El exministro de Salud, Carlos Soto Menegazzo, quien se entregó este 26 de febrero, fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias.

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Así lo resolvió este 26 de febrero Mynor Moto, juez Tercero Penal, quien declaró la falta de mérito por abuso de autoridad. Asimismo, Soto quedó en arresto domiciliario, arraigo y debe presentarse cada 15 días al Ministerio Público (MP) para un registro biométrico.

El caso está a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción, la cual, el 15 de febrero, allanó la vivienda del exministro para capturarlo, pero sin éxito.

Soto Menegazzo fue ministro de Salud del gobierno de Jimmy Morales y durante su gestión enfrentó un proceso de antejuicio por este caso, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).

Antecedentes

El 8 de febrero del 2019, la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del exministro de Salud Carlos Soto por dos delitos: abuso de autoridad y tráfico de influencias, en un caso en el que intentó imponer a un médico en el Hospital Regional de Nebaj, en Quiché, y al no lograrlo destituyó a la directora del centro, Miriam Segura.

El Ministerio Público (MP) indicó que el caso surgió a partir de la denuncia de la doctora Segura contra Soto, el 16 de enero de 2018. Ella señaló que el ministro le habló y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, quien es hermano de Pedro Raymundo, exalcalde de Nebaj.

La denuncia también señala que Pedro Raymundo tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

El 20 de febrero del 2019, una CSJ, dividida, rechazó el retiro de antejuicio; sin embargo, a principios de junio del 2019, la Corte de Constitucional amparó al MP y dejó en suspenso la decisión de la CSJ.

El caso es conocido por la Fiscalía contra la Corrupción, la cual coordinó el allanamiento en las primeras horas de este sábado. Al no encontrarlo en su residencia de la zona 13, los operativos continuarán hasta dar con su paradero.

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“La orden de aprehensión fue dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Guatemala”, detalló la fiscalía.

Soto Menegazzo fue ministro de Salud del gobierno de Jimmy Morales y durante su gestión enfrentó un proceso de antejuicio por este caso, el cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC).

En la casa del exfuncionario las fuerzas de seguridad localizaron US$13 mil y “diversos documentos e indicios que serán analizados” como parte del proceso penal.

La Fiscalía sostuvo que los operativos continuarán “hasta dar con el paradero”, del exministro Soto.

Por este mismo caso, Soto fue amonestado públicamente por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala en febrero de 2019, ya que “incurrió en grave falta a la ética profesional, violentando artículos del Código Deontológico”

Antecedentes

El 8 de febrero del 2019, la Fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad del exministro de Salud Carlos Soto por dos delitos: abuso de autoridad y tráfico de influencias, en un caso en el que intentó imponer a un médico en el Hospital Regional de Nebaj, en Quiché, y al no lograrlo destituyó a la directora del centro, Miriam Segura.

El Ministerio Público (MP) indicó que el caso surgió a partir de la denuncia de la doctora Segura contra Soto, el 16 de enero de 2018. Ella señaló que el ministro le habló y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, quien es hermano de Pedro Raymundo, alcalde de Nebaj.

La denuncia también señala que Pedro Raymundo tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

El 20 de febrero del 2019, una CSJ, dividida, rechazó el retiro de antejuicio; sin embargo, a principios de junio del 2019, la Corte de Constitucional amparó al MP y dejó en suspenso la decisión de la CSJ.

La captura in fraganti de Enrique Caniz Xicay tomó por sorpresa al propio ministro de Salud, Carlos Soto, quien aseguró que lo acompañaba a todos lados.

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Caniz Xicay era parte del cuerpo de seguridad de Soto desde hace siete meses y fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el viernes 10 de enero cuando fue sorprendido cobrando el dinero de una extorsión a dueños de comercios en la zona 3 de la capital.

La oficina de comunicación de esa cartera, informó que Xicay había pasado todos los filtros de seguridad antes de su contratación “que incluye verificar las referencias, cotejo de datos del currículo e, incluso, el polígrafo”, mencionan.

Según explicaron, la contratación de los guardias de seguridad que acompañan a los funcionarios es un proceso que hace el ministerio a través del jefe de seguridad que es quien pasa los filtros.

“Él había pasado todos los filtros y después de eso lo asignan al funcionario, en este caso al ministro”, indican.

Aún así, funcionarios de la cartera de Salud no pudieron preveer que Caniz participaba en actos delictivos. Al momento se desconoce si el guardaespaldas actuaba solo o pertenece a una red criminal.

Las autoridades policiales le incautaron a Caniz un arma de fuego y 16 cartuchos útiles, documentos de los negocios y Q600 producto de la extorsión.

Según aclaró el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el jefe de esa cartera no tiene que ver con la contratación del personal y “lamentablemente en este caso, el mismo ministro estaba en riesgo sin saberlo”, agregaron.

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Enrique Caniz Xicay fue capturado en la 22 calle y 2a. avenida zona 3 capitalina, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

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El parte policial consigna que fue sorprendido cuando cobraba extorsión a los propietarios de tres negocios ubicados en esa zona.

La PNC dijo que tres cevicherías que funcionan en la zona 3 de la capital eran el blanco de los extorsionistas.

Los policías le incautaron un arma de fuego y 16 cartuchos útiles, así como documentos de los negocios.

“Manifiesta que es guardaespaldas del señor ministro de Salud, Carlos Soto Menegazzo, y cargada un gafete que lo identifica como seguridad del despacho ministerial MSPAS y una tablilla con dos folder con logotipo que se lee Gobierno de la república de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y en el interior un formato de control de establecimiento de alimentos”, indicó la PNC.

Además, le incautó Q600 quetzales, “producto de lo que ya había cobrado”.

Caniz Xicay es originario departamento de Sololá y residía en la 11 avenida y 40 calle, zona 8.

El ministro Soto confirmó que el detenido trabajaba para la cartera de Salud, pero al conocer la noticia de que había sido arrestado, se le rescindió el contrato laboral.

La información tomó por sorpresa al ministro, pues, aseguró, que lo acompañaba a todos lados.

El sujeto laboró como guardaespaldas de Soto por alrededor de siete meses.

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Salud fue la cartera que más ministros cambió durante el gobierno de Jimmy Morales; por este pasaron tres médicos. Durante estos cuatro años sí hay que reconocer avances en la recuperación de la cobertura de inmunización y abastecimiento de medicamentos, sin embargo, el país aún carece de una política específica, lo que mantiene rezagos en los servicios de atención primaria, principalmente.

