CSJ rechaza solicitudes de retiro de antejuicio contra Allan Rodríguez y Julio Portillo

La CSJ rechazó este 6 de marzo dos solicitudes de retiro de antejuicio contra los diputados Allan Rodríguez y Julio Portillo.

Pavel Arellano y Douglas Cuevas

6 de marzo de 2025 | 12:32h

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La CSJ rechazó dos solicitudes de retiro de antejuicio en contra de dos diputados del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Congreso de la República)

Este 6 de marzo, la Corte Suprema de Justicia rechazó dos solicitudes de retiro de antejuicio contra dos diputados del Congreso de la República.

La primera fue en contra del diputado Allan Rodríguez, señalado por las autoridades indígenas de Sololá por supuesta corrupción.

El 11 de enero, los integrantes de la Municipalidad Indígena de Sololá acudieron a la Gestión Penal de la Torre de Tribunales, donde afirmaron tener información de que Rodríguez habría ofrecido entre Q250 mil y Q500 mil a diputados para que votaran por él y así asumir la presidencia del Congreso.

La segunda solicitud fue en contra del diputado Julio Portillo, denunciado por supuestamente cometer el delito de violencia contra la mujer.

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La CSJ había rechazado dos antejuicios contra el expresidente Jimmy Morales por caso Hogar Seguro

Una nueva declaración vuelve a vincular al expresidente por una supuesta orden telefónica y se le señala de “violar la línea de mando”.

Fátima Najarro

14 de enero de 2025 | 16:00h

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En marzo del 2017 41 niñas y adolescentes murieron encerradas en un incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó dos solicitudes de retiro de antejuicio en 2017 y en 2021 contra el expresidente, Jimmy Morales, por su presunta responsabilidad en el incendio dentro del Hogar Seguro Virgen de la Asunción donde fallecieron 41 niñas y adolescentes.

El pasado lunes 13 de enero, el presidente del Congreso Nery Ramos, quien era director de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando ocurrió el incendio, declaró ante un Tribunal de Justicia que el expresidente se saltó la línea de mando y ordenó a los agentes policiales que no se retiraran del perímetro del hogar.

En 2017 los entonces diputados Sandra Morán y Leocardio Juracán presentaron una querella en el Ministerio Público contra el expresidente por los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, tortura y ejecución extrajudicial. La Fiscalía elevó una solicitud de desafuero a la CSJ por el mismo caso.

Los magistrados rechazaron la solicitud en ese entonces. Luego, por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la CSJ volvió a conocer la acción contra Morales, pero nuevamente por mayoría se rechazó. Fueron las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales los votos disidentes, el argumento de la CSJ fue que era “una denuncia presentada por motivos políticos y espurios”.

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En ese contexto, se conoció por declaraciones de diferentes funcionarios que Morales había efectuado una llamada a agentes de la PNC ordenando presencia policial en el Hogar Seguro.

En 2021 el colectivo Mujeres Transformando el Mundo presentó otra solicitud de antejuicio que fue también rechazada por la CSJ. La organización presentó un amparo en la CC contra la resolución, pero también fue rechazado.

El relato

Ramos respondió el pasado lunes a las preguntas de la Fiscalía y recordó que el 8 de marzo del 2021, Morales contactó a un jefe policial por medio del teléfono de un trabajador de la  Secretaría de Bienestar Social, para ordenarle que no se retirara un solo agente del lugar.

Ramos destacó que las residentes del hogar no enfrentaban procesos penales, por lo que la PNC solo podía estar en el lugar en calidad de apoyo para garantizar la protección de las internas y debían retirarse al recuperar a quienes se habían fugado.

“Ante esa información -la orden telefónica de Morales- y respetando naturalmente la autoridad del presidente, tomé la decisión de consultarle al ministro de Gobernación, licenciado Francisco Rivas Lara, que verificara si efecto esa era la orden del presidente dado que se estaba violentando toda la línea de mando que rige todas las instituciones de seguridad. Hizo la verificación y me llama de vuelta indicándome que en efecto era la instrucción del presidente”, relató Ramos.

La CSJ rechazó una solicitud de antejuicio contra la Fiscal General María Consuelo Porras

El pleno judicial resolvió la denuncia que presentó el Ejecutivo contra la jefa fiscal seis meses después de ser presentada.

Douglas Cuevas

29 de agosto de 2024 | 12:19h

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El presidente Bernardo Arévalo y la Fiscal General, María Consuelo Porras, durante una reunión en enero del este año. Fotografía: EFE.

En la sesión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrada este miércoles 28 de agosto se conoció un primer antejuicio contra la fiscal general del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras. La denuncia fue rechazada de manera unánime por las autoridades del Organismo Judicial (OJ).

El delito que el Organismo Ejecutivo le atribuía a Porras, fiscal general, era el cargo de incumplimiento de deberes, por no asistir a una reunión de gabinete enfocado en temas de seguridad a la cual el presidente, Bernardo Arévalo, le había girado una invitación.

La denuncia contra Consuelo Porras se conoció por los magistrados seis meses después que autoridades de la presidencia formularon la denuncia. Queda pendiente de análisis un segundo antejuicio, siempre presentado por el Ejecutivo contra la titular del MP.

Una fuente judicial, que prefirió no ser citada, confirmó que la decisión fue unánime por los 13 magistrados de la CSJ. Entre los argumentos vertidos fue que al analizar el expediente consideraron que la denuncia era “espuria e ilegítima”.

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La presidencia de Guatemala y el MP han protagonizado una serie de enfrentamientos públicos entre sus máximas autoridades.  Señalamientos que en las últimas semanas han sido más frecuentes entre las dos autoridades.

Bernardo Arévalo señala a la fiscal general de ser un actor a favor de la corrupción. Mientras que Consuelo Porras señala al presidente de intentar bloquear investigaciones contra el partido político que lo llevó a la presidencia.

El Ejecutivo podría intentar reactivar el antejuicio contra Porras mediante una acción de amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC). Eso si el análisis de su equipo legal así lo recomienda.

#Ahora

La CSJ rechazó la primera solicitud de antejuicio contra la Fiscal General del @MPguatemala, María Consuelo Porras. Esa denuncia fue presentada en febrero de este año por el presidente @BArevalodeLeon@prensa_libre@Guatevision_tv pic.twitter.com/wlEASxiekR

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) August 29, 2024

Aumenta la batalla legal entre el MP y el Ejecutivo

La semana pasada fiscales requirieron información del ministerio de Finanzas y la cartera respondió presentando una acción de amparo ante la CSJ.

Douglas Cuevas

9 de julio de 2024 | 05:00h

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El Ministerio Público rechaza que los requerimientos de información tengan la intención de intimidar o atacar a algún funcionario de gobierno. Fotografía: Prensa Libre.

El Ministerio Público (MP) y la presidencia concluyeron la semana pasada con un intercambio de oficios y acciones legales. El ente investigador afirma que cumple con la ley, pero el Ejecutivo considera que se trata de actos intimidatorios.  

A criterio de analistas, el MP debe de fundamentar sus requerimientos para evitar una violación al derecho de antejuicio de los funcionarios. Dicho ente puede pedir información que sea necesaria o urgente para formular una posible solicitud de antejuicio, refieren los expertos.

El MP solicitó la semana pasada información a la cartera de Finanzas, el cual dirige Jonathan Menkos. Pero el ministro indicó que los requerimientos buscan generar intimidación y presentó una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pulso jurídico entre el MP que coordina María Consuelo Porras y la presidencia de Bernardo Arévalo comenzó meses atrás, luego de la primera ronda de las votaciones generales del año pasado, el ente encargado de la investigación penal comenzó a requerir información a la agrupación política.

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Lo solicitado va desde la toma de posesión de diputados electos por dicho partido, nombramiento de ministros e incluso sobre la toma de posesión del binomio presidencial.

