Diputados analizan inyección de Q425 millones anuales al Instituto de Previsión Militar

Viabilidad técnica de una iniciativa que busca establecer un aporte extraordinario anual por 20 años y otra de una asignación anual al Instituto de Previsión Militar (IPM) comenzó a ser discutida por los miembros de la Comisión de Finanzas del Congreso.

Urias Gamarro

20 de agosto de 2025 | 05:00h

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Los miembros de la Comisión de Finanzas escucharon a las autoridades del IPM sobre su condición financiera. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Los integrantes de la comisión iniciaron las primeras discusiones sobre la viabilidad financiera de la iniciativa de ley que pretende ampliar y otorgar recursos al IPM.

La primera ronda de debate se realizó ayer con la participación de Mario Baeza, gerente del instituto, quien expuso la situación actual del plan y las necesidades de contar con más recursos a futuro.

La iniciativa contempla dos programas:

• Q160 millones anuales destinados a la dignificación de pensiones.
• Q265 millones para la capitalización del IPM.

Para este ejercicio fiscal, se prevé un déficit de al menos Q90 millones, que podría aumentar en 2026.

Durante la sesión, diputados de diferentes bancadas manifestaron su disposición a apoyar la iniciativa, sobre todo la de dignificación, enfocada en ajustar las pensiones de los beneficiarios. Sin embargo, expresaron dudas respecto a la capitalización del IPM, que implicaría indirectamente una operación de Crédito Público para financiar ese programa.

Justificación

Baeza declaró que el IPM atraviesa una situación financiera desfavorable y se prevé un faltante presupuestario de Q90 millones para el próximo ejercicio y de Q120 millones en adelante. Ante estas condiciones, solicitó apoyo al Organismo Legislativo para aprobar la iniciativa de ley 6564.

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El proyecto establece un aporte de Q265 millones por 20 años, lo que equivaldría a Q5 mil 300 millones, para fortalecer las finanzas del instituto tras la desmovilización militar de 2004, que provocó desequilibrios financieros.

De forma paralela, propone Q160 millones dirigidos a jubilados y pensionados que reciben montos por debajo del salario mínimo agrícola vigente —equivalentes al 74%— con el fin de nivelar sus ingresos.

Baeza explicó a los diputados la problemática financiera actual, derivada de las decisiones políticas tomadas entre 1998 y 2004, durante el proceso de desmovilización militar.

Se espera un dictamen en el corto plazo, con posibles modificaciones a la propuesta, que, en palabras de Baeza, es “una carga fiscal para el Estado, pero de mucho beneficio para los afiliados, pensionados y sus familias, que dependen de estos ingresos”.

El gerente reiteró que el objetivo central es garantizar un aporte extraordinario de Q265 millones por 20 años, aunque aclaró que, a mayor plazo, el monto disminuiría. Por ejemplo, a 30 años se reduciría a Q180 millones.

En cuanto al programa de dignificación, el ajuste previsto es de Q160 millones, con plazo de aplicación entre 2026 y 2046.

El directivo señaló que en los últimos años se ha acentuado el desbalance financiero, con ingresos anuales de Q380 millones frente a egresos de Q400 millones, lo que genera déficit.

Posturas

Los diputados Julio Héctor Estrada y Orlando Blanco coincidieron en que las pensiones de los exmilitares deben nivelarse, ya que los montos actuales no han sido actualizados y se mantienen por debajo de las Clases Pasivas.

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Señalaron que el sistema del IPM enfrenta un déficit estructural de Q100 millones, que se ha cubierto con reservas técnicas que, sin embargo, se han reducido de manera progresiva.

En cuanto al programa de dignificación, explicaron que busca otorgar un ajuste de Q1,000 a cada pensionado. La propuesta de Q260 millones para capitalización fue la más discutida durante la sesión.

Estrada aseguró que para 2025 se proyecta un rescate financiero del Ministerio de Finanzas para cubrir el déficit.

Por la mañana diputados de la bancada oficialista FCN y los ministros de energía y finanzas explicaron a la comisión de Finanzas la necesidad de esos recursos. Dicha comisión aprobó la propuesta. 

En esa reunión se explicó que de no conseguirse los fondos necesarios para cubrir el subsidio ese beneficio se tendría que eliminar para el 50% de usuarios. En la actualidad el beneficio llega a 1 millón 700 mil usuarios, según el ministro de Energía, Luis Chang.

La Comisión aprobó una enmienda para ampliar el presupuesto del Estado por Q320 millones de los cuales Q300 millones irán para el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) como aporte al subsidio y Q20 millones para el Ministerio de Trabajo para el  programa del adulto y  que están siendo atendidas por la organización no gubernamental Dulce Refugio. Los recursos no serían manejados por dicha organización.

