El ministro de Gobernación el lunes pasado expuso: “Es informarle también a la población que estamos pendientes de que el FBI – el Buró Federal de Investigaciones- reciba autorización para que nos apoyen en la creación de la unidad antiterrorista. Esta unidad antiterrorista, que también dependerá del Ministerio de Gobernación, tendrá como principal objetivo todo el desarrollo preventivo y correctivo de este tipo de eventos de impacto mayor”.

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La Embajada de EE. UU. aclaró horas después: “Los Estados Unidos ha ofrecido asistencia técnica en la investigación del atentado al autobús el 21 de enero pasado. En referencia a este punto, solo ha habido discusiones preliminares con el Ministerio de Gobernación acerca de brindar apoyo para la creación de una Unidad Comando de Incidentes Críticos. Actualmente no hay planes para apoyar la creación de una unidad antiterrorista en la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Degenhart, ante la aclaración que expuso la Embajada de EE. UU., ayer indicó: “Es correcto. Lo que dije es que el FBI está pendiente de recibir la autorización de sus autoridades para participar, adicionalmente tenemos otros países amigos que nos están ayudando en ese sentido -mencionó a Israel-. El Ministerio de Gobernación va a integrar esa unidad”.

El ministro de Gobernación explicó que hay “capacidad que quieren integrar” por eventos críticos y expuso que necesitan crear la unidad antiterrorista que perseguirá a los terroristas urbanos que mantiene a la población en terror.

La definición de Degenhart a pandilleros es de “terrorista urbano”  y justificó que “cada país tiene distintas definiciones de terroristas”.

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señaló que “la información no sustentada” que brinda el ministro de Gobernación “deterioran la institucionalidad de la cartera del Interior”.

Según Acuña, el ministro de Degenhart muestra “irresponsabilidad” al brindar información “no planificada” y socava la confianza.

“Es un ministro que inventa las cosas y el daño que causa no es individual, sino para todo el ministerio. Estar al frente de Gobernación es de mucha responsabilidad y parece que las declaraciones o propuestas infundadas sin parte de la improvisación”, criticó Acuña.

Despliegue de Jeeps J8

No es la primea vez en que el ministro de Gobernación está en aprietos por posturas o decisiones. El 31 de agosto del 2018, al efectuarse el despliegue de Jeeps J8 para patrullar frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Degenhart justificó que eran “patrullajes de rutina”, aunque un mes y medio después se publicaron documentos oficiales en los que confirmó que fueron movilizados para vigilar las embajadas de México, EE. UU. y la sede de la Cicig.

El ministro de Gobernación, seis días después del despliegue de los vehículos, insistió en que se trató de recorridos normales que respondían a un programa de seguridad ciudadana y no estaban relacionados con la decisión del Gobierno de no renovar el mandato de Cicig.

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Investigar pandillas

Más atrás, en marzo del 2018, Degenhart retiró policías a la Cicig y argumentó que fue decisión temporal que obedecía a la estacionalidad, por la cercanía de la Semana Santa, y a la instrucción estaba girada a nivel nacional para concentrar las fuerzas de la PNC a fin de prestar servicio en esa época.

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Días después, justificó el retiro de agentes policiales a la Cicig y el Ministerio de Gobernación publicó en redes sociales una carta en la que Degenhart pidió apoyo a la comisión para investigar a las pandillas ante la posibilidad de que tengan conexiones con la PNC.

“La evaluación que hemos hecho en las últimas cinco semanas nos lleva en este punto a apoyarnos en otro socio estratégico. De la misma forma lo hacemos con el Gobierno de Estados Unidos, como lo vamos a hacer ahora.  Así como les estoy diciendo que hacemos con unidades especiales de investigación criminal del Gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos, también lo vamos a hacer con la unidad especial de investigación de Naciones Unidas que es Cicig”, aseveró Degenhart en esa ocasión.

La participación de la Cicig en investigaciones a pandillas no se concretó, y en los meses siguientes Gobernación efectuó varios intentos por retirar a policías de las misiones de la comisión hasta que lo concretó, luego que la presidencia diera por terminado el convenio de Cicig en enero de 2019.

