Luis Fernández Molina, abogado por la Universidad Francisco Marroquín, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (2004-2009) y presidente de la Cámara de Amparos, reflexiona sobre la actual Comisión de Postulación y los efectos que puede alcanzar el último amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad.

Para Fernández Molina el papel de la Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público 2022-2026 estableció mal los criterios de evaluación para evaluar a los aspirantes, pero el problema va más allá y se debe considerar, incluso, una reforma a la actual Ley de Comisiones de Postulación, un modelo que, aunque tiene aciertos ha caducado en ciertos aspectos.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia también cuestiona la poca participación de abogados para dirigir el Ministerio Público. Fueron 15 los únicos que presentaron papelería de más de 33 mil profesionales colegiados en Guatemala, un síntoma de la poca credibilidad en el sistema de elección y en las instituciones, juzga Fernández Molina.

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Concedió el pasado viernes una entrevista a Prensa Libre donde, además de juzgar los hechos de la última semana en relación con la integración de la nómina de candidatos a fiscal general, también advierte que los alcances de la resolución de la Corte de Constitucionalidad podrían minar no solo el actual proceso de elección, sino sentar un precedente que abriría las puertas a que las elecciones sujetas a la Ley de Comisiones de Postulación se reduzcan a un ejercicio matemático y favorezca a quién tiene más títulos, pero deja de lado otros elementos subjetivos, como los resultados y desempeño profesional.

¿Cómo entender el estancamiento al que llegó la comisión de postulación para integrar finalmente la nómina de candidatos?

En materia de justicia la Constitución debe reformarse. Lo que tenemos a la vista son esos atascos y se debe a que la ley de Comisiones de Postulación obliga al famoso ‘dos terceras partes’, eso permite que, si hay un grupo de bloqueo o negativo, se estanque el proceso. Lo que está pasando ahorita, si no cambia, se va a replicar y replicar.

¿Cómo calificaría usted el actual proceso de elección de fiscal general 2022-2026?

Siento que no hubo mucha confianza de los abogados, que somos 33 mil; fue sorprendentemente reducido el número de postulantes, y esto porque no tienen confianza, todos creen que ya es un pastel hecho o una cuestión arreglada.

También estas calificaciones realmente son absurdas, en el sentido de que no se puede calificar la ética, proyección social y los títulos.

¿Qué piensa del rubro de la experiencia profesional en la tabla de gradación?

La experiencia profesional solamente beneficia a los mayores, porque tienen más experiencia, ya sea en la calle, en tribunales o en la administración pública, entonces, no creo que sean parámetros válidos, sería mejor implementar otro tipo de criterios.

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¿Qué tipo de criterios podrían ser?

Por ejemplo, cuántas sentencias emitió su juzgado, de esas sentencias cuántas fueron apegada a la ley, cuántas llegaron a apelación, de las apelaciones cuántas fueron confirmadas, si hay amparos, qué comentarios tienen los usuarios de este juzgado o tribunal; de hecho, existen esos criterios de evaluación, pero no se aplican.

En lo privado pues el abogado de oficina —se debe evaluar sobre— las escrituras que realizó con su firma, testimonios a tiempo, pago de multas, amparos promovidos, casos que litigo, entre otros aspectos.

Una calificación más profunda, más que medir cuántos diplomas de maestría o doctorado presentan; hace falta mejorar los criterios de evaluación.

¿Qué opinión le merece esta tabla degradación que utilizó esta vez la Comisión de Postulación?

La experiencia profesional en sí es buena, porque queremos gente que ya tenga experiencia, pero no en forma absoluta y no tantos puntos, a eso me refiero. Es un hecho objetivo pero no me da el soporte subjetivo, que es el que más interesa, pues es cómo se ha desempeñado.

“Para las próximas cortes se procede a las notas más altas y el Congreso ya no hace falta, según ese criterio, porque los que tuvieron más puntos automáticamente son los que van a ocupar primero las 13 sillas de la Corte Suprema de Justicia”, Luis Fernández Molina.

¿Qué le parece el rubro de la experiencia profesional?

Me da un dato objetivo, pero no me dice nada subjetivo, que es lo que más le interesa. Hay una discriminación para el abogado que solo ha trabajado en su oficina; trabajar como abogado de la calle es muy honroso y debe tomarse en cuenta.

