La exjueza Marta Josefina Sierra González de Stalling falleció, según informó este miércoles 1 de junio el Organismo Judicial.

En una publicación en redes sociales, el organismo del Estado indicó que, la presidenta y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, “lamentan el sensible fallecimiento de la jueza, quien laboraba en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala”.

Sierra de Stalling fue separada del cargo luego de una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelada en 2015, en la que se le señalaron vínculos en el caso Bufete de la Impunidad.

El Ministerio Público la señaló de prevaricato y cohecho pasivo por supuestamente haber recibido un beneficio económico de jefes de la red de defraudación aduanera del caso La Línea, a quienes habría dejado en libertad cuando conoció el caso.

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En el caso Bufete de la Impunidad también fue ligado a proceso el hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra.

#PresidenteOJ Silvia Patricia Valdés Quezada y Magistrados de la #CSJ lamentan el sensible fallecimiento de la Jueza Marta Josefina Sierra Gonzales de Satalling, quien laboraba en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. pic.twitter.com/SGWbySZUYr

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) June 1, 2022

El legislador Alejos asegura que interpuso el recurso para detener el antejuicio en su contra por “su derecho a legítima defensa”, y se limitó a decir que no litigará en los medios de comunicación, negándose a dar más comentarios sobre el tema.

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Los argumentos del recurso son por supuestos errores en el planteamiento de la solicitud, errores formales y también discute cuestiones de fondo, detalló Sandoval.

“No corresponde ni siquiera correr audiencia con respecto de ello, ya que una ley específica regula lo relativo al trámite de la secuencia, sin embargo, le está dando trámite -Moto- a un remedio procesal del proceso penal”, explicó Sandoval.

A criterio de la Feci, el juez Mynor Moto debió inhibirse de conocer el recurso planteado por Alejos porque debía trasladarlo a la Corte Suprema de Justicia.

“Nos llama mucho la atención de que el juzgador le haya dado trámite a la actividad procesal defectuosa pues lo que procedía es que él se inhibiera de conocer, porque el artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicios regula que el juez debe inhibir de conocer y elevar el expediente a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Sandoval.

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El artículo 16 de la Ley en materia de Antejuicio Establece que:

• Cuando un juez competente tenga conocimiento de una denuncia o querella presentada contra un dignatario o funcionario que goce del derecho de antejuicio, según lo estipulado por la ley, se inhibirá de continuar instruyendo y en un plazo no mayor de tres días hábiles, elevará el expediente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para que ésta, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, lo traslade al órgano que deba conocer el mismo, salvo que ella misma le corresponda conocer. El juez no podrá emitir en la nota de remesa juicios de valor, ni tipificar el delito.

Consultado por Prensa Libre, Moto se limitó a decir que, no es que no se haya inhibido para conocer el caso, como plantea el MP, sino que la otra parte presentó el recurso y ahora le corresponde revisar y de confirmarse la actividad procesal defectuosa, devolverá el expediente al MP para que lo corrija, de lo contrario lo mandará a la Cámara de Amparos.

Agregó que el expediente no lo ve de fondo, sino de forma, de donde viene el planteamiento de Alejos.

En caso contrario, el expediente del juez Adrián Rodríguez, sindicado en el mismo caso, ya se elevó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia, se elevó rápido porque el juzgador no presentó ninguna acción, aseguró Moto.

Señalamientos a juez

En agosto del año pasado, Moto fue acusado de beneficiar a nueve de los sindicados en el caso Bufete de la Impunidad, entre ellos la juez Martha Sierra de Stalling y su hijo Roberto Stalling Sierra, quienes eran sospechosos de haber pedido beneficios a los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera La Línea.

En esa ocasión Moto justificó la decisión al considerar que no existían indicios que relacionen los cargos que el Ministerio Público (MP) hacía en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Marta Sierra de Stalling.

Además, se mandó al MP profundizar en las investigaciones por cargos de cohecho pasivo, cohecho activo (recibir y dar soborno, respectivamente), y tráfico de influencia.

