Organizaciones de prensa piden que se investigue la desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa

Organizaciones de prensa nacionales e internacionales piden a las autoridades que investiguen la desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa.

Pavel Arellano

21 de febrero de 2025 | 11:53h

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FOTO ILUSTRATIVA. Organizaciones de prensa piden a las autoridades que investiguen la supuesta desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Varias organizaciones de prensa, tanto a nivel nacional como internacional, han solicitado a las autoridades de Guatemala que investiguen la desaparición del periodista Milton René Orellana Polanco, quien no ha sido hallado desde el pasado 7 de febrero.

En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), indicó que la desaparición de Polanco ocurrió en la colonia Santa Bárbara, en el Barrio Latino. “Hacemos un llamado a la población para que colaboren con cualquier información que ayude a dar con el paradero de Milton“.

La APG agregó que los familiares del periodista han interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, denuncia que, señalan, se encuentra bajo reserva.

El pasado 19 de febrero también se pronunció el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, quienes se pronunciaron en X al decir que instan a las autoridades a hacer una “búsqueda inmediata” del periodista.

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También se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa.

CC suspende frase del reglamento de Codisra que podría atentar contra la libertad de expresión

La decisión responde a una inconstitucionalidad promovida por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG).

Douglas Cuevas

19 de diciembre de 2024 | 13:21h

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La decisión de la CC contra el acuerdo presidencial que atentaba contra la libertad de expresión, fue unánime. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El monitoreo a medios de comunicación, impulsado por el Gobierno de Bernardo Arévalo mediante el acuerdo 189–2024, quedó suspendido de manera provisional. La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la palabra “monitoreo” no debía estar vigente en el documento legal reformado por el Organismo Ejecutivo.

El Ejecutivo modificó las funciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), permitiéndole monitorear a medios de comunicación y presentar denuncias por posibles casos de discriminación y racismo contra pueblos indígenas.

Esta modificación no fue compartida por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), quienes presentaron una acción de inconstitucionalidad que pedía la intervención del máximo tribunal porque, según su análisis, las modificaciones atentaban contra la libertad de expresión.

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El caso fue conocido este jueves 19 de diciembre en una sesión ordinaria de la CC, que analizó el caso y consideró oportuno suspender la frase “monitorear” del reglamento de Codisra, emitiendo una suspensión provisional por ahora de la medida.

La decisión de la CC fue unánime por los magistrados titulares Nester Vásquez, Leyla Lemus, Dina Ochoa y Héctor Hugo Pérez Aguilera, junto a los suplentes Rony Eulalio López, Walter Paulino Jiménez y Luis Rosales.

La @CC_Guatemala suspendió provisionalmente un fragmento del acuerdo gubernativo 189 – 2024 de la presidencia de @BArevalodeLeon que atentaba contra la libertad de expresión. La decisión se da por una acción de inconstitucionalidad presentada por la @noticiasAPG@prensa_libre pic.twitter.com/QzZqZGNQwW

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) December 19, 2024

APG satisfecha

La APG informó en horas de la tarde que ya habían recibido la notificación dela CC. Resolución con la que afirman sentirse satisfechos.

En un pronunciamiento hecho por la APG remarcaron que no están en contra de los pueblos indígenas. Debido a que ya existen en la actualidad políticas de monitoreo para evitar conductas racionales a través de los medios de comunicación.

Ahora el Organismo Ejecutivo tiene 15 días para pronunciarse sobre el tema ante la CC. Instancia que posteriormente tendrá que volver a conocer el expediente para emitir una resolución definitiva.

La APG consideró que la resolución constitucional respalda la libertad de prensa. Ya que antecedentes de este tipo podrían ser perjudiciales para la libertad de expresión.

El acuerdo en mención modificó las bases de creación de Codisra, quien tenía facultades de vigilancia sobre los medios.

Por su parte Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, respaldó el acuerdo, añadió que serán respetuosos de la resolución.

“Es consistente con las obligaciones internacionales para prevenir, combatir y erradicar la discriminación racial. Como cualquier otra resolución, se respeta y será acatada”.

APG se pronuncia por firma de la Declaración de Chapultepec entre autoridades de Guatemala y la SIP

La Declaración de Chapultepec fue firmada por el mandatario Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de PEl presidente Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutriz, firman la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresiónrensa.

Miguel Barrientos

13 de noviembre de 2024 | 08:15h

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El presidente Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutriz, firman la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión (Foto Prensa Libre: JOHAN ORDONEZ / AFP)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un pronunciamiento por la firma de la Declaración de Chapultepec en el país en la que participó Bernardo Arévalo y José Roberto Dutriz, presiente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el comunicado publicado, la APG dice que la firma representa un compromiso por parte de los organismos del estado con respeto a la libertad de expresión y pensamiento en todas sus manifestaciones.

También señala que la declaración implica respeto a la democracia y la libertad de expresión y del pensamiento, que deben practicar gobernantes y gobernados para garantizar un Estado de derecho pleno.

Además, la APG indicó que la declaración expresa que la libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.

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“Con la firma de este documento, se garantiza la autonomía, en el libre ejercicio de informar y ser informados, así como en la toma de decisiones para el ejercicio pleno de estos derechos. De no ser así, no sería posible la práctica efectiva de la libertad de expresión”, afirmó la APG.

La Asociación señala que la declaración fue firmada hace tres décadas en México y adoptada por la Conferencia Hemisférica Sobre la Libertad de Expresión celebrada en México D. F. el 11 de marzo de 1994.

“Hasta ahora la misma, ninguno de los gobiernos de Guatemala, la había suscrito. Con su firma se abre la posibilidad de hacer de esta declaración una práctica democrática cotidiana, que debe reflejarse en instituciones modernas, que respetan a los ciudadanos, sin distinción alguna”, concluye la APG.

Durante la firma de la Declaración, celebrada el 11 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la firma de la Declaración no es un acto simbólico o protocolar, sino que se trata de un compromiso “personal y de gobierno” por respetar, garantizar y defender el derecho de la libertad de expresión del pueblo de Guatemala.

“Ninguna democracia es estable o sólida si no se sostiene o si carece de sus más importantes pilares: el acceso a la información, con su contraparte, la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber, cuestionar, opinar y ser escuchados“, señaló Arévalo.

Además, señaló que, cuando un gobierno intenta eliminar esos elementos se encamina hacia el autoritarismo.

“Nos comprometemos a fortalecer las instituciones del gobierno, para que no sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión y prensa“, señaló.

También dijo que otras instituciones deben sumarse a la protección de las garantías democráticas, como jueces, alcaldes y una fiscalía que no persiga a los periodistas.

El mandatario también agradeció la presencia de Jose Rubén Zamora, quien participó en la actividad como testigo de honor.

El periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y quien permaneció en prisión durante más de 800 días, se mostró complacido con la firma del convenio entre el Gobierno de Guatemala y la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Sin libertad no hay democracia y sin democracia, con autoritarismo no hay libertad, y tenemos una profesión, es más una vocación, un monasterio muy sufrido, incluso una profesión mal vista por el resto de la sociedad”, dijo Zamora en alusión a las declaraciones de Arévalo.

“Agradezco ser invitado como testigo, es un honor, es algo que la SIP ha venido buscando lograr con todos los presidentes que ha tenido el hemisferio, creo que el presidente Arévalo es un hombre de profundas convicciones democráticas y compromiso con la libertad y que va a buscar que se espaldan esos espacios de libertad para la prensa guatemalteca, me siento contento que esta vez lo veo con convicción, hay otros presidentes que lo han firmado y esa misma tarde quizás los han tirado al bote de basura, pero no es el caso de él, creo que es un hombre franco y es un demócrata”, refirió Zamora.

Además, recordó el tiempo que pasó en prisión hasta que fuera beneficiado con una medida sustitutiva y reconoció el respaldo que recibió de distintos sectores.

“No estaría afuera si no es por el apoyo generalizado de la prensa nacional, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, de la prensa regional, del Comité Mundial de Protección de Periodistas, de la SIP.

“La SIP fue la primera institución que logró, puede ser la palabra, logró burlar al gobierno y entraron a verme y es simpático, porque yo les he dicho que estaba en un lugar francamente horroroso, no había visto gente y de repente la noche antes, a mitad de diciembre de que ellos llegaran, aparecieron con tierra negra y me hicieron la propia versión tropical de los Campos Elíseos”.

APG denuncia robo de documentos “clave” que eran resguardados en sus oficinas

La Asociación de Periodistas de Guatemala denunció la sustracción de un expediente que era resguardado en su sede de la zona 1 de la capital.