¿Cómo calificaría el actuar de la Comisión de Postulación 2022-2026?

Calificar expedientes en base a una entrevista, es muy difícil. Si se aplicará lo que han estado diciendo, ‘que pasen las mejores notas’, estarían creando un precedente que aplicaría para todas las demás elecciones, un precedente muy negativo.

Para las próximas cortes se procede a las notas más altas y el Congreso ya no hace falta, según ese criterio, porque los que tuvieron más puntos automáticamente son los que van a ocupar primero las 13 sillas de la Corte Suprema de Justicia y en el apartado de Salas de Apelaciones, las 150 sillas, en función puramente matemática. No es un criterio constitucional.

Yo veo con mucha preocupación en las futuras elecciones, porque ya se dio el ejemplo de un mecanismo fácil de atascar.

¿Cuál debería ser el actuar de la Corte de Constitucionalidad?

Sí puede advertir, motivar o sí puede instar a la Comisión a que elija a la mayor brevedad, pero no puede obligarlos, ni amenazarlos con acciones penales, porque uno es el actuar individual, que es lo que persigue la Ley Penal y otro es el colectivo; yo como decano voto, pero no me pueden obligar a cambiar mi voto, o a votar de otra forma.

Aquí la pregunta es ¿se certifica lo conducente contra quién? Si cada uno votó, que, si no están de acuerdo con su voto, es un tema diferente.

La acción de amparo presentada el pasado jueves también alcanza al presidente Alejandro Giammattei ¿es procedente?

El presidente no ha actuado, entonces no es procedente, porque no ha hecho nada todavía.

¿Es competencia de la CC conocer este amparo en contra de la comisión de postulación?

En cuanto a la petición de fondo no es competencia, la CC debe limitarse a decir ‘cumpla con la Constitución’, así de sencillo.

¿La ley de Comisiones de Postulación establece que debe votarse por los mayores punteos?

No lo ordena en ningún lado, a eso me refería con un nefasto precedente.

¿Cuál es el siguiente paso que debe dar la Comisión de Postulación?

Que las comisiones determinen quiénes son los calificados y que después sea un sorteo para determinar quien sale elegido, porque ya no hay tanto vínculo entre el postulante y el aspirante.

¿Es correcto que cada comisionado tenga que decir por qué no elige a determinado aspirante?

Yo creo que no es necesario, es más, yo creo que no debería aplicarse la explicación, basta con que diga su voto y punto.

La Comisión de Postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) 2022-2026 recibió 26 expedientes de aspirantes a dirigir el ente investigador. Cabe destacar que durante los primeros 4 de los 7 días habilitados nadie se apersoó a la recepción de documentos, fue el último día con mayor afluencia de interesados a ocupar el cargo.

Entre los expedientes recibidos se destaca el de María Consuelo Porras Argueta, quien busca la reelección para fiscal general, así como el actual Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar; Óscar Dávila Mejicanos, jefe de la Comisión Presidencial contra la Corrupción y exfiscales y funcionarios.

El secretario de la Postuladora, Luis Aragón Solé, informó que fueron recibidos 26 expedientes y que estos serán sometidos a un “proceso de revisión de requisitos” este martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de febrero en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia.

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Acciones legales remitidas

Durante el fin de semana fueron promovidas algunas acciones legales en contra de la Comisión de Postulación, las cuales fueron remitidas al Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, por ser el órgano competente. Por su lado, Aragón Solé, sin brindar mayores detalles sobre el motivo de una nueva acción y el interponerte, indicó que fue remitido un informe circunstanciado al Juzgado Quinto de Primera Instancia y que la sala de trabajo “está a la espera de la resolución” y puntualizó que han sido 3 acciones las que se han presentado.

Con relación al amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) a favor del abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle, en el que señala que  la Comisión de Postulación revise el cumplimiento de los requisitos para los aspirantes, no se pueda contar como años del ejercicio profesional la experiencia ante alguna judicatura, el secretario de la Postuladora indicó que “básicamente esto tendrá efectos a partir del día de mañana, en donde se tendrá que ver la aplicación de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, es el único proceso en donde hay una resolución al respecto con el que hacer” dijo.

