Lanzan primera licitación para electrificación rural, programa financiado con préstamo de US$120 millones del BID y la Cooperación Coreana

La ejecución se efectuará por bloques, y se prevén cuatro licitaciones, para la primera se estima inversión de US$17.5 millones.

Rosa María Bolaños

29 de agosto de 2025 | 05:00h

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El objetivo del programa de electrificación rural es conectar a 40 mil hogares, 6 mil 500 de estos con la primera licitación. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) lanzó el jueves 28 de agosto del 2025 la primera licitación del Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier), con la cual se busca conectar a seis mil 500 hogares que actualmente no cuentan con ese servicio.

El programa cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Cooperación Coreana, por medio de un préstamo aprobado en noviembre del 2024 por el Congreso, por US$120 millones (unos Q920 millones, al cambio actual). Está diseñado para cubrir a 40 mil hogares, con más de 221 mil personas beneficiadas.

Los primeros US$60 millones provendrán del Capital Ordinario del Banco.  Los otros US$60 millones provendrán de la Facilidad de Corea para el Cofinanciamiento del Desarrollo de la Infraestructura de América Latina y el Caribe administrada por el BID, según el decreto aprobado.

Por fases: primera licitación

La ejecución se dividirá en tres bloques, mediante cuatro licitaciones:

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El primero consta de dos fases. La licitación actual corresponde a la primera, que contempla 72 proyectos para igual número de comunidades, con una inversión de US$17.5 millones.

Está dirigida a comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango y Quiché, “donde actualmente miles de familias aún no cuentan con acceso a la misma”, explicó el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien también preside el Inde.

En esta fase se busca atender a más de 6 mil 500 hogares, lo cual permitirá mejorar las condiciones de vida de unas 32 mil 500 personas, añadió el funcionario.

Según lo divulgado en el sistema Guatecompras, la recepción de ofertas será el 9 de octubre próximo. De acuerdo con los plazos legales, se prevé adjudicar en los últimos meses del 2025, indicó Ventura.

La segunda fase iniciará en octubre y contempla electrificar 55 comunidades con US$13.5 millones, beneficiando a 5 mil 10 hogares.

El segundo bloque está destinado a 300 comunidades, con una inversión de US$37 millones y 17 mil 66 hogares beneficiados.

Con el bloque tres, se prevé electrificar 199 comunidades —15 mil 811 hogares— con US$45.7 millones.

Además, el Inde dispone de recursos propios para continuar con la electrificación y se gestiona un segundo financiamiento, ya que el objetivo es la universalización del servicio, afirmó el presidente del instituto.

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La selección de comunidades se enfocó en departamentos y municipios con menor índice de electrificación. También se consideraron criterios como ubicación geográfica, densidad poblacional y viabilidad técnica. Según la eficiencia, se elegirá entre conexión a la red del sistema o soluciones aisladas, como paneles solares o pequeñas hidroeléctricas, han señalado funcionarios.

Se estima que alrededor del 10% de los hogares aún carecen del servicio, lo que representa unos 400 mil hogares y cerca de dos millones de personas.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, participó en el evento de lanzamiento. Señaló que, de acuerdo con datos del Ministerio de Energía, hay municipios donde solo una de cada cuatro familias tiene acceso a la electricidad, por lo que se busca alcanzar cobertura universal.

“Esta licitación marca un hito importante. Es la primera de cuatro que el Inde, como organismo ejecutor, lanzará en el marco de este programa”, dijo Lilena Martínez, jefa de Operaciones del BID en Guatemala. “Esperamos con ilusión que muchas empresas se sientan motivadas y participen en el proceso”, agregó.

La funcionaria explicó que esta operación es financiada por el BID y por la República de Corea. La entidad bancaria ha brindado otros préstamos al país.

Con este programa se proyecta instalar dos mil 900 kilómetros de red adicional a la existente.

• El ministro de Energía agregó que hay departamentos con índices de electrificación menores al 89.7 %, y solo siete superan el 95 %.
• A nivel municipal, hay casos con apenas 27 % de cobertura, es decir, solo una de cada cuatro familias tiene acceso al servicio.

Juramentan a nuevo viceministro

Erwin Rolando Barrios Torres fue juramentado el jueves 28 de agosto del 2025 como viceministro de encargado del área de Minería e Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en sustitución de Carlos Ávalos Ortiz.

Consultado acerca de las razones del cambio, el ministro Víctor Hugo Ventura explicó que se trata de un relevo programado, como suele suceder en la administración pública.

#NoticiasINDE El Presidente de la República, @BArevalodeLeon, junto al Ing. Víctor Hugo Ventura, Ministro de @MEMguatemala y Presidente del Consejo Directivo del #INDE y la Licda. Lilena Martínez, jefe de Operaciones del #BID en Guatemala, inauguraron la ejecución del Programa… pic.twitter.com/fDijHuEHI5

— INDE Guatemala (@INDEGUATEMALA) August 28, 2025

Proyectos para limpiar el Motagua incluyen planta de tratamiento, acopios y biodigestores

En foro de inversionistas internacionales promovido por la Unión Europea, anuncian primera fase para limpiar la cuenca del Motagua junto a financiamiento del BID por hasta US$250 millones.

Ximena Fernández

28 de mayo de 2025 | 06:00h

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Se planean tres proyectos que podrían ayudar a la limpieza del río Motagua. (Foto Prensa Libre: The Ocean Cleanup)

Un préstamo en proceso de aprobación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$250 millones impulsaría la creación de dos proyectos cuyo eje central será la limpieza del río Motagua. La información la dio a conocer Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático de Guatemala, durante el Foro de Inversiones Motagua, llevado a cabo este martes.

Según Ignez Tristao, representante del BID en Guatemala, esta es solo la primera fase de un plan llamado “Programa de Saneamiento para la cuenca del río Motagua”.

El río Motagua es uno de los más contaminados en América Latina, según información de Global Gateway, de la Unión Europea. Los problemas que enfrenta la cuenca, según la misma fuente, incluyen altos niveles de contaminación por residuos orgánicos y aguas residuales, deforestación y una débil gobernanza ambiental. Este río es un recurso vital para más del 27% de la población guatemalteca.

Para Castellanos, uno de los proyectos consistirá en la creación de una planta de tratamiento que se encargará de limpiar el agua contaminada que desemboca en el río Motagua. Para dicho proyecto se utilizará la mitad de los fondos, afirmó el funcionario. Tristao mencionó que esta planta se buscará ubicar en las colindancias el río Las Vacas, en el área metropolitana.

Castellanos añadió que el segundo proyecto consistirá en la creación de centros de acopio de basura en distintos municipios. Tristao explicó que esto responde a la necesidad de contar con infraestructura que permita el manejo adecuado de residuos sólidos.

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Asimismo, Melissa Calvo, directora ejecutiva de Biotrash, quien estuvo presente en el foro, señaló que otro proyecto que se está desarrollando de manera local es la creación de biodigestores, los cuales buscan generar energía a partir de la basura que se encuentra en el río Motagua. Según Calvo, este biodigestor ya cuenta con un proyecto piloto ubicado en la Universidad Rafael Landívar (URL).

Una nueva planta

Tristao enfatiza que la planta está diseñada para brindar apoyo desde el área metropolitana, con énfasis en el río Las Vacas, en la zona de Chinautla. Esto se debe a que gran parte de la basura que desemboca en el río Motagua pasa primero por esa zona, según explicó. “Estamos focalizando el área en donde se va a tener un mayor impacto para poder tratar la calidad del agua y retirar los residuos del río”.

Según Nelson Estrada, del BID, el proyecto se encuentra actualmente en análisis en la unidad de Finanzas del banco, para luego pasar al Instituto de Fomento Municipal (Infom), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), y posteriormente al Congreso de la República para su discusión y aprobación final. Estrada asegura que esperan contar con la aprobación del BID a finales de julio para ingresar el proyecto al Legislativo.

Castellanos espera que el préstamo se apruebe este año, con el objetivo de comenzar el proceso de prefactibilidad y factibilidad en 2026 e iniciar la construcción en 2027. Tristao argumenta que dicho préstamo ha sido ampliamente discutido con el Gobierno y con las municipalidades.

“Los municipios en torno de la cuenca se han organizado a través de mancomunidades, entonces, también ya hay una articulación política a partir de esto”, explica la representante del BID, quien menciona que dichas mancomunidades mantienen diálogos con congresistas para que se sensibilicen e informen sobre la necesidad del préstamo. Además, Tristao señala que, dado que el financiamiento se ha gestionado a través de autoridades del Gobierno, ya se han sostenido conversaciones en el Congreso, específicamente con la Comisión de Ambiente.

Tristao también expresa que se buscará apoyo para los estudios de preinversión, ya que estos permitirán ampliar la inversión a todas las zonas necesarias. “Este financiamiento es solo una primera parte, no es todo lo que se necesita. Para lograr lo que queremos, se necesitan más de US$1 mil millones”.

Nuevos acopios de basura

Además de la planta de tratamiento de aguas, Tristao menciona la necesidad de establecer un sistema integral de recolección de basura, el cual será el segundo proyecto a ejecutarse una vez aprobado el préstamo del BID. Según la funcionaria, se implementará un modelo integral que tendrá como objetivo el reaprovechamiento de los distintos componentes de los residuos, lo que contribuirá a la formalización de los recolectores.

De acuerdo con Marcos Cruz, quien colabora en la parte técnica de los proyectos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), se prevé la creación de seis centros de retención de basura en la cuenca media del Motagua. Cruz sostiene que el proyecto será sostenible, ya que permitirá a las municipalidades aprovechar los materiales para su venta y comercialización.

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Tristao afirma que se trabajará con las municipalidades para crear la infraestructura necesaria para la gestión de residuos sólidos. “No es que los vayamos a desplazar”, aclara Tristao en relación con los recolectores. “Lo que se hace es incorporarlos a trabajar en una nueva planta, en un nuevo modelo, y cerrar esas zonas de botadero actuales”.

En las siguientes fases del programa, Tristao explicó que se buscará ampliar el sistema de saneamiento y expandir el modelo de gestión de residuos sólidos al resto del país, especialmente a lo largo de la cuenca, en 96 municipios.

Biodigestores

Los biodigestores son máquinas pequeñas y medianas que pueden instalarse en los sitios donde se generan desechos orgánicos, ya que permiten producir gas y fertilizante orgánico a partir de la propia basura. Así lo indicó Melissa Calvo, quien asegura que esta tecnología podría ofrecer una solución inteligente al problema de la basura orgánica, además de generar energía y fertilizante.

Calvo señaló que el proyecto fue avalado por Swisscontact, la Universidad Rafael Landívar y Biotrash. El prototipo, según explicó, ya está instalado en el campus de la URL y afirmó que se trata de una tecnología que puede escalarse a corto plazo. “Se puede hacer un pequeño biodigestor para pocas libras de basura al mes o biodigestores de mediana a gran escala, donde una municipalidad podría invertir en tecnología por menos de Q250 mil”.

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Calvo sostiene que con un biodigestor se puede erradicar hasta el 50% de la basura orgánica. Además, reduce la huella de carbono. En lugar de desperdiciar recursos, la directora ejecutiva de Biotrash considera que esta tecnología podría convertirse en una herramienta económica.

También afirmó que el proyecto ya está mostrando resultados en su fase piloto y que, en cuestión de meses, se completará la producción. Según Calvo, se dispondrá de aparatos pequeños con un costo aproximado de Q30 mil, medianos por Q250 mil y otros más grandes, destinados a las municipalidades, que tendrán una inversión mayor.

Necesidad de normativas

Jeanne Samayoa, cofundadora de Haciendo ECO Guatemala y presidenta de la Alianza Por la Cuenca del Motagua, expresó que sí existe interés por parte de las empresas en invertir en el país en temáticas ambientales. No obstante, señaló que Guatemala también debe proporcionar los insumos necesarios para que las compañías se sientan seguras al invertir. “Las empresas están listas para moverse rápido si el país se mueve rápido”, afirma Samayoa.

