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Empresas guatemaltecas apuestan por el arbitraje: agilidad, ahorro económico y con certeza jurídica

El sistema arbitral entre empresas crece cada año con la adhesión de cláusulas en los contratos de negocios, con el fin de brindar certeza jurídica y resolver conflictos comerciales. Estudio reciente, refiere que ocho de cada 10 casos son por incumplimiento en aspectos contractuales en casos de fondo.

Urias Gamarro

16 de agosto de 2025 | 00:10h

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El sector construcción es el que más casos de controversias se conocen en los procesos arbitrales privados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La resolución de conflictos entre empresas que realizan negocios cuenta con una alternativa: el mecanismo del arbitraje. En la última década, varias experiencias se han registrado por medio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Cenac).

Las estadísticas muestran cómo se han desarrollado en el tiempo los distintos casos planteados por las partes y finalizados, así como los fallos emitidos.

Cada año, el Cenac conoce disputas de carácter interno que involucran a las partes. Por ello, se recomienda a los agentes económicos o tomadores de decisiones evaluar la inclusión de cláusulas arbitrales como una opción frente a la jurisdicción ordinaria.

Según expertos, el uso del arbitraje cobra cada vez más relevancia al acudirse a un panel arbitral. Existe mayor conocimiento e interés en esta figura por parte de diversos sectores, ya que uno de sus beneficios es la celeridad en los procesos, así como el ahorro económico, lo cual resulta conveniente para los involucrados.

“En la actualidad existe un mayor interés en la figura del arbitraje por parte de varios sectores, al observar mayor agilidad y ahorro en la resolución de sus conflictos”, agregó.

Además del Cenac, también opera la Comisión de Resolución de Conflictos (Crecig), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala. Ambos son cuerpos colegiados privados especializados en la administración de arbitrajes.

En Guatemala, el arbitraje se fundamenta en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Promover el arbitraje

Un informe del Cenac, que recopila información estadística, expone los resultados gestionados por los agentes económicos. Se trata de un consolidado de datos de al menos diez años, presentados en distintos foros públicos para su discusión y análisis.

En dicho informe se considera como objetivo clave promover el arbitraje como método alternativo de resolución de controversias, con Guatemala como sede arbitral, y posicionar al país como el primero en Centroamérica en presentar estadísticas al respecto.

Clases de arbitraje

El informe revela que el 99% de los casos conocidos por el Cenac son arbitrajes nacionales, y 1% internacionales.

El 90% se resuelve por equidad y el 10% por derecho. Además, el 84% responde a cláusula escalonada y el 16% es directa.

Composición del tribunal

Respecto de la conformación del Tribunal Arbitral, el 97% de los casos son resueltos por tres árbitros y el 3% por uno solo. En cuanto al nombramiento de los árbitros: el 90% corresponde al centro o a las partes; el 7%, únicamente al centro; y el 3%, exclusivamente a las partes.

En cuanto a la nacionalidad de los árbitros, el 98% son guatemaltecos y el 2% extranjeros. Además, el 24% de los casos presentó recusaciones, mientras que en el 76% no hubo.

Por género, el 69% de los integrantes del tribunal son hombres y el 31% mujeres. El 79% de las mujeres que integraron el tribunal fueron nombradas por las partes y el 21% por el centro.

En cuanto a los abogados de parte, el 82% son hombres y el 18% mujeres.

Cuestiones procesales

El documento también muestra estadísticas sobre los procesos planteados entre las partes.

El 70% se refiere a incompetencia; el 18%, a falta de legitimación; el 6%, a prescripción; el 3%, a incumplimiento de condición; y otro 3%, a declinatoria. Además, el 12% requirió medidas cautelares o asistencia judicial, y el 88% no.

Puntos de reclamación

El incumplimiento contractual representa el 88% de los reclamos de fondo en los casos conocidos.

Se entiende como incumplimiento contractual cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones legales. Por ejemplo, no pagar en las fechas estipuladas o no despachar mercancías en el tiempo acordado.

Otros reclamos, aunque con menor ponderación, son: rescisión del contrato (4%), alocación de responsabilidad, pago de póliza de seguros, fijación de precios y participación en acciones.

En cuanto al sector económico de los casos, destaca la construcción con el 67%, seguido por las telecomunicaciones con el 11%. También figuran los sectores seguros, energía, farmacéutico, turismo, administrativo e inmobiliario.

Las disputas abarcan montos desde US$12 mil hasta US$40 millones.

Conclusiones del arbitraje

El informe oficial indica que el 89% de los casos concluye con laudo; el 8%, con desistimiento; y el 3%, con transacción.

El 95% de los laudos cita jurisprudencia o doctrina, y el 86% fue objeto de impugnación por medio del recurso de revisión.

Crece la inclusión de cláusulas arbitrales

El abogado litigante Edson López, presidente del Capítulo Guatemalteco del Club Español de Arbitraje (CEA), declaró que el arbitraje es un mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria para resolver controversias.

Explicó que, aunque existen diversos tipos de arbitraje, los más comunes son los relacionados con inversiones —en los que un inversionista demanda al Estado en virtud de tratados de libre comercio o tratados bilaterales de inversión— y el arbitraje comercial.

Aclaró que este último se deriva del acuerdo entre las partes de un contrato de cualquier naturaleza, mediante el cual se establece que, ante un conflicto, en lugar de acudir ante un juez, se recurra a un panel arbitral para su resolución.