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En éste último caso  el Ministerio deberá evaluar a las personas que son atendidas por ese hogar, y definir si les sigue dando cobertura, según dispusieron los diputados.

En agosto pasado, el Inde decidió reducir el aporte para subsidiar a usuarios de Tarifa Social de electricidad en el 2017 y dijo que solo destinaría Q361 millones, porque ya no puede absorber el costo de casi Q1 mil millones anuales por ese rubro.

A principios de  noviembre se indicó que el problema,  según explicaron autoridades del Inde,  es que “un aporte superior a lo previsto (para el 2017) pone en riesgo su sostenibilidad financiera, del que ya se informó el año anterior”.

Con esa medida, el Gobierno tendrá que buscar unos Q600 millones para completar la cobertura del subsidio en los rangos de consumo de 0 a 100 kilovatios el próximo año. Esto, tomando en cuenta que para el 2016 se estimó que el subsidio total será de Q936.9 millones y un monto similar se podría necesitar para el 2017.

El presupuesto del Estado para el 2017 fue aprobado esta tarde por un monto de Q77 mil 300 millones. 

Comisión de Finanzas aprobó aumento por Q320 millones financiados por bonos, Q300 millones son para cubrir aporte al subsidio a la energía

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) November 29, 2016

Diputados le indicaron al ministro de Energía Luis Chang, y al ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada que aprobarían la enmienda pero les pidieron que se trabaje en esquemas para dotar del subsidio a las familias en pobreza que realmente lo necesitan y retirar de ese beneficio a quienes tienen altos ingresos.

 Chang dijo que depurarán el rango de beneficiarios y por aparte solicitó al Congreso que apruebe un préstamo por US$55 millones para electrificación rural, el cual podría perderse si no se aprueba en diciembre de este año. Este préstamo fue aprobado por el  Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2014 ya tuvo una ampliación ante la tardanza de ser aprobado en el Congreso.

Esquema actual del subsidio

En el 2015 se aprobó un escalonamiento para beneficio del segmento de menos recursos. La medida entró en vigencia en diciembre pasado y reduce el subsidio a usuarios que consumen de 89 a 100 kilovatios hora (kWh) al mes, segmento integrado por unos 185 mil usuarios.

Ese escalonamiento es a cinco años aplicando una disminución del beneficio en cada ajuste trimestral hasta que lleguen a pagar la tarifa social completa.

El objetivo de ese escalonamiento es  que el subsidio cubra solo a quienes consumen de 0 a 88 kWh.

Ese grupo se dividió en dos rangos, quienes consumen de 0 a 60 kWh solo pagan Q 0.50 y de 61 a 89kWh pagan Q0.75, y el Inde subsidia el resto para cubrir tarifa social que aprueba cada trimestre la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

El presupuesto de ayuda y desarrollo para la Solidaridad Olímpica aprobado esta jornada asciende a 509.285.000 dólares, que corresponde a la parte de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos y que será distribuido a los comités olímpicos nacionales.

El principal objetivo de la Solidaridad Olímpica es asegurar la participación de todos los atletas que compiten sin representar a su país -porque bien no está reconocido o se encuentra sancionado-, a través de una variedad de programas mundiales que dan prioridad al desarrollo y entrenamiento de atletas y entrenadores, así como promover los valores olímpicos.

De no conseguir el gobierno los fondos para cubrir los otros Q600 millones, el segmento más afectado podría ser el de usuarios de Energuate, ya que maneja la tarifas social más alta, con Q1.82 para los usuarios de Deocsa, y de Q1.77 para los de Deorsa.

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En el caso de la Empresa Eléctrica de Guatemala, (Eegsa), el gerente, Jorge Alonso, indicó que tampoco han sido notificados, pero que aplicarán el subsidio según disponga el Inde, aunque tampoco sabe si de concretarse lo dicho por este, estaría dan do el resto de recursos para mantener el subsidio sin cambios.

Alonso opinó que las tarifas de la Eegsa han bajado alrededor de 40% en dos años y que, en esas condiciones, algunos segmentos que en la actualidad reciben el subsidio ya pueden pagar la tarifa social plena —sin subsidio— de Q1.13 por kWh. Con esa idea, podría enforcarse ese beneficio a los segmentos más necesitados, pero es el Estado el que define las condiciones y mecanismos.

El 90% del 1 millón 176 mil usuarios de Eegsa está en el rango de consumo de tarifa social de 0 a 300 kwh al mes. El 54.7% —643 mil— están en el de 0 a 100 kwh, que son los que correrían el riesgo de alguna baja en el beneficio.

