Ocho años después, aún se desconoce qué sucedió realmente ese día.

Aproximadamente a media hora en automóvil desde la pequeña y tranquila ciudad mexicana de Cocula, se dijo que un basurero fétido y cubierto de basura en las colinas era el lugar donde habían sido enterrados los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron mientras viajaban juntos a una protesta.

Fue allí, en medio de montones de desechos cotidianos donde, según las autoridades mexicanas, miembros del grupo criminal Guerreros Unidos mataron y quemaron a los estudiantes, todos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, después de haber sido secuestrados por agentes de policía corruptos, en la ciudad cercana de Iguala, y entregados al grupo criminal.

Pero en 2016 investigadores independientes refutaron la teoría del gobierno de que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero, una de las falsedades más evidentes en un caso que ha puesto al descubierto la doble batalla de México contra la corrupción profundamente arraigada y la violencia desenfrenada.

Ocho años después, solo se han identificado los restos de tres estudiantes.

Ahora, después de años de intenso escrutinio público y críticas, una comisión de la verdad creada por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha reformulado el hecho como un “crimen de Estado” y un encubrimiento que involucra a decenas de miembros de grupos criminales, militares, policías locales, estatales y federales, en un hecho que tocó hasta los niveles más altos del gobierno de México.

El público continúa protestando por los fracasos de dos gobiernos sucesivos para descubrir la verdad de lo que sucedió.

En el octavo aniversario del secuestro, algunos de los actores clave del caso han sido detenidos, otros han desaparecido y aún se sigue buscando respuesta sobre lo que ocurrió con otros.

Jesús Murillo Karam, exfiscal general

El viernes 19 de agosto, el exfiscal general de México, Jesús Murillo Karam, fue arrestado en relación con el caso.

Como fiscal general del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, abrió la investigación original sobre la desaparición de los estudiantes.

Fue acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia en relación con los estudiantes desaparecidos.

El sucesor de Peña Nieto, el presidente López Obrador, dijo que el papel de Murillo Karam en los arrestos falsos después de las desapariciones fue una “prueba” de que supervisó un gran encubrimiento destinado a proteger al gobierno federal de la responsabilidad.

En declaraciones en la corte el 24 de agosto, Murillo Karam señaló que si bien estaba dispuesto a aceptar algunos errores de investigación, nadie había podido ofrecer de manera convincente otra versión de lo que les sucedió a los estudiantes.

Ahora irá a juicio. Si bien no se ha anunciado una fecha para el proceso, un juez dictaminó que permanecerá en prisión preventiva hasta entonces.

Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de México

El exdirector de la ahora desaparecida Agencia de Investigación Criminal de México, Tomás Zerón, fue acusado por el gobierno de López Obrador de torturar a testigos en el caso, incluido un miembro de Guerreros Unidos, para ayudar a respaldar la versión del caso del gobierno.

También es buscado por presunta manipulación de pruebas. Zerón negó los cargos, que ha descrito como motivados políticamente.

Según los informes, en 2019 Zerón huyó a Canadá y en julio de 2021 funcionarios israelíes y mexicanos dijeron que Zerón huyó a Israel y solicitó asilo.

Desde entonces, México solicitó su extradición que, según el canciller Marcelo Ebrard, era de “máxima prioridad” para el gobierno de López Obrador. Las autoridades israelíes hasta ahora no han concedido la solicitud.

Según el último informe del gobierno mexicano, funcionarios del gobierno se reunieron con Zerón en Tel Aviv en febrero para discutir la posibilidad de que regrese a México para responder a los cargos en su contra. Él permanece en Israel.

José Luis Abarca, exalcalde de Iguala

El alcalde de Iguala en 2014, José Luis Abarca, huyó del pueblo junto con su esposa María de los Ángeles Pineda a los pocos días del secuestro. Fueron arrestados en la Ciudad de México más de un mes después.

Ambos siguen en prisión cumpliendo condena por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.

Sin embargo, a pesar de las acusaciones de que estuvo involucrado en las desapariciones de estudiantes, algunos familiares de los 43 lo han defendido públicamente, e incluso realizaron una marcha en Iguala el mes pasado para pedir su liberación.

El 14 de septiembre un juez lo absolvió de cualquier responsabilidad por el secuestro de Iguala, alegando falta de pruebas. Por separado, enfrenta cargos relacionados con el asesinato de dos activistas locales en 2013, además de los cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México, prometió que el gobierno impugnaría el fallo. También descartó cualquier sugerencia de que el exalcalde sería liberado de prisión.

Guerreros Unidos

El grupo criminal acusado de matar a los estudiantes, Guerreros Unidos, sigue activo. Según las autoridades mexicanas, está fuertemente involucrado en extorsiones y secuestros en el estado de Guerrero y otros dos estados mexicanos.

También se cree que produce y trafica heroína de México a Estados Unidos. Ahora se cree que está aliado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México.

A principios de agosto, las autoridades mexicanas anunciaron que 14 miembros anónimos de Guerreros Unidos se encontraban entre un grupo más grande de 83 personas buscadas por arresto en relación con la desaparición de los 43 estudiantes.

Otros 14 miembros del grupo, así como tres de sus familiares -todos vinculados al caso- han muerto desde entonces, algunos de ellos a manos de otros delincuentes o de las fuerzas de seguridad mexicanas. Otros murieron por causas naturales.

Las autoridades mexicanas también han sido acusadas repetidamente de torturar a presuntos miembros del grupo para obtener confesiones.

La tortura y confesión de seis miembros de Guerreros Unidos está en el centro de los cargos del gobierno mexicano contra Murillo Karam.

Otro miembro del grupo que se cree jugó un papel clave en el incidente de Iguala, Juan Salgado Guzmán, fue asesinado a tiros por la policía en septiembre de 2021.

El informe reciente del gobierno encontró una serie de “irregularidades” relacionadas con su muerte, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido “ejecutado” sin provocación después de haber sido herido y cuando ya no representaba una amenaza para los oficiales.

El Ejército mexicano

Gran parte del misterio que rodea el secuestro de Iguala gira en torno a la participación de los militares.

Las autoridades confirmaron que el ejército tenía un informante que viajaba con los estudiantes de Ayotzinapa el día de la desaparición y estaba al tanto de los movimientos de los estudiantes antes de que ocurriera el ataque.

Las autoridades mexicanas han dicho que los militares no hicieron nada para encontrar al informante, que se encuentra entre los que siguen desaparecidos.

Además, los militares han sido acusados por expertos de ocultar información que podría haber ayudado a localizar a los estudiantes. Imágenes de drones parecían mostrar a los infantes de marina mexicanos, parte de la Marina, manipulando evidencia en el vertedero de Cocula.

El 15 de septiembre, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de un general retirado del Ejército, José Rodríguez Pérez, en relación con el secuestro de Iguala. Rodríguez tenía el grado de coronel al momento del hecho y estaba a cargo de una unidad estacionada en Iguala.

Otros dos oficiales militares también fueron arrestados.

No está claro qué evidencia tiene el gobierno contra Rodríguez. Alejandro Encinas, el principal funcionario de derechos humanos de México, dijo a los periodistas que miembros del grupo criminal retuvieron a seis de los estudiantes en un antiguo almacén antes de entregárselos al entonces coronel, quien presuntamente ordenó que los mataran y se deshicieran de sus cuerpos.

En total se emitieron recientemente órdenes de arresto contra 20 miembros de las Fuerzas Armadas, incluidos comandantes y soldados de los dos batallones diferentes que estaban en Iguala en ese momento.

A pesar de la promesa del gobierno mexicano de responsabilizar a los militares por las violaciones de los derechos humanos, muchos de los problemas planteados por la investigación inicial de Iguala parecen no haber sido abordados.

El subsecretario de Seguridad del gobierno, Ricardo Mejía, informó que el general retirado José Rodríguez, quien para época en que ocurrió la desaparición de los jóvenes era el jefe castrense de Iguala, es uno de los tres militares detenidos por el caso.

“Se han dictado cuatro órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano, al momento se han ejecutado tres de ellas”, dijo Mejía durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron las desapariciones, Rodríguez tenía el rango de coronel y era comandante del 27 batallón de Infantería, que tiene su base en Iguala. Al año siguiente fue ascendido a general y, poco después, pasó a situación de retiro.

