Tres razones por las que un contribuyente podría quedar inhabilitado para emitir facturas electrónicas (FEL) en la SAT

El Decreto 31-2024 introduce reformas al Código Tributario, establece nuevas obligaciones para los contribuyentes, como la inscripción obligatoria en el Registro Tributario Unificado, restricciones al Registro Mercantil, proporcionar la geolocalización y escenarios en los que podría quedar inhabilitado para emitir facturas electrónicas (FEL).  

Glenda Burrión

7 de febrero de 2025 | 17:23h

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Las reformas al Código Tributario, establecidas en el Decreto 31-2024, buscan fortalecer la fiscalización y optimizar el control de los contribuyentes en Guatemala, por ejemplo, con restricciones al Registro Mercantil y nuevas regulaciones sobre el cese temporal o permanente de empresas. (Foto, Prensa Libre: Freepik)

El sistema tributario en Guatemala ha sido objeto de diversas modificaciones en los últimos años con el objetivo de fortalecer la recaudación y mejorar el control fiscal.  

En este contexto, el último Decreto 31-2024 —que aborda esos temas— introduce reformas significativas al Código Tributario que impactan directamente a los contribuyentes y establece nuevas reglas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  

Su publicación oficial fue el 9 de diciembre de 2024, en el Diario de Centro América, y entrará en vigor cuatro meses después de su publicación, es decir, el próximo 9 de febrero.  

Entre los cambios más relevantes se encuentran la obligatoriedad de inscripción en el Registro Tributario Unificado (RTU), restricciones en el Registro Mercantil y nuevas normativas sobre la inhabilitación de emisión de facturas electrónicas (FEL), entre otras medidas clave. 

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Inscripción obligatoria y nuevos requisitos 

Uno de los principales cambios establece la obligatoriedad de que todos los contribuyentes se inscriban en el RTU. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) podrá exigir la geolocalización o georreferenciación de todos los establecimientos inscritos, con el fin de mejorar los controles fiscales. 

En caso de que la SAT detecte a través de una inspección que un negocio opera sin que el propietario esté inscrito en el RTU, tendrá la facultad de inscribirlo de oficio, sin necesidad de que el contribuyente lo solicite. 

Suspensión e inhabilitación de emisión de facturas electrónicas (FEL) 

La SAT podrá suspender de oficio a un contribuyente si encuentra inconsistencias en su información registrada y no logra ubicarlo. En tal caso, emitirá un aviso y otorgará un plazo de 15 días para regularizar la situación; de no hacerlo, se suspenderá su inscripción en el régimen del IVA y quedará inhabilitado para emitir facturas electrónicas (FEL). 

Otros motivos que pueden llevar a la inhabilitación de la emisión de FEL incluyen: 

• Incumplimiento en la presentación de declaraciones del IVA (omisos). 

• Presentación consecutiva de 12 o más declaraciones con valores en cero (Q0.00) en las casillas de ingresos y gastos, siempre que no se pueda determinar omisión de ingresos. 

Las medidas de suspensión e inhabilitación serán revocadas una vez que el contribuyente regularice su situación fiscal, según los criterios establecidos por la SAT. 

Restricciones del Registro Mercantil 

El Decreto también prohíbe al Registro Mercantil inscribir a comerciantes individuales y sociedades jurídicas que no estén registradas en un régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR).  

Asimismo, establece que no podrá disolver sociedades mercantiles ni cancelar empresas individuales sin que estas acrediten estar solventes ante la administración tributaria. 

Cese de obligaciones tributarias 

Se establecen dos categorías para el cese de obligaciones tributarias: 

• Temporal: Cuando el contribuyente lo solicite por no realizar actividades económicas. Sin embargo, el plazo máximo de este cese estará sujeto a lo autorizado por la SAT. 

• Indefinido: Aplicable si el contribuyente decide cesar definitivamente sus actividades económicas o en caso de fallecimiento del propietario. 

Obligación de actualizar datos 

Para evitar suspensiones por inconsistencias en los datos, la ley establece que los contribuyentes deben actualizar y ratificar su información al menos una vez al año.  

La SAT obliga a realizar esta actualización en el mes de nacimiento del contribuyente, y hasta que se cumpla con este requisito, no podrá realizar ningún trámite ante la entidad.

Con estas reformas, el gobierno busca fortalecer la fiscalización tributaria y mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes. 

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A partir del 10 de abril, comenzarán a aplicarse los nuevos regímenes tributarios, el nuevo límite para los pequeños contribuyentes y otras modificaciones establecidas en el Decreto 31-2024. 

Glenda Burrión

7 de enero de 2025 | 17:17h

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El Decreto 31-2024, que entra en vigencia el 10 de abril, introduce reformas tributarias como geolocalización, inscripción en el RTU y nuevos regímenes para sectores primarios. (Foto, Prensa Libre: Pexels)

¿Está preparado para los cambios tributarios que entrarán en vigor a partir del 10 de abril? Estos cambios impactarán a una mayor parte de la población guatemalteca, ¿podrían afectarle a usted también? 

Algunos de los cambios más importantes incluyen el Decreto 31-2024 y las reformas al Código Tributario son: la geolocalización, la inscripción obligatoria en el RTU, las modificaciones al régimen de los pequeño contribuyente y la implementación de dos nuevos regímenes tributarios para los sectores productivos primarios, agropecuarios, pecuarios, hidrobiológico y apícola.

Estos cambios son esenciales para que Guatemala avance hacia un sistema tributario más digital y menos vulnerable a la corrupción. Por eso, es fundamental que tanto los ciudadanos como las instituciones comprendan qué implican estas reformas y cómo pueden afectarles. 

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Geolocalización: Un cambio radical 

Una de las reformas más significativas es la geolocalización de las sucursales de negocios. Nadia Castellanos, abogada y notaria, explica que este sistema de verificación es adicional y en algunos casos sustituirá el requisito de presentar una factura de servicios para validar la ubicación física del negocio o el domicilio.

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Ahora, tanto nuevos contribuyentes como aquellos que actualicen sus datos deberán hacerlo mediante geolocalización, lo que promete ser un método más preciso y menos manipulable.  Castellanos enfatiza que este cambio podría evitar fraudes y mejorar la verificación de ubicaciones, reduciendo las posibilidades de corrupción y errores administrativos.

Esta medida permitirá a la SAT tener un mayor control y seguimiento de las actividades económicas en todo el país, facilitando la identificación de negocios no registrados y evitando casos como los del B410.

Inscripción Obligatoria al Registro Tributario Unificado (RTU) 

Otro cambio importante es la inscripción obligatoria al Registro Tributario Unificado para todos los guatemaltecos que sus actividades comerciales o laborales les impliquen responsabilidades tributarias.

En caso de una fiscalización por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), si se detecta que un negocio no está inscrito, la entidad podrá proceder a inscribirlo de oficio a los negocios o comerciantes que no cumplan con este requisito.

Este cambio busca asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, lo que podría incrementar la recaudación y reducir la evasión de impuestos. Sin embargo, también podría generar tensiones entre los pequeños empresarios y la SAT, especialmente en regiones rurales donde la información sobre estos cambios aún no ha llegado completamente. 

Por supuesto, la responsabilidad tributaria es crucial para el desarrollo del país. Estos cambios, aunque necesarios, requieren un enfoque equilibrado que considere las necesidades y limitaciones de los diferentes sectores económicos.  

La abogada Nadia Castellanos advierte que esto podría afectar especialmente a los negocios en el interior del país, donde la educación tributaria es nula o limitada. Es por ello por lo que, con una adecuada implementación y educación, Guatemala podría avanzar hacia un sistema tributario más eficiente y justo.   

Nuevos límites para Pequeños Contribuyentes 

El límite para ser considerado un pequeño contribuyente también se ha elevado. Ahora, aquellos cuyos ingresos anuales estén entre los Q465 mil 381 (equivalente a 125 salarios mínimos no agrícolas) o menos podrán inscribirse bajo este régimen. Esto representa un aumento significativo del límite anterior de Q150 mil. 

El beneficio radica en una carga tributaria más sencilla, ya que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para pequeños contribuyentes es del 5 %, comparado con el 12 % del régimen general. Este cambio podría favorecer a pequeños empresarios y profesionales independientes que buscan una mayor flexibilidad en sus obligaciones fiscales. 

Análisis de Casos 

Caso 1: Un contribuyente con ingresos anuales de Q300,000 podría beneficiarse del crédito fiscal del régimen general, dependiendo de su situación específica. Esto es particularmente relevante para aquellos que tienen gastos significativos que pueden ser deducidos como crédito fiscal. 