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Por la cartera pasaron José Alfonso Cabrera Escobar, del 14 de enero de 2016 al 26 de julio de 2016 (6 meses y 1 semana) y Lucrecia Hernández Mack, del 26 de julio de 2016 al 29 de agosto de 2017 (13 meses). Actualmente el cargo lo ocupa el médico Carlos Soto.

Según el analista en temas de salud y exviceministro de la cartera, Adrián Chávez, los cambios de administración “siempre afectan la continuidad de procesos” y eso explica algunos de los problemas actuales.

Para evitar que los cambios de ministro afecten al sistema de salud se hace necesario un plan o política nacional, a largo plazo, que permita al nuevo funcionario continuar con los proyectos que mejoren la atención a la población, señaló el médico Héctor Fong, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala.

Bajo la administración de Jimmy Morales se planteó poner en marcha una reforma al sector salud y cada ministro hizo su esfuerzo por materializarlo, pero, a juicio de Fong, no se ha “visto mayor diferencia en lo que se venía trabajando”; ni en la atención ni en los esfuerzos por prevenir enfermedades. “La salud sigue sin ser prioridad para los gobiernos de turno”, agrega el presidente del colegio profesional.

Para Chávez, en este periodo se apoyaron varios procesos, como el diseño de redes integrales de servicios de salud, así como mejorar los niveles de abastecimiento de medicamentos (al 80% según cifras oficiales), la publicación de normas de atención y la recuperación de coberturas de inmunizaciones.

Sin embargo, se interrumpieron procesos como la rendición de cuentas a nivel local, la implementación de la red metropolitana de clínica de atención integral y el funcionamiento del modelo incluyente de salud. Hay debilidad en la atención de las enfermedades vectoriales como el dengue, que en el 2019 registró más de 45 mil contagios, así como otras enfermedades crónicas. Tampoco se dio continuidad a proyectos de infraestructura de salud, según Chávez.

Carencias en atención

En el país uno de cada 10 guatemaltecos no tiene acceso a servicios de salud y los avances en atención primaria en salud son limitados, una herencia del gobierno del Partido Patriota, que rescindió 200 convenios con oenegés de extensión de cobertura.

Aún se necesitan cerca de 5 mil puestos de salud, según la organización Alianza por la Nutrición. Los 1 mil 223 puestos que hay actualmente no cubren la demanda. Sin embargo, el portal de transparencia del Ministerio de Finanzas reportaba hasta el 17 de diciembre pasado una ejecución del 45.54% para el ministerio de gastos en infraestructura.

La infraestructura hospitalaria también es crítica. Según el Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Guatemala hay seis camas de hospital por cada 10 mil habitantes, lo que significa que el país tiene la menor capacidad de encamamiento de la región. Mientras que en la atención médica se cuentan 3.6 profesionales por cada 10 mil habitantes, cuando en El Salvador hay 15.7 por igual número de personas.

Para el presidente del Colegio de Médicos, la infraestructura hospitalaria no creció al ritmo que se necesitaba, pese a que sí se habilitó el Hospital Nacional Especializado de Villa Nueva, a un costo total de Q219.5 millones y con investigaciones penales en curso por supuesta sobrevaloración.

El objetivo de esta política es hacer accesibles los medicamentos a la población, además de tener control en los precios y el uso adecuado de los mismos.

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La política está basada en cinco ejes de trabajo y contempla algunos cambios en la cartera, como la creación de la Autoridad Reguladora Nacional de medicamentos y otras tecnologías, que tenga independencia técnica y autonomía administrativa y financiera.

Además, se espera que se incremente de forma gradual el presupuesto destinado a la salud, hasta alcanzar como mínimo el 6% del PIB. Esto implica implementar mecanismos para contención del gasto y promover compras conjuntas a entidades internacionales, se informó.

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Los cinco ejes de trabajo de la política son:

• Transparencia: Se contempla el desarrollo y fortalecimiento de medios que informen de forma libre al público y que permita que lo usuarios dispongan de forma oportuna y regular de la información confiable y relevante.
• Uso racional de medicamentos: Este eje contempla las estrategias para que un paciente reciba el medicamento apropiado para su necesidad clínica, en la dosis que corresponde según sus requerimientos individuales, por un periodo de tiempo adecuado y al menor costo para él y su comunidad. En este se incluye el listado básico de medicamentos y la regulación de la publicidad y promoción para reducir la automedicación.
• Accesibilidad: Incluye estrategias para garantizar la disponibilidad de los medicamentos en los servicios de salud públicos y privados, además de precios accesibles a la población. Aquí también se promueve la regulación y contención de precios de las medicinas.
• Financiamiento estatal sostenible: Se toma como indispensable la definición, asignación y ejecución de los recursos financieros destinados al sector público de salud, además de una gestión eficiente para lograr la disponibilidad oportuna de medicamentos y otras tecnologías de salud en el país.
• Garantía de calidad: Que incluye la investigación, el desarrollo y la producción, incluyendo el control de calidad, las buenas prácticas de manufactura, almacenamiento, distribución, fiscalización y farmacovigilancia.

Actualizan listado básico

Además de la política, la cartera presentó hoy la actualización del Listado Básico de Medicamentos, un documento que sirve de guía sobre las medicinas mínimas que deben existir y su uso correcto en un hospital, centro o puesto de salud.

Este listado básico fue modernizado después de seis años y ahora se plantea que esto ocurra cada dos y se hace con la participación de un equipo multidisciplinario que se basa en el perfil epidemiológico del país, protocolos y normas de atención vigentes y una clasificación por categorías.

En la actualización se agregaron medicamentos y ahora podrán ser utilizados tanto en hospitales como en centros y puestos de salud según su recurso humano y capacidad de resolución.

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Ampliación de contrato

El ministro de Salud, Carlos Soto, informó que el miércoles 18 se reunió con personeros de la empresa Productos del Aire y acordaron la prórroga, por seis meses más, del contrato para el suministro de oxígeno en los hospitales.

Esta ampliación se hace mientras se levanta un nuevo proceso para un contrato abierto.

Además, los hospitales y áreas de salud están en alerta amarilla por las fiestas de fin de año, pues se prevé un incremento de accidentes, por lo que se pidió a los conductores, tanto de motocicleta como de automóvil a que utilicen casco, cinturones de seguridad y a respetar los límites de velocidad.

Además, las quemaduras por pólvora y por agua caliente, son otros sucesos que afectan principalmente a los niños, por lo que Soto hizo un llamado a los padres de familia para tomar precaución y evitar estos incidentes.

