La Sala Primera de la Corte de Apelaciones dejó este jueves 17 de febrero sin efecto el sobreseimiento a favor de los exalcaldes de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro y Víctor Alvarizaes, que anteriormente había sido decretado por el juez Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, en el Caso Cambray, por lo que los exfuncionarios fueron enviados juicio.

La resolución de la Sala ordena reanudar el proceso penal en contra de Coro y Alvarizaes, a quienes el Ministerio Público (MP) señala de homicidio culposo e incumplimiento de deberes, en el caso del derrumbe que sepultó a decenas de personas en la aldea El Cambray 2, por lo que hora se debe programar audiencia para dar cumplimiento a lo ordenado y seguir con el proceso, señalaron fuentes judiciales.

La decisión de no enviar a juico a Coro y Alvarizaes la tomó el juez Cruz el pasado 20 de enero, por lo que la Fiscalía de Delitos Contra la Vida accionó para que esta fuera revocada y se continuara con el proceso penal.

De acuerdo con el MP, Coro y Alvarizaes tendrían responsabilidad en la tragedia ocurrida el 1 de octubre de 2015, porque supuestamente siendo las autoridades del pueblo y pese a una advertencia de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), no alertaron sobre los riesgos de vivir en ese lugar.

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Según un informe de la Conred, fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray 2 tenía “socavación y erosión en terrenos y viviendas”, debido a las crecidas del río Pinula ocurridas durante varios años; sin embargo, el juez a cargo del caso decidió que no había indicios razonables por lo que se cerraba el proceso, que ya estaba en etapa de discusión de si iban o no a juicio los dos exfuncionarios.

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En agosto del 2016, el MP también señaló a Alvarizaes de tener responsabilidad en la tragedia que más de 280 vidas.

Según el MP, el exjefe edil de Santa Catarina Pinula no siguió las recomendaciones de la Conred, que alertó sobre los peligros de vivir en la zona.

Mientras que la acusación contra Coro era por negligencia al omitir informes que indicaban “la peligrosidad” del área.

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El juez Décimo, Víctor Cruz, en audiencia decidió cerrar el caso Cambray para los ex alcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes por la tragedia de octubre del 2015 en cuando quedaron soterrados vecinos en Santa Catarina Pinula.

Ambos exfuncionarios enfrentaban proceso penal por homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 280 personas en el alud que sepultó al caserío El Cambray 2, el 1 de octubre del 2015.

Según un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), fechado el 5 de noviembre de 2014, el sector de El Cambray 2 tenía “socavación y erosión en terrenos y viviendas”, debido a las crecidas del río Pinula ocurridas durante varios años.

El juez a cargo del caso decidió que no había indicios razonables por lo que se cerraba el proceso, que estaba en etapa de discusión si iban o no a juicio los dos exfuncionarios.

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En agosto del 2016, el Ministerio Público (MP) también señaló a Alvarizaes de tener responsabilidad en la tragedia que más de 280 vidas.

Según el MP, el exjefe edil de Santa Catarina Pinula no siguió las recomendaciones de la Conred, que alertó sobre los peligros de vivir en la zona.

Mientras que la acusación contra el exalcalde Coro era por negligencia al omitir informes que indicaban “la peligrosidad” del área.

La Fiscalía informó en el 2017 que tanto Coro como Alvarizaes eran los supuestos responsables de la tragedia por no haber tomado las medidas necesarias para prevenirla, a pesar de tener conocimiento técnico y visual de la situación.

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Los medios de investigación, informes municipales y estatales, así como más de cien testimonios de afectados, establecieron que ambos tenían pleno conocimiento de los hechos e ignoraron la situación.

El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Guatemala, Antonio Coro fue enviado este jueves 16 de septiembre a juicio por el cobro de Q3.4 millones como indemnización. 

El Juzgado Sexto Penal resolvió que enfrente debate por el delito de estafa. 

Los miembros de su concejo, también señalados en el caso, deberán enfrentar juicio por peculado por sustracción.

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Uno de sus síndicos deberá ir a juicio por peculado e incumplimiento de deberes. 

El exalcalde de Santa Catarina Pinula fue detenido el 8 de octubre de 2018 porque la Fiscalía contra la Corrupción lo señala de haber cobrado Q3 millones 459 mil en concepto de prestaciones laborales que incluían el pago de indemnización pese a que no le correspondía porque había renunciado.

El caso contra Coro refiere que, en enero de 2015, el Concejo de Santa Catarina Pinula le otorgó prestaciones de forma “excepcional y por única vez” por Q330 mil 234, que incluían Q291 mil 831 por indemnización.

El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que era ilegal.

Sin embargo, posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.

