Un exdirectivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA) fue condenado a más de 22 años de prisión por ser el autor intelectual del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

Berta Cáceres fue líder de las protestas contra el proyecto de construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca antes de ser asesinada a tiros en su casa.

El Tribunal de Sentencia de Honduras declaró que Roberto David Castillo, cuya empresa había recibido el contrato de construcción, había planeado el asesinato y contratado a los pistoleros.

Castillo, quien fue presidente ejecutivo de DESA, también había sido un oficial de inteligencia del ejército.

El tribunal encontró que había utilizado sus contactos militares y pagado a informantes para coordinar y planear el asesinato de la destacada activista, que fue galardonada con el prestigioso Premio Goldman en 2015 por su papel en frenar la construcción de la presa.

Cáceres enfrentó años de amenazas por su oposición al proyecto de la presa, a cargo de la compañía de Castillo.

La ambientalista, que en 1993 fue una de las cofundadoras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se opuso activamente a los planes de DESA para construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque, debido a los daños que esta obra podía ocasionar al medioambiente.

La presa hubiera inundado extensas áreas de tierra y cortado el suministro de agua, alimentos y medicina para cientos de miembros de la etnia lenca en el occidente de Honduras, que consideran el río Gualcarque, sagrado y vital para su supervivencia.

Además de presentar denuncias oficiales, Cáceres organizó bloqueos de carreteras que impidieron el paso de trabajadores al sitio de construcción.

La empresa estatal china Sinohydro, que conjuntamente desarrollaba el proyecto, finalmente se retiró debido a la resistencia de la comunidad.

Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres, ocurrida en la ciudad de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.

En 2018, otras siete personas -incluyendo un segundo ejecutivo de DESA, Douglas Bustillo- recibieron sentencias de entre 30 y 50 años por su participación en el asesinato de Cáceres.

El COPINH elogió la condena contra Castillo e instó a realizar más investigaciones de personas asociadas con DESA.

Sin embargo, la hija de Cáceres, Olivia Zúñiga Cáceres, escribió en Twitter que era “indignante” que a Castillo “no se le ha aplicado la pena máxima”.

Una de los abogadas de Castillo dijo a la agencia noticiosa Reuters que planeaban apelar la sentencia.

Los siete acusados son Mariano Díaz y Douglas Bustillo, exoficiales del Ejército de Honduras; Sergio Ramón Rodríguez, Henry Hernández, Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, y la pena que deberán pagar en prisión se conocerá el 10 de enero de 2019.

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A uno de los acusados, Emerson Duarte, en cuya casa en la caribeña ciudad de La Ceiba fue hallada la pistola con la que fue asesinada Cáceres, se le absolvió de toda responsabilidad penal.

Tres de los siete acusados, Mariano Díaz, Douglas Bustillo y Sergio Ramón Rodríguez, este último ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), fueron condenados por el delito de asesinato.

La empresa DESA era la responsable de un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país al que Berta Cáceres se oponía.

Los otros cuatro acusados, Elvin Rápalo, Henry Fernández, Eilson Duarte y Óscar Torres, fueron condenados por los delitos de asesinato, y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido extranjero.

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El fallo fue leído en presencia de los ocho acusados, quienes llegaron antes de las 16 horas locales (22:00 GMT) a la sala del tribunal fuertemente custodiados.

A la audiencia también asistieron familiares de Cáceres encabezados por su madre, Austra Bertha Flores, abogados de la familia y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH), del que la ambientalista asesinada era su coordinadora general. 

“No la volveré a besar”

La madre de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, dijo no estar satisfecha con el fallo emitido por el tribunal de sentencia de declarar culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.

“No puedo decir que siento satisfacción, pero por lo menos se hizo justicia”, dijo Berta Flores, madre de la líder indígena, a periodistas tras conocer la sentencia.

Flores, de 85 años y quien también ha sido una defensora de los derechos de los indígenas y la preservación del medioambiente en Honduras, señaló que pese a que “estos bandidos van a la cárcel a podrirse en la cárcel, a mi hija no la vuelvo a tener, no la vuelvo a besar, ni contemplar”.

Según el relato de hechos, al menos dos personas ingresaron violentamente a la casa de Cáceres en la comunidad de La Esperanza (oeste) hacia las 23 horas locales de 2 de marzo de 2016 y mataron a balazos a la ambientalista e hirieron al mexicano Gustavo Castro, dejándolo vivo porque él se hizo el muerto.

Otro hombre los transportó en un vehículo y un cuarto los acompañó. Además, quedó evidenciada una oferta económica de cien mil lempiras (poco más de US$4 mil) para los sicarios.

El delito de asesinato se castiga con una pena de 30 años de cárcel a cadena perpetua.

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En el ataque también resultó herido un ambientalista mexicano amigo de Cáceres, Gustavo Castro, único testigo del hecho.

El portavoz del Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo, confirmó la información a medios locales, y dijo que fue una acción encabezada por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV).

El sospechoso es un ingeniero eléctrico considerado uno de los autores intelectuales y quien al momento del crimen era el presidente ejecutivo de la empresa hondureña que desarrolla el proyecto “Agua Zarca”, a la cual los familiares de Cáceres responsabilizan del asesinato. La compañía rechaza estas acusaciones.