La semana pasada, el MP pidió información a la cartera de Finanzas, al igual que requerimientos sobre la toma de posesión de la diputada oficialista Andrea Reyes y el nombramiento de Menkos como ministro de Estado, este último quien fue electo como diputado.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que analizan constituirse como terceros interesados en el amparo presentado el pasado jueves 4 de julio por Menkos.

Antecedente judicial

Expertos en derecho penal consideraron que se tiene que analizar a detalle qué tipo de información solicitó el MP, ya que existen sentencias constitucionales que respaldan las solicitudes de información.

Entre ellos, la sentencia constitucional de los expedientes acumulados 778 – 2015 y 780 – 2015. En esos requerimientos de amparos, un grupo de jueces argumentó violaciones a su derecho de antejuicio por requerimientos de información del MP.

“No vulnera el derecho de antejuicio de los amparistas – en su calidad de juzgadores – la decisión de un juez de acceder a la petición que el MP la fórmula para autorizar medidas de investigación”, explica la sentencia.

El documento aclara que esos eventuales requerimientos de información podrían ser útiles para la formulación de solicitudes de antejuicio. “Tales autorizaciones constituyen actuaciones preliminares para sustentar una posible denuncia e iniciar con esta la persecución penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 293 del Código Procesal Penal”.

La magistratura constitucional del 2015 respaldó en aquella ocasión los requerimientos de información del MP, debido a que algunos jueces denunciados en aparentes actos de corrupción alegaban vulneración a sus derechos. Pero la sentencia declaro que “contra el funcionario que goce del derecho de antejuicio solo se practicarán los actos de investigación cuya perdida es de temer y los indispensables para fundar la petición”.

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Las recomendaciones

La jurisprudencia que existe sobre este tipo de escenarios debe considerarse, esta es la lectura que tiene Andrea Rabanales de la organización Be Just, una entidad enfocada en el fortalecimiento del sector justicia en la región centroamericana.

“Si pueden hacer ciertas solicitudes parar armar lo que necesitan para pedir el antejuicio”, pero es necesario que el MP respete los límites que tiene para no vulnerar el derecho de funcionarios, apuntó la experta.

“Los requerimientos solo serían jurídicamente viables si las peticiones constituyen actuaciones preliminares que sustenten una posible denuncia o querella. Entonces, depende del tipo de información, se estaría violando o no el derecho de antejuicio”.

Por su parte, Alejandro Rodríguez, del Centro de Estudios Comparados en Ciencias Penales, consideró que se necesita mayor certeza del MP. Concuerda que solo se puede pedir información que llegase a ser necesaria para formular alguna solicitud de antejuicio.

“No se puede investigar a un funcionario público si no se declara con lugar una solicitud de antejuicio. Entonces, tiene que ser claro el MP si las peticiones de información son para investigar a funcionarios y si fuera el caso habría una situación no legal”.

Aunque existe un respaldo jurídico para los requerimientos, las organizaciones que integran Alianza por las Reformas estiman que existe una mala voluntad del MP. Según lo declarado por Juan Pablo Muñoz, uno de sus representantes.

“No nos sorprende que los fiscales del MP estén rayando en la arbitrariedad, sino incluso en la ilegalidad. Desde el año pasado e MP se constituyó como enemigos del Ejecutivo porque operan una guerra jurídica”, declaró.

Respetan la ley

El MP indicó que no se generan escenarios de intimidación contra funcionarios de la presidencia de Arévalo o del oficialismo, ya que cada uno de los requerimientos de información ha respetado el derecho de antejuicio de los funcionarios.

“Las diligencias realizadas por la fiscalía se desarrollaron en seguimiento a una investigación relacionada con el posible ofrecimiento de dinero a diputados, a cambio de votar en favor de una propuesta de ampliación presupuestaria”, informó el Departamento de Comunicación Social del MP.

Agregó la entidad que “En virtud de lo que establece la ley, todas las instituciones están obligadas a brindar al MP la información requerida”.

Añadieron que los agentes fiscales siguen los protocolos que dicta la ley, en donde no existen acciones legales dirigidas contra algún funcionario en particular.

“Las acciones realizadas por la fiscalía no han sido dirigidas al ministro Jonathan Menkos, a quien le asiste el derecho de antejuicio, por lo que llama la atención tergiversación de los hechos y la defensa oficiosa que ha generado desde el día que se desarrollaron las diligencias. Si en virtud de la investigación que se realiza, se determina la necesidad de efectuar otras peticiones, estas se estarán realizando tal y como lo establece la ley”, aclaró el ente investigador.

Para este miércoles 29 de noviembre la pesquisidora tenía como punto de agenda la cita al vicemandatario. Castillo presentaría sus pruebas de descargo ante los diputados.

Pero en horas de la mañana, la diputada Andrea Villagrán, presidenta de la comisión, recibió un oficio firmado por la vicepresidencia donde el funcionario se excusaba de la cita.

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El argumento del vicepresidente fue que la pesquisidora no ha escuchado al denunciante, quien no se presentó para ratificar la denuncia, además de contar con una amplia agenda de trabajo que le imposibilitaba acudir a la reunión.

Castillo solicitó a los diputados que su cita pudiera ser reprogramada para después del 4 de diciembre, pero la diputada Villagrán propuso que fuera hasta el 9 de enero de 2024.

La comisión pesquisidora aceptó la propuesta de Villagrán, pero él no será el único citado para esa fecha. También se acordó citar a representantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El proceso de antejuicio contra Castillo se debe a aparentes anomalías en un nombramiento de la Senabed, denuncia que pasó algunos años detenidos por un amparo que tenía de forma provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El 16 de noviembre pasado, la Fiscalía contra el Patrimonio Cultural de la Nación presentó el caso Toma de la Usac: Botín Político, cuyo juez que autorizó la diligencias fue Víctor Manuel Cruz Rivera.  

Fueron más de 20 órdenes de captura las autorizadas por Cruz Rivera contra estudiantes, decanos, políticos, diputados y el binomio presidencial. Solo capturaron a cuatro personas.

Un día después, la misma Fiscalía presentó las solicitudes de retiro de inmunidad del binomio presidencial y de algunos diputados reelectos y en funciones.

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Pero este caso comenzó en julio, paralelo a otros que se desarrollan contra el partido ganador de las elecciones generales, el Movimiento Semilla.

El MP le pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) que practicara un peritaje sobre las publicaciones que hacía el binomio presidencial y los diputados aludidos sobre la elección de rector y la toma de las instalaciones de la Usac.

El 4 de agosto pasado el Inacif remitió los resultados del peritaje realizado al MP, y este se filtró y se hizo público en redes sociales este 19 de noviembre.

El informe concluye que ninguna de las declaraciones vertidas por integrantes de Semilla incidieron de manera directa en la toma de las instalaciones de la universidad estatal.

En uno de los incisos del informe, que fue confirmado por el MP, señala que “no se encontró evidencia concreta con características lingüísticas que connotaran o implicaran que las personas indicadas por la fiscalía indujeran directamente a estudiantes, trabajadores o personas que tienen y/o tenían tomada la Universidad de San Carlos de Guatemala a continuar con la toma de dicho centro de estudios”.

La Fiscalía mostró el pasado 16 de noviembre durante una conferencia de prensa algunas publicaciones que ellos consideraban constitutivas de delito. La mayoría eran publicaciones hechas en la red social X.

Esto ha generado diversos comentarios acerca de que el MP solicitó retirar la inmunidad de los funcionarios, incluido el binomio, a pesar de que no pueden ser investigados antes de que se les retire ese derecho.

Al respecto, el jefe del departamento de prensa e información del MP, Juan Luis Pantaleón, aseguró que “el derecho de antejuicio se ha respetado en todo momento”.