En agosto pasado, la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa presentó un informe en el que se calificaba el caso Ayotzinapa como un “crimen de Estado”, echando por tierra la versión del gobierno anterior sobre lo ocurrido, la cual había sido muy criticada por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos.

Ese mismo mes, fue detenido Jesús Murillo Karam, el exfiscal que llevó las indagatorias iniciales, y que ahora está acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en este caso.

La investigación de Murillo Karam había concluido en su momento que los estudiantes habían sido víctimas de una banda local de narcotraficantes, que trabajaba con policías corruptos, había matado a los jóvenes tras confundirlos con miembros de un grupo rival.

Militares mexicanos tienen responsabilidad, por sus acciones u omisiones, en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa en 2014, según un informe de una comisión gubernamental divulgado este jueves.

“Sus acciones, omisiones o participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas“, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior), al presentar el reporte en un acto público.

“No se acreditó una acción de carácter institucional, pero sí responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en la zona al momento de los hechos, añadió el titular de la Comisión para la Verdad Ayotzinapa, quien no detalló si esos agentes siguen activos.

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Encinas aclaró, no obstante, que es necesario seguir investigando hasta dónde llegó la participación de militares en lo que volvió a catalogar como un “crimen de Estado”.

El pasado 29 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que miembros de la Marina eran investigados por supuestamente haber manipulado pruebas durante las primeras pesquisas, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos alumnos identificados hasta ahora.

“Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron”, señaló entonces el mandatario izquierdista, que creó la comisión para esclarecer el caso.

Soldado infiltrado

La desaparición de los 43 estudiantes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala (estado de Guerrero, sur) para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.

Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México y generó una fuerte condena internacional.

Encinas aseguró que el Ejército incluso tenía infiltrado a un soldado en la escuela, quien informaba de las actividades estudiantiles y cuyo paradero se desconoce también desde el 26 de septiembre, cuando envió su último reporte.

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“Se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado”, dijo.

Una veintena de personas que daban información sobre el caso han sido asesinadas desde 2014, según el documento.

La responsabilidad de integrantes de las Fuerzas Armadas no fue incluida en la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.

Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis, rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin indicios de vida

Como parte de las indagaciones, el gobierno de Peña Nieto aceptó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su tercer informe de marzo pasado, ese grupo denunció las manipulaciones en el basurero y acusó a autoridades de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos.

Según el GIEI, algunas instituciones -a las que no identificó- se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.

También sostuvo que miembros del Ejército seguían los movimientos de los normalistas dos días antes de su desaparición, por lo que sabían “qué estaba ocurriendo”. Pese a ello, esos datos no fueron entregados para las averiguaciones.

Encinas reiteró lo dicho por el GIEI en cuanto a que no hay indicios de que los jóvenes estén con vida, pero apuntó que los 43 jamás volvieron a estar juntos tras salir de la escuela y por tanto se debe seguir la búsqueda de los restos en otros sitios.

El informe fue presentado este jueves a López Obrador y familiares de los alumnos, que se resisten a admitir que están muertos. Fue una reunión “muy dolorosa”, afirmó Encinas.

El subsecretario dijo igualmente que la Fiscalía determinará hasta dónde llegan las responsabilidades, al ser interrogado si estas pudieran alcanzar a Peña Nieto.

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El funcionario de mayor nivel que es buscado por este caso es Tomás Zerón, quien era jefe de la Agencia de Investigación Criminal y es acusado de secuestro, tortura y manipulación de evidencia.

Zerón, quien alega persecución política, se encuentra en Israel, donde ha pedido asilo, y México gestiona su entrega en base a un acuerdo de colaboración jurídica.

Crespo, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico, fue detenido en la prisión del campo militar número 1-A, ubicado en el occidente de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente.

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Las familias de las víctimas fueron informadas de la captura el jueves por la noche y Crespo rindió su declaración este viernes a la espera de que se determine su situación jurídica.

Si bien el arresto está relacionado con el caso Ayotzinapa, la acusación que pesa sobre Crespo, quien estaba adscrito en el 27 batallón de infantería en Iguala (Guerrero), donde sucedieron los hechos, es por delincuencia organizada y no por desaparición forzada.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación de militares y policías federales.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

“Para nosotros es una noticia positiva porque las acciones penales ya se elevan al círculo de las autoridades federales y van a tener que rendir cuentas”, dijo este viernes a Efe el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, sobre la captura de Crespo.

Rosales recordó que hasta ahora ha habido “varios detenidos” del cártel Guerreros Unidos y “otros funcionarios menores” por irregularidades en la investigación del caso. “Pero funcionarios que se les acuse de participación directa o indirecta en los hechos, no tenemos”, señaló.

Asimismo, confirmó que hay pendientes otras órdenes de captura contra militares.

El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.

“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en un acto en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.

Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.

Si no puedes ver el video haz clic aquí.

Hablamos de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes el 26 de septiembre de 2014.

Seis años después el caso sigue sin resolver y continúa causando indignación dentro y fuera de México. En este video te explicamos qué pasó a través de cuatro preguntas.

Presentación: Ana María Roura | Investigación, guion y edición de video: Inma Gil | Animación: Tere Lari | Editora: Natalia Pianzola.

Fuentes consultadas: BBC, CIDH, ACNUDH, Comisión Nacional de Búsqueda, Gobierno de México, EAAF.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó este domingo al Senado mexicano a aprobar la iniciativa por la cual Naciones Unidas tendrá el aval para investigar las desapariciones en el país latinoamericano.

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En un comunicado con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el organismo celebró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara esta semana la iniciativa a la Cámara alta e instó a los senadores a “a aprobar este instrumento a la brevedad”.

“La ONU-DH saluda la decisión del Gobierno de la República de avanzar en el proceso de reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones a los derechos consagrados”, expresó en un comunicado.

“Una vez concretado este paso, las víctimas encontrarán un canal adicional para acceder a la justicia en el ámbito internacional como lo ha sostenido la ONU-DH”, detalló.

Naciones Unidas también aplaudió la implementación de la Ley General en materia de Desaparición de Personas y la aprobación en el país de un protocolo para la búsqueda de desaparecidos.

Asimismo, instó a los jueces mexicanos a “garantizar los derechos” de los desaparecidos y sus familias.

“La protección que puede brindar el poder judicial constituye para las familias de las personas desaparecidas la última esperanza en el ámbito interno ante los abusos y la negligencia de otras autoridades” señaló Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH, según un comunicado.

Según los datos más recientes, México acumula desde 1964 a la fecha un total de 73 mil 201 personas desaparecidas y 3 mil 978 fosas clandestinas.

El gesto del presidente López Obrador se deslinda de la postura de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), quien en su momento se opuso a una visita del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.

Las desapariciones en México centraron la atención mundial en 2014 con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que según el Gobierno de Peña Nieto fueron secuestrados y calcinados por el crimen organizado, algo desmentido por expertos forenses, por lo que la actual Administración reabrió la investigación.

Sin embargo, el drama de las desapariciones comenzó en la década de 1960, durante la llamada Guerra Sucia, en la que el Estado persiguió a opositores al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006 por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) recrudeció las desapariciones.

La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde los estudiantes desaparecidos estudiaban para ser maestros, se construyó en una hacienda que llevaba este nombre, en el municipio de Tixtla, en Guerrero.

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Por eso el escudo de esta institución tiene una tortuga. Los equipos de básquetbol o de futbol también se llaman “los tortugos”.

Pero, la tortuga también se ha vuelto un símbolo de la lucha para encontrar a los estudiantes.

Los jóvenes fueron desaparecidos en un principio por policías municipales cuando tomaron autobuses para manifestarse y hasta ahora no se sabe de su paradero. Supuestamente fueron entregados por los policías al grupo criminal Guerreros Unidos.

El anterior gobierno de México aseguró que habían sido quemados en un basurero, pero un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos humanos determinó que científicamente esa versión no era posible.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombró un nuevo fiscal para el caso, estableció una Comisión para la Verdad y prometió empezar la investigación “desde cero”.