Restricción de antibióticos

Soto también fue consultado sobre la capacidad de la cartera de Salud para regular la venta libre de antibióticos en las farmacias y tiendas de barrio, a lo que respondió que ya se emitió una orden y esta es la que debe seguir la población. “Yo no soy el papá para estar atrás de todas las personas”, indicó, para afirmar que es obligación de los guatemaltecos acatar las normas que se emiten.

En septiembre, el ministro anunció operativos para verificar que no se haga venta libre de estos productos y afirmó que las farmacias que no estén registradas serán cerradas.

Quiere ser presidente

Durante su discurso, en la entrega de la política de medicamentos, el ministro dijo que le gustaría ser presidente.

“Si puedo, seguro que sí me voy a tirar para presidente. Lo he pensado, si me costó en Salud y lo logré, el desgaste fue tan grande, pero ¿por qué no tener otros retos? Apenas tengo 68 años, hay presidentes mayores que yo, a los 72 fácilmente puedo ser presidente”, afirmó.

Soto se mostró conmovido y por momentos lloró, mientras agradecía a los viceministros, directores de áreas de salud y de hospitales y al personal que lo acompañó durante su gestión.

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Profesionales de salud protestan para ser incluidos en aumento salarial

El grupo de profesionales comenzó a solicitar el incremento en julio de este año, cuando se entregó la papelería necesaria para el análisis, indicó Rocío Cordón, vocera de la Comisión de Profesionales Afines de la Salud.

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Debido a que no se les ha atendido, explicó Cordón, este miércoles 23 de octubre se efectúa un plantón frente a la sede del Ministerio.

Lo que los profesionales solicitan es ser incluidos en el presupuesto del 2020 para tener certeza de que se les cumplirá con el incremento salarial.

Según Cordón, una de las razones por las que no se les incluyó en el aumento confirmado por las autoridades de Salud en septiembre, fue porque, de los 300, 100 están por contrato por servicios técnicos, cuando en realidad son servicios profesionales los que se prestan.

El resto de afectados, explicó la psicóloga, trabaja en un renglón permanente, pero también se les identifica como técnicos y no como profesionales.

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“Hay profesionales con más de 10 años de trabajar en el Ministerio de Salud, pero quienes fueron contratados recientemente ganan más que nosotros”, indicó la vocera del movimiento.

Los inconformes trabajan en hospitales, centros y puestos de salud, así como en las áreas de salud en todo el país.

Profesionales de salud protestan frente a la sede de ese ministerio y exigen ser incluidos en el aumento salarial que se les otorgó a los salubristas este año. pic.twitter.com/kAbgeQ7Qtm

— Andrea Orozco (@AOrozco_PL) October 23, 2019

Sin tiempo

El proceso para hacer una reclasificación de los profesionales y procurarles un aumento de salario es lento, por lo que no daría tiempo ni siquiera de llevarlo a la mitad durante los meses que faltan para que finalice su gestión, asegura el ministro de Salud, Carlos Soto.

El funcionario dijo que él cumplió con lo que se le indicó de parte del Congreso, con relación al presupuesto y que fue el comité ad hoc el que planteó a quienes debía darse el aumento.

Soto dijo que debe ser el próximo gobierno quien analice la situación de los profesionales que se señalan como excluidos, debido a que todas las unidades ejecutoras y su gestión misma está en proceso de cierre de labores y de cara a la transición de gobierno.

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Sobre el plantón frente al Ministerio, Soto dijo que los profesionales lo pueden hacer, pero reiteró que no es posible cumplir con su solicitud.

El Ministerio de Salud destinará un total de Q1 mil 127 millones para cumplir con el aumento salarial al personal salubrista, pero ese no incluye al grupo.

Esa cantidad se divide en Q1 mil 601 millones para ese aumento, y Q66 millones para cumplir con un fallo judicial otorgado a favor del Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios.

El aumento salarial fue solicitado por el comité ad hoc desde el 2018 y el cumplimiento se atrasó en varias ocasiones, lo que provocó descontento de médicos y el resto del personal salubrista; incluso, hubo cierre de consultas externas en los hospitales nacionales debido a esto.

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El Ministerio de Salud destina este año Q1 mil 601 millones para el incremento salarial de sus trabajadores, y ahora debe desembolsar más de Q66 millones adicionales para cumplir con un fallo judicial otorgado al Comité Permanente de Trabajadores Coaligados del Hospital General San Juan de Dios (Copetraco).

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La suma bien podría destinarse para mejorar la atención de los pacientes en los servicios de salud, pero ha sido destinado al pago de planilla. Carlos Soto, ministro de Salud, reconoce que esta situación podría mejorarse, pero las presiones para cumplir con las demandas de los trabajadores han recaído en su gestión.

“Es una situación legal que viene desde varios años atrás, y ahora la sentencia me cae a mí, para variar. Es una orden de juez, y hay que pagarla. Nadie quiso tramitar esto, y ahora vienen los recursos, los amparos”, dice.

El laudo arbitral aprobado en el 2014 y que debe ser acatado incluía tres requerimientos: incremento salarial de Q2 mil para cada trabajador, un fideicomiso de Q10 millones y que los trabajadores pudieran elegir la institución bancaria que administraría sus cuentas.

Según Alexander Patzán, del departamento jurídico laboral, solo quedó en firme el aumento, pero de Q1 mil quetzales, que ahora debe darse a 3 mil 100 trabajadores. El laudo se encuentra en firme, luego de agotar todas las instancias judiciales, incluso el amparo, en primera y segunda instancia. Así que se debe pagar Q66.6 millones a los empleados.

La gestión de Soto ha sido convulsionada y ha enfrentado paros laborales de médicos, manifestaciones de salubristas y presiones de sindicalistas, pero ahora de no acatar la orden de juez podría perder el antejuicio e ir a prisión.

“Es un problema, tengo tantas solicitudes de quitadas de antejuicio o me ponen amparos que no fueron en mi tiempo, pero eso no importa. Ahorita, ya me apercibieron y si no lo pago me pueden quitar el antejuicio y me iría mal. Esas son cosas que no deberían pasar, pero así es la ley, y yo tengo que respetar la ley”, dice.

Ante esta situación el ministro se siente presionado. “No solo me siento acorralado por esto, sino también por el Congreso, por un montón de cosas, que obviamente han venido a desembocar en estos últimos meses.

