  construye del lado de  Empornac, a un costado de ella, en los terrenos que tiene Pahame.

La fundación espera  que se renueve el compromiso de Guatemala  de la Declaración de Tulum,  para mantener  la conservación y el uso sostenible del sistema de arrecifes para contribuir  al bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Por aparte, un grupo de pobladores y pescadores mantienen el temor que el proyecto que contempla la instalación de muelles flotantes y la construcción de una terminal adjunta a la Empornac afecte el ecosistema en la Bahía de Amatique,  Puerto Barrios, Izabal.

Trabajadores portuarios denunciaron que el contrato que concesionó los terrenos donde se construye el proyecto se encuentra viciado y que la empresa adjudicada forma parte de un consorcio de firmas que pertenecen a  Jürgen Widmer Probst, quien está prófugo de la justicia, vinculado con el caso Cooptación del Estado.

La empresa  indicó que no tiene relación con Widmer Probst, y el señalamiento lo hacen debido a que el dueño de la empresa es cuñado del prófugo.

Este grupo, a través  de Interport, ha recibido al menos Q1 mil millones en contratos con el Estado.

Los pescadores se oponen a la construcción de un nuevo muelle paralelo al que ya existe en el sector, porque puede presentar daños al ecosistema en  especial a la crianza de especies que subsisten bajo los manglares. Además, la zona marina costera cuenta con cientos de estuarios —desembocadura del río en el mar— que están siendo destruidos.

Renato Marín, pescador de la región, manifestó que toda la zona ha sido tomada por maquinarias, las cuales han destruido el entorno y dijo sentir  tristeza al ver como un lugar donde a simple vista se veían los peces ahora es una zona llena de grandes rocas que irresponsablemente han dañado el hábitat marino.

Oposición

A comienzos del 2017 se anunciaba el proyecto de los muelles flotantes por parte del presidente de la junta directiva de la Empornac,  Fernando Lorenzana, durante el acto donde se entregaron utilidades.

En el mismo acto la trabajadora portuaria Mirna Pérez increpó al presidente Jimmy Morales para solicitarle que interviniera  ante la Contraloría  para que se realizara una auditoría forense y se determinaran así  las anomalías en los contratos.

Parecido a TCQ

Aunque el proceso de licitación no es el mismo, el resultado es igual al usufructo (a la concesión) otorgada a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), en el 2012, por parte de la Empresa Portuaria Quetzal.

 En ese año se otorgaron 340 mil metros cuadrados para construir TCQ, y en este caso se otorgaron 21 mil metros cuadrados para que la empresa Pahame construya una terminal alterna para ayudar a Empornac con los embarque de mena de níquel.

Empornac: contrato se mantiene  vigente

“El proceso  está siendo investigado por la Contraloría, y a nosotros como entidad pública no nos han notificado los hallazgos.  Sabemos que la denuncia penal fue contra las autoridades anteriores que aprobaron el contrato,  porque hallaron un vicio y no nos han informado que haya una denuncia contra el contrato en sí. Nosotros fuimos los que presentamos los documentos a la Contraloría para que fueran analizados ya que habían sido señalados. Lo que esperamos es que la Contraloría nos diga qué hacer ya que el contrato está vigente y hay obligaciones de ambas partes. Al tener los resultados podríamos saber si vamos a un tribunal a pedir la nulidad del contrato”, dijo Danilo Morgan, gerente general de Empornac.

Empresa no se pronunciará

Comercializadora Pahame, S.A., manifestó que no se pronunciará al respecto de la denuncia presentada debido a que no son parte, y esperarán el desarrollo de la investigación. Personeros recalcaron que hasta tener más información no harán la comunicación respectiva. Por aparte, indicaron que el proceso se puede observar en Guatecompras, y aseguran que  fue transparente.

 Esperan también que la denuncia  no llegue a afectar a la empresa y al proyecto, debido a que ya han invertido varios millones de quetzales.

La firma señaló que en el área no existieron manglares, y que a pesar de ello, la empresa  contribuye con el estudio científico   apoyando los programas que  desarrolla la Usac para la recuperación del manglar.

Las denuncias penales ya fueron presentadas en el Ministerio Público e involucran el manejo irregular de más de Q2 mil 950 millones por dependencias de la administración central, consejos de Desarrollo, entidades autónomas y también municipalidades, que por ser más numerosas son las que acaparan buena parte de los señalamientos.

Esta es la primera vez que un contralor general hace señalamientos tan amplios contra tantas instituciones en su conjunto y también por un monto tan descomunal, pero que tristemente refleja los niveles de corrupción, malos manejos y discrecionalidad con que funcionarios disponen del erario.

Es también la primera ocasión en que la Contraloría denuncia a la Municipalidad de Guatemala y lo hace precisamente por el manejo de recursos públicos administrados bajo la oscura figura del fideicomiso, una práctica que lleva años de existir y de ser cuestionada, precisamente porque entraña una sospechosa secretividad y por su propia naturaleza se hace muy difícil de fiscalizar.