El 28 de noviembre de ese mismo año, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), presentaron una solicitud de antejuicio en contra de Moto por los delitos de prevaricato y retardo de la justicia.

En esa ocasión Sandoval dijo que la acción correspondía a lo actuado por el juzgador en el caso Bufete de la Impunidad.

El 8 de diciembre del año pasado la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio y trasladaron el caso al Consejo de la Carrera Judicial para que realizase una investigación administrativa.

En el caso Chinautla, el juez también causó polémica cuando benefició al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano, quitándole cinco delitos, le otorgó una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.

Supervisión lo beneficia

El jueves de la semana pasada, la Supervisión de Tribunales entregó el informe al Consejo de la Carrera Judicial sobre los resultados de la evaluación al juez Moto y aseguró que no le encontraron faltas administrativas.

“No hay anomalías en la tramitación del expediente (Bufete de la Impunidad). La suspensión de las audiencias es ajena debido a constantes inasistencias y excusas”, decía el informe. 

Ahora le corresponderá al nuevo Consejo determinar qué pasará con Moto y las acusaciones que le hace el MP y la Cicig.

Los magistrados trasladaron el caso al Consejo de la Carrera Judicial para que haga una investigación administrativa al respecto.

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Según la Fiscalía, Moto ha tenido “un interés en beneficio de los sindicados”.

La resolución controversial de este caso fue cuando Moto resolvió no enviar a juicio a nueve implicados, entre ellos la exjueza Martha Sierra de Stalling.

Moto basó su decisión entonces en que no existían indicios que relacionaran los cargos que el Ministerio Público (MP) hace en contra de los procesados con los hechos que fueron descritos en la acusación que se planteó, por lo cual consideró que no era posible que los sindicados afrontaran un debate ante un tribunal de sentencia.

Moto ordenó al órgano investigador que se archivaran los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.

Al servicio de corruptos

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes acusados de corrupción. 

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Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias Chepito, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial. 

Moto también estuvo en el centro de polémica, cuando en enero último quitó al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano cinco delitos y lo benefició con una medida sustitutiva y a pagar una fianza de Q75 mil.

El fallo de la sala cuarta de la corte de Apelaciones se origina de los recursos presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) y el Ministerio Público contra la resolución del juez Mynor Moto Morataya.

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La Sala consideró que en los argumentos del juez en su fallo se restringe la averiguación de la verdad de los delitos imputados a los sindicados, ya que no analizó si existen suficientes elementos de convicción para requerir la apertura a juicio.

Por lo anterior los magistrados de la Sala ordenaron al juez Moto Morataya señalar audiencia en la cual deberá evaluar la totalidad de los medios de investigación, y si estos son suficientes para resolver si los sindicados deberán enfrentar debate oral y público.

Antecedentes

En septiembre del 2015, la Corte Suprema de Justicia decidió retirar la inmunidad a la jueza Marta Sierra de Stalling para que enfrentara proceso por su presunto vínculo con el denominado Bufete de la Impunidad, que habría beneficiado a integrantes de la estructura de defraudación aduanera La Línea.

La Fiscalía y la Cicig detallaron que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad a Javier Francisco Ortiz Arriaga (Teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Estuardo González Álvarez, alias Eco, y otros cuatro supuestos integrantes dered.

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Tras permanecer en prisión, el juez undécimo de Primera Instancia Penal, José Eduardo Cojulum, dejó en libertad a la jueza De Stalling por una fianza de Q200 mil.

En junio del 2017 la jueza volvió a la cárcel luego de que un tribunal de Apelaciones anuló la medida dictada por el juez. 

El 16 de agosto del 2017, el juez Moto Morataya, dictó el sobreseimiento del caso. 

El programa de Guatevision, Sin Reservas, publicó un reportaje donde se habla acerca de la vida profesional del abogado, antiguo defensor de la jueza Marta Sierra de Stalling, a quien defendía por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato en el caso del Bufete de la impunidad.

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El abogado es diabético, hipertenso, tenía sobre peso, esto combinado con el calor de la sala pudo haber provocado que cerrara los ojos por 120 segundos.  Este incidente le cambió la vida, pues su trabajo bajo notablemente, alrededor de un 80%.