Caso 2: Un profesional con ingresos de Q180,000 podría encontrar el régimen de pequeño contribuyente más ventajoso debido a la menor carga tributaria. Este cambio podría motivar a más profesionales a formalizar sus negocios y cumplir con sus obligaciones tributarias de manera más efectiva. 

Importancia de la educación Tributaria 

Castellanos destaca la necesidad de acompañar estos cambios con una campaña de educación tributaria para que los contribuyentes entiendan sus nuevas obligaciones y beneficios. Sin una adecuada educación, la falta de conocimiento podría generar desajustes y problemas legales. 

La educación tributaria es fundamental para asegurar que los contribuyentes no solo cumplan con sus obligaciones, sino que también aprovechen los beneficios que estos cambios pueden ofrecer. Castellanos sugiere que la SAT debería implementar programas educativos y talleres en todo el país, especialmente en áreas rurales, para informar a la población sobre cómo adaptarse a estos cambios. 

Control de la SAT y futuro del sistema tributario 

La abogada también señala que el fortalecimiento del control por parte de la SAT es un paso crucial para el desarrollo económico del país. Sin embargo, considera que este control debe ir de la mano con medidas que faciliten el cumplimiento por parte de los contribuyentes. 

En los pueblos de Guatemala, es común encontrar negocios como herrerías y panaderías que operan sin estar inscritos en el sistema tributario ni patentar sus negocios. La inscripción obligatoria podría generar inconvenientes si no se acompaña de una adecuada información y soporte para estos pequeños negocios. 

Las reformas tributarias del Decreto 31-2024 representan un paso significativo hacia la modernización del sistema fiscal de Guatemala. Aunque estos cambios presentan desafíos, también ofrecen oportunidades para mejorar la recaudación y reducir la corrupción. La clave estará en la capacidad de la SAT y los contribuyentes para adaptarse a esta nueva realidad, asegurando que todos comprendan y cumplan con sus nuevas obligaciones fiscales. 

política fiscal

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Urias Gamarro

7 de junio de 2024 | 05:00h

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Los escenarios macrofiscales para el presupuesto 2025 se darán a conocer la próxima semana, según la viceministra de Finanzas Patricia Carolina Joachín. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Por primera vez en la historia económica del país, coincidirán en el Congreso la discusión de una solicitud de ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones que elevó el Ejecutivo el pasado 28 de mayo para concluir el presente ejercicio fiscal, y la estructuración del presupuesto de ingresos y gastos de 2025, cuyo techo tentativo se desconoce hasta el momento.

Patricia Carolina Joachín, viceministra de Finanzas Públicas encargada del área de ingresos y evaluación fiscal, brindó un panorama general de las previsiones hasta el momento. 

¿Cuál es la evaluación de las agencias de riesgo en esta coyuntura?

La próxima semana nos visitará la agencia Moody´s que es la tercera calificadora que viene este año y estamos a la expectativa porque esa agencia nos tiene a un paso de Grado de Inversión.

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En las reuniones con representantes de las agencias esta semana en Nueva York, se vio con buenos ojos la estructura de la ampliación presupuestaria solicitada al Congreso, porque se envía el mensaje de que se están ordenando las cuentas fiscales, al contar con un fondo de ingresos tributarios que pueden ejecutarse en inversión pública.

Para ellos es una señal de que, en esta administración, tendemos hacia una mejora en las condiciones de vida de diferentes sectores, como protección social, el inicio del metro (que es una infraestructura para desarrollo económico) y caminos rurales para poblaciones vulnerables. Ellos están conscientes de que hay un pulso fuerte con los legisladores.

¿Cómo se resolverá el pago del servicio de la deuda por unos Q2 mil millones, si no pasa la ampliación?

Habrá procesos de ajustes reduciendo otros gastos prioritarios para pagar la deuda. Por el momento, hay unos fondos de amortización en el banco central, donde a diario se hace el aprovisionamiento para poder pagar a los acreedores, porque si entramos en un proceso de impago de deuda, las consecuencias para el país serían nefastas.

¿Se puede atender esos requerimientos?

Si y ahí entran otros ajustes, como en temas de Salud y Educación y el remozamiento de 10 mil escuelas. Lo triste es que los recursos están ahí, así que solo es cuestión de una aprobación y se pueden destinar para inversión pública.

¿Por qué hasta ahora presentaron la solicitud de la ampliación y no antes?

Apenas van 180 días de gestión. Hacer las estimaciones y comprender los números es un proceso en el que participan técnicos del Ministerio de Finanzas, Banco de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria y se requieren muchas reuniones y discusiones para llegar a una propuesta.

Hay una revisión macroeconómica, una serie de consultas a las instituciones, afinar las cifras  y pasa el primer semestre del año. Entonces, si nos hubiésemos adelantado a presentar esa ampliación, quizás se habrían cometido varios errores. Entonces, no es un tema de tiempo, sino de cómo presentar una propuesta robusta.

Es la primera vez que converge un ajuste con el presupuesto del ejercicio siguiente, ¿qué expectativas tienen?

En realidad, da para pensar mucho. El Pleno trasladará la iniciativa la Comisión de Finanzas y veremos cual será la opinión o recomendación.

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¿Cuál es el plan para mejorar la carga tributaria este año?

Desde el año pasado se hizo una solicitud para evaluar al administrador tributario y ya lo hace el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese instrumento mostrará las fortaleza, debilidades y oportunidades de la gestión financiera. 

Nosotros queremos fortalecer la recaudación tributaria, sin necesidad de ir aumentos a tasas porque eso lleva mucho tiempo y hemos visto oportunidad en el análisis del incumplimiento tributario.   

Para 2025, ¿cuáles son los escenarios?

Todavía está la discusión y se avanzó en la Comisión Técnica de Finanzas Públicas que se reunió el miércoles 5 de junio, pero los equipos están trabajando para poder tener las cifras.

La próxima semana se presentan los escenarios macrofiscales y tendremos la participación de varios tanques de pensamiento para abordar el presupuesto 2025 en los talleres de presupuesto. Ahora nos interesa conocer la opinión de la ciudadanía.

¿Cuándo se convoca la elección para la sustitución del Directorio de la SAT?

Es un proceso que iniciará en septiembre y para cambio de superintendente será en el 2025. Para ambos es un proceso competitivo y se realizarán las convocatorias para que los profesionales apliquen, con criterios de evaluación para elegir una terna.

Por ejemplo, solo en abril último, en la evaluación del Capítulo IV por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) una de sus cuatro recomendaciones es incrementar la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto, a pesar de que en el año pasado el indicador mejoró al cerrar en 11.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Eso significa que, por cada quetzal que se produce en el país, 11.7 centavos entran al fisco por impuestos que se destinan al financiamiento del gasto público, y según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) esa carga tributaria volvió a las cifras observadas en 2006 y 2007, cuando ya se trataba de alcanzar el 12% propuesto en los Acuerdos de Paz firmados en 1996.

Además, a pesar de que la economía creció 8% el año anterior, fue un “efecto rebote”, luego de la depresión del 2020 por la crisis sanitaria. Para el presente año, la proyección de este indicador es nuevamente de de 11.7%, y la estimación de recaudación podría rondar los Q82 mil millones a diciembre, aseguró Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas y presidente del Directorio del administrador tributario, en una conversación con Prensa Libre.

¿Por qué no aumenta?

Hay por lo menos cinco factores que explican “la fugas” que no permiten avanzar en el corto plazo.

Según Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el primer aspecto es que las empresas, en términos efectivos, pagan muy poco impuesto sobre la renta (ISR), a pesar de que la tasa nominal establecida por la ley es del 25%. Esto, porque se aprovechan todas las deducciones permitidas en la misma ley, por lo que terminan liquidando entre 0.8% y 1.2% sobre los ingresos.

Por otro lado, Guatemala tiene la menor tasa del impuesto sobre el valor agregado (IVA) en Centroamérica, así como la existencia de tratamientos especiales (gasto tributario) y ese es el segundo factor, pues a pesar de que hay contribuyentes que tienen la posibilidad de tributar lo que deberían, no lo hacen.

Recientemente, se publicó el informe del 2021 sobre el gasto tributario y se indica que este equivalió Q18 mil 401 millones o sea el 2.8% del PIB y ha mantenido una tendencia alcista en los últimos nueve años.

El tercer factor está asociado a la evasión del IVA, pues hay “una zona muy gris” en la recaudación asociada a las ventas en los mercados cantonales, donde se exenta del pago del impuesto a las compras de verduras, frutas, legumbres, carnes, y otros productos menores, por compras menores  de Q100, pero en la realidad, no se tributa nada de todos los negocios que forman parte de la llamada  informalidad económica, que incluye la actividad productiva del 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que es muy difícil mejorar, señaló el consultor.