Los familiares de los estudiantes siguen exigiendo justicia para el caso que conmocionó al país y causó una ola de solidaridad en el mundo entero.

“Lenta pero implacable”

“Como la tortuga, la justicia es lenta, pero dura e implacable. Y llegará a Ayotzinapa“, dice a BBC Mundo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.

Así, este animal aparece en las portadas de los distintos informes de las instituciones de derechos humanos y del GIEI, que investigaron el caso.

También, bajo el emblemático antimonumento rojo instalado en la avenida de la Reforma en la Ciudad de México, que dice “+43” hay una escultura de este reptil.

Y “El paso de la tortuga’ es el nombre del documental dirigido por Enrique García y coproducido por Guillermo del Toro y Bertha Navarro.

Eligieron ese nombre “porque significaba seguir el paso de los estudiantes desaparecidos y de las familias en la búsqueda de la justicia”, dice a BBC Mundo el director.

La historia lo marcó mucho porque pudo ver “la lucha imparable de todos los días y todas las noches” de los padres de los estudiantes por saber dónde estaban sus hijos.

Cuenta que su documental siempre quiso “contar la historia de adentro hacia fuera”, es decir, que fueran los sobrevivientes, las familias de los desaparecidos y las personas que había estado muy cerca al caso, quienes hablaran.

Para García Meza, “hay una solidaridad diferente” en los pueblos que en las grandes ciudades.

“En las ciudades nos preocupamos por nosotros mismos. En las comunidades y los pueblos la gente se preocupa por el de al lado”, dice.

“Una normal rural es un símbolo de resistencia. Los estudiantes, con promedio de 20 años de edad, practican lo que hablan y se resisten a que sus centros de estudio desaparezcan. Y no lo hacen por ellos mismos, sino por que sigan estudiando ahí nuevas generaciones de maestros que educarán al campo”, dice.

Hay muchas historias de los estudiantes que se quedaron en su memoria, pero recuerda especialmente la de Bernardo, a quien conocen como “el Verde” porque siempre usa una camiseta, unos calcetines, o alguna prenda de este color.

En la normal, por lo general diez estudiantes comparten una habitación. En la habitación de “Verde” todos desaparecieron, menos él.

“No se quería ir de la escuela hasta que sus compañeros regresaran. Y no quería volver a dormir en ese cuarto porque allí los soñaba, los pensaba, los veía“, cuenta García Meza.

El abogado de los familiares, explica que la Normal Rural de Ayotzinapa, es una escuela crítica y solidaria.

“Esta escuela ayudó a consolidar la lucha. En los momentos más críticos, cuando campesinos y amas de casa, que estaban sobrepasados por el dolor y no sabían como exigir justicia, fue la escuela la que al principio alzó la voz para arroparlos. No los dejaron solos“, cuenta el abogado Rosales.

Sus familiares no los han dejado de buscar.

En BBC Mundo te explicamos el caso en 100 y en 300 palabras.

43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos a la fuerza el 26 de septiembre de 2014.

En la desaparición participó la policía municipal que, según la versión del gobierno de entonces, entregó a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos (aunque la existencia del grupo no ha podido comprobarse judicialmente).

Los estudiantes -siempre con la llamada “Verdad Histórica”, la versión oficial- fueron supuestamente incinerados en un basurero. Un grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que eso no era posible.

Las detenciones de los presuntos responsables fueron hechas con tortura y fuera de la ley. Se han liberado a 77 de los 142 detenidos. El gobierno actual ha prometido reconstruir las investigaciones.

A 5 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa todavía no se sabe qué pasó con ellos.

En la noche del 26 de septiembre de 2014 fueron atacados por la policía municipal y según la versión del gobierno de entonces, entregó los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos (aunque la existencia del grupo no ha podido comprobarse judicialmente).

Durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, el exfiscal general Jesús Murillo Karam, dijo que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, lo que calificó como la “verdad histórica”.

Sin embargo, los investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron esta teoría oficial, diciendo que no era científicamente posible.

Los familiares de los estudiantes también rechazan esta versión y piden que se sigan otras líneas de investigación establecidas por el GIEI.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estableció por decreto la Comisión Presidencial por la Verdad en el caso Ayotzinapa y creó una fiscalía especial para el caso.

Las investigaciones han estado plagadas de irregularidades. Muchas de las detenciones de los presuntos implicados fueron hechas ilegalmente y en las confesiones se usó la tortura.

De los 142 detenidos por el caso, principalmente policías municipales y supuestos miembros de Guerreros Unidos, 77 han sido liberados.

El caso que causó más indignación fue la sentencia absolutoria de Gildardo López Astudillo, conocido como “el Gil”, que supuestamente pertenece a Guerreros Unidos y es uno de los principales implicados y clave para saber el paradero de los estudiantes.

El actual fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, se comprometió a reconstruir todas las investigaciones y a fincar responsabilidad a las autoridades que estén involucradas.

Hasta ahora, sigue sin haber una respuesta a la pregunta que ha marcado y dolido a México desde aquella fatídica noche: ¿dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa?

“No podemos dar un grito de libertad cuando nos faltan 43, y miles más de desaparecidos, hemos dicho que no descansaremos hasta saber la verdad porque si no hay verdad no hay justicia”, expresó María Elena Guerrero, madre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Durante un encuentro en una plaza de Chilpancingo, capital del estado mexicano de Guerrero, la madre aseguró que ya no permitirán que continúen con más liberaciones de presuntos implicados, tras anunciarse la libertad de otros 24 acusados.

El Gobierno de México confirmó este domingo que un juez ordenó la libertad de 24 expolicías municipales de Guerrero acusados por la desaparición de los estudiantes y la calificó como una afrenta y un grave precedente para la investigación.

Los padres comenzaron este mismo domingo en Chilpancingo una jornada de lucha ante la cercanía del quinto aniversario de la desaparición. En una plaza pública hicieron su propia versión del Grito de Independencia de México que se conmemora el 15 de septiembre.

Melitón Ortega lamentó que a escasos días de que se cumplan los cinco años de desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre, se dé la libertad masiva de estas personas que ellos si consideran responsables de los cargos que les imputaron. “Claro que sí son responsables, claro que saben de los estudiantes, claro que sí participaron de una u otra forma en la desaparición de estos jóvenes por eso en este marco tenemos que levantar la voz”, dijo a Efe.

Ortega denunció que hubo un pacto de silencio en las dependencias del anterior Gobierno mexicano, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues nunca informó de que la investigación era deficiente y ahora están las consecuencias. Dijo que como padres condenan la tortura a los detenidos, lo cual ha sido el argumento para liberarlos, sin embargo consideró que si estuvieron detenidos es porque tienen responsabilidad y se debe de investigar.

El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, expresó que la liberación de los 24 implicados ofende e indigna a todos los mexicanos pero principalmente a las familias. “No es aceptable, ni jurídica ni moralmente”, añadió.

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“Estas tres instituciones están obligadas a coadyuvar para encontrar a los estudiantes. Los familiares de los desaparecidos les reclaman mayor compromiso”, le dijo a BBC Mundo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

“Es muy preocupante, a casi cinco años de la desaparición, que pase el tiempo y no tengamos respuesta de dónde están nuestros hijos”, dijo tras la reunión Hilda Legideño, una de las madres.

Los familiares de los estudiantes no aceptan la versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto y que en México conocen como “verdad histórica”.

“Mentira histórica”

Según esa versión, los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de Cocula.

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.

Además de familiares y activistas, tampoco el gobierno de López Obrador acepta “la verdad histórica”. De hecho, su primer decreto fue establecer la Comisión por la Verdad en el caso Ayotzinapa.

Nos reunimos con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Reafirmamos nuestro compromiso de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo. pic.twitter.com/ChFJDnkLuG

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 11, 2019

Los familiares insistieron en señalar a la Fiscalía General por la lentitud de las investigaciones y por la la liberación de personas implicadas en el caso. También pidieron que se investigue la supuesta responsabilidad del mando militar durante el gobierno anterior.

“Creemos que es necesario que se investigue a los que fabricaron la gran ‘mentira histórica‘“, dijo Legideño, una de las madres.