Decomiso de drogas

El ministro de Gobernación tuvo que explicar sobre cifras récord de decomiso de drogas ante la investigación que Prensa Libre publicó la semana pasada, en donde se evidencia un desface en los reportes sobre la incautación de drogas y el incremento en el trasiego de cocaína pese a decomisos y capturas.

Prensa Libre señaló que en tres ocasiones distintas la Agencia Guatemalteca de Noticias citó información de la PNC y señaló, primero: la incautación de 34 mil 130 kilos de cocaína, dos días después elevó la cifra a 43 mil 305 kilos y el 12 de enero indicó que fueron 43 mil 307 kilos.

Según dicha información, esa cifra superó lo incautado durante el gobierno de Álvaro Colom, entre el 2008 y el 2012 y Otto Pérez Molina, del 2012 al 2015.

Sin embargo, las cifras en los medios oficiales son diferentes a las entregadas por vía de acceso a la Información Pública y se recibió una cantidad menor a la indicada.

La relación de Guatemala con Estados Unidos es “excelente” gracias a la lucha antinarcótica que mantiene Guatemala, aseguró este lunes 28 de enero el ministro de Gobernación, a manera de respuesta por la información inconsistente respecto a las incautaciones de droga.

“Lo que sí puedo decir es que, de manera sostenible, desde el 2016 hasta el 2018 hemos reportado incautaciones récord, esos son los casos y números concretos de los que puedo hablar”, señaló Degenhart.

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La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, dio luz verde al texto después de acometer esta semana la tercera lectura de la propuesta de ley, que da amplios poderes al Gobierno e impone restricciones a la hora de informar sobre actos terroristas.

El borrador ratificado por los legisladores incluye, además, una cláusula para permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones antiterroristas.

Las autoridades chinas se limitaron a anunciar la aprobación de la ley, aunque no publicaron el contenido completo de la nueva norma.

Las autoridades chinas venían alertando en las últimas semanas de las crecientes amenazas terroristas que afronta el país y la agencia oficial de noticias Xinhua calificó la nueva ley como “el último intento para solucionar el terrorismo en casa y ayudar a mantener la seguridad mundial”.

Histórico

Hasta este domingo, China no tenía una legislación específica para la lucha contra el terrorismo, que dependía de normativas como la Ley Criminal o la Ley de Respuesta de Emergencia.

Países como Estados Unidos han mostrado públicamente su preocupación por esta ley antiterrorista y su presidente, Barack Obama, así se lo manifestó a su homólogo chino, Xi Jinping, en uno de sus últimos encuentros.

En respuesta a estas críticas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hong Lei manifestó este en conferencia de prensa que el país tiene derecho a promulgar esa legislación y que buscará, a la hora de aplicarla, “un equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos”.

Uno de los motivos de inquietud es que el último borrador de la norma obligaba a las empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, a instalar “puertas traseras”  en sus sistemas para permitir el acceso del Gobierno.

Además, requería a las compañías con servidores y datos de usuarios en China facilitar a las autoridades los registros de sus informaciones, los códigos de encriptación y a censurar cualquier contenido vinculado al terrorismo.

Otro apartado polémico de la ley es el relativo a las restricciones informativas, ya que el borrador estipulaba que las “instituciones o individuos no podrán generar ni divulgar información sobre incidentes terroristas”  o “dar detalles que puedan incitar a la imitación”.

La ley antiterrorista se aprueba un día después de que el Gobierno chino confirmara la expulsión de la periodista francesa Ursula Gauthier, corresponsal en Pekín de Le Nouvel Observateur , por un artículo sobre el terrorismo.

Exteriores acusó a la reportera de “defender actos terroristas”  a raíz de ese reportaje, en el que se abordaba la respuesta de las autoridades chinas a los atentados de París de noviembre.

Además, el proyecto la ley presentado esta semana autorizaba el envío de soldados fuera del país para participar en misiones antiterroristas, una cláusula que, junto a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en julio, allana el camino para un cambio en la política de no intervención militar de China en el exterior.

Expectativa

La aprobación de esta norma llega en un momento de creciente sensibilidad respecto al terrorismo, tras los ataques en París, el derribo de un avión comercial ruso en la península del Sinaí en octubre o los asesinatos cometidos por el grupo terrorista yihadista Estado Islámico (EI) .