No obstante, aclaró que “dentro del presente proceso existen hechos que al ser analizados permitieron suponer la posible participación de varias personas en los actos investigados”.

Añadió que “en todo momento el Ministerio Público, garantizando la objetividad de sus investigaciones y atendiendo al espíritu del derecho de antejuicio, el cual busca evitar acusaciones falsas por razones políticas e ilegítimas”.

Pantaleón justificó su declaración en lo que establece el artículo 293 del Código Procesal Penal:

“Cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio, o a petición del Ministerio Público, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda, con un informe de las razones que justifican el pedido y las actuaciones originales contra el titular de privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y sólo se practicarán los de investigación cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición”.

El vocero del MP asegura que todas estas “diligencias previas se llevaron a cabo y permitieran oportunamente fundamentar la solicitud que en derecho corresponde”.

Indicó además que es “importante recalcar que la solicitud de retiro de derecho de antejuicio en relación a dichas personas fue presentada por la posible comisión de diversos delitos, siendo el órgano competente quien decidirá si procede o no e iniciar así las investigaciones”.

“El caso se encuentra debidamente sustentado, por lo que la investigación continuará para dar respuesta oportuna a las victimas, denunciantes y agraviados, quienes están legitimados para obtener una tutela judicial oportuna, ya que a raíz de dicha situación se vieron afectados más de 250 mil estudiantes, entre otros”, puntualizó.

Las órdenes de aprehensión que le autorizó el juez Cruz Rivera al MP son por la “posible comisión de los delitos de usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita”.

Por medio de una tómbola, los legisladores eligieron a los diputados que integrarán la comisión en el caso del referido funcionario.

Del antejuicio contra Maldonado no aparecen mayores registros públicos; sin embargo, habrá detalles hasta que la comisión se reúna.

El 29 de junio de 2021 se conoció que Josué Lemus dejó el cargo de ministro de Comunicaciones luego de que el Ejecutivo aceptara su renuncia, posteriormente, Maldonado fue nombrado en el cargo.

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El 1 de julio del mismo año, la Presidencia de la República juramentó a Javier Maldonado como ministro, quien ostentaba el cargo de viceministro de Edificios Estatales y Obra Pública, puesto que ocupó durante nueve meses de la administración del presidente Alejandro Giammattei.

En la sesión de ese 8 de noviembre, los diputados también integraron la comisión pesquisidora que conocerá si es viable o no retirarle la inmunidad al vicepresidente, Guillermo Castillo. El antejuicio contra Castillo obedece a un aparente nombramiento ilegal dentro de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

Cómo quedó integrada la comisión

Presidente: Walter Félix, de URNG Maíz.

Secretario: Keven Ligorria, independiente

Vocales: Armando Castillo, de Viva; Estuardo Vargas y Karina Paz, ambos de la UNE.

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El @CongresoGuate también instaló la pesquisidora contra el ministro de Comunicaciones.

Presidente: Walter Félix de URNG Maíz.
Secretario: Kevin Ligorria, independiente
Vocales: Armando Castillo de Viva; Estuardo Vargas y Karin Paz, ambos de UNE.@prensa_libre@Guatevision_tv

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) November 8, 2023

Les presentamos los diputados que integrarán la Comisión Pesquisidora que analizará las diligencias de antejuicio promovidas en contra de Javier Maldonado Quiñonez, en su calidad de Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

#CongresoDinámico
#IXLegislatura pic.twitter.com/emJzh28CW8

— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) November 8, 2023

Mediante sorteo, usando una tómbola, la Junta Directiva deberá de seleccionar a los cinco integrantes de la Comisión Pesquisidora, en donde la única persona que queda fuera del sorteo es el presidente del Congreso, los otros 159 diputados son elegibles.

El primer diputado seleccionado tendrá el rol de presidente de la Comisión, el segundo será secretario y los tres restantes tendrán el rol de vocales.

El antejuicio contra Castillo obedece a un aparente nombramiento ilegal dentro de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), hecho ocurrido en el 2020.

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Del antejuicio contra Maldonado, el titular de la cartera de Comunicaciones, no aparecen mayores registros públicos, pero los hechos se tendrán que exponer ante el pleno este miércoles.

La sesión plenaria del Congreso de la República, según lo acordado en la instancia de jefes de bloques, será a las 11 horas, en donde las dos solicitudes de antejuicio ocupan algunos de los primeros puntos de agenda.

La aprobación de la agenda de esta sesión no fue unánime, ya que algunos congresistas consideraron oportuno que los dos antejuicios tan solo se incluyeran para el despacho calificado del día.

Dando seguimiento a los antejuicios, para la integración de las dos comisiones pesquisidoras durante la plenaria del jueves, ya que no hacerlo de esa manera, a su consideración, incumple con el procedimiento.

En contra

Uno de los diputados que defendió el argumento anterior fue Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista. “Estos temas por la relevancia que tienen es importante que cuidemos todas las formas, y me refiero a cuidar las formas legales”.

El congresista cuestionó la forma en que algunos diputados optaron por agilizar las dos comisiones, ya que es algo que a su juicio despierta algunas dudas.

“Pareciera que tienen algún nivel de prisa de conocer esto, porque la ley dice cuál es el procedimiento, pero genera duda cuál es la intención de conocerlo con esta velocidad”, dijo Arzú.

Para Sonia Gutiérrez, jefa de bloque Winaq, este caso no se tiene que tomar a la ligera, “esto debe de estar sujetado a la ley, no podemos cometer ninguna ilegalidad.  De seguro se debe de interpretar la norma, pero sí pediría una consulta a Dirección Legislativa o a donde corresponda”.

La parlamentaria enfatizó que este proceso debe de hacerse con los lineamientos que marca la ley, “que no caiga en una intención de carácter política o espuria, tenemos que sujetarnos a la ley”.

También Rudio Lecsán Mérida, jefe de bloque de Partido Humanista, es de la idea que se está saltando un paso. “En despacho calificado se estaría dando a conocer al Pleno la existencia de esos antejuicios de los que los diputados desconocemos que pueda haber en esos expedientes”, indicó.

Si se tramitan de la forma en que acordó la mayoría de los jefes de bloque, según Lucrecia Marroquín, jefa del bloque Valor, podría significar complicaciones legales. “No que después vengan otros órganos a querernos jalar las orejas diciendo que no cumplimos con el proceso”, dijo.

La mayoría de diputados no quiso opinar sobre el tema, y los pocos que lo hicieron indicaron que lo mejor era dar cumplimiento a algo que está mandando la ley.

“De mi parte, de nuestra bancada, no hay ninguna prisa de seguir conociendo, pero sí cumplir antes del día jueves de lo que dice la ley”, señaló Óscar Chinchilla, jefe de bloque de Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Promete transparencia

La presidenta del Congreso, la diputada oficialista Shirley Rivera, dijo que no existe ninguna forma en que el sorteo pueda ser manipulado en ninguna de las dos comisiones pesquisidoras que deberán de integrar este miércoles.

“Realmente no hay ninguna intención de hacer eso, se va a hacer de la forma  más transparente posible, se va a hacer grabado al momento en que se haga el procedimiento”, explicó.

Incluso, dijo que cualquier diputado puede ver el proceso de cerca y analizar el procedimiento. “Vamos a invitar a integrantes de bloques legislativas, para que si quieran las pesan o vean qué procedimiento utilizan para que vean que es transparente”, dijo la parlamentaria.

También se intentó conseguir la postura del diputado Manuel Conde, jefe del bloque de Partido de Avanzada Nacional (PAN) y excandidato presidencial de Vamos, pero se limitó a decir lo siguiente: “No voy a dar opinión hasta que se conozca”.