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El proyecto hidroeléctrico se desarrolla sobre el río Gualcarque, en la comunidad de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con las investigaciones de la ATIC, el ingeniero fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales, que es una de las ocho personas que guardan prisión por el crimen.

El sábado, cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte de Cáceres, sus familiares, amigos y compañeros de lucha tienen programadas una serie de acciones a escala nacional para exigir justicia y que su muerte no quede en la impunidad.

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De igual forma solicitarán a las autoridades que se cancele de forma definitiva la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, el proyecto contra el que Cáceres alzó su voz desde el Copinh.

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Se trata del premio más importante que otorga las Naciones Unidas (ONU) a los defensores ambientales. “Berta Cáceres se rehusó a permitir que poderosos intereses violaran los derechos de los pobres y marginados y destruyeran los ecosistemas de los que dependen”, dijo Erik Solheim, director ejecutivo de ONU Ambiente.

“Su enfoque era local, pero su causa y su sacrificio resuenan en todo el mundo. Ella es una gran inspiración, y una gran pérdida, para cualquier persona que luche por los derechos ambientales”, manifestó Solheim en Cancún, México, donde se celebra la 13 Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas.

Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada la madrugada del 3 de marzo por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, oeste.

El crimen fue la culminación de una serie de amenazas que había recibido por su lucha contra la construcción de una planta hidroeléctrica en tierras de la etnia Lenca, a la cual pertenecía.

Su muerte provocó una protesta de alcances internacionales y evidenció el clima de violencia e intimidación en que los ambientalistas y defensores de los derechos humanos realizan su trabajo en Honduras.

Berta Cáceres recibe a título póstumo premio #CampeonesdelaTierra por su coraje en la protección ambiental: https://t.co/cVmmaBkdFg #COP13 pic.twitter.com/U0Ut0NsL6y

— ONU Medio Ambiente (@ONUMedioAmb) December 2, 2016

“Nuestra familia espera que este premio ayude a asegurar que la maravillosa vida de Berta, así como la lucha del pueblo Lenca, no se olvide y a inspirar a todos los que luchan por los derechos ambientales en el mundo”, afirmó Roberto Cáceres, hermano de la activista quien recibió el premio en representación de la familia.

A favor de Cáceres, quien recibió también el Premio Ambiental Goldman el año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares, que sus allegados aseguran no fueron cumplidas por el gobierno de Honduras.

Actualmente hay seis detenidas como sospechosas del crimen, incluido un funcionario de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. que construye la represa.

“El robo del expediente judicial de Berta Cáceres es un hecho delictivo que requiere una enérgica actuación de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial, para identificar y sancionar a los culpables”, dijo el portavoz de la Maccih, el exministro peruano Juan Jiménez, en un comunicado de prensa.

El robo del expediente es un hecho “grave e inadmisible”, subrayó Jiménez, quien además es representante del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

El expediente sobre el crimen de Cáceres fue robado por desconocidos el miércoles durante un asalto en Tegucigalpa a la magistrada de la Corte de Apelaciones, María Luisa Ramos, para robarle su auto.

El portavoz de la Maccih indicó que la acción de la magistrada al llevar el expediente sobre el crimen de Berta Cáceres en su vehículo es una “grave irresponsabilidad”.

Enfatizó que la Maccih está “evaluando el daño ocasionado al proceso judicial por la sustracción ilícita del expediente” y anunció que esa misión designará un funcionario internacional para “verificar el proceso de reconstrucción del expediente a cargo de la autoridad judicial”.

De esta forma se busca “garantizar la total recuperación de las pruebas y demás actuaciones judiciales que incriminan a los responsables materiales y mediatos, contenidas en la documentación sustraída”, señaló.

El Poder Judicial de Honduras indicó en Twitter que pese al robo del expediente, el caso “no sufrirá (ningún) tipo de atraso o limitación en las diligencias procesales”, ya que “se ha certificado copia íntegra” del mismo.

Según autoridades hondureñas, la magistrada llevaba en el auto el expediente sobre el asesinato de Cáceres, al parecer, para estudiarlo en su residencia y redactar una sentencia sobre la apelación presentada por los abogados de los acusados del crimen.

La Maccih indicó que solicitará al poder Judicial un informe sobre “los procedimientos administrativos” que autorizan la salida de documentos de la sede judicial y planteará “las reformas necesarias” que impidan que este tipo de hechos vuelvan a suceder.

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Señaló además que “verificará” los actos de investigación del Ministerio Público para “aclarar la desaparición del expediente a fin de llegar a los responsables de este hecho, que representa una grave obstrucción a la justicia”.

El expediente contiene las pruebas que supuestamente involucran a los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen de Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, pese a tener medidas de protección.

Por el crimen están detenidos Elvin Rápalo Orellana, Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Sergio Rodríguez, empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres; y Edilson Duarte, capitán retirado.

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También está detenido Edilson Duarte, hermano gemelo de Edilson, a quien las autoridades le decomisaron un arma con la que habría sido asesinada Cáceres.