“Ellos deben saber qué es lo que realmente pasó ese día o por qué. ¿Por qué fabricar esa gran mentira que tanto daño ha hecho? Por eso pedimos que se les investigue y que se proceda contra ellos si tienen algún delito”, continuó.

“Hemos llegado a un punto en el que si no se procede penalmente contra quienes obstaculizaron la investigación o incurrieron en actos violatorios a derechos humanos durante la misma, muy seguramente no se romperán los pactos de impunidad que hoy impiden conocer el paradero de los estudiantes”, dijo Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, que representa legalmente a los familiares.

Según informaron en la conferencia, el presidente reconoció que no se ha avanzado en las investigaciones al ritmo que se debería.

“A casi cinco años de la desaparición de nuestros hijos la herida sigue abierta, sigue doliendo. No hay paz en nuestros corazones, en nuestras familias”, dijo Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes.

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El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la Fiscalía contra “el Gil” y, con base en el resto de evidencias, consideró que no había elementos para condenarlo.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, considera que aunque la sentencia puede ser revisada por instancias superiores, significa “un precedente muy grave“.

“Es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada”, dijo Encinas.

“Viene a fortalecer una tendencia que ya se había venido registrando con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”, agregó.

“Existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”, apuntó.

El subsecretario hizo un recuento de los detenidos por el caso: 142 personas “particularmente civiles vinculados al cártel de Guerreros Unidos, así como policías municipales de Iguala y de Cocula”.

Y dijo que a la fecha han sido liberados 53. Muchos de ellos por irregularidades en la investigación, en la que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos detenciones ilegales y tortura.

La verdad histórica

Encinas también criticó la conocida como “verdad histórica”, la versión sobre la desaparición de los 43 jóvenes considerada como oficial durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto.

Según esa versión, los estudiantes fueron privados de libertad por policías municipales de Iguala y entregados a miembros de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura de Cocula.

“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas”, aseguró Encinas.

El funcionario añadió que por instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se iniciará una investigación para deslindar las responsabilidades de autoridades “donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”.

No descartó que se investiguen a Tomás Zerón, que estuvo a cargo de la investigación y a Jesús Murillo Karam, quien era procurador general de la República y defensor de “la verdad histórica”.

“La verdad histórica se cayó”

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.

Este grupo concluyó que “no existe ninguna evidencia” para la “verdad histórica” ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.

Las familias de los desaparecidos y defensores de los derechos humanos han pedido desde entonces que se continúe con otras líneas de investigación.

Y el gobierno de AMLO, en el poder desde el 1 de diciembre de 2018, reabrió el caso y puso en marcha una comisión especial.

Luis Tapia, coordinador del área jurídica del centro Prodh, que representa a los familiares de los desaparecidos, cree que “la ‘verdad histórica‘ ya se cayó”.

Tapia le dijo a BBC Mundo que de hecho ya fueron liberados desde el año pasado los principales detenidos por la supuesta quema de los estudiantes, Agustín García “El Chereje” y Felipe Rodríguez “El Cepillo”.

“Ahora preocupa que otros pudieran tener información relevante sobre los estudiantes por su participación en estos primeros momentos de privación ilegal de la libertad también sean liberados y uno de ellos es ‘el Gil'”, afirma.

Tapia cree que “el Gil“ podría estar vinculado o tener información relevante sobre el paradero de los estudiantes.

“‘El Gil’ era una de los líderes de Guerreros Unidos y también, según unas llamadas que interceptó la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), se le menciona como una personas involucradas en el trasiego de droga entre Iguala y Chicago”.

Una línea de investigación que mencionó el GIEI decía que el móvil de la agresión contra los estudiantes podía ser que éstos por error habían tomado un autobús con un cargamento de droga.

A unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los estudiantes no se ha resuelto la pregunta más importante: “¿Dónde están?”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de México, Alejandro Encinas, confirmó a BBC Mundo que el documento es auténtico y, según medios locales ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con las autoridades del entonces gobierno de Peña Nieto, los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados y sus cuerpos incinerados en un tiradero de basura en el municipio de Cocula, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) responsabilizó del crimen a la banda Guerreros Unidos, dedicada al tráfico de heroína en la región de Iguala, de donde se llevaron a los jóvenes.

Sin embargo, la llamada “verdad histórica” del caso ha sido cuestionada por organizaciones civiles y familiares de los estudiantes, quienes denuncian que en la desaparición de los jóvenes participaron policías locales y federales, así como soldados del Ejército.

Ahora estos grupos consideran que el video pruebaque los testimonios con los que se construyó la versión oficial se obtuvieron bajo tortura.

Las imágenes, además, refuerzan la versión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicó un informe en 2018 en el que mostraba su convicción de que una parte de las personas arrestadas en México por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones”.

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El video “evidencia ante la sociedad la tortura en contra de uno de los supuestos implicados en el caso Ayotzinapa”, manifestó ese organismo en un comunicado.

La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa es el caso más grave de violación a derechos humanos en la historia reciente de México, según organizaciones de derechos humanos, y marcó al gobierno del expresidente Peña Nieto.

La tortura

El video se publicó en Youtube el pasado 7 de junio, pero se difundió en varios medios locales el pasado fin de semana.

Las imágenes muestran a un hombre con las manos atadas y los ojos cubiertos con cinta plástica en el momento en que es interrogado por diversos hombres, señalados por diversas organizaciones -incluida la ONU- como funcionarios públicos.

El detenido, identificado como Carlos Canto Salgado, afirma que policías ministeriales se llevaron a los estudiantes a unas casas en la comunidad de Mezcala, un lugar opuesto al basurero de Cocula, donde oficialmente fueron cremados.

En el video, una de las personas que está interrogando al hombre le ordena que los lleve a ese lugar pero el detenido responde: “No sé”. En ese momento otro agente le cubre la cabeza con una bolsa de plástico.

La persona que encabeza el interrogatorio fue identificada como Carlos Gómez Arrieta, quien en 2014 era director de la Policía Ministerial de la Procuraduría.

Hasta la semana pasada era subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, cargo al que renunció tras difundirse el video.

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Según Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el video “no deja duda de que la tortura se empleó en el caso Ayotzinapa y eso debilita la solidez de la ya muy cuestionada versión oficial”.

Aguirre insiste en que no todas las versiones fueron investigadas por completo, especialmente el papel de policías y militares en la desaparición.

“Eso fue siempre negado por el gobierno federal” que encabezó el expresidente Enrique Peña Nieto, le dice a BBC Mundo.

La corporación a la que se refiere el detenido podría ser la Policía Ministerial de Guerrero, señalada de participar en la desaparición de los estudiantes, según el director del Centro Pro.

El papel de ese grupo, así como de policías federales y militares no fue suficientemente aclarada, dijo en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), organismo designado por la Comisión Interamericana de DD.HH. para ayudar en la investigación del caso de los 43 de Ayotzinapa.

“Romper encubrimientos”

La tortura a Canto y otros 34 detenidos fue documentada por la ONU en su informe “Doble Injusticia”, recuerda la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“El Sr. Canto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Marina (SEMAR) y su caso es uno de los 34 en que la ONU-DH encontró fuertes elementos de convicción que indican la comisión de actos de tortura, además de otras violaciones a derechos humanos”, señala el organismo en un comunicado.

El video, señala el representante del organismo Jan Jarab, “comprueba la inacción del Estado mexicano en este caso”.

“Es momento de romper la cadena de complicidades y encubrimientos alrededor del caso Ayotzinapa”, insiste.

De hecho la tortura a Canto Salgado fue investigada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que desechó el caso por considerar que no había elementos para probar el maltrato.

De acuerdo con Santiago Aguirre, el video obliga al actual gobierno a reforzar la investigación sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

En enero pasado, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador se creó una Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa.

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Meses antes un juez federal había ordenado revisar la investigación de la PGR, e incluso reiniciar las pesquisas sobre algunas versiones rechazadas por el gobierno anterior.

El presidente López Obrador asegura que acepta la participación de expertos y organismos internacionales que ayuden a localizar el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. De momento, no obstante, la comisión no ha publicado avances al respecto.

Como parte de esas nuevas investigaciones, el video debe ser tomado en cuenta por la Comisión, insiste el director del Centro Pro.