César Pérez Marroquín

17 de octubre de 2024 | 19:54h

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La Asociación de Periodistas de Guatemala se pronunció sobre el robo de documentos en su sede de la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció este jueves 17 de octubre el robo de un expediente que contenía documentos “clave”, en un hecho que calificaron como “un atentado sin precedentes en su sede”, ubicada en la zona 1 de la capital.

De acuerdo con un comunicado de la APG, fueron robados documentos clave de sus oficinas, situación que compromete información de interés y pone en peligro las actividades de la institución.

“Este incidente no es aislado, sino un ataque sistemático contra el periodismo libre y la democracia en Guatemala”, dice el comunicado.

“Es preocupante este robo de expedientes el cual ocurrió en momentos críticos, justo cuando una Sala jurisdiccional había solicitado, en un plazo de 48 horas, el envío de documentos que formaban parte del material sustraído. Este acto sugiere una intención deliberada para obstaculizar y desprestigiar la labor de la máxima entidad de prensa nacional”, agrega la misiva, que no aclara a qué se debe la solicitud hecha por la Sala.

Entre los documentos que fueron robados hay información que forma parte del trabajo “esencial” de la APG para proteger la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento, así como para defender la institucionalidad de la asociación.

“Este vandalismo, además de constituir un delito, es una amenaza directa contra el derecho constitucional de informar y ser informados”, agrega.

Señala que la APG le exige al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, una investigación exhaustiva para dar con los responsables materiales e intelectuales de ese hecho.

“En los últimos meses, han sido evidentes las acciones destinadas a desacreditar la labor de nuestra institución, y no descansaremos hasta que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, refiere el comunicado.

Agrega: “Exigimos al procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, a condenar públicamente este atentado y a enviar una delegación especializada para investigar y emitir un pronunciamiento firme sobre estos ataques que buscan descalificar al gremio periodístico”.

Señala que la Constitución ampara el ejercicio libre del periodismo, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la información.

“No toleraremos amenazas ni intimidaciones de ningún tipo, ni de personas ni de autoridades, por lo que este hecho constituye una grave violación al Artículo 35 constitucional y representa una afrenta contra el Estado de Derecho en el país”, refiere la APG en el comunicado. Por lo anterior, la APG hace un llamado a la comunidad internacional e insta a las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, al relator de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras, entre otras, a condenar este ataque y tomar acciones inmediatas para visibilizar esta situación.

APG se pronuncia por ataque contra casa de periodista zacapaneco

El periodista zacapaneco Carlos Monroy denunció un ataque armado contra su casa.

Miguel Barrientos

4 de septiembre de 2024 | 07:19h

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Un periodista zacapaneco denunció un ataque armado contra su casa, el cual fue rechazado por la APG. (Foto de referencia. Prensa Libre: Unsplash)

La Asociación de Periodistas de Guatemala publicó un comunicado en el que rechaza un ataque armado contra la casa del comunicador Carlos Monroy.

Según la APG, la noche del lunes 2 de septiembre de año en curso se efectuaron disparos contra la casa del periodista Carlos Monroy.

En la publicación, la APG indica que el ataque fue perpetrado, aparentemente, por una persona que vive cerca del comunicador y que habría estado molesto por una nota publicada por Monroy.

la entidad pide a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público que se brinden medidas de protección a favor del comunicador y que se investigue lo ocurrido para efectuar las repercusiones penales necesarias.

“Ante la falta de tolerancia de la ciudadanía y de algunos funcionarios públicos, la Comisión de Libertad de Prensa de la APG reitera la necesidad de la implementación de mecanismos de protección” para los periodistas.

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También pide al Organismo Judicial que actúe de manera “pronta y efectiva” para evitar pérdida de vidas.

Además, pide el Ministerio de Gobernación girar “las instrucciones del caso” para que se actúe y recaiga el peso de la justicia contra el responsable de haber disparado contra la casa del periodista.

“Los periodistas, como cualquier otro ciudadano, se encuentran amparados por la Constitución Política de la República para ejercer libremente su profesión y por lo tanto no se debe permitir presiones o intimidaciones de ningún sector de la población por la práctica de este derecho humano”, insistió la APG.

APG condena ataques contra ejercicio periodístico, como la propuesta para limitar a medios en comisiones de postulación

Entidad periodística expresa preocupación ante recientes intentos de varios sectores por coartar la labor de los periodistas en Guatemala.

Julio Román

10 de agosto de 2024 | 17:16h

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) trabaja en la defesna de la libertad de expresión y prensa. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó este 10 de agosto un comunicado en el que exige el respeto al ejercicio periodístico, expresa preocupación y condena intentos de varios sectores por limitar el trabajo de la prensa en el país.

Según el comunicado, la APG expresa su preocupación ante los recientes intentos de varios sectores por coartar el ejercicio del periodismo en Guatemala y señala que con ello se está violando el derecho fundamental de la Libertad de Expresión, establecido en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

“La APG recuerda que el derecho a la Libertad de Emisión del Pensamiento es un mandato constitucional que no puede ser restringido por ninguna ley o disposición gubernamental. Cualquier acción en contra de este derecho constituye un delito. Por lo tanto, la APG se reserva el derecho de presentar las denuncias pertinentes ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, tanto nacional como internacionalmente, para garantizar el respeto a este derecho fundamental”, se lee en el comunicado.

Se señala que las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones no constituyen delitos o faltas, según la Ley de Emisión del Pensamiento y el artículo 9 de la Constitución.

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“La APG exige que se respeten y garanticen las condiciones necesarias para que la prensa pueda desempeñar su labor de manera libre y sin restricciones. El periodismo es una herramienta esencial para la fiscalización de los hechos que ocurren en todo el país y para el fortalecimiento de la democracia. En consecuencia, insta a las autoridades a respetar las credenciales de los periodistas que cubren diversas fuentes de información”, se lee en el documento.

Condena

En el comunicado de la APG se señala que la entidad lamenta y condena los recientes incidentes que han afectado la labor periodística en Guatemala

“1. La denuncia presentada por el diputado del partido Vamos, Allan Rodriguez, contra el periodista Juan Luis Font, director del programa “Concriterio”, por el delito de calumnia. Dicha denuncia, que es investigada por la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público (MP), es un ejemplo de los intentos por silenciar la labor de la prensa”.

“2. Rechazamos enérgicamente la propuesta presentada en la Comisión de Postulación de la Corte de Apelaciones, por el comisionado del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Julio Velásquez, quien busca restringir la labor de los medios de comunicación bajo el pretexto de “medidas pertinentes”. El CANG no es el Organismo Legislativo, por lo que con este tipo de acciones no solo intentan limitar la libertad de prensa, sino que también contradicen la normativa vigente que regula el ejercicio periodístico”.

“3. Por último, la APG se solidariza con los cronistas deportivos que han denunciado la prohibición de acceso a los escenarios deportivos, por parte de los equipos de la Liga Nacional de Fútbol. Las exigencias de contar con más de cinco mil seguidores en redes sociales y la prohibición de críticas hacia los equipos, en lugar de respetar la Ley de Emisión del Pensamiento, son claras violaciones a la libertad de prensa”.

La APG hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, para que se pronuncie en defensa de los derechos individuales y colectivos que están siendo vulnerados en una nación que se debe valorar por el respeto a la democracia.

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Comisionado electo por el Cang busca regular a medios y modificar la forma de evaluación de expedientes

Regulación a medios

La discusión del reglamento de la comisión de postulación de Corte de Apelaciones fue el foco central de la reunión del pasado viernes 9 de agosto, en la que la propuesta de un comisionado destaca porque busca regular el trabajo de los medios de comunicación y cambiar la forma en que tradicionalmente se evalúan los expedientes.

El documento en mención fue elaborado por el comisionado Julio Adrián Velásquez Aguilar, electo por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) impulsado por la planilla de Unidos por el Derecho y Plataforma de Profesionales por la Justicia.

Su propuesta cuenta con 27 artículos y se está analizando junto con la que presentó el presidente de la postuladora, Raúl Arévalo, rector de Universidad Internaciones.

Durante la sesión del viernes, la postuladora logró acordar los considerandos iniciales del reglamento, así como los primeros artículos de su reglamento interno que se refieren a la convocatoria con 48 horas de antelación y la forma de convocar a los comisionados.

Uno de los artículos que propone el comisionado Julio Velásquez, del Cang, va enfocado en la manera en que trabajan los medios de comunicación.

Es el artículo 25 de su propuesta de reglamento que está redactado de la siguiente manera: “Los entes públicos y privados que designaron o eligieron comisionados y que cuentan con medios de comunicación propios o vinculados deberán respetar el trabajo, integridad y dignidad de los integrantes de la Comisión de Postulación”.

