Los abusos constantes de los grandes poderes corporativos, con la abierta complicidad de un sistema neoliberal disfrazado de desarrollo, han transformado a la política internacional en un siniestro juego de poder en donde la vida humana ha dejado de existir como un factor en la toma de decisiones. Este marco, cuyos límites se reducen a la búsqueda incesante de concentración de la riqueza, ha convertido al planeta en un campo de batalla en el cual se impone una estrategia de exterminio. El fenómeno de las migraciones, en este contexto, no se reduce a huir de la violencia o a la búsqueda de mejores oportunidades —como algunos pretenden creer— sino a la urgente necesidad de conservar la vida.

Los gobiernos, especialmente de los países más desarrollados, pretenden criminalizar a las enormes caravanas de seres humanos desplazados de sus territorios. Los culpan por escapar de guerras que esos mismos países han provocado, sin otra excusa que el saqueo de sus riquezas. Los satanizan por tener la audacia de proteger a sus familias contra la perversa invasión de sus territorios y la destrucción de su hábitat. Esos países desarrollados que acumulan privilegios con la mano derecha mientras devastan continentes enteros con la izquierda, han invisibilizado a los pueblos y les han quitado su dignidad.

Los derechos humanos, a pesar de todas las convenciones, tratados y discursos mediante los cuales se pretende proteger una idea abstracta y caduca como el de su respeto irrestricto, se violan a destajo bajo un sistema aparentemente legal cuyo objetivo es convertir al mundo en un territorio abierto al saqueo y a la exclusión de las grandes mayorías. En este planeta, la vida y la supervivencia cuelgan de un hilo fino; la codicia imparable de grupos de poder —tales como la industria farmacéutica, las industrias minera y petrolera, las compañías que se han apoderado del agua y de los océanos— han transformado a la Humanidad en un recurso o en un obstáculo, dependiendo de sus mezquinos intereses, escatimándole el protagonismo que le otorga su naturaleza.

Con el mayor de los cinismos, pretenden hacernos creer en la legitimidad de sus supuestos derechos y que los nuestros —como pueblo que somos— no existen más. Nos inoculan virus para desarrollar vacunas que engrosarán sus ya abultadas arcas, nos convencen de que migrar es ilegal, nos quieren sometidos y callados a fuerza de represión y, gracias a todo eso, van definiendo un mundo a su conveniencia. Los países más desarrollados gracias a nuestro patrimonio —África y América— desprecian nuestra cultura, nuestro color y nuestro derecho a vivir libres de sus invasiones y lejos de su industria bélica.

Nos condenan por constituir un estorbo para sus planes de explotación y plantan en nuestros gobiernos a seres corruptos y criminales, individuos dóciles capaces de entregar a sus naciones a cambio de sobornos. Para ello, asesinan a líderes cuya conciencia se oponga a sus intenciones. De ese modo, hemos transitado por una historia cargada de pérdidas; una línea de tiempo que nos ha dejado cicatrices profundas y miedos tan acendrados que paralizan el espíritu y lo condicionan. Estos pueblos, invisibles para los grandes poderes económicos y políticos, son la fuerza viva indispensable para enderezar el rumbo.

Guatemala se encuentra hoy a las puertas de un golpe de Estado, el cual se ha venido gestando de manera solapada desde el palacio presidencial y las más altas instancias de sus instituciones. Las maniobras conducentes a la situación que hoy vive ese país han sido pergeñadas de tal modo como para causar una parálisis jurídica y la invasión de los espacios en donde se toman decisiones fundamentales. Para ello, quienes administran y manipulan los mecanismos políticos han instalado a sus cómplices en las Cortes, la Asamblea legislativa, el Ministerio Público y todas aquellas instancias clave de las cuales depende la estabilidad política de la Nación.