“Si actos tan graves como los que se reportan en el video no son debidamente investigados y sancionados, los esfuerzos de la comisión presidencial perderán una fuente de reforzamiento infinitamente relevante”.

La comisión tiene la intención de “dar todas las facilidades del Gobierno para que se conozca la verdad y se castigue a los responsables, autores materiales e intelectuales”, aseguró AMLO.

Estará conformada por los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sus representantes, representantes de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como los expertos y técnicos que se requieran para la investigación, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la presentación.

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El organismo, que será conformado en un plazo máximo de 30 días hábiles, “será el primer paso de muchos que daremos en el proceso de reconciliación en el país”, dijo Encinas.

(Foto: REUTERS)

En el recinto que se firmó la creación de la comisión se realizó el llamado “pase de lista”: un conteo del 1 al 43, seguido del grito “¡justicia!”, con el que se ha exigido durante estos años saber sobre el paradero de los estudiantes.

Investigación parcial

Esta comisión es producto de una sentencia de una corte federal de Tamaulipas en julio pasado, que determinó que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) aseguró en marzo pasado que tenía “fuertes elementos de convicción” de que una parte de las personas arrestadas por la desaparición de los estudiantes fueron “detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones”.

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Según la “verdad histórica”, la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto, los jóvenes fueron arrestados por policías corruptos y entregados al cartel de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero en Cocula, Guerrero.

Pero esa hipótesis es refutada por los padres de los jóvenes y por organismos internacionales.

(Foto: REUTERS)

En 2015, los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, rechazaron la teoría oficial.

Este grupo concluyó que “no existe ninguna evidencia” para la “verdad histórica” ya que no era posible quemar tantos cuerpos en el basurero, en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables.

Los defensores de los derechos humanos han pedido desde entonces que se continúe con otras líneas de investigación que no sean las de la Procuraduría.

“Ha habido un interés del gobierno de Enrique Peña Nieto de no desvelar, de no abrir información para lo que realmente sucedió. Por ejemplo, de no dejar que el ejército, que había sido señalado, fuera investigado”, explica a BBC Mundo Alberto Solís Castro, director del Serapaz, una ONG que busca promover la paz y la justicia y que ha acompañado a los padres de los desaparecidos.

(Foto: REUTERS)

El expresidente Peña Nieto, por su parte, siempre defendió la versión de la PGR.

“Con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”, afirmó Peña Nieto en sus redes sociales el pasado 1 de septiembre, de forma previa a su sexto y último informe de gobierno.

“La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando, evidentemente, se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”, añadió.

La Comisión de la Verdad retomará investigaciones y recomendaciones hechas, en particular el del GIEI y el Alto Comisionado de la ONU y no descartará toda las líneas de investigación, según dijo su encargado durante la presentación.

“Esperanza para miles de desparecidos”

“Esto abre la posibilidad a una investigación independiente, que no esté a expensas de los interese políticos del gobierno anterior y acercarnos a lo que ha sucedido con los desaparecidos”, explica Solís.

En su opinión, resolver este caso emblemático “puede ser punta de lanza y esperanza para todos los más de 30 mil desaparecidos en el país. Es un primer esfuerzo de lo que se debe convertir en algo estructural para atender la grave crisis de derechos humanos que estamos”, dice.

En su opinión, el nuevo gobierno de AMLO tiene en este caso una oportunidad de legitimarse y demostrar, como ha prometido, que quiere cambiar la situación de impunidad que impera en México.

(Foto: EPA)

Para los padres de los 43 de Ayotzinapa, la investigación no tuvo ningún avance durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

María Martínez Zeferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los desparecidos de Ayotzinapa, pidió ante las cámaras: “Pónganse un día en nuestro lugar para que sientan lo que es no tener un hijo o un familiar en la casa”.

Al nuevo presidente le pidió: “Gánese la confianza de todos los mexicanos. Ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza en que usted sea mas humano. Ya no queremos que se burlen de nosotros”.

Y, sobre todo, de no saber a ciencia cierta qué ocurrió con su hijo: “Yo me acuesto, me levanto pensando en mi hijo, no hay un segundo que no deje de pensar en él, cómo estará, dónde estará, si estará vivo, si estará muerto, eso es lo que nos está matando poco a poco, esa incertidumbre” .

El primer día que no lograban localizar a los 43 estudiantes, cuando aún reinaba la confusión, los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, intentaron tranquilizar a Blanca.

Le decían que los jóvenes habían sido detenidos en Iguala, donde habían acudido para apoderarse de unos autobuses con los que irían a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.

Las horas fueron pasando y la pregunta “dónde están?”  permanecía sin resolverse. Desde entonces, los padres, siempre sujetando carteles con la imagen de sus hijos, se mantienen en una lucha que prometen no abandonar.

No todo es dolor, entre las familias está latente un enfado por los “engaños”  y la “burla”  que, consideran, les ha brindado el Gobierno.

Su resentimiento se basa en la supuesta “verdad histórica”  ofrecida por el Ejecutivo unas semanas después de la desaparición para explicar el caso: los jóvenes fueron entregados por policías corruptos al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron, incineraron en un vertedero y arrojaron sus cenizas a un río.

Sin embargo, expertos internacionales echaron abajo esta versión, apoyados en evidencias científicas.

“El Estado le está apostando a que nos cansemos y nos vayamos a casa, pero yo he dicho que como madre jamás me voy a cansar de buscar a mi hijo (…) y a sus compañeros. A pesar de tanta mentira, estamos de pie” , sentencia Blanca.

La madre, quien tiene otros tres hijos, confía en que habrá un día en el que verá regresar a su hijo, podrá abrazarlo y cumplir la promesa que le hizo cuando ingresó en la Normal de Ayotzinapa: comprarle una computadora.

Omar García es uno de los estudiantes que sobrevivió la noche del 26. Acudió a Iguala por una llamada de auxilio de sus compañeros de primer año, quienes fueron víctimas de varios ataques efectuados por policías.

Los estudiantes acudieron al lugar y, cuando ofrecían una conferencia de prensa explicando lo que les había ocurrido a sus amigos, se desencadenó otro ataque.

Mirando atrás, Omar, de 29 años, lamenta no haber hecho “muchas más cosas” . Por ejemplo, cuando vio llegar el Ejército desde la azotea en la que se encontraba: “Imagínate, si solo hubiéramos tomado una foto, un vídeo, nuestra palabra pesaría mucho más” .

Tres años después de esa noche, dice que es momento de hacer un “replanteamiento”  sobre cómo actuar para encontrar a sus compañeros, en mitad de un panorama que tilda como “desolador y adverso” .

Dejar de ser “mediáticos”  no está dentro de sus preocupaciones, opina, sino que la gente siga apoyando la causa: “Fortalecer las redes, los vínculos que hicimos durante estos años; eso es lo que ha mantenido este movimiento en pie” .
María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, habla con indignación sobre los nulos resultados que han dado las investigaciones de las autoridades mexicanas, quienes -defiende- los han “mentido desde el inicio” .

Exige que se sigan los cauces de investigación planteados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  (GIEI) que estuvo en el país: el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago, las redes de telefonía, la actuación de los militares esa noche. Ellos, por su parte, no se van a quedar “con los brazos cruzados” .

Para ello cuentan con el apoyo de los compañeros de Ayotzinapa, una escuela para maestros que presume ser la “cuna de la conciencia social” , como señala una frase pintada en su entrada.

María de Jesús se muestra orgullosa de que su hijo entrara en una escuela de “gentes conscientes” , que enfrentan a un Gobierno que “abusa del pueblo, del poder y de las armas” .

“Estamos más firmes que nunca” , asevera esta madre, quien dice que el “miedo”  que pudieron tener al principio de su búsqueda ya desapareció.

Padres de 43 alumnos desaparecidos marchan en silencio

Los padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa marcharon en silencio por las calles de Ciudad de México, en homenaje a las víctimas del terremoto de hace una semana, cuando se cumplen tres años de la desaparición de sus hijos en Iguala.

El homenaje comenzará a las 16.00 hora local  (21.00 GMT) con una misa en el emblemático ngel de la Independencia del Paseo de la Reforma, dijo el portavoz de los padres de los desaparecidos, Felipe de la Cruz.