Citó como ejemplo contratos de construcción, tecnología o servicios logísticos, entre otros, que forman parte de la rama comercial entre privados.

“Cada día hay más cláusulas de arbitraje incluidas en contratos de todo tipo. La experiencia en el arbitraje comercial ha crecido; aún falta camino por recorrer, pero cada día es mejor y más sofisticada”, apuntó.

El especialista aseguró que el arbitraje comercial puede utilizarse en todo proceso contractual, aunque existen excepciones. En estos casos, el arbitraje funciona como un mecanismo disponible para quienes deseen recurrir a él.

“Las partes solo deben acordar incluir en los contratos la cláusula sobre el uso del arbitraje”, concluyó.

Mayaniquel empezó proceso de arbitraje internacional contra el Estado de Guatemala

Los accionistas de la minera Mayaniquel, S. A. empezaron el proceso para un arbitraje internacional de inversión en contra del Estado de Guatemala, derivado de que no se les ha aprobado sus credenciales de exportación, informaron ejecutivos de la compañía.

Rosa María Bolaños

9 de octubre de 2024 | 17:08h

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La minera Mayaniquel presentó su intención de arbitraje con lo que inicia un reclamo internacional al Estado de Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

La intención del reclamo internacional fue presentada por la International Metal Supply Holding, S. A., propietaria de Mayaniquel, ante el Ministerio de Economía el 13 de junio de 2024, y según el procedimiento se tienen seis meses para conciliar y de no lograrse se puede registrar el arbitraje, explicó Estuardo Asturias, director de Asuntos Corporativos de la minera.

Aunque la licencia minera fue reactivada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en agosto del 2024 no pueden empezar a operar porque el 70% de la extracción se exporta y a la fecha no se les ha emitido la credencial de exportación, se agregó.

Según Asturias el arbitraje se llevará a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), es una institución del Banco Mundial, y con base a un acuerdo de inversión entre Suiza y Guatemala.

El acuerdo para la protección e inversión recíproca para ambos países fue firmado en el 2002 y entró en vigencia en el 2005.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro El departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en noviembre del 2022 a tres empresas mineras,  a las cuales relacionó con dos ejecutivos, uno ruso y una bielorrusa,  señalados de actos de corrupción.  

Una de estas fue Mayaniquel, sin embargo la compañía asegura que se trató de una designación errónea aspecto que demostró con las diferentes acciones que presentaron ante la OFAC, recordó Asturias.  

A mediados de diciembre de 2022 la empresa anunció la suspensión de sus operaciones de forma indefinida como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó las prestaciones a sus trabajadores y pagó a sus contratistas. En enero de 2024 la OFAC levantó las sanciones a las compañías.

“La empresa niquelera fue eliminada de la lista de sanciones, el pasado 17 de enero de 2024, por la OFAC, sin ningún compromiso u otra obligación impuesta sobre ella, luego de que OFAC determinara que “no cumplía los criterios para ser sancionada”, dijo Asturias citando una investigación internacional.

Luego de casi dos años de no operar, y de nueve meses buscar reactivar sus permisos, el MEM no ha emitido la credencial de exportación, insistió el ejecutivo. Indicando que la entidad no les ha explicado las razones de su decisión y solo han tenido una reunión oficial.

Además, refirió que luego de tener credencial van a necesitar entre 6 a 8 meses para empezar a operar.

La empresa indica que se perdieron 1 mil 500 empleos entre directos, contratistas y puestos rotativos.

Asturias comentó que la perdida de inversión en el área del Valle del  Polochic es de más de Q400 millones anuales.

Nota del editor: El presente artículo fue modificado por el autor el 10 de octubre a las 15:50 horas a petición de la empresa Mayaniquel la cual expuso que en la conferencia de prensa mencionó de forma errónea a la firma Telf AG como la solicitante de la intención de arbitraje, siendo lo correcto International Metal Supply Holding, S. A. como lo informó Mineco.

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El parlamentario dijo que podría tratarse de un fraude de ley, aprovechándose de una cláusula arbitral, luego de que la empresa no ganara la licitación.

Declaró, en la citación, que son Q101 millones de la cláusula de lucro cesante; Q199 millones por concepto perjuicios causados por la Portuaria por la no renovación a la expectativa de cuatro años propuestos sobre la continuidad de la prestación, y Q66 millones por concepto de perjuicios causados por al cálculo al movimiento de carga y la no renovación.

El diputado enfatizó que, en total, suman Q366 millones, y que son una serie de cláusulas anómalas en el contrato original.

Barreda afirmó que tanto el avance de este arbitraje junto a la inversión de un rompeolas, podrían poner en aprietos financieros a la portuaria.

“Aquí hay que develar que existe una estructura en ambas portuarias”, remarcó el parlamentario, y el tema será abordado con profundidad en una nueva citación, el próximo 23 de marzo.

El abogado y notario José Guillermo Castellanos Molina, quien es el vocero de Servicios Bayside, aseguró en una nota publicada este lunes en Prensa Libre que es un derecho contractual que se firmó en 2001 y es una obligación respetar los términos y condiciones de ese contrato, por certeza jurídica.

Recordó que no es contra de las actuales autoridades si no que es un tema institucional en el 2001, quien firmó el contrato, que no son las mismas personas que hoy fungen como gerente y como junta directiva de la portuaria.