La investigación sostiene que Coro cobró cada año las prestaciones que reclamó en la demanda, con lo cual hubo una duplicidad en el cobro.

Además, la indemnización solo tenía lugar si Coro hubiera sido por supresión del cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015.

Luego de su captura, el exalcalde dijo en su declaración: 

“Señor juez estaba contento con la indemnización de Q330 mil que me habían dado. Después me dicen que por un reparo de la Contraloría debo devolverlo un año después. Como mi tesis fue el derecho laboral internacional, interpuse la demanda. El monto de la indemnización no lo calculé yo”.

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Coro también enfrenta proceso penal por homicidio culposo por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 280 personas en el alud que sepultó al caserío El Cambray 2, el 1 de octubre del 2015.

Sin embargo, en enero del 2016 pagó Q300 mil de fianza y recuperó su libertad en ese caso. 

El 25 de marzo pasado, la delegación departamental del Registro de Ciudadanos (RC) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) avaló la inscripción de la planilla del partido Prosperidad Ciudadana de Santa Catarina Pinula, pero decidió dejar vacante el cargo de alcalde municipal, en este caso Alvarizaes, por no cumplir con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución.

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Ese artículo refiere que si bien los guatemaltecos tienen derecho a ser candidatos a cargos de elección popular, deben gozar de méritos de capacidad, idoneidad y honradez.

El Registro justifica que Alvarizaes tiene abierta la causa 01073-205-00499, expedida por el Ministerio Público.

Además, el RC rechazó la inscripción de los candidatos Héctor Augusto Jaime de Paz, síndico titular Uno;  Manuel de Jesús Barillas Guzmán, síndico titular Dos, y Pedro Peña Hernández, concejal Quinto.

El Ministerio Público (MP) señala a Alvarizaes,  De Paz, Barillas Guzmán y Peña Hernández, de la administración 2016-2020, de haber avalado una indemnización millonaria para su antecesor, Antonio Coro, en 2015. La denuncia de este caso la interpusieron los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.

El caso

El MP expone que el Concejo pinulteco firmó en 2015 la entrega de Q330 mil 234 a favor de Coro, que incluían Q291 mil 831 de indemnización.

Por estos señalamientos el MP pidió el retiro de la inmunidad a los cuatro ediles, pero la Sala Tercera de Apelaciones lo rechazó el 4 de marzo último.

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El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que el pago era ilegal, pero él posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.

El MP explicó que la indemnización solo tenía lugar si Coro hubiera dejado la alcaldía por supresión del cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015 por tener aspiraciones a alcalde capitalino con el partido Líder.

Coro estuvo en prisión preventiva del 8 al 15 de octubre de 2018 y pagó la fianza para recobrar su libertad de Q1 millón que fijó Carlos Toledo, titular del Juzgado Sexto Penal.

Alvarizaes se defiende

El equipo de comunicación de Alvarizaes explicó que se interpuso un recurso de nulidad ante el TSE y espera que los magistrados electorales resuelvan esta semana si procede o no la inscripción de la candidatura.

“El Registro de Ciudadanos pidió al Ministerio Público información de los casos de investigación en los que se ha relacionado con el alcalde y, en base a ese oficio, consideraron que no era idóneo para participar, pero no conocieron más y se quedaron en las actuaciones del ente investigador. No corroboraron en el Organismo Judicial si tiene antejuicio y esas solicitudes que buscan retirarle la inmunidad han sido declaradas sin lugar. En el caso de indemnización al exalclade Tono Coro, el jefe edil Alvarizaes no ha sido ligado a proceso y ni siquiera se ha celebrado la audiencia de primera declaración”, justificó el equipo de comunicación.

Según la fuente, los casos con que se relacionó a Alvarizaes tienen “intereses políticos” y fueron impulsados por concejales opositores -a excepción de la tregedia de El Cambray- que “ahora son candidatos a alcalde como el aspirante Unionista, Sebastian Siero”.

Explicó que “si es necesario acudirán a la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad” porque se le está vedando a Alvarizaes su derecho de ser electo y “no se ha demostrado que haya participado en ilícitos porque eso de no ser idóneos es muy subjetivo”.

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El exalcalde se vio obligado a devolver ese dinero por una auditoría de la Contraloría que determinó que era ilegal, pero posteriormente demandó a la comuna ante un juzgado laboral para cobrar la indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 durante los 15 años de función pública ahí, con lo cual obtuvo un pago de Q3 millones 459 mil.

La investigación sostiene que Coro cobró cada año las prestaciones que reclamó en la demanda, con lo cual hubo una duplicidad en el cobro.

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Además, la indemnización solo tenía lugar si Coro hubiera sido por supresión del cargo o despido injustificado, lo cual no ocurrió porque él renunció en 2015.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes.

