El viernes pasado, Jimmy Morales y su camarilla demostraron la intención de regresar al oscuro pasado: despliegue militar por las calles de la Ciudad de Guatemala, asedio a la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y una conferencia de prensa, rodeado de militares y policías, en la que anunció la decisión de no ampliar el mandato de dicha Comisión, suscribiendo el discurso de los corruptos sobre una “persecución judicial selectiva” y la corrupción de las instituciones de justicia.

Las acciones y esta perorata de Morales recuerdan la estrategia que los grupos de poder en Honduras —narcotraficantes, políticos y empresarios corruptos— han llevado adelante para poner y mantener en el gobierno al actual jefe de Estado, Juan Hernández, violando artículos de la Constitución, comprando medios de comunicación y lanzando campañas fundamentalistas en su favor, haciendo cruzadas de lobby en Washington, mientras minan el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), prostituyendo a la policía y aumentando recursos al ejército para comprar lealtades. El plan también ha incluido amedrentar jueces y magistrados e, incluso, aumentar la violencia y el terror para imponer un orden represivo militar y, finalmente, garantizar su continuidad política mediante elecciones fraudulentas.

Muchos de los fenómenos anteriores están pasando en Guatemala. Si ese es el mismo plan solo nos falta ver cómo Morales y sus aliados intentan capturar o sumar mayoría, por medio de alguna argucia legal en la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos. El siguiente paso podría ser anunciar que el cercano proceso electoral seguirá su curso. Ya ha anticipado Morales: “Nuestro gobierno quiere elecciones libres”, así como alguna vez dijo “ni corrupto, ni ladrón”. ¿Quién le cree?

Morales no está solo en esta campaña proimpunidad ni son sus antejuicios los que más pesan. Hay otros agradecidos con su intento de poner bajo la alfombra toda la pestilencia de la corrupción antigua y presente: destaco entre otros, el presidente del Congreso, Alvaro Arzú, y los miembros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) que tienen el poder para que esta organización, ante la crisis política, solo exprese ser respetuosa de las decisiones del presidente.

Morales y sus cómplices están caminando por un piso muy frágil, que se mueve y agita con cada paso que dan. Están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida. Un autogolpe podría ser parte de sus insensatas herramientas. Sin embargo, en el contexto actual, nacional e internacional, esta medida no les durará mucho. Solo conseguirán unir las fuerzas sociales dispersas actualmente y acelerar el inevitable acuerdo para un Estado democrático: trabajadores, indígenas, campesinos, estudiantes y empresarios. En el Ejército y la Policía, como en el empresariado, también hay hartazgo y división.

Finalmente, de poco servirá a los corruptos sus intentos de atraer a la comunidad religiosa. El Consejo Ecuménico Cristiano de Guatemala ha enviado un mensaje contundente: “reprobamos que se utilice discursos polarizantes como justificación para defender la impunidad y la corrupción o como excusa para evadir responsabilidades frente a la justicia”.

Estamos en un momento crucial, Guatemala se la quedan los corruptos o la ganan los demócratas. ¿De qué lado está usted?

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Ese amago de golpe de Estado, autogolpe o golpe a medias, como se le quiera llamar —literatura sobra para los incrédulos— no persigue esencialmente “sacar a la Cicig” —ya previsto—, sino desobedecer acciones judiciales que se vienen y que por cualquier medio —ilegal incluido— algunos intentan detener ¡Ahí está el golpe!, cuyo detonante del desequilibrado actuar fue la detención del general Padilla, hermano de un viceministro y de un diputado del círculo cercano al presidente, y protegido por el alto mando del Ejército. Si accede a informes de organismos de inteligencia extranjeros comprobará que la preocupación de EE. UU. es el narcoestado, es decir: la narcoactividad y el crimen organizado asociados a un red de militares —retirados y en actividad— que ocupan cargos de responsabilidad. No es el Ejército, institución respetable y con valores —a la que están utilizando y denigrando—, sino una cúpula que desde la sombra, Zavala o puestos claves en la institución pretende seguir empoderada y negocia con mafias ¡Esa es la auténtica razón de todo este embrollo!

Dicen que el presidente está mal asesorado ¡Para nada!, tiene los mejores asesores posibles, el problema es que no pretenden defender el estado de Derecho, sino una situación de permanente desorden controlada por grupos de facinerosos que han puesto el Estado al servicio del crimen organizado con enorme rentabilidad personal. Si duda, haga un recuento de diputados en busca y captura y del perfil de altos oficiales que han sido detenidos o asociados con delitos de corrupción, narcoactividad o crimen organizado, maras incluidas. Aterrorizar a la ciudadanía para generar dinámicas perversas de control es un objetivo en la teoría del caos, y por ello apuestan. Se vienen desesperadas batallas lideradas por bandidos que pretenden zafarse de la acción de la justicia y establecen una rosca alrededor del presidente o alientan desde afuera para que tome decisiones absolutamente fuera de control, quizá porque tiene más que perder si no lo hace, y esa fue la advertencia.

En Venezuela, por el 2000, nadie pensaba que años después unos narcomilitares sostendrían a un presidente pelele y destruirían uno de los países más ricos de América Latina ni que otro grupo de militares y policías sandinistas sustentarían a un asesino violador en Nicaragua. No es un tema de ideologías, sino de autoritarismos asentados en el crimen organizado ¿No lo ve así?, entonces siga con sus discursos sobre la soberanía, el extranjerismo o las pajas que quiera incorporar a la arenga y veremos en unos años. No se trata de la Cicig, no sea ingenuo, sino de la toma del país por delincuentes mafiosos.