Hace algunos días se calculó la evasión del IVA en Q7 mil 840 millones (en el 2021), pero desde el 2013 al año pasado, hay un arrastre de Q80 mil 719 millones que se ha dejado de cobrar por parte de la SAT.

El cuarto punto es la elasticidad de los impuestos unitarios (establecimiento de tarifas), en el sentido de que suben los precios de los bienes, pero la proporción del tributo es menor, y es una de las situaciones que hay que corregir.

Y el quinto elemento, no menos importante, es que en Guatemala 1.2 millones de personas y empresas aportan al fisco de manera constante por estar obligadas a pagar varios tributos, aparte del impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV), que es el único que paga otro 1.5 millones de contribuyentes. Incluyéndolos a ellos, la base tributaria del país es de dos millones 675 mil contribuyentes.

Es más, en 12 años, los tributantes efectivos sin incluir los que pagan ISCV han aumentado 584 mil 744, pues en 2010 eran 609 mil 514 y al cierre del año pasado, sumaban 1 millón 194 mil 258. En tanto, quienes solo pagan ISCV, en 2010 eran 605 mil 164 y en 2021, 1 millón 481 mil 450, para un aumento de 876 mil 286, que solo pagan un tributo específico al año.

Por otro lado, están los pequeños contribuyentes del IVA, que al año anterior sumaban 1 millón 81 mil 949 inscritos, pero solo 828 mil 390 activos, para un 23.4% de inactivos por diversas causas.

Entonces, entre el gasto tributario, la estimación del incumplimiento del IVA por unos Q26 mil 240 millones en 2021, más lo que se pierde por el contrabando y por los escudos fiscales (deducciones), el monto de lo que la SAT deja de cobrar, puede superar a lo que se recauda de manera efectiva.

“Sin necesidad de aumentar tasas impositivas (actuales) y ejerciendo mayores controles, la carga tributaria podría llegar hasta 23%; o sea llegar a cobrar ese porcentaje de impuestos, que se define como el potencial real de cobranza”, afirma el Icefi.

FEL es la apuesta

El ministro González Ricci aseguró que a pesar de que la proyección de la carga tributaria para este año es de 11.7%, la cobranza marcha bastante bien, y eso se debe a los esfuerzos de fiscalización y el uso obligatorio de la Factura Electrónica en Línea (Fel), que le permitirá a la SAT ser más ágil y eficiente.

Para el 2023 la estimación de recaudación está por los Q84 mil 550 millones, en la que habrá un alto componente de la facturación en línea, con lo que el centro de investigación consultado está de acuerdo.

“En los siguientes dos a tres años, puede aumentar la recaudación y a la vez la carga tributaria, ya que los tres principales impuestos dependen de facturación: el IVA, el ISR y el impuesto de solidaridad (ISO), por lo que es necesario hacer cruces de información”, expuso Medina.

Pero añadió que por las mejoras en la facturación electrónica se puede cerrar la evasión del IVA hasta en un punto del PIB, con lo que ocurriría un efecto “cadena” porque al haber más cobranza del impuesto al consumo, se tendría que elevar el ISR y con un buen manejo y administración se puede alcanzar hasta 2.5% del PIB para los siguientes 36 meses.

Este resultado se compara con el valor de la producción anual de la economía y de ahí resulta que el total de los impuestos pagados durante los últimos 20 años equivale a un promedio de 10% y un máximo de 11.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto, a pesar de que en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, se establecía que el país necesita una carga tributaria de 12% para iniciar el proceso de desarrollo sostenible.

Según la SAT, la carga tributaria del Gobierno Central cerró en 10.6% en el 2019, mientras que en el 2020 se situó en 10.1%, debido a la pandemia del coronavirus, a pesar de que la recaudación llegó a Q60 mil 279.4 millones.

Para el 2021 se estima que cierre en 11%, mientras que para el 2022 en base a un escenario conservador de crecimiento económico, se proyecta en 10.7%. Este indicador es el que se toma de referencia para la comparación con otros países, e incluye la recaudación de los impuestos administrados por el ente recaudador.

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En quién recae la carga tributaria

En la SAT están inscritos 2 millones 467 mil 141 contribuyentes efectivos (a agosto del 2021). Sin embargo, 1 millón 468 mil 163 solo pagan Impuesto de Circulación de Vehículos y 998 mil 978 están afectos a otros tributos.

Sin embargo, no contabiliza como contribuyentes a todos los habitantes del país, que pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) por todo lo que compran, pues el 12% ya está incluido en el precio de todos los productos o servicios, así como otros impuestos por productos específicos.

El auditor y experto fiscal Óscar Chile Monroy, explicó que las empresas pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto de Solidaridad (ISO). Las tasas del ISR van desde el 5% hasta el 25% dependiendo del régimen en que estén inscritos. Ese impuesto también lo pagan los asalariados, quienes prestan servicios profesionales, y otras actividades cuyos ingresos sean mayores a Q150 mil al año.

En cuanto al Impuesto Único Sobre Impuestos (IUSI), lo pagan los propietarios de inmuebles. Otro tributo es el 5% del Pequeño Contribuyente (PC), con ventas o servicios menores a Q150 mil anuales, que se encuentra en la ley del IVA, pero se paga en lugar del ISR.

De igual forma, está el régimen especial de contribuyentes agropecuarios que establece que personas individuales que desarrollen actividades de producción y comercialización agropecuaria cuya venta anual no exceda de Q3 millones en un año fiscal, pueden inscribirse y pagar 5% mensual sobre ventas brutas. Para estos dos segmentos (PC y régimen especial de agropecuarios) las tasas bajan a 4%, si se adhieren a los regímenes electrónicos.

Tributos escondidos

Los anteriores son los tributos más conocidos, también están algunos impuestos indirectos, que son recaudados por las empresas o negocios vendedores para luego trasladarlos a la SAT, pero que se le cargan a los consumidores.

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Los principales son los que gravan la distribución de productos específicos, como el de bebidas alcohólicas con tasas desde 6% hasta 8.5% sobre el precio de venta.

También las bebidas no alcohólicas como las gaseosas, bebidas isotónicas o deportivas, jugos y néctares, yogures y agua natural envasada, tarifas de Q0.08 a Q0.18 por litro. Otro es el impuesto al tabaco (con tarifa del 100%).

Todas las personas que compran combustibles están afectas al impuesto de distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, cuyas tasas son fijas: Q4.70 por galón de gasolina superior; Q4.60 por galón de regular; y Q1.30 por galón de diésel.

En tanto que el Impuesto a la Distribución de Cemento, lo deben pagar los fabricantes e importadores de este producto, a razón de Q1.50 por cada bolsa de 42.5 kilogramos de peso o su equivalente, cuando se venda a granel o en bolsas de diferente peso.

La lista no termina ahí, pues también están los timbres fiscales, el impuesto a la primera matrícula de vehículos, el de legados y donaciones, y el que se aplica a las regalías e hidrocarburos compartibles, entre otros.

Otras contribuciones

Existe otro indicador denominado Carga tributaria de la República de Guatemala, en el que aparte de los tributos mencionados anteriormente, se incluye el IUSI y el impuesto al hospedaje que recaba el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat). Así como las contribuciones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que representaron en el 2020 Q10 mil 182 millones.

Esta carga tributaria ha llegado a representar entre el 12 % y el 13% del PIB, reportando ingresos totales de Q71 mil 228.9 millones.

Chile Monroy explicó que es correcta la inclusión de las contribuciones IGSS para determinar ese indicador, porque según criterios al respecto, en el Código Tributario se considera un impuesto la cuota patronal, aunque sea un gasto deducible del ISR (según el régimen en que esté inscrito el patrono).

Y entre las obligaciones que se deben cumplir con las comunas está el boleto de ornato, con el pago anual por el monto que va desde Q10 hasta Q150, según el rango de ingresos por trabajo, iniciando desde Q500 mensuales.

“Falta simplificar”

El analista Hugo Maúl Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien participó en las discusiones sobre el Pacto Fiscal y en varias reformas tributarias dijo en Guatemala se considera carga tributaria la que recauda la SAT, pero en otros países agregan los impuestos a la nómina como la seguridad social porque se debe tomar en cuenta que la contribución a la seguridad social no es optativa, si la empresa está en la formalidad.

“Incluir los impuestos locales o municipales sería una buena práctica en el país, pero el problema es que el nivel de tributación local en Guatemala es muy bajo. Otro elemento que hace falta en Guatemala, y del cual se habla poco, es cómo las municipalidades puedan tener un papel más activo en el cobro de tributos locales y evitar cualquier tipo de abuso”, agregó Maul.