A través de un comunicado, Coro dijo el 2 de octubre que el monto de la indemnización le fue reintegrado por resolución judicial, en reconocimiento a sus derechos, pero está anuente a dilucidar el caso en una instancia penal.

Coro conoció los motivos de su detención en el Juzgado Sexto Penal a cargo de Carlos Toledo. 

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Los concejales de la administración de 2012 y 2016 están relacionados con este caso, sindicados del delito de peculado por sustracción, por haber  avalado el pago de los Q330 mil 234.

Puesto que el actual alcalde, Víctor Alvarizaes goza de inmunidad, el Ministerio Público solicitó el proceso de antejuicio, bajo sospecha de que cometió ese mismo delito por haber sido concejal en esa administración.

Otros detenidos en esta causa son Manuel de Jesús Barillas, síndico Segundo 2012-2016; Clara Luz Salvatierra, concejal Tercero 2012-2016 y 2016-2020; Pedro Peña Hernández, concejal Segundo 2012-2016 y síndico segundo 2016-2020, y Augusto Silvestre Ramírez, concejal Quinto 2012-2016.

Además, Luis Francisco Concuá, concejal Séptimo 2012-2016; Cruz Fernando Pineda, concejal Suplente Primero 2012-2016 y actual jefe del Departamento Jurídico de la comuna; Julia Dolores Morales, concejal Suplente Tercero 2012-2016 y Manuel Antonio López, concejal Sexto 2012-2016.

Tono Coro declara

El exedil declaró por la acusación que hizo la Fiscalía contra la Corrupción. “Cuando supe de la denuncia me puse a disposición del Ministerio Público. Estaba fuera del país por problemas de salud pero al enterarme de la orden de captura vine a solventar esta situación”, dijo Coro.

“Señor juez estaba contento con la indemnización de Q330 mil que me habían dado. Después me dicen que por un reparo de la Contraloría debo devolverlo un año después. Como mi tesis fue el derecho laboral internacional interpuse la demanda. El monto de la indemnización no lo calculé yo”, declaró el exfuncionario.

"Estaba contento con la indemnización de Q330 mil. Después me dicen que la devuelva un año después. Eso me enojó y como mi tésis fue de la Organización Internacional del Trabajo hice la demanda", declara José Antonio Coro García, exalcalde de Santa Catarina Pinula. pic.twitter.com/cnYiI0LqJz

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 8, 2018

El juez Toledo también escuchó el testimonio de Pedro Peña Hernández quien dijo que se había ausentado a la cita en el Juzgado de Trabajo por petición de Cruz Fernando Pineda Rodríguez (sindicado). “Estoy bastante indignado. Me considero una persona honesta. Tengo 66 años y me entristece esto”, mencionó.

Coro fue enviado a la cárcel militar Mariscal Zavala junto con los otros 10 sindicados. 

"No lo entiendo", declara José Antonio Coro García, "Tono", exalcalde de Santa Catarina Pinula ante el juez Carlos Toledo. pic.twitter.com/i7Pn6Y7BIj

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 8, 2018

Este martes se reanudará la audiencia en donde la Fiscalía solicitará vincular a los señalados al proceso. También será el turno de la defensa.

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Por el caso, este martes se efectuaron 14 allanamientos que dieron como resultado la detención de ocho personas, todos integrantes y exintegrantes del concejo.

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Además, Luis Francisco Concuá, concejal séptimo 2012-2016; Cruz Fernando Pineda, concejal suplente primero 2012-2016 y actual jefe del Departamento Jurídico de la comuna; Julia Dolores Morales, concejal suplente tercero 2012-2016 y Manuel Antonio López, concejal sexto 2012-2016.

Al igual que a Coro, a todos se les sindica del delito de peculado.

El fiscal regional metropolitano, Estuardo Campo y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Nilson Castillo, ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron cómo los funcionarios y exfuncionarios ediles habría aprobado de manera fraudulenta el pago a exjefe edil.

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En los allanamientos también se pretendía capturar a Coro; sin embargo, no fue localizado en su vivienda. De acuerdo con Ocampo hay información de que pudo haber abandonado el país, por lo cual activarán las alertas a la Interpol, también a la Dirección General de Migración de Guatemala en caso pretenda salir o ingresar a Guatemala.

El caso

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes en contra de Antonio Coro. 

El 29 de enero del 2015, Coro renuncia al cargo de alcalde y su puesto es ocupado por el actual edil Víctor Gonzalo Alvarizaes. Días después el Concejo aprobó por unanimidad de forma “excepcional y por única vez” el pago de Q330 mil 234 en concepto de prestaciones laborales que incluía Q291 mil 831 por indemnización.