Para las empresas, lo esencial es contar con certeza política, legal e institucional, ya que sus ganancias serán a largo plazo, explicó. Por ello, necesitan garantías para operar sostenidamente y así poder invertir en mayores cantidades, añade.

Según Samayoa, el proyecto más sólido es el préstamo del BID. Sin embargo, afirma que si los alcaldes se movilizan para otorgar concesiones, se podrá mejorar la posibilidad de que las empresas inviertan.

Según el organismo internacional, se pretende beneficiar a unos 231 mil estudiantes de 12 a 20 años de edad, con la ampliación y mejora de la infraestructura escolar existente, el acceso a nuevas tecnologías digitales y la capacitación/profesionalización de docentes, con énfasis en zonas rurales y urbano-marginales, donde hay baja cobertura de educación media.

Entre las condiciones del préstamo está un desembolso escalonado en 5 años; un período de gracia de 6.6 años; y tasa de interés basada en SOFR, que es la Tasa de Financiamiento Overnight Garantizada (SOFR) que publica la Reserva Federal de Nueva York desde 2018 y refleja el costo de los préstamos a un día, garantizados con Repos (acciones de recompra) de valores del Tesoro de Estados Unidos.

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Según información proporcionada recientemente por la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con datos de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas, estos fondos financiarán el programa de expansión de la escuela básica y media en Guatemala y el objetivo es fomentar que más jóvenes continúen estudiando en los ciclos básico y diversificado.

Otros préstamos

Adicionalmente, el Gobierno gestiona un nuevo crédito con organismos financieros internacionales para continuar la construcción y ampliación de un tramo carretero en la ruta al Atlántico (CA-9), para lo cual el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) solicitó la opinión técnica a la Segeplan.

El monto es de US$175 millones (unos Q1 mil 347 millones) y se divide en dos operaciones: la primera es por US$75 millones (unos Q577 millones) que se gestionan también con el BID, y US$100 millones (unos Q770 millones) con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Por aparte se ha gestionado otro préstamo para el programa de apoyo a inversiones, que incluye obras del Plan de Desarrollo Vial 2010-2032 de Guatemala y como parte una de las estrategias del acuerdo “Guatemala no se detiene”.

En estas se incluye las construcción, ampliación y mejora de carreteras, así como la construcción de cinco puentes en Huehuetenango, Quiché, Baja Verapaz, San Marcos, El Progreso, Retalhuleu y Quetzaltenango.  La opinión fue favorable por un monto de US$170 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a un plazo de 20 años, con 5 años de gracia.

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En la región, el país está solo por detrás de Haití, que tiene la mayor cantidad de población con problemas para alimentarse. En esos tres años la prevalencia de inseguridad alimentaria entre los haitianos llegó al 83%. En el otro extremo se ubicó Costa Rica con el 16%, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado recientemente.

Con la llegada de la pandemia del covid-19 una alta proporción de familias experimentó la merma de ingresos para poder alimentarse. Cuatro de cada 10 personas en Guatemala, Honduras y República Dominicana se quedaron sin comida detalla el Panorama y perspectivas de la seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana (CAPARD) México y Haití del BID. 

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Pese a que América Latina es una región con disponibilidad de alimentos gracias a la agricultura, la actividad se vio interrumpida por el confinamiento al que obligó el coronavirus, también se afectó la manufactura, transporte y comercio de los productos, revela el informe.

Luego, con la “progresiva” reactivación económica, la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 puso de nuevo en problemas el abastecimiento de alimentos en los países y hubo una escalada de precios de los combustibles, fertilizantes y granos como el maíz y trigo, que impactó en la canasta básica.

El efecto mayor lo ha sentido las poblaciones de escasos recursos. El estudio del BID indica que en enero del año pasado tres de cada 10 hogares guatemaltecos manifestaban preocupación por cubrir las necesidades básicas al no alcanzarles el dinero, bastaron cuatro meses para que la cifra pasara a cuatro de cada 10.

Hambre estacional

El período de hambre estacional también contribuye a la crisis alimentaria en Guatemala, y es a partir de abril que suele presentarse, sin embargo, esta etapa llega cada vez más temprano.

“Hace cinco años empezaba a finales de abril, ahora comienza en febrero. El incremento de precios en los alimentos hace que sea difícil acceder a estos prácticamente de manera permanente, pero lo más crítico se presenta de abril a agosto”, dice Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam Guatemala.

Las familias rurales son las afectadas, al quedarse sin reserva de alimentos de las cosechas del año anterior, y sin posibilidad de conseguir trabajo para ganar dinero y comprar comida.

Gregorio López Ramos agricultor que vive en el caserío El Escuelero en El Guayabo, en Camotán, Chiquimula, menciona que para febrero son pocas las familias que tienen reserva de alimentos. El poco maíz que lograron sembrar el año pasado ya se agotó en muchos hogares y han tenido que comprarlo.

El incremento en los precios del grano hace que solo puedan adquirir unas cuantas libras para pasar el día. Conseguir trabajo en la región es difícil, comenta, y el poco dinero que logran conseguir invierten en comida. La prioridad es dar de comer a los niños para que no presenten un cuadro de desnutrición, pero no siempre lo logran.

La inseguridad alimentaria que golpea a Guatemala está seriamente asociada con el retraso de crecimiento en niños menores de cinco años. En el país uno de cada dos niños menores de cinco años tiene desnutrición crónica, según la última Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 2014- 2015).

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Pero hay una población infantil que está amenazada por una condición más seria, la desnutrición aguda, que el año pasado afectó a 20 mil 806 infantes, y fue la causa de muerte de 68. Al 14 de enero de este año ya se reportaban 961 casos, de acuerdo con el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Siisan).

De mal a peor

El informe del BID es un reflejo de la precariedad en que vive el país, pues en 2019 el 28% de la población (4.7 millones) se encontraba en inseguridad alimentaria acentuada –el consumo adecuado de alimentos es mínimo, la mayor parte de ingresos familiares se utiliza para comer—. Mientras que el 16% (2.6 millones) estaba en fase de crisis o emergencia —a duras penas logran satisfacer necesidades alimentarias y lo hacen a través de agotar medios de vida—.

Durante ese año el 46% de los hogares tenía ingresos por debajo del costo de la canasta básica, y el porcentaje se incrementa para los hogares rurales, y donde los jefes de hogar están en la economía informal.

En diciembre pasado, el Instituto Nacional de Estadística reportaba que el precio de la canasta básica alimentaria era de Q3 mil 634, cuando el salario mínimo para el sector agrícola es de Q3 mil 237 —todos los departamentos excepto Guatemala—, actividad a la que se dedica buena parte de la población rural.

La cantidad de población con dificultad para alimentarse se incrementó para 2022, cuando era el 41% de guatemaltecos estaba en una fase acentuada (7.1 millones), y el 26% en crisis o emergencia (4.6 millones).

De acuerdo con Aguilar, varios son los factores que influyen en que una cantidad importante de hogares estén en una situación alimentaria precaria, como el incremento de precios de alimentos básicos como el maíz, el frijol, los huevos y las carnes (pollo y res), sumado al alza en los precios de los fertilizantes y combustibles, que el periodo de hambre estacional comience más temprano, suma a la crisis.

Medidas para paliar crisis

El BID menciona en el informe que los países implementaron una serie de medidas para apoyar a la población que enfrentaba crisis alimentaria. En el caso de Guatemala se hace referencia a seis acciones como las transferencias monetarias y en especie, congelamiento de precios y subsidios, apoyo al sector agrícola.

Pese a ello, dichas medidas no llegaron a toda la población, ni la más vulnerable.

Al respecto Aguilar menciona que no se aprecia un incremento en la inversión estatal para mejorar la cobertura de los programas de protección social o de asistencia alimentaria en apoyo a los hogares vulnerables. Tampoco se desarrollan programas con amplia cobertura para mejorar el acceso a fertilizantes, semillas y otros insumos agrícolas que permitan a los pequeños productores reducir el impacto del alza de precios de esos insumos o el impacto que han tenido las tormentas tropicales de los últimos dos años —Eta, Iota y Julia—.

Los ministros de Hacienda y otras autoridades económicas de los 48 países que integran el BID otorgaron su apoyo al brasileño, por una amplia mayoría, dos meses después de la escandalosa salida del estadounidense de origen cubano, Mauricio Claver-Carone.

Por medio de un comunicado, el BID explicó que la votación se llevó a cabo en una reunión celebrada en la sede del banco en Washington, con la asistencia virtual o presencial de las delegaciones.

Aunque no se han hecho públicas las votaciones, Goldfajn consiguió el apoyo de al menos el 80 % de los participantes en la Asamblea de Gobernadores.

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Ya se había hecho público esta mañana que era el favorito, después de que Argentina anunciara la retirada de su candidata, Cecilia Todesca, y su apoyo al candidato brasileño en una coalición formada también por Estados Unidos y Canadá.

Goldfajn, exgobernador del Banco Central de Brasil y hasta ahora jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), será el sucesor del estadounidense de origen cubano Mauricio Claver-Carone, expulsado de la entidad por un affaire amoroso con una subordinada, a la que le subió el sueldo varias veces.

Ilan Goldfajn asumirá el cargo por un período de cinco años y, como presidente, “manejará las operaciones y la administración del Banco, que trabaja con el sector público de América Latina y el Caribe”, apuntó el BID.

Ilan Goldfajn electo presidente del BID

Nominado por Brasil, Goldfajn fue electo presidente del BID en una Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco y asumirá el cargo por un período de cinco años.

Lee más en el comunicado de prensa

— Banco Interamericano de Desarrollo (@el_BID) November 20, 2022

Mauricio Claver-Carone, presidente de este organismo, expresó que existe preocupación por los efectos que pueda causar una región que depende de la importación de petróleo, maíz y trigo, productos que registran constantes alzas en el mercado internacional.

El directivo hizo un balance del cierre de la economía en 2021, que calificó de positiva luego de la caída del 2020, pero que podría verse ensombrecida por la situación actual, a consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Principalmente, porque el empleo aún no se ha recuperado a niveles prepandemia.

Claver-Carone, subrayó que todo lo que se logró el año pasado en diferentes indicadores, podría verse impactado por la evolución de los precios de los productos mencionados, ya que comienzan a generar presiones inflacionarias.

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Programas de subvenciones

Por lo anterior, el presidente del referido organismo instó a los gobiernos a trazar programas de subvenciones sociales, como medidas de compensación para las familias más vulnerables.

Y precisó que el BID está dispuesto a trabajar con las autoridades regionales en el diseño de este tipo de planes, ya que el alza de precios en la economía es una las mayores preocupaciones. El directivo también mencionó los problemas originados por el cambio climático y sus efectos.

También hay oportunidades

Además, Claver-Carone brindó un panorama sobre las oportunidades y el potencial que existe en la región por la interrupción de la cadena de suministros a escala global, debido a su cercanía al mercado de los Estados Unidos.

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Al respecto, afirmó que se cuenta con estudios y análisis para cada uno de los países y el potencial para que empresas de otros países puedan instalarse, producir y despachar. En el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo que existe un alto potencial para la industria de vestuario y textiles, por lo que existe un programa de apoyo a países asiáticos como Vietnam e India, para apoyar el traslado de empresas de este tipo. Para Costa Rica se identificaron oportunidades en manufacturera liviana.

Pese a que en algunas zonas de Latinoamérica el hambre sigue creciendo rampante, la respuesta de los gobiernos a través de paquetes de estímulo fiscal permitió amortiguar los efectos de una de las peores crisis globales de las últimas décadas.

Por una parte, el Estado salió en apoyo de trabajadores y empresas para evitar una masiva destrucción de empleo a través de subsidios, créditos y otros mecanismos que permitieron mantener a flote una parte de la actividad económica en medio de los confinamientos y un escenario global recesivo.

Pero si hay algo que marcó una diferencia en la respuesta fiscal de Latinoamérica respecto a las economías avanzadas, fueron las medidas de apoyo a los informales, que en la región son más de la mitad de los trabajadores.