El video fue publicado en redes sociales y rápido se propagó por internet, incluso muchos tomaron fotografías de esas imágenes para elaborar memes que se hicieron virales.

Su salud también se vio afectada, a los tres meses de esa situación le dio un infarto y hace dos meses le dio otro. La vida laboral de este abogado se vio muy afectada, actualmente lleva poco casos y es asesor de la Municipalidad de Guazacapán.

El juez Mynor Moto resolvió no enviar a juicio a los nueve acusados en el caso Bufete de la Impunidad, sospechosos por supuestamente haber pedido beneficios a quienes son considerados como jefes de la estructura externa de la red La Línea, que opera afuera de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

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Cámara niega traslado

Moto ordenó al órgano investigador que se archiven los cargos por asociación ilícita en contra de los nueve procesados, entre quienes se incluye la jueza Martha Sierra de Stalling.

Además, se mandó al MP profundizar en las investigaciones por cargos de cohecho pasivo, cohecho activo (recibir y dar soborno, respectivamente), y tráfico de influencia.

Juez rechaza la acusación del caso #BufeteDeLaImpunidad. Se ordena el archivo por algunos delitos e investigar más por otros. @prensa_libre pic.twitter.com/VIx4blWq60

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 16, 2017

El juez también mandó a archivar cargos por prevaricato contra Sierra de Stalling y cohecho activo Miguel Aldana Lemus, también procesado por el caso La Línea.

El juez ordenó la inmediata libertad de los sindicados.

La Fiscalía deberá presentar su nueva acusación el 15 de noviembre próximo, la cual se discutirá el 28 de noviembre.

Juez da tres meses más al MP para que entregue una nueva acusación por el caso #BufeteDeLaImpunidad. @prensa_libre pic.twitter.com/DVYkhyxd4o

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) August 16, 2017

Suspendida

Sierra de Stalling explicó que su situación en el Organismo Judicial es de empleada en situación de suspendida.

Indicó que por el momento no puede determinar qué ocurrirá con su trabajo, pues seguirá siendo investigada por el MP.

“Respeto la resolución del juez, pero no la comparto del todo, porque no estoy conforme con que me siguan investigando cuando se ha demostrado que no hay pruebas de lo que se dice”, manifestó la jueza.

Procesados

• Martha Josefina Sierra de Stalling
• Roberto Stalling Sierra
• Jorge Luis Escobar
• José Luis Montenegro
• José Arturo Morales
• Ruth Emilza Higueros
• Luis Fernando Zapata
• Francisco Javier Ortiz Arreaga
• Miguel Lemus Aldana

Apelación

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), dijo que la resolución será apelada y dejó entrever que se podrían presentar acciones contra Moto porque su conducta parece estar parcializada.

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió el pasado 4 de julio que el caso Bufete de la impunidad no es un proceso que represente alto riesgo, por lo cual rechazó una solicitud del Ministerio Público para que fuera trasladado a un juzgado de competencia ampliada.

La Fiscalía buscaba que el caso fuera conocido en un juzgado de Mayor Riesgo por considerar que los procesados tienen la capacidad de influir en el desarrollo de la investigación, con el fin de perjudicar la averiguación de la verdad.

Además, se argumentó que el traslado podría generar no solo mayor seguridad al desarrollo del caso e investigación, sino también a las partes procesales (fiscales, querellantes, procesados y defensores).

Los abogados defensores manifestaron su rechazo a la petición del órgano investigador y señalaron que los sospechosos permanecen en prisión, lo cual evita la comunicación libre entre ellos y con personas que pudieran tener relación con la pesquisa, como testigos.

También se descalificó el tema de la seguridad, pues se indicó que esa situación solo podrían darse dentro de la sala de audiencias.

Los magistrados Felipe Baquiax, José Pineda, María Morales y Elizabeth García determinaron que no se cumplen los requisitos que la ley señala para que un caso pueda ser trasladado de un juzgado común a uno de Mayor Riesgo.