En Guatemala, el presidente amagó un autogolpe al estilo Serrano Elías —frenado quizá por algún “poder superior”—, dejando en el ambiente la certeza de que la débil democracia, conseguida después de 36 años de un sangriento conflicto armado interno, no tiene la suficiente fuerza para salir indemne de los constantes embates de gobiernos corruptos vinculados íntimamente a las fuerzas castrenses y grupos empresariales que han dominado durante décadas la vida de esa nación. Con un estilo imitado de otros dictadores, Morales se lanzó de lleno a defender su posición declarando abiertamente la guerra a quienes pretenden consolidar el estado de Derecho, fortalecer al sistema de administración de justicia, terminar con la corrupción y acabar con la impunidad. Su mensaje desde el palacio de gobierno y rodeado de oficiales de las fuerzas armadas afianzó la convicción de que el mandatario no es más que un peón controlado y sostenido por el ejército.

Es tan descarada la manera como los funcionarios se blindan contra la acción de la justicia que dejan pocas probabilidades de verse afectados por manifestaciones de protesta, la mayoría de ellas debilitadas por el miedo a las consecuencias y la pasividad de una parte importante de la población, por lo tanto carentes del impacto necesario para causar efecto.

Este cuadro no es exclusivo de Guatemala. Ya sucede algo similar en Honduras, Nicaragua, Brasil, Argentina y otras naciones en donde las democracias conquistadas a fuerza de grandes sacrificios y enormes pérdidas humanas se debilitan aceleradamente en esta suerte de “neo guerra fría”, en donde la influencia de las grandes corporaciones y los intereses geopolíticos de Estados Unidos constituyen una marca de identidad largamente conocida en nuestro continente. Las consecuencias del perverso juego de poner y quitar dictaduras, negociar con los grupos económicos, romper acuerdos y crear otros más convenientes a sus intereses ha causado el empoderamiento de grupos criminales cuyos tentáculos en el cuerpo institucional de los Estados les ha convertido en un poder paralelo con trágicas consecuencias para las democracias latinoamericanas.

Lo sucedido en Guatemala durante los días pasados marca un regreso a las épocas más oscuras de las dictaduras de los años 80 en muchos países del continente. Esta nueva guerra contra los derechos ciudadanos, con el ingrediente adicional de una renovada política represiva hacia grupos de mujeres, diversidad sexual, defensores del ambiente y pobladores opuestos a las explotaciones mineras que no dejan ningún beneficio, aumenta la presión del caldero y expone al país a una explosión social de nefastas consecuencias. Ante esto, la única respuesta posible es un movimiento de unidad ciudadana capaz de anular el efecto de las estrategias divisionistas de sus enemigos más cercanos y más peligrosos: sus propios gobernantes.

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Quien ignora la historia está condenado a repetirla. El moralazo anunciado al viernes fracasó, como ocurrió con el serranazo de 1993. Pero tuvo efectos, no los soñados por quienes organizaron la torpe comedia moralejera de los tiempos del programa televisivo. En esa ocasión, pocas horas después, ya los principales países se habían pronunciado en contra. La ciudadanía daba muestras de rechazo. El desesperado y débil presidente debió salir por la puerta trasera, insultando a los periodistas. Ahora, el también desesperado y débil mandatario se lanzó al vacío y en pocas horas los guatemaltecos estaban enterados y habían confirmado las sospechas de un rocambolesco ataque contra la Cicig y una circense “demostración de fuerza” frente a la embajada estadounidense.

El primer afectado fue el ejército, como institución. En 1993 actuó en defensa de la institucionalidad representada por la Corte de Constitucionalidad. El viernes, en pocos minutos y a causa del tropel de oficiales de alto rango y de policías hizo regresar 25 años esa imagen a los tiempos de las dictaduras militares. El discurso del viernes, de nueva alabanza a los castrenses, solo comprobó la debilidad de su posición, aumentada por la orden perentoria de la CC para obligarlo a explicar por qué usó los vehículos militares con ametralladoras cargadas para recorrer calles. La absurda idea de explicar la ausencia de los ministros porque no sabían nada solo aumentó la hilaridad ciudadana.

A mi juicio, no es “lo que se le da gana”, sino “lo que le ordenan decir”. Logró también señalar su dependencia del grupo militar ahora en control. La cantidad de militares apadrinándolo fue mayor al de quienes acompañaron a Ríos Montt cuando anunció el golpe de Estado de 1982. Morales logró así despertar los temores de un regreso a los gobiernos castrenses, pero esta vez a causa del miedo por el avance de la justicia, de lo cual es caso claro la captura de Melgar Padilla. Fracasó en su intento de mezclar, una vez más, religión con política, y el sábado los dirigentes religiosos desautorizaron el intento de aprovechamiento de una manifestación en el parque en contra de la ley pro aborto, tema irresponsablemente agregado en el discurso del moralazo.

Fue un intento de golpe de Estado, también al estilo de Serrano. Esta calidad se la otorga el plan de desconocer a la Corte de Constitucionalidad y el contubernio del Congreso, también desesperado por el avance de las investigaciones del Ministerio Público. Políticamente hablando, el anuncio deja un año para encontrar proyectiles políticos nacionales e internacionales. Aun si aplica el espíritu muerto de la ley y saca a Velásquez, ello no le asegura un sucesor complaciente, sino peor, según el criterio de la juntita, o del Congreso, conocido como la clica novenera. Al enfrentarse a la ONU, con el moralazo quemó una nave y ahora quedará el tiempo de su período recibiendo palo tras palo. Su defensa la confiará a la canciller, lo cual permite predecir otra derrota. El resultado del moralazo resultó ser un logro para sus adversarios políticos.