De las otras acciones se conoce que una de ellas fue promovida por el abogado Romeo González Barrios, quien presentó un amparo contra la Postuladora, en la que reclama el hecho de que integre la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdés, aduciendo que su periodo constitucional ya venció. El expediente se identifica con el número 949-23

Otra de las acciones fue presentada por la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala, por medio de su presidenta Bélgica Deras y vicepresidenta Rosa Carolina González, interpusieron una acción de amparo, al considerar que se podría violar el derecho político de los jueces de primera instancia a postularse para el cargo de Fiscal General y la misma se identifica con el número de expediente 916-22.

¿Quiénes aspiran a dirigir el Ministerio Público?

• Mynor Francisco Hernández Castillo: Fiscal contra la Trata de Personas en Cobán, Alta Verapaz; fiscal de sección adjunto y jefe de la Fiscalía Regional de Suroccidente, Narcoactividad en Quetzaltenango y agente de la de la Fiscalía de Menores en Huehuetenango.
• Francisco Javier Puac Choz: De acuerdo con su hoja de vida tiene más de 13 años de ejercicio profesional en derecho y cuenta con una oficina jurídica, su experiencia, según su currículum se ha concentrado en la docencia pues ha impartido clases con temas relacionado al derecho en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango desde 2010 hasta 2017. Fue excluido en 2018, por no presentar su constancia del Tribunal Supremo Electoral de no haber pertenecido a un partido político y no haber ejercicio el notariado durante dos años.
• Eduviges Manuel Cortez: Fue parte de la Unidad de Medios de Comunicación del Tribunal Supremo Electoral, laboró en la fiscalía municipal de Villa Nueva del MP, y se desempeñó como auxiliar y agente fiscal del MP.
• Brenda Dery Muñoz Sánchez: directora de Procuraduría de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos; además fue Subdirectora General de Análisis e Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC) y se desempeñó como fiscal de sección adjunto del MP.
• Henry Alejandro Elías Wilson: Magistrado vocal I de la Sala de Apelaciones de Femicidio, se desempeñó como oficial de proyectos en Cooperación Canadiense Justice Education Society; además auxiliar fiscal del MP; notificador y oficial del OJ.
• Frank Armando Martínez Ruiz: Magistrado titular y vocal I de la Sala Segunda de Femicidio, fue magistrado suplente de Sala Mixta de Zacapa y Cobán. Cuando integró la Sala Segunda de Apelaciones admitió una apelación de Sandra Torres Casanova en contra de el Periódico para que no se realizarán más publicaciones sobre ella.
• Mynor Eduardo González Méndez: Según su currículum vitae cuenta con 21 años de experiencia como abogado y notario, ha sido agente fiscal de la Fiscalía Distrital de Petén en la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente, ha estado en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas.
• Eliseo Quiñonez Villagrán: Se desempeñó como agente en la Fiscalía Distrital Metropolitana, en la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula y fue abogado defensor en el Instituto de la Defensa Pública Penal.
• Darlene Apolonia Monge Pinelo: No se conoce perfil público del aspirante
• Oscar Dávila Mejicanos: Actual titular de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, estuvo a cargo de Unidad Especializada contra Organizaciones Criminales Dedicadas al Narcotráfico, Lavado de Dinero y Delitos contra el Orden Tributario del MP; fungió como viceministro de Antinarcóticos durante 2016.
• Néctor Guilebaldo De León Ramírez: Magistrado de Sala de Apelaciones.
• Jorge Luis Donado Vivar: Es Procurador General de la Nación, laboró en el MP y fue Jefe de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
• Walter Brenner Vásquez Gómez, fue candidato a magistrado de la CC por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
• Walter Paulino Jiménez Texaj: Magistrado de la suplente de la Corte de Constitucionalidad, se desempeñó como como juez de Paz del Municipio de San Juan Comalapa, Chimaltenango; fue vocal y luego presidió el Tribunal de Sentencia Penal de Quiché.
• Nidia Arévalo Flores: Fungió como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal, integró la Coordinadora Nacional de la Unidad de Impugnaciones y de Formación y Capacitación del Defensor Público.
• Silvia Lucrecia Villalta Martínez: Fue relatora titular de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.
• Fernando Linares Beltranena: Exdiputado del Congreso, fue parte de la Constituyente que elaboró la vigente Constitución Política de la República y asesor de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República.
• Gabriel Estuardo García Luna: Presidente de la Junta Directiva de Disciplina Judicial del Organismo Judicial, Magistrado vocal II de la Sala Regional Mixta de Sentencia Penal; Juez de Paz y de Primera Instancia del Tribunal Segundo de Sentencia Penal.
• Miriam Elizabeth Álvarez Illescas: Es fiscal de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual
• Silvia Patricia Juárez García: Es fiscal de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público.
• María Consuelo Porras Argueta: Actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales y según su hoja de vida tiene una trayectoria de 35 años en el sistema de justicia.
• José Enrique Urrutia Estrada: Excandidato a alcalde y concejal de Fraijanes
• Francisco Rolando Durán Méndez: Se desempeñó como Juez de Paz, de Primera Instancia Penal y de Primera Instancia de Trabajo y Familia, en Jalapa.
• Gloria Dalila Suchité Barrientos: Magistrada Suplente de la Sala de Corte de Apelaciones
• Sandra Elizabeth Acán Guerrero: No se conoce perfil público del aspirante.
• Edward Rosalío Gómez García: Asesor del área Civil de Bufete Popular, asesor de procesos de niñez y adolescencia.