Añadió que Urquía, de 49 años, fue secuestrada el martes anterior y luego asesinada “de un machetazo en el cráneo”.

El Comité indicó que la dirigente del Copinh formaba parte de un grupo opuesto a un proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla que cruza por poblaciones de indígenas lencas del oeste de Honduras. Además responsabilizó al gobierno por la muerte de la activista.

“Responsabilizamos directamente por este asesinato al gobierno de Honduras, a cargo de Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”, se lee en el comunicado publicado en su sitio web.

Su muerte ocurre cuatro meses después del asesinato a tiros de la ambientalista Berta Cáceres, coordinadora de Copinh, reconocida por su lucha contra un proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque, también en territorio Lenca.

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Cinco sospechosos están detenidos por la muerte de Cáceres, en cuenta un empleado de Desarrollos Eléctricos S.A  (DESA), empresa que había sido denunciada por Cáceres de amenazarla de muerte.

Otro dirigente del Copinh, Tomás García, fue asesinado días después del asesinato de Cáceres, por causas y autores aun desconocidos.

El informe, que es difundido por el capitalino diario El Heraldo, señala que quienes ordenaron el asesinato de Cáceres pagaron un total de 500.000 lempiras  (cerca de US$22 mil ).

Según el informe, una fuente anónima reveló que uno de los militares detenidos como sospechosos “confesó haber participado en el crimen”  y que recibió ese monto por planificar el asesinato.

El sospechoso, cuya identidad no es revelada, detalló la forma en la que se distribuyó el dinero y, según la publicación, cada sicario que participó en el crimen recibió una paga de US$2 mil 200.

Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Esperanza, donde residía, al parecer por hombres armados.

La Justicia de Honduras impuso el domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados detenidos hasta ahora por el asesinato de la dirigente indígena.

Los acusados son Douglas Bustillo; Mariano Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.

Un quinto implicado en el crimen, identificado como Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, fue detenido el mismo lunes pero se le había dejado en libertad en La Ceiba.

Pero el viernes el Ministerio Público hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez esta semana.

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El informe del mismo rotativo hondureño señala que existe un vídeo sobre el asesinato de Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (COPINH).

El vídeo fue obtenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal  (ATIC) para su análisis y muestra “a cuatro individuos ingresando a la casa de la fallecida (Berta Cáceres) en la madrugada del día de su muerte”, añade la publicación.

No obstante, el vídeo “no aportaba imágenes claras”, por lo que agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés“, que colaboran en el caso, ” procesaron el material para limpiarlo y así visualizarlo”.

La misma fuente señaló que en el vídeo se observa el vehículo que utilizaron los sicarios para trasladarse hasta la casa de la ambientalista, el cual está en poder de las autoridades hondureñas, apunta el informe.

Según la misma publicación, se presume que uno de los cuatro sicarios que aparecen en el vídeo es una sexta persona implicada en el crimen que está prófuga de la Justicia y cuya identidad no ha sido precisada por las autoridades.

Cáceres denunció en varias ocasiones que era amenazada de muerte, lo mismo que varios miembros de su familia, por su oposición a la construcción de hidroeléctricas en territorios indígenas.

Dispersan manifestación

Una manifestación de pobladores indígenas lencas que llegó hasta la parte frontal de la Casa Presidencial en Tegucigalpa fue dispersada el lunes con gas lacrimógeno por los guardias de la sede del Ejecutivo, aunque la protesta continúa en sus alrededores.

“Nosotros hemos venido pacíficamente a exigir justicia para nuestra compañera Berta Cáceres -defensora de derechos humanos y ambientalista asesinada el 3 de marzo- y nos han reprimido con gas y golpes con toletes”, dijo a periodistas una mujer manifestante que solamente se identificó como Waleska Vigil.

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Añadió que venían “por cuatro puntos”  en una “marcha pacífica”, que se plantaron a hacer sus “consignas de siempre”  y que “de pronto”  les “cayó una bomba lacrimógena”.

“Veníamos a exigirle al presidente Juan Orlando Hernández que se esclarezca completamente el asesinato de la compañera Berta Cáceres y a pedirle una comisión internacional para que él contrate peritos privados y lo puedan esclarecer”, el crimen de Cáceres.

Además, los manifestantes piden al Gobierno que preside Hernández “que se levante (elimine) el proyecto Agua Zarca”, que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista asesinada, dijo la manifestante.

La cuarta petición al presidente Hernández es “que saquen todos los proyectos hidroeléctricos que hay en el pueblo lenca”, en el occidente hondureño, subrayó.

Los guardias de la Casa Presidencial, que al parecer hacían sus ejercicios de rutina, fueron sorprendidos por los manifestantes, que se apostaron frente a uno de los portones, de donde en pocos minutos fueron dispersados en medio de un enfrentamiento en el que hubo golpeados de ambas partes.

Algunos de los manifestantes comenzaron a lanzar piedras y en el enfrentamiento uno de los efectivos de la Casa Presidencial fue despojado del bastón que portaba.

Al menos cinco de los manifestantes recibieron golpes, pero se replegaron varios metros con el resto de sus compañeros por los efectos del gas lacrimógeno.