El artículo también añade: “Los ataques y pronunciamientos públicos contra comisionados que fueran realizados por medios de comunicación propios o vinculados a entes públicos y privados que eligen o designan integrantes a la Comisión de Postulación podrá ser informado y objetado por los comisionados al presidente de la Comisión para que tome las medidas pertinentes como garantía de objetividad y respeto con los integrantes”.

Velásquez, al ser cuestionado sobre el fondo del artículo, negó que busque limitar el trabajo de la prensa. Pero considera que “sí debe ser regulado”.

Desde el pasado 18 de noviembre, la APG informó sobre la conferencia y el plantón por medio de las redes sociales.

En una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera, habló acerca de un amparo presentado en mayo pasado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicho amparo, de acuerdo a Barrera, es para que las autoridades reconozcan que la constitución es superior a las leyes ordinarias, con el fin de evitar persecución, en el marco de la defensa de la libertad de expresión.

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Dicho amparo fue trasladado a la Corte de Constitucionalidad, la cual recientemente resolvió instando a la sala a cargo del caso que acceda al amparo en un plazo no mayor a 48 horas.

Sin embargo, esto no ha sucedido, por lo tanto, la APG exige que se resuelva y convoca a la sociedad civil a una protesta nacional en favor de la libertad de expresión el próximo 30 de noviembre, día del periodista.

“Sabemos que este amparo puede beneficiar a personas que están sindicadas de delitos por dar opiniones, y favorecer también algunos otros casos como el de José Rubén Zamora”, aseguró Barrera.

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Finalmente, la APG enfatizó en que no se está pronunciando a favor de ningún partido político e hizo un llamado a las autoridades de nuestro país a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y el proceso de transición.

hoy conferencia de prensa en Corte Suprema de Justicia, para el llamado: 1. exigir respeto a la libertad de expresión, pedir liberación de los detenidos. 2. Iniciar campaña defensa de la libertad de expresión, 3. y a población expresarse el 30 de nov 6:00 PM#libertadeexpresion pic.twitter.com/BCxFbibPp7

— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@noticiasAPG) November 20, 2023

En sus redes sociales, la APG señaló los puntos tratados en el amparo, además de sus exigencias y la solicitud de apoyo a la población el próximo 30 de noviembre.

Por medio de un comunicado, la APG explicó que en las últimas horas “supuestos voceros de grupos que deberían exhortar a la calma y a la defensa de la democracia llaman públicamente a que los aparatos de seguridad del gobierno, incluido en Ejército, puedan desalojar y utilizar la violencia en contra de las manifestaciones pacíficas”.

Esto en referencia a la orden que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 11 de octubre, en la que indicó a la autoridad competente que libere las carreteras del país y permita la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Además, le avala usar la fuerza pública, si es necesario, así como el acompañamiento del Ejército, si es preciso, también.

Para la APG, la resolución de la CC es contradictoria ya que primero pide respeto al derecho de manifestación pacífica y luego exige el uso de la fuerza. Por ello, indica estar preocupada ante estas decisiones porque amenazan con generar confrontación.

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Además, señala que por medio de noticias falsas, descalificación de personas e instituciones democráticas; así como con agresiones y actos de vandalismo por grupos de choque se busca deslegitimar al movimiento social que busca la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.

Por ello,  la APG exhorta a los medios de comunicación y periodistas a combatir la desinformación y denunciar a los “responsables de esta guerra psicológica”. Mientras que a la población en general la invita a verificar información y usar fuentes confiables. La APG, además, invita a que se mantenga el derecho a la manifestación pacífica.

También exhortan al “Gobierno, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los sectores democráticos del país a buscar una solución inmediata a la crisis mediante el diálogo”.

Destacó que ninguna ley ordinaria está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pidió que la Corte de Constitucionalidad debe hacer valer Carta Magna y que se deduzcan responsabilidades a funcionarios del Ministerio Público (MP) y al juez Fredy Orellana.

La APG afirmó que es fiel a su fines de velar y que se respete la libertad de expresión y la alternabilidad en el poder y el Estado de derecho en el país.

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También expresó su profunda preocupación y rechazo a las acciones efectuadas el martes 12 de septiembre por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), al allanar las instalaciones del Registro Electoral y bodegas del TSE en el parque de la Industria, “lo cual representa un delito y violación a lo que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la propia Constitución de la República”.

La APG mediante su Junta Directiva y la Comisión de Libertad de Expresión reitera, “que dichas acciones ilegales por parte del MP y el juez Fredy Orellana, vulneran el proceso electoral, el cual ha sido reconocido por su transparencia y amplia participación ciudadana, tanto por sectores nacionales como por las misiones que verificaron su realización”.

Destacó que a raíz de la oficialización de los resultados y la entrega de credenciales a todos los candidatos ganadores en los comicios para diputados, alcaldes y presidencia de la República, no procede ninguna acción que tenga como propósito poner en duda o socavar la credibilidad del proceso electoral.

“Cabe recordar que ninguna ley ordinaria o penal está por encima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y del TSE”, enfatizó.

Por tal circunstancia, la APG demanda de la CC la resolución que ponga fin a estas acciones y se proceda conforme a la ley a la inmediata destitución de las autoridades del MP “por violar el orden constitucional y atentar contra el estado de derecho, cuando su mandato es de velar por su estricto cumplimiento y respeto”.

Asimismo, hizo un llamado a las distintas organizaciones políticas participantes en las elecciones, al Colegio de Abogados, las universidades, el sector privado y otras instancias, pronunciarse y defender la democracia.

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A la sociedad guatemalteca a estar atenta a cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia democrática en Guatemala y hacer valer su derecho de manifestación, expresión y resistencia pacífica para rechazar todas estas acciones reñidas con la construcción de una sociedad respetuosa de las leyes.

En una conferencia de prensa que se realizó este miércoles, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) y la Red Rompe el miedo Guatemala, rechazaron la persecución penal, que según ellos, lleva a cabo el Ministerio Público (MP) contra los comunicadores de elPeriódico.

El pasado 31 de mayo, el auxiliar fiscal Allan Javier Tánchez Castañeda, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de MP, envió un oficio en el que se solicita al gerente general de Aldea Global S.A., casa editora de elPeriódico, entregar en un plazo de 3 días hábiles una serie de publicaciones periodísticas.

En la petición de la Feci se requieren todas las publicaciones de ese medio de comunicación desde el 22 de julio de 2022 hasta la presente fecha o bien hasta su última publicación, de los siguientes periodistas y columnistas.

1. Jose Rubén Zamora Marroquín
2. Gerson Allende Ortiz
3. Julia Catalina Corado Flores
4. Christian Franquel Velix García
5. Jerlin Alexander Valdez
6. Rony Andrés Ríos García
7. Denis Obdulio Aguilar González
8. Édgar Eduardo Gutiérrez Girón
9. Gonzalo Marroquín Godoy

Según el MP, esta solicitud es seguimiento a la investigación que se ordenó el 28 de febrero por el juez Jimy Bremer, a solicitud de la fiscal de la Feci, Cinthia Monterroso, durante una audiencia del segundo proceso que enfrenta el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora.

El señalamiento

La Feci considera que los periodistas y columnistas de elPeriódico podrían haber cometido el delito de obstrucción a la justicia por haber criticado en sus publicaciones y columnas a operadores de justicia.

Claudia Samayoa de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), dijo en la conferencia de prensa que el día 31 de mayo pasado colocaron una denuncia por violaciones a la libertad de expresión y libertad de opinión de los periodistas perseguidos, sino también por las violaciones al acceso a los tribunales y al derecho a la defensa.

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Señaló que se sorprendieron cuando el MP le pidió a Aldea Global todas las publicaciones realizadas por los periodistas.

“Este memorial nos coloca ya en una confirmación de la persecución penal arbitraria contra la libertad de la expresión. Ya no hay duda, el Estado no puede decir solo estamos investigando este memorial solo se dirige cuando hay una persona sindicada, porque están queriendo investigarla como sindicada”, comentó Samayoa.

Afirmó que esta persecución penal es ilegal, sistemática y de criminalización.

Puntualizó que este expediente que tiene el MP, número MP001-232023-12961  son diligencias que se pidieron para estas publicaciones fue sin autorización judicial y eso incumple con los artículos 245 y 319 Código Procesal Penal y viola el derecho a la defensa.

Samayoa también explicó que se está actuando de mala fe, porque no han permitido tener copias del expediente para que los abogados que trabajan para los periodistas puedan informarse del caso.

Aclaró que luego de muchos meses lograron establecer que sí hay un juez a cargo de este expediente que es el juez Quinto Pluripersonal Primero de Instancia Penal , pero este dio cita hasta el 16 de junio para ver si conoce el caso, y era hasta esa fecha que la fiscalía podía investigar.

Dice que buscan que la investigación contra los periodistas vaya e un Tribunal de Imprenta, pues la Ley de libre emisión del pensamiento expresa que solo el tribunal de imprenta puede empezar a conocer un caso de periodistas.