Carlos Enrique Soto Menegazzo

• Graduado de médico y cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 1975.
• Postgrado de medicina interna en el Hospital Roosevelt, entre 1975-1977.
• Postgrado de cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología de México, Universidad Nacional Autónoma de México, entre 1977 y 1979.
• Experiencia laboral en Salud Pública.
• Cardiólogo de la Liga Guatemalteca del Corazón, entre 1996-2012.
• Médico y jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Roosevelt.
• Coordinador y supervisor de hospitales del Ministerio de Salud, en el 2014.
• Director ejecutivo del Hospital Roosevelt, entre el 2014 al 2017.

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Con banderas y mensajes a través de un equipo de sonido móvil, los manifestantes pedían la mediación de la Comisión de Salud del Congreso para exigir una respuesta de la cartera.

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“Venimos diciéndole al señor ministro de Salud Pública que se ponga la mano en la conciencia, que desde el 2018 prometió un incremento salarial de un 15%, un 8% y un 5% y que hasta la fecha no se ha cumplido”, dijo Eleazar Guzmán, relacionista público del Sindicado de Empleados del Hospital General San Juan de Dios.

Diputados de la Comisión de Salud recibieron en el Palacio Legislativo a los líderes de los manifestantes para escuchar sus demandas.

El dirigente indicó que hace dos días recibieron el aumento correspondiente a abril, pero les hace falta el de los primeros tres meses del año.

“Solo necesitamos que la comisión delegada por el señor ministro (Carlos Soto) nos digan en qué fecha nos van a pagar”, señaló.

Según Eleazar, el Ministerio de Finanzas ya desembolsó los fondos para hacer efectivo los incrementos salariales para los 50 mil empleados de los hospitales nacionales.

El representante de los trabajadores también denunció que este año ha habido atrasos en el pago de los salarios. “El pago lo han venido haciendo cinco, diez o quince días después del fin de mes. Hay compromisos con la familia y con los bancos”, apuntó.

#LRN Además dio a conocer que con esta manifestación, no se está afectando a los pacientes de dicho nosocomio. pic.twitter.com/NGNIxLSF33

— La Red (@Lared1061) 29 de mayo de 2019

La presencia de los manifestantes bloqueó el paso de vehículos en las afueras del Congreso, por lo que el tránsito del sector se vio afectado.

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Prensa Libre se comunicó con Reyes, quien pidió al Colegio de Médicos que se amonestara al funcionario por provocarle serios daños económicos y psicológicos a él y a su familia y con ello violar el código deontológico médico.

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El exdirector del área de salud explicó que su destitución fue ordenada cuando Soto todavía no era ministro y por se sin causa justificada apeló ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, la cual ordenó su restitución.

Debido a que esta orden no se respetó, el profesional acudió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se le otorgó un amparo provisional que debía ser cumplido por Soto, quien para entonces ya estaba en el cargo.

Según el relato de Reyes, cuando debía presentarse a tomar posesión del cargo, durante los primeros días de febrero, trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala tomaron las instalaciones del área de salud y seis días después, sin poder ingresar a la oficina, el médico fue notificado de su nueva destitución.

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Al ser consultado previamente sobre el caso, el ministro de Salud afirmó que la destitución procedió debido al mal desempeño del médico, pero el aludido afirma que Soto no pudo evaluar su gestión pues no era ministro de Salud en la primera notificación y en la segunda solo habían pasado seis días y nunca pudo ingresar a la oficina.

El médico afirma que Soto incumple la orden de la CSJ, pues el amparo provisional sigue vigente pese a que la cartera solicitó a la Corte de Constitucionalidad que se anulara el fallo, pero esto fue rechazado.

Por la situación, Reyes acudió al Colegio de Médicos a solicitar una amonestación pública para Soto debido a los daños causados.

El colegio puede emitir varios tipos de sanciones, entre ellas una amonestación verbal, privada o pública o también la inhabilitación para ejercer la profesión, pero la acción administrativa contra el ministro no tiene repercusión alguna hacia su cargo como tampoco a ejercer su profesión.

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Retiro de Antejuicio

El 8 de febrero, el Ministerio Público (MP) solicitó en la CSJ el retiro de la inmunidad a Soto, con el fin de investigar si incurrió en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

La Fiscalía señaló que el ministro intentó imponer a un médico en el hospital de Nebaj, Quiché, y al no lograrlo despidió a la directora del centro, Miriam Segura.

Después de 12 días, el pleno de magistrados de esa corte se dividió, pero resolvió que no se daría trámite a la solicitud del MP y fue rechazado sin entrar a conocer los motivos de la solicitud.

El señalamiento indica que el ministro llamó por teléfono a Segura y “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.

Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar en el Hospital Regional de Quiché porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería de ese centro.

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Según el presidente del tribunal, Goleat Gutiérrez, es una cuestión de tipo administrativa, donde entran algunos aspectos éticos y de conducta de la reciprocidad que tiene que tener el ministro con los colegas, por ser el también médico.

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Rechazan antejuicio contra Ministro de Salud

El caso está relacionado con la destitución de un médico que labora para la cartera, cuyo nombre no se ha hecho público, y que por orden de un juzgado de Trabajo fue reinstalado; sin embargo, nuevamente fue removido de su cargo.

La queja llegó al tribunal y el profesional argumentó que le habían causado serios daños económicos y psicológicos a su familia.

De acuerdo con Gutiérrez, el Tribunal de Honor puede emitir varias sanciones, como una amonestación verbal, privada, pública o inhabilitación para ejercer la profesión. La hecha a Soto no tiene repercusión alguna hacia su cargo como tampoco a ejercer su profesión.

“Afecta al ministro en su imagen, que la gente se dé cuenta que su actuar no es acorde a cómo debería de comportarse con las personas y especialmente con los colegas. Antes de decidir que se remueva a una persona, se debe analizar su hoja de vida, su servicio médico, hay que tomar en cuenta el trabajo que ha hecho”, señaló el presidente del tribunal.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud divulgó en redes sociales un comunicado en el que expresa que la amonestación se dio a partir de la remoción “por un inadecuado desempeño”.

El documento refiere que los puestos de directores, como el que tenía el profesional despedido, son puestos de confianza, de libre remoción y nombramiento, por lo que en este caso el director en mención, ha utilizado medios inapropiados y cuestionables con el fin de ser reinstalado.

El #MSPAS informa: pic.twitter.com/Pa2n9x9nPC

— Ministerio de Salud (@MinSaludGuate) February 22, 2019

Señala, además, que el Tribunal de Honor es un ente colegiado que se encarga de verificar la ética profesional de los médicos, y no el desempeño “de un funcionario público en una acción administrativa inherente a su función”.

