los cuatro exfuncionarios deberán estar en prisión mientras el Ministerio Público (MP) concluye la investigación en su contra por supuestamente haber gestionado la contratación irregular de personal para el Organismo Legislativo en el caso denominado Plazas Fantasma.

Los excongresistas son Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romeo Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, además del ex director legislativo José Luis Mijangos Contreras.

Según la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal, el Juzgado Décimo del mismo ramo tendrá que citarlos e informarles sobre los efectos de la resolución.

La mencionada sala dio la razón a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al revocar la  libertad  por pago de fianza que para los procesados ordenó el juez Wálter Villatoro.

Rabbé Tejada, Cristiani Calderón, Herrera Quezada y Mijangos Contreras enfrentan a la justicia por abuso de autoridad y peculado por sustracción, pues se supone que de manera irregular incrementaron la nómina del Organismo Legislativo al contratar personal de su confianza en cargos privilegiados

Las pesquisas preliminarea señalan que los hechos señalados ocurrieron cuando los sospechosos integraron la Junta Directiva del Congreso, en el período 2015-2016, tiempo durante el cual   Luis Rabbé, hermano de uno de los señalados, presidió el organismo.

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Estado

El 31 de mayo último, los sindicados fueron beneficiados con arresto domiciliario y cada uno pagó una fianza de Q100 mil.

El juez Villatoro señaló en su resolución que no existía ninguna razón para creer que el desarrollo del caso estaría en riesgo si los señalados permanecían en libertad  y dijo que tanto la pesquisa como su presencia en el proceso estaba asegurada.

Ese día, el juzgador señaló que los exdiputados y el exdirector debían acudir al órgano investigador cada 15 días a firmar el libro de procesados.

Además les impuso arraigo y la obligación de informar al Juzgado si necesitaran salir del país. También le dictó vigilancia y que los fiscales podrían visitarlos en sus residencias para constatar que estuvieran allí.

Antejuicios

Por el caso, el MP solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizar la procedencia del retiro de inmunidad de siete diputados que integraron la Junta Directiva del Congreso en la gestión de Luis Rabbé, entonces integrante de la bancada Líder.

Los parlamentarios señalados son Luis Rabbé, Arístides Crespo, Manuel García Chutá, César Fajardo y Carlos López Girón, quienes ya afrontan diligencias de antejuicio ante jueces pesquisidores nombrados por la CSJ.

El MP también pidió retirar el derecho de antejuicio a Julio César López Villatoro y Selvin García Vásquez, pero ambos renunciaron a su curul.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad leyó ante el Juzgado Décimo Penal los cargos en contra de los excongresistas Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romero Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, y  el exdirector general del Legislativo, José Luis Mijangos Contreras, que incluyen abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Horas antes de comenzar la audiencia, Herrera Quezada se presentó de manera voluntaria al juzgado y así evitó ser capturado por la Policía.

Las pesquisas preliminares indican que Rabbé Tejada gestionó la contratación de 21 personas en el 2014 y 13 en el 2015 —la mayoría en este año fueron recontrataciones— quienes no cumplían con los requisitos para los cargos que desempeñarían.

Cristiani Calderón habría gestionado 19 entre enero del 2015 y enero del 2016. Herrera Quezada es señalado por 20 en el mismo año.

Mijangos Contreras, desde su cargo como director general del Congreso, avaló 87 contratos sin verificar que se tratara de personas aptas para los puestos.

Otro hecho que señala la Fiscalía es que muchas de las personas que fueron favorecidas por los exdiputados con plazas laborales, no asistían a realizar su trabajo o se ausentaban varios días de la semana.

Ley permisiva

Rabbé Tejada dijo que el MP cita la Ley Orgánica del Organismo Legislativo al señalar el número de personas que pueden apoyar a un diputado con sus labores, que son un asistente, una secretaria y un ujier.

“La Ley tiene una excepción, porque a pesar de señalar ese número, también dice que se puede aumentar conforme los nombramientos que sean aceptados por la Junta Directiva del Congreso”, explicó.

Agregó que la labor de quienes apoyan a cada legislador es definida por cada diputado y si un asistente es enviado a la provincia a hacer un informe es su obligación cumplir.

Según Herrera Quezada un congresista contrata a una persona para que le apoye solo cuando existe necesidad.
“No es cierto que los empleados no trabajaran. Sí lo hacían, sí presentaban los informes que se les solicitaba”, indicó. La diligencia se aplazó para el próximo lunes.