Origen

El caso Bufete de la impunidad describe la supuesta estructura formada por abogados que buscaron beneficios para los presuntos jefes de la red de defraudación aduanera La Línea, quienes después de la audiencia de primera declaración, en abril del 2015, fueron beneficiados con arresto domicilirio por el pago de fianzas de entre Q200 mil y Q250 mil.

El caso La Línea fue conocido en el principio por el Juzgado Octavo Penal, que en ese entonces estaba a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling, procesada.

La resolución fue dictada por el juez Mynor Moto, luego de que el ente investigador se abstuviera de la persecución penal por las declaraciones de Eco que facilitaron las investigaciones.

El fallo fue amparado en el artículo 25 del Código Procesal Penal que permite al Ministerio Público abstenerse de la persecución Penal.

González fue admitido para colaborar con la fiscalía en mayo de este año, proceso en el que figura la jueza Martha Sierra de Stalling, por facilitar procesos en forma paralela a la justicia.

“El Ministerio Publico y mis abogados apelaron por esta medida. Tengo un período de un año en el que no debo tener ningún contacto, relación, acercamiento con los otros sujetos procesales”, afirmó González.

• Artículo 25 del Código Procesao Penal: Criterio de Oportunidad El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro.

Negocios bajo la mesa

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling. Según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, reveló el jefe de Cicig al comienzo del proceso.

La Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones decidió revocar la medida sustitutiva a siete de los nueve implicados en el caso, supuestos integrantes de una estructura que habría beneficiado como medidas sustitutivas a sindicados en el caso La Línea.

Con el fallo cinco de los sindicados deberá regresar a prisión preventiva, dos más ya guardaban prisión procesados en el caso La Línea.

La nueva resolución obedece a una acción de amparo presentada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), luego que el Juzgado Tercero de Primera Instancia favoreciera a los cinco implicados con una fianza para recuperar su libertad.

El juez Tercero Penal, Mynor Moto, fue quien beneficio a los sindicados con la medida, el pasado 9 de junio, porque no había ninguna razón, a su juicio, para que se quedaran guardando prisión.

Los sindicados para recobrar su libertad habían pagado cauciones económicas entre Q10 mil a Q25 mil.

Vuelven a prisión

Los cinco implicados que volverán a prisión preventiva:

• José Arturo Morales
• Ruth Higueros
• Jorge Luis Escobar
• Luis Zapata Mendoza
• José Luiz Montenegro

Javier Ortíz Arriaga y Miguel Ángel Lemus Aldana fueron beneficiados con arresto domiciliario en el proceso del Bufete de la Impunidad, sin embargo no gozaron de la medida por estar ligados a La Línea.

La jueza Marta Sierra de Stalling, también sindicada en el caso, debería volver a guardar prisión preventiva, sin embargo la medida no se ha cumplido porque no se ha celebrado la audiencia para oficializar la resolución.

En su resolución, Moto explicó que no hay ninguna razón para que los procesados permanezcan en prisión, porque el Ministerio Público ya presentó la acusación y no se puede creer que influyan en las acciones del órgano investigador.

Los señalados son Luis Fernando Zapata, quien tendrá que pagar fianza de Q10 mil para acceder al beneficio.

Jorge Luis Escobar y José Luis Montenegro deberán pagar cauciones económicas de Q15 mil.

A José Arturo Morales, alias Chepito, y a Ruth Emilza Higueros se les impusieron fianzas de Q25 mil.

También se notificó a la jueza Martha Sierra que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses indicó que su salud es estable y puede permanecer en prisión preventiva, pero se resolverá su situación cuando Moto indague sobre las condiciones de la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala, zona 17.

Obligaciones

Los sindicados tienen la obligación de acudir cada viernes a la sede de la Fiscalía, en el barrio Gerona, zona 1, a estampar su huella dactilar en el aparato electrónico que se utiliza para control de asistencia.

También se les impuso arraigo. Moto les exigió a los procesados que designen a un garante y que esté pendiente de que cumplan con el arresto domiciliario.