El monto por indemnización, Coro lo devolvió en marzo del 2016 porque era ilegal, según una auditoría que efectuó la Contraloría General de Cuentas (CGC).

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No conforme con la devolución del dinero, Coro demandó a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en la cual estuvo al frente del 2000 al 2015.  En esa demanda el exjefe edil reclamó el pago de dicha indemnización, vacaciones, aguinaldo y bono 14 por los 15 años de servicio.

También reclamó ventajas económicas que adquirió mientras fue alcalde y la utilización de un vehículo que tenía asignado con combustible, daños y perjuicios y los salarios no percibidos desde el día que renunció hasta el día del pago de la indemnización.

En 2016, la comuna fue notificada de la demanda y se citó a Pedro Peña Hernández, síndico segundo del Concejo, para que evacuara la audiencia de juicio oral que se llevaría a cabo el 28 de septiembre.

Peña no asistió a la audiencia lo cual era su obligación, según el fiscal Campo, porque ejercía la representación judicial de la comuna, lo cual “trajo como consecuencias que la municipalidad fuese declarada en rebeldía”.

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El 24 de octubre del 2016 el Juzgado Séptimo de Trabajo y Previsión Social declaró con lugar la demanda de Coro en contra de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

“El síndico segundo deja de comparecer a la audiencia que estaba programada y deja en estado de indefensión a la municipalidad de Santa Catarina Pinula”, indicó Campo, quien añadió que cuando el juzgado le solicitó a Peña un informe en relación con las pretensiones de Antonio Coro él respondió que sí por lo cual la comuna fue condenada al pago de prestaciones incluida la indemnización.

El Concejo aprobó por mayoría hacer las transferencia para el pago al exjefe edil.

• Esto fue lo que cobró Coro:

Duplicidad de cobros

Campo explicó que como parte de las diligencias la fiscalía contra la Corrupción solicitó a la CGC un examen especial de auditoría mediante el cual se corroboró que Coro, durante los 15 años que fungió como alcalde de Santa Catarina Pinula cobró año con año las prestaciones de ley y en la demanda judicial volvió a exigirlo lo cual se constituyó en una duplicidad de cobro.

En cuanto al pago a la autorización del pago por parte del Concejo, Castillo precisó que según el artículo 44 de la Ley de Servicio Municipal establece que se tiene derecho a recibir indemnización “por supresión del puesto o despido injustificado, aquí no se está incluyendo la renuncia, de ahí la improcedencia del pago”. 

Cargos y solicitud de antejuicio

Los fiscales explicaron que tanto Coro como el resto de integrantes del Concejo 2012-2016 que son señaladores se les imputa el delito de peculado por sustracción por haber avalado el pago de indemnización al exalcalde.

Al actual síndico segundo Pedro Peña Hernández, además, se le señala del delito de incumplimiento de deberes por no haber acudido a las audiencias judiciales para representar y defender a la comuna.

El MP también solicitó en el Centro de Servicios Auxiliares de Administración de Justicia el reitiro de inmunidad el actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Victor Gonzalo Alvarizes, porque también formó parte del Concejo 2012-2016.

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Aparte de Antonio Coro, también están pendientes de captura los siguientes integrantes del actual Concejo: Antonio Suruy Velásquez, concejal; Héctor Augusto Jaime de Paz, síndico; y Felipe Chávez concejal segundo suplente.

En cuanto a una posible solicitud de antejuicio en contra de la jueza que emitió la sentencia en contra de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula afirmó que “es un extremo que en este momento es objeto de análisis”.

Añadió que las investigaciones aún no determinan si los integrantes del Concejo habrían percibido parte de los Q3.4 millones que Coro recibió.

Las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia presentada por los concejales Sebastián Siero Asturias, Hilda Domínguez y Mynor Cifuentes. 

En un comunica, Siero expuso que Coro renunció para hacer campaña política con el extinto partido Líder, y que a consecuencia de la denuncia ha sufrido intimidaciones.

Coro, por su parte, también difundió un comunicado en el que asegura que no está prófugo, sino que está fuera del país por motivos de salud y que retornará al país “lo ante posible” para colaborar con la justicia.

Añadió que su abogado presentó un memorial de presentación espontanea “para hacer saber sobre mi intención de presentarme lo antes posible y aclarar esta situación”.

Coro enfrenta otro proceso judicial por el alud mortal en la colonia El Cambray 2 en 2015.

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El MP realizó diligencias de allanamiento en las instalaciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, donde secuestraron documentación en la Dirección de Recursos Humanos, Dirección Financiera y Secretaría Municipal.

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El vocero de la municipalidad confirmó que las diligencias estaban relacionadas al millonario pago de indemnización a Coro, el portavoz dijo que la municipalidad cumplió con realizarle el pago por autorización del actual concejo que conoció una resolución final de un juzgado laboral que lo ordenaba.