Varios ciudadanos chinos, de hecho, han sido víctimas directas del terrorismo internacional, como Fan Jinghui, secuestrado por el EI en Siria y posteriormente asesinado, o los tres directivos de una empresa de ferrocarriles que fallecieron en el ataque yihadista a un hotel en Bamako en noviembre.

Además, el Gobierno chino vincula con grupos yihadistas extranjeros los ataques registrados en la región de Xinjiang, hogar de la minoría étnica musulmana uigur.

Sin embargo, grupos de uigures en el exilio denuncian que la violencia que sufre esa región es fruto de la represión del Gobierno sobre esa minoría, así como de las tensiones con la etnia han, la mayoritaria en el país.

La coalición responde a la voluntad del mundo islámico de “combatir el terrorismo y ser un socio en la lucha mundial contra esta lacra” , dijo el ministro de Defensa saudí y futuro príncipe heredero, Mohamed Ben Salman, en una rueda de prensa en Riad.

    La alianza contará con un centro de mando en Riad, para “apoyar las operaciones militares en la lucha contra el terrorismo” , precisó la agencia oficial.

    Cuando le preguntaron si la nueva coalición luchará contra el grupo Estado Islámico, el príncipe Mohamed, hijo del rey Salman, indicó que combatiría “cualquier organización terrorista”  que aparezca en el mundo musulmán, “el primero que ha sufrido el terrorismo” .

    Entre los países o regiones enfrentados al terrorismo, el príncipe citó “Siria, Irak, el Sinaí (Egipto), Yemen, Libia, Malí, Nigeria, Pakistán y Afganistán” .

    “En cuanto a Siria e Irak, sólo podemos llevar a cabo las operaciones en coordinación con (las autoridades) legítimas en esos países, y con la comunidad internacional” , dijo el príncipe Mohamed, cuyo país pide la partida del presidente sirio Bashar al Asad.

    Según la agencia SPA, se establecerán mecanismos de cara a una “coordinación con países amigos apegados a la paz y con organismos internacionales”  para “salvaguardar la paz y la seguridad internacionales” .

    Los 34 países son miembros de la Organización de Cooperación Islámica  (OCI) , con sede en Yeda, en el oeste de Arabia Saudita.

    Riad dirige ya una coalición militar árabe contra los rebeldes chiitas de Yemen. Igualmente integra la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra los yihadistas del Estado Islámico en Irak y Siria.

    Otros diez países musulmanes, entre ellos Indonesia, apoyan esta nueva coalición y podrían unirse a ella en un futuro, según la agencia SPA.

Acusados de laxismo

“La coalición va a combatir el terrorismo a nivel militar, ideológico y mediático, además de los esfuerzos en materia de seguridad” , explicó el ministro de Defensa, uno de los hombres más poderosos de ese país.

    El inesperado anuncio fue hecho después de que ciertas personalidades de Europa y Estados Unidos acusaran a Riad de financiar mezquitas y grupos radicales. El reino saudí está regido por la ideología wahabita, una versión muy rigorista del islam sunita, y a menudo se le reprocha en Occidente ser demasiado laxista con el terrorismo.

    En las últimas semanas, Estados Unidos multiplicó las declaraciones sobre la necesidad de movilizar tropas en tierra, en particular árabes, para triunfar en la guerra contra el EI y su “califato”  proclamado en Irak y Siria.

    A fines de noviembre, dos senadores norteamericanos abogaron por el envío de 100.000 soldados extranjeros, en su mayoría de países sunitas, pero también estadounidenses, para combatir al EI en Siria.

    El ministro emiratí de Relaciones Exteriores, Anwar Gargash, afirmó que su país está dispuesto a participar en una fuerza terrestre para luchar contra el EI en Siria.

    “Los países de la región deben asumir la carga. Y por otro lado no se puede tener una intervención extranjera como la de los estadounidenses para liberar Kuwait”  en 1991, añadió Gargash.

    La lista de 34 países incluye a varios países africanos como Benín, Chad, Togo, Túnez, Yibuti, Gabón, Guinea, Costa de Marfil, Mali y Senegal.

