Los 75 mercados internacionales en donde Guatemala promocionará sus productos en búsqueda de aumentar exportaciones

La meta es continuar posicionando su oferta ya que se ha identificado que el país tiene capacidad de aumentar sus exportaciones, en corto plazo, a más de US$24 mil millones anuales.

Rosa María Bolaños

22 de abril de 2024 | 05:00h

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Agexport ha identificado potencial del país para continuar impulsando las exportaciones, según mercados y tendencias. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

En el 2023 las exportaciones de bienes cerraron en alrededor de US$14 mil 200 millones mientras que en servicios fueron US$3 mil 200 millones, llegando a US$17 mil 400 millones, indicó la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

En tanto el potencial identificado “al aprovechar las oportunidades con respecto a la demanda internacional y principales tendencias”, refiere que se puede llegar a US$24 mil 255 millones en el corto plazo compuestos por  US$19 mil 200 millones en bienes y US$5 mil 055 millones en servicios.

Según estudios y análisis realizados el Departamento de Promoción Comercial y Acceso a Mercados de Agexport, Guatemala podría aumentar sus exportaciones al aprovechar la oferta y demanda mundial, llegando a un 25% de exportación del Producto Interno Bruto (PIB), comentó Paola Álvarez, Gerente de Promoción Comercial y Acceso a Mercados de la asociación.

Este sería el porcentaje más alto que ha tenido el país en décadas y, además, estaría cerca de la meta (de 30%) para que Guatemala sea declarado un país internacionalmente exportador, agregó la ejecutiva.

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Cada año la entidad realiza el Estudio Best Markets, Products & Services (Mejores Mercados, Productos y Servicios), por medio del cual mapean las oportunidades con mayor potencial para la oferta exportable guatemalteca, con base a las oportunidades que se generan con respecto a la demanda internacional y principales tendencias.

Por ejemplo, el potencial adicional identificado por BEST es de US$3 mil 200 millones para bienes y US$1 mil 600 millones para servicios.

Incluye, 44 mercados identificados, 8 para productos y 11 para servicios, así como  25 para ambos.

Además de 13 productos disruptivos, 10 servicios disruptivos, y 6 tendencias de consumo, se explicó.

El plan para lograrlo es promocionar al país en 75 mercados, con diferentes actividades. Entre estos: Estados Unidos, Centro y Sur de México, Canadá, Centroamérica, República Dominicana, Jamaica, Las Granadinas, Cuba, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Taiwán, Japón, Corea del Sur, India, Tailandia, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Turquía, España, Francia, Alemania y Países Bajos.

Lo cual se hará a través de más de 200 iniciativas que agrupan ferias nacionales con participantes internacionales, Pabellones País en eventos fuera de Guatemala, misiones comerciales en países estratégicos, misiones inversas y giras de compradores internacionales, congresos y encuentros sectoriales para el posicionamiento de Guatemala como proveedor global.

Además de estudios e investigaciones con exploración de mercados de nicho, herramientas con acceso a información de valor de mercados estratégicos, fidelización de compradores internacionales, nuevos compradores, así como giras estratégicas, mencionó Álvarez.

El artículo 20 de la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 establecer que, con carácter extraordinario y únicamente durante el plazo de tres años, la Senabed puede entregar por tres años un inmueble para uso temporal gratuito a la cartera de Salud y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para atender la crisis sanitaria generada por el covid-19. 

Aunque la Secretaría cuenta con varios inmuebles y terrenos que están en proceso de extinción, la gran mayoría no tiene las condiciones y características requeridas por la cartera de Salud, que son contar con una superficie mayor a 900 metros cuadrados para ampliación de áreas y preferiblemente que sean propiedades construidas como bodegas, hangares, hoteles, canchas deportivas, áreas ventiladas o libres, explica Jorge Mario Andrino, secretario de la institución. 

Añade que tienen identificados al menos 12 terrenos o parcelas en donde Salud podría instalar alguna sede sanitaria, porque hasta ahora solo cuentan con un hotel que está en Huehuetenango y el cual consideran que podría ser utilizado en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. 

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“El que más visualizo para ofrecerles de inmediato es un autohotel bastante grande, según las fotos que me enviaron, que se encuentra en Huehuetenango. Puede ser utilizado como un hospital temporal, porque tiene ciertas capacidades”, afirmó Andrino. 

Inmuebles enlistados

Si la solicitud del uso de los inmuebles es urgente, Salud solo podría contar, de inmediato, con el hotel. Sin embargo, Andrino aclara que hay 12 terrenos o parcelas enlistados más, que no tienen las dimensiones solicitadas por la cartera, porque no podrían instalar un hospital, pero si un centro de vacunación. 