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A su criterio, una de las principales medidas para fortalecer la recaudación y mejorar la carga tributaria, es la simplificación de los impuestos.

Autoridades de la SAT dieron a conocer recientemente las medidas implementadas para ampliar la base tributaria, aparte de seguir impulsando la Factura Electrónica en Línea, se basa en la fiscalización de los contribuyentes.

También se trabaja en varias iniciativas de ley para concretar una reforma tributaria que, supuestamente, no modificará tasas impositivas sino que fortalecerá los controles del ente recaudador y facilitará el pago de impuestos de quienes operan en la informalidad y en mercados cantonales.

“Los impuestos que sostienen la recaudación son el ISR y el IVA, son las vacas lecheras del sistema impositivo de Guatemala”, comentó Jorge Lavarreda, analista del Cien.

“La baja carga tributaria del país se debe, por lo menos, a seis factores diferentes”

En la baja recaudación tributaria inciden al menos seis factores, detallados por María Antonieta del Cid de Bonilla, exministra de Finanzas Públicas y expresidenta del Banco de Guatemala, quien coordinó el estudio “Como retomar el Pacto Fiscal en Guatemala”, que contiene los resultados de encuestas llevadas a cabo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020.

El documento pertenece al Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía y Sociedad Plural (Idies) de la Universidad Rafael Landívar (URL) y aún no ha sido publicado, pero la exfuncionaria compartió la información con Prensa Libre, por medio de la siguiente entrevista:

¿Cuáles factores inciden en la baja recaudación tributaria?

Conforme a las respuestas recopiladas en 25 entrevistas realizadas a exministros y exviceministros, expertos y analistas de centros de investigación y actores representativos del sector empresarial que han dado seguimiento al desempeño de las finanzas públicas del país, los principales factores son seis:

• El primero es la heterogeneidad social e ideológica del país, que complica una visión uniforme por parte de la población sobre el papel que debe cumplir el Estado, lo que se traduce en pocos incentivos para tributar.
• El segundo, poca motivación por cumplir con las responsabilidades fiscales.
• Y, el tercero, la estructura tributaria, pues la recaudación aumenta menos que el crecimiento económico, incidiendo aquí los impuestos específicos al consumo (combustibles, bebidas, cemento) cuya recaudación crece menos que su valor, en virtud de que el impuesto se aplica al volumen.
• Otros elementos son: el impacto de la desgravación arancelaria.
• El contrabando y la corrupción en el manejo de los recursos públicos. Así como la poca transparencia en la administración tributaria, aunque se debe indicar que el superintendente actual está impulsando la implementación del Programa de Modernización Integral Aduanera (MIAD) para combatir el contrabando.
• La debilidad de fiscalización del ente regulador. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2017 subrayó la importancia que tiene para una administración tributaria moderna, el cruce masivo y automatizado de datos de ingresos declarados con la información proveniente de terceros.

De ahí, la importancia de utilizar la tecnología para cruzar grandes cantidades de datos de contribuyentes en busca de discrepancias, fomentando así la presentación de declaraciones exactas.

La SAT está comenzando a implementar un modelo de gestión de riesgos y acciones para detectar y combatir la defraudación fiscal por medio de estas herramientas. El establecimiento de la FEL (factura electrónica en línea) facilita estas acciones.

¿Por qué hay poca motivación en la población para cumplir sus obligaciones tributarias?

Se deriva de la poca cultura o educación tributaria en el país y la baja percepción de riesgo por incumplimiento, pues se considera que las sanciones son pocas, al igual que las consecuencias de no cumplir. Tampoco se perciben beneficios palpables de tributar, en relación con la provisión de bienes y servicios por parte del Estado; la complejidad del sistema tributario y la poca implementación tecnológica, (aunque hay que reconocer que el superintendente actual está impulsando cambios en este sentido); poca transparencia en la administración tributaria/ corrupción en el sistema, a raíz principalmente de casos muy sonados como el denominado La Línea en 2015, y otros que se pusieron en evidencia en otras administraciones.

¿Cómo influyen esos factores en que la carga tributaria se considere baja respecto a la de otros países?

La base tributaria sigue siendo reducida, lo que unido a los factores descritos dificulta su aumento, aun con una mejora en la administración tributaria. Un ejemplo de ello es que en el presupuesto multianual contemplado en el proyecto de presupuesto 2022, presentado recientemente al Congreso, se proyecta que la carga tributaria en los próximos cinco años solo pasaría de 10.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022 a 11.1% en 2026.

¿Qué sugiere para que se amplíe la base tributaria?

El sector informal necesita incentivos para formalizarse y comenzar a tributar: por ejemplo, que sea fácil registrarse y pagar los impuestos, pero también de acuerdo con el tamaño del negocio; tener acceso al seguro social y a los servicios financieros; aparte de una mayor percepción de riesgo.

Si no se ven beneficios, difícilmente habrá estímulos para la formalización y ampliación de la base tributaria. Otro aspecto importante para revisar es el de las exoneraciones y exenciones fiscales, que deben ser analizadas para asegurar que cumplen con el objetivo y no se convierten en una fuente de elusión fiscal.

¿Se necesitaría otro ejercicio como el pacto fiscal que se estuvo negociando hace 20 años? Y si es así ¿En cuáles temas se deben centrar los acuerdos?

Durante las entrevistas realizadas se preguntó a los entrevistados cuales consideraban que serían los elementos fundamentales para retomar un pacto fiscal en Guatemala y destacaron los siguientes:

Fortalecer la institucionalidad fiscal: El 24% de los entrevistados considera que es importante, como punto de partida, que el sector político en general y el gobierno en particular, demuestren acciones para fortalecer la institucionalidad fiscal y combatir la corrupción.

Esto es fundamental para que los esfuerzos en pro de la mejora de los ingresos fiscales, en particular los tributarios, tengan los resultados esperados; sin este fortalecimiento cualquier reforma se traduciría nuevamente en un parche. Por lo tanto, debe abarcar acciones, tanto de la administración presupuestaria, como de la administración de ingresos; también mejorar la transparencia y combatir la corrupción.

Es esencial la propuesta de acciones para mejorar las capacidades de planificación del sector público, continuar fortaleciendo la gestión, calidad y transparencia del gasto y modernizar la administración tributaria por medio de un nuevo diálogo fiscal.

Además, avanzar en reformas a la ley de contrataciones, modificaciones al servicio civil, regulación de la participación sindical, fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y una revisión integral de las rigideces del gasto.

Mejorar la moral tributaria demostrando orden y probidad en el uso de los recursos: 20% de los encuestados considera necesario trabajar en varios campos para lograr este objetivo. Desde el punto de vista político y cultural, la percepción tan fortalecida de corrupción es la peor noticia para mejorar la moral tributaria, pues la gente considera que solo pagará para que se lo roben.

La sugerencia es avanzar en mayor pertinencia y priorización del gasto, como punto de partida, que se denote compromiso para ejecutar adecuadamente los recursos disponibles y, paralelamente, establecer un programa de formación en temas fiscales, involucrando a todos los sectores, incluyendo al político.

Promover un diálogo más integral que no se limite solo a lo fiscal: El 16% de los analistas cree que el objetivo sería lograr un consenso mínimo más comprensivo y holístico sobre los diversos temas asociados con el Estado que necesitamos y los recursos que se requieren, a partir de una discusión sobre el país que queremos y los objetivos estratégicos relacionados. Este consenso mínimo sentaría las bases para impulsar reformas estructurales en diferentes ámbitos.

Identificar actores con credibilidad para liderar el esfuerzo: El 12% de los entrevistados coincide en lo fundamental que resulta este aspecto. Algunos consideran que la escogencia de un equipo que represente un liderazgo diverso a nivel nacional, puede ser la clave, en virtud de la crisis de credibilidad por la que está atravesando el país (y la región). Esto coadyuvaría a generar confianza en que las diferentes visiones estarán reflejadas. Se necesita una entidad con mucha credibilidad que determine la metodología a seguir.

También se mencionó la importancia de asegurar liderazgos de representatividad legítimos en la discusión de un nuevo pacto, para no desprestigiar una iniciativa de este tipo. Hay acuerdo en que se requiere gente que tenga determinado perfil y mucha credibilidad para liderar el proceso, al mismo tiempo que se reconoce que cada vez es más difícil encontrar este tipo de interlocutores en el país, en vista de la polarización y crisis de credibilidad prevalecientes.

Una de las opciones planteadas es buscar nuevos actores, por ejemplo, entre el sector de jóvenes, para que vengan a inyectar un nuevo compromiso y adherirse a compromisos de visión de país.