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Caso similar

Al Tribunal de Honor llegan muchas solicitudes para que se emita algún dictamen, algunas son faltas administrativas o de defensa gremial, según Gutiérrez. Estas son analizadas, algunas proceden y otras no.

En espera está la del médico Jaime Alfredo Quiñonez Camposeco, un caso similar por el que Soto fue amonestado públicamente.

El profesional ejercía como director del Centro de Salud de Jacaltenango, Huehuetenango, con 22 años de servicio, y fue destituido en agosto pasado.  Por presión de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Comisión de Salud del Congreso fue retornado a su cargo, según dijo, pero posteriormente fue apartado de su puesto.

“El 17 de agosto me entregaron una resolución donde me destituían. El 22 de agosto me entregan una nota donde derogan ese acuerdo, y el 20 de septiembre prácticamente me entregan otro donde dejan sin efecto el acuerdo de mi restitución. Fueron tres acuerdos ministeriales, uno donde me destituyen, otro donde me reinstalan y el último donde derogan la reinstalación. Esto es jugar con las leyes del país”, señala Quiñonez Camposeco.

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“El antejuicio 46-2009 que fue interpuesto por el Ministerio Público en donde el antejuiciado es Soto Menegazzo. El motivo una contratación irregular en 2018 fue rechazado in límine, por mayoría”, informó Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

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Los detalles de la integración del pleno, así como los votos disidentes, no fueron proporcionados debido a que las partes estaban siendo notificadas.

La acusación fue planteada por la Fiscalía contra la Corrupción, que dirige Stuardo Campo, el 8 de febrero pasado. El señalamiento se centró en la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, quien fue destituida del Hospital Regional de Nebaj, Quiché, el 16 de enero de 2018.

El señalamiento fue que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”, según la acusación del MP.

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Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí porque su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Consultado sobre la resolución de la CSJ, Campo dijo espera ser notificado para analizarla y preparar la apelación.

Investigación contra Soto

Según el MP, existe un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos de la cartera que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni en subgrupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.

Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.

Red

Lo de Jorge Raymundo Matóm no es caso único en el centro asistencial.

Segura denunció que, desde que asumió en 2014, encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.

Poco podía alrededor de ese clan familiar, pues sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.

No obstante, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trataba de favores políticos.

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Otro en el hospital fue Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.

No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota, que gobernó de 2012 a 2015. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.

Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.

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“Estoy convencido de que no hice nada malo”, dijo el ministro, quien cree que el Ministerio Público (MP) busca hacerle daño, al ser cuestionado en rueda de prensa en torno al caso por el cual la Fiscalía pide el retiro de la inmunidad.

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MP señala a ministro de Salud de influir en la contratación de un médico de Nebaj

Se le señala de abuso de autoridad y tráfico de influencias, al supuestamente haber presionado a la directora del hospital de Nebaj, Quiché, Miriam Segura, a contratar a un médico Jorge Raymundo Matóm, hermano de Pedro Raymundo, alcalde del municipio. Al ella negarse a hacerlo fue destituida.

Soto indicó no recordarse del caso, pero que tiene la “potestad” de contratar y remover a las personas, y en el caso de Segura fue removida del cargo por encontrar fallas en su desempeño, luego revisar su evaluación al final de año.

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“Lo que evaluamos (en la médica) era cómo estaba funcionando el hospital, cómo estaba funcionado ella como directora.  Encontramos que tenía algunos problemas, que tomaba el carro, que no ejecutó bien. Todas esas evaluaciones se hacen y en base a eso tomamos la decisión de quién se va y quién se queda”, refirió el funcionario, luego de la firma de un convenio con los representantes de los profesionales de salud, en el cual se formalizan los procesos que se seguirán para el incremento salarial del gremio.

El funcionario presentará pruebas de descargo y serán sus abogados, aclaró, quienes se encargarán de llevar este caso.

Arremete contra la Feci

Durante sus declaraciones, el ministro confundió la Fiscalía contra la Corrupción, que presentó este antejuicio, con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de la que, señaló, persigue a los funcionarios de Gobierno.

“Siempre uno de ministro vive una tormenta política. Andan viendo cómo le hacen daño, que está trabajando, La gente, molestando y tratando de quitar el antejuicio”.

Agregó: “Estoy convencido de que no hice nada malo, a menos que me estén grabando las cosas -llamadas-, que es ilegal, porque nunca hablé por teléfono con ella -Segura- de ese tema -supuestamente para influenciar para conseguir la contratación del médico-. Acuérdense que yo tengo derecho de antejuicio. No me pueden investigar. Las cosas que hago siempre siempre son legales. ¿Errores? Todos cometemos en la vida. Así que esperaré tranquilamente que mis abogados vean este tema. Y si no -si no hay comisión de delito-, yo voy a responder con la misma moneda”.

Y continuó con su crítica a la Feci: “No puede ser que investigadores de la Feci estén en este tema con nosotros, es un tema que esta gente esté fregando a la gente de Gobierno. Ya se terminó su periodo con ellos, ya se fueron, que dejen de fregar, que se dediquen a perseguir a la gente que tienen que perseguir”, dijo.

Soto refirió que no busca un cargo político y que espera culminar con su periodo como titular de la cartera. “Yo quiero terminar este año, si Dios quiere, como ministro de Salud, y si no quiere, no termino.  La cosa es fortalecer el servicio de atención a las personas. Lo demás para mí, es lo de menos”.

Respecto a su gestión, enumeró el acuerdo salarial con los médicos, además de que se ha fortecido el ministerio y se han cumplido las expectativas.

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La entrega del expediente estuvo a cargo de Stuardo Campo, jefe de esa fiscalía.

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El Ministerio Público (MP) indicó el caso surgió de la denuncia de Miriam Yolanda Segura Rosales, directora del hospital de Nebaj, Quiché, contra Soto, el 16 de enero de 2018.

Señala que Soto le habló por teléfono a Segura y, “valiéndose de su cargo, presuntamente ejerció influencia con el propósito de obtener un beneficio indebido al contratar al médico Jorge Raymundo Matóm”.

Raymundo Matóm es hermano de Pedro Raymundo, alcalde de Nebaj.

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Según la Fiscalía, el médico tenía impedimento para laborar ahí su hermana, Marta Raymundo Matóm, ya trabajaba en la conserjería del hospital. El argumento se basa en el artículo 80, literal g) de la Ley de Contrataciones del Estado.