La Barra de Abogados de Estados Unidos envió una carta a la Postuladora para la elección de Fiscal General en la que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que se realiza el proceso y emitieron algunas recomendaciones, entre las que se resalta la revisión privada de registro financieros de los aspirantes, por un auditor independiente; así como la divulgación del trabajo jurídico realizado, incluyendo decisiones judiciales.

Por su lado la Universidad Da Vinci de Guatemala anunció que el lunes 31 de enero por medio del decano de Derecho, David Gaitán presentará una propuesta de metodología para evaluar a aspirantes que se postulen para la Fiscal General, la cual busca procedimientos para recopilación de información relevante y ampliar datos que permitan conocer la trayectoria de quienes buscan estar al frente del Ministerio Público.

El jueves por la noche se desarrolló un foro virtual impulsado por Alianza por las Reformas, en el que discutieron las mejoras de los mecanismos de atención a los delitos más denunciados, analizar las jefaturas actuales de las diferentes fiscalías y la carrera fiscal, entre otros, en el mismo participaron expertos en diversas ramas del derecho.

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Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso, en su intervención mencionó que durante la pandemia por Covid-19 se redujo la incidencia criminal y refirió que esto “no significa que hayan menos delitos” por lo que considera que es necesario que los interesados a postularse al referido cargo deben de tener una idea de la situación actual del Ministerio Público (MP).

Otros de los puntos que discutió fue la posible reelección de Consuelo Porras “en general los estándares internacionales desaconsejan la reelección, derivado a que se podrían comportarse de forma complaciente con quién los eligió” dijo Indacochea.

La experta resaltó que el MP debe perseguir la verdad sin importar quien sea culpable o inocente y cuando el MP falta a este deber “el valor de la verdad decae a ojos de los ciudadanos y se genera un clima de inseguridad” indicó.

A criterio de Elvyn Díaz, analista del Instituto Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), considera que no se debe ver como un logro o algo eficiente de la administración de Consuelo Porras “la expansión del MP a nivel nacional”.

Diaz agregó que de las Fiscalías Distritales “lo que se hizo fue crear distintas agencias en el resto de municipios” e hizo ver que no existen equipos de la División Especializada en Investigación Criminal, sedes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y los Juzgados que interceden en los casos son los de Paz y en delitos graves se debe ir a las cabeceras departamentales.

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Fortalecer los mecanismos

Ana Gabriela Contreras, experta en materia de justicia constitucional, hizo referencia a que el próximo Fiscal General “debe fortalecer los mecanismos para atender a uno de los delitos más denunciados” y compartió algunos números relacionados el delito de violencia contra la mujer, derivado a que de marzo 2020 a marzo 2021 se presentaron 70, 270 denuncias, de las cuales el MP solo presentó 4,167 acusaciones lo que refleja un 10% de señalamientos.

