Después de haber abandonado la Casa Presidencial, Jorge Serrano Elías salió del país el 1 de junio de 1993. El vicepresidente Gustavo Espina Salguero intentó asumir la Presidencia de la República, acción que impidieron los pocos diputados que se dieron cita en el Palacio Legislativo.

Centenares de manifestantes rodearon el edificio parlamentario para evitar el ingreso de Espina Salguero, quien supuestamente acudiría a ese organismo para ser juramentado como nuevo mandatario de la Nación.

El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Epaminondas González Dubón —quien fue asesinado tiempo después— ejerció simbólicamente la Presidencia de la República hasta que el Congreso declaró vacante el cargo, el 5 de junio de ese año.

Nuevo presidente

El Legislativo sería el encargado de elegir al nuevo gobernante. Entre los candidatos se propuso a Arturo Herbruger Asturias, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, y al abogado Ramiro De León Carpio, quien fungía como Procurador de los Derechos Humanos.

La votación resultó con 64 votos a favor de De León y 51 para Herbruger; ese resultado convirtió a De León Carpio en el trigésimo noveno presidente de Guatemala, tras ser designado por el pleno del Congreso para ocupar la más alta magistratura del país.

Posteriormente se designó a Herbruger como vicepresidente.

Al cumplir el Legislativo con la elección del nuevo mandatario dentro de los términos exigidos por la CC, el país volvió a la normalidad luego de la ruptura causada por el golpista Serrano Elías.

Tras hacer un llamado a la cúpula militar para que brindara su total respaldo al nuevo presidente, la delegación de Amnistía Internacional mencionó que dicha organización apoyaría al ex procurador de derechos humanos.

Guadalupe Rivas, una de las integrantes de la delegación, manifestó que las altas autoridades de su organización habían expresado su complacencia por la forma como se ha resuelto la crisis guatemalteca. Sin embargo mencionaban que era necesario que tanto el Ejército como el pueblo comprendieran que el país afrontaba una serie de problemas que no podían ser resueltos de la noche a la mañana.

Además mencionó que a nivel internacional se había visto con buenos ojos la elección de Ramiro De León Carpio como nuevo presidenta, ya era considerado como una persona que se encontraba muy involucrada en el campo de los derechos humanos.

El 3 de junio de 1993, el secretario de Estado de EE.UU. Warren Christopeher, afirmó ante sus colegas del continente que mientras no existiera la “completa seguridad” de que Guateamala ha restaurado la democracia, la ayuda de Estados Unidos permanecería suspendida.

La aseveración se produjo durante la reunión “ad hoc” de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que se celebró en esa ocasión en Washington, para anlizar la situación guatemalteca y adoptar una posición continental que obligara al país a retornar al orden constitucional.

El funcionario resaltó que, de no producirse la total restauración de la democracia, Estados Unidos sopesaría la aplicación de sanciones, como la suspensión de las ventajas comerciales tanto en el Sistema General de Preferencias como en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe.

En ese entonces EE.UU. enviaba a Guatemala más de 30 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica.

Durante esos días el secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, viajaría Guatemala para conversar con las autoridades del país y presentar un segundo informe en la reunión de cancilleres.

La FIP, condenó la represión dictatorial en contra de la prensa nacional tras el golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, que tuvo su máxima expresión con el cerco policial a los medios de comunicación social, la persecución y amenazas a periodistas.

La Federación Internacional de Prensa que en ese entonces aglutinaba a unos 300 mil trabajadores de prensa en el mundo pidió a la Procuraduría de Derechos Humanos, a la premio Nobel de la Paz y al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que intervinieran para que se garantizaran los derechos de los periodistas.

La FIP se encontraba consternada y repudió la persecución y arraigo de doce periodistas tras el autogolpe, así como acciones contra otros periodistas durante el gobierno de Serrano Elías.

Los sindicalistas buscaban provocar un paro en señal de protestas a la crisis institucional creada con el autogolpe de Jorge Serrano Elías, quien habría abandonado al páís un par de días antes.

La convocatoria iba dirigida a los trabajadores de los sectores privado y estatal, del campo y la ciudad, para que dejaran de laborar como una muestra de rechazo al ambiente golpista y a la intención del Ejército de imponer a Gustavo Espina, exvicepresidente; al mando del Ejecutivo.

Por otro lado el sector indígena se sumó a las manifestaciones públicas en contra de la crisis gubernamental que se vivía producto del autogolpe. Alrededor de dos mil indígenas provenientes del altiplano occidental manifestaron por las calles del Centro Histórico y se concentraron frente al Palacio Nacional, para expresar su rechazo a el golpe de Estado y a la intencion de colocar en el poder al exvicepresidente Espina Salguero.