“Quiero hablar con el ministerio –de Salud—al respecto, porque al darnos esas dimensiones nos deja con muchas limitaciones. No tenemos terrenos tan grandes. Las fincas que pudiéramos darles, en su gran mayoría están invadidas y están en proceso judicial porque se han presentado denuncias por la invasión. Sacar a unas personas para meter ahí al ministerio, no sé que tanto podría ser viable, pero también estarían a disposición”, explicó Andrino. 

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Añade que también tienen enlistados siete inmuebles, entre los cuales resaltan el autohotel y casas, los cuales podrían ser posibilidades para que los utilicen como sedes sanitarias, pero todo dependerá si se acoplan a sus necesidades. 

Explica también que estos bienes no se les puede hacer ninguna inversión pública o construcción, debido a que muchos no están extintos a favor del Estado, por lo que deben hacer acondicionamientos temporales o prefabricados. Además, señala que el MSPAS al momento de elegir algún bien para utilizar en el contexto de la pandemia, deberá comprar una fianza de aseguramiento, en caso de devolverla a la persona que aparece como dueño en el proceso de extinción. 

Derecho a la salud

En el contexto de la pandemia en el país, la Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19 también establece en su artículo 20 que las instituciones públicas deben privilegiar el derecho a la salud, por lo tanto, deben poner a disposición de las autoridades sanitarias las instalaciones en todo el país para adecuarlas a la prestación de servicios de salud. 

Prensa Libre consultó al departamento de comunicación de la cartera de Salud, pero indicaron que aún no con información precisa si han solicitado o no el apoyo a otras instituciones para solicitar sedes en donde puedan ampliar su cobertura de servicios sanitarios. 

El hotel de Baldizón 

En mayo del año pasado, el presidente Alejandro Giammattei pidió a la fiscal general, Consuelo Porras, utilizar el hotel vinculado al excandidato presidencial, Manuel Baldizón para utilizar como albergue de pacientes leves de covid-19. Sin embargo, la propiedad no fue utilizada. 

Después que fue anunciado convertir esa propiedad en un albergue temporal, los representantes legales presentaron acciones legales contra la Senabed, las cuales fueron declaradas sin lugar. Sin embargo, insistieron y presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el MP, el cual también fue rechazado. El objetivo era detener el convenio para conceder la propiedad en albergue. 

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Juan Luis Pantaleón, jefe de la oficina de prensa del ente investigador, explicó que al inicio se tenía previsto ceder el inmueble para que funcionara como albergue para pacientes de covid-19 por seis meses, pero el Ejecutivo ya no solicitó el convenio que tenían previsto.

Esta es una de las más de 35 propiedades que el Ministerio Público vincula con Baldizón, ya que, en 2018 fue inmovilizado el edificio Vista Panorámica de 15 pisos, el cual es utilizado por el ente investigador como sede de la Fiscalía de delitos de narcoactividad. 

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Los Q40.6 millones que se extinguieron provienen de US$4 millones 842 mil 698 -unos Q37 millones 288 mil 779- y otros Q2 millones 371 mil 66 confiscados. Además, de U$440 mil 345 -unos Q173 mil 90-, $349 mil 650 pesos colombianos -unos Q824- y €11 mil 910 -unos Q105 mil 28-.

El MP logró inmovilizar este año tres cuentas bancarias que suman Q8 millones320 mil 240 y 61 inmuebles en los que hay fincas, edificios, casas, apartamentos y estacionamientos.

Narcotráfico

La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), recibió el 9 de marzo pasado 32 fincas que fueron inmovilizadas. Esas propiedades estaban registradas en un edificio, en la Diagonal 6, zona 10, valuado en Q60 millones y vinculado al caso de narcotráfico de Marllory Chacón Rosell, conocida como la Reina del Sur.

Al presunto narcotraficante -extraditado a EE. UU.- Wilson Wilfredo Luarcas García, alias el Primazo, le inmovilizaron 11 cuentas bancarias por un monto de Q1millón 842 mil 748. También, un apartamento en la zona 13 capitalina; dos viviendas en zona 14 y otra en la zona 10.

A Roderico Monroy -hijo del narcotraficante Marlon Monroy alias el Fantasma-, le extinguieron US$351 mil 585, Q69 mil quetzales y $15 mil pesos colombianos.

El 27 de febrero pasado se extinguieron Q2 millones 196 mil 50 encontrados en una caleta que se construyó en una pared de una vivienda de Manfredo Cordón alias el Morado y su esposa Dayanira Rodríguez, asimismo cinco vehículos que fueron entregados a la Senabed.

La Senabed recibió dos fincas extinguidas el 24 de mayo pasado, ubicadas en San Marcos. Le fueron retiradas a Juan López Ortiz alias Chamalé, quien fue extraditado a EE. UU.