Reacción

Este jueves Antonio Coro, quien guarda prisión preventiva por la tragedia ocurrida en El Cambray 2, llegó a la Torre de Tribunales para la audiencia de etapa intermedia, que fue suspendida por el juez Walter Villatoro quien argumentó que el MP había modificado la acusación sin notificar, la audiencia fue reprogramada para diciembre.

A su salida del juzgado, el exjefe edil criticó las diligencias del MP en la municipalidad de Santa Catarina Pinula y defendió su millonaria indemnización.

Exalcalde Antonio Coro opina sobre allanamientos en comuna de Santa Catarina Pinula por indemnización que recibió al dejar el cargo pic.twitter.com/2htwdJO4Jz

— Henry Pocasangre (@hpocasangre_pl) 10 de agosto de 2017

“Es la primera vez que veo que a una persona que le dan legalmente su indemnización le inician un proceso de investigación, el Código de Trabajo es tutelar para los trabajadores y es un derecho”, dijo Coro.

Quien también dijo que no hubo ningún acto ilegal y que creen que se trata de “una persecución política”, además dijo que también conoce a magistrados, exmagistrados y funcionarios que han cobrado sus indemnizaciones y prestaciones.

“Hubo una resolución judicial y se dijo hay que darle las prestaciones, a mí ya me las habían dado, pero la Contraloría General de Cuentas argumentó que tenía que devolverlas y violaron mis principios laborales, en tal razón presenté la denuncia y hubo una resolución judicial”, dijo Coro.

La acción fue   remitida a la Sala Segunda de Apelaciones, ubicada en Torre de Tribunales, la cual deberá decidir si acepta la petición y asigna un nuevo juzgado.

Para ayer estaba programada la audiencia para decidir si el exalcalde Coro debía enfrentar debate oral y público por homicidio culposo, después de que el  MP lo vinculó  con las 280 muertes causadas por   el  deslave en El   Cambray 2, Santa Catarina Pinula,   el   1 de octubre último.

Sin embargo se suspendió porque la jueza Silvia Morales se inhibió de conocer el caso, por problemas con la defensa del sindicado.

Una de las oficiales de ese juzgado confirmó que la audiencia no se celebró y que el proceso  fue remitido a una sala de Apelaciones, sin dar a conocer los argumentos de la decisión judicial.

“Se suspendió, y por alguna acción fue remitida a la Sala”, aseveró, mientras se esperaba que  Morales ingresara en su despacho.

Al consultar a la Sala Judicial se confirmó el recibo de   excusa. Además  admitió haber aceptado la petición, no obstante se  reservó el nombre del juez que llevará ahora el caso penal, debido a que aún no se había notificado a las partes procesales.

Extraoficial

De manera extraoficial se supo que el caso podría pasar al Juzgado Segundo de Instancia Penal, aunque ninguna de las partes involucradas lo confirmó.

Se llamó al fiscal del área de Delitos Administrativos para que explicara si la excusa afectaba  el proceso, pero no respondió.

Según la Fiscalía, Coro actuó con negligencia al omitir informes que indicaban “la peligrosidad” del área afectada por el
deslave.

Durante su gestión, entre 2001 y 2015, Coro solicitó un informe a la  Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en el cual pedía una evaluación de la zona, y ya se observaba que unas partes del cerro, que más tarde se derrumbó, estaban desprendidas.

El informe de la Conred, con fecha   5 de noviembre de 2014, reveló que el sector de El Cambray 2 tenía “socavación y erosión en terrenos y viviendas”, debido a las crecidas del río Pinula durante varios años.

Del derrumbe que sepultó a esa comunidad el 1 de octubre del año pasado, el Inacif recibió 202 cuerpos, de los cuales aún resguarda 13 porque no han sido identificados, así como 69 fragmentos humanos. En total, se identificaron y entregaron 189 cadáveres.

Roberto Garza, vocero del Inacif, refirió que para efectuar las pruebas necesitan Q1 millón solo en reactivos para determinar el ácido desoxirribonucleico (ADN).

“Para la cantidad de cuerpos y de familias con las que hay que cotejar, no tenemos la cantidad de reactivos”, dijo.

Garza se lamentó de que ya haya una investigación contra un exalcalde —Antonio Coro— y el Inacif no finalice el proceso para tener el dato oficial de muertos.

“Es importante eso, y también cerrarle el círculo a la pobre gente. No hay una semana que no venga alguien a preguntar, y siempre le damos la misma respuesta: no tenemos reactivos”, aseveró.

Esperan fondos

El portal de Guatecompras registra que la comuna de Santa Catarina Pinula ya adjudicó la compra de reactores por Q68 mil para que el Inacif tenga insumos y pueda identificar los cadáveres.