Rechaza denuncia

El vicepresidente de la República Guillermo Castillo aseguró que la solicitud de retiro de inmunidad en su contra es una situación política, pues la denuncia planteada que dio pie al proceso no se sostiene jurídicamente. “Se refiere a un nombramiento que se hizo por dos meses en el año 2020 en consecuencia de que el secretario general de esa época renunció para irse a otra posición” refirió el vicemandatario.

Además, en su defensa explicó que el nombramiento del secretario general de la Senabed debe llevar un proceso de comisión de postulación según su ley orgánica en el artículo 15, pero debido a que se quedó sin vacante ese puesto por dos meses, la ley establece que por ausencia definitiva se puede nombrar a una persona solamente para terminar el período.

Castillo añadió que de ser citado al Congreso asistirá para informar y hacer los descargos respectivos.

La denuncia contra el vicepresidente no es nueva. El caso se presentó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el 2020, y el 31 de julio de ese año el antejuicio fue admitido para trámite.

La defensa del vicemandatario presentó una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) que frenó la denuncia, pero al ser revocado el amparo, la solicitud de antejuicio siguió su curso y el expediente llegó al Organismo Legislativo, listo para que se conozca.

En corrillos parlamentarios trascendió la semana pasada que la intención de la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, es agendar para esta semana el antejuicio contra Castillo.

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Rivera ha estado ausente de las últimas reuniones de jefes de bloques, pero luego de que ingresó el antejuicio al Organismo Legislativo convocó a la instancia para el martes 7 de noviembre.

El caso contra Castillo obedece a un nombramiento, aparentemente irregular, en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), denuncia presentada por el abogado particular Nimrod Israel Estévez.

El caso tendrá que ser expuesto ante el pleno, y al momento de continuar con el trámite, mediante una tómbola se seleccionará a cinco diputados para que integren la comisión pesquisidora.

Esta mesa legislativa tendrá que recibir la ratificación de la denuncia, conocer las pruebas de descargo de Castillo y posteriormente redactar un informe, en el que recomiende al pleno que se le retire o no la inmunidad. Esta recomendación no es vinculante, la decisión final depende de la mayoría parlamentaria.

El primer diputado seleccionado mediante el sorteo, según lo fija la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, presidirá la comisión y debe convocar a las reuniones de trabajo.

Opiniones legislativas

Aunque mañana mismo puede agendarse el antejuicio para la sesión del próximo miércoles, pareciera que aún no hay consensos para decidir el futuro legal de Castillo.

Óscar Chinchilla, jefe de bloque de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), por ejemplo, dijo que, como congresistas, deben hacer lo que les manda la ley, sin fijar una posición clara sobre cómo votaría en caso de que se someta a discusión el tramite del antejuicio.

“Este antejuicio ya se venía dilucidando en las cortes, ahora se remite al Congreso de la República y lo que toca es cumplir con lo que manda la ley; hay que entrar a conocerlo”, dijo.

Para otros diputados como Walter Félix, jefe de bloque de URNG–Maíz, podría haber “serías intenciones de fondo” en querer tramitar un antejuicio cuando la gestión del vicepresidente está a menos de tres meses de finalizar.

“Yo creo que esto va dentro de la agenda que intentan impulsar en este momento algunos sectores para bloquear el relevo presidencial. Entonces, si esto es así, me parece que lo están acelerando”, afirmó.

La teoría que plantea Félix ha sido compartida por otras personalidades en el Congreso y fuera de este organismo, según declaraciones de Román Castellanos, subjefe de Movimiento Semilla.

Castellanos es claro en calificar esto como rumores, y al no tener ningún fundamento, no ve un escenario en el que sea probable.

Respecto de que se someterá a discusión el antejuicio de Castillo, el legislador de Semilla indicó que, como bancada, analizarán el caso antes de tomar una postura.

“No sé si al final del año se retomen las sesiones. No sé qué tanto podría prosperar a esta altura”, comentó el diputado.

¿Estrategia?

Aunque no existan fundamentos para un antejuicio a estas alturas del mandato del vicegobernante, el analista político independiente Renzo Rosal considera que podría tratarse de una acción de ciertos sectores para tratar de impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades.

“Una acción de carácter político, aunque se le intenta colocar el traje de un asunto legal”, explicó el analista.
Para Rosal, se debe estudiar en detalle los tiempos y las posibles repercusiones en caso de que al vicepresidente le retire el Congreso la inmunidad.

“Forma parte de este hilo, de este juego de dominio que pretendería obligarlo a que sea destituido o que presente su renuncia”, añadió.

Esta nueva estrategia, a criterio del analista, tiene como fin bloquear procesos democráticos.

Agregó: “Tomando en cuenta la vacancia, se puede nombrar a una persona todavía más cercana al oficialismo vigente, nombrarlo a cargo temporal”.

Ese sería un esfuerzo más, de acuerdo con el analista, de parte de algunos actores para complicar los resultados electorales.

“Están empecinados en que no tome posesión el binomio electo”, insistió Rosal.

Quien no logra identificar el fondo de la denuncia y el paso de este antejuicio es el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Quezada prefiere ser cauto en sus declaraciones y no pinta escenarios devastadores para la democracia.

“Me cuesta pensar en algo de fondo. Quizá que, ante la falta del presidente, no quisieran que Castillo asumiera, ya sea que Giammattei renuncie o se enferme”, comentó.

Aunque se intentó obtener la opinión del vicepresidente Guillermo Castillo al respecto, no fue posible contactarlo.

Según el Ministerio Público (MP), el 18 de octubre de 2023, el diputado Pérez Álvarez publicó en su cuenta de redes sociales un mensaje en el que se comparten dos fotografías del comunicado publicado por la Corte de Constitucionalidad (CC) en dicha fecha y a través del cual ordena al ministro de Gobernación y al director de la Policía Nacional Civil el resguardo de los derechos tutelados para habilitar el acceso a las sedes del MP y asegurar la integridad física de trabajadores y usuarios.

Señaló que la referida publicación fue acompañada del mensaje “Declaratoria de Guerra. La CC manda al Ejército a las calles” manifestación que al ser compartida ante la opinión pública posiblemente puede generar desestabilización al Estado Democrático de Derecho que debe imperar en la República de Guatemala.

De acuerdo con el MP, aunado a esto, se presume que publicaciones como esta “pueden prestarse para que grupos de personas aprovechen la coyuntura nacional y puedan atentar en contra del régimen jurídico y democrático del Estado de Guatemala, por tanto, se considera que pueden ser constitutivos de ilícitos penales y encuadrar en hechos que atentan contra la seguridad interior de la Nación”.

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Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Explicó que el tipo penal de actividades contra la seguridad interior de la Nación está regulado en el artículo 390 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República, que en el numeral 1 establece que “Serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de trescientos a tres mil quetzales quienes: 1. Propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir, mediante la violencia, la organización social y jurídica de la Nación”.

Motivos por los cuales, al haber recibido denuncia en contra de Pérez Álvarez, el MP advirtió que este pudo haber incurrido en la posible comisión de un ilícito penal y de allí, la importancia de determinar si derivado de los hechos denunciados, pueda existir responsabilidad penal o no, al realizar acciones que pudieran presumirse como ilícitas cometidas en su calidad de diputado por el Distrito Central.

Agregó que de conformidad con la Jurisprudencia emanada por la CC, en la que se establece que la Corte Suprema de Justicia se encuentra limitada en el ámbito de sus atribuciones y facultades legales, como órgano competente para conocer en materia de antejuicio, en relación a que las solicitudes de diligencia de antejuicio, no sean interpuestas por razones espurias, políticas o ilegitimas, por lo que en este caso la fiscalía establece que la denuncia que da origen al presente trámite, no es espuria porque se deriva de hechos que fueron puestos en conocimiento del MP mediante denuncia a través de la cual se desarrollaron diligencias previas de investigación, que permitieron establecer que, el contenido de la denuncia, posiblemente pueda encuadrar en el ilícito penal señalado.

