Organizaciones de prensa piden que se investigue la desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa

Organizaciones de prensa nacionales e internacionales piden a las autoridades que investiguen la desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa.

Pavel Arellano

21 de febrero de 2025 | 11:53h

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FOTO ILUSTRATIVA. Organizaciones de prensa piden a las autoridades que investiguen la supuesta desaparición del periodista Milton Polanco en Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Varias organizaciones de prensa, tanto a nivel nacional como internacional, han solicitado a las autoridades de Guatemala que investiguen la desaparición del periodista Milton René Orellana Polanco, quien no ha sido hallado desde el pasado 7 de febrero.

En un comunicado, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), indicó que la desaparición de Polanco ocurrió en la colonia Santa Bárbara, en el Barrio Latino. “Hacemos un llamado a la población para que colaboren con cualquier información que ayude a dar con el paradero de Milton“.

La APG agregó que los familiares del periodista han interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, denuncia que, señalan, se encuentra bajo reserva.

El pasado 19 de febrero también se pronunció el Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas, quienes se pronunciaron en X al decir que instan a las autoridades a hacer una “búsqueda inmediata” del periodista.

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También se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa.

Cámara otorga amparo provisional a Jose Rubén Zamora y suspende orden de regresar a prisión

Queda en suspenso orden judicial que pretendía regresar a prisión al periodista Jose Rubén Zamora.

ACAN-EFE, César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

13 de enero de 2025 | 13:24h

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El periodista Jose Rubén Zamora se declara inocente de los señalamientos que le hace el Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó amparo provisional a favor del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y suspendió lo resuelto por la Sala Segunda de Apelaciones que ordenaba que el fundador de elPeriódico regresara a prisión preventiva.

La abogada del periodista, Jovita Tzul, fue quien confirmó el fallo, horas después de que una audiencia en la que se conocería dicha resolución fuera suspendida para hacer consultas al respecto fuera suspendida.

Un tribunal de sentencia de Guatemala suspendió este lunes 13 de enero una audiencia contra el periodista Jose Rubén Zamora Marroquín y queda en suspenso una orden judicial que pretendía regresarlo a prisión.

“Fuimos notificados de la Cámara de Amparos que se le dio la protección provisional a Jose Rubén Zamora y se deja en suspenso la resolución de la Sala.  Pienso que el Tribunal actuó muy producente al no ejecutar la resolución, sabiendo que había una acción constitucional en trámite que justamente se está resolviendo ahora”, dijo la abogada.

El Tribunal Noveno de Sentencia decidió suspender la audiencia debido a que necesita que una Sala de Apelaciones entregue más información para ejecutar una orden que solicita que el periodista, de 67 años, vuelva a prisión. Hasta el momento, no se sabe cuándo será reprogramada.

“Seguiré cumpliendo con las medidas que se impusieron y esperaré en mi casa. Volveré a prisión si es necesario hasta que se haga justicia”, indicó a EFE Zamora Marroquín al salir de la Torre de Tribunales.

Añadió que lleva más de 80 días de estar bajo arresto domiciliario y que pese a ello no ha salido del país, por lo que luego de la suspensión de la audiencia seguirá respetando las restricciones impuestas y acudiendo a la Fiscalía cada miércoles para firmar un libro de control.

“Sigo declarándome inocente, es devastador que le fabriquen casos a uno y que destruyan a su familia y su patrimonio, pero aquí o en Mariscal -la cárcel- voy a enfrentar a jueces y fiscales corruptos”, afirmó Zamora.

Zamora Marroquín estuvo en prisión más de 800 días entre el 29 de julio de 2022 y el 19 de octubre pasado por un supuesto caso de lavado de dinero que el Ministerio Público (MP), cuya cúpula se encuentra sancionada internacionalmente, lleva en su contra.

Organizaciones internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han presentado informes donde señalan que el proceso contra el periodista está plagado de inconsistencias y violaciones a su derecho de defensa.

El periodista, que ganó el premio de la Fundación Gabo el año pasado, fue llevado a prisión en 2022, apenas cinco días después de lanzar fuertes críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y su círculo cercano.

Durante el tiempo en prisión, el medio investigativo elPeriódico, fundado por Zamora Marroquín, se vio forzado a cerrar y su familia tuvo que exiliarse fuera de Guatemala por amenazas en su contra.

APG se pronuncia

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) rechazó en un comunicado la resolución que pretende que Zamora Marroquín regrese a presión preventiva y señala que la “Corte Suprema debe ser independiente y no prestarse a la persecución y criminalización de los periodistas”.

“Como una resolución contraria al debido proceso y que atenta contra la libertad del expresidente de elPeriódico Jose Rubén Zamora, ve la Asociación de Periodistas de Guatemala APG, la denegatoria del amparo provisional solicitado por la defensa del presidente de elPeriódico, en la que se ratifica la resolución de la Sala Segunda de Apelaciones que revoca las medidas sustitutivas y ordena de nuevo su prisión preventiva”, dice la APG en un comunicado.

Agrega: “Es consenso que el fallo de la Cámara de Amparo y Antejuicio, integrada por los magistrados Carlos Ramiro Contreras, Estuardo Adolfo Cárdenas, Igmaín Galicia y Clemen Vanessa Juárez, deja por un lado lo actuado por el juez del Tribunal Noveno de Sentencia que, considerando que Zamora ya había cumplido dos años en prisión y dos juezas resolvieron en su oportunidad medida sustitutiva en el primer caso, por lo que ordenó su arresto domiciliario para que resolviera el segundo proceso en su contra”.

También señala: “Obligar a que vuelva a prisión el periodista Jose Rubén Zamora, aduciendo delitos de peligrosidad, atentan contra la libertad de prensa, garantizada en tratados y convenios de derechos humanos, por ello la APG solicita al Relator de la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, analice su situación y se pronuncie al respecto. El periodista Zamora, no es una persona de peligrosidad y se le quiere tratar como criminal, por ello hacemos un llamado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a que exista respeto al debido proceso y se tome en consideración los fallos hasta la fecha emitidos en donde se ha resuelto la medida sustitutiva de que goza actualmente”.

“Instamos a los jueces del Tribunal Noveno de Sentencia Penal que analicen la reversión de medidas de sustitutivas y se garantice la libertad del ingeniero Zamora, quien, según la exposición de la Defensa Pública Penal y otros jueces, ya ha pagado una condena anticipada, sin haber sido vencido en un juicio justo”, concluye la misiva.

APG exige respeto al ejercicio periodístico y condena agresión contra reporteros

La APG exige a las autoridades individualizar a los agresores de los periodistas Andrea Domínguez y Óscar Vásquez de Prensa Libre y Guatevisión.

César Pérez Marroquín

7 de diciembre de 2024 | 20:24h

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Momento en que un supuesto vendedor de La Terminal agrede a un equipo de periodistas de Guatevisión y Prensa Libre: (Foto Prensa Libre: )

La Asociación de Periodista de Guatemala (APG) condenó este sábado 7 de diciembre la agresión contra los periodistas Andrea Domínguez y Óscar Vásquez de Prensa Libre y Guatevisión por parte de supuestos inquilinos del mercado la Terminal, en la zona 4 de la capital.

El pasado viernes 6 de diciembre, los reporteros Andrea Domínguez y Óscar Vásquez cubrían un incendio en un sector del mercado La Terminal, en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, pero fueron agredidos por supuestos vendedores.

Vásquez y Domínguez resultaron con lesiones en varias partes del cuerpo, y durante la agresión también se dañó equipo de video, fotografía y transmisión.

Por lo anterior, la APG emitió un comunicado en el que condena el hecho y exige  que se capture a los responsables.

“Condenamos enérgicamente la agresión sufrida por los periodistas Andrea Domínguez y Óscar Vásquez de Prensa Libre y Guatevisión, quienes fueron golpeados y amenazados que los iban a “quemar vivos”, durante la cobertura del incendio de unos locales en la Terminal, zona 4. Esta actitud es un total irrespeto a la vida y al precepto constitucional de Libertad de Prensa”, dice la APG en su comunicado.

Reitera que se debe poner un alto a ese tipo de agresiones y garantizar la seguridad de los miembros de la Prensa.

“La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), es de la convicción de que no se puede permitir que continúen las agresiones contra los reporteros en el ejercicio de sus funciones, provengan de personas particulares, funcionarios públicos, elementos de seguridad civil o militar”.

La APG le exige a las entidades de seguridad y justicia que actúen conforme las leyes vigentes para que se respete el derecho de informar y ser informado.