Garza explicó que esperan recibir una ayuda similar de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), por lo que se podría disponer de hasta Q200 mil y con eso identificar y entregar los 13 cuerpos.

Dijo que pronto levantarán un evento para la compra de reactivos que utilizan para la criminalidad común, y de allí podría tomar insumos para las víctimas de El Cambray.

“No podemos ni podríamos comprar esa cantidad de reactivos solo para ese caso específico porque el presupuesto quedó igual, Q145 millones, no hubo aumento, y solo en nómina se absorbe el 75 y 80 por ciento de presupuesto, y son 700 trabajadores”, dio Garza.

David de León, vocero de la Conred refirió que lo último que conocía es que se estaba en busca de cooperantes para apoyar al Inacif, pero que estaba pendiente de confirmar más detalles al respecto.

Desaparecidos

César González, de la asociación de vecinos del Cambray 2, estima que hay unos 25 desaparecidos todavía y con las pruebas podría reducirse el número.

Según la Conred, entre las víctimas del Cambray 2 se encuentran alrededor de 70 desaparecidos, otros manejan el dato de 45. González señaló que de acuerdo con testimonios de las familias que llegan a las reuniones saben que hay al menos 25 desaparecidos de los residentes del lugar, pero tiene conocimiento que del día de la tragedia había visitantes que llegaron a celebrar el día del niño, por lo que de ellos no saben cuántos podrían ser.

Familias en albergues

Al menos 26 familias continúan en el único albergue que mantiene habilitado la municipalidad de Santa Catarina Pinula a la espera de una respuesta de si serán beneficiadas con vivienda.

Melina Hidalgo, una de las afectadas, señaló que permanece junto a su esposo y tres hijos en el albergue.

“Todavía nos encontramos en el albergue porque lamentablemente no salimos favorecidos  en casa ni en subsidio”, afirmó.

Agregó que debido a fallas en la papelería, porque el terreno donde vivían era de un familiar y no tenía registro en la municipalidad, los dejaron para la segunda lista de personas que podrían beneficiar.

Hidalgo comentó que vivir en el albergue es duro, porque falta tranquilidad  y además deben compartir baños y regaderas con el resto de familias, que total suman unas 60 personas.

Karla Escobar, madre dos niños, comentó que espera que pueda resolverse su situación porque son víctimas de discriminación por las familias que si fueron beneficiadas con una casa en Mi Querida Familia o subsidio.

González comentó que este problema de dio cuando comenzaron el censo y algunos afectados se había trasladado con familiares y no estaba para dar sus datos, pero se espera la depuración de esta segunda lista para buscar una solución con las autoridades de gobierno.

González señaló que las familias que fueron beneficios son 181, pero que del subsidio ofrecido mientras se construían las casas solo lo recibieron en diciembre, además siguen si recibir las viviendas.

Coro García enfrenta proceso por homicidio culposo, por su presunta responsabilidad en la muerte de más de 280 personas en el alud que sepultó al caserío El Cambray 2, el 1 de octubre del 2015.

Morales impuso al exjefe edil arresto domiciliario y la obligación de firmar el libro de procesos, para evitar que sea encarcelano nuevamente.

El Ministerio Público indica que Coro García actuó con negligencia al no desarrollar medidas de prevención de desastres en la zona ante constantes avisos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Miinisterio de Comunicaciones.

La mañana del martes Coro García fue indagado por Morales e intentó desvincularse de los señalamientos de la Fiscalía, que indica que obvió medidas de seguridad.

En su defensa, el exfuncionario dijo que fue alcalde de Santa Catarina Pinula entre los 2000 y 2015, y que cuando ocurrió el deslave ya ni siquiera era vecino del municipio.

El exalcalde indicó que en sus 15 años de gestión se hizo “obra pública para evitar riesgos por desastres naturales en la zona” y que El Cambray 2 fue declarado zona de riesgo ocho días después del deslave.

“Yo, como alcalde, nunca tuve la potestad de declarar áreas en situación de riesgo”, aseveró el exfuncionario.

A la audiencia también llegó Víctor Alvarizaes, actual alcalde del municipio, a quien el MP pidió que se le retirara el derecho de antejuicio.

Durante el desarrollo de la audiencia un hombre fue expulsado del lugar porque fotografiaba a los periodistas y al ser increpado dijo que un abogado del exalcalde le ordenó captar las imágenes.

Responsabilidad

El ente investigador presume que el exalcalde tiene responsabilidad por la tragedia ocurrida en El Cambray 2.

La fiscalía señala a Coro de homicidio culposo por no haber atendido los informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que advirtió a la municipalidad que el terreno donde se encontraba El Cambray 2, era vulnerable a desastres naturales.