Desde la perspectiva política, Guatemala se puede considerar un Estado fallido. Capturado por un grupo de delincuentes —denominado el “Pacto de Corruptos” por los alcances de sus abusos de poder— el país ha caído en picada en todos sus indicadores de desarrollo, considerados “daños colaterales” entre los políticos actuales. Esa nación, la más rica de Centroamérica, ha sido sistemáticamente saqueada durante las últimas administraciones, al punto de ocasionar daños irreparables, en especial entre los más jóvenes y desprotegidos. Con índices como el de coeficiente intelectual que la ubican en el puesto 196 —de entre 199 países— una de las tasas más bajas del mundo provocada por la desnutrición crónica, el desarrollo futuro de Guatemala es prácticamente inviable y sus niños, niñas y adolescentes enfrentan un futuro de miseria y privaciones de todo tipo.

Mientras eso sucede a lo largo de su territorio, la casta política y la élite económica arrasan con todas las riquezas, convirtiendo a esa nación en una república bananera sin futuro y sin esperanzas de recuperación. De ahí la sorpresa que hoy mantiene en jaque a sus centros de poder: el surgimiento inesperado de Bernardo Arévalo De León en las elecciones del pasado mes, un candidato con fuerte vocación democrática cuya propuesta capturó los votos de una ciudadanía hastiada de los abusos y los engaños, y quien ¡oh, sorpresa! alcanzó el segundo lugar en los comicios.

En un incesante tráfago de maniobras ilegales, el actual Presidente y sus aliados intentan frenar el posible y más que probable arribo de Arévalo a la primera magistratura, conscientes de que a partir de ese momento se verán enfrentados a la acción de la justicia; sus cómplices perderán el poder que hoy detentan de manera ilegítima y se iniciará una etapa plagada de obstáculos hacia el retorno de la institucionalidad perdida.

Todo lo anterior representa una amenaza de tal calibre para quienes hoy detentan el poder, como para temer actos desesperados y violentos por parte de quienes se ven hoy enfrentados a la posibilidad de perderlo todo. Este potencial escenario podría ocasionar un quiebre rotundo en la historia reciente de ese país, el cual ha sufrido ya los estragos de la guerra interna, de los abusos de sus castas privilegiadas y de la represión por parte de sus cuerpos armados.

Guatemala tiene el derecho de decidir su destino sin amenazas y con la legitimidad que le otorga su texto constitucional. Ningún delincuente mareado de poder debería tener la potestad de frenar el curso de su historia y, menos aún, de privar a sus habitantes de un futuro lleno de esperanzas. Tampoco la tiene una élite económica ciega y voraz, cuyo destino depende de una sociedad saludable y productiva.

La ciudadanía guatemalteca se debate entre el estupor y el entusiasmo por los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales, en donde se alzó la presencia de un candidato a la Presidencia cuyo perfil escapa por completo a la tendencia de la política doméstica actual. A pesar de la opacidad del evento electoral, Bernardo Arévalo, con el respaldo del movimiento Semilla —una fuerza política relativamente nueva— se alzó con la segunda posición y aseguró su participación en el balotaje a celebrarse en agosto. Atrás quedaron los candidatos financiados por la cúpula empresarial, por las organizaciones criminales y por el propio Estado, a través del saqueo perpetrado por las recientes administraciones.

Arévalo trae consigo la expectativa de cambio con una magistratura orientada hacia políticas sociales, marginadas desde hace generaciones. Esto contrasta de manera frontal con las propuestas tradicionales de partidos políticos de cacicazgo, carentes de ideología y cargados de compromisos con sus financistas. Las reacciones contra su presencia en el balotaje no se han hecho esperar y la derecha tradicional, aliada con el pacto de corruptos —que mantiene su hegemonía sobre todas las instituciones del Estado— ha iniciado contra este personaje una campaña de desprestigio cargada de odio.

Hijo de Juan José Arévalo Bermejo, un mandatario excepcional que dejó huellas profundas en el Estado de Guatemala, este candidato viene no solo con la carga de la herencia, sino también con el más difícil de los retos: imponer la decencia en la administración pública. Sin embargo, en caso de vencer en las votaciones de agosto, la tarea tendrá el gran obstáculo de enfrentar a una mayoría de congresistas aliados con la actual administración y con las fuerzas políticas más oscuras de los últimos tiempos, dificultándose de manera sustancial cualquier iniciativa tendente a la depuración de las instituciones actualmente secuestradas.