Gerson Ortiz, uno de los periodistas, afectados con el señalamiento del MP, comentó que esta es una persecución sistemática e ilegal porque la propia Constitución Política de la República establece la libertad de expresión no puede ser censurada y que hay medios no penales para solucionar este tipo de diferencias que puede haber a partir de las publicaciones que hagan los periodistas.

“No es que no queramos, por así decirlo, que nos investiguen, pero hay que dejar claro que la persecución es el en contra de la libertad de prensa”, citó.

Marco Trejo, de la APG, puntualizó que como gremio están muy preocupados por esta criminalización que se está haciendo a los periodistas.

Recordó que hace unos días presentaron una acción en una Sala de Amparo y están a la espera de que les informen cuál ley tiene más preminencia, una constitucional, como la de Libre emisión del pensamiento o una ordinaria, la del crimen organizado, en su artículo 9, que es con lo que están criminalizando a los periodistas.

“Quiero solidarizarme con las personas que se han visto afectadas con esto y en segundo lugar decirles de que nosotros como APG estamos atentos a cualquier situación que pueda pasar y estamos en espera de que nos den o que nos otorguen el amparo provisional”, dijo Trejo.

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Es preocupante

El periodista Haroldo Sánchez, del Colectivo Red Rompe el Miedo a Guatemala y No nos Callarán, afirmó que lo que está viviendo el gremio periodístico en el país es bastante preocupante.

“Estamos viendo en un país donde hay litigios maliciosos, donde la ley sirve para criminalizar a inocentes y vemos con mucho rechazo que se aplica la venganza y no la justicia”, dijo en la conferencia.

Afirmó que en un estado de derecho nadie puede ser condenado por un delito a menos que primero se le haya otorgado un proceso justo y que eso incluye el tener derecho a una defensa adecuada, pero lo que se ha visto en Guatemala es que ni siquiera aquellos que han sido señalados por delitos, que según él se los han inventado, han tenido defensa.

Sánchez comentó que el escenario actual muestra que incluso los abogados que defienden periodistas son criminalizados y ya más de uno ha tenido que salir al exilio para evitar ser procesado.

“Es un ejemplo pernicioso que aquí lo que vemos es que se están liberando los culpables con argucias legales y nuevas narrativas donde aquellos señalados por el ejercicio periodístico ahora resultan ser las víctimas”, afirmó.

“Informar, investigar, incluso opinar puede ser objeto de persecución. Está ocurriendo ahora con los colegas de elPeriódico… estamos percibiendo desde que hemos retrocedido a los peores años de la dictadura militar”, puntualizó.

Afirmó que en Guatemala la cárcel o el exilio se ha convertido en el camino actual para quienes ejercen el trabajo periodístico en medios de comunicación independientes y medios comunitarios y que empieza a haber censura y autocensura ante el peligro de ser criminalizado.

“La narrativa señala que los periodistas formamos parte de una estructura criminal y se está usando la ley contra el crimen organizado para silenciarnos”, sentenció.

También habló del uso de net centers para atacar a periodistas y denigrarlos mediante el uso de redes sociales.

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Relator se pronuncia

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, se pronunció en su cuenta de Twitter donde escribió: “Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada”.

#Guatemala
Para la @RELE_CIDH, el simple hecho de abrir una investigación penal contra la prensa a raíz de diversas publicaciones de interés público tiene consecuencias severas para el derecho de las y los reporteros a informar, y el derecho a la sociedad a estar informada.
https://t.co/QqV3hhJlmY

— Pedro Vaca V. (@PVacaV) June 8, 2023

Investigación con objetividad

El MP fue consultado sobre los señalamientos que hacen los periodistas sobre la persecución penal y respondieron que todas las investigaciones que hace la institución se desarrollan con “objetividad, imparcialidad y estricto apego al principio de legalidad. En todo momento se ha garantizado el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y todas las garantías procesales”.

Señalaron que el juez ordenó al MP investigar si existe la posible comisión del delito de obstrucción a la justicia, por lo que certificó lo conducente en virtud de que posiblemente se ha intentado obstaculizar una investigación y el Ministerio Público no puede desacatar una orden de juez.

“El Ministerio Público tiene la obligación legal de investigar y es únicamente a través de la investigación técnica, objetiva e imparcial que se puede establecer si existe o no la comisión de algún hecho constitutivo de delito, lo cual luego el juez valorará y resolverá conforme a la ley”, señala el MP.

Afirmó que en ningún momento se trata de persecución a la libre emisión del pensamiento sino “investigar la posibilidad de acciones sistemáticas y coordinadas que posiblemente se realicen para tratar de obstruir la administración de justicia”.

“Es importante que, ante cualquier inconformidad, puedan hacer valer sus derechos jurídicos por la vía legal correspondiente, ante los órganos judiciales competentes”, señala el MP.

Las entidades de prensa APG, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos, Asociación de Cronistas Deportivos, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y Red Rompe El Miedo Guatemala presentaron un amparo que va encaminado a que se respete la Constitución y que no se vulnere con una ley ordinaria.

Según las entidades de prensa, la acción de amparo fue presentada ante una sala de apelaciones, por considerar que: “a la fecha se pueda incurrir en vulnerar la Constitución con una ley ordinaria, y con ello el debido proceso y la libertad de expresión, al perseguir judicialmente a periodistas y ciudadanos que hacen uso de ese derecho establecido en la carta magna”.

El objetivo de la acción, según un comunicado, es que se respete la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, pero también solicitarle al sistema de justicia penal de Guatemala garantizar el debido proceso y al Ministerio Público, el estricto cumplimiento de las leyes constitucionales del país.

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Las entidades de prensa firmantes destacan que prevalece la amenaza cierta y el riesgo inminente de que el MP se aleje de los principios de objetividad, transgreda su mandato legal de velar por el estricto cumplimiento de la ley y que se violenten los derechos de seguridad y certeza jurídica, así como la Libertad de Prensa.

“La procedencia del amparo en este caso, se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derecho privado”, se lee en el comunicado.

Preocupacion

Las entidades de prensa señalaron que les preocupa que se esté utilizando la Ley Contra la Delincuencia Organizada, específicamente en su artículo 9: Obstrucción de justicia, en contra de la preminencia de la Ley de Emisión del Pensamiento, que tiene rango constitucional y que especifica: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

Es por ello que estas organizaciones piden que se declare con lugar el mencionado amparo, con el objeto de que se mantengan los derechos fundamentales que se encuentran amenazados y como consecuencia se ordene al MP, que con base al principio de objetividad y velando por el estricto cumplimiento de la ley, “se abstenga de ejercitar la acción penal y se agote el procedimiento establecido en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento”.

También resaltaron que el artículo 35 de la ley constitucional, establece que “no constituyen delito de calumnia o injuria los ataques a funcionarios o empleados públicos por actos puramente oficiales, en el ejercicio de sus cargos, aun cuando hayan cesado en dichos cargos al momento de hacérseles alguna imputación”.

Añadieron que esto también , situación que incumbe a la población guatemalteca en general que tiene el derecho de expresarse por el actuar de los gobernantes y autoridades de su comunidad.

“Por tal motivo, la instancia de entidades de prensa, hace un llamado para que cese el hostigamiento contra los periodistas y los medios de comunicación que, haciendo uso de su derecho a investigar y de informar, promueven la libertad de expresión en la sociedad, ya que sin periodismo critico e independiente no hay democracia”, se lee en el comunicado.

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Byron Barrera, presidente de la APG, comentó que esperan que este recurso sea resuelto favorablemente y se instruya al MP y a los jueces a que respeten la ley y que cumplan con el debido proceso.

Exigen que el MP se apegue a la ley

“No estamos en contra de que el Ministerio Público cumpla sus funciones,  lo que exigimos es que se apegue a la ley, que se apegue a lo establecido, principalmente en la Constitución de la República de Guatemala. Si las autoridades no respetan la Constitución de la República creo que estaríamos ante una situación de inestabilidad y de irrespeto a la misma institucionalidad del país”, comentó Barrera.

“Cualquier ciudadano que emita una opinión en un determinado asunto corre el riesgo de ser enjuiciado por la vía penal por parte del Ministerio Público y jueces irresponsables que no conocen la Ley de Emisión del Pensamiento y que por lo tanto irrespetan la constitución”, dijo Barrera.

En un comunicado de prensa, la APG, señaló: “ante el anuncio del cierre de elPeriódico manifiesta públicamente su solidaridad con su presidente y personal de redacción y denuncia nacional e internacionalmente que los motivos de esta infausta noticia no es más que el constante acoso, criminalización y ahogamiento económico del que ha sido objeto este rotativo por su lucha contra la corrupción y la libertad de expresión en el país”.