Uno de los coordinadores del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (COPINH), Tomás Gómez, indicó que “vienen más”  manifestantes en autobuses.

“Este gobierno es espurio, no le importa que nosotros como población exijamos nuestros derechos. Nosotros como pueblo pagamos los sueldos de estos policías, y sí nos reprimen, son ellos”, agregó.

“Las líneas —de la investigación— se van a ver el viernes, pero sí les puedo decir que es por su trabajo”, indicó Castro sobre el asesinato de Cáceres, en declaraciones a periodistas en Tegucigalpa.

La escueta declaración del funcionario coincide con lo que han señalado familiares de Cáceres y diversas organizaciones ambientalistas, que su muerte ha sido por defender los recursos naturales del occidente del país.

Cáceres, quien además era defensora de derechos humanos y coordinadora general del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (COPINH), fue asesinada hace dos meses, el 3 de marzo, en la ciudad de La Esperanza, occidente del país.

En la víspera del segundo mes de su asesinato, en una operación de la ATIC coordinada por el Ministerio Público, fueron capturados cuatro hombres, entre los que figuran un oficial militar activo, otro retirado y un empleado de una empresa hidroeléctrica en el occidente del país a la que Cáceres se oponía.

Castro enfatizó que no puede entrar en detalles sobre el asesinato de Cáceres y que “la prueba suficiente la va a valorar el juez”.

“Lo que sí les puedo decir, es que es prueba contundente, científica, es irrefutable, es indubitable, entonces no queda duda (…) son varias líneas de investigación”, añadió.

Señaló además que en una oportunidad, “para escucharlos”, atendieron a la familia de Berta Cáceres, que ha venido denunciando a las autoridades de no permitirles participar en la investigación y ha exigido la aceptación de un equipo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH).

“No hemos escondido nada que no sea para esclarecer este caso”, subrayó el director de la ATIC, institución que está cumpliendo un año de haber sido creada.

Según Castro, el viernes, después de la audiencia, se podrían conocer los autores intelectuales y materiales del asesinato de Cáceres.

“Hay uno material y otros intelectuales”, indicó el titular de la ATIC.

Señaló además que el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo de la muerte de Cáceres, de quien era huésped el día del crimen, “también sufrió un atentado”  en ese hecho.

Gustavo Castro, por orden judicial, permaneció un mes en Honduras para que contribuyera con las autoridades a la investigación del asesinato de Berta Cáceres.

El director de la ATIC también agradeció la colaboración que han prestado Estados Unidos y Colombia para la investigación, que “continúa”.

El asesinato generó condenas y pedidos de una investigación independiente, en parte por la prominencia internacional que había logrado Cáceres al ganar el prestigioso Premio Ambiental Goldman.       

La muerte de Cáceres estuvo rodeada de un manto de misterio hasta el lunes, cuando las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluido un empleado de seguridad que trabajaba, como contratista, para Desarrollos Energéticos SA, o DESA, la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El hecho de que los detenidos tengan lazos con DESA y con el ejército no sorprende a los familiares y allegados a Cáceres, quienes sospechan desde hace tiempo que la compañía y funcionarios del gobierno y de las fuerzas armadas hondureñas están involucrados en el asesinato.       

Documentos judiciales de 2014, que no habían trascendido hasta ahora, indican que el gobierno y DESA trataron reiteradas veces de empañar la imagen de Cáceres y de sus colegas, pintándolos como anarquistas violentos deseosos de aterrorizar a la población con sus protestas en el sitio del proyecto.

En presentaciones que pedían la prohibición de las manifestaciones, Cáceres y otros dos líderes de su organización son acusados de “usurpación, coacción y daños continuados”, e incluso de socavar el orden democrático.       

Los activistas dicen que el lenguaje fuerte ayudó a generar un clima hostil muy peligroso, que asocian directamente con el asesinato.

“Estos documentos van mucho más allá de demostrar el desprecio que la empresa sentía hacia Berta Cáceres y su organización”, dijo Billy Kyte, activista de la organización defensora del medio ambiente Global Withess, basada en Londres, que obtuvo los documentos judiciales a través de abogados que trabajaron con allegados a Cáceres, y quienes los compartieron de manera exclusiva con The Associated Press.       

“Muestran una compañía dispuesta a hacer lo que sea para neutralizar a quienes se oponen a sus negocios”, dijo. “El hostigamiento legal y las amenazas… son un duro recordatorio de los enormes riesgos que corren los activistas en Honduras”.       

Kyte dijo que Cáceres denunció haber recibido amenazas del personal de seguridad de la DESA y un intento de un empleado de la firma de sobornarla para que suspenda las manifestaciones.       

DESA no respondió a múltiples llamadas telefónicas ni a preguntas enviadas a sus oficinas de Tegucigalpa. Los encargados de relaciones públicas de Agua Zarca difundieron un comunicado vía correo electrónico en el que niegan toda responsabilidad por la muerte de Cáceres, pero no respondieron a preguntas de la  AP  sobre los documentos.

El Ministerio Público  (procuraduría), que figura como demandante, también se abstuvo de responder a varios pedidos de comentarios sobre los documentos.       