“Ellos vieron una caída dramática de sus ingresos que fue muy parcialmente compensada por las transferencias que el Estado entrega a los hogares vulnerables“, dice Eduardo Levy, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina, profesor visitante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard e investigador no residente del centro de estudios Brookings Institution.

“La mayoría de los gobiernos hizo lo que tenía que hacer para preservar el empleo en la medida de lo posible. Pero no pudieron llegar de la misma manera que los países avanzados a cubrir las necesidades de los trabajadores informales o precarios”, apunta en diálogo con BBC Mundo.

¿Dónde faltó apoyo?

Analizando el abanico de medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la emergencia, varios expertos coinciden en que la entrega directa de recursos a los más vulnerables fue una respuesta necesaria para llegar a los sectores más pobres.

“Los programas de transferencia de dinero a las personas fueron probablemente las políticas gubernamentales más eficientes“, sostiene la economista Mónica de Bolle, investigadora senior del centro de estudios Peterson Institute for International Economics (PIIE), Estados Unidos.

Pero donde faltó apoyo, agrega, fue a las pequeñas empresas. “Fue un error porque esos negocios emplean a mucha gente y tienden a ser vulnerables”.

Otro elemento que destaca de Bolle es que muchos gobiernos de la región no tomaron las medidas para controlar la pandemia a tiempo, con la “equivocada” idea de proteger la economía.

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“No hicieron lo correcto porque no entendieron desde un inicio que la pandemia y la economía van inextricablemente juntas”, argumenta.

En ese sentido, agrega, “los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia”.

El reto de llegar a los más vulnerables

Guillermo Cruces, subdirector del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata, Argentina, explica que fue un gran desafío llegar a los segmentos más afectados de la población porque muchas personas no estaban incorporados a los sistemas de ayuda social.

“Los gobiernos han sido muy pragmáticos y relativamente exitosos en las ayudas de emergencia, pero el gran pecado es no haber tenido esa respuesta preparada para reaccionar más rápido y expandir el universo de beneficiarios”, le dice a BBC Mundo.

Eso ocurrió en varios países donde tardaron en hacer llegar las ayudas a los hogares, especialmente al inicio de la pandemia. Es por eso que durante los primeros confinamientos hubo rechazo entre quienes reclamaban que morirían “primero de hambre antes que de covid“.

Con bajos precios de las materias primas y altos niveles de descontento social y polarización, la pandemia encontró a Latinoamérica “en el peor momento posible”, argumenta Eduardo Mello, profesor de Política y Estudios Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, Brasil.

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Algunos países lograron manejar la crisis mejor que otros, explica, aunque desde su perspectiva los peores desempeños fueron mostrados por Brasil y México.

“En esos dos países los gobiernos le restaron importancia a la gravedad de la pandemia”, argumenta en diálogo con BBC Mundo, y advierte que ahora se avecina el desafío de cómo enfrentar el problema de los déficit fiscales derivados de la crisis.

“Los déficit se están disparando y esto probablemente signifique más impuestos”, señala Mello. “Es probable que esto conduzca a un mayor descontento social, como ya lo estamos viendo en Colombia”.

¿Qué dicen los números?

Aunque puede resultar un poco confuso comparar los montos a secas -considerando que unos países tienen más posibilidades de endeudarse que otros y que el virus no golpeó a todos con la misma intensidad-, el dinero es, de todos modos, un indicador relevante al observar los paquetes de estímulo.

En América Latina el promedio de gasto en ayudas fiscales fue de un 8,5% del PIB, de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Esa cifra es un poco menos de la mitad del dinero desembolsado por economías avanzadas como Europa, Estados Unidos o Japón (donde llegó a un 18,8% promedio).

Pero al comparar los países de la región con otras economías emergentes de Asia o de Europa, “la magnitud de los apoyos es bastante parecida”, sostiene en entrevista con BBC Mundo Emilio Pineda, jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

El monto del estímulo fiscal suele estar relacionado con la capacidad de endeudamiento de un determinado país.

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Si se trata de una economía que goza de buena salud, es más fácil que le presten dinero a tasas convenientes, pero si el país está con dificultades, su acceso al crédito internacional es mínimo o nulo.

Es por eso que “no todo el mundo tiene el espacio fiscal para aplicar una política más agresiva”, apunta.

Si las medidas fiscales se separan en distintos grupos, como lo hace el FMI, los datos se pueden comparar de una manera distinta.

Una alternativa es dividirlos en dos categorías:

• Gasto público directo y alivio tributario (o ingresos provenientes de los impuestos no percibidos por el fisco). En esta categoría están los programas de apoyo a empresas y hogares, y los gastos para fortalecer el sistema de salud.
• Instrumentos de liquidez como garantías a los créditos y los “préstamos blandos” subsidiados por los gobiernos.

Si se pone el foco en el primer grupo exclusivamente, las medidas fiscales en Latinoamérica representaron en promedio un 4,5% del PIB, considerando a las mayores economías de la región, le dice a BBC Mundo Jorge Roldos, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

“Hubo una gran variación entre países, con Brasil gastando cerca de un 8% del PIB y México menos de 1%“, apunta.

Aparte de esos recursos, explica Roldos, los países también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas.

¿En qué han gastado los recursos?

Simplificando la historia, se puede decir que los recursos se gastaron en el sistema de salud, los hogares vulnerables y las empresas.

Por ejemplo, los gastos en el sistema de salud se refieren a la compra de equipos médicos, vacunas y todo lo relacionado con la crisis sanitaria específicamente.

Las ayudas a hogares han llegado a través de transferencias de dinero, bonos por única vez, aumento del seguro de desempleo, moratorias al pago de servicios públicos, etc.

Y en las ayudas a las empresas están las los créditos y las garantías de préstamos con condiciones favorables de financiamiento para disminuir el despido a los trabajadores.

“A grandes rasgos más o menos la mitad -tal vez un poco más- de los recursos están destinados a las garantías a empresas y la otra mitad es una mezcla entre los gastos adicionales para atender la emergencia sanitaria, junto a las medidas de apoyo a los hogares y la liquidez de las empresas”, señala Pineda.

¿Cómo se financiaron?

Frente a la pregunta de cómo se financiaron las ayudas, la respuesta es simple: principalmente deuda.

Para enfrentar la emergencia los países gastaron más y recibieron menos ingresos. ¿El resultado?: aumento de la deuda y del déficit fiscal.

En promedio los déficit primarios de la región están en torno a 5% del PIB, dice Pineda. Y la deuda promedio en la región -que estaba en torno al 58% del PIB en 2019- subió a un 72% en 2020.

“Es un incremento enorme, de los mayores que ha habido en las últimas décadas”, agrega el economista.

Si hay algo en lo que coinciden expertos y organismos multilaterales es que no se deberían retirar los estímulos fiscales mientras la pandemia no esté bajo control.

Y lo que adelantan es que terminada la emergencia, vendrá el reto de lidiar con el endeudamiento.

Una de las preguntas esenciales que está dando vueltas en el ambiente es cómo los gobiernos aumentarán sus ingresos para ordenar las cuentas fiscales.

Y cómo lograrán ese objetivo en un contexto de crecientes tensiones sociales.

Prat y Cavallo también brindaron una entrevista a Prensa Libre, en este extracto, explican la situación y retos de Guatemala para crear las condiciones propicias para el desarrollo sostenible, que en la coyuntura incluye avanzar con el plan de vacunación contra el covid-19.

¿Cuáles son las oportunidades que han detectado para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia?

Cavallo: Resalto tres. Todos los temas comerciales, de infraestructura y de la agenda de desarrollo sostenible son oportunidades que vemos para la región, para salir fortalecida de esta enorme crisis en la que se encuentra.

La primera tiene que ver con la reasignación de las cadenas globales de valor. En América Latina podemos aprovechar esa oportunidad si mejoramos todo lo que tiene que ver con integración regional y logística.

La segunda, es la necesidad de invertir más y mejor en infraestructura. Se estima que por cada dólar invertido el efecto en el producto o crecimiento puede crecer hasta US$2.

La tercera es avanzar en una agenda de infraestructura sostenible.

¿Qué tendría que hacer Guatemala?

Prat: Guatemala puede ganar en los tres ámbitos que habla Eduardo. Le agrego uno, es algo donde el país debería estar poniendo el ojo. Es uno de los países más jóvenes de Latinoamérica, 35% de la población tiene menos de 14 años, más del 60% tiene menos de 65 años, es el bono demográfico, donde la fuerza laboral va a ir aumentando en proporción de la población total hasta más o menos el 2045.  Nos brinda una oportunidad, pero también es un reto porque a los jóvenes que entran en edad de trabajar les tenemos que dar esas habilidades y las que el mercado esté demandando.

En un mundo tan integrado como el de hoy, uno tiene que entender que está pasando fuera de las fronteras. Guatemala no puede crecer a punta de su demanda interna, sino que se debe ver el comportamiento de la recuperación mundial, porque entre más crezca el resto del mundo, principalmente Estados Unidos, más positivo va a ser el impacto para Guatemala.

Hay un pilar adicional específico, y es como mejoramos la institucionalidad guatemalteca. A veces se habla de la atracción de inversión o de mejorar las cadenas de valor, pero una de las debilidades en nuestros países es la institucional, la falta de digitalización de procesos, o ni siquiera se tiene una institucionalidad de atracción de inversiones bien estructurada.

¿A qué plazo podría llegar ese impacto al crecimiento económico sostenible?

Prat: Guatemala viene creciendo más o menos a 3.5% en los últimos 20 años. Es un buen desempeño, pero el problema es que no ha alcanzado para impactar los indicadores sociales más importantes ya que la pobreza se ha mantenido en alrededor de 54%, la desigualdad es una de las más altas de la región.

En Guatemala no se crece muchísimo, pero tampoco se decrece muchísimo, en el 2020 cayó 1.5%. Se prevé que el 2021 crezca entre 3.5% y 4.5%, pero el rebote no es tan grande como en otros países donde las economías cayeron hasta 10%.

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Lo que tenemos que pensar es cómo aprovechar esta crisis, uno no debe dejar que una crisis se desperdicie.

¿Qué perspectivas mundiales hay y cómo podrían impactar?

Cavallo: Las perspectivas de crecimiento para Guatemala y para toda la región dependen en gran medida de lo que vaya a pasar en el resto de los países. Hay riesgos al alza y a la baja.

A la baja es que pueda demorarse el proceso de vacunación o surgir nuevas cepas del virus que lleven a nuevas medidas de confinamiento. Al alza, tienen que ver con lo que pasa en la economía de Estados Unidos recuperándose a tasas más elevadas de lo que se esperaba.

La clave, y eso enfatizamos mucho en nuestro informe, tiene que ver con aprovechar esta oportunidad para que a la salida de esta crisis podamos crecer a tasas muy superiores a las que crecíamos antes de entrar a esta crisis, no queremos volver a las tasas de crecimiento mediocre que teníamos como región que teníamos previo a la pandemia, y para eso tenemos que aprovechar las oportunidades de las que hablamos antes.

Hay entes internacionales que son optimistas porque los países desarrollados van avanzados con sus planes de vacunación y mejora las expectativas de la economía, pero en Latinoamérica incluyendo Guatemala va lenta. ¿Cómo ven los matices de la vacunación en la región por la gestión pública?

Cavallo: En América Latina y el Caribe, en general, el proceso de vacunación viene más lento que en las economías avanzadas y se ha presentado una serie de desafíos que los países tienen que resolver, hay cuestiones logísticas que no son sencillas.

Prat: Cada país está tratando de satisfacer las necesidades de vacuna de mejor forma, varios están metidos en el mecanismo covax, que ha tenido sus dolores de crecimiento y no ha sido algo muy fácil de implementar. Mientras que las economías desarrolladas han sobrecomprado su acervo de vacunas, y tienen stocks de compras que van más allá de su población entera.

Las estimaciones de casi todos los países es que para la segunda mitad del año estos procesos de vacunación van a acelerarse.