De hecho, los fideicomisos ni siquiera deberían existir porque son una especie de fondos inescrutables sobre los cuales solo unos cuantos tienen control pero reducida cuentadancia.

En su informe de ayer, el contralor Carlos Mencos refirió que a la comuna capitalina se le hicieron reparos por manejo de un fideicomiso mediante el cual se habría erogado casi un millón y medio de quetzales de manera irresponsable, por lo que también es de elogiar la labor de la CGC en esta nueva etapa, que parece enfocada en romper los muros de opacidad que han rodeado los gastos de diversas esferas públicas.

Ciertamente, hasta ahora la Contraloría parecía una entidad adormecida, que simplemente había vivido de la denuncia e investigaciones que se producían en otras instancias pero no había entablado una batalla frontal contra la corrupción. Sin embargo, los hallazgos presentados marcan un nuevo capítulo en la historia de esa institución, siempre y cuando se mantenga la misma política de cero tolerancia.

De hecho, el actual contralor ha sido uno de los más criticados, debido precisamente a que ocupa por segunda ocasión ese cargo, lo que implica que en su anterior período simplemente se hizo de la vista gorda, y de no ser por las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Ministerio Público, la entidad que dirige continuaría en el letargo.

Sobre Mencos pesaba la sombra de haber sido designado en una de las peores etapas de la anterior legislatura, pero a través de acciones contundentes como las plasmadas en el informe anual su gestión parece enfilarse en la misma ruta de la transparencia que exige la ciudadanía.

La disputa

Más que el pago millonario, la crítica fue por la celeridad con la que se conoció la propuesta, ya que los miembros de la Directiva se quejaron de no haber tenido tiempo para evaluar los documentos, que les entregaron horas antes de la reunión.
El informe incluye una auditoría de la Contraloría General de Cuentas y la evaluación a las empresas que prestan el servicio, y entre todos los informes suman mil 458 páginas.
Según consta en el oficio 1507 de la gerencia del IGSS, que recoge todos esos documentos y al que Prensa Libre tuvo acceso, la Directiva de esa institución recibió ese informe el miércoles, a las 18.28 horas, un día antes de la reunión de los directores, quienes fueron citados para el jueves a las 18.30 horas.
Pero el oficio empezó a llegar a los directivos a eso de las 7 horas del mismo jueves, aunque otros dicen haberlo recibido a las 15 horas, por lo que no tuvieron tiempo para evaluar la propuesta.
Además, ese punto no se incluyó en la agenda, sino que se esperó a llegar a asuntos varios, por lo que el asunto se empezó a tratar a las 22.30 horas del jueves.
Eso disgustó a varios integrantes de la Directiva, quienes pidieron que se convocará para el viernes por la mañana, a fin de tener más tiempo para evaluar los documentos.
Contreras se negó, con el argumento de que ese era el último día para prorrogar porque se vencía el plazo; de lo contrario, los pacientes quedarían desatendidos.
La discusión subió de tono, al extremo que el representante de la Universidad de San Carlos (Usac), Alejandro Balsells, optó por retirarse de la reunión y dijo que no se prestaría a una acción ilegal.
Esto dejó la reunión con cuatro miembros con voto, de los seis que tienen este privilegio, ya que horas antes se había retirado el delegado patronal, Luis Fernando Rivera.
Aunque la oposición y la discusión continuaron, Contreras logró el apoyo del representante de los trabajadores, el sindicalista Adolfo Lacs. Aprovechó que como presidente de la Directiva tiene voto doble o de desempate, y aprobó la prórroga con tres votos (dos eran suyos).
En contra votaron el delegado de los médicos, Allan Ruano, y el de la Junta Monetaria (JM), Federico Borrayo, primer vicepresidente del IGSS.
También hubo fuertes manifestaciones de rechazo de los representantes suplentes —que no tienen voto— Reny Bake, del Ejecutivo; Álvaro Trujillo, de la JM; y Érick Porres, de la Usac.
Balsells dijo: “Estoy muy descontento por la forma improvisada como se están manejando las cosas. Ayer —el jueves— querían una prórroga, y estaba en puntos varios. Lo aprobaron dos personas, aprovechando el voto doble del presidente —del IGSS—”.
Agregó: “A mí me preocupa, porque son contratos de hemodiálisis. Recuerde que hay varios señalamientos relacionados con ese mismo tema. Voy a proceder a una supervisión en cada lugar. Uno trata de ser constructivo, pero la paciencia se agota”.
Otros directivos coincidieron en que la premura para revisar los documentos provocó sospechas, pues “no se puede aprobar algo sin conocerlo, debido a que se trata de cifras millonarias”.
Además, en reuniones anteriores se había acordado que no habría más prórrogas, y que en lugar de ello se subirían los eventos de compra o prestación de servicio a Guatecompras.

