El magistrado Roberto Molina Barreto entregó ayer una nota a Porras en la que le informa que reintegra el bono que le fue otorgado por Q72 mil 710.

Se intentó obtener la postura de los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera y Mauro Roderico Chacón Corado, pero no respondieron a las llamadas a sus teléfonos celulares, y en el caso de María de los Ángeles Araujo Bohr, respondió una mujer que cuando se le preguntó si era ella, expresó: “Sí, dígame”. Después de haberle hecho la pregunta sobre si devolvería el bono, dijo que no era ella y que era la abogada De León.

No será reintegrado

Cuando Prensa Libre consultó a Porras en torno a si reintegraría el bono, evitó responder. Más adelante se le preguntó: ¿Se analizará a nivel de magistratura si ustedes mantienen el bono?, y fue enfática al contestar: “No. Esa es una decisión. Es competencia mía como presidenta de la Corte, y por eso he hecho relación al bono que se dio con anterioridad —en el 2013—. Aquel bono nunca fue puesto en conocimiento del pleno, y todos lo recibieron y ninguna persona lo cuestionó”.

Agregó: “Quien debiera ser mi mayor juez es el pueblo de Guatemala, en cuanto a los resultados de la Corte que yo recibí y la que voy a entregar”.

Respecto de si fue prudente otorgar el beneficio a los empleados en este momento, indicó que desde su punto de vista era el más adecuado, por ser un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo de los empleados del máximo tribunal.

También mencionó que los datos consignados en la información de ayer no era congruentes; sin embargo, a las 17.30 horas aún se mantenían en el sitio web de la CC.

Molina Barreto entregó una carta a la presidenta de la CC, la cual fue recibida en la Presidencia a las 10.11 horas, y el remitente señala que desconoce las motivaciones para otorgar el bono de productividad y solicita copia del acuerdo.

En el documento argumenta: “Por la coyuntura nacional, he tomado la decisión de reintegrar a los fondos de esta institución el monto total —del bono— por Q72 mil 710”. Para el efecto emitió un cheque.

Porras es solidaria

La presidenta de la CC expresó su solidaridad con la población por la crisis que afronta el país. “Creo —afirmó— que la manera más efectiva para tratar de responder a estos problemas de salud, educación, carretera y de todos los problemas del país es asegurar que esta Corte es independiente”.

Molina Barreto regresó los Q72 mil 710 que le dieron de bono y dijo que durante su gestión en la presidencia no otorgó ningún bono, tampoco hizo convivio, y al entregar la administración dejó un ahorro de Q15 millones en la Corte.

Porras otorgó un bono que denominó “Bono de Productividad” a 288 colaboradores de la CC, en los que se incluyen los cinco magistrados titulares.

La magistrada explicó que el acuerdo fue emitido el mes pasado, pero no por eso se llama “Bono Revolucionario”. Añadió que se lo dieron a todos los empleados de la Corte, incluidos los altos funcionarios.

Al pedirle su postura a la presidenta de la CC, por el malestar que causó en la ciudadanía este bono, ante la crisis hospitalaria, respondió: “El problema es la mala información que da un tal indignado que, creo, tergiversa y hace ver de mala forma el esfuerzo de las personas que colaboran con la justicia de este país, y que le permitió a la Corte cumplir con su función de aplicar una justicia pronta y cumplida”, expresó.

La desinformación, agregó, es la que hace que las personas tengan una mala percepción de un reconocimiento al trabajo.

Porras evadió la pregunta sobre si devolverá el bono que recibió y afirmó que en 2013 Molina Barreto otorgó un bono, cuando ejerció la Presidencia, y no lo devolvió. Al consultar con el magistrado aludido, respondió que eso no es cierto. 

La CC erogó Q3.2 millones para entregar el bono de productividad. Porras dijo que hubo colaboradores que laboraron más allá de las 16 horaas e inluso se quedaban hasta las 22 horas, y los días sábado y domingo que llegó a verificar, había personal en sus labores, por lo cual consideró justo incentivarlos. 

Es imperdonable que quien tomó esa decisión o quienes la avalaron no se hayan percatado de las reacciones negativas que proliferarán en todos los sectores sociales. Porque está alejada de la realidad y además va en contra de la petición de austeridad hecha a las entidades estatales por el presidente Alejandro Maldonado. Los hospitales están cerrados a causa de la mala situación económica del Estado de Guatemala y la población empieza a preocuparse porque cada vez hay menos dinero como consecuencia de la inaudita corrupción generalizada que existe desde hace muchos años, pero en especial durante el gobierno anterior, descubierta en buena parte gracias a la acción de la Cicig y del Ministerio Público.