El 12 de diciembre pasado pasaron al Estado US$657 mil 880 -unos Q5 millones-  y que le fueron decomisados a Rudy Brooks, vinculado al narcotráfico.

Políticos

El 1 de junio pasado se entregó a la Senabed 10 bienes inmuebles; que consistieron en un apartamento y ocho espacios de parqueos ubicados en el kilómetro 9.2 carretera a El Salvador, zona 4 de Santa Catarina Pïnula. Además, otro inmueble en el kilómetro 22.7, en el municipio de Fraijanes, los bienes relacionados al caso TCQ tienen un valor estimado de Q570 mil 245.

Al político Manuel Antonio Baldizón, el 15 de febrero se le decretaron medidas cautelares de inmovilización sobre 39 bienes inmuebles, 17 vehículos, una colección de plumas y 19 piezas prehispánicas, localizadas en una bóveda oculta. Estos bienes estarían vinculados a la estructura criminal que recibió sobornos millonarios en el caso Odebrecht.

El 27 de noviembre se extinguió cuatro bienes inmuebles que conforman un chalet en Escuintla, y la propiedad está relacionada con Byron Lima Oliva.

El 16 de octubre pasado la Senabed recibió ocho fincas vinculadas al empresario de transporte urbano, Luis Alfonso Gómez González. Fue uno de los hombres fuertes detrás de la campaña del excandidato Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos, y uno de los actores claves en el caso Transurbano.

Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina

En abril de 2018 -por un valor estimado de Q7 millones- se extinguieron dos bienes inmuebles en Santa Rosa, relacionados al expresidente Otto Pérez Molina. También se comenzó la acción de extinción de dominio sobre una cuenta bancaria con saldo de Q1 millón 402 mil, así como Q62 mil 163; cuatro bienes posesorios y seis bienes inmuebles ubicados en Chimaltenango.

El 12 de junio se extinguió Q400 mil de una cuenta bancaria relacionada con Pérez Molina y Baldetti, que fue utilizada para recibir donaciones para la campaña electoral del extinto Partido Patriota y que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y se usó para recibir comisiones de contratos.

El 16 de mayo pasado se inmovilizó una finca en Chimaltenango, relacionada a Baldetti. Además, pasó a favor del Estado una motocicleta de su propiedad; de igual forma 34 máquinas de equipo estético.

El 14 de agosto pasado el MP consiguió su primera sentencia con lugar sobre un bien en el extranjero, en este caso en Honduras -relacionado también a Baldetti-. La investigación estableció que Baldetti abonó para la compra de un lote en Roatán, Honduras, un monto de US$229 mil – unos Q1.7 millones-.

El 29 de agosto pasado se trasladaron al Estado tres fincas ubicadas en carretera a El Salvador, en Santa Catarina Pinula, esas propiedades están valoradas en Q13 millones 500 mil 382 y están vinculadas a Baldetti.
 
El 15 de octubre pasado se emitió sentencia de extinción de dominio de una asta, una bandera y un sistema motorizado donado por Roxana Baldetti a la iglesia Casa de Dios. 

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Soy originario de San Carlos Sija, Quetzaltenango, formado académicamente en la Ciudad de Guatemala en el Centro Escolar El Roble (1971-1982), y con estudios universitarios en los Estados Unidos de América, habiéndome graduado en Economía en 1986 y de Máster en Administración de Empresas en 1987. Llevo 30 años en la actividad laboral privada con responsabilidades a través de los años en empresa multinacional —al inicio— y luego en empresas regionales, en el extranjero y en Guatemala. Tengo experiencia en giros de negocio que abarcan industria, comercio, servicios, pecuaria, agricultura y agroindustria.

He tenido la grata oportunidad de servir al sector empresarial a nivel de asociaciones, gremiales y cámaras empresariales, incluyendo cinco años de servicio en el Directorio del Cacif.

Después de pensar algunos días sobre qué temas escribir, tomé la decisión de llamar a mi columna Desarrollo de País. Mi interés particular es trasladar al lector, basado en mi experiencia personal y profesional, cómo podemos desarrollar Guatemala. Trataré de llevar un hilo conductor, columna tras columna, para mejor propuesta y entendimiento.

Guatemala es sin duda alguna un país precioso. Lo conozco casi todo. Tiene cultura, tiene climas variados, tiene lugares aptos para el turismo, tiene suelos apropiados para la agricultura, tiene ubicación geográfica óptima para exportar productos, y sobre todo tiene gente trabajadora, gentil y hábil. Eso da un marco para que todos juntos podamos desarrollar el país.

Es necesario que se dé el desarrollo de país en un marco de ley y orden —como en muchos países del primer mundo—, donde existan instituciones públicas que hagan su función con eficiencia y donde los ciudadanos vigilemos el actuar de la autoridad pública. Es una realidad que en Guatemala la producción de bienes y servicios de manera privada rebasa el 90% del producto interno bruto, donde la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas. Eso quiere decir que el guatemalteco es emprendedor, responsable, productivo y que tiene ganas de superarse.