Al cabo de la ceremonia caminarán en silencio hasta llegar al monumento de los 43 jóvenes, donde se leerá un mensaje dirigido a las víctimas de ambas tragedias.

Los manifestantes apelarán a la unidad por “el dolor de las víctimas”  y exigirán al Gobierno una “respuesta inmediata para la reconstrucción y reparación”  de los daños sufridos por el terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter, detalló.

El número de víctimas fatales del movimiento telúrico subió hoy 333: 194 en la capital del país -donde 38 edificios colapsaron-, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca, y las labores de rescate continúan en varios puntos.

“Lo que une es el dolor. Así como nosotros buscamos jóvenes desaparecidos, hay mucha gente que desapareció en el sismo. El dolor que sienten los padres de familia es el mismo” , aseguró De la Cruz.

Criticó que la presencia de la Marina y el Ejército impidieran “que la sociedad civil siguiera participando”  una vez pasados los primeros momentos de la emergencia.

“Creemos que fue un error porque, cuantos más seamos, la unidad es más fuerte y creemos que podríamos haber salvado más vidas” , señaló.

El portavoz dijo que esta tarde también habrá marchas “en diferentes estados del país”  para exigir justicia y “la presentación con vida de los jóvenes”  estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa.

“Son 3 años. No se puede pasar desapercibido este crimen” , afirmó.

La noche del 26 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos y entregados a integrantes del cartel Guerreros Unidos.

Según la versión oficial de lo ocurrido esa trágica noche, los estudiantes fueron incinerados en un basurero y sus restos lanzados a un río.

Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  (GIEI) que investigó el caso echó abajo dicho versión al considerar imposible científicamente que los cuerpos fueran quemados en el basurero de Cocula.

Además, pidieron investigar el trasiego de droga en autobuses de Iguala a Chicago como posible móvil de los ataques, las redes de telefonía, así como la actuación de los militares esa noche. 

AI: Ayotzinapa será la “mentira histórica”  que marcará gestión de Peña Nieto

Amnistía Internacional  (AI) consideró  que el caso de los 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, que este martes cumplió tres años sin aclararse, será la “mentira histórica”  que marcará al Gobierno del presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“A tres años, seguimos buscando a nuestros desaparecidos entre los escombros de instituciones corruptas y el crimen del olvido, en donde la voluntad política real de las autoridades nunca se ha hecho presente” , apuntó la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, en un comunicado de la organización.

“La mentira histórica de este caso marcará el sexenio de Peña Nieto (2012-2018), pero nosotros en solidaridad con sus padres y madres los seguiremos contando, los seguiremos buscando, luchando para que salga a la luz la verdad y se tenga acceso a la justicia” , añadió.

La organización pidió a Peña Nieto que “deje de apropiarse del discurso de la sociedad civil con fines de campaña y oportunismo mediático” .

“La historia no perdona, y nosotros tampoco. México es un país de víctimas, y el presidente debe dejar de tratar de ocultar los casos bajo la alfombra y enfrentar la realidad de un país en donde la corrupción y la falta de legalidad matan y desaparecen a las personas día a día” , apuntó.

AI señaló que México sigue de pie después de los duros golpes que los últimos fenómenos naturales le han propinado, pero que en esta fecha se abre de nuevo una de las más lacerantes y preocupantes heridas de la memoria colectiva: la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Sostuvo que fue un hecho terrible y crimen de derecho internacional que “hasta ahora no ha sido debidamente investigado y que sigue sin resolverse” , dejando en la incertidumbre el destino de los estudiantes pero, sobre todo, la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 después de haber sido arrestados por policías en el municipio de Iguala, estado sureño de Guerrero.

En lo que han llamado la “verdad histórica”  del caso, el Gobierno sostiene que los jóvenes fueron entregados por los agentes a miembros del crimen organizado, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura.

Luego de una investigación forense de un año, un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) concluyó que era científicamente imposible que ese número de cuerpos fuera incinerado en un basurero en las condiciones que dicen las autoridades, conclusión compartida por otros expertos. 

Entre otras irregularidades, el informe revela que sospechosos fueron detenidos y trasladados ilegalmente, invalidando así las pruebas que pudieron proveer de acuerdo con la legislación mexicana.

El informe también desvela que el principal investigador del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin la presencia de su abogado, una visita que además no figura en los archivos del caso, en los que faltan otros documentos de ese día y en los que aparecen fechas contradictorias.

Según el dossier, el lugar que el sospechoso identificó, en el río San Juan, se dejó sin vigilancia esa noche.

El informe también advierte de la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones y en el mismo día que “espontáneamente”  proporcionaron la misma versión de los hechos, incluso con las mismas palabras, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.

De acuerdo con el The New York Times, el informe no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue hoy “bajo estudio”  en un “limbo burocrático” .

Su autor, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.

Otro de los que dejó su puesto fue precisamente el principal investigador del caso, Tomás Zerón de Lucio, un estrecho colaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, que fue “inmediatamente”  nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

El relato oficial de la PGR es que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala  (Guerrero) , por policías corruptos, que los entregaron a miembros de los Guerreros Unidos, que a su vez los mataron e incineraron sus restos en un vertedero de basura en un municipio vecino.

Una versión que se ha puesto en duda ya que no se han encontrado restos biológicos de los estudiantes desaparecidos.

El informe ocultado por el gobierno mexicano también concluye que los estudiantes y otras personas que fueron atacados esa noche por la Policía de Iguala “no hubiesen sido heridos o asesinados”  de haber intervenido la Policía de Guerrero  (estatal) , uno de los misterios persistentes del caso según el rotativo neoyorquino.

Una portavoz de la PGR, Natalia Briseño, dijo al The New York Times que el informe en cuestión “no existe”  a efectos legales. 

Fiscalía invalida informe

La Procuraduría General de la República  (PGR, fiscalía) de México restó este viernes validez legal a un informe elaborado por una de sus instancias y revelado por el diario estadounidense The New York Times, según el cual el Gobierno mantuvo en secreto numerosas irregularidades en la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

Dicho informe, de 177 páginas y terminado desde agosto, es una auditoría interna a la investigación que hizo la PGR y concluye que la conducta de sus investigadores violó “el derecho a la verdad”  de las víctimas y dañó su derecho a la justicia.

“Los documentos referidos por el NYT se caracterizan por encontrarse sin la debida formalización, al carecer de los requisitos legales que les aplican, resultan jurídicamente inexistentes”,  afirmó en un comunicado la PGR en respuesta a la revelación periodística conocida el jueves.

Por esta razón, la fiscalía considera que esos documentos “están impedidos para ser considerados con la calidad de resolución formal, sea como Acuerdo de Conclusión o con cualquier otra denominación” .

Entre otras irregularidades, el informe difundido por The New York Times revela que algunos sospechosos del caso fueron detenidos y trasladados ilegalmente, invalidando así las pruebas que pudieron proveer de acuerdo con la legislación mexicana.

El informe también desvela que el principal investigador del caso llevó a un sospechoso a identificar la presunta escena del crimen sin la presencia de su abogado, una visita que además no figura en los archivos del caso, en los que faltan otros documentos de ese día y en los que aparecen fechas contradictorias.

Según el dossier, el lugar que el sospechoso identificó, en el río San Juan, se dejó sin vigilancia esa noche.

El informe cuestiona además la detención de seis sospechosos en diferentes ubicaciones y en el mismo día que “espontáneamente”  proporcionaron la misma versión de los hechos, incluso con las mismas palabras, en la que admitieron ser miembros del cartel Guerreros Unidos y haber asesinado a los estudiantes.

De acuerdo con el diario The New York Times, el informe no pasó el trámite de la aprobación de la PGR a causa de las irregularidades que documenta y sigue hoy “bajo estudio”  en un “limbo burocrático” .

Según la reacción de la PGR, “se trata de un simple proyecto con el carácter de consideraciones en estudio, que carecen del rango de resolución formal” .

El autor de la investigación, César Alejandro Chávez Flores, dejó repentinamente su puesto en el organismo cuatro semanas después de concluir el documento.

Otro de los que dejó su puesto fue precisamente el principal investigador del caso, Tomás Zerón de Lucio, un estrecho colaborador del presidente, Enrique Peña Nieto, que fue “inmediatamente”  nombrado secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad.