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De la misma manera, según el MP, la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 154 imperativas normas de conducta para los funcionarios en tanto depositarios de la autoridad estatal, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, como lo ha interpretado la CC señalando: “[…] la conducta del funcionario con el ejercicio del cargo debe sujetarse a la ley, y como tal, debe responder a las consecuencias de sus actos. En ese orden de ideas, se puede afirmar que la Constitución no prevé la posibilidad de eximir de responsabilidad a ningún funcionario en el ejercicio del cargo, por lo que cualquier disposición en ese sentido lo contraría y por ese hecho, no pueden coexistir con la Constitución…”

Mencionó el artículo 161 referente a las prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la Nación; como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de varias prerrogativas.

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Entre estas, inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que hay lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

Se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/xDKQqzIXgU

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 27, 2023

Diputado se pronuncia

Prensa Libre y Noticiero Guatevisión consultaron al diputado Samuel Pérez por la solicitud hecha por el MP.  El legislador indicó: “La reacción que a mí da es de risa, la verdad es que me parece ridículo completamente que el Ministerio Público en lugar de estar persiguiendo los grandes casos de corrupción, por ejemplo, el de la alfombra mágica que cerró del vínculo entre Giammattei y los rusos, sacó a Sinibaldi y estos casos que de verdad son preocupantes los cierra y mientras tanto está más pendiente de mi cuenta de Twitter por un tuit que además borré hace ya ratos”.

Agregó: “Yo creo que es verdaderamente ridículo el argumento que están utilizando, yo además por mi cargo soy irresponsable de las declaraciones, así que no es un tema que me preocupe”.

Luego indicó que posteriormente lo que hizo es una publicación en la que se aclaraba el tema para evitar a que se mal interpretara, “pero en todo caso este no es ningún motivo para iniciar una persecución penal, para nada, es verdaderamente ridículo lo que está haciendo el Ministerio Público, yo no le doy ningún crédito, ni mucho menos lo siento como una amenaza, no le doy ninguna legalidad a lo que está haciendo”.

La CC prácticmanete le declara la guerra al pueblo de Guatemala y manda al Ejército a las calles. https://t.co/W0683CKpdx

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) October 18, 2023

Que tenga claro el MP que su persecución lo que me da es risa.

Cerraron el caso de corrupción de la Alfombra Rusa de Giammattei, sacaron a Sinibaldi, cierran el caso de corrupción en el Instituto de la Víctima.

Y resulta que me quieren investigar por un tuit que borré https://t.co/fGt7VhawD3

— Samuel Pérez Álvarez (@samuel_pz) October 27, 2023

Presidente electo

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó este viernes en redes sociales su apoyo al diputado Samuel Pérez, luego de que el Ministerio Público solicitara el levantamiento de inmunidad del diputado por ” la posible comisión del delito de actividades contra la seguridad interior de la nación”.

“Mi respaldo absoluto para ti, Samuel Pérez, ante la persecución absurda del Ministerio Público. La verdadera desestabilización democrática la provoca Consuelo Porras”, dijo el mandatario electo en sus redes sociales.

Mi respaldo absoluto para ti, @samuel_pz, ante la persecución absurda del @MPguatemala. Tu voz representa esperanza en un país que anhela un futuro mejor y no puede, ni debe, ser criminalizada.

La verdadera desestabilización democrática la provoca Consuelo Porras.

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 27, 2023

A su vez, el partido política Movimiento Semilla también se pronunció por las acciones del MP y expresó su apoyo al diputado.

“Este acto pretende infundir miedo en el pueblo que lucha en las calles por la democracia. La libre expresión está garantizada en nuestra Constitución”, dijo el partido.

Ante una nueva denuncia del @MPguatemala contra el Dip. @samuel_pz manifestamos nuestro respaldo y solidaridad ante esta afrenta. Este acto pretende infundir miedo en el pueblo que lucha en las calles por la democracia. La libre expresión está garantizada en nuestra Constitución.

— Movimiento Semilla (@msemillagt) October 28, 2023

Según la CSJ, se trata del antejuicio 184-2022 interpuesto por el presidente Alejandro Giammattei.

El 14 de diciembre de 2022, el Organismo Judicial informó que Giammattei interpuso una denuncia contra el parlamentario por el supuesto delito de discriminación.

Según la denuncia, el 20 de agosto de 2021, el diputado Aldo Dávila se presentó a un costado de la Casa Presidencial y con un altoparlante se habría burlado del mandatario e insultado.

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Otros casos contra Dávila

En febrero de 2023, la CSJ también retiró la inmunidad al diputado Dávila y dio vía libre a una investigación interpuesta por un exministro del Gobierno que preside Alejandro Giammattei.

En este caso, Dávila podrá ser investigado por los delitos de injuria, calumnia y difamación a raíz de una denuncia interpuesta en 2021 por el exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero.

El legislador, que llegó al Congreso en 2020 con el partido de izquierda Winaq, ha sido denunciado en al menos 10 ocasiones por funcionarios del actual Gobierno.

Además, la CSJ también le retiró la inmunidad en otra ocasión al congresista, en esa ocasión por una denuncia de un agente policial que lo acusó de agredirlo verbalmente.

Dan trámite a antejuicio

En otro caso, la CSJ dio trámite a la solicitud del retiro de antejuicio contra el diputado Julio Lainfiesta Rímola por un caso de violencia contra la mujer.

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El recién pasado 10 de julio, el Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de la Mujer interpuso una acción para retirarle el derecho de antejuicio al diputado Lainfiesta Rímola.

Según el MP, Lainfiesta Rímola es señalado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

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“La solicitud de retiro de antejuicio fue presentada en virtud de contar con elementos racionales para considerar la participación del sindicado en los hechos denunciados”, detalló en esa ocasión un comunicado del MP.

Según el MP, de conformidad por las diligencias preliminares, la Fiscalía de la Mujer considera que existen indicios racionales de la posible participación de Rodriguez-Azpurú Ordóñez en los hechos denunciados.

En ese sentido, presentó la solicitud ante el órgano competente para iniciar la investigación correspondiente.

Indicó que la investigación permitirá establecer si existe la posible comisión de un hecho constitutivo de delito.

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El legislador señalado pertenece al bloque del partido Humanista, según información del Congreso.

El ente investigador afirmó que mantiene su compromiso para investigar y perseguir penalmente la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones.

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Se consultó al diputado Gustavo Estuardo Rodríguez-Azpuru por la solicitud planteada por el MP y el legislador indicó que este martes 13 de junio dará una conferencia de prensa para pronunciarse.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/qnmS0uK7OD

— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 12, 2023

La conversación se dio en la sala de audiencias del juzgado, donde Gálvez le mostró un folder con imágenes de ataques en redes sociales.

Ramazzini dijo que ciudadanos que quieren apoyar al juez han decidido hacer público el apoyo y han firmado un documento.

Añadió que esto que sucede causa una desconfianza “enorme en la administración de la justicia en el modo cómo se está realizando, en quiénes lo están haciendo y entonces se puede cumplir aquel dicho de hoy por él, mañana por nosotros, es decir, entramos en una especie de círculo en el que nadie va a estar libre”.

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Agregó: “Porque si están tocando a personas honorables como el juez Miguel Ángel Gálvez con una trayectoria de más de 23 años de servicio, qué no pueden hacer con el ciudadano común”.

Ramazzini mencionó que otras personas sufren también lo que el juez está sufriendo y nadie dice nada por ellas, porque no tienen los medios para hacerlo.