El caso

El Bufete de la Impunitad era una red de tráfico de influencias que buscaba influir en determinados casos judiciales, para lo cual cobraban comisiones. Uno de los señalados, Luis Mendizábal, presunto cabecilla, se encuentra prófugo desde 2015.

Eco declara

El juez tercero Penal, Mynor Moto, escuchó ayer la declaración en anticipo de prueba de Salvador González, alias Eco, en el caso denominado Bufete de la impunidad, a solicitud del Ministerio Público.

El testimonio de González será escuchado en el eventual juicio que se desarrolle por el caso.

González dijo que cuando fue capturado por el caso La Línea se comunicó con Miguel Lemus y Francisco Javier Arreaga, alias Teniente Jerez, y estos le dijeron que el hijo de la jueza Martha Sierra, Roberto Stalling, se encargaría de la defensa.

Eco trabaja con la fiscalía, informó la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana el pasado miércoles, y la audiencia fue suspendida ese día por orden del juez Mynor Moto, ante la ausencia de Marta Sierra de Stalling, procesada en el caso.

Este viernes de nuevo decidió el juez Moto suspender la audiencia, luego que el abogado García Gudiel alegara que se violentó el proceso, al no notificar a las partes de la admisión de Salvador González como colaborador de la fiscalía.

Eco fue admitico como colaborador eficaz el 27 de abril, y aunque el Juzgado no está obligado a notificar a la defensa del convenio de la fiscalía, sí admitió el alegato de la García Gudiel y aplazó la diligencia.

El caso

El Bufete de la Impunidad es un proceso en contra de ocho personas que iban a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling, supuestamente por haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea, según el Ministerio Público (MP).

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, calificó la estructura como “proveedora de impunidad”, y era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

Eco trabaja con la fiscalía, informó la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, y este miércoles estaba programada la audiencia donde ofrecería su testimonio anticipado ante el Juzgado Tercero Penal; sin embargo el juez Mynor Moto reprogramó la diligencia para el próximo viernes.

De ser admitido como colaborador eficaz del MP, González Álvarez sumaría un segundo proceso donde colabora con la fiscalía; el primero es el caso La Línea.

El caso

El Bufete de la Impunidad, como lo calificó el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), era una estructura que iba a facilitar medidas sustitutivas a tres líderes del caso La Línea.

Prevaricato y Cohecho Pasivo, son los delitos formales contra la jueza Marta Sierra de Stalling, por según los argumentos del MP y la Cicig, por supuestamente haber negociado con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Según Iván Velásquez, jefe de la Cicig, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufete de abogados dirigido por Chepito.

Entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz realizan retiros de efectivo, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.

Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.

“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodriguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de Cicig.

La defensa de Sierra presentó este viernes un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para dejar sin efecto la resolución de un juzgado que anuló su libertad.

El viernes pasado, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal revocó la libertad de la juzgadora, quien fue favorecida con medida sustitutiva y una caución económica de Q200 mil para dejar la prisión.

Será el pleno de magistrados de la CSJ quien decida si confirma la resolución de la sala o ampara de forma provisional a la jueza.

Si la decisión es la primera, Sierra de Stalling deberá retornar a la cárcel.

La revocatoria de la Sala se basó en que todavía existe peligro de obstrucción a la averiguación de la verdad.

Sindicación

En septiembre pasado, el juez José Eduardo Cojulum ligó a proceso y envió a prisión preventiva a la jueza señalda de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.

Según la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sierra de Stalling llegó a acuerdos ilegales con los abogados del Bufete de la Impunidad para otorgar medidas sustitutivas a seis sindicados de pertenecer a la red de defraudación aduanera La Línea.

Cojulum resolvió de esa forma pues consideró que existía posibilidad de que la jueza obstaculizara la investigación por el delito de cohecho pasivo; sin embargo, en octubre, el juez le otorgó la medida sustitutiva en cumplimiento a una orden de la misma Sala de Apelaciones quien consideró que la primera decisión carecía de fundamento.

El 4 de diciembre, un nuevo fallo de la Sala Primera dejó sin efecto la segunda resolución de Cojulum, por lo que la juzgadora deberá volver a prisión.