El relato oficial de la PGR es que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala  (Guerrero) por policías corruptos, que los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, que a su vez los mataron e incineraron sus restos en un basurero de un municipio vecino.

El informe ocultado por el Gobierno mexicano también concluye que los estudiantes y otras personas que fueron atacadas esa noche por la Policía de Iguala “no hubiesen sido heridos o asesinados”  de haber intervenido la Policía de Guerrero  (estatal) .

Las autoridades han sido cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en unas balaceras contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.

El hecho se dio a conocer por el activismo de los padres de los jóvenes desaparecidos y la exigencia por saber su paradero, conmoviendo al país entero. Los estudiantes son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de la ciudad de Iguala, Guerrero, México.

Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela un mes antes de la desaparición porque quería dedicarse a la enseñanza, dijo un pariente de este joven deaparecido. La escuela de Ayotzinapa es conocida por su activismo social.

Los hechos

Un numeroso grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa llegó a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos. Cuando se retiraban del lugar, en buses que habían abordado, fueron baleados por policías municipales y sicarios y luego entregados al cartel de la droga Guerreros Unidos, según testigos y las primeras investigaciones de la Fiscalía.

Medios mexicanos citaron un reporte de los servicios de inteligencia, y señalaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podría estar implicado, así como su esposa, María de los Ángeles Pineda. De acuerdo con el diario El Universal, la esposa del jefe edil “ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal” que reprimiera a los estudiantes, por temor a que interrumpieran un discurso de ella. 

El día del ataque contra los estudiantes estaba programado un discurso de Pineda sobre obras sociales en Iguala, pero se dice que ordenó a la Policía local que reprimieran a los jóvenes por temor a que interrumpieran su actividad, según denuncias de testigos. PIneda es hermana de tres narcotraficantes. Días después de la desaparición, Abarca y Pineda desaparecieron misteriosamente por lo que las autoridades lo revocaron de su cargo y se comenzó su persecución penal por sospechas.

La noche siguiente a los sucesos, las autoridades guerrerenses detuvieron a 22 policías supuestamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal. El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, aseguró que había videos que demostraban que tras el primer ataque de la Policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de jóvenes, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.

Una semana después las autoridades hallaron 28 cadáveres en seis fosas clandestinas donde se encontraban incinerados y fragmentados, pero según las investigaciones forenses ninguno pertenecía a los normalistas.

Capturados

El 27 de octubre de 2014 las autoridades mexicanas anunciaron la captura de cuatro presuntos miembros del cartel Guerreros Unidos, dos de ellos acusados directamente de participar directamente en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

Días después, policías federales detuvieron al excalde Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda en una humilde casa de cemento sin pintar de dos pisos de Iztapalapa, un populoso barrio al este de la Ciudad de México, el 5 de noviembre. Ambos eran los fugitivos más buscados en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de dicho año.

Abarca y Pineda eran conocidos en Iguala como la “pareja imperial”, por su poder y ostentación, pero estaban escondidos en una humilde vivienda en Iztapalapa, México. Esa pareja, que gobernaba con mano de hierro, era conocida por vestir con ropa cara y ataviarse de oro. En su corta carrera política, Abarca afincó un imperio joyero en Iguala, donde era un secreto a voces su tenebrosa relación con el crimen organizado. Está acusado del homicidio de un lider campesino en el 2013.

Por su parte, la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, es una mujer de carácter duro y se le atribuía el manejo efectivo de la alcaldía. Dos de sus hermanos sirvieron a las órdenes del histórico capo Arturo Beltrán Leyva. Pero tuvieron una carrera corta, al ser asesinados en 2009. Un tercer hermano aún vivo y actualmente preso, penó por narcotráfico y se presume que es uno de los jefes de Guerreros Unidos. El ascenso político de Pineda era tal que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía de Iguala en 2015. Nadie parecía capaz de frenarla, “ella mandaba en esa comuna”.

Fueron quemados

El 7 de noviembre de 2014, tres miembros de Guerreros Unidos que fueron capturados confesaron haber asesinado, quemado y arrojado a un río  a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un basurero del municipio de Cocula, según informó el procurador Jesús Murillo Karam, pero no quiso confirmar que los restos hallados sean de los jóvenes.

Murillo compareció ante la Prensa con un despliegue de fotografías, mapas y testimonios grabados, en video, en donde los tres detenidos integrantes del cartel de las drogas, ofrecieron detalles espantosos sobre cómo murieron los estudiantes y cómo después intentaron destruir sus restos y las pruebas del crimen. Entre las pruebas mostraron cientos de fragmentos de huesos y de dientes calcinados que fueron recuperados del río, en lo que sería un horrorífico asesinato masivo que habría durado unas 14 horas.

Los padres de los 43 estudiantes insistieron en que estos continúan con vida y rechazaron los testimonios de los detenidos. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”, resaltó Felipe de la Cruz, vocero de los padres, en conferencia de prensa al conocer los resultados de esta investigación.

Lucha por la verdad

Mientras continuaban las investigaciones, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas comenzó a tener repercusión mundial y múltiples colectivos sociales se sumaron a la lucha de los padres de los jóvenes para exigir justicia y el conocimiento de su paradero.

Las redes sociales contribuyeron a canalizar la indignación mundial, por medio de los hashtags #Faltan43 #FueElEstado, #YaMeCansé y #AyotzinapaSomosTodos, desde todas partes del mundo los internautas colgaban fotos con carteles alusivos y mensajes de apoyo a los padres.

Manifestaciones multitudinarias comenzaron a realizarse en la capital mexicana y en todos los estados para pedir el esclarecimiento de los hechos de Iguala. El manejo del caso por el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tanto en las investigaciones, sus pronunciamientos y viajes en días claves le valieron el rechazo de miles de personas quienes no creen en la hipótesis oficial de que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.

Un informe reciente presentado en septiembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmiente la versión oficial de los hechos al afirmar de que para quemar los 43 cuerpos sus agresores habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos que tenían que haber durado unas 60 horas, cosa que no es posible con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula. La investigación concluye de que no hay pruebas suficientes para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos.

Analistas afirman que “las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas” al conocerse el resultado del informe que sugiere que la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes es del gobierno federal. A un año del hecho los familiares aún guardan la esperanza de poder conocer la suerte de sus hijos.

A dos años de la desaparición de los normalistas trascendió una nueva implicación en el caso de la desaparición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México responsabilizó a dos agentes de la Policía Federal de México, por lo que se podría abrir una nueva linea de investigación que las autoridades deben de investigar, ya que la investigación oficial es seriamente cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos. 

Un pequeño grupo de activistas de la organización portaban pancartas con el lema “¡Encuéntralos!”.

“Colocamos estas sillas vacías ante la embajada en protesta silenciosa contra su incapacidad para encontrar a los estudiantes”, dijo a la AFP Tilly Lavenas, que participó en el acto.

Erika Guevara Rosas, responsable de América en Amnistía Internacional, dijo en un comunicado que “la tragedia de Ayotzinapa ha puesto al descubierto como la administración de Peña Nieto no se detiene ante nada para encubrir las violaciones de los derechos humanos que ocurren ante su mirada en México”.

“Las autoridades en Mexico han hecho todo lo posible para obstruir la justicia y proteger su imagen”, añadió Guevara.

Los 43 jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando fueron atacados en el autobús en que viajaban por policías de esa localidad, quienes los habrían entregado al cártel de los Guerreros Unidos.

Las autoridades aseguran que los narcotraficantes los asesinaron y quemaron sus cuerpos en un basurero, pero un análisis forense independiente en el lugar señalado puso en duda esta versión.

Según Amnistía Internacional, más de 28.000 personas desaparecieron en México desde 2006, cuando el gobierno lanzó su gran ofensiva contra el narcotráfico.

Los padres de los estudiantes desaparecidos aseguran que el funcionario es protegido y “amigo” del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

“De signo de distensión (la renuncia) pasó a ser un signo de protección”, dijo en rueda de prensa Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y uno de los abogados de los padres de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (sur).