Juan Sánchez Cantillano, quien figura como abogado de DESA en las apelaciones presentadas, dijo que el caso contra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (COPINH), en el que militaba Cáceres, se basa en relatos del Ministerio Público detallando los daños supuestamente causados por los manifestantes.       

“La empresa resultó afectada por las protestas, que no fueron pacíficas, sino violentas”, dijo Sánchez, quien aclaró que representó a DESA en ese caso pero no volvió a trabajar para esa firma.

“Los manifestantes se introdujeron al terreno de DESA y quemaron la maquinaria y las oficinas… todo lo destruyeron”.       

Honduras es uno de los países más violentos del planeta según las estadísticas de homicidios. Es también uno de los más peligrosos para los defensores del medio ambiente, per cápita, con 109 asesinatos entre 2010 y 2015, de acuerdo con un recuento de Global Witness.       

La violencia contra esos activistas, no obstante, es común en toda América Latina, donde hubo unos 450 asesinatos entre 2010 y 2014, de acuerdo con esa organización. Entre los sitios conflictivos figuran proyectos mineros en Perú, actividades ganaderas en la Amazonia brasileña, la guerra civil de Colombia y proyectos hidroeléctricos en Guatemala y Honduras.       

El proyecto Agua Zarca, ubicado en la reserva de Montaña Verde, al occidente de Honduras, fue pensado para aprovechar la capacidad de generar electricidad del río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad lenca.       

Cáceres recibió el Premio Goldman de 2015 por movilizar a la población lenca para suspender la construcción de una represa a través de COPINH, agrupación que ayudó a fundar hace más de 20 años.       

Las protestas a veces incluyeron la destrucción de la propiedad. En una manifestación del mes pasado para protestar la matanza, la gente tiró rocas al Ministerio Público, rompió ventanas, ingresó al edificio y colgó un cartel con la imagen de alguien parecida a Cáceres en el balcón del segundo piso.       

Los documentos judiciales hablan de daños que incluyeron la destrucción de postes de tendido eléctrico y dicen que los manifestantes portaban machetes y garrotes. La empresa dice que sufrió daños y pérdidas por valor de 3,4 millones de dólares.

Agua Zarca publicó fotos de lo que describió como los actos de vandalismo de los manifestantes: una caseta en llamas, tubos de cemento rotos y un vehículo de la construcción con los vidrios rotos.       

Pero DESA y el Ministerio no se quedaron allí. En un pedido de que se prohíban las manifestaciones, se acusa a Cáceres y los demás de “sabotaje y manipulación de las masas”. Aduce que el estado debería contrarrestar a quienes “pretenden enervar la autoridad, infundir terror atentando contra la propia independencia y soberanía nacional”.       

Cáceres y sus colegas, dijeron los abogados, representan una amenaza para “la paz de la República de Honduras al violentar su soberanía económica y poner en grave peligro la integridad y seguridad del estado y de las personas”.       

El tribunal falló a favor de COPINH y se presentó una apelación que está en manos de la Corte Suprema, según Sánchez, el ex abogado de DESA.   

Allegados a Cáceres dicen que ese tipo de discurso los hace más vulnerables y alienta las amenazas y los ataques. Afirman que han sido seguidos y hostigados por personal de seguridad de DESA y por la policía, y que incluso les han disparado.

Dos semanas después de la muerte de Cáceres, individuos no identificados mataron a un colega suyo de COPINH, Nelson García, cuando regresaba a su casa luego de ayudar a unos indígenas a mudarse tras ser desalojados de las tierras que habían ocupado.       

“Vivimos una guerra declarada contra el pueblo lenca”, dijo el dirigente de COPINH Tomás Gómez, quien es uno de los acusados, junto con Cáceres, en la demanda de DESA.       

La madre de Cáceres, Austra Flores, acusó al gobierno de no ofrecerle protección a su hija, como había planteado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El ministro de seguridad de Honduras, sin embargo, había dicho que se le había asignado una guardia a Cáceres y que ella pidió que se la retirasen porque la molestaban.       

“El principal responsable de este crimen es el estado de Honduras, que debió asumir la responsabilidad de garantizar la vida de mi hija… y no cumplió con ese compromiso internacional” , se quejó Flores. “DESA tiene muchos sicarios y ellos, algunos políticos, empresarios y gente del gobierno son los responsables del asesinato de Berta… No me cabe la menor duda”.       

El lunes Agua Zarca emitió una declaración reiterando que no tenía nada que ver con el asesinato y diciendo que ha cooperado con la investigación desde el comienzo.       

“Hidroeléctrica Agua Zarca ratifica que bajo ningún concepto es responsable ni tiene vínculo material e intelectual con el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres”, dice el comunicado.       

Entre los detenidos por el asesinato figuran el hombre que Cáceres identificó como el jefe de seguridad de la empresa, Douglas Geovanny Bustillo, y Sergio Ramón Rodríguez Orellana, que los fiscales describen como un técnico ambiental del proyecto hidroeléctrico. Los dos aparecen en los documentos como testigos en la demanda contra Cáceres y COPINH. Cáceres habría dicho que Bustillo le mandó mensajes de texto en los que la amenazaba con agresiones sexuales.       