Agrega que la decisión del cierre de este medio de comunicación por esas razones, “representa un retroceso a la libertad prensa y fundamentalmente a la democracia en donde los medios de comunicación juegan un papel importante en el debate público de los problemas nacionales y en mayor medida la auditoría social a las instituciones del Estado”

Hace referencia a la declaración de Chapultepec, en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994, en donde se estableció que sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia y sin libertad de expresión no puede haber libertad.

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Cita la aludida declaración y menciona que: “Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación”.

La APG demanda y exige que cesen las medidas y políticas dirigidas a “censurar, perseguir y criminalizar a medios y periodistas, quienes, al amparo de la Ley de Emisión del Pensamiento, que ostenta rango constitucional, realizan su labor en defensa del derecho de buscar, indagar e informar a la población”.

También solicita el debido proceso y libertad a Jose Rubén Zamora Marroquín, presidente de elPeriódico, quien está preso por un caso la APG señala de “malicioso y a todas luces político que pone en duda el sistema judicial en Guatemala. En este momento crucial y atentatorio a la libre expresión”.

Hace un llamado a las distintas organizaciones de prensa y la sociedad guatemalteca a cerrar filas y defender este derecho que es de toda la sociedad.

Cierre de elPeriódico

El pasado 12 de mayo, elPeriódico anunció el cierre definitivo de su edición diaria a partir del 15 de mayo.

El medio de comunicación atribuyó la decisión a la persecución en su contra, de sus periodistas y columnistas, así como de sus anunciantes.

Explicó que el 29 de julio de 2022 su presidente Jose Rubén Zamora fue capturado, pues el Ministerio Público lo señala de supuesto lavado de dinero, pero que fue un caso que se articuló en 72 horas luego de varias publicaciones de corrupción en el Gobierno.

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Diez meses antes de la captura, el medio ya había denunciado que se estaba fabricando un caso en contra de Zamora.

Debido a la captura de Zamora, el 22 de noviembre de ese 2022 elPeriódico dejó de publicar su edición impresa, pero mantuvieron la edición digital y una publicación diaria en PDF.

Este 15 de mayo, fue el último día de ambas publicaciones.

En la última edición de elPeriódico se publican artículos de opinión sobre el cierre del medio, un artículo de Zamora y de trabajadores de ese medio, pero además noticias relevantes que el medio publicó durante los últimos años sobre corrupción en el Gobierno.

Uno está titulado “Los contratos turbios del gobierno de Alejandro Giammattei”, que detalla que este gobierno ha tenido los presupuestos más altos de la historia del país. Sin embargo, una porción de los recursos públicos ha sido comprometida en negocios cuestionados.

Como el de proyectos a la empresa Asfaltos y Petróleos, cuyos propietarios fueron señalados por EE. UU. de incurrir en “importante corrupción” por entregar sobornos a cambio de contratos estatales. La empresa habría obtenido Q919.21 millones en contratos.

También el otorgamiento de contratos millonarios a entidades mercantiles vinculadas a partidos políticos o diputados.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el que señala la necesidad de un ejercicio periodístico libre para que sea posible vivir en democracia.

“Sin libertad de expresión la sociedad sufrirá las consecuencias”, advierte el comunicado de la APG, en el que señala un “clima de criminalización a periodistas y medios, censura, restricciones al libre acceso a la información, así como señalamientos y agresividad de parte de políticos y funcionarios públicos ante la crítica y el ejercicio del periodismo independiente”.

Según la APG, el deterioro de la libertad de prensa en Guatemala se evidencia “cuando se pretende perseguir penalmente a periodistas mediante la Ley contra el crimen organizado y no conforme el artículo 35 de la Constitución y la Ley de Libre emisión del pensamiento”.

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También señala otras medidas tomadas por autoridades y señala al Organismo Judicial de “prohibir a jueces, magistrados y trabajadores de tribunales dar información al aprensa”, pues asegura que se viola el libre acceso a las fuentes.

Aparte, el Observatorio de Periodistas emitió un reporte en el que contabilizó 51 ataques y limitaciones a la prensa durante los primeros cuatro meses de 2023.

Según la organización, en el mismo periodo de 2022, se registraron 43 casos, por lo que advierte que las cifras podrían superar récords.

El informe detalla que, durante la administración de Alejandro Giammattei como presidente de la República, se registraron 453 casos contra la prensa en 2020, 135 en 2021 y 117 en 2022.

“El gobierno de Giammattei no solo se convirtió en el periodo más opaco, intolerante a las críticas, con mayor número de criminalización de periodistas y actos de violación a la libertad de prensa, sino que incluso superó en cifras sumadas a sus dos antecesores, Jimmy Morales y Otto Pérez Molina”, asegura el informe del Observatorio.

También señala que, a diferencia de años anteriores, cuando “el acoso judicial era empleado principalmente para impedir a medios y periodistas criticar a determinadas funcionarias o políticas”, ahora “el gobierno, jueces y magistrados bajo su control utilizan las leyes para encarcelar a comunicadores y orillarlos al exilio”.

Ejemplifica ese tipo de señalamientos con los casos de los periodistas Juan Luis Font y Jose Rubén Zamora, señalados por el Ministerio Público en varios casos.

Además, señala la existencia de campañas difamatorias en redes sociales, que con las que “constantemente se pretende menoscabar las publicaciones periodísticas y la credibilidad de sus autores”.

El Observatorio detalla el tipo de agresiones registradas contra periodistas: Acoso judicial, 3; agresión física, 2; amenazas, 4; amenazas y agresión material, 1; ataque cibernético, 3; censura, 3; difamación, 11; intimidación, 7; obstaculización a la fuente, 16; usurpación de identidad, 1.

Señala como responsables a autoridades gubernamentales, fuerzas de seguridad, partidos políticos y otros.

El departamento con más casos es Guatemala, con 34, y luego están Izabal, 5; Quetzaltenango, 5; Quiché, 2; Sacatepéquez, 2; Sololá, 2; y Alta Verapaz, 1.

Libertad de Prensa en el mundo

Políticos, organizaciones y líderes mundiales han emitido mensajes este 3 de mayo para señalar la necesidad de la libertad de prensa para que exista democracia.

Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, emitió un mensaje respecto a la conmemoración del Día de la Libertad de Prensa.

“En el trigésimo Día Mundial de la Libertad de Prensa anual, Estados Unidos extiende su profunda gratitud a los destacados periodistas y profesionales de los medios de todo el mundo cuyo trabajo asegura el flujo de información e ideas que forman el alma de sociedades libres y abiertas. Hoy también reflexionamos sobre el tremendo sacrificio que han pagado tantos periodistas en el desempeño de esta noble vocación”.

On #WorldPressFreedomDay, we rededicate ourselves to protecting press freedom at home and to promoting it globally.  We call for an end to efforts to silence the press and the release of those incarcerated around the world simply for exercising freedom of expression.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 3, 2023

“Demasiados gobiernos utilizan la represión para silenciar la libertad de expresión, incluso mediante represalias contra los periodistas simplemente por hacer su trabajo. Nuevamente hacemos un llamado a las autoridades rusas para que liberen de inmediato al reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich y a todos los demás periodistas detenidos por ejercer la libertad de expresión”.

“El encarcelamiento no es la única amenaza que enfrentan los reporteros. Los periodistas que cubren conflictos violentos y corrupción están sujetos a intimidación y secuestro, a menudo perpetrados con impunidad. En otros lugares, los periodistas enfrentan discriminación, censura y sistemas de justicia armados. Los gobiernos de todo el mundo han utilizado diversas herramientas de represión para forzar el cierre de los medios de comunicación”.

“En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, nos volvemos a dedicar a proteger la libertad de prensa en casa y promoverla en todo el mundo”.

El papa Francisco también se pronunció

“La #LibertadDePrensa es un indicador importante del estado de salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla. Necesitamos periodistas libres que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento“, defendió.

La #LibertadDePrensa es un indicador importante del estado de salud de un país. De hecho, las dictaduras se apresuran a restringirla o suprimirla. Necesitamos periodistas libres que nos ayuden a no olvidar muchas situaciones de sufrimiento. #WPFD2023

— Papa Francisco (@Pontifex_es) May 3, 2023

El pontífice argentino se ha mostrado siempre muy preocupado por los eventuales ataques a la libertad de prensa en el planeta.

El año pasado rezó por “los periodistas que han pagado en persona, con la vida o con la cárcel, por servir a este derecho“.

“Un gracias especial a todos aquellos que, con valentía, nos informan de las plagas de la humanidad“, dijo.

Mensaje del presidente Joe Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, subrayó este miércoles que el periodismo es fundamental para una sociedad libre y recalcó su voluntad de que rindan cuentas todos aquellos que pretendan silenciar la voz de los medios.