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Tomar como base el pacto fiscal suscrito en el 2000: Varios entrevistados consideran que en un posible nuevo diálogo fiscal no sería necesario comenzar de cero, ya que los principios y compromisos del Pacto Fiscal del 2000 pueden servir como base, revisando, cambiando y actualizando lo necesario.

Lo anterior pasaría por el ejercicio de analizar cómo estamos hoy en los diferentes componentes que incluía el referido pacto. Un tema que surgió directamente durante las entrevistas realizadas es el de actualizar el tema del patrimonio del Estado, que es muy valioso para resolver problemas del país, y es uno de los componentes del Pacto Fiscal sin prácticamente ningún avance desde su suscripción. De igual manera, se enfatizó que es esencial una revisión integral del sistema de clases pasivas del Estado que genera una carga financiera importante en el presupuesto público.

 Hacer conciencia en la población sobre la necesidad de un diálogo fiscal. La necesidad sentida de que hay que hacer algo es un requisito fundamental para iniciar un nuevo diálogo. Algunos entrevistados (8%) opinan que no sería tan difícil, pues consideran que tanto en la sociedad civil como en el sector empresarial hay cada vez más conciencia de que el Estado no está cumpliendo con atender las necesidades básicas de la población.

Otros son de la opinión que todavía hay camino que recorrer, por lo que es muy importante evidenciar por qué es esencial tener finanzas públicas fortalecidas. Estas fuentes consideran que es necesario promover un fortalecimiento de la cultura tributaria empezando por explicar que lo fiscal no se refiere únicamente al tema de impuestos, sino que está estrechamente vinculado con la posibilidad de mejora en la provisión de servicios públicos, y tomar en cuenta en este ejercicio que cada sector tiene intereses diferentes.

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Buscar un tema que afecte de manera a común a todos. Otro 8% de los encuestados considera que esto permitiría a un amplio sector de Guatemala sentarse en una mesa y comenzar a dialogar. Se mencionó como ejemplo entre los posibles temas, mejorar el ambiente de participación política, connotación empresarial y condiciones de vida de la población.

En una línea similar, uno de los entrevistados argumentó que, en una futura reforma tributaria, tal vez funcionaría introducir una regla integral de gasto, para definir prioridades; por ejemplo, primera infancia, cobertura general en salud o educación, etc., evitando así que los recursos fiscales adicionales sean capturados por el gasto de funcionamiento, en particular para sueldos y remuneraciones.

Buscar viabilidad política: Como se ha mencionado, nuestro sistema político se caracteriza por partidos políticos débiles, fragmentados y con poca representatividad, y dada la experiencia con la implementación de reformas fiscales desde la suscripción del Pacto Fiscal, se considera esencial involucrar al sector político desde un principio en un futuro diálogo, asegurando una efectiva participación institucional del Congreso de la República y de los partidos políticos.

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Por primera vez el indicador bajará del promedio del 10% y los escenarios apuntan a una carga tributaria menor del 10.6% del 2019, poniendo a Guatemala como uno de los países de América Latina con el menor porcentaje en este rubro.

Eso significa que, por cada quetzal que se produce en el país, Q0.9 entran al fisco por impuestos que se destinan para el financiamiento del gasto público.

Escenarios

En los tres modelos de recaudación tributaria para el cierre del 2020 que presentó Fernando Suriano Bueso intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), confirman que el indicador estará en 9%.

En el escenario bajo de recaudación se pronostica una recaudación de Q58 mil 223.7 millones con una brecha -impuestos programados, pero no recaudados- de Q5 mil 245 millones- una caída de la cobranza del -6.2% con respecto al 2019 y carga tributaria de 9.78%.

En un siguiente modelo se proyecta Q58 mil 927 millones, una brecha de Q4 mil 541 millones, una contracción de -5.1% y una carga tributaria de 9.80%.

Mientras que en el escenario alto se estima un recaudo de Q59 mil 630.2 millones, una brecha de Q3 mil 838 millones, una caída de 3.9% y una carga tributaria del 9.8%.

Es decir, la recaudación estaría por debajo de los Q60 mil millones en los tres modelos dados a conocer.

“En la historia se han observado shocks vinculados a la economía por ejemplo del 2009 y shocks de política fiscal o sea leyes que han tenido impacto en la recaudación”, dijo Suriano Bueso.

El pasado miércoles se informó que la brecha fiscal en abril último fue de Q800 millones, que se explica por un menor consumo por el confinamiento y la importación de los derivados del petróleo.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, declaró que es un tema muy delicado ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mencionado que el indicador debe ser el 14.7%, y confirmó que Guatemala es uno de los países más baja tributaria.

“Era de esperarse”

Abelardo Medina Bermejo, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que era es de esperarse el desempeño de este indicador por una menor actividad económica en el país.

El comportamiento no será exclusivo de Guatemala sino de los países de Centroamérica para este ejercicio y la proyección para la región en promedio es de 0.9%.

“Considerando la trayectoria y a partir de la disminución de la actividad económica y la recaudación la carga tributaria podría cerrar en 10%, pero puede bajar más si la economía se ve más afectada de lo que se ha proyectado”, explicó el analista.

En todo caso si la actividad económica se deprime mucho este año, el indicador podría cerrar entre 9.7% a 9.8%, con agujero fiscal de Q6 mil millones, precisó el investigador del Icefi.

Agencia lo anticipó

Tan solo el pasado 3 de abril la agencia de calificación de riesgo-país Fitch Ratings que cambió la nota para Guatemala de BB a BB- por el efecto del coronavirus, también hizo hincapié sobre un menor crecimiento económico, una baja carga tributaria y un incremento mayor del déficit fiscal.

Entre abril y mayo se ajustó el crecimiento económico para 2020, en el rango de 0.5% a -1.5%, la carga tributaria en 9.8%, el déficit fiscal a 5.7%, y la relación de deuda pública/PIB de 31.8% en 2020, según los datos que dio a conocer el Ministerio de Finanzas.

No obstante, González Ricci declaró que la carga tributaria para 2021 llegaría a 10%, el déficit fiscal a 2.9%, la deuda pública con relación al PIB en 32.4% y un crecimiento económico de 3.5%.

Medina Bermejo enfatizó que la recuperación de la carga tributaria para el siguiente año dependerá del consumo.

Afirmó que el mayor impacto que tiene la recaudación este año es por la contracción de las remesas familiares que financian el 14% del consumo interno.

“Si se mantiene esa trayectoria de recuperación en la cobranza la carga tributaria estará en el orden del 10.4% y 10.5%”, añadió.

Carga estimada

El Icefi proyectó los escenarios de la carga tributaria para 2020:

• El Salvador: 16.7%
• Nicaragua: 16.3%
• Honduras: 15.7%
• Costa Rica: 12.9%
• Guatemala: 10.1%
• Panamá: 7.1%

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Presupuesto

El funcionario explicó que si no se logra aprobar el presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el 2020 se tendría un efecto de un menor ritmo de crecimiento económico el próximo año. Según el Banco de Guatemala (Banguat) se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.7%, pero si no se logra la aprobación del presupuesto se prevé que quedaría en 3.1%.

El monto del plan de gasto 2020 es de Q91 mil 808 millones y las instituciones están en el proceso de realizar ajustes para priorizar sus gastos con ese techo.

El plazo para entregar a propuesta al Congreso vende el 2 de septiembre próximo y ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre.

Entre otros impactos, el director de análisis fiscal del Minfin Juan Sebastián Blas mencionó que la no aprobación implicaría inconvenientes para la ejecución porque al tener menor espacio presupuestario requeriría que se priorizaran algunos gastos y posible reducción de cobertura de servicios públicos y de la inversión en infraestructura.

“Tendría un efecto nocivo sobre la percepción de las empresas calificadoras de riesgo soberano y de los organismos internacionales que evalúan al país” agregó Blas.

Tensiones comerciales

Entre las tensiones comerciales internacionales están las que se refieren a los casos iniciados por Estados Unidos contra sus principales proveedores afectará el comercio mundial y podría tener impacto en el comercio exterior del país expuso Blas.

El @MinfinGT efectua el taller sobre riesgos fiscales en Guatemala y riesgos ante desastres. En la reunión participan entes del Estado, analistas y representantes del partido Vamos como parte de la trancisión para el nuevo gobierno @Economia_pl pic.twitter.com/l9Pt9KMSxc

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) August 21, 2019

“La parte de desaceleración económica a nivel mundial y que tiene un reflejo por las tensiones geopolíticas que son externas, le puede generar al país un nivel de riesgos fiscales” agregó Martínez. Entre estos hay varios focos que podrían afectar a Guatemala como la tensión comercial entre Estados Unidos y China, el retiro de Inglaterra de la Unión Europea (conocido como Brexit),el impacto de decisiones internacionales respecto del petróleo mencionó al funcionario.