En las últimas dos semanas, el manejo de la dirección de la EPQ ha estado en el centro del escrutinio público, por la adjudicación de un contrato por Q477.9 millones para el proyecto del rompeolas, el pasado 3 de marzo, luego de que se advirtiera de hallazgos de supuestas irregularidades en la forma en la que se gestionó el concurso. La Contraloría ha recomendado suspender el evento permanentemente.

El contrato del rompeolas podría seguir su curso —la junta directiva puede aprobarlo o improbarlo— aún cuando en 2018 un estudio realizado por una empresa internacional concluyó que le daban 10 años de vida más a la infraestructura y que aún no era el momento de hacer esa mejora.

A esto se debe añadir un proceso arbitral por una reclamación cercana a los Q300 millones que promueve Bayside, la empresa que prestó el servicio de grúas para el movimiento de contenedores desde el 2001, pero que dejó de hacerlo hace tres años.

Liquidar ese contrato y tener un resultado adverso en la demanda contra EPQ podría debilitar las reservas técnicas de la EPQ, que hasta diciembre pasado ascendían a alrededor de Q890 millones.

En 2020, la portuaria movilizó 12.4 millones de toneladas métricas de carga, y es el principal puerto del país para exportaciones e importaciones. Si la EPQ se desfinancia puede enfrentar riesgos asociados a la operación de carga y descarga en el puerto y se comprometería, eventualmente, la salida y entrada de carga en el Pacífico.

En el caso del arbitraje, existe una cláusula establecida en el contrato entre la EPQ y Bayside, relación que se mantuvo hasta el 2018, cuando el concurso lo ganó otra compañía.

José Guillermo Castellanos Molina, abogado y notario que actúa como vocero de Bayside, refirió a Prensa Libre que, en efecto, inició el arbitraje y señaló que la cláusula de lucro cesante “debe hacerse valer”.

En este tipo de procesos, las empresas establecen cláusulas de arbitraje en los contratos como medida alternativa para la resolución de conflictos, y no tener que acudir al sistema tradicional de justicia. A través de esa cláusula, todas las partes del contrato se obligan a respetar lo resuelto en el laudo, que es la sentencia de arbitraje.

En la actualidad, está por formarse un tribunal para resolver la diferencia.

Ven efecto en EPQ

Consultado Javier Reyes Navarrete, del sindicato de trabajadores organizados de la EPQ, recalcó que comprenden que se venció un contrato en el 2018, que se emitió un nuevo proceso de licitación y se adjudicó al nuevo operador.

Declaró que han conocido que dentro del contrato había una cláusula de lucro cesante, que significa que, a medida que dejara de operar o que no llegara a tener la cantidad de contenedores e ingresos promedio, la portuaria tendría que pagar el diferencial.

“Ingresan estas dos empresas nuevas, y significa que ellos –la empresa anterior–, en su criterio, se ven afectados por la no adjudicación del evento, y en consecuencia no tienen los ingresos y, entonces, lo reclaman por la vía del arbitraje. Es una cantidad muy importante de millones”, aseveró Reyes.

Aunque desconoce cómo marcha el proceso, dijo que podría tener un efecto negativo para los intereses de la EPQ y de los trabajadores, desde el punto de vista financiero.

Interpretación

Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), indicó sobre este nuevo arbitraje que podría evidenciarse “un pacto colusorio” o un “acuerdo bajo la mesa” en el cual, las autoridades de la EPQ de aquel momento –2001– “suscriben un contrato, a todas luces, desventajoso para el Estado, brindando ciertas cláusulas que lo dejan desprotegido”.

Por otro lado, sugirió que el procedimiento que deben hacer las autoridades actuales de la Portuaria “no se preste a negocios”, es decir, que, si ya se canceló un contrato que no se otorgó a esta empresa, deberían hacerse todas las salvedades del caso y blindarse legalmente.

Recordó que esos contratos vienen desde 2001, cuando el expresidente Alfonso Portillo, designó a uno de sus cercanos, Julio Girón, su secretario privado, para administrar contratos para el movimiento de contenedores en la EPQ. Incluso involucra a personajes internacionales prófugos de la Justicia, involucrados en su momento por la Cicig y por el Ministerio Público.

“Este un tema es muy recurrente en cuanto a corrupción, un tema que no es nuevo, pero ahora tiene una nueva faceta: un desfalco de recursos públicos. No nos cabe la duda de que posiblemente hay cláusulas que beneficiaron de manera exagerada a la empresa y dejaron desprotegido al Estado”, subrayó Flores.

Caso “muy complejo”

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), enfatizó en que este es un tema muy complejo y, en primera instancia, se debe determinar con claridad cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos, sobre todo de quienes incurren en la firma de cualquier tipo de contrato o convenio.

Lo anterior aplica específicamente para contemplar mecanismos de solución de conflictos, distintos a los que están legalmente establecidos dentro de la jurisdicción ordinaria. “Ahí hay una gran responsabilidad, a pesar de que se trate de entidades autónomas” dijo.

Este proceso arbitral debe conllevar una verificación y aseguramiento de parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para certificar la conveniencia de este tipo de cláusulas y compromisos.

Por otro lado, afirmó que es fundamental la seguridad jurídica y, sobre todo, “cuando se trata de inversiones extranjeras, a veces de compañías estatales de otros países, sí tiene que existir la seguridad jurídica de que se cumpla lo que se firma en el contrato. Por eso son importantes en materia anticorrupción esas fases previas y no querer solucionar en el camino. La medicina sale más perjudicial que la enfermedad” ejemplificó.