“El periodismo no es un crimen, es fundamental para una sociedad libre“, dijo en un comunicado con motivo del 30 aniversario del Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde reiteró el compromiso de su país de “pedir cuentas a todos aquellos que buscan silenciar estas voces esenciales para una gobernanza transparente y de confianza”.

Biden destacó que ningún periodista, estadounidense o de cualquier otra nacionalidad, debería tener que arriesgar su vida en busca de esa verdad.

El mandatario hizo una mención especial a Evan Gershkovich, en prisión preventiva en Rusia desde finales de marzo por cargos de espionaje, y Austin Tice, desaparecido en Siria en agosto de 2012 mientras cubría la guerra en ese país.

“Ninguna familia debería tener que soportar el dolor que he visto aguantar a sus familias. En demasiados lugares del mundo, los autócratas y sus apoyos continúan reprimiendo a los medios libres e independientes a través de la censura, las represalias, las amenazas, los juicios, el acoso, la desinformación, las detenciones y los ataques físicos“, lamentó.

Biden subrayó que “periodistas valientes en todo el mundo han demostrado una y otra vez que no serán silenciados o intimidados” y destacó que Estados Unidos los apoya.

Esa ayuda se materializa brindando “más recursos que nunca” para la formación de los periodistas en seguridad física y digital, trabajando con otros socios en el lanzamiento de un nuevo fondo dedicado a aportar asesoría legal a los reporteros o con ayuda a la Iniciativa de Promoción de la Integridad y la Resiliencia de la Información, que respaldará a medios libres e independientes.

*Con información de EFE

Según la APG, se han registrado 105 ataques y limitaciones a la libertad de expresión de enero a octubre de 2022.

Además, reporta que en total ha habido 389 agresiones en lo que va este gobierno.

“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incomodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”.

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Agrega que las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG.

El informe señala que con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que en el 2020 hubo 149 y en 2021 se reportaron 135.

El comunicado de la APG explica que dentro de las cifras de este 2022, año destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones.

“Los actos más emblemáticos dentro de este patrón de acoso son el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente. La persecución contra elPeriódico es solo una muestra de los límites que está dispuesto a cruzar la Presidencia y aliados para pisotear la libertad de expresión y minar los derechos humanos”, señala el documento.

Temen persecución penal contra periodistas

“Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados períodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones”, se lee en el comunicado.

Criminalización

La APG dice que la criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, causó también además del exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.

“Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía”, agrega la información.

Según la APG, esto hechos harán que disminuya aún más la “ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general”.

“La APG reitera que mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de todos los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y existan acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en la impunidad. Desestimar casos o cerrar las investigaciones, por el desinterés de los fiscales, solo promueve la impunidad y no contribuye a la generación de justicia”, agrega la APG.

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Otros factores

La APG afirma que aunque el acoso judicial es una de las principales causas de limitación a la prensa, existen otros patrones de acoso en los que están involucradas autoridades y empleados públicos o se sospecha fuertemente sobre su participación.

Entre estos está las limitaciones para que reporteros cubran actividades donde participan funcionarios gubernamentales, la negativa de autoridades a facilitar información de carácter público o la renuencia de distintos funcionarios de brindar declaraciones o entrevistas a periodistas críticos, mientras si lo hacen con periodistas que consideran aliados o medios que utilizan como sus plataformas de relaciones públicas.

El OJ

La APG también menciona que Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron como política impedir el acceso de reporteros a las audiencias de casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y también periodistas, aunque estos casos no se encuentren bajo reserva.

Añade que jueces en distintos departamentos argumentan el tamaño reducido de las salas o las antiguas limitaciones por la pandemia para negar el ingreso de reporteros y observadores de derechos humanos.

También los fiscales del MP implementaron la práctica de alegar cuestiones de seguridad personales o quejarse de la “mediatización de los casos para impedir la labor periodística, según la APG.

“Las actitudes de estos administradores de justicia responden al interés de mantener ocultas falencias o ilegalidades en las investigaciones o irregularidades que ocurran en las audiencias. Pero mientras el OJ y el MP limitan la cobertura periodística, no tienen reparo en compartir datos a operadores de cuentas falsas en redes sociales, quienes usualmente adelantan operativos que se realizarán, divulgan resoluciones antes que las partes procesales seanvnotificadas oficialmente o comparten información bajo reserva y participan activamente en campañas de acoso y desprestigio en contra de periodistas”, se lee en el comunicado.

La información también establece que el sistema de justicia también continúa protegiendo a los responsables de estas cuentas falsas, pese a las múltiples acciones de acoso sexual en contra de mujeres periodistas, amenazas de muerte y comentarios racistas que divulgan.

“Detrás de estas redes, que la APG catalogó como “nuevos grupos de choque”, no solo estarían personas pagadas por el Estado sino también empleados públicos”, dice el comunicado.

“Los esfuerzos del actual Gobierno por menoscabar la libertad de expresión también se han centrado en las manifestaciones públicas y en los estudiantes, activistas, ciudadanos y líderes que participan en estas. La consigna es clara en este tema: perseguir y desarticular cualquier movimiento o iniciativa que se oponga a las políticas o acciones del régimen, con la intención de imponer un estado general de autocensura. Por la intolerancia a la libertad de expresión y por su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano”, cierra el comunicado de la APG.

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Postura del MP

El Ministerio Público fue consultado respecto al informe de la APG en cuanto a la criminalización de periodistas y respondió que son respetuosos de la opinión de la APG , pero no la comparten, puesn “en ningún momento se han promovido acciones que busquen limitar la libertad de expresión”.

“Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, por tanto, debe velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. En ese sentido, ninguno de los casos mencionados guarda relación con el ejercicio de la labor periodística sino es en seguimiento a denuncias presentadas por la posible comisión de hechos ilícitos que el Ministerio Público, por mandato legal, tiene obligación de investigar”, dice la postura del MP.

Añade que en el caso de la periodista Michelle Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que carece de fundamento lo que afirma el comunicado de la APG, señala el MP.

“Así también es importante recordar que fue la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, menciona el MP.

Explica que esa fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Respetuosamente se invita a los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala a acercarse al Ministerio Público en donde con gusto se atenderá cualquier inquietud, tal y como se ha hecho en reiteradas ocasiones”, se menciona.

Gobierno rechaza señalamientos

El Gobierno de Guatemala, rechazó los señalamientos que hace la APG relacionados con la libertad de expresión en Guatemala.

En una comunicación enviada por la Presidencia se menciona que “el Gobierno rechaza los señalamientos vertidos de manera irresponsable por medio de la APG y reitera su respeto a la institucionalidad del país y al derecho de libertad de expresión, mismo que ha sido promovido en diversos espacios de instancias gubernamentales”.

Señala que durante el 0022, se ha convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medios, contabilizando más de 800 este año.

“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad. Por otro lado, nuestra plataforma de recursos multimedia “Sala de Prensa”, alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales. Se reitera el respeto a la independencia de poderes por lo que no se emitirá comentario alguno sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza”, se lee en la información.

OJ se pronuncia

Por aparte, el OJ señaló que se cumple con el debido proceso y respeta la libertad de expresión.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, señaló que no se inicia acciones en contra de personas, incluidos comunicadores sociales o periodistas y “el Organismo Judicial actúa únicamente mediante la denuncia de hechos a través de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público”.

Además, dijo que “se aclara y se informa que las personas señaladas de un delito no están siendo juzgadas por su opiniones o inclinaciones políticas, sino por estar sindicadas de la posible comisión de un delito o delitos, en cuyo caso los honorables juzgadores actúan, ya que esa es su función constitucional, la de juzgar y ejecutar lo juzgado, posteriormente de haber conocido los hechos y pruebas del ente acusador”.

Añadió que el OJ “cumple con el debido proceso, observando la presunción de inocencia y la defensa de los procesados, dando cumplimiento a las garantías procesales. El OJ respeta y promueve una lucha de respetar la libertad de expresión creyendo fielmente en la labor periodística”.

La APG emitió el comunicado en el marco de la celebración del Día del Periodista, fecha en la que reconoce el trabajo de los comunicadores que “continúan firmes en su compromiso de informar sobre temas trascendentales que amenazan el Estado de Derecho, como son el abuso del poder público y económico, actos de corrupción en el sector estatal, violaciones a derechos humanos, los actos de persecución política y el incumplimiento de deberes por parte de empleados públicos y funcionarios en diversas instituciones”.

La APG agrega en su comunicado que “por desgracia, esta importante conmemoración se encuentra opacada por la censura, el acoso y la criminalización que sectores gubernamentales y el sistema de justicia mantienen en contra de periodistas críticos y de investigación que, con su labor, provocan escozor a funcionarios corruptos e incomodan los intereses de autoridades dentro del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Organismo Judicial”.