La destitución de Zerón era uno de los principales reclamos de los padres de los 43 jóvenes luego de que en abril el grupo de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que coadyuvó en las investigaciones señaló “severas irregularidades” en las diligencias.

La fiscalía abrió una investigación interna a Zerón, pero no se han divulgado avances, lo que los padres interpretan como una muestra de la protección de que gozaría el funcionario.

“Es indignante que después de que está bajo una investigación todavía lo premian con un cargo más alto (…). ¿Omitir pruebas no merece cárcel?”, dijo de su lado Mario González, padre de César Manuel, uno de los desaparecidos.

“El presidente lo está protegiendo y le da un premio por construir la 'mentira histórica' (…), eso quiere decir que es su amigo, el presidente nos sigue mintiendo”, dijo Cristina Bautista, madre de Benjamín, otro estudiante desaparecido.

Con el nuevo nombramiento, el presidente Enrique Peña Nieto “le da un premio por construir la mentira histórica del basurero de Cocula y el río san Juan”, agregó.

La denominada “verdad histórica” que había venido defendiendo la fiscalía señala que policías corruptos entregaron a los estudiantes a narcotraficantes que habrían asesinado a los jóvenes para luego quemar sus cuerpos en un basurero y arrojar sus cenizas en un río cercano.

Pero el GIEI ha cuestionado esta versión y ha señalado a Zerón de cometer diversas irregularidades en la investigación y en las escenas del crimen, por lo que recomendó que fuera apartado del caso para permitir una investigación imparcial.

Los expertos concluyeron sus trabajos en abril pasado, pero acordaron formar un equipo de seguimiento cuyos miembros se espera lleguen a México en los próximos días.

Es una burla

“Es una burla, pero no solo para los 43 padres de familia, sino para todos los mexicanos. Ya basta de tanta impunidad, de decir que ahora los delincuentes y los criminales tengan premios, y no las investigaciones adecuadas”, denunció Mario González, padre de uno de los jóvenes en una rueda de prensa.

El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, considera que a Zerón “lo premiaron elevándolo de cargo como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional”, lo que prueba que está protegido por Peña Nieto. “Es uno de sus más allegados y no lo puede remover”, añadió.

Eso abre una “segunda ruta de desaparición” de los jóvenes, es decir, una nueva línea de investigación que las autoridades deberían explorar, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.

La fiscalía general dijo más tarde en un comunicado que “profundizará en esta línea de investigación” y que estableció medidas cautelares para preservar la integridad del testigo que reveló está nueva versión.

Esta dependencia ha dicho hasta ahora que los estudiantes de la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa fueron atacados a balazos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala por policías corruptos de esa ciudad y de la vecina Cocula, luego de que los jóvenes se apoderaron de cinco autobuses para realizar protestas.

Siempre según la versión oficial, los jóvenes fueron capturados por policías municipales y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado, incinerado y arrojado sus restos a un río aledaño.

La investigacion oficial “no tiene verdad. En el basurero de Cocula no hay verdad”, dijo de su lado este jueves Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos, quien sostuvo que ahora se confirma la participación de corporaciones federales, tal como lo habían denunciado antes los familiares de las víctimas.

Ahora, la CNDH involucra por primera vez a los elementos de la Policía Federal y a agentes de Huitzuco, un municipio aledaño a Iguala.

Se trata de “la más cruda expresión del horror y del enorme poder corruptor que pueden lograr las organizaciones delictivas de nuestro país”, dijo González Pérez.

Enfrentamiento con piedras, ramas y gases lacrimógenos

El testigo, al que la comisión calificó de “confiable”, observó a los agentes de la Policía Federal frente al Palacio de Justicia de Iguala, en una zona conocida como Puente El Chipote, donde agentes municipales detuvieron uno de los autobuses tomados por los estudiantes.

Ese vehículo transportaba rumbo a la escuela de Ayotzinapa entre 15 y 20 estudiantes, uno de ellos, Alexander de la Mora, el único de los 43 jóvenes desaparecidos cuyos restos fueron identificados plenamente.

Aquí podrás encontrar el VIDEO presentado por #CNDH en Conferencia "Avances de la Investigación del #CasoIguala" | https://t.co/BRIDftnn2l

— CNDH en México (@CNDH) April 14, 2016

Los policías de Iguala, que iban encapuchados, habrían abierto fuego contra los neumáticos del autobús hasta obligarlo a detenerse. Luego, rompieron las ventanas del vehículo con ramas y lanzaron al interior gases lacrimógenos, según el testigo.

Aunque los estudiantes intentaron defenderse con piedras, fueron obligados a descender para luego ser golpeados, esposados y arrojados violentamente al suelo boca abajo.

Los agentes policiales se llevaron a los estudiantes en patrullas, incluyendo tres de Huitzuco, según el testimonio de la CNDH.

“El patrón”

Esas patrullas fueron interceptadas por los dos agentes de la Policía Federal, quienes preguntaron sobre el procedimiento.

“Se los van a llevar a Huitzuco, allá que el patrón decida qué hacer con ellos”, habrían respondido los policías municipales, según la CNDH.

Esta respuesta bastó para que los agentes federales los dejaran pasar.

Los uniformados federales “habrían permitido que dos corporaciones municipales actuaran en una zona federal, aprobando que los normalistas (estudiantes) sean llevados ante quien identifican como el patrón, posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino”, lamentó José Larrieta Carrasco, titular de la oficina para el caso Iguala de la CNDH.

La comisión dijo tener el nombre de uno de los agentes federales, del cual informó a la fiscalía general.

La fiscalía asegura que los integrantes de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de un cártel rival, por lo que los habrían incinerado en un basurero de Cocula.

Pero un grupo de investigadores independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense descartaron que existiera evidencia de un fuego de tal magnitud en el basurero.

Este caso ha sido uno de los desafíos más grandes que enfrenta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues ha causado multitudinarias protestas y un deterioro de la popularidad del mandatario

En un abierto choque, el grupo de expertos, que trabaja en el caso a petición de los familiares de los jóvenes desaparecidos, rompió el viernes un acuerdo suscrito con la fiscalía para determinar si los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El desencuentro vino después de que la dependencia anunció el viernes que los resultados de un último peritaje arrojaron evidencia suficiente para determinar que la noche de la desaparición, “al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados” en un basurero de la localidad de Cocula.

Sin embargo, la fiscalía dijo este sábado en un comunicado que el anunció “de ninguna manera es unilateral” y reiteró que el nuevo peritaje se hizo en base a un acuerdo alcanzado con el GIEI y “que se respetó en todo momento”.

El informe del viernes ratifica la versión oficial presentada en noviembre de 2014, según la cual los jóvenes fueron atacados la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año por policías corruptos de Iguala, en el convulso estado de Guerrero (sur) quienes los habrían entregado a integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Los sicarios los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula, un municipio vecino de Iguala, para luego tirar sus cenizas a un río aledaño.

Además de la investigación oficial, se han hecho dos peritajes adicionales e independientes que rechazan la versión oficial.

Los expertos del GIEI, que llevan cerca de un año trabajando en el caso, concluyeron en 2015 que no existe evidencia de un fuego de esa magnitud en el basurero la noche de la tragedia.

Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que también trabaja en el caso presentó en febrero un informe que rechazó la posibilidad de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en ese lugar.

El permiso que gobierno de México otorgó al GIEI para trabajar en el caso expira este mes y aunque los familiares de las víctimas han pedido su permanencia, el gobierno ha dicho que no habrá prorroga para su partida.

Familiares no fueron avisados

En tanto, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fueron informados por la Fiscalía mexicana del resultado del nuevo peritaje realizado en el basurero de Cocula antes de que se diera a conocer públicamente, lamentó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales.

Rosales consideró “irresponsable” fijar una postura sobre un “tema sumamente delicado” sin hacer un análisis “exhaustivo y minucioso del dictamen” elaborado por seis expertos y divulgado el viernes en la capital mexicana tras seis semanas de estudios.

Estimó que el lunes próximo estarán en condiciones de “revisar el expediente” para emitir una posición sobre el peritaje, según el cual hay “evidencia suficiente” de que sí existió “un evento de fuego controlado de grandes dimensiones” en el basurero y de que allí fueron incinerados al menos 17 cuerpos.