Segura fue despedida por Soto cuando ella se negó a hacer la contratación, consciente del impedimento legal. Según el MP, la destitución “arbitraria” fue el 29 de enero de 2018.

El fiscal Stuardo Campo informó que los posibles delitos son tráfico de influencias y abuso de autoridad.

“La Fiscalía contra la Corrupción promueve hoy diligencia de antejuicio. Esto se desprende de una denuncia que fue presentada directamente ante la Fiscalía en los primeros meses de 2018 por parte de la exdirectora del Hospital Regional de Quiché (Miriam Segura) quien fue presionada por el señor ministro de Salud”, explicó Campo.

Investigación

El MP establece en la investigación que hay un dictamen de la Dirección de Recursos Humanos del ministerio, que precisa que no puede haber trabajadores en los renglones 028 ni sub grupo 18 cuando hay parentesco con trabajadores de los renglones 011, 021, 022 y 031.

Después del despido de Segura, llegó al cargo Víctor Puac, exasesor de Eduardo Cruz, diputado por Quiché, que ingresó en sustitución de Carlos López, diputado prófugo de la justicia por dos casos, Plazas Fantasma y Financiamiento a la UNE.

Se espera que el ministro hable a los medios luego de la firma, en el Colegio de Profesionales, de un convenio con el comité ad hoc, que representa a los profesionales de la salud, para formalizar los acuerdos alcanzados entre el ministerio y los profesionales. Entre esos puntos destaca que el pago se hará en abril, luego de la clasificación de especialidades.

Prensa Libre ya había informado que Segura identificó en enero de 2017 a diez personas con vínculos familiares que trabajaban en ese hospital. También había hecho público que recibió presiones para firmar la contratación, a lo cual se negó.

Después de que fue despedida, Segura se mostró extrañada porque había sacado 86 puntos en una evaluación de desempeño del ministerio.

Pedro Raymundo fue consultado por Prensa Libre en esa oportunidad en torno a los acontecimientos y negó que tuviera algo que ver con las decisiones administrativas del hospital, relacionado con la contratación de su hermano, y que tampoco influyó en el despido de la directora.

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Grabaciones

Campo mencionó que como avance de la investigación cuenta con grabaciones que proporcionó Segura en donde habló con el ministro Soto.

“Contamos con diversos medios de investigación, evidentemente la declaración testimonial de la persona denunciante, en el mismo sentido contamos con algunos audios, algunas llamadas telefónicas que fueron proporcionadas directamente por la doctora”, agregó Campo.

Ministro responde

“No puede ser que investigadores de la Feci estén en este tema con nosotros, es un tema que está trillado, que estén fregando a la gente del gobierno”, mencionó Soto.

Red de nepotismo

Desde que asumió en 2014, Segura encontró que, de 190 trabajadores del nosocomio, 45 son familiares.

“No puedo hacer”, comentó en torno a esas 45 personas, sino que sus esfuerzos solo podían enfocarse en prohibir la contratación de nuevos familiares, como manda la Ley de Contrataciones.

Al mismo tiempo, solicitó una investigación a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Salud para que se determinara cómo llegaron a laborar al hospital y si se trata de favores políticos.

Un ejemplo es Francisco Brito Ceto, jefe de Recursos Humanos del hospital, cuyo padre y hermano trabajan ahí también. Al ser consultado, expresó que sus familiares llegaron antes que él y su plaza está asignada al hospital de Uspantán.

No obstante, reconoció que sí hay plazas que son producto de favores políticos del extinto Partido Patriota. Afirmó que los trabajadores no cumplían el procedimiento de oposición y se presentaban con nombramiento oficial, avalado por la Vicepresidencia de la República.

Plazas como la de Odontología fueron trasladadas al Hospital Nacional de Retalhuleu, a pesar de que está asignada al de Nebaj, por orden ministerial. Segura informó en ese momento que fueron reubicadas 10 plazas a otros hospitales.

“Esto es una responsabilidad de diputados, de varios partidos”, aseguró el alcalde.

El municipio

A 255 kilómetros de la capital, Nebaj se ubica en el norte de Quiché, junto a Ixcán, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chicamán y Cunén. Su extensión es de 608 kilómetros cuadrados.

Tiene clima frío, lluvioso, y su comunidad lingüística predominante es la ixil.

Posee un índice de desarrollo humano bajo, de 0.508, por debajo del nacional, de 0.640. Viven nueve personas casa, en promedio, y cada mujer tiene seis hijos.

La población económicamente activa era de 33 mil 88, pero solo la tercera parte, 11 mil 121, tenía empleo. Las principales fuentes de empleo son agricultura, comercio, industria manufacturera y construcción.

Frijol, maíz, café, aguacate, banano, ciruela, durazno, manzana papa y güisquil son los productos agrícolas principales del municipio.

Fuente: Segeplán, Usaid, Salud, Sesán, Ine.

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El diálogo y consenso fue entre el ministerio y el Frente Nacional de Lucha, con lo cual el incremento favorecerá a 57 mil 560 trabajadores, incluido el gremio médico, según el funcionario.

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Soto refirió que será a partir del 2019 que se hará efectiva la mejora salarial. “Ya está consensuado, solo lo vamos a firmar y a seguir los pasos legales con la Dirección Técnica del Presupesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil para que esto comience a funcionar”, agregó.

La negociación cuenta con el beneplácito del presidente Jimmy Morales, dijo Soto.

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Para efectuar el incremento, la cartera necesita Q460 millones. Soto dijo que se tendrá que reordenar el presupuesto del próximo año, aunque si se autorizan los Q7 mil 900 millones que se tienen previsto “será mucho más fácil”.

En la negociación no fueron incluidos los profesionales de la salud; según Soto, porque la obligación legal del ministerio es negociar con el sindicato mayoritario.

Desde el 25 de julio, los facultativos hicieron públicas sus demandas de dignificación salarial. Han salido a las calles y han suspendido la atención en la consulta externa de los hospitales, pero hasta ahora, sus demandas no han sido atendidas.

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La semana pasado solicitaron en dos ocasiones una audiencia con el presidente Jimmy Morales para plantear sus demandas, debido a que Soto, según han dicho, no tiene “voluntad” en negociar. 

