El sábado pasado fueron capturados funcionarios y exfuncionarios de la Superintendencia de Bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, dos entidades cuya principal función es velar porque no hayan flujos sospechosos de dinero y que quienes se dedican a hacer negocios con el movimiento de capitales no se aprovechen de quienes depositan su dinero, pero especialmente su confianza, en ellos.

Lejos de eso, y sin que todavía se sepa cuál fue el precio de corromper a esos funcionarios, varios de los hoy capturados se dedicaron a encubrir situaciones anómalas que desembocaron en un monumental fraude en contra de miles de ahorrantes, quienes perdieron sus recursos y algunos hasta la vida, gracias al contubernio de empresarios inmorales y funcionarios corruptos.

La estafa cometida por supuestos banqueros propietarios e inversionistas del Banco de Comercio se puso en marcha tan pronto como empezó el funcionamiento de esa entidad y desde el momento en que las leyes del país empezaron a actualizarse para combatir el lavado de dinero ellos también dieron inicio a la instauración de mecanismos que facilitaran la estafa, supuestamente sin que los funcionarios encargados de evitarlo, lo indicaran a las autoridades.

Ese es uno de los peores delitos que se puede cometer en un cargo público. Ser nombrado para cumplir con una función que no solo no se cumple sino que, lejos de ello, se abusa de los cargos para encubrir operaciones fraudulentas y alterar informes oficiales para robar los ahorros de miles de personas.

Una de las mezclas más letales que conspiran contra la vida y el desarrollo social es cuando empresarios y funcionarios se coluden para delinquir, a sabiendas de que están violando la ley, que no cumplen con sus obligaciones y todo ello con el vil propósito de apropiarse de recursos que, además de no pertenecerles, en la mayoría de los casos son el producto del esfuerzo de una vida.

Ante tal tipo de situaciones, resulta reiterativa la pregunta de hasta dónde llegarán las pesquisas del Ministerio Público en esa cruzada por la dignidad nacional. Una batalla que desafortunadamente se libra en medio de una gran soledad, sin el concurso decidido de las figuras más relevantes de los poderes del Estado y, peor aún, en muchos casos con la clara intención de boicotear y desprestigiar esos esfuerzos.

Quienes hoy se ubican del lado incorrecto de la historia cometen un gran error al creer que pueden salir victoriosos con sus acciones intolerables. Cuando Guatemala no pueda salir airosa ante el concierto de naciones vendrán otras presiones, como ya lo está viviendo México con la negociación de un nuevo Tratado de Libre Comercio, en el cual el combate a la corrupción puede ser determinante para disfrutar de algunos privilegios.

Los detenidos son trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

Ana Elena Guzmán, subsecretaria general del MP, detalló que los exfuncionarios y trabajadores se aprovecharon de sus cargos para modificar, ocultar y desviar información de las operaciones del Banco de Comercio.

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Mayra Véliz, secretaria del Ministerio Público también explicó que la SIB y la IVE conocían que el banco no contaba, ni tenían el respaldo con la reserva para garantizar el dinero de los clientes.

“La SIB sancionó administrativamente al Banco del Comercio, en 2006, debido a que no contaba con las reservas suficientes para asegurar el ahorro de sus clientes”, detalló Véliz.

Aseveró que en 2007 nuevamente emite “solo” una sanción administrativa y en enero de 2007 el Consejo Administrativo y Gerente General del Banco de Comercio solicitó a la Junta Monetaria suspender las operaciones.

Ese mismo día la Junta Monetaria pidió a la SIB un informe financiero del Banco de Comercio, desvirtuando las aseveraciones. A raíz de esa petición es que el 12 de enero de 2007 el banco cierra sus puertas.

El Ministerio Público (MP) informó que “todos” los operativos, realizados hoy, son en el departamento de Guatemala y contra trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Instancia de Verificación Especial (IVE).

Las órdenes de captura son por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia giradas por el Juzgado de Mayor Riesgo A.

Personas detenidas:

• Ricardo Guillermo Vélez Lara, intendente de Verificación Especial (1999-2005).

• Juan Carlos García Revolorio, inspector II del departamento de Supervisión (2002 -2006).