Fiscales del Ministerio Público presentaron este martes la acusación formal en contra de Sierra de Stalling en el Juzgado Décimo de instancia Penal. Esta debía presentarse en el juzgado Undécimo pero está de vacaciones.

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, que presentó 30 medios de prueba, entre ellos escuchas telefónicas, sobre la responsabilidad de la juzgadora.

Según las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Sierra de Stalling negoció con los abogados que conforman el Bufete dela Impunidad y otorgó medidas sustitutivas a seis implicados en el caso La Línea.

En septiembre de este año, el juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, ligó a proceso a la jueza y la envió a prisión preventiva a la cárcel del cuartel Matamoros.

Sin embargo; un mes después, el mismo juez dejó en libertad a Sierra De Stalling, quien pagó una fianza de Q200 mil, pues  la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó al juez  que emitiera  una nueva resolución en el caso pues argumentó que carecía de fundamento.

El 4 de diciembre pasado, la Sala Primera revocó la medida sustitutiva que favoreció a la jueza, por lo que debió regresar a prisión.

#CasoBufetedeLaImpunidad MP presenta acusación contra jueza Marta Josefina Sierra de Stalling, ante Juzgado Décimo. pic.twitter.com/s92HUhCsdt

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 8, 2015

El fallo de la Sala deja sin efecto la resolución del Juzgado Undécimo Penal, a cargo de José Eduardo Cojulum, así que Sierra de Stalling volverá a la cárcel por su posible implicación en el caso Bufete de la Impunidad.

En septiembre pasado Cojulum ligó a proceso penal y envió a Sierra de Stalling a prisión preventiva en la cárcel del cuartel Matamoros por los delitos de cohecho pasivo y prevaricato.

Cujulum consideró que había indicios de que ella habría llegado a “acuerdos ilegales”  para otorgar medidas sustitutivas a seis señalados de integrar la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Ese día el juzgador expresó que había posibilidades de obstaculizar la investigación por el delito de cohecho pasivo por lo que ordenó la encarcelación de Sierra de Stalling.

El pasado 23 de octubre La Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal ordenó al Juzgado Undécimo de Primera Instancia emitir  una nueva resolución en el caso de la jueza, luego de argumentar que la misma carecía de fundamento.

Sin embargo, el 27 de octubre último Colujum emitió una nueva resolución con la cual indicó que la juzgadora debía pagar una caución económica de Q100 mil por cada delito por el cual se le señalaba y gracias a ello recuperó su libertad.

Con el fallo de la Sala Primera quedó sin efecto esa resolución, así que la jueza deberá volver a prisión.

Bufete de la impunidad

Prevaricato y cohecho pasivo son los delitos formales contra Sierra de Stalling. Según los argumentos del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la jueza negoció con la estructura de abogados contratados por algunos de los implicados en La Línea.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, puntualizó que la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, y junto a Emilza Higueros, contactaban a sus clientes, ofrecían abogados defensores con  “contactos” en el Organismo Judicial.

A través de conversaciones telefónicas interceptadas desde el 16 de abril, cuando se realizaron los allanamientos y captura de implicados en la defraudación aduanera, se estableció la relación de Francisco Javier Ortiz con el bufet de abogados dirigido por Chepito.

El aprehendido estaba asignado a la Fiscalía de Delitos contra la Narcoactividad del Ministerio Público (MP), en la ciudad capital. Cheves Escobar es señalado de los delitos de estafa propia y cohecho pasivo.

Según la Fiscalía de Sección de Asuntos Internos del MP, durante una investigación se determinó que el capturado, cuando se encontraba asignado a la Fiscalía de Alta Verapaz, solicitó Q50 mil a cambio de hacer la desestimación de un caso que tenía a su cargo.

Sin embargo, la persona involucrada le indicó que no tenía dinero, por lo que negociaron el pago con un vehículo.

Después, Cheves Escobar vendió el automotor a una tercera persona, quien posteriormente presentó una denuncia debido a que el anterior propietario tenía pagos pendiente por ese automotor.

Debido a ello se determinó que el arrestado, quien recibió como pago el vehículo para desestimar el caso, lo vendió incurriendo en el delito de estafa.