En mi opinión hay temas básicos necesarios para que podamos desarrollar el país de una mejor manera. El respeto, la familia, la educación, la nutrición, la salud, la infraestructura, la seguridad, las reglas claras, la tecnología, la innovación, el financiamiento, el clima de inversión, la organización de la empresa, la ética, los principios y los valores, los impuestos, son temas que desarrollaré uno por uno y trataré de subrayar la importancia de cada uno, y así poder visualizar las oportunidades que se puedan ir dando para poder crecer sostenidamente en lo económico y tener mejoras importantes en lo social.

Analicemos cómo se da a cada momento el intercambio de bienes y servicios. Los que tenemos la oportunidad de tener carro pasamos a la gasolinera y ponemos combustible, pagamos por el producto, llegamos a nuestro trabajo, interactuamos con proveedores o con clientes, vamos al banco, depositamos o retiramos, pasamos a un local comercial y compramos algo, y así, todos los días. En todos esos procesos somos ciudadanos, en la inmensa mayoría gente correcta, que hacemos mover la economía del país.

Cuando converso con familia, con amigos, con colegas, con colaboradores, con autoridades, con servidores públicos, etc. constato que Guatemala tiene grandes oportunidades desde el lado del capital humano. Lo que necesitamos es ser creativos en cómo crear más oportunidades y tener el adecuado diálogo con los diferentes actores de la sociedad para que todos vayamos por el camino del bien y hacia la prosperidad.

josesmolinam@gmail.com

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Investigadores informaron que la sindicada adquirió el vehículo por Q228 mil 885, mediante 12 depósitos hechos en seis días en diferentes bancos.

Además, los pagos para la compra de la camioneta agrícola, que también era blindada, fueron hechos en montos de entre Q8 mil y Q30 mil, durante una semana.

La Fiscalía corroboró la sospecha sobre la ahora detenida, luego de que se determinó que los depósitos se hicieron en cuatro bancos distintos, por lo que el vehículo fue consignado y Madrid Cerritos fue puesta a disposición de un juzgado local.

Vecinos y compañeros de la exsecretaria dijeron que se rumoreaba sobre la vida de lujos que iban en ascenso en poco tiempo para la detenida. 

La compra de la camioneta agrícola levantó más las sospechas de que algo no estaba acorde con el  trabajo que ella desempeñaba.

Viajes, joyas, vestuarios e inmuebles eran evidentes en redes sociales, donde compartía la que hasta ahora era la asistente más cercana del juez de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios.

Una residencia de lujo que fue construida en poco tiempo fue el lugar donde autoridades efectuaron el allanamiento, en el cual localizaron teléfonos celulares de distintas marcas, así como armas y municiones de diferente calibre.

La exsecretaria es sindicada de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Investigadores aducen  que las propiedades están  vinculadas  con Luis Alfonso Gómez González, exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) y, en su momento, miembro de la empresa Siga, a cargo de coordinar el Transurbano.

En reserva

Se confirmó que las medidas surgieron a raíz de varias denuncias penales, sobre irregularidades, contra el Transurbano, las cuales se mantienen en reserva, para evitar  fuga de información.  

Este lunes por la mañana, el MP, a través de un comunicado, informó que el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó el 9 de diciembre último la inmovilización de  los 21 inmuebles vinculados con  Gómez González, para evitar que sean trasladados a otras personas mientras concluyen las pesquisas.

• Siete se encuentran en Guanagazapa y la cabecera de Escuintla
• Ocho Dolores y La Libertad, en Petén
• Seis en la zona 15 de la capital: un apartamento, cuatro parqueos y una bodega

Precaución

“La medida decretada por dicho juzgado  ordena al Registro de la Propiedad inmovilizar los bienes, para que no se cambien a otras personas; es solo precautoria” la medida, aseguró Sara Sandoval, fiscal  de Extinción de Dominio.

Informó que por ahora  no se ha solicitado ningún  allanamiento para secuestro de evidencias o documentos en las  propiedades, aunque no descartó esas acciones.

La fiscal explicó que el embargo surgió de varias denuncias presentadas por irregularidades en el subsidio otorgado al Transurbano, empresa que presta el servicio de transporte  prepago en varias zonas de la capital y en algunos municipios de Guatemala —Santa Catarina Pinula y, recientemente, en Chinautla—. No confirmó quién presentó las querellas ni en qué cantidad.

En declaraciones  anteriores, el MP informó que recibió ocho denuncias, entre estas varias de la Cotraloría General de Cuentas (CGC). También dijo que no había mayores avances porque buscaban la unificación de los expedientes.