Emitir dictámenes

Tanto el secretario de Asíes como el representante de AC, aseguraron que al vincularse todo, tienen que intervenir la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, como órganos de fiscalización y control, para poder advertir este tipo de disposiciones.

Hurtado dijo que una cláusula que contemple penalización por no renovación es algo que no puede tener sustento en la normativa, porque es bien sabido que, para poder adjudicar un contrato, se tienen que llevar a cabo los procesos públicos que están establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y las normativas especificas en el caso de entidades autónomas.

“El tema requerirá de la intervención y análisis de los órganos competentes para asegurar que no exista ningún dolo en la suscripción de estos contratos y en la legalidad de este tipo de disposiciones, que, al fin de cuentas, es uno de los elementos de los tribunales arbitrales: asegurar la competencia de conocer estos asuntos”, remarcó.

Flores consideró que las autoridades actuales de la portuaria, con el auxilió de la PGN y de otras instancias de Gobierno, incluso de la Comisión Contra la Corrupción del Ejecutivo, deben buscar una solución legal para que la EPQ no pierda los recursos, que en este caso son de las reservas técnicas.

“Aquí es fundamental que intervenga la PGN y, por otro lado, debería solicitarse a la Contraloría un dictamen sobre el tema de lo que está en riesgo, porque si unimos dos casos recientes de la EPQ en el negocio del rompeolas –que son más de Q400 millones más esta nueva posible demanda–, hablamos de cantidades significativas que pueden afectar de forma fatal las reservas técnicas financieras de la portuaria, un activo estratégico para el comercio exterior”, puntualizó.

Se conoce que las reservas técnicas de la EPQ hasta diciembre del 2020 ascendían alrededor de Q890 millones.

En 2020, la portuaria movilizó 12.4 millones de toneladas métricas de carga, y es el principal puerto del país para exportaciones e importaciones.

Flores declaró que debilitar a la portuaria “podría ser el objetivo, digamos, no declarado”, además de beneficiar a otros intermediarios de la importación y exportación que, “aunque no queda de manera directa evidenciado, eso sucedería”, y es “parte del daño al erario”.

El representante de AC recordó que hay casos similares, y citó, como ejemplo, que en proyectos de construcción de carreteras se hacen los pagos, no hay avances físicos y las empresas tienen ventajas.

“Se debe respetar el contrato”

El abogado y notario José Guillermo Castellanos Molina, que actúa como vocero de Bayside, brindó su visión acerca de este proceso arbitral.

¿Qué sustenta este arbitraje?

Es un derecho contractual que tenemos suscrito desde 2001. Es una obligación respetar los términos y condiciones que ahí se firmaron, por certeza jurídica.

Es importante ver que no es contra de las actuales autoridades, sino un tema institucional en el 2001 de quien firmó el contrato. No son las mismas personas que hoy fungen como gerente y como junta directiva de la Portuaria.

¿Cuál es el alcance de esta cláusula y que resultado se espera?

Realmente es hacer valer un derecho preestablecido, que es un lucro cesante que tuvo tanto la EPQ como la empresa. Esa cláusula va en dos vías: protege al contratista y también al contratante. En este caso, somos nosotros a quienes se nos violó dicha cláusula, y la Portuaria debe resarcir lo que está en el contrato. Debe hacerse valer.

Sobre el lucro cesante, es un término de derecho y se está discutiendo una cláusula que está plasmada por escrito, y la certeza de un laudo es imposible darla, pero, en virtud de que se explicó la fórmula en que se iba a utilizar para determinar el lucro cesante, diría yo que podría ser discutible, no hay pierde de que el derecho le corresponde a la empresa.

Representantes de organizaciones dicen que tiene que intervenir otras autoridades para conocer este arbitraje. ¿Qué opina?

Nosotros no lo incluimos porque no está dentro de la jurisdicción ordinaria, pero si hubiera sido por un juicio contencioso, por ley debe participar la Contraloría y la PGN, pero en este tema que es de derecho privado por un arbitraje, constitucionalmente no deberían estar obligados a participar, sin embargo, eso quedará a criterios de los árbitros que van a juzgar este arbitraje.

Si bien ya se dio inicio al arbitraje, todavía está pendiente de que se instituya el tribunal arbitral.

El jugador de San Lorenzo se molestó por la marcación del juez central, después de una fuerte falta contra un elemento de Ocos.

Fue en ese momento comenzaron los reclamos y se lanzaron en la humanidad del árbitro, algunos para calmar los ánimos, pero uno de ellos le lanzó un golpe al colegiado.

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El arbitraje fue planteado en febrero del 2018 y la empresa demandó una compensación económica por US$117 millones (unos Q900.9 millones), según información brindada por el Ministerio de Economía (Mineco).

La empresa estaba en contra del resultado de una fiscalización efectuada en el 2016 por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para verificar la liquidación del impuesto sobre la renta (ISR), agregó la entidad.

“Según la entidad reclamante, se violentaron sus derechos en el marco del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Guatemala e Israel y vigente desde el 15 de enero de 2009, al presentar denuncias penales por fraude tributario y solicitar medidas precautorias, sin agotar el procedimiento administrativo”, expuso el Mineco en un comunicado.