Por este mismo caso el MP solicitó antejuicio contra al actual alcalde de Santa Catarina Pinula, Víctor Alvarizaes. La fiscalía sostiene que hubo negligencia por parte de las autoridades por no darle el valor necesario al informe que Conred.

Alvarizaes ha dicho que se someterá al debido proceso, pero calificó las acciones del MP como un espectáculo.
El grupo de inconformes quebró la cámara de video de los periodistas y luego del ataque se refugiaron en el edificio municipal.

Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, la captura de Coro, obedece a que durante la gestión no atendió informes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que señalaban el peligro que representaba vivir en el área referida, donde el 1 de octubre de 2015 ocurrió un alud que acabó con la vida de por lo menos 300 personas.
 
Por este caso, el MP solicitó a la Corte Suprema de Juticia retirar el derecho de antejuicio contra el alcalde Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, a quien se pretende investigar por el mismo delito.

La Policía Nacional Civil detuvo a Coro en el acto de toma de posesión de Alvarizaes Monteroso, a un costado de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. El Juzgado de Turno le hizo saber el motivo de su detención y lo envió a la cárcel Mariscal Zavala para guardar prisión provisional.

Durante la detención, trabajadores de la comuna agredieron e insultaron a dos periodistas de Noticiero Guatevisión. 

Los empleados municipales intentaron obstaculizar la labor de los comunicadores. Además, quebraron una cámara de video y robaron los celulares de los reporteros. 

https://www.youtube.com/watch?v=6TtouJlTwIE

El 22 de octubre del año pasado, la Fiscalía secuestró documentos, libros de actas y papelería, como parte del proceso que se sigue por el derrumbe.

Ese día, Alvarizaes indicó que los fiscales se llevaron documentos del Departamento de Catastro, datos de las licencias de construcción y papelería de la secretaría municipal.

El MP comenzó una investigación de oficio para esclarecer los motivos que provocaron la tragedia. El alud soterró 94 casas, lo que dejó, según datos oficiales, 280 muertos y 70 desaparecidos.

Hechos anteriores

En 1994, Inversiones Cerro Gordo compró la finca que convirtió en Valles del Cambray 1.

Ese mismo año, la empresa Girasol compró otra porción de la finca, y diseñó una residencial —El Cambray 2— con 26 viviendas que pagaban el impuesto único sobre inmuebles a Santa Catarina Pinula y 94 a Guatemala.

El Cambray 1 fue autorizado en 1996, durante la gestión del alcalde Francisco Paniagua Álvarez, del Partido de Avanzada Nacional.

“Más que un desastre”

La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Valerie Julliand, dijo que en la tragedia de El Cambray 2 hubo acciones “que no fueron tomadas”.

Agregó: “Hablamos del desastre como si fuera solamente natural, pero lo que pasó en Santa Catarina Pinula va más allá”.

El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, manifestó que es de suma importancia establecer responsabilidades penales y civiles tras la tragedia en El Cambray 2. “Se deben sentar precedentes importantes con sanciones”, enfatizó.

Las prioridades de Antonio Coro si gana la vara edilicia de la capital serán el agua entubada, transporte público y seguridad, refirió ayer en el programa Diálogo Libre, al cual se presentó vestido de celeste y azul, pues, afirmó, tiene permiso del candidato presidencial del partido Líder para promocionarse como él decida.

¿Cuál será la prioridad?

Trabajar el tema del agua. Tenemos estudios que concluyen que dentro cinco o seis años habrá problema de agua en toda el área metropolitana.

Primero, recuperar todo el acueducto que viene de Zaragoza, Chimaltenango, porque solo se utiliza al 50 por ciento y las comunidades por donde pasa no tienen agua. Planteamos la construcción y su mantenimiento.

Con el tránsito, ¿qué pasará?

Trabajaremos en un plan integral porque no tenemos un transporte seguro y hay desorden. Nuestra propuesta incluye el presupuesto participativo. Vamos a distribuir Q200 millones de aporte constitucional en las 22 zonas, en función del número de habitantes; por ejemplo, a la zona 18 le tocarían Q40 millones al año. En cuatro años tendrá Q160 millones para trabajar infraestructura de tránsito.

¿En su plan tiene estipulado como transporte alterno la ciclovía?

Claro. Hay que revisar las estrategias de México y Medellín, Colombia, donde se tiene transporte integral. El tema de las ciclovías es porque tenemos un sistema de rutas en donde el bus no lo deja enfrente de su casa, pero este será un plan similar al que funciona en la Universidad de San Carlos.

¿Qué propuestas concretas existen en cuanto a transporte?