“Se presume que los agresores son inquilinos del mercado”, refiere el documento.

Estas agresiones, además de impedir el libre acceso a la información, derecho garantizado por la Constitución de la República, constituyen un delito y por esa razón las fuerzas de seguridad deben poner a disposición de los tribunales a los individuos que irrespetaron la máxima norma de la República, dice el documento de la APG.

“La APG exige respeto para el gremio periodístico, que los comunicadores ejerzan su trabajo sin restricción alguna. Por tal motivo, exhortamos a los hombres y mujeres de prensa a mantenerse unidos y solidarios en la defensa de los derechos constitucionales”, concluye.

APG presenta inconstitucionalidad por reformas a funciones de Codisra

Asociación de Periodistas de Guatemala acciona contra reformas al acuerdo de Codisra, al considerar que coarta la libertada de prensa.

César Pérez Marroquín

25 de noviembre de 2024 | 17:00h

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Autoridades de la Asociación de Periodistas de Guatemala presentan una acción de inconstitucionalidad contra las reformas al acuerdo del Codisra. (Foto Prensa Libre: APG)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) presentó este lunes 25 de noviembre una acción parcial inconstitucional al Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 189-2024, mediante el cual se reformaron las funciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra) y que considera coarta la libertada de prensa.

El 22 de noviembre pasado, en el Diario de Centro América la Presidencia de la República publicó un acuerdo con el que se reforman las funciones de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra).

Entre los cambios se encuentra que las autoridades podrán monitorear medios de comunicación para denunciar casos de discriminación y racismo contra pueblos indígenas.

El 22 de noviembre pasado, la Secretaría Privada de la Presidencia publicó en su cuenta de X un mensaje referente a la firma por parte del presidente Bernardo Arévalo de las reformas a las funciones de Codisra.

“El presidente @BArevalodeLeon firma la reforma al Acuerdo sobre CODISRA, reafirmando el compromiso contra el racismo y la discriminación en Guatemala en el marco de Diálogo Nacional con Autoridades Indígenas y Ancestrales”, dice el mensaje en la red social X.

El presidente @BArevalodeLeon firma la reforma al Acuerdo sobre CODISRA, reafirmando el compromiso contra el racismo y la discriminación en Guatemala en el marco de Diálogo Nacional con Autoridades Indígenas y Ancestrales #Diálogo #UnGobiernoCercano@GuatemalaGob pic.twitter.com/PQDMg8k4WC

— Secretaría Privada de la Presidencia GT (@SPP_GT) November 22, 2024

Dichas reformas han sido criticadas por diferentes sectores, que consideran que estas atentan contra la libertad de prensa.

“Establece como función de Codisra literal L monitorear medios de comunicación para denunciar los casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas. Esto para la APG y para la prensa crea una amenaza para la libertad de emisión del pensamiento de la población guatemalteca, así como la posibilidad de que un ente estatal pueda controlar y supervisar las publicaciones realizadas a través de los medios de comunicación en Guatemala, restringiendo así el uso de dicha libertad de manera contraria a la Constitución, Ley de Emisión del Pensamiento e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, dijo la periodista Ana Julieta Cárdenas, presidenta de la APG.

Anteriormente la APG publicó un comunicado en el que rechazó la reforma.

Consideró que el cambio “podría convertirse en un instrumento para coartar la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento”.

Defiende reformas

Mónica Mazariegos Rodas, subsecretaria privada de la Presidencia, dijo durante una entrevista con Emisoras Unidas que las reformas no constituyen amenaza a la libertad de prensa, ya que el trabajo de monitoreo de medios estará a cargo de personal capacitado y con amplio conocimiento en temas de discriminación y racismo.

“El alcance es monitorear y la función de monitorear puede hacerla la ciudadanía, incluso, y el límite es que no hay protestad de sanción ni de censura, ni nada por el estilo”,, dijo Mazariegos

Respecto a quiénes serán las personas encargadas de determinar qué es determinar si es discriminación o racismo, Mazariegos dijo: “La Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo está integrada por cinco comisionados o comisionadas, que son nombrados por el presidente -Arévalo-, que son personas con amplio conocimiento de la realidad, con amplio conocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y, por supuesto, con amplio conocimiento de los sistemas de ideas que producen discriminación en un determinado contexto, por motivos de raza”.

“Ellos tendrán a su cargo dirigir esta tarea de monitoreo, digamos, estamos hablando de gente que tiene una especialidad en esto, no de cualquier persona, ellos dirigirían este trabajo, ellos son los encargados de todas las funciones que el acuerdo gubernativo les delega”, añadió.

Añadió que monitorear y denunciar actos de discriminación y racismo no es solo responsabilidad de Codisra, sino que todo ciudadano puede hacerlo y denunciar en el MP, por lo que no lo considera un acto abusivo.

“Lo único que se hace en este acuerdo gubernativo es establecerlo desde el canal de la Codisra, que es el órgano especializado en discriminación y racismo. Reformas a Codisra, Codisra, Libertada de Prensa, Gobierno de Guatemala, Asociación de Periodistas de Guatemala

APG señala que modificaciones al acuerdo de Codisra violan la Constitución

La APG se pronuncia por modificaciones al acuerdo de Codisra porque “podría convertirse en un instrumento para coartar la libertad de expresión”.

Óscar García

24 de noviembre de 2024 | 10:43h

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Terminar con la discriminación y racismo contra los pueblos indígenas buscan las modificaciones al acuerdo de creación de la Codisra, aseguran organizaciones indígenas. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) publicó un comunicado en el que “rechaza categóricamente” la reforma aplicada al Acuerdo 189-2024, publicado el viernes 22 de noviembre en la sección legal del Diario de Centroamérica.

Considera que dicha reforma “podría convertirse en un instrumento para coartar la libertad de expresión y la libre emisión del pensamiento”.

Agregó que dicho acuerdo reforma el Acuerdo 390-2002 que dio vida a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (Codisra); sin embargo, en la reforma aplicada al Artículo 2. Literal L, se confiere al ente presidencial la facultad de “monitorear medios de comunicación para denunciar casos de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas”.

A criterio de la APG, “dicha reforma es una mordaza para el ejercicio del periodismo, por lo que se convierte en una clara violación de la Carta Magna”, pues atenta contra la Libre Expresión del Pensamiento, expresada en el Artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala.

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Indicó que es válido mencionar que ninguna ley ordinaria es superior a la ley suprema de la República, por lo que la “APG se reserva el derecho de accionar legalmente para dejar sin efecto esta reforma”.

Lamentó que el propio presidente de la República, Bernardo Arévalo de León haya sido quien firmó la reforma al acuerdo en mención, pues hace algunos días, fue signatario de la Declaración de Chapultepec sobre la Libertad de Expresión, donde refrendó su compromiso personal y de su gobierno para respetar, garantizar y defender la libertad de expresión.

Añadió la APG que la declaración firmada por el mandatario guatemalteco en México, consigna que “la libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin”.

“La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; y pertenece a los seres humanos, no al poder”, destacó el comunicado.

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En un comunicado de prensa emitido el sábado 23 de noviembre, diversas organizaciones indígenas explicaron que “en ningún momento restringe el derecho constitucional de garantizar la libre emisión del pensamiento”.

APG se pronuncia por firma de la Declaración de Chapultepec entre autoridades de Guatemala y la SIP

La Declaración de Chapultepec fue firmada por el mandatario Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de PEl presidente Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutriz, firman la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresiónrensa.

Miguel Barrientos

13 de noviembre de 2024 | 08:15h

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El presidente Bernardo Arévalo y el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, José Roberto Dutriz, firman la Declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión (Foto Prensa Libre: JOHAN ORDONEZ / AFP)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un pronunciamiento por la firma de la Declaración de Chapultepec en el país en la que participó Bernardo Arévalo y José Roberto Dutriz, presiente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el comunicado publicado, la APG dice que la firma representa un compromiso por parte de los organismos del estado con respeto a la libertad de expresión y pensamiento en todas sus manifestaciones.

También señala que la declaración implica respeto a la democracia y la libertad de expresión y del pensamiento, que deben practicar gobernantes y gobernados para garantizar un Estado de derecho pleno.

Además, la APG indicó que la declaración expresa que la libertad no debe ser coartada en función de ningún otro fin. La libertad es una, pero a la vez múltiple en sus manifestaciones; pertenece a los seres humanos, no al poder.