Un vocero de las fuerzas armadas dijo que los otros dos detenidos, Mariano Díaz Chávez y Edilson Dura Meza, son un mayor activo en el ejército y un capitán retirado.       

Los fiscales dicen que tres de los sospechosos estaban vinculados con DESA, pero Agua Zarca afirmó el único que trabajó para el proyecto fue Rodríguez, como gerente de asuntos sociales y del medio ambiente. Se mostró “sorprendida” por su arresto y dijo que confía en que todos los manejos de sus empleados fueron legales. El portavoz de DESA Roque Galo dijo a la  AP  que

Bustillo fue subjefe de seguridad de un contratista y que no sabía quiénes eran los otros dos.       

Las autoridades habían allanado previamente las oficinas de DESA, confiscando documentos y armas usadas por los guardias.       

Kyle opinó que los arrestos fueron un “paso positivo” , pero que es necesaria una investigación internacional independiente. Destacó que, de acuerdo con otros documentos judiciales, la directiva de DESA incluye personas vinculadas con los sectores más poderosos de Honduras: el gobierno, los militares y familias ricas.       

“Resta por verse si la investigación del gobierno hará que la gente indicada termine detrás de las rejas” , comentó. “Hay que responsabilizar a los autores reales, no solo a los que apretaron el gatillo” .       

“Sin ella (una investigación independiente), quienes ordenaron el asesinato probablemente nunca sean encontrados. Los poderosos intereses detrás de DESA y sus vínculos con el gobierno y los servicios de inteligencia militar han comprometido seriamente la investigación de la muerte de Berta Cáceres”, expresó.

Los sospechosos, identificados como Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez, Edilson Duarte Meza y Sergio Rodríguez Orellana, fueron arrestados en allanamientos simultáneos ejecutados en la capital hondureña y la ciudad caribeña de La Ceiba, informó el portavoz del Ministerio Público  (MP) , Yuri Mora.

Según medios locales, entre los detenidos está un empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A.  (DESA) , Sergio Rodríguez Orellana, de 49 años, quien habría sido arrestado en la capital.

La ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras  (Copinh) , fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo recién pasado por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.

Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) luego de haber denunciado amenazas de DESA por encabezar movilizaciones contra la construcción de de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas.

Copinh, familiares y otras agrupaciones sociales exigen al gobierno nombrar una comisión con el apoyo de la CIDH para investigar el crimen de la ambientalista.

Marleny Reyes, dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares a Indígenas de Honduras  (Copinh) que dirigía Cáceres, dijo que su compañero “Nelson García fue asesinado mientras se dirigía a su casa”  después del desalojo en Río Lindo, departamento de Cortés, unos 180 km al norte de la capital.

La Organización Fraternal Negra de Honduras  (Ofraneh) dijo en un comunicado que García, de 39 años, murió “en medio de un violento desalojo perpetrado por elementos de las fuerza de seguridad”, que también “han montado un operativo para la capturar al compañero Sotero Solano”.

Una fuente cerca a los campesinos dijo que García murió de al menos cuatro balazos en el rostro pero que no sabían si le dispararon los policías que practicaron el desalojo.

La Red Nacional de Defensores, a través de otro comunicado, informó que unas 150 familias fueron desalojadas por 10 patrullas de policías y dos tanquetas instaladas en los predios de Río Chiquito, municipio de Río Lindo.

“Sabemos que en las luchas del Copinh siempre van a haber amenazas e intimidación”, lamentó Reyes.

El 3 de marzo desconocidos entraron a la vivienda de Cáceres, coordinadora del Copinh, en La Esperanza, y la asesinaron a balazos e hirieron de bala al activista mexicano Gustavo Castro.

Cáceres emprendía una lucha en defensa de los campesinos y de los indígenas lencas contra una compañía que pretende construir una represa en un río que cruza en medio de las comunidades étnicas.

Cientos de indígenas y afrodescendientes se organizaban el martes para movilizarse el jueves en una peregrinación, desde sus comunidades hacia Tegucigalpa, para exigir castigo para los asesinos de Cáceres, según diferentes organizaciones.

Más violencia

Un sobrino del diputado opositor hondureño Rafael Alegría resultó herido de bala el martes en un atentado que sufrió en Tegucigalpa en las inmediaciones de la organización no gubernamental Vía Campesina, informaron fuentes oficiales.

El joven herido es Christian Mauricio Alegría, quien trabaja en el departamento de contabilidad de Vía Campesina y cuya edad no fue precisada, dijo a periodistas un agente policial, que habló a través de la radio y no fue identificado.

El sobrino de Alegría, representante del departamento de Francisco Morazán por el Partido Libertad y Refundación  (Libre, izquierda) , fue interceptado por hombres armados al llegar a Vía Campesina, ubicada en la colonia Alameda de Tegucigalpa, señaló.

Christian Mauricio fue trasladado a un centro asistencia de Tegucigalpa, donde recibe asistencia médica, aunque no ahondó sobre la gravedad de sus lesiones.