La denuncia por la deuda del automotor fue presentada el 6 de enero de 2014 bajo el expediente MP-255-2014-137, fecha en la cual inició el proceso de investigación y se estableció que el punto de partida del caso fue la solicitud de desestimación del expediente por una estafa de Q415 mil.

Dicha cantidad sería cancelada en dos pagos. No obstante, al cobrar los cheques el afectado constató que la cuenta bancaria en la que sería depositado el dinero se encontraba cancelada.

En el otro extremo

Jueces y otros operadores de justicia también han sido señalados por aceptar dádivas para beneficiar a personas que son sindicadas de algún delito.

Una investigación del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), también comprobó que existía una red de abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo servicios ilícitos, con la promesa de utilizar sus influencias y conexiones en la red judicial para garantizar resultados favorables a cambio de un beneficio económico.

De ahí la investigación llevó conectar el Bufete de la Impunidad con la jueza Marta Sierra de Stalling, que se encuentra en prisión preventiva por supuestamente aceptar dinero para dictar medida sustitutiva a favor de implicados en el caso de defraudación aduanera conocido como la Línea.

El abogado Stalling Sierra argumentó que no tiene el dinero para la medida sustitutiva, por lo cual deberá regresar a prisión.

En caso de pagar la fianza, Cojulum ordenó arresto domiciliario para el abogado Stalling Sierra, y la obligación de firmar el libro de asistencia cada 15 días en el Ministerio Público. El argumento del juez es que el sindicado no integra ninguna estructura delictiva.

Roberto Stalling se presentó por su voluntad el 25 de junio último al Juzgado Undécimo Penal, al enterarse que existía una orden de aprehensión en su contra, pues el Ministerio Público presentó videos que lo incriminan con el denominado Bufete de la impunidad.

Marta Sierra De Stalling, madre de Roberto, se encuentra en prisión preventiva desde el 23 de septiembre último, y deberá enfrentar a la justicia por posibles vínculos con el denominado Bufete de la impunidad, y la señalan de la comisión de actos de corrupción. 

Recusación

El tres de julio último, los abogados defensores de los implicados en el Bufete de la impunidad, recusaron al juez Cojulum, por considerar que vertió declaraciones en relación a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), institución que en 2012 puso su nombre en un informe denominado Los Jueces de la Impunidad.

Con la recusación planteada, el administrador de justicia trasladó el expediente a la Sala Primera de Apelaciones para que conociera y resolviera la acción. La Sala rechazó la recusación, y por esa razón Sierra Stalling tuvo este martes su primera audiencia de declaración.  

La CSJ determinó de manera unánime anular el derecho de inmunidad a la funcionaria porque la información que presentó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) demostró que existen indicios que vinculan a la juzgadora con acciones ilícitas.

La decisión fue tomada este miércoles, durante la reunión de pleno ordinario de la CSJ, en la cual se analizó el informe que elaboró el magistrado Roaldo Chávez Pérez, nombrado juez pesquisidor en el caso, quien recomendó no retirar el fuero a la jueza porque no existían motivos para hacerlo. El funcionario es hermano del diputado Luis Chávez, integrante de la bancada Libertad Democrática Renovada.

El MP y la Cicig solicitaron el antejuicio contra Sierra de Stalling para determinar si incurrió en delitos de prevaricato y cohecho pasivo. Se presume que recibió un soborno de los abogados de algunos procesados en el caso La Línea, a cambio de beneficiarlos con arresto domiciliario.

Negociación

Según fuentes oficiales, el 16 de abril último, cuando se efectuaron las capturas de los integrantes de La Línea, una persona cercana al Juzgado negoció con varios de los abogados que tomaron la defensa del caso, entre quienes está Jorge Luis Escobar Gómez.

Se cree que la negociación habría sido para beneficiar a los presuntos jefes de la estructura señalada por supuestamente haber defraudado a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), por medio de las aduanas.