Dijo que esta situación “mina no solo la confianza, sino la realidad de un sistema jurídico que se aplique de manera imparcial, objetiva y éticamente responsable, porque el tema es también moral, porque el que dice mentiras, está actuando inmoralmente”.

“Hoy estamos aquí diciendo juez estamos con usted”, resaltó.

Hizo referencia de una cita bíblica de cuando llevaban a Jesús en el camino de la cruz y el Señor se paró delante de las mujeres que lo miraban y les dijo: “miren, si esto están haciendo con el árbol verde, qué no harán con el árbol seco”.

“Es decir, si esto están haciendo con un juez que ha ejercido su función tal como lo decimos aquí, durante tantos años, qué podemos esperar nosotros los ciudadanos de a pie. Nos van a involucrar en procesos en donde no va a haber ningún fundamento, nadie va a tener ya confianza en la administración de justicia en este país, mejor dicho, ya no tenemos confianza delante de hechos que estamos viendo”, señaló.

Cuando le preguntaron de que no hay derecho de defensa en Guatemala y estado de derecho y que muchos de los que están detrás probablemente son católicos, Ramazzini dijo que se debe ser coherente con lo que se cree y recordó una frase de San Juan Pablo Segundo cuando vino a Guatemala y esta decía “que ya no haya separación entre fe y obras”.

Añadió que se dan cuenta de la gran incoherencia que hay entre decir “yo soy cristiano y digo mentiras, yo soy cristiano y engaño, es decir, es una incoherencia increíble”.

El cardenal Álvaro Ramazzini señala que el juez Miguel Ángel Gálvez está siendo criminalizado por la "Corte Suprema de Justicia de facto" y en general por "el Estado de Guatemala". pic.twitter.com/q8NePzkF9p

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

Resaltó que si aquí en Guatemala nos atreviéramos todavía a decir que somos 98% de cristianos, “siendo obispo yo diría no creo en eso porque tenemos una fe que no se concretiza en obras, es decir un cristiano autentico tiene que seguir el ejemplo de Jesucristo, y Jesucristo no estuvo a favor de la mentira, no estuvo a favor del daño de los demás, no estuvo a favor de las injusticias. Tenemos en este país un cristianismo muy suave que se vende al mejor postor y en la ocasión que le sea dada”.

Qué dijo el juez Gálvez

Mientras que el juez Gálvez dijo que en los momentos que se viven en el caso de él, son “momentos bastantes difíciles porque es una campaña de criminalización sistemática, constante,  y no solo criminalización, sino tratar incluso hasta de la vida privada de la persona”.

Agregó: “Es increíble, es inconcebible cómo yo pongo de conocimiento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por medio de un memorial y le digo que necesito que me proteja en la independencia judicial porque he estado sujeto no solo a presiones de determinadas personas, sino que me están limitando en ese ejercicio”.

Dijo que es inconcebible que a él no le conteste la CSJ, pero sí  a la persona que puso el conocimiento ante la Corte y que lo está limitando, esto en relación con el trámite a las diligencias de antejuicio.

“El problema de nosotros es, que nosotros como jueces no quedamos bien con todas las partes, eso es así y siempre hay inconformidad y eso es normal”, afirmó.

Indicó que los pronunciamientos es normal por la libertad de expresión, pero el problema es cuando la persona presenta la denuncia, “me empiezan a seguir, empiezan la redes a ponerse en movimiento, empiezan una campaña a partir del día lunes, una campaña bastante grosera, incluso metiéndose hasta con la vida personal.

Dijo que mostró algunos tuits de páginas de militares en donde uno dice: “porque no pagan a un sicario justiciero para terminar a Gálvez”.

Indicó que ha tratado de que se comprenda en qué consiste la administración de justicia.

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Agregó que le llama la atención la campaña sistemática, incluso, el compromiso de un “personaje” de decir que atrasen los procesos porque él garantiza que Gálvez ya no va a seguir dentro del Juzgado correspondiente.

Señaló que da la impresión de que todas las instituciones las tienen ordenadas y hacen lo que una o dos personas quieren que se haga.

Ejercerá su derecho de defensa “con no muy buena confianza”.

Añadió que está consiente hasta que la juez pesquisidora diga que no procede levantarle el antejuicio y que la CSJ no obstante lo haga.

Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, lamentó también  este lunes que se quiera “criminalizar” al juez  de Alto Riesgo Miguel Ángel Gálvez.

Rodas expresó su respaldo a Gálvez y resaltó que ha llevado casos de alto impacto, como el del Diario Militar.

#AHORA | El cardenal Álvaro Ramazzini se reúne en estos momentos con el juez de Mayor Riesgo "B", Miguel Ángel Gálvez.
La conversación se da en la sala de audiencias del Juzgado.
Gálvez le muestra un folder con imágenes de ataques en redes sociales. pic.twitter.com/c7BoAa4InM

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) June 20, 2022

“Todos los que conocen de Derecho saben que Gálvez ha sido pieza fundamental en la justicia guatemalteca”, enfatizó Rodas.

El 15 de junio recién pasado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra del juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la cual fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) el pasado 11 de mayo.

La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.

De estos, solo cuatro procesos continuaron su curso y dos de ellos corresponden al diputado Aldo Dávila, quien en una denuncia la CSJ resolvió quitarle la inmunidad. La razón es por haber agredido a un agente de la Policía Nacional Civil durante una protesta frente al Congreso.

La otra denuncia, que está en trámite, corresponde a un señalamiento hecho por el MP por un supuesto maltrato que hizo en una inspección ocular que realizó esta instancia en un caso por invasión a propiedad privada.

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Los otros dos procesos de antejuicio se llevan contra el diputado de Viva, Rudy Wostbeli Gonzalez Cardona, por señalamientos de cobros que hizo a personas para obtener plazas en entidades estatales, y contra Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza que es denunciado por el abogado Llurandir Aleksander López Sandoval.

El antejuicio contra Wostbeli González se presentó en junio de este 2021 y sigue en pesquisas, mientras que según la página del Organismo Judicial, a Taracena le declararon su solicitud de antejuicio como “ha lugar con formación de causa”, aunque según el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aún no ha sido notificado sobre ello.

Los inlímine

Aunque el Ministerio Público es la institución que más recursos contra los diputados presentó, la mayoría de estos fueron rechazados y las causas contra Dávila son de las que más han avanzado.

En el 2020 se presentaron 110 solicitudes de antejuicio contra diputados, de las cuales 92 correspondían a una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Delitos Administrativos en hechos relacionados a la negativa de elegir a los magistrados de cortes pese a que existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para ello.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió no dar trámite a todas estas solicitudes, mientras el Congreso lleva más de dos años sin atender la elección de cortes.

Otro paquete de antejuicios que fue rechazado in límine fue el presentado por la excandidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, contra los diputados de su mismo partido Óscar Argueta, Carlos Barreda, Mario Taracena y Karina Paz.

Otto Gómez contra los diputados

Durante el 2021, el OJ registra 37 procesos de antejuicio contra los diputados y es el polémico abogado Otto Rolando Gómez García quien ha presentado una veintena de ellos.

Gómez actualmente se encuentra ligado a proceso y bajo prisión sindicado de los delitos de obstaculización a la acción penal en forma continuada, simulación de delito, agresión sexual, discriminación y amenazas.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado lo señala de participar sistemáticamente contra la justicia presentando solicitudes de antejuicio basado en circunstancias espurias e ilegítimas. En los últimos cinco años Gómez presentó 37 solicitudes de antejuicio contra diversos actores.

Veinte de estas solicitudes fueron por el delito de sedición contra diputados de las bancadas Semilla, Movimiento de Liberación Popular (MLP), Winaq, Unidad Nacional contra la Esperanza (UNE), Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Prosperidad Ciudadana, Podemos, Unionista, Partido de Alianza Nacional (PAN), Valor y uno contra un diputado del partido oficialista Vamos.