Hallazgos

En un rastreo efectuado por Prensa Libre en el Portal de Guatecompras  encontró que la empresa Tecnología y Proyectos de Guatemala  está registrada con el NIT 56112203 y se detalla que se ubica en la 36 avenida 1-39, colonia Toledo, zona 7.

El portal registra también que la entidad fue inscrita de manera provisional en el Registro Mercantil, el 3 de diciembre del 2007, y en forma definitiva,  el 25 de enero del 2008.

Además revela que fue inscrita en la SAT el 3 de diciembre del 2007.

Registra como representante legal a Reina María Gómez González. Como ambos  apellidos coinciden con los del exvicepresidente de la AEAU, se presume que la empresa podría estar a nombre de algún familiar.

Una de las primeras denuncias contra el empresario Gómez y el  Transurbano fue presentada  el  28 de mayo del 2012,  por el delito de extorsión.

En esa ocasión,  unos 70 transportistas se quejaron de un cobro que consideraban ilegal.

“Estos acusan a la junta directiva de la AEAU de extorsión, al señalar que les descontaban en efectivo Q1 mil 566 de los Q7 mil 193 que recibían por cada bus en concepto de subsidio al transporte público que otorga el Estado. Este dinero, aseguran los transportistas, se utiliza con fines políticos y carece de fiscalización por alguna entidad”, detalló un informe presentado por Acción Ciudadana.

Presuntos vínculos con Baldizón

Desde que se postuló como candidato a la Presidencia, Manuel Baldizón ha sido señalado de tener vínculos en las irregularidades en el Transurbano.

Édgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos,  recordó que el subsidio se entrega desde 1970, pero fue en 2001 que se empezó a evidenciar un incremento desmesurado.

Este efecto se consolidó en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, cuando Manuel Baldizón  dirigió la Comisión de Finanzas del Congreso.

Datos del presupuesto del 2008 muestran cómo Baldizón, a través de modificaciones al proyecto de gastos del Ejecutivo, incrementó  Q151 millones al subsidio para la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, para un total de Q226 millones.

Lo mismo sucedió al año siguiente, cuando el excandidato de Libertad Democrática Renovada otorgó un nuevo aporte extraordinario de Q41 millones para la AEAU, para un total de Q251 millones.

Según Guerra, con la UNE la Asociación llegó a recibir Q420 millones al año, cantidad que se mantuvo durante  la gestión del Partido Patriota.

La Fiscalía de Extinción de Dominio solicitó en junio al Congreso información del período en que Baldizón dirigió la Comisión de Finanzas, en 2007 y 2008.

Crisis afecta a usuarios

Han pasado unos seis años desde que se dijo que el servicio del Transurbano sería  la solución al calvario que afrontaban los usuarios del transporte público. Sin embargo, la situación no ha cambiado para unas 350 mil personas.

Al principio, la promesa fue que circularían tres mil 150 unidades para sustituir a los dos mil 927 buses rojos registrados.

Para comprobar el precario servicio, Prensa Libre publicó la nota Transurbano: 270 buses atienden a 350 mil, y evidenció varias inconformidades.

Entre las demandas más comunes, la población denunció  cobro irregular en el pasaje, escasez de buses, hacinamiento en las unidades, falta de respeto de algunos pilotos y falta de beneficios para personas de la tercera edad.

“No tienen una tarifa estable. Dijeron que era un quetzal y centavos, pero cuando uno pone la tarjeta allí le descuentan los dos quetzales”, denunció el usuario José Córdova.

“A veces no hay Transurbano y uno tiene emergencias, y necesita irse más rápido; eso es perjudicial”, señaló Édgar Choc.

Guerra afirmó  que han comprobado irregularidades en el cobro del pasaje  y que se ha hecho del conocimiento de la Superintendencia del Transporte Público y de las autoridades de la empresa Siga, que argumentó fallas en el sistema de cobros.

Luis Gómez

Empezó a estudiar Ingeniería Mecánica  en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Fue nombrado  vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos.

El empresario de transporte  fue beneficiado en 2009 con una de las 4licencias para operar el sistema Transurbano.

El MP detalla que bajo medidas cautelares se encuentran fondos por Q51 millones 607 mil 65 con 58 centavos. En dólares están, bajo similar condición, US$2 millones 787 mil 757 con 64 centavos, equivalentes aproximadamente a Q20 millones 958 mil 130, a un tipo cambio de Q7.51792 por dólar, vigente ayer, monto que, sumado, da los Q72.56 millones, sujeto a variaciones leves según fluctuaciones.

La Fiscalía considera, sin embargo, que aún hace falta dinero, pues según la acusación, los sindicados “depositaron poco en cuentas”, en otros casos adquirieron bienes o abrieron cuentas a través de terceros o empresas sin aparente relación, lo que dificulta rastrearlos.