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“Con la firma de este documento, se garantiza la autonomía, en el libre ejercicio de informar y ser informados, así como en la toma de decisiones para el ejercicio pleno de estos derechos. De no ser así, no sería posible la práctica efectiva de la libertad de expresión”, afirmó la APG.

La Asociación señala que la declaración fue firmada hace tres décadas en México y adoptada por la Conferencia Hemisférica Sobre la Libertad de Expresión celebrada en México D. F. el 11 de marzo de 1994.

“Hasta ahora la misma, ninguno de los gobiernos de Guatemala, la había suscrito. Con su firma se abre la posibilidad de hacer de esta declaración una práctica democrática cotidiana, que debe reflejarse en instituciones modernas, que respetan a los ciudadanos, sin distinción alguna”, concluye la APG.

Durante la firma de la Declaración, celebrada el 11 de noviembre, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la firma de la Declaración no es un acto simbólico o protocolar, sino que se trata de un compromiso “personal y de gobierno” por respetar, garantizar y defender el derecho de la libertad de expresión del pueblo de Guatemala.

“Ninguna democracia es estable o sólida si no se sostiene o si carece de sus más importantes pilares: el acceso a la información, con su contraparte, la libertad de expresión. Los ciudadanos tienen derecho a saber, cuestionar, opinar y ser escuchados“, señaló Arévalo.

Además, señaló que, cuando un gobierno intenta eliminar esos elementos se encamina hacia el autoritarismo.

“Nos comprometemos a fortalecer las instituciones del gobierno, para que no sean instrumentalizadas para acosar, perseguir, censurar o manipular a las personas en el ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión y prensa“, señaló.

También dijo que otras instituciones deben sumarse a la protección de las garantías democráticas, como jueces, alcaldes y una fiscalía que no persiga a los periodistas.

El mandatario también agradeció la presencia de Jose Rubén Zamora, quien participó en la actividad como testigo de honor.

El periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico y quien permaneció en prisión durante más de 800 días, se mostró complacido con la firma del convenio entre el Gobierno de Guatemala y la Sociedad Interamericana de Prensa.

“Sin libertad no hay democracia y sin democracia, con autoritarismo no hay libertad, y tenemos una profesión, es más una vocación, un monasterio muy sufrido, incluso una profesión mal vista por el resto de la sociedad”, dijo Zamora en alusión a las declaraciones de Arévalo.

“Agradezco ser invitado como testigo, es un honor, es algo que la SIP ha venido buscando lograr con todos los presidentes que ha tenido el hemisferio, creo que el presidente Arévalo es un hombre de profundas convicciones democráticas y compromiso con la libertad y que va a buscar que se espaldan esos espacios de libertad para la prensa guatemalteca, me siento contento que esta vez lo veo con convicción, hay otros presidentes que lo han firmado y esa misma tarde quizás los han tirado al bote de basura, pero no es el caso de él, creo que es un hombre franco y es un demócrata”, refirió Zamora.

Además, recordó el tiempo que pasó en prisión hasta que fuera beneficiado con una medida sustitutiva y reconoció el respaldo que recibió de distintos sectores.

“No estaría afuera si no es por el apoyo generalizado de la prensa nacional, de la Asociación de Periodistas de Guatemala, de la prensa regional, del Comité Mundial de Protección de Periodistas, de la SIP.

“La SIP fue la primera institución que logró, puede ser la palabra, logró burlar al gobierno y entraron a verme y es simpático, porque yo les he dicho que estaba en un lugar francamente horroroso, no había visto gente y de repente la noche antes, a mitad de diciembre de que ellos llegaran, aparecieron con tierra negra y me hicieron la propia versión tropical de los Campos Elíseos”.

APG denuncia “amenazas” contra periodista por parte de diputada y pide cese del hostigamiento

La APG denuncia ataque contra la libertad de prensa, luego de que una diputada increpara a un periodista por una publicación.

Óscar García

9 de noviembre de 2024 | 11:53h

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Periodistas del diario La Hora habría sido intimidado por diputada. Imagen ilustrativa.  (Foto Prensa Libre: David Aguirre en Pixabay)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el que condena un nuevo ataque en contra de la libertad de prensa, “esta vez cometido por la diputada Nadia de León Torres, de la bancada Nosotros”.

Según el comunicado del 8 de noviembre, la diputada increpó al periodista del Diario La Hora, Joel Maldonado, por una publicación que este efectuó en la red X de este medio digital.

En un video, la congresista del Partido Nosotros, aseguró que se siente afectada como mujer, añadió la APG.  

“La máxima entidad de prensa rechaza la actitud de la parlamentaria y la insta a dejar de proferir amenazas contra el periodista Maldonado, quien solamente ejerció su labor basada en el Artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, resaltó.

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Indicó que la reacción de Nadia de León Torres se registró durante la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien mantiene un juicio político que ha durado varias semanas.

Según la nota del comunicador, De León Torres se desmarcó de la sesión que se suspendió por falta de quórum, aunque permaneció en el Pleno del Congreso.

Al momento de increpar a Maldonado, la diputada aseguró: “tuve que atender una llamada de mi hijo, quien tuvo un problema en el centro de estudios y que ese fue el motivo que provocó que se desmarcara de la sesión plenaria”.

Para leer más: APG denuncia persecución contra el periodista Diego España y exige respeto a la libertad de prensa

De nuevo la APG “demanda de las autoridades y funcionarios el cese del hostigamiento y desprecio por el trabajo periodístico, por lo que hace un llamado para que se respete el trabajo de los comunicadores y si no se está de acuerdo, en la Ley de Emisión del Pensamiento está regulado el procedimiento para determinar si el comunicador cometió alguna falta de ética”.

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Resaltó que nadie puede alegar desconocimiento de las leyes.

Se trató vía telefónica conocer la postura de la diputada Nadia de León Torres, pero no respondió las llamadas.

APG denuncia robo de documentos “clave” que eran resguardados en sus oficinas

La Asociación de Periodistas de Guatemala denunció la sustracción de un expediente que era resguardado en su sede de la zona 1 de la capital.

César Pérez Marroquín

17 de octubre de 2024 | 19:54h

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La Asociación de Periodistas de Guatemala se pronunció sobre el robo de documentos en su sede de la zona 1 de la capital. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) denunció este jueves 17 de octubre el robo de un expediente que contenía documentos “clave”, en un hecho que calificaron como “un atentado sin precedentes en su sede”, ubicada en la zona 1 de la capital.

De acuerdo con un comunicado de la APG, fueron robados documentos clave de sus oficinas, situación que compromete información de interés y pone en peligro las actividades de la institución.

“Este incidente no es aislado, sino un ataque sistemático contra el periodismo libre y la democracia en Guatemala”, dice el comunicado.

“Es preocupante este robo de expedientes el cual ocurrió en momentos críticos, justo cuando una Sala jurisdiccional había solicitado, en un plazo de 48 horas, el envío de documentos que formaban parte del material sustraído. Este acto sugiere una intención deliberada para obstaculizar y desprestigiar la labor de la máxima entidad de prensa nacional”, agrega la misiva, que no aclara a qué se debe la solicitud hecha por la Sala.

Entre los documentos que fueron robados hay información que forma parte del trabajo “esencial” de la APG para proteger la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento, así como para defender la institucionalidad de la asociación.

“Este vandalismo, además de constituir un delito, es una amenaza directa contra el derecho constitucional de informar y ser informados”, agrega.

Señala que la APG le exige al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, una investigación exhaustiva para dar con los responsables materiales e intelectuales de ese hecho.

“En los últimos meses, han sido evidentes las acciones destinadas a desacreditar la labor de nuestra institución, y no descansaremos hasta que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, refiere el comunicado.

Agrega: “Exigimos al procurador de los Derechos Humanos (PDH), José Alejandro Córdova Herrera, a condenar públicamente este atentado y a enviar una delegación especializada para investigar y emitir un pronunciamiento firme sobre estos ataques que buscan descalificar al gremio periodístico”.

Señala que la Constitución ampara el ejercicio libre del periodismo, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la información.

“No toleraremos amenazas ni intimidaciones de ningún tipo, ni de personas ni de autoridades, por lo que este hecho constituye una grave violación al Artículo 35 constitucional y representa una afrenta contra el Estado de Derecho en el país”, refiere la APG en el comunicado. Por lo anterior, la APG hace un llamado a la comunidad internacional e insta a las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, al relator de prensa de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras, entre otras, a condenar este ataque y tomar acciones inmediatas para visibilizar esta situación.