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Aunque los legisladores consultados señalan que estos procesos de antejuicio fueron rechazados, aún están registrados en la página oficial del Organismo Judicial como si estuvieran en trámite.

Aunque los antejuicios también son utilizados para sacar de la contienda electoral a rivales políticos y esto podría ser el objetivo de dirigirlos contra el diputado Dávila, el abogado y analista Edgar Ortiz explica que es contra los funcionarios municipales con los que se ha presentado este recurso para que no obtengan su finiquito y así no participar en las elecciones.

“Lo que me llama la atención es que la mayoría de las denuncias son absurdas, incluyendo el paquete de antejuicios de Otto Gómez. Pero también es la celeridad con la que han tramitado las denuncias contra Dávila”, reaccionó Ortiz.

Ha decir de Ortiz, el antejuicio tiene un fin y es no interferir con el trabajo de los diputados con denuncias espurias “aunque a veces se convierte en un caparazón de impunidad”, aclara. Tal es el caso de las denuncias presentadas contra el diputado Felipe Alejos y que fueron rechazadas en cuatro ocasiones o en el caso del diputado Jorge de Jesús García Silva que es señalado por el MP de dirigir una red de corrupción en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Isivumeh), pero que aún no se han presentado cargos en su contra.

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“Sabemos que hay quienes ocupan cargos públicos que caen en abusos de autoridad y que se resisten a impulsar procesos de investigación y por otro lado hay una infinidad de antejuicios que no prosperan”, dice Geidy De Matta, directora del Instituto de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

A decir de Matta, en contienda electoral se utilizan recursos superfluos para obstaculizar procesos de inscripción, por ello la fiscalización ciudadana debe enfocarse en estos procesos para determinar en dónde están las intenciones de los procesos de antejuicios que se presenten.

“En la medida que estos antejuicios no vayan acompañados de procesos de investigación serios que le permitan a un juez a determinar resoluciones objetivas, no pasa a ser más que un show político”, agrega.

Aifán interpuso la acción legal porque consideró que el magistrado Jaime Amílcar González, de la Sala Tercera de Apelaciones, no podía haber conocido en el pleno la solicitud de retiro de inmunidad que promovió el Instituto de Magistrados en su contra.

Según la togada, al igual que ocurrió con la magistrada Beyla Estrada, dicho magistrado debió apartarse de conocer su expediente por existir una enemistad entre ellos. Sin embargo, no se excusó y continúo conociendo.

El 4 de octubre recién pasado, la CC ratificó su decisión de reactivar el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán.

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Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

El 9 de octubre, el pleno de magistrados de CSJ volvió a conocer el antejuicio contra la jueza de mayor riesgo D, Erika Aifán y designó a un nuevo juez pesquisidor.

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El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

Xitumul expuso, a través de su abogado Ramón Cadena, que los magistrados señalados no pueden conocer su caso, ya que asegura que no han actuado en forma transparente y han encabezado una persecución contra los jueces de mayor riesgo. 

Los magistrados recusados son Silvia Valdés, presidenta de la CSJ; Nery Medina, vocal segundo; Vitalina Orellana, vocal tercera; Josué Baquiax, vocal quinto; Sergio Pineda, vocal sexto; José Pineda, vocal 11; y Manuel Duarte, vocal 13.

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El juez también expone que con los magistrados señalados no puede tenerse una independencia en sus decisiones, ya que que tienen “intereses personales” en su contra y buscan violentar sus derechos, así como despojarlo de la inmunidad de que goza como juez.

“Los magistrados recusados han manifestado un claro conflicto de interés hacia mi persona, y el presente asunto estarían resolviendo en provecho de sus propios intereses, por lo que resulta imprescindible que sean separados de las diligencias de antejuicio en mi contra”, dice el juez.

La CSJ le dio trámite al antejuicio el 7 de julio de 2019, por una denuncia de un inspector de la Policía Nacional Civil contra el juez.

El caso se originó por la supuesta agresión de la que fue víctima Xitumul, el 2 de febrero de ese año. Según el expediente, el inspector José Cuxaj agredió al juzgador cuando se opuso a la revisión de su vehículo durante un operativo.

Xitumul es el presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C. En octubre de 2018 condenó a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años y medio por el fraude en el Lago de Amatitlán, en mayo de 2018 sentenció a cinco militares por el caso Molina Theissen y en mayo de 2013 condenó por genocidio al exjefe de Estado golpista Efraín Ríos Montt.

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Según informaron, el magistrado integrante de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Roaldo Isaias Chávez Pérez, será quien esté a cargo de resolver si existen las medios de prueba suficientes para investigar a Aifán .

Chávez Pérez es hermano del exdiputado por el partido extinto Libertad Democrática Renovada (Lider), Luis Adolfo Chávez Pérez, condenado a tres años de prisión  por tráfico de influencias en un caso que llevó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El antejuicio contra Aifán fue presentado por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial por emitir resoluciones que ellos consideran como ilegales cuando estuvo a su cargo el caso de Comisiones Paralelas 2020.

Los magistrados resolvieron declarar sin lugar un recurso de aclaración y ampliación que planteó la juzgadora por el fallo que le revocó el amparo provisional.

Este antejuicio fue interpuesto por el Instituto de Magistrados de Salas de Apelaciones del Organismo Judicial a raíz de la vinculación de diferentes togados que habrían manipulado la conformación de listados finales de aspirantes a una magistratura en las altas cortes de Justicia.

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Específicamente, el procedimiento ocurrió por considerar que posiblemente autorizó diligencias de investigación “ilegales” contra magistrados señalados en el caso “Comisiones Paralelas 2020”.

El expediente será enviado a la Corte Suprema de Justicia para que continúen las diligencias de antejuicio contra Aifán.

Aifán demandó recientemente al Estado de Guatemala debido a “fuertes amenazas a su independencia judicial y seguridad personal por parte de círculos poderosos en Guatemala, incluso dentro del poder judicial”, según un comunicado difundido el martes 7 de septiembre.

La petición fue presentada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su equipo legal probono de King & Spalding y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional (Vance Center), quien emitió un comunicado con la información.

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La solicitud del retiro del derecho de antejuicio contra Jimmy Morales se presenta por haber declarado “non grato” a Iván Velásquez cuando fungía como jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

El MP argumenta que el expresidente no habría respetado los convenios de Viena y de constitución de la Cicig.

El MP considera necesario investigar Morales por expulsar a Iván Velásquez de manera unilateral sin consultar al consejo de ministros.

Abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución son los delitos por los que piden retiro de inmunidad a Jimmy Morales.

El juez sexto penal, Carlos Toledo, conocerá la solicitud del retiro del derecho de antejuicio y le notificará a Morales.

Cabe recordar que el 14 de enero de 2020, fecha de la transmisión de mando presidencial, existía expectativa por la posibilidad de que Morales perdiera el derecho de antejuicio durante horas o minutos en tanto era juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen).

La transmisión de mando presidencial y las insignias ocurrió ese 14 de enero a las 19.30 horas y fue juramentado por el Parlacen a las 23.24 horas de ese mismo día en una sesión que se celebró en un hotel, algo que no era parte de la programación pero fue el plan alternativo a jornadas de protestas ciudadanas contra Morales que no permitieron que ese acto fuera en la sede del organismo regional en zona 5.

El 27 de agosto del 2017,  Morales declaró “non grato” al comisionado de la Cicig, a quien le exigió que abandonará el país “inmediatamente”.

El mandatario anunció a través de un mensaje grabado en video y difundido en la cuenta de tuiter del Gobierno de Guatemala la decisión de expulsar a Velásquez. Según el video, la disposición fue emitida el sábado 26 de agosto, el mismo día que Morales regresó al país de su viaje a Nueva York, donde presentó una queja en contra el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, (Cicig), a la cual pidió “circunscribirse” a su mandato.

“Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un estado de derecho, y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez, en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala”, dijo el mandatario.

El mensaje del mandatario surgió dos días después de que el MP y la Cicig presentaran la solicitud del retiro del derecho de antejuicio en contra  Morales, a quien se pedía investigar por el delito de financiamiento electoral ilícito, debido a que como secretario general de su partido, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), no justificó ante el Tribunal Supremo Electoral el origen de Q6.7 millones utilizados en el proceso electoral de 2015.

#Ahora | La solicitud del retiro del derecho de antejuicio de Jimmy Morales se presenta por haber declarado "non grato" a Iván Velásquez cuando fungía como jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemalal pic.twitter.com/EcYuOZw9K1

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) April 21, 2021

FCN-Nación rechaza señalamientos

La agrupación política FCN-Nación rechazó “rotundamente” este miércoles los señalamientos contra el expresidente Jimmy Morales hechos por el Ministerio Público, quien solicitó el retiro de antejuicio contra el exmandatario.

El partido dijo que los señalamientos “tienen fines políticos” y pretenden generar “una persecución política-judicial”. Argumentaron que la declaratoria de “non grato” de un agente diplomático “es el acto administrativo por esencia ‘discrecional’ de un Jefe de Estado”, respaldado por la Convención de Viena y por la Constitución Política.

“Lamentamos y manifestamos nuestra indignación con el uso de la justicia como instrumento de venganza en contra de quienes defendimos y defenderemos nuestra Bandera y nuestra Soberanía”, puntualiza la misiva.

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La intención de integrar una comisión pesquisidora para conocer los antejuicios de Gloria Porras y Francisco De Mata, magistrados constitucionales, no se materializó ayer en el Congreso, en una jornada que resaltó más por el despliegue de seguridad que por la asistencia de los diputados.

La plenaria estaba convocada a las 10 horas. Tres horas antes comenzó el cierre de calles alrededor del Palacio Legislativo, para evitar cualquier conato de manifestación durante la jornada parlamentaria.

El punto principal del día era integrar la comisión pesquisidora contra los dos magistrados señalados por la Asociación de Dignatarios de la Nación.

Los denunciantes afirman que Porras y De Mata Vela cometieron delitos al impedir la expulsión del exembajador de Suecia, hechos registrados durante la administración del expresidente Jimmy Morales.

Agenda variable

Al mediodía, el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, abrió la sesión plenaria para tan solo pedir a los diputados que se volvieran a marcar, pues fallas en el servicio de energía eléctrica borraron los registros de asistencia y el retraso en sus actividades se extendió hasta las 13 horas.

La falta de quorum era evidente, y el presidente impulsó, con éxito, una moción para modificar el orden del día, y relegó las diligencias de antejuicio y propuso comenzar la jornada con la discusión del aumento del presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por Q20 millones.

Por varios minutos, el hemiciclo quedó en completo silencio, a la espera de que más diputados acudieran para reunir el número necesario, pero luego de las 14 horas, el presidente decidió levantar la sesión por falta de diputados.

Se oponen a antejuicio

Previo a que la sesión de Pleno quedará nuevamente suspendida algunos diputados de la oposición manifestaron estar en desacuerdo para tramitar dicho antejuicio, afirmando que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) obvió un amparo que frenaba dicha denuncia.

“Nos encontramos de nuevo ante una confabulación entre la CSJ y el Congreso para atacar de nuevo a los magistrados que se encuentran ejerciendo constitucionalmente las funciones que les corresponden, sin importarle a los diputados del Congreso caer de nuevo en desobediencia y esto gracias a que están actuando al margen del estado de Derecho”, señaló Ligia Hernández, diputada de Movimiento Semilla.

Por su parte el diputado Wálter Félix, jefe de bloque de URNG–Maíz explicó que seguir con este trámite sería ilegal porque existen acciones legales pendientes de resolución.

“Existe una serie de recursos de aclaración y también hay recursos de debida ejecución que la CSJ debe de acatar, por lo tanto consideramos que no es ni legal ni prudente que sometamos al Congreso a cometer delitos al darle tramite al expediente enviado por la CSJ”, dijo Félix.

La próxima semana

La ley obliga al Congreso a conocer en un lapso no mayor de ocho días las diligencias de antejuicio a las cuáles le dieron trámite, plazo que venció ayer.

A criterio del presidente del Congreso, ellos ya cumplieron con presentar la denuncia ante el pleno en los ocho días siguientes de ser notificados, ahora lo que corresponde es volver a agendar el tema para continuar con lo que establece la ley.

“En un plazo que establece la ley que pasados los ocho días de las diligencias de antejuicio deben de ser conocida en el pleno y fue lo que se cumplió el día de hoy, hoy se dio a conocer y se iba a entrar a conformar la comisión pesquisidora, lamentablemente no se logró por falta de quórum, pero hemos cumplido con lo que dice la ley dentro de los ocho días estipulados. Ahora debe de agendarse de acá en adelante y el próximo martes estará agendado, porque hoy no se pudo”, señaló.

A su vez, Rodríguez crítico a aquellos legisladores que se oponen al antejuicio.

“Los aliados siempre van a buscar protegerlos, los mismos diputados que en el Teatro Nacional hicieron una escenita, quitaron el micrófono, agredieron a la vicepresidenta del Congreso, esos mismos que hoy señalan que es ilegal y que siempre van a señalar que es ilegal porque están acostumbrados a manipular la ley a su sabor y antojo, pero quiero decirle a los guatemaltecos que estamos trabajando por la verdad, por la justicia y que soplan nuevos vientos para Guatemala, donde la justicia va a ser objetiva”, dijo el presidente del Legislativo.

El procedimiento

• La Ley en Materia de Antejuicio explica la ruta que debe llevar la denuncia contra algún funcionario que goce del vestigio de la inmunidad y es responsabilidad directa del Congreso resolver las denuncias en contra del Presidente, Vicepresidente, ministros, Fiscal General, Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), CSJ y CC.
• Toda vez el parlamento reciba el proceso de antejuicio lo tiene que notificar al Pleno e integrar la Comisión Pesquisidora, se trata de una mesa de trabajo de cinco diputados electos mediante sorteo, salvo el presidente del Legislativo; el primero en ser seleccionado tendrá el rol de presidente, el segundo de secretario y los tres restantes serán vocales.
• Entre las atribuciones de la Comisión Pesquisidora se establece que debe de analizar todos los documentos del expediente para convocar a la parte denunciante para que ratifique los hechos, así mismo también le debe dar espacio a la parte señalada para que se defienda presentando sus pruebas de descargo.
• Así mismo puede desarrollar las diligencias que considere pertinente para el esclarecimiento del hecho, esto implica entrevistar a otras personas que pudieran tener conocimientos valiosos para el trabajo de la Comisión.
• Por última este grupo de diputados debe de enviar un informe al Pleno del Congreso, en el mismo tan solo se limitará a dar una recomendación acerca si es viable o no el retiro de la inmunidad.
• La ley también aclara que esta mesa de trabajo no puede atribuirse facultades que les corresponden exclusivamente a fiscales o jueces,  tipificar un hecho como delito y determinar la inocencia o culpabilidad del funcionario señalado.
• Ya al estar finalizado el informe de la Comisión será puesto de conocimiento del Pleno, quien deberá de escucharlo para luego votar por el retiro o no de la inmunidad.
• Para declarar con lugar las diligencias de antejuicio se necesita una mayoría absoluta de 107 diputados, si la denuncia tampoco obtiene esa cantidad de votos para que sea declarado sin lugar el expediente quedará resguardado en  Dirección Legislativa a la disposición de un próximo evento de votación si el Pleno lo considera.