De esa cuenta, datos del Observatorio de los Periodistas de la APG señalan que “la actitud del gobierno y sus aliados, en contra de la libertad de expresión provocaron que solo durante este año se conocieran más de cien acciones de censura y limitaciones a la labor periodística, mientras que durante el transcurso de la actual administración las agresiones en contra del gremio periodístico sobrepasan las 375”.

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“Mientras los actos contra la prensa aumentaban, también crecían las acciones dentro del Estado para violar su derecho de acceso a la justicia y perseguirlos penalmente. Muestra de ello son las distintas denuncias desestimadas por la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas del Ministerio Público (MP), las cuales generaron críticas debido al evidente desinterés de la institución de investigar estos actos, en los que se encuentran casos de violencia policial en Alta Verapaz, Escuintla, Izabal y Guatemala, este último relacionado con las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre de 2020”, añade el documento de la APG.

Además, dice que “a estos hechos se suman la cacería que la Fiscal General, María Consuelo Porras Argueta, mantiene en contra del gremio periodístico y que, sumada al acoso proveniente del Estado, provocó el exilio de al menos dos periodistas: Juan Luis Font y Michelle Mendoza. También se suman la censura judicial dictada por tribunales y salas de femicidio en contra de distintos periodistas”.

“Los burdos discursos de funcionarios y defensores del régimen autoritario, mediante los que pretenden desacreditar las posturas de la APG e impedir su pronunciamiento en los temas antes mencionados, solo demuestran su interés en menoscabar la libertad de expresión”, refiere la nota.

Le entregan un limón

Como parte de la conmemoración del Día del Periodista, reporteros de varios medios de comunicación que cubren la fuente del Organismo Ejecutivo entregaron un limón a Kevin López Oliva, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, como símbolo del poco acceso a declaraciones e información.

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Se suele entregar un membrillo al funcionario menos accesible, pero esta vez se optó por un limón. No se entregó la naranja a ninguna persona, la que representa la accesibilidad.

Posturas

Respeto al comunicado, el MP señaló que “es respetuoso de la opinión de los respetables miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala, más no se comparte ya que afirmar que existe una ´cacería´ tal como lo indican carece de veracidad”.

Agrega que el MP “tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley, esto lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala.

“El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, es erróneo indicar que velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de un hecho sea un motivo de exilio, aunado a que el propio sistema de justicia establece la presunción de inocencia y del derecho de defensa. Es a través de la vía legal que se debe plantear cualquier inconformidad”, dice la Fiscalía.

Agrega que “es importante mencionar que en el caso de la sra. Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que el comunicado es impreciso”.

“También es importante recordar que fue la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, agrega el MP.

“Esta fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos”, concluye.

Además, se solicitó una postura oficial a Presidencia de la República acerca de los señalamientos que la APG hace en el comunicado que fue emitido en conmemoración del Día del Periodista, pero aún no responden.

Un comunicado de la CGP señala que “la normativa incurre en graves amenazas a la libre emisión del pensamiento, derecho constitucionalmente garantizado y reconocido en el artículo 35 de la norma suprema (Constitución)”.

Además, señala que “el artículo 9 de dicho decreto, si bien puede tener la intención de sancionar el acceso ilegal y posterior difusión de información confidencial de carácter personal o comercial, restringe peligrosamente la libertad que debe tener todo periodista y medio de comunicación a poder informar sobre posibles hechos de interés público”.

LA CGP detalla que “el artículo 19 es aún más preocupante pues tipifica como delictuosas conductas que pueden ser realizadas en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión”.

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También señala que “preocupa, tanto más, que funcionarios públicos que estén sujetos al escrutinio y señalamientos puedan hacer uso de esa norma para acallar críticas y perseguir opositores”.

“La experiencia da cuenta de que cuando normas contenidas en los artículos 9 y 19 del referido decreto entran en vigor, más que proteger los derechos de los ciudadanos, habilitan a quienes ostentan el poder para usarlas de modo represivo”, refiere el comunicado.

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“Esta Cámara se pronuncia de manera enfática en contra de la entrada en vigor de la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, tal como fue aprobada por el Congreso de la República. Hacemos un llamado al presidente de la República, Alejandro Giammattei para que vete dicho decreto y el Congreso pueda redactar una ley que proteja contra la ciberdelincuencia, pero a la vez garantice irrestrictamente el derecho constitucional a la libre emisión del pensamiento, que es lo que caracteriza a un Estado democrático y civilizado”, concluye el documento.

“Es inconstitucional”

Por aparte, AC y Transparencia Internacional emitieron un comunicado conjunto en el que muestra su preocupación por los efectos que podría tener dicha ley sobre la libertad de expresión.

“La reciente aprobación del decreto 39-2022 Ley de Prevención y Protección contra la cibercrimen por parte del Congreso de la República de Guatemala es inconstitucional y atenta contra el derecho de libre emisión del pensamiento y libertad de expresión”, señala el documento.

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Refiere que el artículo 9 de la ley es contrario a: al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar ese derecho”.

Además, refiere que contradice al Artículo 5 de La Ley de Emisión del Pensamiento: “La libertad de información es irrestricta y los periodistas tendrán acceso a todas las fuentes de información”.

También dice que riñe con el Principio 8 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

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De igual forma dice que el artículo 19 de la ley cuestionada es contrario al artículo 35 de La Constitución de la República de Guatemala: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.

“Cómo se observa, las normas aprobadas por el Congreso vulneran de forma flagrante e ilegal el derecho sagrado de libertad de expresión, coartando el ejercicio periodístico y la crítica ciudadana hacia los funcionarios públicos. Por lo anterior, consideramos que es obligación del presidente Alejandro Giammattei vetar el decreto 39-2022, de no ser así, confirmaría la tendencia autoritaria a la que nos esta arrastrando su gobierno.

APG se pronuncia

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado el martes 9 de agosto en el que rechaza contenido de la Ley contra la ciberdelincuencia y la iniciativa de Fortalecimiento de la fuerzas de seguridad.

La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.

Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.

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Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.

La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.

Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.

Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.

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Así también las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos de información, “como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que operaba en Izabal”.

Advierte de que, aunque en dicha normativa se indica que se excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en los convenios y tratados aprobados por Guatemala, “no existe la garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales”.

Respecto de las posibles sanciones a los periodistas que dicha ley estipula, estas alcanzarían a socios y accionistas de los medios. Además, las autoridades podrían disponer de los objetos utilizados en los supuestos delitos como computadoras, discos duros o celulares, lo cual contraviene el artículo 35 de la Constitución Política, que establece que no podrán ser decomisados ese tipo de artilugios pertenecientes a los medios de comunicación social.

Algunos artículos de esta normativa también podrían ser utilizados, agrega el texto, para prohibirles actividades comerciales al medio y el cierre definitivo o parcial de “establecimientos de la empresa”. Esto podría significar el cierre de negocios relacionados con el medio o al medio en sí.

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En cuanto a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, iniciativa 6076, la APG señala que esta busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y “brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar la fuerza letal en estas circunstancias”.

“El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, expresa su preocupación ante las limitaciones establecidas por autoridades deportivas para que periodistas de varios medios cubran eventos deportivos en recientes fechas”, señala el comunicado de la PDH.

La institución recuerda que “la Constitución Política de la República garantiza la libertad de expresión y de emisión del pensamiento, lo que incluye el libre acceso a las fuentes de información pública. Este es un derecho que no puede ser conculcado por ninguna otra disposición, y es esencial para el ejercicio de la población a estar informada”.

De esa cuenta, la PDH muestra su rechazo a “la censura que se ha impuesto a periodistas deportivos para que puedan dar cobertura noticiosa e informativa a juegos de futbol nacional del torneo 2022. Espera que los dirigentes de los equipos implementen acciones de respeto y apertura hacía los medios informativos y sus trabajadores, tanto redactores como fotógrafos, camarógrafos y personal técnico”.

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La PDH “recomienda a los dirigentes de la Liga Nacional de Futbol, en su calidad de autoridad deportiva, tomar acciones urgentes para que se garantice el libre ingreso de periodistas y medios, sin censura previa, como lo establece el marco constitucional y los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.

Además, recientemente, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa rechazan la censura que el Club Social y Deportivo Municipal impuso a varios periodistas para que cubrieran el partido de vuelta de semifinales ante Guastatoya, disputado el domingo pasado, debido a las publicaciones sobre un gesto obsceno que su jugador Matías Rotondi hizo en el partido anterior.