Propiedades

Sesenta y siete bienes tienen medidas cautelares o han sido extinguidos. La mayoría pertenece al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, y otros, al ex secretario privado de la Vicepresidencia Juan Carlos Monzón, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

En las próximas semanas se prevé que pase a extinción de dominio la finca Boca Ancha, ubicada en Lívingston, Izabal, así como dos helicópteros, todos vinculados con Pérez Molina.

Rápidas fortunas

Las principales razones para que la Fiscalía solicite el embargo de bienes es la imposibilidad de los sindicados de demostrar el origen lícito de estos.

Por esa causa el Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la inmovilización de Q3 millones 328 mil 223.05 y US$460 mil 72.17 en cuentas a nombre de Rosa Leal y Lisette Pérez Leal, esposa e hija del exmandatario Otto Pérez Molina, respectivamente, por su presunto origen ilícito.

También figura el reciente embargo de cuentas de la empresa Los Guacalitos, que sumó más de Q23 millones bajo pesquisa.

Los Guacalitos es la supuesta propietaria de los terrenos donde fue construida la casa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en Los Eucaliptos, Santa Catarina Pinula, inmueble que pasó al Estado el 9 de septiembre último.

En Antigua

Hace dos semanas, Juan Carlos Monzón, sindicado y colaborador del MP, entregó la documentación a la Fiscalía Especial contra la Impunidad de dos viviendas ubicadas en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, cada una valorada en US$1.5 millones, informó el abogado defensor del exfuncionario, Alexis Calderón.

Esas propiedades fueron adquiridas por medio de una offshore —entidad fuera de plaza— y un médico que es investigado porque habría servido como testaferro..

Se suman un chalé en El Pumpo, Monterrico, Taxisco, Santa Rosa, con lo que se elevaría a 70 el número de bienes extinguidos en estos casos.

La finca La Montagna, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango — en proceso de ser valuada—, y el hotel boutique Mansión de La Luz, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, pendiente de ser intervenido por la Fiscalía, se consideran propiedad de Baldetti.

Bajo medidas tutelares se encuentran un apartamento, tres parqueos, tres bodegas de un edificio de apartamentos en la zona 10, cuatro cuentas bancarias y cuatro terrenos relacionados con la ex vicemandataria.

Recientemente fue extinguida una de las dos casas de descanso de Pérez Molina en Taxisco, así como la finca Zaragoza, en Chimaltenango, dos lanchas y un helicóptero.

Por la tarde, el juzgado ordenó el secuestro de una camioneta Land Rover, valorada en Q1 millón, relacionada con Mario Ruano San José.

Los 10 bienes inmuebles embargados están registrados a nombre de la entidad Eduardos Platinum Sociedad Anónima, relacionada con William Schank, quien está  pendiente de aprehensión.

Además una cuenta bancaria por US$125 mil 914, cantidad que habría sido pagada como anticipo por la reserva de apartamentos habitacionales, según datos del ente investigador. 
 
Según el MP, Ruano habría presionado en un juzgado de Escuintla, a petición del magistrado Charchal para que denegará el amparo que planteó el alcalde del municipio de Puerto San José, José Alberto Rizzo Morán, quien exigía que TCQ pagara una licencia para operar por Q24 millones.

Caso TCQ: Unidad de Extinción de Dominio secuestra vehículo y embarga 10 bienes i … – https://t.co/ZfhYssVqvE pic.twitter.com/1X8tIbDLjs

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 10, 2016

Entonces, no está de más hacerse las siguientes las preguntas: ¿Fue buena la inversión que hice en este inmueble?, ¿será que al venderlo obtendré un buen rendimiento?, o también, ¿será bueno comprar hoy una casa o terreno?, ¿será mejor vender ahora o después?

Estas preguntas son normales y obedecen a que nuestra inversión en bienes inmuebles es precisamente eso, una inversión. Desde luego hay otro tipo de compras, que responden al lujo o al capricho, como una obra de arte o una joya, que probablemente no la vendamos nunca.

Este tipo de compra deberá tomarse como un gasto y no como inversión, ya que difícilmente encontraremos otra persona que tenga similares gustos y que esté dispuesto a pagar lo mismo o un poco más.

Entonces para poder evaluar si la inversión que queremos hacer es buena, debemos compararla con otra alternativa.

Podemos analizar qué opciones tenemos en el mercado. Buscarle similitudes en cuanto a riesgos, tiempos, condiciones, etcétera, luego evaluarlas en sus diferentes magnitudes. Una de ellas y la que más nos atraerá será el rendimiento que dicha inversión tenga.

Pero, ¿cómo se mide? La mejor manera será a través de una tasa de rendimiento, expresada en porcentaje (tanto por ciento), tal como lo vemos en los bancos del sistema y que conocemos como “interés”. Esta tasa de rendimiento se divide en activa y pasiva.