• Efraín Gómez Samayoa, subdirector de Intendencia de Verificación Especial. 

• Óscar Rubén Ortiz Zelada,supervisor de área del departamento de Supervisiones Bancarias (2000 a 2006) y supervisor de departamento de Banco de Supervisión (2006 a 2017).

• Mario Roberto Ochoa Maldonado, inspector del departamento de Supervisión de la Intendencia de Verificación Especial  (2002 -2017).

• Samuel Rubén Alcántara Miro, inspector y supervisor de la IVE (2004 -2007).

Otras fases

La secretaria del Ministerio Público explicó que las capturas forman parte de la tercera fase de la investigación relacionada al banco.

El 27 de octubre de 2016 se operativizó la segunda fase del caso. En ese período fueron ligadas a proceso 21 personas, entre ellos extrabajadores y representantes legales de empresas que participaron en la estafa. Del total de personas ligadas solo 17 fueron enviadas a juicio oral y público.

La primera fase del caso se efectuó en 2007 con la detención de Roberto Manuel Segovia, exvicepresidente de la Junta Directiva de Banco de Comercio. Fue hasta el 30 de mayo de 2013 que el Tribunal Sexto de Sentencia Penal lo condenó a 33 años de cárcel por los delitos de estafa propia, lavado de dinero e intermediación financiera.

Antecedentes 

El 12 de enero del 2007, el Banco de Comercio no abrió sus puertas al público y comenzó la pesadilla para 12 mil 500 cuentahabientes.

Las operaciones de la entidad comenzaron en 1993, cuando constituyó la offshore Organizadora de Comercio, en Panamá, que tenía como finalidad captar fondos por medio del banco, según las investigaciones del Ministerio Público (MP), por las cuales ayer fueron detenidas 12 personas y otras ocho fueron citadas para rendir declaración.

Dos años después de la inauguración del banco se otorgó la representación legal a Jorge Ibarra Rivera Iglesias —prófug—, integrante hasta entonces del Consejo de Administración.

En 1995 también se abrió la cuenta de depósitos monetarios de Organizadora de Comercio, y en el 2002 se creó Organizadora del Comercio, la segunda de las sociedades anónimas que serviría para captar fondos en forma ilegal, informó ayer el órgano investigador, en conferencia de prensa.

Por ello solicitaron al Ministerio Público (MP) días atrás que se retomen las diligencias para capturar a las personas contra quienes se giraron órdenes en el 2007, así como la de Willy Waldemar Zapata Sagastume, ex superintendente de Bancos, por su actitud pasiva.

Toda una vida

Una de las tantas historias que ilustra cómo fueron afectados los ahorrantes es la de Óscar Enrique Alvarado Silva, quien lamenta haber depositado en ese banco el dinero de su jubilación de 30 años de trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, los ahorros de 20 años y la venta de una casa. Perdió los Q800 mil que había reunido para vivir una vejez digna.

Hay dos grupos, uno que se reúne cada 15 días en la Plaza Mayor de la zona 1 y otro que lo hace afuera de la Fiscalía.
Alvarado Silva narró que viajó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en dos oportunidades para presentar la demanda y tuvo que pernoctar en una tienda porque no tenía dinero para pagar un hotel.

Un grupo de los afectados, incluido Alvarado Silva,  envió un oficio a la secretaria general del MP, Mayra Véliz, para pedir que se efectúen las aprehensiones de las personas que tienen orden de captura desde el 2007, entre ellas Carlos Enrique Lowenthal Arceyuz, Jorge Ibarra Rivera Iglesias, Claudia María Robles Morales y Berta Mireya Fuentes Putzeys de Abularach, así como de  Zapata y Jorge Alfredo Sactic Estrada.

Al consultar con Véliz la semana pasada sobre si había recibido el documento, refirió que no lo había visto y expresó: “No hay constantes cambios de fiscales, y el caso está con buenos avances e  incluso la fiscal general —Thelma Aldana— personalmente revisa los mismos cada semana para darle una pronta respuesta a los afectados”.