Un tema del que hemos hablado, y que a veces uno no lo toma suficientemente serio, es que la reactivación económica va totalmente de la mano de los procesos de vacunación. No podemos pretender que un país vaya de una caída del 10% del PIB el año pasado a un crecimiento del 10% del PIB este año sin que haya una estrategia de vacunación integrada y que incluya a todos.

La situación de Guatemala es complicada en este momento, pero las perspectivas son que sí va haber una mejora en todo lo que son los procesos de vacunación hacia adelante, por eso creo que se piensa que la economía crezca entre 3.5% y 4.5% dependiendo de qué tanto se pueda acelerarlo.

Se tienen que dar a conocer las ventajas que tiene Guatemala como la cercanía geográfica, el bono demográfico, y que el país tiene el sector privado más dinámico de la región, todos estos son actores que no se están aprovechando de lleno para aprovechar las oportunidades que surgen de la pandemia. Y uno de los temas más importantes es acelerar el proceso de vacunación para complementar esa reactivación.

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Pero según datos estadísticos en Guatemala solo se ha vacunado el 1% de la población. ¿Cómo se podrá lograr esa reactivación económica si tanto el proceso de vacunación y otras decisiones dependen es los aparatos públicos?

Aquí estamos siendo un poco injustos con el aparato estatal guatemalteco porque en todos los países de Centroamérica y mundialmente, es el aparato estatal el que ha tomado todos estos procesos de vacunación, a veces cuesta despegar. Guatemala sí está relativamente con algunos rezagos, pero toda Latinoamérica los tiene cuando se compara con Estados Unidos.

Una de las cosas que yo veo más complicada en Guatemala es su amplitud y su alta ruralidad, pero también es una ventaja en este proceso porque hay muchas comunidades aisladas en las cuales no es tan fácil que el virus se propague fácilmente.

¿Si no se logra avanzar a un buen ritmo la vacunación en Guatemala como podría reflejarse en la economía?

Prat: Si hay una parte que el país tiene es su resiliencia y capacidad de optimizarse, al final es interesante, y lo que es casi un caso de estudio, es que normalmente Guatemala no va a crecer un 10% pero la pandemia demostró que tampoco se va a caer 10% aún cuando estas condiciones son negativas.

En muchas dimensiones para lograr una reactivación económica que se ha logrado en varios países es precisamente el uso de mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos tratar de tomar seguir esas medidas.

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¿Cuál es el escenario para Guatemala?

Prat: La proyección del Banguat es del 3.5% y 4.5% (de crecimiento) y en ese sentido el 3.5% es poco optimista de que no salga todo lo que queremos, pero si vemos la hecatombe nuclear que pasó en el 2020 y caímos 1.5% nada más, entonces pensaría que Guatemala, aunque salga todo mal, sí va a tener un crecimiento positivo, pero no puedo dar un número de ese escenario. Es casi irónico, el hecho de que Guatemala no se caiga tanto en los malos tiempos, lo que implica es que Guatemala no va a crecer tanto como sus pares en lo buenos tiempos.

Cavallo: En la perspectiva regional, la expectativa de crecimiento que existe para el 2021 es de 4.7% si se materializa el escenario que todos esperamos, que la vacuna esté disponible y se siga con el proceso de vacunación. En un escenario negativo donde se retrasan o donde hay nuevas mutaciones resistentes a la vacuna, el crecimiento podría situarse en 1.2%. Si a eso le sumaramos un rebrote que obligara a los países a implementar nuevos confinamientos como los del 2020, la caída en el crecimiento podría ser mayor y podría ser un fenómeno de lo que se llama recuperación en W.

Tomando en cuenta lo que han comentado de que se debe aprender de la experiencia ¿Cómo se puede blindar la economía ante eventos como la pandemia?

Cavallo: Hablar de blindar la economía es un concepto extremadamente ambicioso y hasta diría imposible, pero lo que la experiencia de esta crisis nos enseña es que mientras mejor preparados están los países, mejor es típicamente la respuesta y menor es el costo asociado. Por ejemplo, tener una posición sólida les permite implementar paquetes fiscales más ambiciosos o tener acceso al crédito, y amortiguar la caída, también la integración comercial y tener redes sólidas de comercio, y el tema de infraestructura es clave, no solo la infraestructura económica sino la sanitaria.

Prat: en el caso de Guatemala tenemos que ver cuáles son esas oportunidades que nos van a permitir crecer más en el mediano plazo y que esos beneficios permeen a toda la población. Se puede pensar en ejes básicos como mejorar los servicios a la población, un buen sistema de protección social.  Entre otros como fortalecer institucionalidad de atracción de inversiones, la institucionalidad fiscal y que el gasto que se hace sea de forma eficiente, que no tengan la excusa, cada vez que se habla de subir los impuestos en cualquier país de Centroamérica, de que primero se debe demostrar que se está gastando bien.

En la conferencia organizada por la CIG los expositores explicaron que hablar de aumentar la carga tributaria no se trata precisamente de subir impuestos, sino de buscar ampliar la base tributaria disminuyendo la informalidad. Además, revisar la estructura impositiva para disminuir el gasto tributario, pero también disminuir el hecho de que las tasas de los que sí pagan impuestos subsidien a la informalidad.

También recordaron que se expandieron los programas sociales, y ahora es un buen momento para hacer una evaluación de cuáles son eficientes y cuáles no

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“Hoy hemos lanzado un nuevo programa en el cual reprogramamos US$1 mil millones para asegurarnos de que haya acceso inmediato en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, no solamente a la compra, sino también a la infraestructura de distribución y almacenamiento necesaria”, manifestó en una entrevista con Efe el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone.

El dirigente enfatizó que el objetivo es que “las poblaciones más vulnerables tengan acceso a las vacunas para que haya una aplicación equitativa y justa”.

Asimismo, explicó que el BID ha obtenido esos US$1 mil millones a través de una revisión de sus otros programas para ver cuáles podían redistribuir fondos hasta alcanzar la cifra actual, una “tarea ardua” de la que se encargó el exministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, elegido hace un mes como vicepresidente de países en el BID.

“Tenemos que ser audaces y creativos para asegurarnos de que se cumplen las necesidades de la región”, subrayó Claver-Carone, estadounidense de origen cubano.

En este proceso, el BID conversó con los 26 países prestatarios para ver cuáles eran sus necesidades en el proceso de adquisición y distribución de la vacuna.

Seis países piden ayuda inmediata

En particular, Claver-Carone explicó que se ha estado trabajando más de cerca con seis naciones: Belice, Las Bahamas, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana, todos ellos muy castigados por la pandemia y que dijeron al BID que necesitaban ayuda “inmediata”.

De esta forma, los fondos del BID ayudarán a los países a comprar dosis de vacunas a través del mecanismo Covax (Acceso Mundial a las Vacunas contra el covid-19), auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos multilaterales para garantizar el acceso a la vacuna en los países con ingresos bajos o medios de todo el mundo.

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No obstante, los US$1 mil millones también servirán para ayudar a los gobiernos que de manera individual están haciendo tratos con diferentes compañías farmacéuticas para conseguir la vacuna, detalló Claver-Carone.

Otra de las metas será ayudar a los países a desarrollar mecanismos para distribuir la vacuna, así como financiar costos operativos para distribuirla.

Esos nuevos fondos se suman a los US$1 mil 200 millones que el BID ya puso a disposición de los países en 2020 y a otros fondos que están programados para 2021 y que buscan apoyar los planes de diferentes gobiernos de la región en salud pública y, particularmente, para incrementar el número de pruebas para detectar al covid-19, así como mejorar el tratamiento de los pacientes con esa enfermedad.

El continente americano ha sido golpeado especialmente fuerte por la pandemia y, desde su inicio, ha registrado 31 millones de infecciones y 787.000 muertes, lo que representa casi la mitad de las infecciones y decesos de todo el mundo, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Además, solo en la última semana se han registrado cinco millones de nuevos casos, de acuerdo a la misma fuente.

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“Desde el BID estamos convencidos de que nuestros países se pueden convertir en mercados atractivos para la reubicación de cadenas de producción, de manufacturas y de servicios”, comentó, al indicar que hay un gran potencial de para Latinoamérica.

Con la pandemia del covid-19, señaló, el 75% de empresas estadounidenses están considerando trasladar parte de sus operaciones a otros países respecto de donde se ubican actualmente, muchas de ellas en Asia.

Mencionó que ese fenómeno ya está en marcha y que las compras de manufacturas a países asiáticos disminuyeron unos US$190 mil millones.

Las 3 ventanas de oportunidad

Según Claver-Carone hay tres sectores con un inmenso potencial para la región: los textiles ya que las exportaciones estadounidenses desde Asia son US$4 mil 500 millones anuales; los conductores de eléctricos, que representan más de US$400 millones anuales en importaciones desde Asia; y los servicios basados en conocimiento para lo que la región tiene una propuesta de valor muy atractiva para exportar a Estados Unidos.

Agregó que los países de Centroamérica se encuentran en una posición privilegiada en el corto plazo para obtener algunas ganancias rápidas en el sector de instrumentos médicos y de precisión y de los plásticos.

“Además se encuentran en una posición excelente para capitalizar esta oportunidad, su ubicación geográfica, su población joven y su redes de acuerdos comerciales, pueden y deben conducir a un nuevo capítulo de desarrollo que genera oportunidades y empleos”.

Sin embargo, advirtió de que no será automático, sino que requerirá un esfuerzo conjunto de los gobiernos y las empresas de los países, tanto Estados Unidos como los de la región.

BID ofrece respaldo

“El BID está listo para ayudarlos a fortalecer la infraestructura logística y de transporte, y de profundizar la integración regional”, agregó el presidente de ese ente.

Los datos de la institución muestran que los programas de promoción de exportaciones pueden conducir a aumentos de hasta un 20% y que una reducción del 1% en los costos logísticos podría aumentar hasta 8% las exportaciones de los países de la región.

Se debe trabajar en conjunto con los representantes del sector privado para aumentar su productividad, fortalecer su capital humano calificado y mejorar los estándares de calidad, expuso.

“También mencionó que el Diálogo Empresarial de Las Américas, que Cacif y Anep integran y que es facilitado por el BID, ofrece un vehículo concreto para que el sector privado se comprometa con esta agenda y trabaje junto el gobierno para ejecutarla” dijo el funcionario internacional.

En el contexto del evento, Claver-Carone convoca a los participantes a trabajar juntos para lograr una nueva y mejor normalidad y que los países de Latinoamérica y el Caribe sean los más atractivos para el nearshoring (prestación de estos servicios desde países cercanos al país contratante).

Ofreció también el apoyo a los países por el impacto de las tormentas Iota y ETA.

“Si tomamos las decisiones correctas en los próximos meses podemos salir de este momento de crisis con unas economías más robustas, con más inversión, más productividad y más empleo”.

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El segundo estudio respecto a la modernización del AILA fue efectuado por el Banco Interamericano (BID) y estima que se requieren US$158 millones de inversión, informó Érick Uribio, director interino de la Agencia Nacional de Alianzas de Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Urgen ampliar la pista de rodaje

Uribio mencionó que se trata de los resultados de la ampliación a la propuesta técnica del estudio de factibilidad ya realizado por la firma Deloitte Tetra Tech en el 2019, el cual estableció una serie de obras y modificaciones necesarias en ese recinto.

Deloitte estimó la necesidad de una inversión de US$117.6 millones, más US$10.7 millones posteriores para iluminación del área sur del aeropuerto, y aunque se mencionaba la pista de rodaje no se proponía como obra inicial el cambio de los hangares, sino que la empresa ganadora del contrato lo debía negociar en el futuro.

Sin embargo, el funcionario explicó que para dar a conocer los resultados y recibir comentarios de los usuarios del aeropuerto se creó una mesa de socialización del primer estudio en mención en la cual también participan funcionarios de gobierno relacionados al tema.

Varios actores, entre ellos las líneas aéreas, consideraron que para una mejor operación y mayor eficiencia era necesario que se incluyera la ampliación de la pista de rodaje de una vez.