Contreras indicó que entre los retos será “evaluación objetiva de cómo queda la institución y debe incluir elementos relacionados a la carrera fiscal” y citó los siguientes ejemplos; los mecanismos de sanción, disciplinario y las destituciones que no han seguido el procedimiento legalmente establecidos y cambios de jefaturas de las fiscalías “justo cuando se acercan momentos emblemáticos en casos clave para la ciudadanía” acotó.

La importancia de la transparencia, elegir a candidatos idóneos y denunciar cualquier tipo de presión al que pueden ser sujetos los integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público 2022-2026, se discutió en un foro virtual en el que participó el Centro para la Defensa de la Constitución en Guatemala (Cedecón), la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) y la Alianza en Defensa de la República (ADER).

Stuardo Ralón, presidente de Cedecón, mencionó la importancia de apegarse a los principios constitucionales durante el proceso y resaltó que es de vital importancia la “idoneidad y honradez” que puedan presentar los candidatos e hizo referencia a la presunción de inocencia, derivado a “ las tachas que se puedan presentar” y considera que es necesario permitir que los aspirantes puedan defenderse.

Ralón considera que el próximo fiscal general debe contar con experiencia y conocer sobre la gestión pública, así como emprender una lucha “contra la impunidad haciendo investigaciones eficientes, pero con bases sólidas” dijo.

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Mario Fuentes, de la CGP, hizo referencia a que Guatemala está atravesando una grave situación de impunidad y de corrupción, por lo que “se deben fortalecer los sistemas de justicia” y el MP debe ser una institución de altura que tenga “estrecha relación de la lucha contra la impunidad”.

Fuentes destacó tres elementos que debe llenar el próximo jefe del MP, entre los que mencionó ser abogado y notario, colegiado activo, acreditado en su ejercicio profesional y con experiencia dentro de su campo y de una reconocida honorabilidad.

Para José Quesada, de ADER, la honorabilidad debe estar relacionado con “la capacidad, honradez, gestión pública y experiencia” y agregó que se debe evitar “la injerencia de entes internacionales para evitar “la politización al sistema jurídico” dijo.

Quesada reconoció la apertura de 260 fiscalías en diferentes localidades del territorio nacional por lo que considera que “la cobertura ya no representa un problema” para el MP.

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El proceso

El fin de dicha comisión es elaborar el perfil idóneo que deberá llenar todo aspirante al cargo y posteriormente aprobar la tabla de gradación que contempla cuatro aspectos: méritos éticos, académicos, profesionales y de proyección humana; para la elección de candidatos se requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

La designación final del Fiscal General corresponderá al presidente Alejandro Giammattei, quien deberá recibir una nómina integrada por seis candidatos propuestos por la Comisión de Postulación.

Los requisitos con los que deberá cumplir los interesados en ocupar la jefatura del MP, son: ser Abogado y Notario, colegiado activo, ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos.

Mientras el tiempo avanza crece la expectativa sobre cómo será el proceso de postulación de candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, y cuál será el criterio de los comisionados y la forma de evaluar a los aspirantes.

Buena parte de la responsabilidad en la búsqueda del próximo jefe del Ministerio Público (MP) recae en la comisión de postulación que está integrada, en su mayoría, por representantes de la academia.

La conforman decanos de las facultades de Derecho de las 12 universidades del país, además de los titulares de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notario de Guatemala (Cang), encabezados por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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Su trabajo será objeto de fiscalización y monitoreo por parte de la sociedad civil, partidos políticos y comunidad internacional, y también de grupos interesados en controlar al ente investigador, entre estos el propio crimen organizado, advierten especialistas consultados.

Estos grupos opacos podrán acercarse a los postuladores en busca de una forma de manipular el proceso a su favor. De ahí la importancia de que los instrumentos de evaluación respondan a criterios técnicos.

Independencia y objetividad

Édgar Ortiz, de Fundación Libertad y Desarrollo, estima que una primera acción para blindar el trabajo de la postuladora es establecer un proceso de evaluación adecuado.