Sin embargo, la Corte de Arbitraje resolvió a favor de Guatemala y condenó a la demandante al pago de las costas del arbitraje por alrededor de US$1.8 millones (unos Q13.8 millones).

El Estado de Guatemala argumentó que la demandante no tenía una inversión protegida bajo el acuerdo con Israel porque había vendido su participación a otras distribuidoras, además que la conducta del Estado no constituye una violación del acuerdo, porque no existe denegación de justicia hacia el inversionista.

El Mineco expuso que en los arbitrajes solo cabe recurso de aclaración o ampliación y lo que procede, si no piden este recurso, es que reintegren a Guatemala parte de los gastos legales.

Primer arbitraje por demanda tributaria

En septiembre del 2019, el entonces intendente de asuntos jurídicos de la SAT, Manuel Mejicanos Jiménez, informó que la acusación contra el Estado pasa por una disminución sobre el valor de acciones, derivado de ciertos procedimientos en el orden administrativo-tributario que luego derivaron en denuncias penales contra Deocsa y Deorsa.

También se indicó que era el primer caso que se conoce internacionalmente contra el Estado por una demanda tributaria.

El plan de fiscalización en el 2016 incluyó verificar la adecuada procedencia de las amortizaciones de activos intangibles que varias empresas estaban realizando de su liquidación del impuesto sobre la renta (ISR). Y, dentro de las empresas que fueron fiscalizadas se encuentran Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. (Deorsa) y Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. (Deocsa), las cuales fueron adquiridas por la entidad IC Power Asia Development LLCC en enero del 2016.

Ese mismo año las distribuidoras pagaron a la SAT US$48 millones (unos Q367 millones) por ajustes tributarios, aunque aclararon que lo hacían bajo reserva en espera de la decisión del tribunal.

En esa oportunidad la empresa informó que el pago por ese concepto podría llegar a entre US$65 millones y US$72 millones.

En el 2017, Energuate volvió a cambiar de propietario. La compañía IC Power decidió vender todos sus activos en Latinoamérica, incluyendo las distribuidoras en mención,  a la estadounidense I Squared Capital (ISQ).

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“Si yo hubiese aplicado el reglamento, debí haber expulsado antes del partido por el insulto que le hace a todo el estadio. Traté de calmarlo y de explicarle lo que estábamos jugando. Es uno de los mejores jugadores del mundo y no lo supo entender”, indicó Codesal. 

El ex internacional que ha sido cuestionado por el polémico arbitraje en esa final, no se limitó en sus declaraciones, y objetó el actuar del astro argentino. 

 “Yo podría haberlo echado porque nunca entendió la disciplina. Cuando yo expulso a Monzón viene a gritarme que él sabía del robo armado por la FIFA. Y ahí también podría haberlo expulsado. Siempre contemplé lo que era como futbolista, pero como persona es de lo peor que conocí en mi vida”. 

A pesar de la mala referencia que tiene del popular pelusa como persona, no dudó en alagar el liderazgo que este transmitía fuera del terreno de juego como jugador y aún más, cuando estaba dentro del rectángulo de juego. 

 “Era un líder total, transmitía todo dentro del campo. Como jugador, todos mis respetos y admiración. Vi cosas increíbles por parte de él. En 1990, contra Rusia, Argentina no salía al campo y los jueces me apuraban y la FIFA también. Voy al vestuario y le digo a Bilardo que debían salir para evitar la multa. Me responde que no sabía si salían porque estaban esperando a Diego, que no sabía si iba a jugar. Lo veo al fondo a Maradona y tenía el tobillo como una pelota y piden vendarlo a 90 grados, con la pierna extendida. Salió al complemento y fue el mejor de la cancha. Como jugador un crack, como persona, despreciable”, finalizó el exárbitro. 

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De esta manera puede liderar la innovación en la empresa

“Estos eventos tienen como componente común el involucramiento de la juventud. Para Cámara de Industria es importante el acercamiento con los jóvenes ya que son ellos quienes están llevando la transformación a la industria actual y también quiénes serán los líderes de la industria del mañana”, comentó Eduardo Girón, presidente de Junta Directiva de Cámara de Industria.

El evento Innovation & Technology Expo, organizado por la Gremial de Tecnología, es una plataforma para generar acercamientos y concretar negocios entre inversionistas, empresarios, emprendedores, desarrolladores de tecnología y so¬ftware, con el fin de apoyar la activación de la economía digital en Guatemala.

Este evento también será la plataforma de premiación del Tech Challenge 2020, concurso que busca reconocer los desarrollos tecnológicos en las áreas de robótica, hardware y software.

La convocatoria aún está abierta, y los interesados pueden consultar en la página Tech Challenge para obtener información acerca de cómo postular sus proyectos.

Eduardo Girón de @industriaguate invitó a los emprendedores a participar en el Tech Challenge, concurso del Innovation & Technology Expo, que busca reconocer los desarrollos tecnológicos en las áreas de robótica, hardware y software. https://t.co/INb2aWxFZj pic.twitter.com/IOHQEbHjP0

— Mundo Económico (@Economia_pl) December 9, 2019

Herramienta de resolución de conflictos

Por otro lado, La 6ª. Edición de la Competencia Interuniversitaria de Arbitraje Comercial a cargo de la Comisión de Resolución de Conflictos – Crecig-, busca fomentar la excelencia académica y la ética profesional, como pilares fundamentales para la práctica del derecho.