El objetivo de la donación es “implementar la Unidad de Monitoreo contra la Pornografía Infantil”, que estará ubicada en el sótano del edificio Gerona -sede central- y cuya finalidad es trabajar los casos de este ilícito penal con un equipo tecnológico de “última generación”, explicó la Fiscalía en una declaración pública.

Lo donado consiste en “audiovisuales”, un equipo de cómputo, aire acondicionado y la introducción a energía eléctrica en la Unidad de Monitoreo.

Además, el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia  (Unicef) ha contribuido con ayuda financiera y técnica en el combate a la pornografía infantil, aclaró el MP, aunque no dio más detalles.

En los próximos meses se espera que se inaugure la Unidad contra la Pornografía Infantil.

El MP recordó que la pornografía infantil es un fenómeno criminal trasnacional y Guatemala no es la excepción ante grupos y personas dedicadas a cometer esta acción ilícita.

Según un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos  (PDH) de Guatemala, presentado el pasado 24 de noviembre, entre 2009 y 2015 se registraron  477 casos de explotación sexual infantil.

Víctimas

Del total de casos, el 89 por ciento de las víctimas  (426) son niñas y el 9 por ciento  (41) varones, mientras que en el 2 por ciento restante no se identificó al sexo.

El documento, denominado “Situación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Guatemala”, establece que el 86 por ciento de los casos  (413) son de prostitución infantil, el 13 por ciento  (60) es pornografía y el 1 por ciento  (4) de turismo sexual.

El Día Internacional de la Juventud es una oportunidad para reconocer los logros de las niñas y las jóvenes como agentes de cambio y como voluntarias en el campo. Nos brinda a todos la oportunidad de celebrar nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y destacar la importancia de que las niñas y las jóvenes estén involucradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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Las demandas fueron presentadas por cuatro supuestos prestamistas, quienes como prueba para el fallo mostraron un documento en el 2009, en el cual aseguran haber hecho los préstamos a Vela.

El secretario edil Hugo Letona explicó que el primer préstamo fue de Q930 mil; el segundo, de Q337 mil; el tercero, de Q300 mil, y el cuarto, de Q150 mil, lo cual suma Q1 millón 717 mil.

Ofrece aporte

En documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre se detalla que el ex jefe edil debió cancelar el monto en el plazo de un año, pero por impago dejó como garantía el 10 por ciento del situado constitucional.

Resaltan que el 1 de diciembre del 2011, la jueza Ruth García Chinchilla, quien emitió el fallo contra la comuna en octubre del 2014, informó al Instituto de Fomento Municipal sobre cuatro juicios ejecutivos por la deuda.

En esa misma fecha, García ordenó al Ministerio de Finanzas que del dinero del referido fondo emita cheques a nombre de los tres prestamistas.

El alcalde, Amílcar Alvarado, expuso que presentó cuatro amparos, ya que los préstamos no se hicieron a la municipalidad, sino al exalcalde, por lo que considera que el fallo es ilegal.

Sorprende decisión

Alvarado añadió que en el cuarto juicio, presentado el 3 de enero del 2012, Vela ya estaba enterado de que había perdido las elecciones, y además le sorprende que la jueza García haya agilizado los procesos y resuelto a favor de los prestamistas.

“El acta de reconocimiento judicial efectuada por los magistrados de la Sala Undécima de Apelaciones de Retalhuleu afirma que nunca fue ingresado el dinero a la comuna. Fue algo bien organizada para estafar a la municipalidad”, indicó Alvarado.

“Es lamentable que la jueza haya aceptado demandas de préstamos privados”, resaltó.

El alcalde explicó que el artículo 113 del Código Municipal resalta que los préstamos con personas individuales o jurídicas que no sean supervisados por la Superintendencia de Bancos serán nulos, y el alcalde y el Concejo que lo hayan autorizado serán los responsables.

El tesorero nacional, Juan Manuel López, también se pronunció en un oficio enviado a la jueza, en el que expone que por mandato legal no pueden embargarse las asignaciones presupuestarias, según el artículo 459 del Código Civil.

Autoridades ediles de San Pablo Jocopilas reiteraron que la decisión de jueza García es ilegal, y que seguirán en la lucha donde corresponda; además, anunciaron la paralización de proyectos que se mantienen en ejecución, debido al embargo.

Se trató de conocer la versión del exalcalde Francisco Vela, pero no respondió las llamadas efectuadas a su celular.

El vecino José Pacay expresó: “No es posible que sigamos en esta situación, porque ni siquiera sabemos en qué se usó ese dinero, que al final nosotros pagamos”.

“Se tapan con la misma chamarra, porque sabiendo de los problemas que tienen exfuncionarios los dejan participar para que ocupen de nuevo un cargo público”, lamentó Pacay.