Querellante

La Procuraduría General de la Nación (PGN) busca constituirse como agraviado en el caso de plazas fantasma.
“Ante la posibilidad del daño al patrimonio del Estado y en el ejercicio de la acción reparadora por el menoscabo ocasionado al erario nacional, la PGN, en cumplimiento a su mandato legal, solicitará al juez ser parte del proceso”, refieren un comunicado.

Escándalo

La nómina de plazas fantasma en el Congreso que creó la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Rabbé, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero. Según la pesquisa del Ministerio Público, ninguno llegó a trabajar en el Legislativo, pero tenían salarios entre los Q8 a Q20 mil.

El ente investigador descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado, para empresa privadas de diversa índole, incluso para empresas de los propios diputados.

Ante eso la Fiscalía solicitó antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Julio César López Villatoro, Selvín García, Manuel García Chuta y Carlos López Girón.

Algunos bienes que fueron adquiridos por los presidentes durante su gestión están resguardados en algunas dependencias del Estado, o por los descendientes de los mandatarios, en el caso de los objetos particulares.

Entre los más conocidos destacan los jarrones de porcelana y oro que le obsequió la reina Victoria de Inglaterra a Rafael Carrera, como recuerdo de la fundación de la República de Guatemala —el 21 de marzo de 1847—, también la marimba que interpretaba Juan José Arévalo y el escritorio de Jorge Ubico, los cuales se exhiben en el Museo Nacional de Historia.

Otros objetos que se protegen en este museo, pero que no están a la vista del público, son las navajas de afeitar de Justo Rufino Barrios, la máquina de escribir de Arévalo y las espuelas de Ubico, detalla el director de esta institución Miguel Álvarez, cronista de la Ciudad.

De algunos mandatarios se conservan muy pocos objetos, debido a que salieron de forma abrupta del poder, tal como sucedió con Manuel Estrada Cabrera, cuya residencia en las Palmas, en la zona 5, fue saqueada.

Los bienes que se encuentran en la Casa Presidencial y en las residencias de descanso están bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y Deportes, responde Juan José Recinos, encargado de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, a través de su asistente, el capitán Kissinger Pineda.

¿Cuántas piezas de este tipo se conservan y dónde están? Se desconoce con exactitud. “Hay un inventario de la finca Santa Tomás, en Escuintla, que se llevó a cabo en julio del 2013”, comenta Ana María Godoy, de la sección de Registro de Bienes y Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Material. Según ese balance, hay 323 bienes entre muebles, vajillas y lámparas.

También hay un registro parcial de los bienes de la Casa Presidencial, pero de las residencias de descanso no existe, confirma Carlos Mauricio Morán, encargado de la sección Hispánica y Republicana de esa misma dependencia.

Para que un bien sea considerado patrimonio cultural debe tener 50 años de antigüedad. Hay algunos que tienen esta categoría, aunque no llenen este requisito, como la banda presidencial, ejemplifica Morán.

Patrimonio sobre ruedas

Uno de estos tesoros poco conocidos está en los talleres del Ministerio de la Defensa. Ahí se le da mantenimiento al Cadillac que transportó a Ubico y después a Arévalo.

Conserva su brillo extraordinario gracias a un minucioso trabajo de pintura al horno que se le aplicó hace algunos años.

En el antiguo fuerte San Rafael Matamoros, zona1, en donde se encuentra el Cuerpo de Transportes del Ejército, se guarda un armón — un carro para trasladar municiones— que fue adaptado para transportar los féretros de los Jefes de Estado.

El Museo de la Escuela Politécnica, en San Juan Sacatepéquez —de donde han egresado hasta la fecha 14 presidentes— es para muchos desconocido. El recinto custodia el espadín de Árbenz en una delicada caja en la cual fueron talladas hoja de laurel. También se exhibe el uniforme de gala azul de Ubico.

En casa

Otras reliquias se guardan en las residencias de los descendientes de los hoy exgobernantes.

A raíz de la destrucción de los templos de Minerva, característicos del período de Estrada Cabrera (1898-1920), desaparecieron los medallones forjados en bronce. Su familia preserva uno que data de 1914.

En los archivos de la familia Herrera se atesora celosamente el retrato de hace más de un siglo de Elisa Dorión, la primera esposa del presidente Carlos Herrera (1920-1921), así como las emotivas cartas que le escribió a sus hijos tras la muerte de Dorión, en 1907.

Bajo fuertes medidas de seguridad, en el Museo de Numimástica del Banco de Guatemala se encuentran las espadas de oro de Justo Rufino Barrios, el Reformador, así como el relicario con un mechón de cabello rubio de su hija mayor, Elena, el cual, aseguran, siempre llevó consigo.