Su objetivo primordial es la difusión del arbitraje como herramienta para la resolución pacífica de los conflictos.

En esta competencia participan estudiantes de todo el país, quienes, en representación de sus universidades, participan de mecánicas escritas y evaluaciones orales hasta llegar a la fase final, donde los equipos se enfrentan a una simulación de arbitraje orientada por los máximos representantes del campo legal del país.

Girón aseguró que la Cámara de Industria seguirá aportando lo necesario para el crecimiento y desarrollo del país, que se acercará a los jóvenes para seguir innovando y para fortalecer a la industria del mañana y que seguirá como siempre, firme en su visión de trabajar por la industrialización de Guatemala, como la mejor vía para asegurar la creación de empleos formales que reduzcan la pobreza y la migración.

Este 9 de diciembre directivos de @industriaguate firmaron una alianza con diplomáticos de la Embajada de China–Taiwán con el objetivo de fomentar la tecnología, innovación y conocimientos a través de 2 eventos que se llevarán a cabo en febrero del 2020. pic.twitter.com/cpdzIwIzOP

— Mundo Económico (@Economia_pl) December 9, 2019

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El astro argentino, quién además fue expulsado durante el encuentro frente a Chile, en el que su selección disputó el tercer lugar de esa competición, también criticó a la Conmebol y afirmó que la Copa América estaba armada para Brasil.

A ritmo de reggae

El popular youtuber Lucas Requena, le agregó ingenio y picardía a la situación y creo un video que en pocas horas superó las 50 mil reproducciones.

En el clip incluye las imágenes del 10 argentino en las que se queja por el arbitraje y otras situaciones que se dieron durante la Copa América. Además, aparecen figuras como Diego Armando Maradona y Óscar Ruggerri, exfutbolistas y campeones del mundo con Argentina, quienes le agregan “humor” a la canción.

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“Eso provoca porque uno está caliente y con los nervios de punta porque quiere que su equipo funcione. Eso no tiene que ser así”, expresó.

Además, indicó que es un tema generalizado en todas las ligas.

“Los árbitros en Guatemala siguen trabajando mediocremente, disculpen pero es la realidad de esto. Los culpables siempre son los jugadores y técnicos y para los señores árbitros nunca hay un castigo por el mal trabajo que hacen, así será difícil que salga adelante el futbol de Guatemala”, agregó el estratega. 

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Najarro también puso en tela de duda el actuar del central Duglas López a quien señaló de cobrar faltas recurrentes en el área defendida por los nororientales.

El tema arbitral sigue dando de qué hablar en el futbol nacional, recientemente el jugador de Guastatoya Ángel Rodríguez señaló al silbante Éver López de haberlo maltratado.
 

La vasta experiencia en el arbitraje internacional, le dio la confianza y oportunidad al árbitro guatemalteco Carlos Batres de ser el coordinador del arbitraje en el futbol  de Costa Rica.

Batres fue presentado este miércoles por el presidente de la Federación Costarricense de Futbol, Rodolfo Villalobos, quien afirmó que Batres con su experiencia aportará y ayudará a mejorar la calidad en el arbitraje tico.

 Presidentes de la Primera División comentan sobre el nombramiento de Carlos Batres como coordinador arbitral.https://t.co/5V8OiFzRJD

— FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) February 22, 2017

En una entrevista publicada en video en las redes sociales de  la Fedefutbol de Costa Rica, Batres afirmó que toma el puesto de coordinador arbitral con mucha alegría y hablo de sus retos.

“Estoy muy contento de estar con la Federación, la idea principal es levantar el nivel del arbitraje, darle en algún momento herramientas a los árbitros para que puedan tener mejores habilidades para resolver los partidos en el terreno de juego, de esa manera permitir que la belleza del futbol siga y que realmente los árbitros puedan impartir justicia como corresponde”, dijo Batres.

El haber trabajado en el Comité de Árbitros de la Fifa y jefe del departamento de Uncaf le dio un panorama de cómo trabaja el arbitraje centroamericano, lo cual será una ventaja para trabajar en el desarrollo del mismo.

“Yo lo que vengo acá es a trabajar muy fuerte, sé que me voy a encontrar gente que va a decir que estoy haciendo un buen trabajo y habrá otra, que si su equipo perdió y fue por una mala decisión arbitral dirá que no estoy haciendo nada”, manifestó Batres en su presentación.

Está es la entrevista que Batres dio a la Fedefutbol de Costa Rica. 

“La asamblea general va a recibir las conclusiones sobre esa primera fase de experimentación” e “informaciones detalladas sobre las pruebas en directo (con la posibilidad de influenciar a árbitro) que van a comenzar en veinte competiciones en 2017”, explica la IFAB.

En marzo de 2016, el organismo había autorizado pruebas en condiciones reales durante dos años, un primer paso para un cambio que será muy relevante en la historia del fútbol.

La decisión definitiva sobre la instauración o no del arbitraje vídeo debe tomarse en marzo de 2018.

Determinante

La asamblea general va igualmente a estudiar la posibilidad de que se acepte un cuarto cambio en el caso de que el partido llegue a la prórroga, en vez de que la rigidez de los tres actuales.

La IFAB lanzó en marzo de 2016 una fase experimental de dos años sobre esta cuestión, en competiciones como el torneo olímpico femenino de Rio-2016 y el Europeo Sub-21 de Polonia.