Activa es la tasa de interés que le pagamos al banco por algún préstamo que le hagamos, y en la actualidad oscila entre 8% y 18%.

La tasa de interés pasiva es la que nos pagará este banco, cuando hacemos ahorros, ya sea a la vista o a plazos fijos, 3, 5, 10 o más años. En ahorros a la vista la tasa parte del 2% o más.

Sin embargo, a plazos mayores podemos tener acceso a tasas del 6%, 8% o mejores, dependiendo de las condiciones contractuales. Una cosa es cierta: a mayor tasa de rendimiento pasiva, mayores serán las condiciones a que nos sujetarán la inversión y mayor será el riesgo.

Debemos tomar en cuenta algo importante: la inflación.

Esta será la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda que afectará las inversiones, significa que estaremos perdiendo año con año la capacidad de compra. Y al final de un período queremos tener más dinero, no menos.

En el análisis para la mejor decisión de una inversión se deben tomar en cuenta: 1º Las condiciones y montos, 2º el riesgo, 3º el rendimiento, 4º la inflación, y 5º el plazo o tiempo en que deseamos el retorno esa inversión.

Veamos tres tipos de inversiones inmobiliarias: 1) Terrenos que se han comprado que no se les ha construido nada, además no se han dado en alquiler, o sea, ni se gastó en mejoras ni hubo ingresos por ellos. Simplemente han tenido el incremento de valor que ha producido el sector con el transcurrir de los años, si es que ha variado. 2) Terreno que se compró hace años, se le construyó una vivienda, o una bodega o un local comercial, cualquier mejora, y que ha producido una renta mensual, así como gastos de inversión y mantenimiento. 3) Terreno con vivienda que se compró para vivir con la familia y obviamente sin pagar renta.

Estos son algunas posibilidades de inversión. En el primer caso, tenemos el dato de compra y después de varios años, el valor probable de venta.

En el segundo caso, tenemos el dato de inversión inicial, las rentas mensuales y el valor probable de venta, y el tercer caso es similar al segundo, ya que aunque no se pagó renta, se puede estimar cuál hubiera sido esta para una vivienda similar.

Con estos datos podemos obtener la rentabilidad, o sea, una tasa equivalente.

En el caso de terrenos sin mejoras, debería estar el rendimiento, por lo menos, arriba de la inflación, o sea, arriba del 7% anual, y con los bienes que produzcan renta mensual, en el caso de que se puedan alquilar, debería estar arriba del 15% anual.

Doce líderes y colaboradores de la agrupación fueron arrestados por la Policía, entre ellos el alcalde de la ciudad de Talanga, ubicada 50 km al este de la capital, Jorge Neftaly Romero, y el exsuboficial de policía Ernesto García.

En el curso de las investigaciones “detectamos que la MS-13 no estaba siendo abordada y se adoptó una estrategia diferente, atacando sus recursos económicos” , explicó el fiscal Oscar Chinchilla.

Los esfuerzos, agregó, estaban más concentrados en capturar a los jóvenes de la Pandilla 18  (rival de la MS-13) que se mueven por los barrios y terminales del transporte público de las principales ciudades cobrando extorsiones.

Avalancha de incautaciones

La operación iniciada el 23 de febrero y sin plazo de conclusión ha permitido en sus primeras semanas de operación la incautación de US$9 millones entre propiedades, vehículos y cuentas bancarias, según la Policía.

“Por fin el gobierno encontró una fórmula para el control del delito y desmontar las estructuras de las maras y pandillas”, dijo la criminóloga Arabeska Sánchez.

“Por primera vez se sabe dónde está el dinero de las extorsiones y parece un operativo exitoso” , apuntó la especialista.

El dirigente del transporte Jorge Lanza consideró que “cualquier medida que se tome con esta triste situación, bienvenida sea, con tal de que sea sostenida” .

“Esa operación Avalancha tiene que ser permanente, no de una semana o 15 días” , afirmó el empresario quien se queja de que el apoyo de la Policía y los militares al transporte es ocasional.

El método de extorsión de la pandilla es exigir a los comerciantes, generalmente empresarios del transporte, un pago por un valor determinado o una cuota semanal, y si no lo pagan toman represalias como incendiar un bus o asesinar un empleado.

Lanza estimó que más de 80 personas murieron en el 2015 en asaltos a buses del transporte público o porque los propietarios se rehusaron a pagar el “impuesto de guerra” , unos US$45 semanales por cada bus.

Indicó que en algunos casos reciben cobros de hasta cinco agrupaciones diferentes, incluyendo la 18 y la MS-13.