Entidades periodísticas de Guatemala instan al respeto por la libertad de prensa

En conmemoración al Día Mundial de la Libertad de Prensa, organizaciones rechazan restricciones a la libertad de expresión y expresan su solidaridad con periodistas.

Sandy Pineda

3 de mayo de 2024 | 12:49h

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La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se une a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, reafirmando su compromiso con la defensa de este derecho en una conferencia este viernes 3 de mayo de 2024. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

En conmemoración al Día Mundial de la Libertad de Prensa, diversas entidades periodísticas de Guatemala, entre ellas la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), la Cámara Guatemalteca de Periodismo, la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), y otras organizaciones, expresaron su firme compromiso y unidad en la defensa de este derecho fundamental.

En un comunicado conjunto, 12 entidades destacaron la importancia de recordar a las autoridades la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa, así como reflexionar sobre el papel del periodismo en la democracia y la ética profesional que implica su ejercicio.

El pronunciamiento, respaldado por las organizaciones firmantes, expresa su solidaridad con los más de 20 periodistas guatemaltecos que se han visto obligados a dejar el país debido a amenazas a su vida, así como con aquellos que han sido criminalizados injustamente.

“Ello es extensivo al caso de José Rubén Zamora, quien lleva más de 600 días en la cárcel y sin el debido proceso”, describe la declaratoria.

Además, las entidades periodísticas también rechazaron todas las formas y medidas que restrinjan el libre acceso a la información, así como cualquier acción que amenace el ejercicio de buscar, emitir y difundir información de interés público.

Asimismo, extendieron un llamado a todos los sectores sociales a defender el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, así como las libertades de religión, credo o ideas políticas.

Lea también: SIP evalúa al nuevo gobierno sobre accesibilidad a la Prensa

Uniéndose también a lo expresado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las entidades aseguraron que “el periodismo no es un delito, y a pesar de esto, toda una andanada de nuevas leyes y demandas judiciales afirman lo contrario”.

“Todas las amenazas que recibe un o una periodista suponen un ataque directo contra la libertad de información, opinión y expresión, derechos fundamentales que nos pertenecen a todos”, puntualizaron.

En cuanto al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, se recordó que, según el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, recordando que “no se puede restringir por vías o medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares”.

Guatemala cae en clasificación mundial de libertad de prensa

Guatemala ha registrado una caída del puesto 127 al 138 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicada el viernes 3 de mayo de 2024, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

El índice evalúa anualmente la situación para los periodistas en 180 países, midiendo cinco indicadores: político, social, económico, marco jurídico y seguridad.

Anteriormente, Guatemala se encontraba entre los países con una situación “problemática” en cuanto a la libertad de prensa, pero la caída al puesto 138 la posiciona en una “situación difícil”, empeorando este indicador para el país centroamericano.

Según destaca el informe, en la región de las Américas, la imposibilidad de los periodistas para cubrir historias relacionadas con el crimen organizado, la corrupción o el medio ambiente, por miedo a represalias, es un problema de primera magnitud.

Fuertes caídas de la libertad de prensa en Latinoamérica#Ecuador cayó 30 puestos y #Argentina 26 en el índice anual de la ONG Reporteros Sin Fronteras. #México mejoró, pero sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.#DWNoticias /jam pic.twitter.com/7ZrKtf8sRK

— DW Español (@dw_espanol) May 3, 2024

La posición de Guatemala está por debajo de Colombia, ubicado en el puesto 119, y México en el 121. El Salvador ocupa el puesto 133. La ubicación de la nación guatemalteca en el ranking la sitúa a seis posiciones de estar dentro de los países en una “situación muy grave”, agrupándose con naciones de Medio Oriente y el norte de África, siendo la parte más baja de la clasificación.

En este último grupo se encuentran las zonas señaladas en rojo como Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Arabia Saudí, Irán, Palestina e Irak. También en esa sección están países como Venezuela, Rusia, Nicaragua, Cuba y Corea del Norte.

Desde el pasado 18 de noviembre, la APG informó sobre la conferencia y el plantón por medio de las redes sociales.

En una conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Byron Barrera, habló acerca de un amparo presentado en mayo pasado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Dicho amparo, de acuerdo a Barrera, es para que las autoridades reconozcan que la constitución es superior a las leyes ordinarias, con el fin de evitar persecución, en el marco de la defensa de la libertad de expresión.

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Dicho amparo fue trasladado a la Corte de Constitucionalidad, la cual recientemente resolvió instando a la sala a cargo del caso que acceda al amparo en un plazo no mayor a 48 horas.

Sin embargo, esto no ha sucedido, por lo tanto, la APG exige que se resuelva y convoca a la sociedad civil a una protesta nacional en favor de la libertad de expresión el próximo 30 de noviembre, día del periodista.

“Sabemos que este amparo puede beneficiar a personas que están sindicadas de delitos por dar opiniones, y favorecer también algunos otros casos como el de José Rubén Zamora”, aseguró Barrera.

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Finalmente, la APG enfatizó en que no se está pronunciando a favor de ningún partido político e hizo un llamado a las autoridades de nuestro país a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y el proceso de transición.

hoy conferencia de prensa en Corte Suprema de Justicia, para el llamado: 1. exigir respeto a la libertad de expresión, pedir liberación de los detenidos. 2. Iniciar campaña defensa de la libertad de expresión, 3. y a población expresarse el 30 de nov 6:00 PM#libertadeexpresion pic.twitter.com/BCxFbibPp7

— Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) (@noticiasAPG) November 20, 2023

En sus redes sociales, la APG señaló los puntos tratados en el amparo, además de sus exigencias y la solicitud de apoyo a la población el próximo 30 de noviembre.

Por medio de un comunicado, la APG explicó que en las últimas horas “supuestos voceros de grupos que deberían exhortar a la calma y a la defensa de la democracia llaman públicamente a que los aparatos de seguridad del gobierno, incluido en Ejército, puedan desalojar y utilizar la violencia en contra de las manifestaciones pacíficas”.

Esto en referencia a la orden que emitió la Corte de Constitucionalidad (CC) el pasado 11 de octubre, en la que indicó a la autoridad competente que libere las carreteras del país y permita la libre locomoción de todos los guatemaltecos. Además, le avala usar la fuerza pública, si es necesario, así como el acompañamiento del Ejército, si es preciso, también.

Para la APG, la resolución de la CC es contradictoria ya que primero pide respeto al derecho de manifestación pacífica y luego exige el uso de la fuerza. Por ello, indica estar preocupada ante estas decisiones porque amenazan con generar confrontación.

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Además, señala que por medio de noticias falsas, descalificación de personas e instituciones democráticas; así como con agresiones y actos de vandalismo por grupos de choque se busca deslegitimar al movimiento social que busca la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.

Por ello,  la APG exhorta a los medios de comunicación y periodistas a combatir la desinformación y denunciar a los “responsables de esta guerra psicológica”. Mientras que a la población en general la invita a verificar información y usar fuentes confiables. La APG, además, invita a que se mantenga el derecho a la manifestación pacífica.

También exhortan al “Gobierno, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los sectores democráticos del país a buscar una solución inmediata a la crisis mediante el diálogo”.

Barrera dijo que fue una reunión que duró unas 3 horas y que en ella participaron la fiscal general, Consuelo Porras, acompañada de sus asesores, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthya Monterroso y el secretario contra la Corrupción.

Agregó que alli se enteraron también que el MP se había reunido con la Cámara Guatemalteca de Periodismo.

Por parte de la APG participaron Barrera, el vicepresidente de esa entidad, Mario Recinos Lima y el asesor jurídico Walter Juárez Estrada.

Barrera puntualizó que la reunión giró en torno a las amenazas de persecución penal que existen contra varios periodistas.

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Comentó que la APG ha emitido pronunciamiento bastante fuerte sobre esta situación denunciándola como una persecución contra la prensa.

El presidente de la APG dijo que les explicaron a los funcionarios del MP que durante el conflicto armado hubo muchos asesinatos de periodistas, persecución, desaparición, y exilios, pero que la entidad de prensa no deseaba que se volviera a una situación similar a esa.

“-Les dijimos que – Veíamos con preocupación estas formas de proceder por parte del Ministerio Público y de algunos jueces al iniciar procedimientos penales contra periodistas, lo cual no es normal ni tampoco legal”, dijo Barrera en la entrevista con La Red.

Añadió que plantearon que existe la Ley de Emisión del Pensamiento y que es muy clara en cuánto a que los periodistas e incluso las personas que cometan algún tipo de delito o falta contra la moral, vida privada, honor, la imagen deben ser remitidos a dicha legislación.