“Lo fundamental es que la comisión defina una metodología de evaluación. La ley da parámetros muy vagos que hemos visto con el tiempo que en la práctica no funcionan muy bien (…) Si ellos implementan una buena metodología que garantice parámetros objetivos, las influencias externas se reducen”, precisó el profesional.

Pero junto a este primer factor también debe existir un trabajo independiente, donde no pesen los criterios políticos, agregó María José López, analista de Guatemala Visible.

“A veces se quita el enfoque técnico y se vuelve muy político. Es importante hacer un llamado a los comisionados para que cumplan con ese deber técnico. Su independencia es una de las características más importantes que deben cumplir”, comentó.

Para José Echeverría, del Movimiento Cívico Nacional (MCN), es primordial que los instrumentos de evaluación se elaboren con el único fin de encontrar una persona idónea para continuar con el fortalecimiento de la institucionalidad del MP.

“Una parte importante será establecer un perfil con base en las necesidades del MP y no para favorecer o perjudicar a algún candidato, además, y acompañarlo con mecanismos de calificación objetivos”, indicó Echeverría.

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Las presiones

Los tres analistas coinciden en que los grupos oscuros tratarán de incidir en la decisión de los comisionados con tal de que sus favoritos formen parte de la nómina que se entregará al presidente Alejandro Giammattei, quien tiene a su cargo tomar la última decisión.

“Creo que el modo de operar de muchas fuerzas oscuras será apostar por influir sobre candidatos desconocidos, que no suenen en la opinión pública, para que logren integrar la nómina personas afines a sus intereses”, opinó Ortiz.

López no descartó que las presiones puedan venir desde la fuerza política, de implicados en casos de corrupción y cualquier otro sector de poder en Guatemala.

“Es de mucha importancia para distintos sectores. Incluso algunos que están ahora en el Gobierno podrían influir en la elección del fiscal general, porque afecta intereses directos; se puede buscar influir en el resultado”, expresó la investigadora de Guatemala Visible.

A criterio de Echeverría, cada comisionado debe tener coraje y ser capaz de denunciar cualquier intimidación o presión en su trabajo.

“Hay personas o grupos que procuran impunidad y que operan al margen de la ley que no quieren que sus acciones sean perseguidas, grupos del crimen organizado y similares (…) Los comisionados deben denunciar si son sujetos de amenazas o intentos de presiones de cualquier tipo”, concluyó.

Posturas difieren en torno a invitación

Respecto de la ayuda ofrecida por el grupo de países cooperantes denominado G13, la cual fue criticada por el Gobierno de Guatemala, que lo consideró un intento de injerencia, algunos comisionados opinan que lo correcto es que cualquier ayuda ofrecida se debe conocer en el pleno y tomar la decisión por mayoría.

El decano de la Universidad Mesoamericana, Luis Cabrera, indicó que “todos los países son observadores de todos los procesos”, por lo que no lo ve como una injerencia sino como “querer contribuir, es como quien dice en qué les podemos apoyar”. Sin embargo, valoró que no se debió hacer de esa forma, porque “cualquier tipo de solicitud se debe hacer al pleno de la Comisión, cuando ya esté en funciones”, y hasta ahora solo fueron juramentados.

Cabrera evitó hablar sobre la reacción del Gobierno al ofrecimiento del G13 porque son “temas políticos”, aunque a su vez negó sentirse presionado y asegura que dicha invitación no condiciona el trabajo de dicha comisión.

Por su parte, Alejandro Racancoj, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, expuso que el tema es “bastante difícil y mediático”, por lo que a su criterio “no es prudente emitir opinión al respecto”.

A su vez, David Gaitán, decano de la Universidad Da Vinci, expresó que la invitación del G13 es “bien recibida”. Considera que responde más a temas de transparencia y por lo mismo no lo interpreta como una injerencia, sino como una mesa de diálogo para tratar temas fundamentales.

Para el analista jurídico Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, la invitación del G13 “es indebida, porque a la comisión hay que tenerla lo más librada de cualquier tipo de injerencia”, y por ello piensa que la misma debe ser rechazada por los comisionados, porque “nadie invita sin plantear una perspectiva”.

El conversatorio ¿Quién será el próximo fiscal general? organizado por varias instituciones privadas del país y coordinado por Fundación Esquipulas contó con la presencia de cinco de los seis candidatos a dirigir el Ministerio Público. 