El dirigente advirtió que se tiene que atacar el problema de las extorsiones de raíz, identificando a quienes finalmente les llega el dinero, y no solo a los cobradores “que son a los que han estado capturando” .

Según estadísticas de la Fuerza Nacional Antiextorsión , en el 2015 fueron detenidos 669 jóvenes mientras cobraban el “impuesto de guerra” .

En total ese año, esa unidad policial recibió 980 denuncias y dio asesoría a cuatro mil 90 personas que eran extorsionadas.

El embargo incluye la pensión que cobra como exdirector del FMI, según la misma fuente.

La decisión se enmarca en la investigación que lleva a cabo un juzgado madrileño por delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, dentro de la cual había sido detenido durante unas horas el 17 de abril mientras agentes del fisco registraban su domicilio y su despacho profesional.

Hacienda investiga a Rato por un supuesto alzamiento de bienes por si hubiera intentado ocultar patrimonio “que podría cubrir deudas o fianzas”  de otros asuntos judiciales en los que está encausado.

Sin embargo, el juez había señalado en un auto el pasado primero de julio que, en principio, por ahora sólo veía “perfilado”  el delito fiscal.

Además de esta investigación, el exdirector gerente del FMI entre 2004 y 2007 y antiguo ministro de Economía español  (1996-2004) está imputado por estafa, apropiación indebida, delitos contables, falsedad documental y administración desleal, en relación con la salida a bolsa en 2011 de Bankia, el banco que presidió entre 2010 y 2012.

La quiebra de ese banco precipitó un rescate europeo a la banca española de 41,000 millones de euros, la mitad de los cuales fueron para Bankia.

También está imputado, junto a casi un centenar de personalidades políticas y sindicales, en el marco de otro escándalo por el uso de tarjetas bancarias corporativas opacas al fisco de Bankia y utilizadas para gastos personales.

El embargo incluye la pensión que cobra como exdirector del FMI, según la misma fuente.

La decisión se enmarca en la investigación que lleva a cabo un juzgado madrileño por delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, dentro de la cual había sido detenido durante unas horas el 17 de abril mientras agentes del fisco registraban su domicilio y su despacho profesional.

Hacienda investiga a Rato por un supuesto alzamiento de bienes por si hubiera intentado ocultar patrimonio “que podría cubrir deudas o fianzas”  de otros asuntos judiciales en los que está encausado.

Sin embargo, el juez había señalado en un auto el pasado primero de julio que, en principio, por ahora sólo veía “perfilado”  el delito fiscal.

La quiebra de ese banco precipitó un rescate europeo a la banca española de 41 mil millones de euros, la mitad de los cuales fueron para Bankia.

También está imputado, junto a casi un centenar de personalidades políticas y sindicales, en el marco de otro escándalo por el uso de tarjetas bancarias corporativas opacas al fisco de Bankia y utilizadas para gastos personales.

• En video/archivo vea: “Registran al exdirector del FMI”. (Youtube/Afpes).

Las propiedades eran administras por Orlando Pinto Espino y José Pinto Aguilar, quienes están “vinculados desde hace varios años a las actividades ilícitas de los hermanos Luis Alonso y Miguel Arnulfo”, miembros de la organización los Valle.

Las autoridades hondureñas no precisaron que grado de parentesco tienen Orlando y José Pinto.

Miguel Arnulfo y Luis Alonso fueron extraditaron el 18 de diciembre del 2014 a Estados Unidos por tráfico de drogas, mientras que su hermano José Inocente Valle y su esposa Marlen Amaya fueron entregados el 23 de enero pasado por el mismo delito.

La Fiscalía hondureña señaló que Orlando y José “adquirieron bienes inmuebles y ostentan su derecho de dominio pero no se justifica legal y económicamente su procedencia, es así que se derivó a la incautación.”

Detalló que entre las propiedades decomisadas a los hermanos Valle figuran “87 bienes inmuebles, 7 vehículos, 2 sociedades mercantiles y 24 productos bancarios.”

Estados Unidos incluyó en agosto del 2014 en su lista negra de organizaciones narcotraficantes a la hondureña Los Valle y a su líder Miguel Arnulfo, por constituir una de las redes “más prolíficas de Centroamérica.”

Con el fin de “preservar la disponibilidad de los bienes, que son objeto de investigación”, la Fiscalía solicitó a un “juzgado competente la toma de posesión de los mismos por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI)”, añade el comunicado.

Las propiedades fueron incautadas durante operaciones de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, la Policía Militar y la Fuerza Naval.

Las autoridades de Honduras también entregaron en extradición entre el 2014 y febrero recién pasado a otros tres presuntos narcotraficantes hondureños: Carlos Arnaldo Lobo, quien ya fue condenado a 20 años de cárcel por una corte de Florida, EE.UU., Juving Alexander Suazo y Héctor Emilio Fernández.