Para una gran mayoría de ciudadanos, esta será la hora del retorno. Retorno a la decencia, retorno a la institucionalidad, retorno a las esperanzas de desarrollo y retorno a la democracia. Guatemala merece la oportunidad de liberar a sus instituciones del daño perpetrado por una serie de personajes mediocres, quienes por medio del engaño se han apoderado de sus riquezas condenando a la población a la pobreza y a sus nuevas generaciones a una emigración sin esperanzas.

Las próximas semanas serán la prueba de fuego para este proceso lleno de incertidumbre y amenazas. Quienes hoy detentan el poder —a la cabeza su élite empresarial de pensamiento estancado en las prácticas de la Colonia— intentarán obstaculizar el arribo de Arévalo al poder. El miedo a la acción de la justicia será el incentivo para cometer toda clase de actos de intimidación, amenaza y provocación por medio de sus lacayos y sus centros de desinformación. Para ello cuentan con las inmensas fortunas robadas, durante décadas, a la población guatemalteca.

La gran expectativa es ver cómo la ciudadanía recupera el espíritu de lucha y logra rescatar su libertad de pensamiento, su energía positiva y, sobre todo, la certeza de encontrarse frente a un cambio trascendental y ser parte protagónica del giro histórico que se avecina.

En algún momento de nuestra vida nos convencieron de las ventajas de abstenernos de la participación política. De hecho, nuestras sociedades y muchas alrededor del mundo, han mantenido a las mujeres al margen de esa actividad cívica, desde la cual se deciden las normas que afectan su presente y su destino. Del mismo modo, se ha impuesto toda clase de obstáculos al involucramiento de los jóvenes bajo la premisa de su falta de madurez, conocimiento o inteligencia suficientes para participar en este ejercicio tan complejo.

En esa sutil manipulación se intenta convencer a las nuevas generaciones de las supuestas ventajas de dejar las decisiones más importantes —como el manejo de la cosa pública— a los adultos experimentados. Así es como se ha conformado una especie de cártel político-partidista en manos de un puñado de individuos que se alternan en las cúpulas del poder y quienes, gracias a la marginación de las mayorías (mujeres y jóvenes representan más de la mitad de la población en todos nuestros países latinoamericanos) se han apoderado de los mecanismos eleccionarios.

En las próximas semanas, dos países de nuestro continente enfrentan elecciones generales: Guatemala, el 25 de junio y Ecuador, el 20 de agosto. Ambos con un historial político complejo y plagado de retrocesos y ambos, también, con una población mayoritariamente joven, femenina y con una amplia presencia de pueblos originarios, todos ellos deseosos de participar y marcar su protagonismo. El desafío para estas dos naciones ricas en patrimonio y en cultura, es romper las estructuras que les impiden avanzar hacia un desarrollo sostenible. Esa meta, sin embargo, se presenta obstaculizada por los elevados índices de desconfianza por parte de una gran proporción de sus electores, lo cual sin duda repercutirá de manera sustancial en los resultados de las votaciones.

La estrategia utilizada por los partidos tradicionales, en ambos casos, se ha basado en la premisa de mantener a la juventud alejada de la política, gracias a una educación exenta de los fundamentos teóricos esenciales para comprender sus complejidades. Es así como las grandes masas ignoran —por no haber tenido acceso— los textos constitucionales en donde se determinan la estructura y el manejo del Estado. Ignoran, por la misma excluyente razón, las bases ideológicas de sus representantes en las asambleas legislativas. Creen, porque así les han enseñado, que la política es una actividad reservada a unos pocos, contradiciendo de ese modo la esencia misma de la democracia.