Abraham Vega, del área penal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pinta un panorama menos alentador. “Se mantiene —el caso BC— en stand by; no hay mayores actuaciones. Ahorita, por lo menos, no hay nada”, reconoció.

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Sin justicia

Los afectados, en el documento enviado al MP, se quejan de que la única condena que hay es contra Roberto Manuel Segovia Olivotto, pero que no se encuentra firme.

Las investigaciones de la Fiscalía indican que en su calidad de jefe de la Superintendencia de Bancos, Zapata tenía la obligación de conocer el estado financiero de los bancos y denunciar fallas en las operaciones de esas entidades para evitar fraudes a los clientes. A Zapata se le señala de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.

El exfuncionario fue denunciado por inversionistas y cuentahabientes por no haber alertado a las autoridades de acciones irregulares en las finanzas del BC, que dieron como resultado la quiebra.

Un camino tortuoso

Hay miles de afectados y millones sin devolver.

Suspensión

La Junta Monetaria (JM) suspendió las actividades del Banco de Comercio  el 12 de enero del 2007, debido a insolvencia financiera de la entidad.

Pérdidas

La suspensión del bando dejó la pérdida de Q1 mil 800 millones y a más de 12 mil clientes del banco afectados. Algunas personas incluso se suicidaron.

Estafa a clientes

La investigación por la quiebra del banco indica que durante 10 años se trasladó el dinero de sus clientes a la offshore Organizadora de Comercio.

Señalado

El caso se registró durante la administración del superintendente de Bancos Willy Zapata, quien no  ha comparecido ante la justicia.

Según Raúl Maldonado, representante de las víctimas del caso, Castro Boteo habría entregado dos notificaciones falsificadas, en las cuales se beneficia a Willy Zapata, exsuperintendente de Bancos, con un amparo para no ser citado a declarar como sindicado en el proceso.

Maldonado explicó que existen serios indicios para creer que la notificaciones son ilegítimas, y pidió a la CSJ intervenir en el caso y actuar en contra de Castro Boteo.

Adelantó que este viernes, los afectados por el fraude del banco podrían presentar una denuncia en el Ministerio Público en contra del empleado judicial, para determinar si incurrió en un delito.

Agregó que por más de un año se ha mantenido como cierto el beneficio a Zapata, pero que de manera reciente se enteraron de que los amparos provisionales fueron denegados.

Antecedentes

La Junta Monetaria suspendió las actividades del BC el 12 de enero del 2007, debido a insolvencia financiera de la entidad.

El hecho dejó la pérdida de Q1.8 millones y a más de 12 mil clientes del banco afectados.

Zapata lleva más de ocho años sin acudir a los tribunales de justicia para comparecer sobre su supuesta responsabilidad en el cierre del mencionado banco.

Las investigaciones de la Fiscalía indican que en su calidad de jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), tenía la obligación de conocer el estado financiero de los bancos y denunciar fallas en las operaciones de esas entidades, para evitar fraudes a los clientes.

En contra de Zapata, el órgano encargado de la persecución penal hace señalamientos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.

El exfuncionario fue denunciado por inversionistas y cuentahabientes de la desaparecida entidad, por no haber alertado a las autoridades de acciones irregulares en las finanzas del BC, las cuales dieron como resultado la quiebra de la institución, en enero del 2007.

Según el expediente 01076-1998-00704, Zapata se enteró de las irregularidades, por su cargo al frente de la SIB, pero no hizo nada para evitar la estafa a más de 12 mil clientes del banco, la cual dejó Q1.8 mil millones en pérdidas.

El desarrollo del proceso ha sido entrampado por más de 12 acciones legales presentadas por Zapata, la cuales están encaminadas a evitar que un juez lo indague por la sindicación en su contra.

Sin autorización

La investigación por la quiebra del banco indica que durante 10 años trasladó el dinero de sus clientes a la off shore —entidad fuera de plaza— Organizadora de Comercio.

La denuncia contra Zapata fue planteada en el 2008, en la cual se le imputaban delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.

Zapata dejó el cargo el 2 de marzo de ese año, al aducir un común acuerdo con las autoridades de gobierno de ese entonces.

Entre el 2004 y el 2008, Zapata dirigió la SIB.