Aunque la decisión hubiera sido tomada exclusivamente por la presidenta Porras, es ineludible que el resto de magistrados tiene la obligación de rechazar esa prebenda, emitida en octubre pasado —razón por la que fue bautizada así—. Necesitan también estar claros en que el desprestigio de la cúpula de la institución será compartido por todos.

Resulta necesario indicar que las explicaciones de la magistrada Porras para justificar la medida carecen de solidez suficiente. Es cierto que la cantidad de trabajo ha sido muy alta y que el personal hizo grandes esfuerzos para poner al día los numerosos expedientes, pero por otra parte hay un bono en noviembre que se le otorga al personal desde hace 10 años. Esa remuneración también incluye a los magistrados, y por ello se deduce que en los últimos tres meses del año todos los integrantes de la CC devengarán seis sueldos, ya que en diciembre reciben el aguinaldo.

La otra acción totalmente incongruente con la realidad guatemalteca realizada por la CC consiste en pedir que la información sobre el depósito de esas cantidades debía ser solicitada por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eso demuestra que en esa institución estatal también reina un criterio legalista, sin entender que en ocasiones como esta la cobertura noticiosa necesita incluir datos de esta naturaleza, y que poner ese requisito legal solo puede ser considerado como una manera de ocultar información.

Guatemala atraviesa por una etapa en que la ciudadanía exige transparencia y el cese de abusos en el manejo de las instituciones estatales, pero sobre todo lógica e interpretación correcta de la dirección del viento. La CC será sometida a una severa crítica nacional, tan profunda como innecesaria, sobre todo porque la apariencia indica que no se encuentra ubicada en Guatemala, sino en un país imaginario donde no existe ninguno de los graves problemas de todo tipo que provocaron las manifestaciones populares de este año.

La CC tiene en su plantilla de personal 288 empleados, incluidos los cinco magistrados titulares. Y todos recibieron el bono, equivalente a un salario mensual.

En noviembre también se les entrega un bono extraordinario que reciben desde hace 10 años.

Según el sitio web del máximo tribunal, se pagan Q4 millones 118 mil 739.36 al personal permanente, dice la información de septiembre pasado.

Sin consentimiento

El acuerdo de la Presidencia de la CC fue emitido en octubre pasado y los magistrados no fueron consultados para su aprobación y autorización, porque fue de manera unilateral.

“Mucho personal está indignado porque sabe la crítica que generará porque el país no está para eso”, expresó un alto funcionario de la CC, quien mostró su molestia.

Prensa Libre intentó obtener la planilla de octubre para poder corroborar que efectivamente se hizo el depósito del dinero, pero se informó desde la Unidad de Comunicación Social que para ello se debía hacer el requerimiento por medio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.

Q3.2 millones

Porras, presidenta de la CC, confirmó vía telefónica que se hizo un desembolso aproximado de Q3.2 millones. La acción es contraria al llamado que hiciera el presidente Alejandro Maldonado sobre ahorrar recursos.

Añadió que esta no es la primera vez que se les da un bono a los trabajadores del máximo tribunal, pues en el 2013 se les otorgó uno por pérdida de capacidad de pago, porque desde el 2008 los empleados de la CC no tenían aumento salarial.

Afirmó que es un estímulo por apoyar la implementación del sistema de notificaciones electrónicas que empezará el 30 de noviembre próximo.

“Yo no seguí la lógica de otros presidentes que ante la carga de trabajo contrataban más personal para sacar el trabajo adelante, pero para mí es inadecuado porque se requiere de más equipo y es un personal que infla a la Corte en gastos permanentes”, aseguró.

Expertos rechazaron ese bono por considerarlo inconveniente en época de crisis financiera del país.

No es consecuente

Óscar Vásquez, director general de Acción Ciudadana, manifestó que la medida de Gloria Porras no es consecuente con el llamado a la austeridad que hizo el presidente Alejandro Maldonado a todos los organismos del Estado.

“Más extraño aún que haya sido una decisión unilateral de la magistrada, sin llevarlo al pleno  de la CC, lo cual le hubiera dado legitimidad. También llama la atención que sea un bono por un salario en tiempos de escasez de recursos”, expresó.

Para Carlos Aníbal Martínez, experto independiente, calificó    la medida de una “burla” a la crisis que afronta el país.
“Ética y financieramente no es el mejor momento para tomar ese tipo de decisiones, porque las finanzas públicas están totalmente en crisis. Esto es  como una especie de burla”,  dijo Martínez. 

Citó como ejemplo la escasez de medicamentos en los hospitales, que afecta a los más pobres. “Ellos viven con menos de un dólar diario”, indicó.