El Acuerdo Ministerial No. Direh-4721-2017 aprobado por el Ministro de Educación, Oscar Hugo López y los cuatro viceministros de educación autoriza que se entregue un  “bono por única vez por el monto de 3 mil quetzales para todos los empleados del Ministerio de Educación”.

Serán beneficiados todos los trabajadores del Mineduc, incluyendo personal administrativo, directivos y profesores.
Este se firmó el pasado 14 de diciembre, no obstante no ha sido publicado en el diario oficial por lo que no ha entrado en vigencia. No obstante, en redes sociales líderes sindicales del magisterio han celebrado la aprobación del bono.

Aseguró que este bono no fue producto de ninguna negociación en particular con alguna de los sindicatos de educación. 

El titular de la cartera confirma que de recibir la aprobación del Minfin, en los próximos días se realizaría la trasferencia para todos los empleados.  

La Asamblea Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, dio luz verde al texto después de acometer esta semana la tercera lectura de la propuesta de ley, que da amplios poderes al Gobierno e impone restricciones a la hora de informar sobre actos terroristas.

El borrador ratificado por los legisladores incluye, además, una cláusula para permitir el envío de tropas chinas al extranjero para participar en misiones antiterroristas.

Las autoridades chinas se limitaron a anunciar la aprobación de la ley, aunque no publicaron el contenido completo de la nueva norma.

Las autoridades chinas venían alertando en las últimas semanas de las crecientes amenazas terroristas que afronta el país y la agencia oficial de noticias Xinhua calificó la nueva ley como “el último intento para solucionar el terrorismo en casa y ayudar a mantener la seguridad mundial”.

Histórico

Hasta este domingo, China no tenía una legislación específica para la lucha contra el terrorismo, que dependía de normativas como la Ley Criminal o la Ley de Respuesta de Emergencia.

Países como Estados Unidos han mostrado públicamente su preocupación por esta ley antiterrorista y su presidente, Barack Obama, así se lo manifestó a su homólogo chino, Xi Jinping, en uno de sus últimos encuentros.

En respuesta a estas críticas, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hong Lei manifestó este en conferencia de prensa que el país tiene derecho a promulgar esa legislación y que buscará, a la hora de aplicarla, “un equilibrio entre la lucha antiterrorista y la protección de los derechos humanos”.

Uno de los motivos de inquietud es que el último borrador de la norma obligaba a las empresas tecnológicas, tanto locales como extranjeras, a instalar “puertas traseras”  en sus sistemas para permitir el acceso del Gobierno.

Además, requería a las compañías con servidores y datos de usuarios en China facilitar a las autoridades los registros de sus informaciones, los códigos de encriptación y a censurar cualquier contenido vinculado al terrorismo.

Otro apartado polémico de la ley es el relativo a las restricciones informativas, ya que el borrador estipulaba que las “instituciones o individuos no podrán generar ni divulgar información sobre incidentes terroristas”  o “dar detalles que puedan incitar a la imitación”.

La ley antiterrorista se aprueba un día después de que el Gobierno chino confirmara la expulsión de la periodista francesa Ursula Gauthier, corresponsal en Pekín de Le Nouvel Observateur , por un artículo sobre el terrorismo.

Exteriores acusó a la reportera de “defender actos terroristas”  a raíz de ese reportaje, en el que se abordaba la respuesta de las autoridades chinas a los atentados de París de noviembre.

Además, el proyecto la ley presentado esta semana autorizaba el envío de soldados fuera del país para participar en misiones antiterroristas, una cláusula que, junto a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en julio, allana el camino para un cambio en la política de no intervención militar de China en el exterior.

Expectativa

La aprobación de esta norma llega en un momento de creciente sensibilidad respecto al terrorismo, tras los ataques en París, el derribo de un avión comercial ruso en la península del Sinaí en octubre o los asesinatos cometidos por el grupo terrorista yihadista Estado Islámico (EI) .

Varios ciudadanos chinos, de hecho, han sido víctimas directas del terrorismo internacional, como Fan Jinghui, secuestrado por el EI en Siria y posteriormente asesinado, o los tres directivos de una empresa de ferrocarriles que fallecieron en el ataque yihadista a un hotel en Bamako en noviembre.

Además, el Gobierno chino vincula con grupos yihadistas extranjeros los ataques registrados en la región de Xinjiang, hogar de la minoría étnica musulmana uigur.

Sin embargo, grupos de uigures en el exilio denuncian que la violencia que sufre esa región es fruto de la represión del Gobierno sobre esa minoría, así como de las tensiones con la etnia han, la mayoritaria en el país.

Para el impuesto en mención, se exonera el 90% de multa y la totalidad de los recargos generados, según señala el Acuerdo Gubernativo 235-2015, publicado ayer en el Diario de Centro América.

La entidad a cargo es la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, del Ministerio de Finanzas.

Mientras, para los extranjeros se exonera el 90% de multas, según se establece en el acuerdo 234-2015. Estas personas deberán solventar su situación en la Dirección General de Migración, del Ministerio de Gobernación.

En ambos casos la amnistía rige desde el 25 de noviembre y finaliza el 13 de enero del 2016. Para obtener la exoneración, el interesado debe presentarse voluntariamente, se explica en el acuerdo.

Maldonado entregará el cargo el 14 de enero al nuevo mandatario, Jimmy Morales.

Es un tema particularmente sensible en un país en donde la última ocasión en que la eutanasia fue parte de la política pública fue cuando los nazis mataron a más de 200 mil personas con discapacidades físicas y mentales.      

La votación resultó 360 a favor y 233 en contra, a pesar de los temores expresados por muchos de que podría ocasionar acusaciones contra médicos.

La medida permite el suicidio asistido por “razones individuales por motivos altruistas”, pero amenaza con hasta tres años en prisión si alguien le ofrece a alguien más el suicido en “términos comerciales”.       

Fue una de las cuatro propuestas de ley consideradas en un debate que superó las divisiones de partidos, y fue la versión favorecida por la canciller Angela Merkel.      

“¿Cuándo se comporta un médico de manera comercial?”, Zypries preguntó a los otros legisladores. “No es claro”.      

El suicidio asistido ha sido una zona gris en Alemania al no ser ni permitido ni prohibido por la ley.

Las cuatro propuestas debatidas en el Parlamento iban desde permitir la práctica por completo siempre y cuando no fuera a cambio de un beneficio monetario, hasta su total prohibición.       

La versión que conciliaba opiniones la propuso un grupo de legisladores de todos los partidos en el Parlamento, desde el Demócrata Cristiano de Merkel, hasta el opositor Partido de la Izquierda.