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Eduardo Nuñez, moderador del conversatorio solicitó a los asistentes evitar los “chiflidos” o “abucheos” hacia los candidatos, luego empezó la actividad que consistió en cuatro rondas de preguntas.

Según profesionales que asistieron al evento los participantes estuvieron activos, respondieron con fluidez y energía.

El juez Miguel Ángel Gálvez decidió ponerse de pie en varias ocasiones cuando le correspondía su turno, y logró captar la atención de los asistentes.

Lucha contra la impunidad:
“Debemos acudir a los métodos alternativos de resolución de conflictos porque no podemos meternos a investigar todo, debemos enfocarnos en los delitos del crimen organizado, lavado de dinero y corrupción”, Miguel Ángel Gálvez.

Cómo evitar el abuso de autoridad:
“Debe realizarse la investigación en contra de cualquier funcionario señalado, se habla de justicia selectiva y por eso se debe investigar todo lo que entra al MP. La ciudadanía debe poder confiar”, Gladys Verónica Ponce.

Cómo garantizar justicia en crímenes ambientales:
“La especialización, monitoreo y evaluación de las Fiscalías se hace indispensable para mejorar el trabajo y garantizar una reparación digna”, Melchor Solórzano.

Respecto a la justicia transicional:
“Está justicia contribuye a desarrollar una verdadera paz social, sin embargo se ha caído en el error de politizar los juicios”, Gladys Ponce.

Justicia a grupos vulnerables y especializados: 
“El MP no debe distinguir ninguna condición especial a la población de la diversidad sexual. La atención a la víctima debe atender a todos en general”, Patricia Gámez.

Combate a narcotráfico y crimen organizado: 
“Guatemala, por su ubicación se convierte en un punto estratégico para el tránsito de drogas. Necesitamos del apoyo internacional y utilizar métodos especiales de investigación”, Brenda Dery Muñoz.

Explotación y exploración de recursos naturales:
“Aquí hablamos del sometimiento a la ley, las partes deben regirse a las leyes constitucionales y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT”, Miguel Ángel Gálvez.

Erradicación de racismo:
“Existe una secretaria para atender ese tema, pero debe ser una secretaria dinámica. La prevención del delito y una respuesta inmediata son ejes importantes”, Brenda Dery Muñoz.

Brechas en capacidades del Ministerio Público:
“Se debe cambiar la forma en la que se evalúan las Fiscalías. El MP no es una maquila de acusación. Se debe revisar la calidad”, Brenda Dery Muñoz.

Continuidad de la política democrática de persecución penal:
“El Fiscal General debe ejercer un liderazgo en la instancia coordinadora del sector justicia para desarrollar una verdadera política que ofrezca soluciones en su conjunto”, Miguel Ángel Gálvez.

Transparencia y rendición de cuentas:
“Ya se publica un informe anual, pero es importante mantener comunicación con la ciudadanía sobre qué se está haciendo y cómo se está haciendo para asegurar la transparencia”, Gladys Verónica Ponce.

Creación de fiscalías regionales:
“No puedo utilizar la misma estrategia de persecución penal, debe existir especialización en el tratamiento de los casos, depende la región en donde se cometa el delito”, Melchor Solórzano.

Esperan decisión de Morales 

Las palabras de cierre estuvieron a cargo de Xavier Soria como representante de todas las organizaciones que apoyaron el conversatorio e instó a la promoción de la participación multisectorial en los procesos de elección de Comisión de Postulación.

“El nivel de tensión y suspicacia alrededor del proceso ha ido en crecimiento sostenido durante al menos los tres últimos procesos”, expresó.

El profesional concluyó con un agradecimiento a los candidatos asistentes, por su interés y participación en el proceso.

“Pendientes todavía de la decisión final por parte del presidente Morales, nos toca inmediatamente después hacer el corte de caja y hacer la evaluación completa”, enfatizó Soria.

De esta forma concluye el foro con los aspirantes a Fiscal General. #ElecciónFiscalMP pic.twitter.com/BdV9m4ME9B

— Javier Lainfiesta (@jlainfiesta_pl) 24 de abril de 2018

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