El informe del BID fue presentado el 23 de septiembre y se acordó establecer una mesa técnica conjunta para definir detalles de cómo alcanzar la meta de la modernización.

La mesa estaría integrada por representantes del Consejo directivo de Anadie (Conadie), de los ministros de Comunicaciones, de la Defensa Nacional, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), y otros además de usuarios del aeropuerto como las líneas aéreas y el Aeroclub, entre otros.

Los hangares

Actualmente los hangares privados se ubican en el lado sur oeste de la pista de aterrizaje y la propuesta del BID identificó terrenos en el lado noreste para hacer el traslado.

Uribio explicó que dichos terrenos están adscritos al Ministerio de la Defensa, por lo que también se incluirán representantes de esa institución en la mesa técnica.

Según datos brindados por Anadie con la solución propuesta por el BID la capacidad del aeropuerto se incrementa hasta un 62.5% respecto de la existente en la actualidad y permitirá el desarrollo sostenido de la conectividad aérea en Guatemala hasta más allá del 2044.

Tanto en el 2019 como en la actualidad, se indicó que sin alguna inversión para la modernización e infraestructura del Aeropuerto la vida útil sería entre 10 y 15 años, explicó Uribio.

Agregó que en el estudio de Deloitte se especifica que la saturación del uso del Aeropuerto llegaba en el año 2024, basados con las estimaciones de conectividad aérea del 2019, aunque por el impacto de la pandemia del coronavirus en las operaciones de las líneas. aéreas este comportamiento podría aplazarse entre dos a cuatro años.

Motty Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla), explicó que es importante la ampliación de la calle de rodaje o pista de taxeo donde las aerolíneas puedan hacer su fila en la calle de rodaje para que vayan fluyendo más rápido y que nos les afecte en su operación.

Mencionó que en la actualidad por el tiempo que se demoran para dar la autorización de salida de aeronaves se pierden hasta 40 minutos en espera, aspecto que representa costos de tiempo y de combustible.

Rodas explicó que en el primer estudio se estaba proponiendo una ampliación de las pistas de rodaje del lado norte, pero eso no beneficiaría a las líneas aéreas que operan ya que la mayoría de operaciones, el 80%, se hacen del lado sur, y solo el 20% del lado norte.

Las pistas de rodaje son las áreas donde las aeronaves se pueden desplazar desde una terminal de pasajeros hacia la pista de despegue o aterrizaje.

Ahora “están haciendo una propuesta nueva y mover los hangares está contemplado, eso es algo muy positivo” dijo Rodas.

Agregó que también se propuso la ampliación de los espacios para la carga aérea otro aspecto que calificó de importante ya que “necesitamos que vengan más aerolíneas de carga y el área de la rampa de Combex-im está saturada, se queda corta”.

Uribio expuso que luego de las conclusiones a las que llegue la mesa técnica que se prevé instalar en las próximas semanas, queda en manos del Gobierno la decisión de qué figura usar ya que se debe analizar la posibilidad de Alianza Pública Privada o inversión pública.

Por tipo de obra

Los montos estimados de inversión del estudio de factibilidad efectuado por Deloitte son de US$117.6 millones para obras denominadas de aire y tierra.

En las de aire, que son las pistas, infraestructura para operación de aeronaves, se necesita US$84.3 millones.

Las obras de tierra son el área de la terminal de pasajeros, US$33.3 millones, incluyendo un nuevo edificio para sala de espera para quien llega a dejar o recibir pasajeros.

Además, otros US$10.7 millones que se refieren a una necesidad a futuro para mejorar la iluminación a la parte sur del aeropuerto (colinda con áreas de las colonias en Santa Fe, zona 13), que puede ser una obra posterior.

El estudio de BID añade al monto original alrededor de Q40.4 millones para la reubicación de los hangares y ampliación de espacio para la recepción y operación de carga aérea que realiza Combex-in.

Claver-Carone fue electo el pasado sábado 12 de septiembre, y sustituirá al colombiano Luis Alberto Moreno en medio de una crisis sanitaria global en la cual los países necesitarán el apoyo y apalancamiento financiero para recuperarse.

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El nuevo presidente del BID llegó con una alta influencia política del presidente Donal Trump.

El mayor acreedor

El BID es el principal acreedor de Guatemala, según el reporte de Operaciones Crédito Público del Ministerio de Finanzas al 31 de julio último.

De los 22 préstamos en ejecución vigentes, 11 corresponden a ese organismo en varios programas que ejecutan los ministerios de Comunicaciones, Desarrollo, Salud, Educación, Trabajo y Gobernación, y que presentan distintos niveles de ejecución.

Además, el monto de endeudamiento es por US$4 mil 485 millones, con un saldo de US$2 mil 99 millones, con 26 años de plazo, con cinco años de gracia, a una tasa de interés de 3.60% como promedio ponderado.

El saldo de la deuda pública del país es de Q185 mil 919 millones, -que equivale a US$24 mil 118 millones-, de los cuales Q105 mil 591 millones es interna y Q80 mil 327 externa.

“Más apoyo”

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y gobernador por Guatemala ante el BID, expuso en la videoconferencia de elección del pasado sábado, que una de las preguntas más intensas es como sería su actuar para los países de la región, tomando en cuenta que era un funcionario cercano a Trump.

“La idea ahora es que en la época pospandemia los países necesitan mucho más apoyo sobre todo presupuestario, capacitación técnica y fortalecimiento las áreas de salud, educación e infraestructura”, aseguró el ministro.

Claver-Carone dijo en la videoconferencia cuando salió electo que se comprometió en seguir en esa línea de trabajo, dedicarse al 100% a la operación del BID y desligarse de su trabajo actual, recordó González Ricci.

El mayor socio capitalista con el 30% de participación es Estados Unidos en el BID, y según el ministro, se espera más apoyo para los países después de los efectos de la pandemia.

En fase de recuperación

La batería de la banca multilateral está enfocada en la recuperación del país, y al igual que el BID hay propuestas con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco de Desarrollo (KfW) de Alemania, y otros que brindan recursos económicos en mejores condiciones que las que se pueden obtener en comparación con la colocación de bonos del Tesoro -deuda bonificable-, agregó el funcionario.

“Estos préstamos pueden variar desde 1.5% hasta 3.5% cuando en una colocación de bonos se va al 5%; son instrumentos que tienen sus propias normas más agiles y transparente”, aseguró el funcionario.

Otra ventaja representa los plazos más favorables entre 20 y 25 años.

El ministro adelantó que en los siguientes días se gestionará otro préstamo por US$20 millones para equipo de salud y adquisición de ambulancias, para un período de 30 años y a una tasa de 1.4%.

Visión política

El politólogo independiente Jorge Wong, aseguró que el nuevo presidente del BID tuvo un apoyo de la Casa Blanca y demuestra que existe una gran desunión, y no hubo mayor postulación.

Por otro lado, en la historia es el primer ciudadano norteamericano que llega a ocupar ese cargo, ya que ha sido dominado por los países de la región, y se está preparando el terreno a lo que viene después en lo que se espera que el BID apoye a las economías para tener acceso a los créditos, facilitar políticas de todo tipo para fomentar un regreso a la normalidad de la producción pospandemia.

El politólogo dijo que habría que esperar cómo el señor Claver-Carone responde a las presiones del presidente Trump, pero a la vez los resultados de las elecciones en noviembre en Estados Unidos.

En un escenario en que haya una reelección en EE. UU., la línea a seguir será la del presidente Trump, y una política tal vez más fuerte para los países, tomando como antecedente como se desenvolvió con el tema de los migrantes o sea una línea dura.

Si la presidencia de EE. UU. la gana el demócrata Joe Biden podría haber un cambio en su línea de trabajo que se tenía pensado, o bien su remoción, “pero no se puede saber que pasará”.

En todo caso habría que esperar los resultados de las elecciones en noviembre, y las primeras acciones de un presidente del BID de origen americano.

Posibles giros

Wong se sustenta en los antecedentes de Claver-Carone como asesor de Trump, y específicamente en el tema de la migración para el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Puede ser una línea dura para la región o bien, un giro de 180 grados que por la pandemia se note un verdadero interés para para apoyar a los países a salir adelante para mayores fondos y disponibilidad para ejecutar en sus áreas. Lo veo difícil, porque hay una austeridad a escala mundial y no hay bonanza”, insistió.

Prestamos vigentes

Estos son los préstamos vigentes con el BID al 31 de julio de 2020 por unidad ejecutora:

1. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Gobernación
2. Programa para el Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Educativa: Ministerio de Educación
3. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Educación
4. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Salud
5. Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud: Ministerio de Salud
6. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Trabajo
7. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Economía
8. Programa de Desarrollo de la Infrestructura Vial: Ministerio de Comunicaciones
9. Programa Fortalecimiento y Modernización: Ministerio Público
10. Programa de Agua Potable y Saneamiento Desarrollo Humano: Instituto de Fomento Municipal
11. Programa de Administración Tributaria y Transparencia: Ministerio de Desarrollo

(Fuente: Reporte de Operaciones de Crédito Público/Ministerio de Finanzas)

En una votación a puerta cerrada y por internet, los gobernadores eligieron a Claver-Carone, el único candidato que quedaba en carrera y que actualmente es asesor del presidente estadounidense Donald Trump, para un mandato de 5 años que comenzará el próximo 1 de octubre, informó el BID en un comunicado.

Aunque la designación de Claver-Carone contó con el apoyo de una clara mayoría de los países del continente, también es el resultado de una dura campaña marcada por el áspero intercambio de críticas entre el nuevo presidente del BID y los gobiernos que adversaban su candidatura.

Y es que el BID, que se dedica a financiar grandes proyectos de desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe, siempre había sido presidido por un latinoamericano.

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Lo que estuvo siempre en el centro de la disputa, la ruptura de ese pacto no escrito entre los miembros del BID, según el cual el presidente de esa institución debe ser un latinoamericano y el vicepresidente, un estadounidense.

Pero ¿quién es Mauricio Claver-Carone y por qué su elección ha sido tan polémica?

Un anticastrista de línea dura

Claver-Carone tiene una amplia experiencia profesional tanto en funciones de gobierno como en el área del cabildeo, desde donde ha buscado influir en la formación de políticas públicas en materia internacional con énfasis en América Latina y, en especial, hacia Cuba.

Durante el gobierno de George W. Bush, trabajó en el Departamento del Tesoro de EE.UU. y, tras la victoria electoral de Donald Trump, volvió a integrarse al gobierno inicialmente como miembro del equipo de transición.

Vinculado al senador republicano por Florida Marco Rubio, Claver-Carone es visto como parte de un grupo de cuatro altos funcionarios de línea dura que han influido tanto en la reversión de la política de apertura hacia Cuba iniciada por Barack Obama como en la aplicación de sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los otros tres son: el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo; el director alterno por EE.UU. ante el BID, Eliot Pedrosa; y Tomás Regalado, el exdirector de radiotelevisión Martí.

Luego de pasar un lapso breve como representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional, Claver-Carone fue nombrado como responsable de temas del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional y asesor especial de Trump en esta materia.

Desde esa posición le ha correspondido coordinar la política de la Casa Blanca hacia América Latina con los departamentos de Estado y del Tesoro, entre otros.

Así, se le considera como uno de los artífices de la política de presión contra el gobierno de Maduro en Venezuela.

Granma, el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, le acusó recientemente de estar “al frente de las acciones abiertas y encubiertas” de Washington contra Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador.

Cuando no ha estado en funciones de gobierno, Claver-Carone se ha dedicado a hacer cabildeo en Washington como director de un grupo de presión llamado US-Cuba Democracy PAC, cuyo objetivo es influir en las políticas de Washington con miras a lograr una transición incondicional de la isla hacia la democracia y hacia el libre mercado.

En los círculos conservadores destacó como autor de un influyente blog llamado Capitol Hills Cubans, desde donde criticaba duramente el acercamiento del gobierno de Barack Obama a La Habana.