Necesitamos mucha capacitación para los pilotos, y el tema de los brochas —ayudantes— no existiera si hubiese un sistema prepago, porque eso nos ayuda a minimizar los ataques a pilotos. Aquí tenemos que integrar todo el sistema. En la ciudad de Guatemala, hace 30 años ofrecieron solucionar tres problemas: el agua, el transporte y la basura, pero tenemos inseguridad y el tráfico.

¿Qué pasará con la escasez de vivienda?

Tenemos que poner a funcionar bien la Empresa Municipal de Vivienda, para promocionar casas populares en edificios de cuatro niveles, para personas de escasos recursos. También vamos a trabajar casas para clase media, como estudiantes, y por Q600 podrán tener un apartamento, y para eso vamos a utilizar inmuebles ediles y del Estado.

¿Hay transparencia en la comuna capitalina?

No hay, no se conoce. El manejo de los fideicomisos es secreto de Estado. Ni el Pentágono ha podido revisar qué es lo que está pasando con los fideicomisos. Lo que hay que hacer es cumplir con la ley.

El vecino debe saber dónde y cómo se usan sus impuestos, velar por la calidad del gasto y, sobre todo, deben estar satisfechos al ver sus impuestos reflejados en obras.

¿Qué piensa de la forma como se manejan Q450 millones de subsidio al transporte?

Proponemos que se maneje en el sistema integral. Actualmente se paga un arrendamiento por los buses. Lo ideal es que se compren y se cambien los buses antiguos.

En seguridad, ¿cómo aprovecharán a la Policía Municipal?

En nuestro plan ya no serán las multas excesivas su prioridad, sino seguridad ciudadana. Por eso hablamos de la policía con arma, aunque me lo han criticado, lo importante es la capacitación.

¿Qué diferencia tiene su plan con el de Arzú?

Lo más importante es que es un plan democrático, no soy amigo del autoritarismo. Las diferentes zonas tienen el derecho de participar en las audiencias, para hablar con el alcalde, y otra es que el gasto del presupuesto de Q2 mil 300 millones no se decidirá solo en el despacho del alcalde. Todas las comunidades deben decidir las obras a realizarse.

¿Qué opina de Arzú?

No he tenido oportunidad de conversar con Arzú. No tengo ninguna opinión porque ha sido un sistema municipal muy cerrado. Estuve 15 años en Santa Catarina Pinula y nunca tuvimos una reunión. Lo invitamos para participar en la Mancomunidad del Sur y no quiso.

Hace dos semanas, Coro renunció al Partido Patriota, donde se mencionaba como posible candidato a la presidencia.

En un acto efectuado en la sede del partido Líder, ubicada en la 2ª. avenida y 13 calle de la zona 1, Coro destacó entre sus propuestas de trabajo integrar la administración municipal de la capital con los municipios de influencia en el área metropolitana, como Villa Nueva y Mixco.

“Es un desafío y un reto, la invitación del doctor (Manuel) Baldizón”, dijo el candidato.

El exalcalde de Santa Catarina Pínula, fue separado del cargo a solicitud propia el 31 de enero, después de casi 15 años de la jefatura edil, justificando en su momento actividades personales y ahora se confirmó su aspiración política.

Promesas

Una de los cambios que promoverá como jefe edilicio, según Coro, es primero la participación ciudadana. La segunda promesa es el presupuesto participativo, luego la auditoría social y después la coordinación interinstitucional entre el gobierno y la alcaldía.

En la sede del partido Líder en la 13 calle y 2a. avenida de la zona 1, se presentó este sábado a los candidatos a alcalde de esa agrupación. 

Se oficializó las candidaturas de Edwin Escobar en Villa Nueva, que fue electo alcalde por el partido Compromiso, Renovación y Orden, sin embargo en 2012 se separó de esa agrupación y estuvo muy cercano al partido oficial sin afiliarse. En marzo confirmó su relación política con Líder y la intención de buscar la primera reelección en esa comuna. 

Además Amilcar Rívera, en Mixco, que buscará con Líder volver a la comuna que dejó en 2012 en manos de Otto Pérez Leal, después de dos períodos consecutivos en el cargo. Aunque inició sus aspiraciones políticas para recuperar la jefatura edil con el partido Victoria, fue con Líder que finalmente se afilió para participar en los comicios del 6 de septiembre.

Trascendió que Antonio Coro, quien fue re electo para el actual período como alcalde de Santa Catarina Pínula, podría aspirar a la alcaldía capitalina.

El exalcalde de Santa Catarina Pínula, fue separado del cargo a solicitud propia el 31 de enero, después de casi 15 años de la jefatura edil, justificando en su momento actividades personales y ahora se confirmó su aspiración política. 

Coro se mencionaba como opción de candidato a presidente por el partido oficial, sin embargo decidió renunciar a esa agrupación