Todo lo anterior revela hasta qué punto el ejercicio político se ha ido convirtiendo en un reducto hermético, blindado contra la enorme fuerza ciudadana residente en los grupos más afectados por su ejercicio: los sectores de infancia, juventud y de mujeres, representativos no solo de la mayoría poblacional, sino también de la clave del desarrollo y del bienestar general. En este reducto, ajeno a las aspiraciones de sus representados, imperan tanto intereses económicos de las élites como la infiltración de organizaciones criminales capaces de torcer, con un golpe de puño, los destinos de las naciones. La incorporación activa —empezando por los procesos electorales— de los grupos marginados, es la única acción capaz de enderezar esas líneas torcidas de la política secuestrada.

El ejercicio de la política no es sucio por sí mismo; su aura contaminada y opaca ha sido producto de un mal desempeño de quienes poseen la autoridad para tomar decisiones que afectan a la comunidad a la cual representan. Es evidente que la política, como actividad y como sistema de gobernanza, es un recurso indispensable en la vida de cualquier sociedad organizada cuyo bienestar dependa de una visión inteligente sobre la distribución de sus riquezas, el equilibrio de poderes entre sus instituciones y la transparencia en la gestión de sus autoridades.

En nuestro continente, con su cauda de conflictos armados, violaciones de derechos humanos, sumisión ante el poder de imperios económico-corporativos y el generoso patrocinio de la droga a candidatos a gobernantes, la palabra “política” se ha ido transformando en sinónimo de corrupción. El abuso de autoridad y la violación impune de leyes y tratados, con la consecuente generación de una especie de ideología de la desconfianza cuya fuerza afecta al presente y futuro de las naciones, ha provocado un ambiente de escepticismo entre la juventud actual, la cual ya no cree -con mucha razón- en el sistema.

A los jóvenes no solo los han engañado una y otra vez, restándoles oportunidades de acceso a una vida mejor; también les escatiman las herramientas capaces de proporcionar información necesaria y confiable sobre las distintas opciones y sobre el escenario electoral. Los sistemas educativos —los cuales, de paso, dependen de políticas públicas— han sido empobrecidos para satisfacer los intereses de las élites económicas, las cuales dependen de empleos mal remunerados y de la imposición de su propia agenda.

A ello es imprescindible sumar el entarimado de leyes creadas por las asambleas legislativas a su propia medida con el fin de mantener el control sobre el poder político partidista, a espaldas de la ciudadanía. Estos sistemas han obstaculizado el acceso de líderes populares a las altas magistraturas, han impedido la reformulación de las leyes electorales y han criminalizado toda oposición utilizando un discurso populista con atisbos de las tácticas de la Guerra Fría. Es decir, el ejercicio de la política se ha ido consolidando como un arma de ataque contra las sociedades a las cuales debe rendir cuentas.

Son pocos los países de nuestro continente en donde todavía existen instituciones capaces de generar un nivel aceptable de confianza en el ejercicio del poder. Pero, en su mayoría, han sido invadidos por individuos incapaces, corruptos, aliados con las élites económicas y sometidos a la voluntad de países más poderosos, cuyos intereses priman por encima de los de nuestros pueblos. Esto, sin contar con las presiones de organizaciones criminales de narcotráfico, trata de personas y control de prisiones cuya presencia ominosa está infiltrada hasta en los más elevados estratos de los gobiernos.

Las primeras víctimas de este ambiente de escepticismo y pérdida de credibilidad son los procesos electorales. En ellos se evidencia con fuerza el desgaste de sistemas supuestamente democráticos que hoy no resisten el menor análisis. Es en estas supuestas “fiestas cívicas” en donde queda de manifiesto el grave empobrecimiento del poder ciudadano y la ausencia de propuestas políticas capaces de dar la vuelta de tuerca al desprestigio que hoy impera.

En la carrera por el poder político suele perderse, además del respeto por la verdad, algo absolutamente indispensable: la transparencia y la capacidad de mostrar un perfil idóneo y a prueba de escrutinio para el cargo ambicionado. En un mundo orientado hacia la absurda soberanía de las leyes del mercado y frente a sociedades desprovistas de elementos de juicio confiables ante la oferta política —como sucede en la mayoría de países latinoamericanos— quienes triunfan suelen ser los más poderosos, los más tramposos, pero no siempre los mejores.