El incremento anunciado por el funcionario alcanza a los médicos, pero no llena sus exigencias. Ellos piden  que considere dentro del presupuesto del 2019 un total de Q601 millones para cubrir el incremento que solicitan, y esta petición es la que los mantiene desde el lunes frente al Congreso. Este jueves estarán presentes en la citación que el ministro tiene con dirigentes del partido de la Unidad de la Esperanza, pues esperan el apoyo de los diputados. 

“Estamo esperando que el Congreso nos apoye y que llame a la atención y ponga en su lugar al señor ministro y nos apoye”, refirió la médica Carmen Henry, vocera del comité ad hoc del movimiento por la dignificación sindical.

“El aumento que él (Soto) otorgó al sindicato mayoritario lo aplaudo, que bueno que este tomando en cuenta el trabajo de los empleados y sindicalizados. Aunque por ley nos corresponde un porcentaje muy bajo a nosotros, por ley tenemos que recibirlo”, agregó.

Pese a la petición de un mejor salario por parte del gremio médico, un análisis del ministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, señaló que los profesionales en realidad no ganan el salario mínimo. Como ejemplo mencionó que tienen un salario base de poco más de Q5 mil mensuales, además reciben mensual un bono específico de salud, otro de reconstrucción administrativa, un bono del 25 por ciento por pacto, otro bono de 10 por ciento por beneficios y otro aporte del escalafón de antigüedad.

Si el factultativo tiene ocho años de servicio puede devengar al mes más de Q13 mil, lo cual puede aumentar conforme la  antigüedad. De esa cuenta, un aumento al salario base afectaría directamente los aportes en bonos por ser beneficios irrenunciables, agregó Martínez.

Amenaza de renuncias

“Soy enfático, si ellos quieren renunciar, que renuncien. No me van a provocar ningún problema si renuncian o no, es cosa de ellos”, indicó el ministro de Salud con relación a la posible renuncia en bloque que los facultativos del hospital Roosevelt anunciaron la semana pasada, medida que también fue sometida a votación en la Asamble Nacional que los facultativos llevaron a cabo el lunes último. 

Trece semanas han transcurrido desde que los profesionales decidieron restringir las consultas externas. El ministro indicó que a partir de mañana (jueves) estas “tiene que comenzar a trabajar”, haciendo cumplir un amparo que fue otorgado para garantizar el servicio para la población. De no hacerlo, los médicos podrían tener repercusiones, como destituciones y responsabilidades de caracter penal, según Luciano Patzán, asesor legal del Ministerio de Salud. 

“Les pido, les ruego que vayan a trabajar mañana, porque no había querido ejecutar el amparo y he estado pidiendo todos los días que trabajen y que sigamos con el diálogo y no hacen caso”, dijo Soto, refiriéndose principalmente a los trabajadores del Hospital Roosevelt, en donde el servicio irregular ha sido más severo, según se informó. “Invito a los médicos que recapaciten que comencemos un diálogo de cero”, para negociar el aumento que solicitan para el 2020, agregó el ministro. 

De acuerdo con Henry, los profesionales de la salud continuarán este jueves con las medidas que hasta ahora han tomado, como la restricción de las consultas externas; será luego de la reunión que tengan en el Congreso cuando definan qué pasos seguir en la negociación por el incremento salarial, pues la mejora salarial anunciada por el ministro, pese a que beneficiará a todos los trabajadores de la cartera, no utiliza una tabla escalafonada en la que se tome en cuenta la preparación académica. Según la médica, el incremento que recibirían sería de unos Q160 mensuales para los facultativos, lo que está lejos de sus peticiones. 

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El titular de la cartera expresó su repudio hacia los hechos de violencia que sufrió a su salida del Legislativo, cuando un grupo de supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos lo siguió, insultó y acorraló en una zapatería cercana.

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Soto hizo un llamado a la población para que se una y actúe de manera pacífica. “Uno cuando es macho, se quita las capuchas y se quita las gorras. Cuando uno va a confrontar a la población lo debe hacer de frente”, mencionó, haciendo referencia a aquellos manifestantes que llegaron con el rostro cubierto el pasado martes.

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“Voy a hacer una denuncia. No voy a decir contra quien, porque va a ser sorpresa”, dijo, y continuó: “Hay una líder mala, la conocen todos, es gritona, hace lo que le da la gana en Guatemala, manipula al rector, manipula a todo el mundo”.

Acorralado

El martes último, Soto fue citado al Congreso de la República para participar en la mesa de trabajo que busca encontrar solución al tema de la dignificación salarial de los profesionales de la salud. Al salir, el funcionario fue acorralado por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos que mostraba su descontento contra las reformas a la Ley en Material de Antejuicio.

Lo insultaron, le tiraron objetos y agua. El ministro buscó refugio en una cafetería y luego en una zapatería. Después de varios minutos de tensión, elementos de la Policía Nacional Civil lograron sacarlo y escoltarlo a un vehículo en el cual logró escapar de los manifestantes.

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Un aumento salarial del 15% para quienes ganan menos de Q6 mil, un incremento del 8% para quienes devengan de Q6,001 a Q15 mil, y un 5% para quienes reciben más deQ15 mil, es la propuesta que el Ministro de Salud, Carlos Soto, propone para el próximo año para los 55 mil 548 trabajadores de la cartera, entre los que se cuenta a 6 mil médicos.

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De acuerdo con Soto, para cubrir el incremento salarial de todos los empleados se necesitan unos Q400 millones.  Sin embargo, aclaró que en caso de no lograrse la aprobación del presupuesto que han solicitado para el 2019, no habrá recursos disponibles para cumplir con este incremento.

“No le puedo dar solo a un sector, hay gente en el Ministerio de Salud que no gana el salario mínimo. Lo que quiero es establecer un parámetro para que todos puedan tener un sueldo más digno”, expresó el funcionario, luego de la reunión que duró una hora.

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La médica Astrid Tello, en representación de los profesionales de la salud, manifestó que llevarán la propuesta a sus colegas y en asamblea se discutirá el ofrecimiento del ministro, pero adelantó que esta no llena las exigencias de “dignificación profesional” por la que están luchando.

El planteamiento también fue presentado al sindicato a los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG), que también piden un aumento. “La misma propuesta que le hice a los médicos se la hice a los sindicalistas, ellos también tendrán que consultar con sus bases si quieren mi ofrecimiento o si hacen una contrapropuesta, pero realmente eso es lo que tengo”, agregó.

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El próximo martes los facultativos darán a conocer si están de acuerdo con el ofrecimiento de Soto, en una nueva mesa de trabajo en Congreso de la República. El bono único de Q4 mil que se había planteado para este año queda fuera de la negociación.