Dijo que las personas que se sienta agraviada por la difusión de mensajes de esta naturaleza a través de los medios de comunicación puede recibir apercebimiento a través de la citada Ley de Emisión del Pensamiento, que es un tribunal de imprenta.

“Solicitamos concretamente que el Ministerio Público se regule, en  su relación con los periodistas y la prensa, a esta Ley de Emisión del Pensamiento, ese fue nuestro planteamiento central”, dijo Barrera.

Además, comentó que se solicitó al MP que se agilice el procesamiento de denuncias de amenazas contra periodistas.

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No hay política de persecución

Según Barrera, el MP les afirmó que no tiene una política de persecución contra la prensa, que lo que existe son procedimientos ligados al caso contra el periodista Jose Rubén Zamora.

Dijeron que esa petición se planteó en la audiencia del caso Zamora, pues parecía que había indicios de una campaña que buscaba crear obstáculos al proceso y que estaba orquestado, que estaba planificado y que eso habían sido expuestos ante el juez. (Juez Décimo Penal, Jimi Bremer).

El MP explicó, según Barrera, que fue el juez  el que solicitó el procedimiento que se iniciaran las diligencias -contra los periodistas- dentro de un procedimiento penal, pero que jurisdiccionalmente a dicho juzgador le corresponde trasladar a otro esta solicitud y un juez determinará si existen indicios o no y si no se encontrara nada podría sobreseerse el caso e incluso desestimarlo.

Sin embargo, en la audiencia en donde el juez décimo, Jimi Bremer, ligó a proceso a Zamora por obstrucción de la justicia, la fiscal Cinthia Monterroso le pidió al juzgador que investigara a los comunicadores pues habrían incurrido en el delito de obstrucción a la justicia.

La fiscal Monterroso cree que los comunicadores colaboran con Zamora y señaló directamente a  Édgar Gutiérrez, Jerzón Ortiz, Julia Corado, Gonzalo Marroquín Godoy, Christian Velix, Alexánder Valdez, Ronny Ríos y Denis Aguilar.

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Se siente acosada

El presidente de la APG también dijo en la entrevista que la fiscal Monterroso les dijo que se siente presionada y acosada mediáticamente, pero ellos le hicieron ver que es normal y que cualquier persona en una situación de trabajo público está expuesto a eso.

Barrera dijo que entendían la presión del caso, pero que eso no puede dar lugar a acciones y penales contra un periodista que escriba una opinión o que un medio publique una determinada información que no le guste o no le parezca.

Afirmó que los tribunales de imprenta o la Ley de Emisión del Pensamiento existe y aunque no guste a algunos, hay que aplicarla.

Reuniones mensuales

Según Barrera, en la reunión se llegó a la conclusión de que el MP asegura que no existe una política de persecución contra la prensa; que el MP reconoció que los tribunales de imprenta existen y los van a respetar y finalmente que ahora corresponde al juez determinar si hay indicios o no hay indicios de alguna falta en el caso de estos periodistas.

Agregó que por último se estableció una mesa de trabajo entre la APG y el MP para tratar mensualmente las denuncias de casos que puedan presentarse de algún tipo de amenaza y otras que pudieran existir y afecten a la labor periodística, de periodistas o medios de comunicación.

Según la APG, se han registrado 105 ataques y limitaciones a la libertad de expresión de enero a octubre de 2022.

Además, reporta que en total ha habido 389 agresiones en lo que va este gobierno.

“El actual gobierno continúa promoviendo una política de terror, persecución y criminalización en contra de actores incomodos y voces críticas a su administración, así como de sus aliados políticos. Dentro de este grupo destacan periodistas y medios de comunicación, pero también operadores de justicia, defensores de derechos humanos, estudiantes, ciudadanos y, en menor medida, políticos de oposición”.

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Agrega que las acciones en contra de la libertad de expresión y el clima de impunidad general que favorece, principalmente el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ), provocaron que del 1 de enero al 31 de octubre de 2022 se registraran 105 actos de acoso y limitaciones a la labor periodística, de acuerdo a cifras del Observatorio de los Periodistas de la APG.

El informe señala que con estos datos suman 389 casos registrados durante el gobierno de Alejandro Giammattei, mientras que en el 2020 hubo 149 y en 2021 se reportaron 135.

El comunicado de la APG explica que dentro de las cifras de este 2022, año destacan 10 casos de acoso judicial, en los que se incluye la criminalización, la censura judicial y las citaciones a declarar a periodistas por sus publicaciones.

“Los actos más emblemáticos dentro de este patrón de acoso son el encarcelamiento de Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente. La persecución contra elPeriódico es solo una muestra de los límites que está dispuesto a cruzar la Presidencia y aliados para pisotear la libertad de expresión y minar los derechos humanos”, señala el documento.

Temen persecución penal contra periodistas

“Para la APG existe una enorme preocupación de que el proceso en contra de Zamora y personal de elPeriódico sea la antesala de un recrudecimiento de la persecución penal en contra de la prensa, que alcance el extremo de más detenciones, el envío a prolongados períodos de prisión o sentencias condenatorias en contra de comunicadores (incluyendo la imposición de multas económicas), la intervención de medios, el embargo de sus cuentas o el ahogamiento financiero, para provocar el cierre de sus operaciones”, se lee en el comunicado.

Criminalización

La APG dice que la criminalización de la libertad de expresión, emprendida por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, y Rafael Curruchiche, responsable de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, causó también además del exilio del Juan Luis Font, integrante de ConCriterio, el de Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, quien también debió salir del país por el acoso en su contra y de su familia.

“Mientras Porras Argueta actúa con celeridad para fabricar casos y perseguir a los periodistas, muestra displicencia para investigar los ataques en contra de la prensa. En los últimos meses del 2022 fueron públicos los diversos casos que la Fiscalía de Delitos en contra de Periodistas desestimó y se negó a investigar, incluyendo algunos de violencia policial. Solo este año, el MP archivó 34 denuncias de periodistas y desestimó otras 81, según datos proporcionados por esa fiscalía”, agrega la información.

Según la APG, esto hechos harán que disminuya aún más la “ínfima confianza de los periodistas al MP y al sistema de justicia general”.

“La APG reitera que mientras en una agresión o crimen contra periodistas no exista una sentencia condenatoria en contra de todos los responsables, así como haya una reparación digna para las víctimas y existan acciones para garantizar la no repetición de los hechos, el caso permanecerá en la impunidad. Desestimar casos o cerrar las investigaciones, por el desinterés de los fiscales, solo promueve la impunidad y no contribuye a la generación de justicia”, agrega la APG.

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Otros factores

La APG afirma que aunque el acoso judicial es una de las principales causas de limitación a la prensa, existen otros patrones de acoso en los que están involucradas autoridades y empleados públicos o se sospecha fuertemente sobre su participación.

Entre estos está las limitaciones para que reporteros cubran actividades donde participan funcionarios gubernamentales, la negativa de autoridades a facilitar información de carácter público o la renuencia de distintos funcionarios de brindar declaraciones o entrevistas a periodistas críticos, mientras si lo hacen con periodistas que consideran aliados o medios que utilizan como sus plataformas de relaciones públicas.

El OJ

La APG también menciona que Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establecieron como política impedir el acceso de reporteros a las audiencias de casos vinculados con actos de corrupción o criminalización de operadores de justicia, defensores de derechos humanos y también periodistas, aunque estos casos no se encuentren bajo reserva.

Añade que jueces en distintos departamentos argumentan el tamaño reducido de las salas o las antiguas limitaciones por la pandemia para negar el ingreso de reporteros y observadores de derechos humanos.

También los fiscales del MP implementaron la práctica de alegar cuestiones de seguridad personales o quejarse de la “mediatización de los casos para impedir la labor periodística, según la APG.

“Las actitudes de estos administradores de justicia responden al interés de mantener ocultas falencias o ilegalidades en las investigaciones o irregularidades que ocurran en las audiencias. Pero mientras el OJ y el MP limitan la cobertura periodística, no tienen reparo en compartir datos a operadores de cuentas falsas en redes sociales, quienes usualmente adelantan operativos que se realizarán, divulgan resoluciones antes que las partes procesales seanvnotificadas oficialmente o comparten información bajo reserva y participan activamente en campañas de acoso y desprestigio en contra de periodistas”, se lee en el comunicado.

La información también establece que el sistema de justicia también continúa protegiendo a los responsables de estas cuentas falsas, pese a las múltiples acciones de acoso sexual en contra de mujeres periodistas, amenazas de muerte y comentarios racistas que divulgan.