Debido a la falta de un registro fiel y público, de acuerdo a las autoridades del ministerio de Cultura, es difícil saber cuál y a cuánto asciende este valioso patrimonio de la nación.

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De acuerdo con Luján, Herrera asumió la presidencia “cuando la rebelión popular del unionismo acorraló al presidente Manuel Estrada Cabrera y los “liberales” tradicionales (así entre comillas porque no lo eran en lo esencial de esa ideología) vinculados al Gobierno, buscaron una figura de cierta estatura, no identificado con los más negros aspectos del régimen que caía…”.

Fue un candidato de transición para impedir que llegara a la presidencia uno de los unionistas”.

El mandatario cayó la noche del 5 de diciembre de 1921, a raíz de un levantamiento armado dirigido por el general José María Orellana, quien presionó para que Herrera renunciara.

Este suceso decepcionó tanto a Herrera que en su testamento asentó el ruego porque sus hijos nunca se involucraran en la política.

El 26 de diciembre de 1921, le propuso al notario Carlos Salazar, como testigos para firmar el testamento, a Juan Bautista Vásquez, José Quevedo, Dámaso Biguria y Eduardo Espada. “Solo el último no llegó a figurar”, cita del Valle Pérez.

Herrera firmó el documento el 27 de diciembre de 1921, a las 11 de la mañana, cuando tenía 65 años. En el mismo declaró que tenía 10 hijos de su primera boda y dos de la segunda. Agregó que no tenía hijos fuera del matrimonio y que había heredado a los 12.

La cláusula décima suscrita por Herrera dice: “…encarga muy especial y encarecidamente a su esposa y a sus hijos que guarden siempre la mayor armonía como única manera de conservar la paz en la familia; que eviten cuestiones por intereses y jamás ocurran a los tribunales”.

Y debido a su experiencia política añadió que encarecía “a sus hijos varones no mezclarse ni dejarse mezclar jamás en la política, por la triste experiencia que había tenido al aceptar la Presidencia de la República, lo que hizo únicamente con el objeto de hacer el bien a su país y en donde solo cosechó ingratitud y amarguras”.

A través de un comunicado, la APG manifestó su rechazo a este tipo de intimidaciones por parte del parlamentario, quien durante declaraciones a la Prensa intimidó a la reportera por unas recientes publicaciones sobre corrupción que involucran a un diputado de Líder.

La periodista ha publicado investigaciones que señalan un arrendamiento anómalo de un edificio del Seguro Social en Chiquimula, esto debido a un tráfico de influencias con el jefe de compras de la institución.

Las publicaciones incluyen el nepotismo y los cargos que ocupan familiares en el sistema de justicia de Chiquimula.

El diputado Carlos Herrera increpó a la reportera y a los periodistas que lo entrevistaban.

De acuerdo con la APG, “el diputado Herrera emitió expresiones que implican intimidación: ‘usted escribe muchas mentiras y goza con las mentiras, y eso le divierte, como que eso le da energía. No sé quién le está dando algún premio por eso, pero yo le recomiendo que diga verdades’”

“Los políticos se molestan cuando la Prensa revela hechos ilícitos o algunos otros que los comprometen o que les afectan su imagen, situación que no es responsabilidad de los medios o de los reporteros que están haciendo su trabajo, con apego a la ley; los afectados cuentan con  herramientas legales para incluir sus aclaraciones, si efectivamente pueden ser respaldadas con la verdad”, explica el documento enviado a esta Redacción.

La institución de periodistas exigió a los diputados respetar la Constitución y la Ley de Emisión del Pensamiento y recordaron que ellos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad que tiene derecho a saber todo lo referido a la función pública.

Agresión a comunicadores

Además, la comisión se manifestó también por la agresión física que sufrieron los periodistas que intentaban obtener declaraciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti cuando asistió a la Torre de Tribunales.

“El acceso a las fuentes de información es una garantía constitucional, los periodistas están cumpliendo su función, cualquiera que intente impedirlo, está violando la ley”, explicaron.

La Comisión de Libertad de Prensa de la APG se solidarizó con las dos reporteras de Canal Antigua Michelle Mendoza y Yensi López quienes fueron víctimas de una agresión sexual por parte de Rodolfo Jiménez, miembro de la seguridad de la señora Baldetti,  cuando  la ex vicepresidenta acudió a los Tribunales, “hecho que constituye un delito tipificado en ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la Mujer”, dijeron.