Sin embargo, mencionó que la desaceleración de la economía de otros países no precisamente se debe reflejar en recesión en Guatemala ya que el país tiene capacidad resiliente para enfrentar los desafíos institucionales y tiene el desarrollo económico que permita respaldar al país. “No vemos que los indicadores a nivel local tengan seña de tener una disminución de la dinámica económica para el 2019 y se prevé que finalice el año con 3.5% de crecimiento y en el 2020 proyectado a 3.7%” explicó Martínez.

En los aspectos comerciales podrían afectar las fluctuaciones en los precios de los principales productos de exportación.

En el primer semestre del 2019 el ingreso de divisas por las exportaciones llegó a US$5 mil 666 millones, que significó una leve caída de 0.3%, según datos del Banguat. Aunque hubo una leve recuperación en café y azúcar.

Política migratoria y desaceleración por remesas

La política migratoria y desaceleración podrían tener un efecto sobre remesas y el consumo privado, se agregó.

Las remesas familiares podrían reducirse en el corto o mediano plazos derivado de políticas migratorias añadió Blas al mencionar los diferentes riesgos que se visualizan para Guatemala en el 2020, este comportamiento podría incidir en el consumo de estas economías al mencionar que otros países de Centroamérica enfrentan similar situación.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas explicó que esa condición no se está reflejando en este momento en el país ya que el ritmo de envío de remesas de guatemaltecos desde Estados Unidos ha crecido. En julio creció 12.5% cuando en otros meses el crecimiento promedio era de 8%, comentó.

El Gobierno firmó con Estados Unidos un convenio para declarar al país como un tercer país seguro para recibir migrantes. El presidente de dicha nación Donald Trump indicó que si dicho acuerdo no se firmaba se establecerían aranceles para productos guatemaltecos y cobros para el envío de remesas.

Hasta el 31 de julio pasado el ingreso acumulado es de US$5 mil 874 millones, según datos del Banguat.

Blas agregó que el principal desafío a mediano plazo para Guatemala continúa siendo el desarrollo económico y la reducción de la pobreza como las prioridades de la política pública.

Riesgos ambientales

Los riesgos ambientales es otro de los rubros que se analizan y para los cuales se impulsan mecanismos para prevenirlos o mitigar su impacto.

El 40% de los riesgos que han tenido impacto en el país han sido por exceso de lluvias, sin embargo.

Sin embargo, también se han identificado otros riesgos como las sequías y los incendios forestales mencionó el Minfin. Del 2001 al 2017 se registra un mayor número de incendios y una superficie afectada acumulada de 257 mil hectáreas. Ha cambiado el comportamiento climático porque cada vez más hay canículas más prolongadas, agregaron.

Martínez dijo que para el año 2100 se prevé que ya no exista el período de invierno que empieza en mayo sino que se trasladaría para agosto.

Estos impactos profundizan las pérdidas de cultivos, afectan el agro y crece el riesgo para la seguridad alimentaria.

Entre las acciones que se están implementando son la creación del Fondo de Atención por Desastres para el cual se propone dejar en Q669.55 millones compuesto por Q519 millones de disponibilidad en la caja y Q150 millones de previsión más en el presupuesto del 2020.

Además, ya se efectuó la contratación del seguro paramétrico para cubrir ciertas pérdidas por catástrofes generadas por exceso de lluvias por Q35 millones.

Además, se ha avanzado en los trámites para la aprobación del préstamo contingente por US$200 millones para enfrentar catástrofes. La opción establecida es de desembolso diferido ante catástrofes y solo se utilizará cuando se declare un estado de calamidad.

Se agotan las reservas de petróleo

El Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, incluye dentro del análisis de riesgos fiscales específicos, los “Riesgos de Recursos Naturales” que considera la dependencia de los ingresos provenientes de los recursos naturales agotables.

En este caso se menciona que la producción petrolera del país bajó de alrededor de 26 mil barriles diarios a 9 mil 200.

Al ritmo actual, los principales campos que se han logrado explorar se agotarán en 10 años explicó el Minfin.

Por ejemplo, el campo Xan (Contrato 2-85) aporta el 85% de la explotación del país, pero al ritmo que va se la reserva se estaría agotando en 10.14 años, se añadió.

Del 2010 al 2018 por impuesto sobre la renta (ISR) el Estado recibió Q699.7 millones más regalías.

La producción minera ha disminuido por el cierre programado de la Mina Marlin, además de la suspensión de la Mina El Escobal (Minera San Rafael) y en el caso de Fénix (CGN) por la baja en los precios internacionales. (Además la operación de Fénix fue suspendida en julio del 2019 por resolución de la CC).

Del 2010 al 2018 por impuesto sobre la renta (ISR) el Estado recibió Q699.7 millones más regalías.

En ese mismo plazo las mineras pagaron de Q2 mil 373 millones en ISR y otros dos impuestos además de regalías.

Ingresos tributarios, desempeño de la SAT

El fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debe tener mejor desempeño para atender la recaudación y mejorar la carga tributaria dijo el Ministro.

Según el Minfin Guatemala tiene el nivel más bajo en la relación de la deuda con el PIB en la región ya que se prevé que en el 2020 esté en 26.1% y en el 2024 llegue a 25.8%.

Mencionan que se tiene un nivel razonable en relación con los ingresos fiscales. Se informó que ese indicador está en 248.6% y se prevé llegue baje a 235.8% en el 2024. Sin embargo, analistas han mencionado constantemente que llegar a un 250% es un límite y se entra a una alerta de riesgo.

Al respecto el ministro dijo que no lo cataloga como riesgo, sino que se debe ver la oportunidad de fortalecer la SAT.

Guatemala ha mantenido un déficit fiscal de 2.1% el cual es considerado prudente. Sin embargo, es necesario aumentar los ingresos.

Los riesgos que enfrentan los ingresos fiscales son:

• La fluctuación en las exportaciones
• Fluctuación en los precios del petróleo
• Variación del tipo de cambio
• Los adeudos tributarios
• La desaceleración económica y
• La reducción del efecto administrativo de SAT

A julio del 2019 se registra un déficit fiscal de Q1 mil 627.2 millones ya que se reportaron ingresos por recaudación acumulada en el año de Q36 mil 778 millones, pero la meta era Q38 mil 405 millones.

El Ministerio de Finanzas detalló son necesarias medidas de política fiscal para atenuar los posibles impactos exteriores como:

• Mejora de la recaudación tributaria que permita ampliar la base tributaria, modificar o modernizar algunas tarifas impositivas. Principalmente con impuestos específicos según Blas, aunque el Ministro dijo que no tienen prevista dejar ninguna propuesta presentada de reformas impositivas.
• Mejorar la fiscalización y los controles aduaneros para la reducción de la evasión y el contrabando por parte de la SAT.
• Es necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público para ejecutarlo de acuerdo con los indicadores de deuda y sostenibilidad.
• Fortalecer la provisión de bienes públicos con un alto rendimiento económico y social por ejemplo la infraestructura, protección social, salud y educación.
• Aumentar la inversión mediante asociaciones público-privadas, entre otros aspectos para mejorar la posición económica y fiscal del país en un horizonte de mediano plazo, detallaron en la presentación.

Por aparte, Martínez mencionó que se firmó un convenio para ejecutar junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU) Q400 millones para el fortalecimiento de las capacidades de la SAT. El monto lo proveerá el Gobierno con “los impuestos de todos los guatemaltecos”, agregó.

El miércoles 21 de agosto el Minfin realizó el taller de consideraciones de riesgos fiscales en Guatemala y normas presupuestarias para la protección financiera ante riesgos de desastres como parte del programa de Presupuesto Abierto.

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El ministro de Finanzas Víctor Martínez dijo que ese monto se definió con base a un escenario conservador de recaudación tributaria y de crecimiento económico bajo para la estimación de esos ingresos. Para ello se tomó en cuenta la retroalimentación que recibieron sobre la conveniencia de usar estos escenarios para los cálculos.

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El monto máximo de presupuesto fijado para el 2020 es solo 4% más alto que el vigente en el 2019 que llegó a Q88 mil 245 millones, pero analistas adelantan que los límites máximos asignados para algunas instituciones son menores que el presente año en relación del Producto Interno Bruto (PIB).

Martínez indicó que para el próximo año la recaudación tributaria ha sido proyectada en Q67 mil 009.7 millones.