“Detrás de estas redes, que la APG catalogó como “nuevos grupos de choque”, no solo estarían personas pagadas por el Estado sino también empleados públicos”, dice el comunicado.

“Los esfuerzos del actual Gobierno por menoscabar la libertad de expresión también se han centrado en las manifestaciones públicas y en los estudiantes, activistas, ciudadanos y líderes que participan en estas. La consigna es clara en este tema: perseguir y desarticular cualquier movimiento o iniciativa que se oponga a las políticas o acciones del régimen, con la intención de imponer un estado general de autocensura. Por la intolerancia a la libertad de expresión y por su actitud autoritaria, este gobierno pasará a la historia como el de más acciones en contra de este derecho ciudadano”, cierra el comunicado de la APG.

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Postura del MP

El Ministerio Público fue consultado respecto al informe de la APG en cuanto a la criminalización de periodistas y respondió que son respetuosos de la opinión de la APG , pero no la comparten, puesn “en ningún momento se han promovido acciones que busquen limitar la libertad de expresión”.

“Tal y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y garantizar el estricto cumplimiento de la ley. El Ministerio Público cumple con su labor investigativa tal y como le establece la ley, por tanto, debe velar por el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos denunciados. En ese sentido, ninguno de los casos mencionados guarda relación con el ejercicio de la labor periodística sino es en seguimiento a denuncias presentadas por la posible comisión de hechos ilícitos que el Ministerio Público, por mandato legal, tiene obligación de investigar”, dice la postura del MP.

Añade que en el caso de la periodista Michelle Mendoza, según el registro de la Oficina de Atención Permanente, no hay denuncias en contra de ella por lo que carece de fundamento lo que afirma el comunicado de la APG, señala el MP.

“Así también es importante recordar que fue la fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público quien creo una Fiscalía de Sección específicamente para dar una atención integral los periodistas y garantizar el libre ejercicio periodístico, la libertad de prensa, la libre emisión del pensamiento y el acceso de la ciudadanía a la información”, menciona el MP.

Explica que esa fiscalía tiene competencia especializada para conocer, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra periodistas cuando los hechos sean para limitar sus derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, actos de intimidación, hostigamiento o represalia por su actividad y fue inaugurada el 6 de diciembre de 2019 ya que anteriormente era una agencia adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos.

“Respetuosamente se invita a los miembros de la Asociación de Periodistas de Guatemala a acercarse al Ministerio Público en donde con gusto se atenderá cualquier inquietud, tal y como se ha hecho en reiteradas ocasiones”, se menciona.

Gobierno rechaza señalamientos

El Gobierno de Guatemala, rechazó los señalamientos que hace la APG relacionados con la libertad de expresión en Guatemala.

En una comunicación enviada por la Presidencia se menciona que “el Gobierno rechaza los señalamientos vertidos de manera irresponsable por medio de la APG y reitera su respeto a la institucionalidad del país y al derecho de libertad de expresión, mismo que ha sido promovido en diversos espacios de instancias gubernamentales”.

Señala que durante el 0022, se ha convocado y transmitido más de 60 conferencias de prensa y diariamente se responden consultas de medios, contabilizando más de 800 este año.

“No existe ningún mecanismo de censura, ya que diversas plataformas informativas publican diariamente múltiples notas críticas que muchas veces carecen de veracidad. Por otro lado, nuestra plataforma de recursos multimedia “Sala de Prensa”, alcanza los 2.8 millones de visitas, poniendo a disposición información de más de 140 instituciones gubernamentales. Se reitera el respeto a la independencia de poderes por lo que no se emitirá comentario alguno sobre procesos judiciales de ninguna naturaleza”, se lee en la información.

OJ se pronuncia

Por aparte, el OJ señaló que se cumple con el debido proceso y respeta la libertad de expresión.

Rudy Esquivel, portavoz del OJ, señaló que no se inicia acciones en contra de personas, incluidos comunicadores sociales o periodistas y “el Organismo Judicial actúa únicamente mediante la denuncia de hechos a través de la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público”.

Además, dijo que “se aclara y se informa que las personas señaladas de un delito no están siendo juzgadas por su opiniones o inclinaciones políticas, sino por estar sindicadas de la posible comisión de un delito o delitos, en cuyo caso los honorables juzgadores actúan, ya que esa es su función constitucional, la de juzgar y ejecutar lo juzgado, posteriormente de haber conocido los hechos y pruebas del ente acusador”.

Añadió que el OJ “cumple con el debido proceso, observando la presunción de inocencia y la defensa de los procesados, dando cumplimiento a las garantías procesales. El OJ respeta y promueve una lucha de respetar la libertad de expresión creyendo fielmente en la labor periodística”.

El comunicado también menciona que la censura alcanza también a Gerson Ortiz, jefe de redacción, y el reportero Cristian Veliz, a raíz de una publicación sobre nepotismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que involucra a la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El documento menciona que Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada y empleada del TSE, denunció a los tres periodistas por supuesta “violencia contra la mujer en el ámbito público”, luego que el medio publicara la renovación de su contrato como asesora en esa institución, con un sueldo de Q20 mil mensuales.

“La orden de restricción contra elPeriódico, que son extensivas a la familia de la empleada pública. por ende, a la magistrada de la CC, fue suscrita por la jueza de femicidio Anaelsee Ramirez Pérez”, se leen en dicho comunicado.

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Señala que aunque en un inicio por el juzgado de femicidio, el MP accionó para que se decretaran las medidas de restricción. Estas acciones ocurren cinco meses después que “otro juzgado, manipulando la Ley de Femicidio, censuró a directivos de La Hora por una denuncia que hizo Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Victima”.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, se lee en el documento.

Según la APG, los funcionarios y empleados públicos están sujetos a un mayor escrutinio de los medios y la ciudadanía, y no pueden escudarse en su condición de género, preferencias sexuales u origen étnico para evitar esta fiscalización.

Alega que los jueces y magistrados que apoyan estas prácticas son igualmente responsables de mancillar la libertad de expresión y merecen la condena pública.

“Vemos con preocupación que estas acciones de criminalización se agraven, ante la cooptación del Organismo Judicial y el MP por actores estatales que buscan generar impunidad, y que puedan existir casos graves de prisión prolongada para periodistas, sentencias de cárcel, la imposición de multas exorbitantes o la intervención de medios, como en una dictadura”, se menciona.

“Para la APG esta orden de censura forma parte de las acciones para amordazar y criminalizar a las voces críticas, acciones que no tienen cabida en un régimen democrático sino son propias de Estados autoritarios. Alertamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional del continuo interés del gobierno por socavar la libertad de expresión, censurar la criticas y publicaciones por posibles actos irregulares y de corrupción, e imponer una única versión de las noticias”, concluye el comunicado.

Ramírez sustituye temporalmente a Erika Aifán, quien el pasado lunes renunció al cargo tras denunciar amenazas y se fue al exilio a Estados Unidos.

“Este acto remarca la intolerancia e irrespeto hacia la libertad de expresión que existe desde los altos magistrados del Organismo Judicial (OJ) hasta los juzgados de primera instancia”, se lee en un comunicado que publicó la APG.

Explica el documento que durante la audiencia de primera declaración por el caso de la masacre Rancho Bejuco, en la que están involucrados nueve expatrulleros de autodefensa civil, el juez Edwin Ramírez impidió que más de tres reporteros estuvieran presentes en la sala y les pidió que se rotaran para poder cubrir el proceso, pues adujo restricciones por la pandemia, “pese a que en actuaciones anteriores nunca se había impuesto esta limitación”.

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El comunicado añade que, contrario a lo que ha ocurrido en esta judicatura u otros juzgados de la misma categoría, Ramírez solicitó que todos los periodistas dieran su nombre completo, número de DPI y medio al que pertenecen, pese a que los reporteros de esa fuente ya están acreditados en comunicación social.

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Amenaza con acciones legales

“Pero lo más preocupante de las actuaciones del juez son las amenazas que lanzó, según algunas denuncias, en contra de los periodistas presentes, a quienes advirtió con iniciar acciones legales si percibía que las publicaciones sobre la audiencia no “están acorde a lo que resuelva” o lo que él crea que ha sucedido durante el proceso”, se lee en el comunicado de la APG.

Según la APG, el juzgador alegó el interés por mantener el “decoro” y “respeto” cuando emitió estas advertencias. Además, como acto de intimidación hacia los medios de comunicación, Ramírez solicitó la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), tanto dentro como fuera de la sala donde se desarrollaba la audiencia.