Mientras tanto, las medidas de hecho continuarán. La consulta externa en los hospitales seguirá restringida.

Sobre la mesa

Otro de los temas que se discutió en la reunión fue el traslado de los trabajadores en renglón temporal a permanente. Se informó que la cartera y la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) ya comenzó con este proceso. Los primeros en serán trasferidos al renglón 011 serán los trabajadores de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt, para luego continuar con los demás nosocomios y servicios de salud. Este año se ocuparán de 5 mil empleados.

Con relación a la aprobación de la ley de la carrera administrativa, está ya está en manos de la Comisión de Salud del Congreso que la evaluará. 

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En medio de la huelga de médicos en demanda de mejores sueldos y condiciones de trabajo, el pasado 29 de agosto, varios médicos del Hospital Roosevelt llegaron a las instalaciones del Ministerio de Salud y realizaron una manifestación que por momento se tornó tensa.

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Ante estas declaraciones, Zagreb Zea, odontólogo y portavoz de los médicos de hospitales nacionales, negó que se hayan generado daños en el ministerio y refirió que su presencia obedeció a que querían conocer los avances que se han tenido durante la administración de Soto, que ese día cumplía un año.

Sin embargo, los señalamientos subieron de tono y el ministro de Salud señaló a Zea de movilizar a estudiantes de cuarto año de Medicina de forma irregular y al referirse al odontólogo dijo: “Que se dedique a sacar dientes y muelas y yo me dedicaré a hacer mi trabajo por la salud para que el pueblo de Guatemala tenga lo que se merece”.

Zea restó importancia a las declaraciones del ministro y dijo que no se avergonzaba de ser odontólogo, pero sí consideró que Soto se había referido a él de forma despectiva.

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Exigen disculpa

Un día después la Junta Directiva del Colegio Estomatológico calificó de irresponsables y desafortunadas las declaraciones del ministro Soto.

El colegio lamentó que Soto “evidencie públicamente su limitada y retrograda concepción de la estomatología y la importancia que la profesión representa dentro del abordaje de la salud pública”.

La directiva del colegio profesional considera que el comentario del ministro “intentó denigrar a una profesión digna que ha hecho relevantes aportes no solo a la salud pública, sino a la vida académica y política de Guatemala”.

Por estas razones la directiva pidió al ministro una disculpa pública al gremio profesional por “sus declaraciones ofensivas y malintencionadas”.

Mientras tanto, la Sociedad Dental de Guatemala dijo en un comunicado que “ante el denigrante e irresponsable y aciago comentario del ministro de Salud manifiesta su total rechazo”.

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La sociedad “exige se disculpe y enmiende su actuar ante el gremio odontológico” por parte del funcionario.

Un sector más, la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos y el rector Murphy Paiz, emitieron un comunicado donde dan su respaldo a todo el gremio odontológico.

Además, demanda al ministro “una disculpa pública al Gremio Estomatológico antes sus impulsivas declaraciones, que en nada contribuyen a buscar una salida a la crisis que se está agudizando”.

Reacción

Carlos Soto, ministro de Salud, indicó a La Red que con sus declaraciones no buscaba ofender a los odontólogos.

“Él —Zea— me ofendió, me dijo que yo era mentiroso y simplemente le dije que fuera a trabajar en lo que tiene que trabajar y se lo dije a él  y no al gremio”, señaló el ministro.

Soto agregó que “en ningún momento quiso ofender a los odontólogos o a su gremio” y señaló que ellos sacaron “un comunicado muy grosero” contra él.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) reportó que del 4 al 24 de diciembre la red hospitalaria del país atendió a 6 mil 752 personas.

El ministro de Salud, Carlos Soto, dijo que solo el 24 de diciembre atendieron mil 446 pacientes, las causas más frecuentes de ingresos fueron los accidentes de tránsito.

“Las personas del transporte particular no están cumpliendo con las leyes de tránsito y de no beber alcohol cuando están manejando. Es importante porque son 10 fallecidos”, aseveró Soto.

• 100 personas heridas en accidentes de transporte colectivo
• Dos personas muertas en accidentes de buses
• 648 personas resultaron heridas en accidentes de vehículos particulares
• 10 muertos por accidentes en esta categoría de vehículos
• 103 intoxicados por alcohol (87 hombres y 16 mujeres)
• Dos fallecidos por intoxicación por alcohol
• 52 intoxicados por alimentos
• 97 heridos de bala
• Cuatro muertos por arma de fuego
• 129 heridos con arma blanca
• Un muerto por arma blanca

Otras instituciones informaron sobre los consolidados de las emergencias atendidas durante el 24 y 25 de este mes. Los Bomberos Municipales:

• 18 heridos
• Cuatro fallecidos por arma de fuego

La Policía Nacional Civil reporto:

• 137 capturados (38 en la capital y 99 en el interior)
• 34 armas de fuego incautadas
• Cuatro vehículos recuperados
• Ocho motocicletas con reporte de robo

• Cinco accidentes viales
• Tres personas heridas

En el Hospital General de Accidentes Ceibal, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social atendió afiliados por distintas emergencias.

• 68 con fracturas
• 83 por contusiones
• 10 con quemaduras de primer grado
• 11 con quemaduras de segundo grado

Los Bomberos Municipales Departamentales consolidaron su reporte:

• 59 accidentes de tránsito
• Cuatro personas quemadas con líquidos
• 13 personas quemadas con pólvora
• 17 personas heridas al ser atropelladas
• Una persona murió atropellada
• 13 incendios en inmuebles
• 29 incendios forestales
• Cuatro heridos de bala
• 13 heridos con arma blanca
• Siete muertos por heridas de arma blanca
• 10 intoxicados
• Dos fallecidos por intoxicación
• 303 traslados por enfermedades

Los Bomberos Voluntarios estuvieron prestos a brindar atención:

• 10 incendios en inmuebles y comercios
• Un muerto en ataque armado
• Una persona muerta atropellada
• 11 heridos con arma de fuego
• 1 personas herida atropellada
• Cuatro personas quemadas

• 138 personas albergadas por el frío
• Seis incendios forestales combatidos (en diciembre)

Los agentes de la Empresa Municipal de Tránsito de Mixco (Emixtra) reportaron los siguientes incidentes

• 17 colisiones vehiculares
• Un ciclista atropellado
• Un incendio de chatarrera
• Un niño extraviado
• Una persona baleada
• Dos colisiones múltiples
• Siete vehículos empotrados
• Tres fallecidos
• Un herido