Sin embargo, se busca ser moderados ya que en el 2019 el comportamiento de esos ingresos refleja una brecha con la meta aprobada originalmente. A mayo hay una brecha de ingresos de Q1 mil 064 millones.

Y para el cierre del año varía ya que en el presupuesto se aprobó en Q64 mil 027.7 millones, pero según datos del Minfin la recaudación cerraría en Q61 mil 588.2 millones, según una estimación de cierre pasivo.

El Ministró mencionó que prevén cerrar la brecha en el resto del año.

En tanto el crecimiento económico ha sido definido por el Banco de Guatemala (Banguat) en entre 3% y 3.8% para el 2019 y en 3% y 4% para el 2020, agregó el funcionario.

En tanto el déficit fiscal para el próximo año se ha estimado en 2.4% del PIB.

Martínez mencionó que no podía indicar aún el monto de deuda por Bonos del Tesoro que se propondría para el próximo año ya que están en diferentes fases del proceso de aprobación varios préstamos por US$860 millones. Al tener definido ese monto se podrá definir el de los bonos, se agregó.

Se ajusta límite máximo de presupuesto a entidades

Aparte de los escenarios mencionados, para asignar los montos máximos sobre los que cada entidad debe ajustar su propuesta de plan de gastos para el 2020, se tomó en cuenta la ejecución presupuestaria de cada ente explicó el Minfin.

Las instituciones tienen hasta el 15 de julio para presentar sus propuestas con base a estos montos máximos.

Para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) hubo una drástica reducción en el monto máximo límite al cual deben ajustar su presupuesto, respecto de lo solicitado. Mientras dicha institución pidió Q12 376 millones, se le fijó un techo de Q5 mil 050 millones.

Ese monto incluso es menor en Q1 mil 003 millones respecto de los Q6 mil 053 millones que tiene vigentes hasta el 31 de mayo del 2019.

Al respecto Martínez explicó que se tiene planificado establecer un monto de unos Q2 mil millones para obras de infraestructura, que se denominarán obras del Bicentenario. En 2021 se cumplen 200 años de la independencia de Centroamérica. Sin embargo, no detalló si esta modalidad se sumaría al presupuesto del Ministerio de Comunicaciones o cómo se ejecutaría.

En el caso del Ministerio de Salud, este ente buscaba que se le asignaran Q13 mil 525 millones, pero se le está poniendo un límite en Q8 mil 198, monto incluso en Q65 millones menos que lo vigente este año.

El Ministro de Finanzas explicó que ese monto si le permite cubrir los pagos de servidores públicos. Pero explicó varios puntos tomados en cuenta para definir ese monto, uno de estos es que ese ente no ha ejecutado este año los fondos de infraestructura en salud provenientes de Bonos del Tesoro, además que se está en espera de que se apruebe el préstamo por US$100 millones destinado a temas de salud para poder financiar el presupuesto en ese sector.

El Ministerio de Educación (Mineduc) había solicitado Q19 mil 930.4 millones, mientras el Minfin le fijó un límite de 17 mil 502, Q2 mil 428 menos de lo requerido. Sin embargo, el monto sería Q800 millones más que el presupuesto vigente.

En el caso de Ministerio de Energía y Minas (MEM) había solicitado Q563 millones, porque en este incluyó un monto para cubrir el subsidio a la Tarifa Social de la energía, sin embargo, se le fijó un techo de Q82 millones.

Martínez explicó que esa decisión de debe a que han detectado que el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) tiene en caja unos Q2 mil millones con los cuales puede cubrir ese requerimiento.

En el caso del Ministerio de Gobernación pidió Q6 mil 277 millones, pero Minfin le asignó un techo de Q5 mil 469 millones.

En este monto aún no va incluido un aumento de Presupuesto para la Policía Nacional Civil ya que no se ha recibido la solicitud oficial.

No tiene cambios trascendentales, rubros de desarrolló bajan respecto del PIB

Con los montos definidos en los techos indicativos para el presupuesto del 2020 se está cuidando la sostenibilidad macroeconómica como la fiscal y la sostenibilidad de la deuda, pero no tiene cambios trascendentales en térmicos de cobertura para desarrollo humano indicó Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

La carga tributaria se proyecta en 9.9% del PIB, y el tamaño del Gobierno estaría bajando de 13.2% a alrededor de12.7%. Esa reducción significará que afecta otras acciones o medidas del Gobierno, explicó.

Medina dijo que no solo se deben enfocar en los cambios de los montos en quetzales, sino cuánto representan respecto del PIB. Desde ese enfoque menciona que muchos de los techos asignados están bajando:

• Menciona que educación tiene en el 2019 un presupuesto que significa 2.6% del PIB y que con la cifra límite fijada para el 2020 bajaría a 2.5%.
• En salud está en 1.3% del PIB y el otro año significaría 1.2%
• Comunicaciones representa este año 1% y el otro año 0.7% del PIB.
• Gobernación, se quedaría estancado en 0.8% del PIB.

Medina indica que “siendo uno de los principales problemas del país las extorsiones, las pandillas y la inseguridad, nov emos que haya cambios en términos generales” en el presupuesto de Gobernación.

“El nuevo presupuesto no tiene algo trascendental que nos diga que hay un cambio que vaya persiguiendo tener mejores condiciones en desarrollo de los guatemaltecos y se está reproduciendo los mismos errores”, agregó.

Fueron prudentes

David Casasola, consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) explicó que en la definición de estos techos indicativos parece haber una reflexión acerca de los escenarios macroeconómicos en los que se basan para hacer las proyecciones y le parece prudente usar los escenarios intermedios ya considera que eso repercutirá en la capacidad que se va a tener para ejecutar el presupuesto y que en realidad los fondos que se prevén ahora financiar el gasto público estén disponibles.

Es importante ver la ejecución que lleva cada institución en el 2019 para que eso vaya conectado a los fondos que se le podrían asignar.

Se tendrá que analizar también, cuando cada entidad envié su propuesta la estructura que se le dará al presupuesto, por ejemplo, si se destinaría más para funcionamiento, para inversión o para algún programa estratégico.

Añadió que deberán analizar los datos divulgados por el Minfin a detalle para ampliar una opinión al respecto.

Respecto al uso de los recursos disponibles en caja dijo que es difícil establecer en este momento cuánto se podía gastar o invertir, ya que se trata de instituciones descentralizadas o autónomas además que podría tener algún monto destinado para algún proyecto multianual, o para el pago de bonos o prestaciones al personal durante el año.

Pide a entidades usar saldos de caja por Q30 mil 500 millones

• El ministro de Finanza agregó que se ha detectado un crecimiento de los saldos de caja de diferentes entidades descentralizadas y autónomas.
• A diciembre del 2018 se registró en Q17 mil 500 millones, pero al 31 de mayo del 2019 ese monto ya llegó a Q30 mil 500 millones.
• Durante la presentación de los Techos Indicativos para el presupuesto del 2020, el funcionario hizo un llamado a esas entidades a usar esos saldos para convertirlos en servicios y cobertura de servicios.
• El uso de dichos recursos dinamizaría la economía por un estimado de 1.3% del PIB, agregó.
• Con esto, el crecimiento económico del país llegaría 4.4%, expuso el funcionario.
• No es una situación oportuna para el Estado en que se le asigne recursos a las instituciones y estas los guarden, añadió.
• “Si nos endeudamos para ir a guardarlo a la caja estamos dejando de hacer productivo el recurso”, además que se estarían ahorrando unos Q2 mil millones en intereses.

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La evaluación del organismo determinó que, en 2018, Guatemala alcanzó una carga tributaria menor con respecto a otros países.

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Aunque el entorno fiscal fue muy complejo para los países de Centroamérica y República Dominicana (Card) durante el 2018, Guatemala se caracterizó, de nuevo, por tener la menor carga tributaria de la región.

Así lo resalta la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la cual determinó que Guatemala alcanzó una carga tributaria del 10% con respecto al producto interno bruto (PIB) por segundo año consecutivo.  Eso quiere decir que, por cada quetzal que se produce en el país, Q0.10 entran al fisco por impuestos y que se destinan para el financiamiento del presupuesto.

Los datos se extraen del informe Balance preliminar de las economías de Centroamérica y la República Dominicana en 2018 y perspectivas para 2019, que señala que los ingresos totales del gobierno central en los países de Card disminuyeron levemente de un 16.1% del PIB en el 2017 a un 15.6% del PIB en el 2018.

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Por país, Honduras registró el mayor ingreso total como proporción del PIB (19.8%), mientras que Guatemala registró los menores ingresos (10.5% del PIB). En cuanto a ingresos del Gobierno Central, la carga tributaria de Guatemala en el 2018 (10% del PIB) fue la más baja desde el 2000.