“Las acciones para limitar la cobertura periodística y las amenazas del juez, son parte de las acciones que el OJ y sus juzgados han emprendido para restringir la cobertura en procesos importantes, ordenar la investigación contra periodistas o emitir resoluciones contrarias a la Constitución para entablar una censura previa a los medios”, dice la comunicación de APG.

El comunicado también expresa que es preciso recordar al juez suplente que su cargo no le exime de la crítica y la auditoría, tanto de los periodistas, ciudadanía y agrupaciones de derechos humanos, ni lo coloca sobre la Constitución Política o los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado, para que pueda determinar qué información pueden publicar los medios de comunicación o establecer quiénes pueden ingresar a las audiencias.

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“Las actitudes de Ramírez parecen más las de un depredador de la libertad de expresión que de un operador de justicia responsable de respetar la ley”, también expresa la APG.

Consideran que las acciones de Ramírez son una seria amenaza para la libertad de expresión que pueden llevar a que éstas sean replicadas en otras judicaturas, por lo que no deben quedar sin consecuencias.

“Ante esto, la APG y su Comisión de Libertad de Prensa demandan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que inicie inmediatamente un proceso disciplinario en contra Ramírez y brinde la misma importancia que ha dado a proceso contra otros profesionales del derecho”, concluye el comunicado.

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Hasta el 31 de octubre último, el observatorio registró 82 agravios en contra de periodistas y medios de comunicación, la mayoría, relacionados con el proceso electoral.

Además, señala el informe, se reconocieron patrones comunes durante el gobierno de Morales, como las campañas de desprestigio en redes sociales, usar el derecho penal para censurar e involucrar a particulares y grupos de población en actos de violencia en contra de reporteros.

Morales utilizó de forma recurrente dos recursos para atacar a la prensa, según Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas de la APG: una campaña de difamación en redes sociales a través del net center y el discurso público, en cualquier actividad, para desacreditar a la Prensa y hacer creer a la población que esta es un enemigo.

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Coloj recordó que, durante su campaña y los primeros meses de gobierno, Morales dijo que tendría apertura a la Prensa, pero no fue así y la confrontación empeoró cuando su hermano, Samuel Morales y su hijo, José Manuel Morales, fueron señalados en el caso Botín Registro de la Propiedad.

Además, según el informe, las agresiones de Morales también consistieron en no hablar con la Prensa durante periodos prolongados, guardar silencio en temas importantes, obstaculizar la labor de la Prensa y utilizó una mala estrategia de comunicación a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que no informaba sobre las actividades oficiales.

Por esto último, la Procuraduría de los Derechos Humanos resolvió una sentencia moral, en el 2017, debido a la falta de información de esa secretaría.

La situación en el 2018, explicó Coloj, empeoró cuando Morales se unió con personajes ya declarados en contra de la Prensa como el entonces alcalde capitalino, Álvaro Arzú.

El acoso de parte de funcionarios de gobierno y allegados fue constante según el informe de la APG, que resalta que durante el último semestre de este año se incrementaron los ataques en el discurso público del mandatario, quien aprovechó cualquier espacio, en cualquier actividad, incluso como invitado, para dar su discurso contra los medios.

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La APG lamentó que Morales no haya puesto en marcha el programa de protección a periodistas que se gestionó en el gobierno de Otto Pérez Molina.

Denuncias se incrementan

En la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), durante este año, se han registrado más de 20 denuncias de actos en contra de los periodistas, la mayoría de ellos se trasladaron al Ministerio Público debido a que se trata de hechos penales, informó Ruth del Valle, representante de aquella institución.

Entre las denuncias registradas en la PDH también hay quejas por negación de acceso a la información pública y criminalización contra radios comunitarias.

Por otro lado, en el MP este año se recibieron 73 denuncias, 62 de ellas en el departamento de Guatemala. Además, del total, 29 son por amenazas y 15 por coacción, los dos delitos más recurrentes en los casos contra periodistas.

Debido a la importancia de la protección a la Prensa y por el alza de casos, el 6 de diciembre se abrirá una fiscalía de sección especializada en los casos contra periodistas, anunció Luis Daniel Ordóñez, representante del MP.

La APG hizo un llamado a las autoridades electas para que tengan apertura a la Prensa y respetar sus derechos.

Prensa Libre solicitó una postura a Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, sobre el informe de APG, pero no ha respondido.

Ataques a la prensa

En el informe se destaca que Morales “arremetió contra cualquier opinión que desvirtuara su aparente imagen de cristiano, hombre íntegro y líder de la unidad nacional (…) pero que contrastaba con los actos ilícitos e irregulares que lo involucraban a él, su familia, miembros de su gabinete y de su partido, el Frente de Convergencia Nacional”.

Según el documento de la APG, “Brito utilizó la secretaría bajo su responsabilidad para contratar a personal que manejaba perfiles falsos en Facebook y Twitter, que no solo atacaban a los críticos del gobierno, sino que además ensalzaban los falsos logros y apoyaban las desacertadas decisiones de Morales”.

El observatorio de la APG agrega que Morales y sus funcionarios se acompañaron en sus ataques a la prensa con diputados del Congreso que tuvieron una participación activa en la promoción de leyes que sancionarían penalmente las críticas en redes sociales en contra de funcionarios y políticos.

Tanto Morales como los diputados, sigue el documento de la APG, criminalizaban las manifestaciones ciudadanas con el argumento de que se prevenían actos terroristas.

“Morales será recordado no solo por los múltiples actos de corrupción apañados durante su administración, los actos ilícitos e irregularidades en las que incurrió, sino también por su férrea lucha y constantes ataques en contra de medios de comunicación, periodistas y comunicadores sociales”, cita el informe.

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El Observatorio de los Periodistas también sospecha que algunos robos ocurridos en contra de periodistas pudieron no ser solo responsabilidad de la delincuencia común, sino de actos que se planificaron desde el gobierno con el objetivo de amedrentar y arremeter contra sus críticos.

El documento señala el hecho que ocurrió el 20 de junio, en la zona 10 capitalina cerca de la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, cuando periodistas de Guatevisión transmitían sobre una manifestación ciudadana en contra de la separación de familias migrantes en aquel país.

En esa ocasión, dos hombres que se conducían en motocicleta exigieron a los periodistas los celulares, cámaras de video y la mochila de transmisión; además, robaron el micrófono, lámparas, baterías de la cámara y memoria con material periodístico. No hay detenidos por el caso.

Un mes después, dos robos en contra de periodistas ocurrieron el mismo día, en distintos puntos de la capital con dos horas de diferencia.

El primer hecho fue contra un periodista de Nuestro Diario, a quien le robaron de su vehículo, mientras cubría un accidente de tránsito, una cámara fotográfica, lentes de fotografía, baterías, memorias USB y objetos personales.

El segundo suceso fue en contra de otro periodista de Guatevisión, quienes rompieron el vidrio de su vehículo mientras estaba en un centro comercial en Mixco. Los delincuentes extrajeron del vehículo una computadora portátil y memorias USB.

Según el observatorio, estos hechos ocurrieron porque Guatevisión critica constantemente las erradas decisiones de Morales, de sus funcionarios y diputados aliados; por su parte, Nuestro Diario reveló los onerosos gastos de la presidencia para alimentación, bebidas alcohólicas y objetos como lentes de diseñador para el presidente.

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La entidad de prensa recomendó al Ministerio de Gobernación y Dirección General de la Policía implemente las acciones necesarias para evitar que se repitan abusos en contra de la prensa, en cualquier lugar del país.

Mynor Mérida, periodista de Nuestro Diario, denunció en la APG las amenazas y represalias por parte del jefe policial que tienen su origen en la cobertura que la prensa huehueteca llevó a cabo durante septiembre y octubre por la fuga de 19 reos en la subestación policial en Santa Eulalia, las “pésimas” condiciones en que se viven los agentes en San Mateo Ixtatán y la muerte de un reo dentro de la cárcel preventiva de la cabecera departamental como consecuencia de una golpiza que otros presos le propinaron.

La APG expuso en un comunicado que el miércoles 9 de octubre durante la cobertura de un encuentro futbol de la primera división, el comisario increpó a Mérida por la publicación de una información sobre el crimen del reo, según la denuncia, el jefe policial alegó que la información era imprecisa y que este tipo de noticias desprestigiaba su imagen “intachable”.

El comisario le advirtió al reportero que deseaba “restregarle el periódico en la cara” y que estaba descontento por las críticas en su contra y contra del gobernador de Huehuetenango, Stuardo Barrillas.