También fue anfitrión del programa de radio “From Washington al Mundo”, en el que entrevistaba a personalidades estadounidenses y extranjeras sobre temas de política internacional.

Además fue profesor de la Facultad de Derecho de la Catholic University of America y del Centro de Derecho de la George Washington University.

Una candidatura polémica

El anuncio de la postulación de Claver-Carone para presidir el BID, ocurrido en junio pasado, tomó por sorpresa a la región y pronto se convirtió en motivo de polémica.

Los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México), Felipe González (España), Ricardo Lagos (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia) y Julio María Sanguinetti (Uruguay) emitieron una declaración conjunta en la que calificaron la postulación como una “agresión a la dignidad latinoamericana”.

“Estados Unidos, sin consulta ni debate en los organismos pertinentes del BID, lanzó su candidatura pasando por encima de acuerdos y normas”, dijeron al acusar a Trump de buscar “imponer a su candidato por encima del consenso histórico”.

En términos similares se expresó la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, al anunciar que retiraba su candidatura para presidir este banco regional.

Chinchilla divulgó una declaración en la que hace mención a la regla no escrita según la cual la presidencia del organismo siempre sería ocupada por un latinoamericano o caribeño y cuestionó la decisión de Estados Unidos de presentar un candidato propio “sin que previamente mediaran procesos de consulta”, señalando que se trata de “una señal preocupante” para la gobernanza que debe regir en el BID.

La postulación de Claver-Carone, no obstante, pronto logró sumar apoyos y ya en agosto, el gobierno de Iván Duque en Colombia divulgó una lista de 17 países del continente que respaldaban al candidato estadounidense.

Entre los primeros en expresar su conformidad estuvieron los gobiernos de Brasil, Uruguay y Paraguay para desconsuelo de Argentina que hasta esta semana había mantenido la candidatura de Gustavo Béliz.

“Eso es una muestra de la desarticulación que tenemos en este momento frente a cuestiones externas del Mercosur. Hubiéramos preferido que en algunos casos nuestros vecinos nos consultaran”, se lamentó el ministro de Exteriores de Argentina, Felipe Solá.

Los gobiernos de Argentina, Chile, México y Costa Rica estuvieron abogando por posponer la elección hasta marzo de 2021, con el argumento de que se podía esperar a que pase la pandemia para hacer una elección presencial.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, también se manifestó a favor de una postergación de la votación.

Estados Unidos, sin embargo, se opuso radicalmente a esta posibilidad al señalar que en este contexto no tiene sentido dejar al BID acéfalo durante medio año.

Detrás de una y otra postura, algunos analistas ven como trasfondo las elecciones presidenciales estadounidenses.

Desde esa perspectiva, el gobierno de Trump estaría intentando garantizarse este importante cargo antes de los comicios en noviembre, mientras que quienes le adversan estarían buscando una postergación ante la posibilidad de que el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, resulte electo en noviembre para sustituir a Trump en la Casa Blanca.

El equipo de campaña de Biden ha dicho que el candidato de Trumo para presidir el BID es “polarizante”, “excesivamente ideologizado” y no está cualificado para el puesto.

Claver-Carone atacó con dureza a quienes abogaban por postergar la elección.

“La posición de Chile, México y Argentina básicamente es minoritaria, por lo cual no nos preocupa en el sentido de que si fuese esto un partido de fútbol estuviéramos ganando -bueno, le agregaría Costa Rica- 17 a 4. Obviamente, en un partido de fútbol, si uno está ganando 17 a 4, va bien. Desafortunadamente, en vez de la otra propuesta, querer terminar el partido, quieren robarse el balón y salir corriendo de la cancha. Obviamente así no se juegan los partidos”, apuntó en una conferencia de prensa telefónica en agosto.

Promesas y castigos

Aunque algunos analistas atribuyen el respaldo obtenido por Claver-Carone al poder de coerción de Estados Unidos, hay elementos que apuntan a un esfuerzo negociador por parte de Washington.

De acuerdo con The New York Times, parte de los apoyos recabados se consiguieron ofreciéndole a Brasil la vicepresidencia del BID, así como un alto cargo para algún funcionario de Jamaica.

Además hay muchos gobiernos en la región -como los de Colombia y Bolivia, entre otros- que se encuentran políticamente alineados con Trump y que tienen perspectivas favorables acerca de la posibilidad de recibir recursos del BID.

Ciertamente, Claver-Carone ha jugado con esas expectativas al presentar su candidatura como una muestra del compromiso de Estados Unidos con la institución.

“Históricamente, la crítica a Estados Unidos es que no le importaba lo suficiente el BID y hoy en día la crítica de la minoría es que parece que creen que nos importa demasiado el BID, lo cual es irónico”, apuntó en agosto.

Además, ha sugerido la posibilidad de que podría lograr aumentar el flujo de recursos hacia la institución.

“Que un país no prestatario, el accionista más grande, tenga la oportunidad de verdaderamente reforzar la institución sin conflictos de interés le da una gran oportunidad a la región y le da una gran oportunidad al crecimiento y al reforzamiento del Banco”, aseguró.

En sus presentaciones, Claver-Carone ha destacado su papel en los programas América Crece y Regreso a las Américas, este último impulsa el retorno de las inversiones y empresas estadounidenses en Asia para invertir en el continente americano.

Detrás de esos esfuerzos se encuentra la rivalidad entre Estados Unidos y China, cuya presencia en la región Claver-Carone quiere minimizar.

“¿Qué se dice del BID? Que el BID va a ser capitalizado por Estados Unidos y que una de sus funciones centrales será darle batalla a la influencia china en América Latina. Esa no es la función del BID, no debería serlo”, advirtió recientemente el canciller de Argentina, Felipe Solá.

Desde esa perspectiva, algunos analistas han expresado su preocupación por las consecuencias que esto puede acarrear, considerando que Pekín es el principal socio comercial de varios países sudamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Perú.

Otra fuente de críticas hacia Claver-Cardone reside en sus duras posiciones ideológicas.

“Temo, porque debido a sus fuertes posturas en estos temas, que use el banco para forzar a los países a adoptar las políticas que desea como condición para otorgarles préstamos”, señaló Roberta Jacobson, quien fue subsecretaria de Estado para América Latina y el Caribe durante el gobierno de Obama.

Claver-Carone, sin embargo, ha desechado esas críticas.

“(Los gobiernos de la región) saben que siempre soy honesto con ellos. Soy eficaz, algunos dirían que soy duro, pero simplemente soy apasionado en ese sentido”, ha dicho.

El ahora recién electo presidente del BID, de hecho, ha dicho que la iniciativa para su candidatura surgió de consultas con algunos gobiernos de la región.

Sin embargo, el economista mexicano Jacques Rogozinski, quien trabajó un tiempo en el BID, ha apuntado que la polémica candidatura pudo haberse fraguado como reacción ante la negativa de Luis Alberto Moreno, el presidente saliente del BID, a aceptar como vicepresidente de la institución a Claver-Carone, quien habría sido postulado para ese cargo por Trump en, al menos, dos ocasiones.

“No puedo especular por qué… pero esto es, al menos para mí, lo que está creando toda esta situación”, dijo Rogozinski a la emisora NPR.

Recordó que el acuerdo no escrito para la gobernanza del banco prevé que el presidente siempre sea un latinoamericano pero también que el vicepresidente siempre sea un estadounidense, por lo que consideró probable que Trump haya postulado a Claver-Carone a la presidencia debido a que fue rechazado para ocupar la vicepresidencia.

“Mi conclusión es que esto fue visto por el gobierno estadounidense como la ruptura de la regla no escrita. Así que, si una regla fue rota, ¿por qué no dos?”, concluyó Rogozinski.

Ahora que ya fue electo como presidente del BID queda por ver si Claver-Carone puede efectivamente hacer más eficiente a esa institución y aumentar el flujo de recursos hacia la región.

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Ese organismo mantiene en pie la elección del sucesor del colombiano Luis Alberto Moreno en una reunión virtual del 12 al 13 de septiembre, y no en la asamblea anual de la institución en Barranquilla, Colombia, que se reprogramó para marzo de 2021 por motivo de la pandemia.

Para ganar, el candidato debe tener el apoyo de al menos 15 de los 28 países americanos y el respaldo de un número de países miembros del BID que le den mayoría absoluta del poder de voto, el cual está vinculado a las acciones.

Estados Unidos tiene el 30% del poder de voto en el directorio del BID, mientras que Argentina, México, Chile y Costa Rica suman poco más de 22%.

Washington anunció el 16 de junio la candidatura del asesor del presidente Donald Trump, Mauricio Claver-Carone, Claver-Carone. Costa Rica hizo lo propio con la expresidenta Laura Chinchilla.

“La postergación de la elección del presidente del BID ofrece una salida viable y constructiva a las legítimas preocupaciones sobre esa institución que es clave en nuestro desarrollo”, expresan los exfuncionarios.

Lograr consensos, agregan los centroamericanos, requiere tiempo y es más viable si la elección del presidente se celebra de forma presencial y al tener más claro el escenario político pospandemia del coronavirus.

Así, los exfuncionarios piden a los países apoyar su propuesta para establecer una agenda común y evitar divisiones innecesarias.

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también pidió el aplazamiento de los comicios.

Por su parte, la Unión Europea argumentó recientemente que la pandemia y las elecciones en Estados Unidos impiden conceder la atención necesaria. A esa petición también se han sumado Argentina y Chile.

El BID, principal fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, nació en 1959 en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha tenido cuatro presidentes: el chileno Felipe Herrera (1960-1970), el mexicano Antonio Ortiz Mena (1970-1988), el uruguayo Enrique Iglesias (1988-2005), y Moreno.

Claver-Carone defiende su candidatura

Mauricio Claver-Carone ofreció una conferencia telefónica para tratar el tema de su candidatura.

“Para nosotros, obviamente, esta candidatura es un compromiso histórico que se lanzó el 16 de junio. El 16 de junio, el Departamento del Tesoro lanzó nuestra candidatura como un compromiso histórico por parte de los Estados Unidos para ayudar a la región en su recuperación tras esta pandemia y en el crecimiento económico, y en el desarrollo consecuente a la pandemia y después. Para los Estados Unidos no solamente es un compromiso histórico, pero también es un riesgo en el sentido de que estamos poniendo básicamente, vamos a tener que cumplir en ese sentido. Hemos recibido el apoyo de la mayoría de la región y con ese apoyo, obviamente hay expectativas, por lo cual las expectativas las vamos a tener que cumplir y en ese sentido estamos dispuestos a hacerlo. Históricamente, la crítica a los Estados Unidos es que no le importaba lo suficiente el BID y hoy en día la crítica de la minoría es que parece que creen que nos importa demasiado el BID, lo cual es irónico. Sin embargo, aquí francamente, nosotros obviamente somos un país no prestatario”, refirió.

Agregó que no existe ningún conflicto de interés para los Estados Unidos en el BID y que por el contrario, su eventual presidencia le daría la oportunidad por un período de un término de cinco años, a crear el equipo latinoamericano, hispanoamericano y caribeño para el BID más equitativo, más transparente y más inclusivo en su historia.

“Esta es una oportunidad mágica, una oportunidad única para profundizar los nexos, los sueños del panamericanismo que siempre se han hablado; tanto se ha hablado retóricamente y sin embargo nunca se ha visto. Hoy en día no estamos en 1959. Los Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante más grande del mundo. Solamente en México hay más personas que hablan español. ¿Qué me hace a mí menos hispano que cualquier otra persona de la región? Somos norteamericanos, centroamericanos, suramericanos y nuestros hermanos multilingües del Caribe, pero somos americanos”, comentó.

Añadió que es este es el Banco Interamericano de Desarrollo y que hay una gran oportunidad de cohesión y de impacto en un tiempo histórico.

Señala a Argentina

“Hoy en día estamos viendo un esfuerzo minoritario, liderado por el Gobierno de Argentina, para poder obstaculizar la elección porque no han podido presentar, o no han querido presentar, una visión competitiva”, expresó Claver-Carone.

“Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección, a pesar del reglamento muy claro que se llevó a cabo el 9 de julio, sería no solamente no democrático, pero obviamente será un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar profundamente. Entonces nosotros queríamos tener una competencia de candidaturas, de ideas. Si a un país no le gusta nuestra visión, pues puede votar por otro candidato, sea el candidato de Argentina, sea candidato de Costa Rica, la candidata de Costa Rica. Pero, desafortunadamente, en vez de presentar esa competencia de ideas y esa competencia de visión, en lo que hoy nos vemos es básicamente en una decisión entre la visión positiva que ha presentado los Estados Unidos para el crecimiento económico y desarrollo de la región y su recuperación económica, que ha sido ya apoyado por una mayoría, en contra de una táctica liderada por el Gobierno de Argentina, que lo que busca es el parálisis y la obstrucción por una minoría”, refirió.

Esta herramienta digital permitirá a los Gobiernos latinoamericanos obtener datos más precisos sobre el coronavirus y ajustar sus estrategias de distanciamiento social, sin tener que exponer la privacidad de sus ciudadanos, según el BID. “Todos nos sentimos muy indefensos contra este virus, sin embargo, si todos somos David-19 podemos vencer al Goliat del coronavirus”, afirmó Alejandro Pardo, especialista del laboratorio de innovación del BID.

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El objetivo es administrar de manera rigurosa información sobre si una persona permanece confinada, si es inmune, si es asintomática, si presenta síntomas o si está enferma. De este modo, se podrá generar un registro común sobre el estado de los usuarios e identificar mapas de posibles situaciones de riesgo. “Con estos datos se van a tomar mejores decisiones para temas tan importantes como dónde mandar mascarillas o qué poblaciones se pueden empezar a desconfinar”, explica Pardo y asegura que los datos personales entregados serán “estrictamente privados”.

¿Acceso para todos?

Sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia no solo la brecha social del continente, sino también la brecha digital. Millones de latinoamericanos en situación de pobreza no cuentan con aparatos móviles, y mucho menos con acceso a Internet.

Otro factor relevante es la diferencia entre personas que viven en ciudades contra los que viven en zonas rurales, donde en muchos casos todavía no llega Internet. Asimismo, la brecha de habilidades y de conocimiento existente, por ejemplo, en adultos mayores, para poder entender cómo funciona David-19.

Las primeras semanas de confinamiento bastaron también para poner en evidencia los obstáculos que existen en el continente con el “teletrabajo”. La mayoría de latinoamericanos no cuenta con un empleo formal y vive del día a día. Del mismo modo, muchos niños no pueden acceder a educación virtual por no tener la tecnología necesaria en casa.

Según un último reporte del portal alemán de estadísticas Statista, hay 425 millones de usuarios de Internet en América Latina, de los 630 millones de habitantes que tiene el continente. Es decir, más de 200 millones de latinoamericanos no podrían utilizar la aplicación del BID. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que alrededor 185 millones de latinoamericanos viven en situación de pobreza y 65 millones en extrema pobreza.

La experiencia autoritaria

Una interrogante aparte es la disponibilidad que muestren los latinoamericanos para entregar el control de su privacidad a los Gobiernos de turno, teniendo en cuenta la experiencia en varios países de la región con dictaduras. Hasta el momento no se ha informado qué países empezarán a implementar esta herramienta digital.

Asimismo, no quedan claras las posibles consecuencias negativas que podría tener un usuario, por ejemplo, si no respeta las reglas de confinamiento y si en ese caso sería denunciado ante las autoridades locales.

Para la creación de David-19, los especialistas se basaron en experiencias similares aplicadas en Corea del Sur y Singapur. Aproximadamente un mes necesitó el laboratorio de innovación del BID, junto a sus socios Everis, IOVlabs y World Data, para desarrollar la plataforma digital con tecnología blockchain. La diferencia con la versión asiática, subraya el BID, es que esta aplicación será voluntaria y anónima.

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Uno de esos préstamos es de US$200 millones, el segundo para políticas de desarrollo para la gestión de riesgo de desastres con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el que el presidente Alejandro Giammattei solicitó para su aprobación.

Este crédito está registrado con el número 5623 y fue firmado por Morales el 27 de septiembre del 2019 y recibido en el Congreso el 1 de octubre de ese año. El préstamo es para 25 años a partir de la fecha de fijación de cualquier desembolso del financiamiento, que incluyen hasta 10 años de período de gracia.

Giammattei urgió al Legislativo aprobar el préstamo del BIRF, del Banco Mundial, para que esté a disposición del Estado en caso de que la emergencia por el coronavirus covid-19 superen las capacidades internas.

Otro de los préstamos está identificado como 5654, del 14 de noviembre 2019 y recibido en el Congreso el 21 de noviembre de ese año, por un monto de US$193.2 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El crédito está orientado a financiar el “programa de inversión en infraestructura y equipamiento hospitalario”, el cual consiste en el diseño, construcción y equipamiento de tres nuevos hospitales nacionales a ser construidos en los departamentos de Suchitepéquez, Jutiapa y Alta Verapaz.

Los centros sustituirán a los hospitales que han sido identificados en riesgo de colapso, como el Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez; el Hospital Nacional “Ernestina García viuda de Recinos”, Jutiapa, y el Hospital Hellen Lossi de Laugerud, Cobán, Alta Verapaz.

El préstamo está dividido en dos, US$114.2 millones para un lapso de 20 años con hasta cinco de gracia, y US$79 millones para 25 años, incluyendo hasta siete años de período de gracia.

El tercer crédito tiene el número de iniciativa 5627 de fecha 30 de septiembre 2019, recibido por el Congreso siete días después.

Está orientado a contribuir a la reducción de la mortalidad materna-infantil principalmente en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos a través de la modernización de la red de asistencial a nivel nacional para que brinde servicios oportunos, de calidad y con eficiencia.

El crédito es por US$100 millones y otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es para un tiempo de 24 años incluyendo hasta 6.5 de período de gracia.

El último préstamo es por US$150 millones también con el BID, identificado con el número 5602 y fue firmado por Morales el 26 de julio del 2019 y recibido en el Congreso el 7 de agosto de ese año. Servirá para el mejoramiento de la ruta nacional-12 sur, San Marcos Guativil-El quetzal, tramo: Guativil-Sintaná.

También para la construcción en la carretera CA1 Occidente, Chinchavac a Chicle vía Río Motagua, tramo: Paquip-Río Motagua, y para el mejoramiento de la ruta departamental tramo Tecpán Guatemala-Patzún. El crédito es par hasta 24 años plazo y 6.5 años de gracia.

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El documento fue presentado el miércoles con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra cada 18 de diciembre, y fue elaborado por un grupo de expertos en temas de migración.

Entre otros hallazgos, el estudio indica que el 9% de la población de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, vive en Estados Unidos (3 millones de personas), y el 60% de ellas lo hace de manera irregular.

Situación económica y pandillas

De acuerdo con el estudio del BID, la falta de oportunidades económicas y los altos niveles de pobreza han impulsado la migración de muchos habitantes del Triángulo Norte, siendo los jóvenes los que más deciden migrar debido a que las posibilidades de conseguir empleos de calidad en sus países de origen son limitadas.

Según la Encuesta a Migrantes del Triángulo Norte 2018, realizada a 1 mil 859 migrantes y que es parte del estudio, el 74% de los migrantes reportan que las razones económicas son una de las principales motivaciones para migrar, siendo una causa más fuerte para los migrantes de Honduras (75%) y Guatemala (87%) en comparación con El Salvador (68%).

Entre los que reportan haber migrado por razones económicas, la mitad señala estar motivada por el desempleo en el país (49%).

Por su parte, una mayor proporción de salvadoreños (54%) identifica al desempleo como la principal razón económica de la migración, el 35% de los migrantes manifiesta que no hay suficiente trabajo o que el salario es muy bajo para cubrir sus necesidades.

El salario mínimo en El Salvador es de US$300 en las áreas de comercio, servicio e industria, y US$295 para las áreas textil, maquila y confección.

La canasta básica urbana, que incluye 11 productos (pan, tortillas, arroz, carnes, grasas, huevos, leche fluida, frutas, frijoles, verduras y azúcar) tiene un costo familiar de US$199.49, de acuerdo con datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía (Digestyc) a agosto del año en curso.

Mientras, la canasta básica rural, que solo incluye nueve productos (se eliminan el pan y las verduras), tiene un costo de 145,35 dólares.

A esta situación económica se suma la inseguridad que se vive en El Salvador, Honduras y Guatemala producto del accionar de las pandillas que controlan los barrios pobres y marginados de estas naciones.

El documento indica que, entre los que reportaron la violencia como causal de la migración, la presencia de pandillas (45%), en particular para los salvadoreños, fue un factor determinante en la decisión de trasladarse a Estados Unidos, y en concordancia con este resultado, la principal razón para no regresar a su país de origen es la violencia (43%).

El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), que Estados Unidos busca erradicar, el Barrio 18 y otras minoritarias que poseen más de 600 grupos en todo el país y a las cuales el Gobierno atribuye la mayoría de los crímenes.

Con una tasa promedio de 38 muertes por cada 100 mil habitantes, el Triángulo Norte presenta una tasa de homicidios mayor a la global (6.1) y a la de América Latina y el Caribe (22.3).

La presencia de pandillas, la extorsión y el narcotráfico contribuyen al flujo constante de personas en busca de nuevas oportunidades en EE. UU., apunta el Banco Interamericano de Desarrollo.

Los jóvenes son los que más huyen

Anualmente más de 300 mil personas, mayoritariamente jóvenes, emprenden el viaje desde El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque no todos logran llegar, de acuerdo con el BID.

Se estima que entre el 16 % y 36 % del bono demográfico de estos países se ha ido al extranjero, limitando en parte su potencial de crecimiento, agregó.

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La respuesta debería ser que sí, que cada persona analiza el costo en detalle antes de comprar un vehículo. Pero en muchos casos quienes compran un vehículo tienden a concentrarse en el precio de compra, destinando menos atención a los costos asociados a la operación y mantenimiento del vehículo. Resulta sorprendente la muy escasa disponibilidad de herramientas (por ejemplo, páginas web) que ayuden a calcular el costo asociado a comprar y operar un vehículo en ALC. En el BID realizamos este cálculo para varias ciudades de ALC. Los resultados muestran que se deben destinar más de US$4 mil 500 por año si se quiere tener un vehículo, un monto que representa 25% del ingreso promedio de un hogar en ALC. A continuación, te mostramos como calculamos este monto.

1. ¿Qué tan caro es adquirir, operar y mantener un automóvil en la región?

El cálculo del costo total de compra, operación y mantenimiento de un vehículo privado implica considerar tanto los costos correspondientes al combustible, al mantenimiento, a los cargos anuales, al seguro y al estacionamiento, así como también los costos asociados a la depreciación del vehículo y a la rentabilidad perdida (que debe incluirse porque el capital destinado a la compra de un vehículo puede tener un retorno financiero si se invierte en otra actividad. Este monto también puede ser interpretado como la cuota correspondiente a un préstamo para la compra del vehículo).

La estimación realizada para las ciudades de Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile, San Pablo, Lima, Ciudad de Panamá y Montevideo, arroja un costo promedio mensual de compra, operación y mantenimiento de un vehículo privado igual US$381, siendo Ciudad de Panamá la ciudad con el menor costo estimado (US$304 mensuales) y Montevideo la ciudad con el mayor costo estimado (US$490 mensuales).

Del análisis de la composición del costo de operación y mantenimiento en ALC, se desprende que la categoría de mayor peso es el combustible (29%), seguida del estacionamiento (22%), seguro.

(19%), depreciación (13%), cargos anuales (7%), mantenimiento (6%) y rentabilidad perdida (5%). Los costos estimados son conservadores porque no incluyen otros costos adicionales como peajes, lavado del vehículo, compra de equipamiento adicional al incluido en el vehículo seleccionado para el cálculo o a un segundo estacionamiento mensual (hogar y lugar de trabajo).