El 12 de agosto en los Juegos de Rio, por primera vez, un cuarto cambio tuvo lugar en un partido, en los cuartos de final entre la selección femenina de Estados Unidos y la de Suecia.

La IFAB también estudiará la posibilidad del reemplazo de la tarjeta amarillo por una exclusión temporal en el fútbol 'amateur'. Este reforma no se aplicaría al fútbol profesional ni a los partidos de selecciones, preciso la instancia.

“No se sabe quién es el encargado de dar las las charlas técnicas, tanto en aula como en el campo. Los árbitros se están preparando solos y bajo las instrucciones del árbitro Fifa Wálter López”, señala el documento elaborado en julio del año pasado.

“El departamento de arbitraje no está bien conformado y debe de haber un compromiso por parte de los involucrados; el presidente de la comisión, sus miembros y los instructores locales. Hay personas asalariadas que solamente llegan un día a la semana”, agrega el informe.

Del  18 al 23 de julio del 2016, con la presencia de 35 árbitros nacionales, incluyendo cuatro mujeres, personeros de la Fifa —Alan Brown, Rodolfo Sibrián y Ronald Gutiérrez— impartieron en el país, un curso de asistencia en el que detectaron muchas falencias, las cuales no han sido superadas.

“Hay luchas internas entre el departamento arbitral y el asesor arbitral —no sabe qué función tiene y qué hace en esa posición—, dicha pugna limita el trabajo, lentifica los procesos y evita el desarrollo de proyectos arbitrales”, refiere el diagnóstico.

Lejos de lo normado

El escrito también hace referencia a que la actual comisión arbitral del balompié nacional, que está bajo la jurisdicción de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), —es presidida por Juan Carlos Barragán, integrante del Comité de Regularización— no está establecida como dicta el reglamento de la Fifa.

“El departamento de la comisión de arbitraje no está constituido como el reglamento de la Fifa lo estipula, por esa razón el oficial de desarrollo se reunió con el secretario general para que lo organice, ya que es urgente que se realice dicho orden para que el arbitraje pueda funcionar como debe ser”, explica el informe.

El dictamen de la Fifa añade que el actual asesor arbitral, Hugo Castillo, no tomó parte del curso que fue impartido en el país, debido a que acababa de sufrir un accidente en su hogar. Si estuvieron Fredy Burgos y Rubén Castellanos..

“Estuvimos en una reunión con Hugo Castillo para hablar del nivel del arbitraje porque sentimos que nos han perjudicado. El domingo nos anularon un gol que era legítimo y eso nos afectó al final en el resultado”, expresó Irasema Meléndez, presidenta de los cobaneros.

“Hugo Castillo nos solicitó que quería mejoras en las bebidas y alimentos, pero me fue específico que no deseaba que se repitiera el mismo problema  de darles bebidas alcohólicas a los árbitros”, comentó Meléndez.

“Hace un año y a mis espaldas, uno de nuestros directivos cayó en la ingenuidad. Los árbitros le pidieron una bebida alcohólica y él fue y se las compró. Yo me enteré a la semana siguiente después de investigar lo que el mismo Hugo Castillo me había dicho y cuando comprobé todo sancioné al directivo”, relató la dirigente cobanera.

“Esto fue lamentable y quedó corregido, pero soy clara en que nosotros no le damos cerveza a los árbitros”, finalizó.

La Comisión de Árbitros de la Federación de Futbol Nacional ha recibido una serie de críticas por los nombramientos arbitrales de silbantes sin experiencia en las primeras dos jornadas del Clausura 2017.

“Analizamos los elementos para proceder. Esperamos tener un panorama claro a finales de agosto”, expresó Lacs.

Roberto Herrarte, gerente corporativo de Alimentos Ideal, S.A., aseguró    que las pérdidas por no enviar producto a Panamá han sido millonarias. Además, dijo que El Salvador podría unirse a Guatemala para solicitar el arbitraje con Panamá.              

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El 31 de octubre del 2015, Panamá suspendió la importación de 69 tipos de bebidas o néctares exportados por el resto de países de Centroamérica.

La Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) no solo exigió que se retiraran dichos productos del mercado, sino que eximió a los importadores de la obligación de comprar el producto en el Istmo.

“En la actualidad existe un mayor interés en la figura del arbitraje por parte de varios sectores, al observar mayor agilidad y ahorro en la resolución de sus conflictos”, agregó.

Un arbitraje es un mecanismo alterno de resolución de conflictos que está fundamentado en Guatemala en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, que en su momento fue una iniciativa moderna a escala latinoamericana. Sin embargo, “no se ha aprovechado en su totalidad”, refirió Javier Antonio Sandoval, presidente del Club Español del Arbitraje (CEA) capítulo Guatemala.

El profesional señaló que entre las ventajas de los paneles arbitrales está el factor tiempo, para determinar la sentencia, la cual es “inapelable”, eliminando así el “abuso del recurso de apelación o casación”.

Klée agregó que el arbitraje se ha convertido en una institución primordial para el comercio, tanto en las transacciones nacionales como internacionales, “por las ventajas del proceso, como la privacidad”.

El objetivo de promover esa figura en el mundo de los negocios es que se incluya dentro de los contratos la “cláusula arbitral”, porque es un beneficio para ambas partes que al momento de surgir una controversia “lo resolverá un tribunal especializado en la materia”, enfatizó el presidente del CEA.