Luego, la noche del domingo 13 de octubre, mientras Mérida lleva a cabo su tarea periodística en la zona 8 de Huehuetenango por un ataque armado, Fuentes insultó y ordenó que ningún elemento de la Policía debe dar declaraciones a los medios de comunicación. A la fecha la PNC en ese departamento no brinda información a la prensa.

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No conoce a periodista

El comisario Byron Fuentes vía telefónica invocó a Dios y expresó que “cada persona será juzgada por sus acciones”, negó los señalamientos en su contra y aseguró que no conoce al periodista Mynor Mérida, también comentó que él mantiene buena comunicación con la prensa huehueteca.

Con relación a “restregarle el periódico en la cara” al comunicador, Fuentes negó tal señalamiento y admitió que está en la disponibilidad de ser investigado por la oficina de responsabilidad policial

Fuentes se mostró anuente a reunirse con Mérida o las instancias que lo citen para exponer la situación.

Prensa Libre solicitó a Pablo Castillo, vocero de la PNC, una postura respecto al comunicado de la APG, pero no respondió el mensaje dejado en su Whatsapp.

Secreto a voces

Respecto al tema del cobro de la denominada talacha en el Centro Preventivo para Hombres en Huehuetenango, Erick Villatoro, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), afirmó que los cobros ilegales o extorsiones dentro de la cárcel es un secreto a voces, lamentó no tener denuncias recientes, detalló que hace años conocieron varios procesos que fueron trasladados al Ministerio Público (MP).

Villatoro señaló que existe complicidad entre autoridades a cargo del Preventivo cuando ingresan teléfonos celulares para extorsionar.

Jorge Morales, del Frente Huehueteco Contra la Corrupción, manifestó que tienen denuncias de familiares de reos de reciente ingreso a quienes los presos que llevan varios años de estar detenidos los extorsionaron. “Se le echa la culpa al preso porque no puede estar más adentro, pero sin duda hay muchos funcionarios involucrados en esos cobros ilegales”, señaló Morales.

Agregó que se efectúan gestiones para construir una nueva prisión preventiva, la Municipalidad ofreció un terreno y debe gestionarse ante el Ministerio de Gobernación el presupuesto para construirla.

Julio Ambrosio, alcalde de San Pedro Necta, víctima de extorsión desde el interior del Preventivo administrado por la Policía Nacional Civil expuso que los reos exigen pagos de acuerdo con la posición económica de la víctima.

Cada reo de reciente ingreso a la cárcel en Huehuetenango paga entre Q10 a Q25 mil, para no ser golpeado, según testimonios de familias afectadas.

El Preventivo tiene capacidad para albergar a 150 detenidos, pero en la actualidad hay 260 personas detenidas en ese edificio.

Los fines de semana se estima que ingresan entre 8 a 20 personas, la mayoría por faltas.

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Esto dijo Ileana Alamilla al asumir la presidencia de la APG

Alamilla Bustamente había asumido la presidencia de la APG el lunes 15, cuando pidió al gobierno su compromiso para respetar la libertad de expresión y de prensa en el país. Ya había desempeñado dicho cargo en los periodos 2005-2006 y 2016-2017.

Los restos de la comunicadora serán velados en Funerales Reforma, zona 9.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lamentó el fallecimiento de Alamilla y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y al gremio periodístico.

A las muestras de condolencia se sumaron instituciones, funcionarios, periodistas y empresarios.

La @CICIGgt extiende sus condolencias a la familia, a la #APG, y al gremio periodístico por el sensible fallecimiento de la señora Ileana Alamilla. Destacamos su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la independencia del ejercicio periodístico en Guatemala.

— CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 18, 2018

En sus columnas, Alamilla abordaba temas como agresiones contra periodistas, derechos humanos, derechos de los trabajadores, política y literatura, entre otros.

Durante los últimos años hizo una fuerte lucha para que se establezca en Guatemala el Programa de Protección para Periodistas, como lo recomendó el Consejo el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).

En su columna del 27 de octubre de 2017 en Prensa Libre, Alamilla denunció que el Estado guatemalteco no ha cumplido su compromiso voluntario ante la ONU de implementar medidas de protección para los periodistas y comunicadores.

“Hemos acudido a todos los funcionarios y a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales. Todos han dicho que sí, pero la propuesta avalada por el presidente (Jimmy Morales) se quedó estancada en Gobernación desde el año pasado, en donde un funcionario de la Asesoría Jurídica se ha negado a cumplir con la orden del gobernante”, escribió.

Alamilla Bustamante fue directora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) desde 1983 hasta el día de su fallecimiento. En 2011 fue nombrada Mensajera de la Paz por el ministerio de Cultura y Deportes en reconocimiento a su trabajo periodístico en el proceso para la firma de la paz en Guatemala.

Entre los premios que recibió por su labor en defensa de la libertad de expresión están el Galardón de la Hemeroteca Nacional de Guatemala Clemente Marroquín Rojas (2008), el Premio Isidoro Zarco, otorgado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo (2010), el Premio Internacional Emblema de Prensa (2013), el Premio por la defensa de la Libertad de Expresión, otorgado por Prensa Libre en 2006 y un reconocimiento del Instituto de Previsión Social del Periodista en 2013.

Alamilla formó parte del jurado que eligió al nicaragüense Sergio Ramírez como ganador del Premio Cervantes 2017.

Estos son otros cargos y funciones profesionales que destacan en la hoja de vida de Ileana Alamilla:

• Consultora en temas de comunicación en el Fondo de Población del Sistema de Naciones Unidas (Unfpa), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Guatemala (Oacnudh), la Comisión Presidencial por los Derechos Humanos (Copredeh), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asies)
• Corresponsal de los medios internacionales como Radio Educación y Revista Siempre (México), Diario Colatino (El Salvador) y Agencia Latinoamericana de Información (Ecuador)
• Referente en Guatemala en el tema de legislación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.( 2000, 2001 y 2002)
• Integrante del Foro de Periodistas que entregó a la Comisión del Esclarecimientos Histórico (CEH) de Guatemala el listado de periodistas desaparecidos, asesinados, secuestrados o ejecutados extrajudicialmente con la solicitud de la investigación de sus casos
• Miembro del espacio Más Mujeres Mejor Política, en Guatemala
• Fundadora y coordinadora de la Red de Periodistas Departamentales de la agencia Cerigua (2007)
• Fundadora y coordinadora del Observatorio de los Periodistas de la agencia Cerigua (de Julio 2004 a la fecha)
• Miembro de la junta directiva del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) entre 2010 y 2013.

Alamilla Bustamente también hizo varias publicaciones relacionadas con el ejercicio periodístico. Entre ellas el Manual de lenguaje no sexista (2010), el manual Mensajes Urgentes en búsqueda de la equidad, para la cobertura
electoral con enfoque de género (julio 2011), Herramientas de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales Versión de Bolsillo (2012), Guía práctica para periodistas y comunicadores Sociales (2012) y el Manual de Mecanismos de Protección para periodistas (2009).

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Lo que no se vio en la presentación del informe de Jimmy Morales

Alamilla criticó al gobierno el incumplimiento de su promesa de crear un programa para la protección de los periodistas, ante los peligros que enfrenta el gremio.

“Estamos demandando seguridad para todos y todas. Del año 2000 a la fecha 38 periodistas han perdido la vida de manera violenta. Continúan las agresiones, intimidaciones y los acosos por distintas vías a medios y periodistas”, dijo.

La comunicadora reconoció las acciones de la Unidad de Delitos Contra Periodistas, entre estas la captura del diputado Julio Juárez, supuesto autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo López y Federido Salazar en Suchitepéquez.

“Quiero pedirle públicamente al gobierno que realmente se comprometa con el respeto a la libertad de expresión y de prensa”, expresó Alamilla.

En su discurso, el periodista Mario Antonio Sandoval, vicepresidente del Consejo de Administración de Prensa Libre y presidente de Guatevisión, manifestó su preocupación por la “amenaza” del gobierno a la prensa, producto de su “intolerancia” a las críticas y a los “malos consejos” de sus asesores.

“Puede ser que se inicie una etapa en la lucha, que todos debemos tener día con día, por la libertad de emisión del pensamiento”, aseveró.

Asimismo, Sandoval agradeció la solidaridad de la APG ante el “ataque personal y directo” por parte del presidente Jimmy Morales.

También asumieron el cargo los integrantes del tribunal de honor de la APG.