La norma, de 54 artículos, establece la pena de muerte o cadena perpetua para aquellos que funden, organicen o dirijan un grupo terrorista o tengan un alto cargo en el mismo, y un castigo mínimo de 10 años de prisión para los que se unan a estas formaciones.

Por grupo terrorista, la ley define a “toda entidad o banda formada por al menos tres personas, en el interior o en el exterior del país y de cualquier nacionalidad, que tenga el objetivo de cometer crímenes terroristas o use el terrorismo como medio para lograr sus fines” .

Para el consejero legal de la onegé Red rabe para la Información de Derechos Humanos, Ahmed Qimawi, la nueva ley es anticonstitucional y “su objetivo básico no es solo combatir el terrorismo sino cualquier acto pacífico que pueda ser contrario al régimen u opuesto a alguna cuestión concreta” .

En declaraciones a Efe, Qimawi expuso que las definiciones incluidas en la ley son “generales” , por lo que se puede aplicar a cualquier grupo o persona, incluidos los partidos políticos o las organizaciones civiles.

“De manera global supone la imposición de un régimen personalista y la inauguración de un régimen tiránico” , concluyó el activista, que instó a buscar una solución política al terrorismo y no insistir en estrategias centradas en la seguridad.

La recién aprobada legislación también estipula que la irrupción o el intento de entrar en cualquier sede gubernamental, de seguridad o judicial, o en oficinas de misiones diplomáticas u organizaciones internacionales con el fin de cometer actos terroristas serán sancionados con un mínimo de diez años de cárcel y hasta cadena perpetua.

El mismo rango de penas recibirán aquellos que traten de cambiar el régimen por la fuerza o por medios terroristas, o que efectúen un secuestro o retengan a una persona con el objetivo de lograr algo a cambio de las autoridades.

Además de endurecer los castigos contra los extremistas, la ley protege a las fuerzas de seguridad, ya que en su artículo 8 estipula que “los encargados de aplicar esta ley”  no van a ser presentados ante la justicia por usar la fuerza durante sus funciones o para protegerse de un peligro.

En cuanto a los puntos relacionados con la libertad de expresión, la ley indica que toda persona que incite a la violencia o cometa un crimen terrorista por palabra, escritura o cualquier otro medio, de manera directa o indirecta, se enfrentará a un mínimo de cinco años de cárcel.

La prensa también se ve afectada de forma directa por el artículo 35, que condena la publicación de noticias que no sean “verídicas”  sobre “cualquier operación terrorista”  y que “contradigan de alguna forma las informaciones oficiales difundidas por el Ministerio de Defensa” .

Las personas implicadas deberán pagar una multa de entre 200 mil y 500 mil libras egipcias  (25.500 y 63.700 dólares, respectivamente) , un castigo que reduce el previsto inicialmente en el proyecto de hasta dos años de cárcel, que generó mucha controversia.

La ley contempla, asimismo, cambios en el proceso judicial al permitir a la fiscalía y las autoridades encargadas de las investigaciones interceptar cualquier información emitida a través de cualquier medio y en cualquier lugar, durante los treinta días posteriores a la comisión de un crimen terrorista.

Además, obliga a los tribunales penales y de primera instancia a que dediquen salas especializadas para juzgar los crímenes terroristas, y les pide que agilicen los procesos.

Desde que comenzó a elaborarse la ley, arreciaron las críticas de las organizaciones de derechos humanos, que denunciaron que representaba un “asalto flagrante”  a la Constitución y pidieron enfrentarse al terrorismo “ideológicamente y con un sistema legal que proteja las libertades públicas” .

Coincidiendo con la redacción del proyecto de ley, el primer ministro, Ibrahim Mehleb, alegó que Egipto libra una “verdadera guerra que hizo necesario preparar rápidamente un proyecto de ley antiterrorista” .

En la misma línea, el portavoz del Gobierno egipcio, Hosam al Qauisi, aseguró hoy a Efe que la ley es “necesaria e importante”  y opinó que las críticas han quedado atrás.

Egipto lucha contra yihadistas que tienen sus bases en la península del Sinaí y considera a los Hermanos Musulmanes, principal grupo opositor, como una organización terrorista, a pesar de que la cofradía se ha desvinculado de todas las acciones de violencia.