“La noche anterior al partido, Prensa Libre y Guatevisión denunciaron que, pese a que habían completado los requisitos de acreditación, el club ordenó que no se les permitiera el ingreso. El gerente y exjugador de Municipal, Selvyn Ponciano, argumentó que la medida se debía a que se sentían “afectados” por las publicaciones realizadas sobre el gesto que hizo su jugador Matías Rotondi”, señala la APG.

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Agrega que “entre los reporteros a los que el Club les vedó el ingreso al estadio Luis Felipe Carrera, en la zona 7 capitalina en cercanías del Trébol, se encuentran Fernando López de Prensa Libre, así como Julio Palacios y Ronald Motta, presidente y vicepresidente de Cronistas Deportivos de Guatemala (CDG)”.

La APG refiere que “la disposición del club no solo viola la Ley de Emisión del Pensamiento y el Artículo 35 de la Constitución Política, sino también la Ley de Espectáculos Públicos, que garantiza el ingreso de reporteros a este tipo de actividades”.

Además, reitera que “ni el equipo ni sus dirigentes pueden argumentar las críticas negativas o señalamientos a sus miembros para vedar arbitrariamente la presencia de medios de comunicación y reporteros. Dichas acciones constituyen censura y una amenaza a lo que establece la ley en cuanto al libre acceso a las fuentes”.

“Municipal ni ningún otro equipo puede aceptar con beneplácito únicamente las notas o comentarios positivos sobre la institución y rechazar, con represalias, las publicaciones que señalan aspectos negativos. Esperamos que todos los equipos mantengan una política de respeto y apertura hacia la Prensa, en especial los que se hacen llamar equipos grandes”, agrega la APG.

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Además, dice que “la APG demanda al Club Municipal y al Club Comunicaciones garantizar el libre acceso de los reporteros a los partidos que se realizarán en los próximos días por la final de la Liga Mayor de Futbol. Solicitamos a la Liga Nacional de Futbol de Guatemala estar vigilantes y tomar acciones sobre estas medidas que afectan la libertad de expresión”.

Preocupación

Además, la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) mostró su rechazo ante la censura que fueron víctimas varios periodistas por parte del Municipal y señaló en un comunicado que manifiesta su “rechazo por esta decisión que atenta contra el derecho a informar y ser informado y fundamentalmente contra la libertad de prensa y de emisión de pensamiento, contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agrega que la Constitución “manda que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y que es libre el acceso a las fuentes de información. Incluso, señala el camino para quienes se crean ofendidos y les otorga el derecho a la publicación de sus respectivas defensas, aclaraciones y rectificaciones, pero dice claro que ninguna autoridad podrá limitar el derecho a la libre emisión del pensamiento”.

“Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que en ese mismo partido trabajaron los periodistas deportivos nacionales, mezclados entre el público, sin las facilidades para desarrollar su labor dignamente”, refiere la entidad.

Agrega que “estas prácticas recurrentes, lamentablemente, no solo vienen de un club específico, sino en el pasado reciente se ha dado con otros equipos de la Liga Nacional y de Primera, Segunda y Tercera División, los cuales no solo limitan el acceso, sino que en algunos casos se han registrado agresiones físicas y verbales de personal de seguridad y directivos contra miembros de la prensa nacional”.

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Por lo anterior, la ACD “demanda a la Federación Nacional de Futbol que accione como máxima instancia del futbol nacional, para que cesen estas actividades que coartan la libertad de prensa y crean un clima hostil contra el gremio periodístico nacional”.

Además, a la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División “que instruyan a sus clubes para que se respete el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión de Pensamiento”.

“La noche anterior al partido, Prensa Libre y Guatevisión denunciaron que, pese a que habían completado los requisitos de acreditación, el club ordenó que no se les permitiera el ingreso. El gerente y exjugador de Municipal, Selvyn Ponciano, argumentó que la medida se debía a que se sentían “afectados” por las publicaciones realizadas sobre el gesto que hizo su jugador Matías Rotondi”, señala la APG.

Agrega que “entre los reporteros a los que el Club les vedó el ingreso al estadio Luis Felipe Carrera, en la zona 7 capitalina en cercanías del Trébol, se encuentran Fernando López de Prensa Libre, así como Julio Palacios y Ronald Motta, presidente y vicepresidente de Cronistas Deportivos de Guatemala (CDG)”.

La APG refiere que “la disposición del club no solo viola la Ley de Emisión del Pensamiento y el Artículo 35 de la Constitución Política, sino también la Ley de Espectáculos Públicos, que garantiza el ingreso de reporteros a este tipo de actividades”.

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“Municipal ni ningún otro equipo puede aceptar con beneplácito únicamente las notas o comentarios positivos sobre la institución y rechazar, con represalias, las publicaciones que señalan aspectos negativos. Esperamos que todos los equipos mantengan una política de respeto y apertura hacia la Prensa, en especial los que se hacen llamar equipos grandes”, agrega la APG.

Además, dice que “la APG demanda al Club Municipal y al Club Comunicaciones garantizar el libre acceso de los reporteros a los partidos que se realizarán en los próximos días por la final de la Liga Mayor de Futbol. Solicitamos a la Liga Nacional de Futbol de Guatemala estar vigilantes y tomar acciones sobre estas medidas que afectan la libertad de expresión”.

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Preocupación

Además, la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) mostró su rechazo ante la censura que fueron víctimas varios periodistas por parte del Municipal y señaló en un comunicado que manifiesta su “rechazo por esta decisión que atenta contra el derecho a informar y ser informado y fundamentalmente contra la libertad de prensa y de emisión de pensamiento, contenida en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

Agrega que la Constitución “manda que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público y que es libre el acceso a las fuentes de información. Incluso, señala el camino para quienes se crean ofendidos y les otorga el derecho a la publicación de sus respectivas defensas, aclaraciones y rectificaciones, pero dice claro que ninguna autoridad podrá limitar el derecho a la libre emisión del pensamiento”.

“Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones en las que en ese mismo partido trabajaron los periodistas deportivos nacionales, mezclados entre el público, sin las facilidades para desarrollar su labor dignamente”, refiere la entidad.

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Agrega que “estas prácticas recurrentes, lamentablemente, no solo vienen de un club específico, sino en el pasado reciente se ha dado con otros equipos de la Liga Nacional y de Primera, Segunda y Tercera División, los cuales no solo limitan el acceso, sino que en algunos casos se han registrado agresiones físicas y verbales de personal de seguridad y directivos contra miembros de la prensa nacional”.

Por lo anterior, la ACD “demanda a la Federación Nacional de Futbol que accione como máxima instancia del futbol nacional, para que cesen estas actividades que coartan la libertad de prensa y crean un clima hostil contra el gremio periodístico nacional”.

Además, a la Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División “que instruyan a sus clubes para que se respete el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión de Pensamiento”.

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El director de El Periódico, José Rubén Zamora, el jefe de Redacción, Gerson Ortiz, y el reportero Cristian Véliz recibieron el 11 de mayo una denuncia de “violencia contra la mujer” por parte de Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada, luego de que publicaran una nota el 22 de abril que mencionaba la renovación de su contrato como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), recibiendo un salario de Q20 mil mensuales.

La SIP denominó como “uso inapropiado la aplicación de la Ley del Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer para bloquear información de interés público“.

Jorge Canahuati, presidente del SIP y presidente ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras, afirmó que “la orden de la jueza en contra del diario no es otra cosa que censura previa“.

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“Una ley de este tipo siempre será beneficiosa para neutralizar la discriminación, prevenir femicidios e incentivar la igualdad de género; sin embargo, se debe examinar cómo su uso inapropiado puede ser un instrumento para amordazar a la prensa“, indicó.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico de La Voz Interior de Argentina, complementó que “la utilización de demandas arbitrarias a partir de esta ley, sin el necesario fundamento, representa un abuso y sirve para acosar judicialmente a los medios“.

Jornet indicó que la decisión por parte de la hija de la magistrada afecta “varios preceptos de libertad de prensa expresados en la jurisprudencia interamericana, entre los que está el hecho de que los funcionarios públicos deben ser más tolerantes a las críticas y a las informaciones incómodas que los involucran”.

El lunes 16 de mayo, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y su Comisión de Libertad de Prensa también se pronunciaron ante los hechos.

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“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, indicó el comunicado emitido por la asociación.

Índice de Libertad

El comunicado del SIP también afirmó que Guatemala se encuentra en el puesto 17 de 22 en el denominado “índice Chapultepec”, que mide los niveles de libertad de expresión y de prensa y si no se encuentran restringidos y es catalogado como un país con “parcial restricción”.

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“La violencia ejercida en contra de los trabajadores de la prensa puede ser directa mediante desacreditación, amenazas y coacción, prohibición para acceder a las fuentes o a la información o por medio de la criminalización utilizando el aparato de justicia”, indica el comunicado.