Defienden prórroga

Pese a las críticas, Lacs apeló a la “necesidad” de los pacientes por recibir tratamiento, pues era el último día para prorrogar.
Además, dijo que se tiene una semana para aprobar el contrato. “Si hay algún inconveniente, que lo dudo, no firmaré”, expresó.
Sobre la prohibición de prórrogas, Lacs indicó que aún se ajustan algunos procedimientos, luego de las modificaciones a la Ley de Contrataciones.
“Entiendo que el evento para contratar el servicio se subirá en pocos días, y la prórroga de dos años podría suspenderse”, añadió.
Molesto y un tanto agresivo, el presidente del IGSS se vio obligado a responder a Prensa Libre al terminar una reunión que sostuvo en un hotel con varios directores de esa entidad.
“¿Me va a entrevistar sobre la planificación para el 2016 que está haciendo el IGSS…? Que el IGSS se planifique no es tan interesante, ¿verdad?”, dijo como introducción a la entrevista que ofreció después de que sacara de esa reunión a la periodista y que intentara retirarla del hotel donde se desarrollaba la actividad.
En breves declaraciones, Contreras aseguró: “Ayer fue un acto ordinario. En las directivas hay distintas opiniones, y luego las directivas toman una determinación dentro del marco de la ley y de sus normas”.
Según Contreras, hay análisis y encuestas de satisfacción de los pacientes sobre las empresas, y afirmó que los documentos se les hizo llegar a los integrantes de la Directiva con antelación, pero “ellos no leen”.
El presidente del IGSS no sabía  cuántas personas se podrían beneficiar con la prórroga, aunque su encargada de comunicación le informó que eran tres mil, aproximadamente, y ya no quiso seguir con la entrevista.

Las sociedades

Según registros de Guatecompras, la empresa Medicina Corporativa de Diálisis se creó en el 2008.
Al siguiente año comenzó a trabajar con el IGSS, y desde entonces ha sido beneficiada con 397 adjudicaciones, que suman Q490.5 millones; de esa cantidad, 329 el año pasado y de ellas 307 se otorgaron después de junio, cuando ya había asumido Contreras como presidente del IGSS.
Sobre la Clínica Médica Renal Emanuel, Guatecompras registra que ha recibido contratos del IGSS en el 2009 y en el 2011 por Q66.2 millones.

La mayoría, 227, se emitió por cierre temporal de negocios, por no brindar facturas o no poseer libros contables; aparte se emitieron 19 sentencias en el el ramo económico-coactivo, en ambos casos favorables a la SAT.

Sentencias en el ramo contencioso-administrativo fueron 37 a favor de la SAT, 12 en contra y 7 parciales. Además de las 157 sentencias por inconstitucionalidades, la CC emitió 91 a favor de la SAT y 62 en contra.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que este tipo de informes ayuda a la transparencia en la SAT, pero que los esfuerzos de fiscalización y supervisión, y de crear en el contribuyente la percepción de riesgo son pequeños.

Uno de los indicadores internacionales para medir el grado de riesgo de una administración tributaria es cuánto se logra recuperar en juicios y en ajustes por fiscalización, pero en Guatemala ese dato no llega ni al 1%, explicó Medina. “Eso significa que el cumplimiento de los guatemaltecos sigue siendo primariamente voluntario”, agregó.

Comentó que las sentencias logradas no son contra los más grandes evasores y donde se logren castigos drásticos, pero señaló que la emisión de sentencias no solo depende de la SAT, sino que también del Organismo Judicial.

Recordó que a la SAT le hace falta acceso a información bancaria, y en otras ocasiones, las pruebas no son sólidas.

Mendoza refirió que como no se ha logrado nada, ahora acudirán al Ministerio Público.

Según comentó el ejecutivo, en el 2014 se detectó que las importaciones de cebolla de México y que entran por Tecún Umán, San Marcos, se reportaron a un precio de US$0.10 por kilo (2.2 libras).

Sin embargo, agregó que el precio promedio de la cebolla para el mayoreo que se vende en México, durante ese año, fue de de US$0.55 el kilo.

“Este lo hace el importador por medio de una factura emitida en la frontera, pero no representa el valor real del producto con lo cual el fisco deja de recibir el impuesto en concepto de IVA de casi US$0.80 por kilo” explicó.

Un contenedor puede traer 32 mil kilos, dijo.

Registros de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) de México indican, que al 13 de octubre, el precio de la cebolla se reporta en unos US$0.90 el kilo.

Mendoza comentó que la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala (Fasagua) apoya a los productores del oriente del país porque son unos cinco mil productores    que se ven afectados por esta situación de competencia desleal.

En el país el ciclo agrícola de la cebolla es de diciembre a abril.

El ejecutivo de Fasagua dijo que de continuar con el comportamiento que denunciarán hoy, los productores nacionales se verán afectados ya que con esos precios no logran cubrir sus costos de producción.

Mendoza no detalló qué empresas entran el producto al país; sin embargo, mencionó que “si ellos pagaran sus impuestos y aranceles sobre el precio real, el precio en el mercado de la cebolla mexicana no bajaría de Q200, pero al no pagar los impuestos bajan precios hasta Q50 por quintal”.

En el país, las área productoras de cebolla se concentran en Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, Chiquimula, Baja Verapaz, según datos de Fasagua.