Al considerar los kilómetros recorridos por mes, el costo promedio para la región de US$381 mensuales representa un costo de US$0.30 por kilómetro, en un rango que varía entre US$0.24 y US$0.39 por kilómetro correspondientes a Ciudad de Panamá y Montevideo respectivamente. Este valor se encuentra por debajo del costo estimado para Estados Unidos de US$0.65 por milla o US$0.40 por kilómetro (Airbib y Seba, 2017).

2. ¿Imaginas cuánto se podría ahorrar en transporte privado en tu ciudad si el transporte público brindara un servicio de muy buena calidad?

La motorización en la región continúa creciendo sin descanso. Con un crecimiento anual promedio del 4.7 por ciento, en el 2015 la motorización alcanzó un promedio de 201 vehículos por cada 1 mil habitantes. Este valor equivale aproximadamente a 1 vehículo cada 5 personas. Si los patrones de movilidad actuales permanecen sin cambios, se espera que la motorización continúe aumentando y el uso del transporte público continúe disminuyendo.

¿Pero cuánto cuesta realmente tener un vehículo en la región? El costo actual de tenencia de un vehículo en la región fue estimado en US$381 dólares mensuales o US$4 mil 574 anuales. Esta cifra representa el 25% del ingreso mensual promedio de los hogares de las ciudades analizadas. Si se lo compara con el costo promedio de una canasta básica (alimentaria) para los países analizados, se obtiene que el costo mensual promedio por vehículo equivale a seis canastas básicas per cápita mensuales. El ahorro final por concepto de transporte al migrar del transporte privado al transporte público dependerá del costo de este último en cada una de las ciudades. Aun si consideramos que el vehículo lo usan dos personas y que las familias utilizan ocasionalmente otros servicios como taxis para su movilidad, el ahorro generado alcanza en promedio los US$200 por mes.

¿Por qué continúa en aumento la motorización pese al elevado costo de tener un vehículo propio?

La respuesta es multidimensional, pero es posible identificar tres factores principales. Primero, el crecimiento del ingreso junto con el símbolo de estatus del automóvil, así como también problemas asociados a la seguridad ciudadana en la región, contribuyen a explicar el crecimiento sostenido de la motorización. Segundo, el deterioro en la calidad del servicio de transporte público contribuye a la fuga de usuarios hacia el transporte privado. Tercero, el costo del transporte privado no internaliza los costos asociados a la congestión, a la contaminación acústica ni ambiental. De esta manera, los precios relativos del transporte privado y del transporte público se encuentran distorsionados a favor del primero.

La provisión de servicios de transporte público de calidad, y el abordaje del crecimiento de la motorización y sus problemas asociados, requieren de políticas de transporte integrales para revertir las actuales tendencias negativas y avanzar hacia un sistema de transporte eficiente, inclusivo y sostenible. Nuestra investigación se ampliará en la publicación Desarrollo en las Américas 2020 (DIA 2020).

* En alianza con Forbes México y Centroamérica, artículo de Forbes Staff.

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Mientras se busca recuperar la posibilidad de un préstamo con el BID por US$55 millones y ampliarla a US$100 millones.

Información mencionada por el ministro de Energía Luis Chang, refiere que en el 2016 cuando tomó posesión del cargo, el índice de cobertura de electricidad del país era de 91.96% (según datos al cierre del 2015), en el  2016 cerró en 92.06% y a la fecha llegó a 92.46%.

El crecimiento en tres años fue menor a un punto porcentual mencionaron los parlamentarios que integran la Comisión de Economía del Congreso, quienes consideraron que ese crecimiento es bajo.

Según cálculos que efectuaron los parlamentarios con esos datos, en tres años se logró conectar alrededor de 18 mil usuarios al servicio de energía (un promedio de 6 mil anuales) lo cual no es suficiente para llegar a la meta del Objetivo de Desarrollo (ODS) número siete al que se comprometió Guatemala de llegar al 100% de cobertura en el año 2030 indicó el diputado Luis Azmitia.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) en esa reunión expuso que requiere de US$400 millones para llegar a una cobertura de 99% de la población.

El dato ya había sido mencionado en diciembre del 2018 por esa entidad al referir que habían en la lista alrededor de 4 mil comunidades que estaban pidiendo ser conectadas al servicio. Sin embargo en la reunión con los parlamentarios le criticaron que no tenían bien definido el plan para aumentar la cobertura.

Ahora se está buscando reactivar la posibilidad de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Electrificación Rural 2 (PER 2) que está aprobado por el banco desde el 2014 pero que no ha logrado ser aprobado en el Congreso.

El monto inicial es de US$55 millones, pero ahora se habla de ampliarlo a US$100 millones dijo Carlos Melo, representante del BID en Guatemala.

La entidad está dispuesta a mantener la posibilidad del préstamo por la cantidad inicial y trabajar para la ampliación que se mencionó en esta reunión, expuso.

Chang mencionó que no se ha logrado mayor electrificación del país debido a que esa labor la hace el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) y la entidad no posee los recursos necesarios ya que invierte alrededor de Q780 millones anuales para cubrir el subsidio a la energía para la Tarifa Social.

En el último Índice de Cobertura Eléctrica divulgado por el MEM, actualizado al 2016, se registra que hay 3 millones 425 mil 340 viviendas, de las cuales 3 millones 153 mil 214 están conectadas. Harían falta de llegar a cubrir 272 mil 126 hogares, que representan alrededor de 1 millón 300 mil personas.

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Una de las formas de lograr mayor inversión es con modificaciones a las leyes de contrataciones y por medio de las alianzas público privada agrega esa entidad.

Mientras que otro tipo de medida es reducir la brecha en Internet. Para ello, indicó, es necesario   modernizar la Ley de  Telecomunicaciones ya que es del 1996 y no posee nada establecido acerca de la banda ancha.

La banda ancha conlleva elementos o aspectos más modernos y diferentes aplicaciones indicó. En el tema financiero permitirá ampliar la posibilidades de bancarización y accesos a diversos servicios incluyendo para educación, agregó Melo.

“Hay una necesidad de trabajar en los servicios públicos y tener la oportunidad de generar empleo”, mencionó el funcionario del BID.

Esa entidad en su informe BIDeconomics Guatemala donde establecieron los desafíos para el desarrollo del país en 5 pilares como el aumento de capital humano, impulso de actividades productivas, fortalecimiento de las finanzas públicas, transparencia y confianza en las instituciones e infraestructura para la productividad. Aspectos que a criterio de dicha organización ayudarán a generar más oportunidades de educación, salud, ingresos y acceso a servicios básicos.

Mantener atención en temas prioritarios

La intención, dijo Melo, es mantener puesta la atención en estos temas, sobre los cuales, aunque ya han sido bastante documentados y conocidos, es necesario seguir generando diálogos y aportes, incluyendo en esta oportunidad que el país está en el proceso de cambio de Gobierno.

En ese informe el BID menciona que Guatemala tiene las bases para alcanzar un mayor desarrollo económico y social, como mantener la estabilidad económica y en el nivel de la deuda, así también diversificó su estructura productiva con más exportación, y además que el país tiene una de las poblaciones más jóvenes de la región y está en etapas iniciales de su bono demográfico, sin embargo refiere que aún hay desafíos.

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A consideración de Melo “ha existido una especie de avance que podría haber sido mas sólido y más robusto. Mencionó que el país tienen un crecimiento de la economía de 3% anual, refiere, podría crecer a un ritmo mucho más fuerte y eso señala el informe explicó.

“Los indicadores macroeconómicos que tiene Guatemala son una condición necesaria, pero no es suficiente y ahí es donde se tiene que empezar a trabajar” dijo Melo al recomendar que las soluciones y oportunidades deben abordarse de forma integral trabajando de manera simultánea e intersectorial.

Según el informe “se requerirá que el Estado y los diversos actores sociales se articulen en la consecución de un objetivo común que es que Guatemala crezca más y para todos”.

Infraestructura necesaria

Respecto a la inversión pública es necesaria la inversión en carreteras y energía, ya que con estas se generan la oportunidad de abrir más posibilidades de llevar empleo e ingresos a las personas, educación, salud y agua potable, se explica en dicho documento.

Aquí se incluye la necesidad de inversión en infraestructura productiva. Se cita que en el 2015, Guatemala invirtió alrededor de 0.6% del PIB (US$363 millones) en infraestructura y la mayoría se concentró en los sectores de transporte y energía, sin embargo persiste un importante rezago, en los indicadores de provisión de agua, electricidad,  telecomunicaciones y transporte por carretera.

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En el índice de Competitividad Global de 2018, Guatemala se situó en los puestos 83, 95, 97, y 131, respectivamente, además en el país existe una importante disparidad entre la zona rural y la urbana, la cual  es más pronunciada en acceso a caminos y saneamiento.

Otra de las áreas que requieren atención, se explica en el informe es la electricidad rural.

Sin embargo también hay otros servicios pendientes ya que el BID refiere que existe una importante deficiencia en infraestructura digital mencionando que solo 64% de la población está cubierta por redes de banda ancha móvil de alta velocidad, que se encuentran concentradas en la capital.

Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en Guatemala la proporción de personas que usan internet es solo de 41%, citan en el documento, además la penetración de los servicios de banda ancha fija y móvil es de tan solo 3% y 10% de la población, respectivamente, lo cual está “muy lejos de lo registrado en Latinoamérica y el Caribe (11% y 66% respectivamente).

De ahí se deriva una de las recomendaciones de Melo al mencionar la necesidad de modernizar la Ley de Telecomunicaciones.

Oportunidades

El BID cita una serie de oportunidades tiene el país en los 5 ejes en mención, y brinda recomendaciones para aprovecharlas:

• Hacer más precisos los requisitos de los estudios de preinversión tomando en cuenta el monto, sector, tipo de evaluación (económica o social), entre otros elementos, de tal manera que contribuyan a mejorar la calidad de la ejecución de los proyectos de inversión.
• Evaluar la posibilidad de integrar la normativa en una única Ley de Inversión Pública que regule las diferentes etapas de los proyectos.
• Definir un amplio programa de inversión pública de mediano plazo de acuerdo con los proyectos prioritarios de la administración.
• Consolidar una autoridad nacional del agua con capacidad técnica y financiera para supervisar las políticas y lineamientos del sector.
• Dar continuidad a los programas de electrificación rural, y consideran que para ellos se pueden incentivar con participación privada tanto en electrificación como en generación. Incluso el BID recomienda que pueda hacerse a través de concesiones, subastas, paneles solares, baterías y otros.

Impulsar proyectos

El BID también ve una oportunidad para impulsar proyectos por medio de inversiones con alianzas público privadas y otras formas.

• Fortalecer las capacidades de preparación de proyectos con participación privada promovidos por la Agencia Nacional de Alianzas Público Privadas (APP) y de movilidad urbana.
• Identificar nuevos proyectos de APP, estas deben surgir de ejercicio de planificación sectorial de mediano plazo con consenso político
• Aumentar la conectividad y el uso de banda ancha mediante la expansión de la red de fibra óptica para conectar sitios públicos (centros educativos, de salud, policía).
• Actualizar el marco regulador e institucional para el desarrollo de la economía digital. En este se incluye lo mencionado por Melo de revisar la Ley General de Telecomunicaciones y la reglamentación secundaria y crear otras normativas.
• Mejorar las condiciones de adopción de la tecnología por medio de apoyo a emprendimientos, capacitación en negocios digitales a pequeñas y medianas empresas, impulso a un distrito y a una política productiva digital, entre otras.
• Incorporar el enfoque de adaptación o resiliencia así como los de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) en la infraestructura que se desarrolle para reducir la vulnerabilidad al cambio climático.

Sin embargo para todo esto es necesario también impulsar el fortalecimiento de las finanzas expuso Melo, mediante lucha contra a evasión, fortalecer la Superintendencia de administración Tributaria (SAT). Además de los mecanismos para mejorar la recaudación y la calidad del gasto. Recomendaciones que también han emitido otros organismos internacionales como recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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