El agente policial no precisó detalles del atentado criminal del martes en Tegucigalpa.

Luego de conocer la noticia, el diputado hondureño condenó el atentado y calificó el hecho como “una forma de represión contra Vía Campesina, su personal y su sede”.

En declaraciones a periodistas, señaló que la organización ha sido atacada en “varias ocasiones”  y denunció que existe “un plan de ataque para intimidar”  a esa entidad.

La violencia criminal en Honduras deja un promedio diario de trece muertos, según registros de la Secretaría de Seguridad.

La madrugada del domingo Castro “fue interceptado por autoridades hondureñas en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa cuando intentaba abordar el avión que lo traería de regreso a México”, dijo la oenegé en un comunicado en el que muestra su preocupación por la situación.

La cancillería mexicana se limitó a confirmar esta información y aseguró que está velando por los derechos de Castro a través de la embajada en Tegucigalpa.

Castro “aún continúa en ese país, atendiendo diligencias judiciales requeridas por las autoridades hondureñas. Personal de protección de la embajada lo acompaña en todo momento y brindará la asistencia correspondiente hasta su repatriación”, dijo la cancillería en un comunicado.

El mexicano, coordinador de Otros Mundos Chiapas e integrante de otras agrupaciones ambientalistas, estaba con Cáceres el jueves último en el momento en el que encapuchados entraron disparando a su casa en La Esparanza, a 200 km de Tegucigalpa, y asesinaron a la dirigente indígena.

URGENTE: Impiden la salida de Gustavo Castro de Honduras, tememos por su vidahttps://t.co/K7IzXAQRzC #SeguridadparaGustavo

— Otros Mundos Chiapas (@OtrosMundosChia) March 6, 2016

Castro logró sobrevivir al crimen al fingir estar muerto después de haber sido herido de bala en un brazo y en la mejilla.

El hecho de que el activista mexicano siga en Honduras “sigue siendo un riesgo de seguridad para su persona”, denunció Otros Mundos Chiapas, que aseguró que la embajadora y el cónsul mexicano tuvieron que resguardarlo en un carro oficial para llevarlo de regreso a la embajada.

“Seguimos sin conocer con claridad cuál es su estatus o bajo qué fundamentos sigue retenido por las autoridades hondureñas y cuáles serán los procedimientos a seguir”, dice la oenegé.

• En VIDEO vea: “El último adiós a Berta Cáceres”.

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Y “pedimos a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos que vigilen la situación, ya que Gustavo Castro fue víctima de un intento de asesinato en este país, en un contexto de violencia generalizada”, añadió la organización, que convocó a una conferencia de prensa el lunes en la Ciudad de México.

Castro se encontraba en Honduras para participar en el Foro sobre Energías Alternativas desde la Visión Indígena del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) .

Berta Cáceres, de 43 años, era la coordinadora del COPINH y ganadora del Premio Goldman 2015, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente.

“Su fallecimiento es una pérdida irreparable para Honduras y la región”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en un comunicado.

Cáceres, líder y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada el jueves recién pasado.

El hecho ocurrió en su casa, situada en la ciudad de La Esperanza, al parecer por dos hombres que portaban armas de fuego, según la información preliminar.

Una de las hijas de la dirigente aseguró este sábado que la muerte de su madre, de 44 años, constituye “un crimen político”.

Además, responsabilizó por el hecho a una empresa de capital hondureño y chino que pretende construir un proyecto hidroeléctrico en el occidente del país.

Protesta

El viernes decenas de activistas guatemaltecos se manifestaron ante la sede de la embajada de Honduras en el país exigir justicia, al entender el asesinato de Cáceres como una “amenaza” para todos los defensores de derechos humanos de la región.

Los restos de la líder indígena fueron sepultados este sábado en su ciudad natal, La Esperanza. 

#Guatemala lamenta la muerte de la señora Berta Cáceres defensora de los #DDHH y dirigente del #COPIHN pic.twitter.com/5K1vjRVsMi

— MINEX Guatemala (@MinexGt) March 5, 2016

“Noticias increíblemente tristes llegan de Honduras esta mañana. Debemos honrar las valientes contribuciones de Cáceres”, escribió DiCaprio, protagonista de la película El Renacido -con la que ganó el Óscar- en su cuenta de Twitter.

“El mundo ha perdido a una líder indígena increíble. Todos debemos honrar las contribuciones valientes de Cáceres, ecologista, humanitaria e inspiración para todos”, proclamó el estadounidense en Instagram.

El cantante del grupo Calle 13, el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, expresó en Twitter: “Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cáceres multiplicará la lucha”.

Incredibly sad news out of Honduras this morning. We should all honor the brave contributions of Cáceres: https://t.co/vE93t6FpiU

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) March 3, 2016

Para la escritora y cineasta canadiense Naomi Klein “Berta era una líder muy importante y una firme defensora de la tierra. (El crimen) es parte de una ola mundial de ataques de este tipo”.

Gobierno hondureño bajo presión

Una avalancha de voces a nivel mundial exige al Gobierno de Honduras del presidente Juan Orlando Hernández una investigación a fondo del crimen, el castigo para los responsables y medidas de protección efectivas para los activistas sociales y de derechos humanos.