Evaluación

“En el 2018 se observó una desaceleración en la recaudación tributaria, pues en el 2017 se recibieron ingresos extraordinarios derivados de la vigencia del Acuerdo Gubernativo Número 82-2017, suscrito con la finalidad de que los contribuyentes estuvieran al día con sus obligaciones, y que llevó a la exoneración de multas, moras, intereses y recargos”, cita el documento.

Es decir, no hubo acciones que motivaran el incremento de la recaudación, como ocurrió en los ejercicios 2016 y 2017, por las acciones de cobranza por la vía judicial y de la exoneración de multas, mora, intereses o recargos a los contribuyentes.

Abel Cruz Calderón, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), reconoció que, en general, el año pasado fue un año normal en términos de recaudación tributaria y no se presentaron acciones extraordinarias, para elevar el indicador.

Explicó que, en el 2016, por las acciones judiciales de cobranza se logró aumentar la recaudación en Q2 mil 100 millones, y en el 2017 por la amnistía en la exoneración de multas, recargos e interés fue de Q1 mil 500 millones, que aportaron en incrementar la carga tributaria.

“El año pasado no hubo acciones extraordinarias y fue un ejercicio limpio”, enfatizó el recaudador.

Impacto

Para el consultor fiscal Juan Carlos Paredes, la recaudación del año pasado fue menor al producto interno bruto del 2017  y significa que se  tributa menos y se  produce más.

“Hay deficiencias del sistema tributario que descansan en el impuesto al valor agregado (IVA). Existen muchas aristas en  recaudación y de la economía informal de que no  incrementó la cobranza  y eso se  reflejó en el indicador de la baja en la carga tributaria”, afirmó Paredes.

Añadió que el IVA tiene un poco más del 50% de la carga tributaria y si no se controla la economía informal o a algunos contribuyentes no se reflejará en un incremento.

Además, por otro lado, se observó un mayor incremento en el impuesto sobre la renta (ISR), que es un impuesto directo “mucho más controlado” y que se recauda por las empresas que son formales, empleados y profesionales que están en el régimen de 5% y 7%.

“El sistema tributario está más diseñado para impuestos indirectos como el IVA y habría que discutir el modelo, porque recae en la población en general”, subrayó.  El consultor detalló que una de las consecuencias de una menor recaudación es que se tiene que recurrir al endeudamiento interno y externo para cubrir ese déficit.

Gastos

Por el lado de gastos, según el informe, Guatemala mostró los menores egresos por 12.3% del PIB, dentro de los países del Card, mientras que Honduras tuvo los   mayores niveles de gastos por 22.4%.  En general, los gastos totales en la región se redujeron de 18.7% del 2017 a un 18.1%, el año pasado.

“El factor central que explicó la variación anual en los niveles de gasto de la subregión fue la disminución de la inversión pública, ya que el gasto corriente aumentó en todos los países del Card”, dice la Cepal.

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El informe advierte de que para el 2019 se estima que los países de la región tendrán un mayor déficit fiscal, ligado a la desaceleración de algunas economías y que el gasto público estará condicionado por los reducidos recursos tributarios  y  choques externos.

Crecimiento sostenible

Para este año se proyecta que la carga tributaria crezca 0.5%, asociado a diferentes acciones para incrementar la recaudación en unos Q5 mil millones, expuso el superintendente Cruz Calderón.  Es decir, que se espera que la carga alcance al cierre del ejercicio 10.5%.

El funcionario afirmó que en el plan estratégico 2018-2023, el indicador debe subir de manera sostenible 0.5% por las diferentes medidas administrativas, que incluyen programas de fiscalización y mayores controles a los contribuyentes.

La meta de recaudación para este ejercicio es de Q64 mil millones, lo que significará un crecimiento del 9% con respecto al año pasado que fue de Q58 mil millones.

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Este lunes por la mañana se reunieron más de mil empresarios de la Cámara de Comercio, la actividad se denominó “Hacia el colapso del Estado”.

El 95.4% de los empresarios asistentes desaprobó la reforma fiscal que presentó el gobierno de Jimmy Morales.

En la actualidad, el mandatario retiró la iniciativa propuesta ante el Congreso y sería analizada una nueva iniciativa que aumentaría los impuestos en las armas y municiones.

El analista Mario Fuentes Destarac dijo que hay que hacer cambios en el país.

Jorge Briz, presidente de Cámara de Comercio, dijo que las reformas fiscales planteadas no responden a las necesidades del país.

El economista Hugo Maúl, opinó que “el gasto público se queda en las capas medias y no le llega a la mayoría, por lo que hay que aprovechar el poder que tiene la ciudadanía en este momento”.

¿Está usted de acuerdo con la reforma fiscal que recientemente presentó el Presidente Morales al Congreso de la República? Ante esa pregunta, el 95.4% de los empresarios respondió que no, mientras que el 4.6% dijo que sí. 

Reforma propuesta

La propuesta aumentaría el impuesto sobre distribución de petróleo (IDP), que sería superior en Q3 al vigente y se cobraría de manera uniforme por el consumo de cada galón de diésel y gasolinas superior y regular.

incluye la modificación a las tasas del impuesto sobre la renta (ISR), con potencial de recaudo de Q2 mil 755.2 millones, el 47 por ciento de la proyección total.

Por ejemplo, se plantea un ajuste en la tasa del régimen de utilidades —que se aplica a grandes empresas— del 25 al 29 por ciento.

En el caso de los ingresos brutos —régimen para pequeñas y medianas empresas— el planteamiento es pasar del 7 por ciento al 12 por ciento.

En el caso de las personas asalariadas, hay incremento en la tasa del 5 al 7 por ciento para las personas con ingresos anuales arriba de los Q300 mil, lo que constituiría una medida progresiva, es decir, el que más tiene más paga, afirmó el ministro de Finanzas.

*Con información de Guillermo Ramírez

El jueves pasado, la SAT reveló que la recaudación neta, al cierre del 2015, alcanzó los Q49 mil 724.3 millones y quedó 9.1% por debajo de la meta fijada.

Mientras que el PIB calculado para el año fue de Q487 mil 250.2 millones. La carga tributaria se entiende como el porcentaje de ingresos tributarios respecto del PIB (producción de un país durante un año).

Crisis sin crisis

“Llama la atención que esta crisis fiscal se da sin que haya una crisis económica. En el pasado han existido reducciones fuertes en cargas tributarias, pero asociadas con crisis económicas”, afirmó Juan Alberto Fuentes Knight, exministro de Finanzas.

En el 2009, cuando Fuentes encabezaba el Ministerio de Finanzas, se produjo una caída drástica de ingresos tributarios, generada por una crisis económica mundial que también impactó al país.

Ese año, la recaudación neta llegó a Q31 mil 727.5 millones, 4.9% menos que los ingresos netos del 2008.

Fuentes coincidió con puntos de vista expuestos por Abelardo Medina, consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y María Antonieta de Bonilla, exministra de Finanzas, respecto que la debilidad institucional fue uno de los aspectos que más impactaron al ente recaudador.

Aunque también refieren que otro impacto importante fue la disminución de los precios internacionales del petróleo, indicador que tiene relación con el IVA de importación.

“Hay un deterioro de la SAT que se refleja en la baja del IVA de importaciones, pero no solo depende del precio del petróleo”, comentó Fuentes.

El exministro agregó que la falta de control de la SAT no solo se refleja en las aduanas sino también en el impuesto sobre la renta (ISR), ya que varias empresas se han trasladado del régimen de ingreso neto al de ingreso bruto, impulsadas por la baja en las tasas y gastos deducibles, pero que requiere más controles del fisco, los cuales, a criterio de Fuentes, no se han logrado cumplir.

“En una situación de descalabro institucional, las empresas prefieren estar en un régimen del ISR donde no se les controla”, añadió.

De Bonilla señaló que antes de pensar en nuevas reformas fiscales se deben dejar madurar los cambios tributarios que se efectuaron desde el 2012; sin embargo, insistió en la necesidad de fortalecer la SAT.

Otras fuentes opinan que es necesario retomar el Pacto Fiscal para establecer medidas que permitan mejorar ingresos, pero también controlar los gastos.

Al respecto, Fuentes dijo que eso se podría tomar a mediano o largo plazo, pero que en la actualidad hay una necesidad urgente de avanzar en la reestructuración de la SAT y en el nombramiento de una persona para dirigir esa institución.

Según su criterio, lo aconsejable es que el superintendente dependa del ministro de Finanzas y que en lugar de contar con un directorio, sean un consejo asesor y un tribunal interno no involucrados con las decisiones básicas de la SAT.