La Fiscalía y la Cicig detallaron que la jueza habría obtenido un beneficio económico a cambio de dejar en libertad a Javier Francisco Ortiz Arriaga, alias el Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana, Estuardo González Álvarez, alias Eco, y otros cuatro supuestos integrantes dered.

El MP cuenta con grabaciones de las conversaciones telefónicas sostenidas por los defensores con los detenidos en el caso La Línea, en las cuales se menciona a la jueza y a la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila, presidenta de la Cámara Penal, de la CSJ. Las funcionarias son cuñadas.

Ortiz Arriaga, Lemus Aldana, González Álvarez y Mónica Patricia Jauregui Zamora fueron beneficiados con libertad por el pago de una fianza de Q200 mil cada uno, mientras que José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc cancelaron cauciones económicas de Q250 mil cada uno.

La funcionaria aseguró, en conferencia de prensa, que su retiro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ocurrió para evitar que se pensara que beneficiaría a integrantes de su familia que están procesados por varios delitos, entre ellos por defraudación aduanera y corrupción.

El hijo, Otto Fernando Molina Stallin;  sobrino, Roberto Stalling Sierra y cuñada, Marta Sierra de Stalling, son señalados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en los casos más emblemáticos revelados este año, conocidos como La Línea, Igss- Pisa y Bufete de la Impunidad.

Cuando la magistrada solicitó el permiso para ausentarse, era presidenta de la Cámara Penal de la CSJ, este lunes aseguró que es una decisión del pleno de magistrados si continúa en el cargo.

Stalling también anunció que pedirá al pleno inhibirse de cualquier caso que llegue a la cámara penal en donde se involucre a cualquiera de sus familiares.

Antecedentes

Molina Stalling está en prisión preventiva por supuestamente participar en un fraude para la adjudicación del contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Droguería Pisa,  por más de Q116 millones para la prestación de servicios de diálisis peritoneal.

Por su parte, Stalling Sierra es  señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de asociación ilícita y cohecho activo y se le vincula con el denominado Bufete de la Impunidad, un grupo de abogados que ofrecía sus servicios y conexiones con altos funcionarios a cambio de dinero.

Marta Sierra de Stalling tiene un proceso de antejuicio en su contra por supuestamente haber recibido soborno para dejar en libertad a los cabecillas de la estructura de defraudación aduanera denominada La Línea.

Stalling Sierra es hijo de la jueza octava Penal, Marta Sierra, quien ligó a proceso a los integrantes de la red La Línea, estructura que defraudó al Estado por varios millones a través de la Superintendencia de Administración Tributaria.

En el caso de Stalling Sierra el ente investigador tiene videos que lo incriminan con el denominado Bufete de la impunidad. Estos medios de prueba serán presentados en la audiencia de primera declaración programada para el próximo viernes.

En 23 llamadas

Además de las imágenes hay activación de celdas de los aparatos telefónicos entre los abogados Sierra Stalling y José Luis Montenegro Santos, detenido por integrar esa estructura, lo cual fue mencionado por la Cicig durante la audiencia en que se pretendía modificar los delitos a los abogados José Luis Escobar Gómez, Luis Fernando Zapata y Montenegro Santos, integrantes del citado bufete de abogados procesados.

En esta diligencia la Cicig indicó que con base en la activación de las celdas de los aparatos telefónicos se logró establecer que hubo al menos 23 comunicaciones entre Stalling Sierra y Montenegro Santos, entre las 9 y las 10 horas del 16 de abril último, cuando se llevaron a cabo los allanamientos y captura de los integrantes de La Línea.

Además, después de una reunión llevada a cabo el 18 del mismo mes en el despacho de José Arturo Morales, también detenido por el mismo caso, Montenegro se comunicó con Stalling Sierra, quien se encontraba en un centro comercial de la zona 16, y allí ya hablaron de los pagos para obtener las medidas sustitutivas.

En declaraciones a los medios, Stalling Sierra dijo: “En este momento no sé el motivo, pero tengo entendido que hay una orden —de captura—”.

El juez Cojulún solo dio a conocer el motivo de la detención al profesional del Derecho y lo envió a la cárcel del cuartel Mariscal Zavala, por motivos de seguridad.