“Asesinato de líder indígena Berta Cáceres es horrendo crimen y golpe a derechos humanos del pueblo. Que se esclarezca crimen ya”, pidió desde Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos, (OEA), el uruguayo Luis Almagro.

El responsable añadió que en una carta enviada en agosto del 2015 al gobierno hondureño había destacado la necesidad de dar protección a los líderes indígenas de ese país.

“Hoy reiteramos solicitud e instamos a (dar) mejor protección y (entablar) diálogo con comunidades indígenas para mejor comprensión de sus problemas”, puntualizó Almagro.

La mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, afirmó en un comunicado que ese organismo “eleva su voz para exigir justicia, para demandar el respeto y la protección de todos aquéllos que como Berta, a lo largo de América Latina, empeñan su vida en construir derechos para todas y todos”.

Asesinato LíderIndígena #Honduras Berta Cáceres es horrendo crimen y golpeDDHH del pueblo. Q se esclarezca crimen ya pic.twitter.com/UOCqLxStT0

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 3, 2016

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente  (PNUMA) se sumó a las protestas y destacó que Cáceres trabajó por defender el derecho de sus conciudadanos al acceso a recursos naturales, en especial el agua, “uno de los objetivos que está en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España  fue una de numerosas organizaciones civiles que se pronunciaron en América Latina, Estados Unidos y Europa pidiendo la investigación y el inmediato procesamiento de los culpables.

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, que agrupa a más de 40 entidades de Latinoamérica, pidió a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, recién establecida por la OEA, que “se asegure de que la investigación del asesinato de Berta sea realizada con la debida diligencia, de manera independiente e imparcial”.

Una vida entregada a la lucha

Cáceres, de 43 años, fue fundadora y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que ha librado intensas luchas contra la amenaza ambiental que representan proyectos hidroeléctricos y mineros en territorios indígenas.

Quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cáceres multiplicará la lucha

— Residente (@Residente) March 4, 2016

En los últimos meses, Cáceres encabezó la lucha por la defensa del río Gualcarque, en el noroccidental departamento de Santa Bárbara, donde la compañía DESA  (Desarrollo Energético Sociedad Anónima) se propone construir una represa hidroeléctrica, que dejaría sin agua a cientos de indígenas de la etnia lenca, a la que pertenecía la ambientalista.

El viernes, en un comunicado en que condena “enérgicamente”  el asesinato de Cáceres, el Consejo Indígena de Centroamérica denunció desde San Salvador, El Salvador, que los territorios y la forma de vida de las comunidades indígenas están amenazados en todo el Istmo por “la construcción de represas, complejos turísticos o residenciales y carreteras”, entre otros.

• En VIDEO vea: “Matan a activista ambiental hondureña”.

https://www.youtube.com/embed/TVkkWlqDutg

Repudian crimen

Diversas instituciones de alcance mundial manifiestan su enérgico rechazo al crimen contra la ambientalista hondureña.

Cepal

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (Cepal) condenó el asesinato de la dirigente indígena y líder ambientalista y exigió que se haga justicia.“Su muerte nos golpea como un agravio que sentimos propio. La Cepal eleva su voz para exigir justicia, para demandar el respeto y la protección de todos aquellos que como Berta, a lo largo de América Latina, empeñan su vida en construir derechos para todas y todos”, dijo en una declaración Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de ese organismo de las Naciones Unidas.

ONU

• La relatora de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, condenó el viernes “enérgicamente” el asesinato de la dirigente ambientalista hondureña Berta Cáceres y pidió justicia para este tipo de crímenes.“Berta Cáceres es el nombre más reciente en una larga lista de activistas indígenas asesinados por defender sus derechos humanos”, afirmó la responsable en un comunicado.

Costa Rica

• El Gobierno de Costa Rica condenó el asesinato y expresó “preocupación” por el clima de violencia que se vive en la región centroamericana. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto indicó en una declaración pública que Costa Rica “expresa su consternación y profundos sentimientos de pesar, así como la necesidad del esclarecimiento de dicho crimen”.

El Salvador

• El gobernante Frente Farabundo Martí  (FMLN, izquierda) y organizaciones ambientalistas de El Salvador, exigieron al Gobierno de Honduras que haga justicia esclareciendo el asesinato de la líder ammbientalista Berta Cáceres y castigando a los culpables.“Exigimos a las autoridades y gobierno de Honduras que se haga justicia, se investigue, se encuentre y se castigue a los responsables de este repudiable hecho (el asesinato de Cáceres)”, señaló en un pronunciamiento el (FMLN) .

España

• Las ciudades españolas de Oviedo, Sevilla, Valencia y Madrid, entre otras, acogieron el viernes concentraciones de repulsa por el asesinato de Berta Cáceres. A la convocatoria se ha unido la Coordinadora española de oenegés para el Desarrollo, organizaciones sociales y conservacionistas. La asociación española Amigos de la Tierra expresó su rechazo por la muerte de Cáceres y la agresión al integrante de Amigos de la Tierra México Gustavo Castro, que se hallaba en su domicilio.