Sector interesado

Los profesionales comentaron que el sector de la construcción es uno de los más interesados en adoptar la figura del arbitraje para la resolución de los conflictos.

Sandoval destacó que esa vía es la más “idónea” para este sector, porque no paraliza ni atrasa las obras en construcción, permitiendo así que puedan seguir su curso y “resolver la controversia lo más pronto posible”.

Otros sectores que utilizan el arbitraje son telecomunicaciones e infraestructura.

Construcción y arbitraje

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC)  llevará a cabo el CongrExpo,  del 5 al 7 de octubre, en el Hotel Tikal Futura.

El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que presentarán sus propuestas de mejora para el sector construcción, enfocadas en vivienda, salud y seguridad ocupacional; infraestructura,  y resolución de conflictos en contratos de construcción.

En este último tema se contará con el apoyo del  CEA y el Cenac. Los expertos invitados al encuentro en   arbitraje  compartirán sus experiencias, últimas novedades y tendencias, como financiamiento  y métodos alternos de resolución de conflictos, específicamente en materia de construcción.

Jugadores, cuerpo técnico, prensa y la Federación Panameña de Futbol  (Fepafut) fustigaron el torneo de la Concacaf y al árbitro estadounidense Mark Geiger.

“Fue una actuación pésima del árbitro, pero los más perjudicados son los mexicanos porque todo el mundo vio que tuvieron que ser ayudados para pasar a la final. El árbitro, al ver que México perdía, tuvo una actuación premeditada inventando dos penaltis y una expulsión sin motivo”, dijo la productora audiovisual Yolanny Simmons.

Ayer  la Fepafut fue más allá y pidió la expulsión íntegra de los miembros de la comisión arbitral de la Concacaf ante el insultante y vergonzoso arbitraje durante la Copa Oro para favorecer, de manera vulgar y descarada a la selección mexicana.

Así mismo colocó en su cuenta de twitter una fotografía con el logo de la federación de negro, en señal de luto por el desarrollo de la Concacaf.

pic.twitter.com/H9JT6jTEY5

— FEPAFUT (@fepafut) July 23, 2015

Con un polémico penal y un jugador menos la mayoría del partido, Panamá perdió  (2-1) el miércoles recién pasado ante México en semifinales de la Copa Oro con dos goles de penal del capitán Andrés Guardado, que dieron la vuelta al gol de Román Torres.

“Panamá jugo muy bien y dejó la piel en el campo con 10 jugadores, pero el árbitro sí tuvo algo de intención de perjudicar a Panamá. La Concacaf quería una final entre México y Estados Unidos y como perdió Estados Unidos con Jamaica eso le dejó un ojo negro a la Concacaf”, comentó Bert Hammond, un panameño nacido en la zona del Canal.

La ira canalera se debe a la expulsión por roja directa de su delantero Luis Tejada al minuto 25, y por el primer penal al minuto 89, que el propio seleccionador mexicano, Miguel Piojo Herrera, reconoció que no había sido.

Las denuncias panameñas apuntan a un presunto interés de la Concacaf por llevar a México a la final, debido a la gran cantidad de seguidores que arrastra el “Tri” .

Un robo

A la polémica también se sumó el mandatario Juan Carlos Varela y el actor y músico panameño Rubén Blades.

“Hay victorias sin gloria y hay glorias sin victoria, hoy más que nunca orgulloso de nuestra selección”, publicó Varela en Twitter.

Blades escribió en su cuenta en Facebook que “México va a la final, manchada su clasificación por el arbitraje. Que disfruten su triunfo. Panamá se queda con una dignidad que el mundo entero ha visto y México con la vergüenza de haber sido el peor equipo en el campo, aunque jugaron con 12 jugadores”.

Panamá disputará el tercer puesto el sábado ante Estados Unidos, un partido que los jugadores panameños han insinuado que podrían no jugar.

“Hay que darle un alto a la corrupción. No puede ser, con Costa Rica pasó lo mismo”, dijo al canal RPC el defensa Adolfo Machado.

“Si eso es penal yo soy superman” , dijo en Twitter la leyenda del futbol argentino y comentarista Alberto “Matador”  Kempes, para quien “contra la mafia y los árbitros sin personalidad no se puede hacer nada”.

Los panameños no ocultan su enfado, lo que ha llevado a la creatividad del cantante canalero Iván Broce conocido como Real Phantom a componer una canción dedicada a la Concacaf, llamada Concacash en la que resalta el orgullo de ser Marea Roja.

“No necesitamos tener la copa porque tenemos cosas más grande ante los ojos del mundo, dignidad, honestidad, amor por el deporte, amor por dejar primero a nuestra bandera en alto, y es por esto que podemos decir con orgullo, yo soy panameño yo soy marea roja”, expresa una estrofa de la canción.

https://www.youtube.com/watch?v=jHJbmBlZEI0

Castillo, inició en el arbitraje nacional en el año de 1993 y obtuvo el gafete Fifa de 1998 al 2005.

En su carrera como árbitro dirigió más de 500 encuentros futbolísticos en el futbol nacional y 50 en el plano internacional.

En el encuentro clasificatorio a Rusia 2018, que se llevó a cabo el viernes en el país a la Selección Nacional le anularon  tres goles legítimos, siendo dos de ellos por el asistente dos José Rodríguez y uno por el árbitro central del duelo Yadel Martínez, además de dejar varias dudas al no cobrar diferentes faltas.