Las grandes mayorías han sido desprovistas de acceso a una educación de calidad y este hecho repercute en la carencia de capacidad de análisis, de acceso a una información objetiva y comprobable sobre la oferta electoral, pero también en una inevitable aceptación de decisiones emanadas por instituciones que han perdido de vista su misión. Estas instituciones suelen desviarse de su misión para complacer y apañar a sectores interesados en apoderarse del poder. En este escenario los conceptos de soberanía, independencia, democracia y gobernanza han sido desprovistos de todo su significado.

Para iniciar el proceso de elegir a un gobernante: presidente, alcalde, asambleísta o cualquier otro cargo de elección popular, es indispensable descartar antes de seleccionar. Es decir, dejar de lado a todo aquel individuo —hombre o mujer— cuyos antecedentes muestren conflicto con la ley, actos de corrupción, falsedad o incumplimiento de promesas de campaña en eventos previos, ocultamiento del origen de su patrimonio y falta de transparencia en el financiamiento de su propaganda política. Para ocupar un cargo político, la ética es un factor absolutamente indispensable, pero también la capacidad profesional y técnica que lo respalde para ejecutarlo con eficiencia y eficacia.

Un estadista es, según la RAE “una persona con gran saber y experiencia en asuntos de Estado”. Pero es mucho más que eso: es quien conoce las necesidades de su pueblo y busca resolverlas, apelando al consenso ciudadano para tomar decisiones equilibradas; es quien genera un avance sostenible en todos los campos de acción, independiente de presiones de grupos de poder; es quien comprende sus limitaciones en el ejercicio del cargo y sabe rodearse de un equipo respetuoso de la ley. Pero, sobre todo, es quien no transa con grupos de poder económico ni con organizaciones criminales que solo buscan su propio beneficio, contra el beneficio de las mayorías.

Para elegir a un gobernante no basta con acudir a convocatorias de carácter proselitista y escuchar discursos. Hay que darse a la tarea de investigar, porque dar el voto es una decisión de enorme alcance y serias consecuencias. El sufragio es una declaración de confianza, de compromiso y de ejercicio ciudadano, por lo cual nunca debe responder a la coacción ni al pago de un soborno. Es el acto cívico más importante para una democracia y venderlo por dinero, regalos o una bolsa con alimentos es una traición contra la integridad personal y la del país.

Al dar una mirada a los procesos electorales cercanos a estas fechas resulta doloroso comprobar cuánto se ha perdido en términos de poder ciudadano, cuánto se ha deteriorado la institucionalidad y cuánta incertidumbre amenaza la incipiente democracia de nuestras castigadas naciones.

¿Sabías que dentro de unos días se celebra el Día de la Madre? Seguro que no, ya que naciste en donde esas noticias no llegan. Tu madre te dio a luz en las peores condiciones y seguramente nunca ha tenido oportunidad de celebrar nada. Cuando llegaste, caíste en medio de unos trapos sobre el suelo duro y sobreviviste por puro milagro. Si no te hubieras aferrado al pecho de tu madre, no hubieras durado ni un día porque no traías carne suficiente sobre tus huesitos diminutos. A partir de ese instante pasaste a ser un dígito más en las estadísticas de la desnutrición infantil, esas preparadas con tanta acuciosidad por doctos expertos internacionales en sus elegantes oficinas de la capital.

Dicen que nunca debiste haber nacido, dicen también que por culpa de tu madre el país está como está, tan subdesarrollado: por parir un hijo tras otro y no entender que eso solo multiplica la pobreza. Mejor se hubiera esterilizado y así habría más oportunidades para todos. Eso dicen, ¿tú, qué opinas? En fin, tu infancia ha sido difícil, la tortilla remojada no calma la urgencia de tu estómago pero no hay más para comer.

Pero dicen por ahí que hay programas para niños como tú, lo que es muy bueno, eso dicen también. Vienen los camiones y reparten las bolsas con la foto de una señora galana, pero dura poco y el hambre vuelve por días, semanas y meses. Tu padre está en el campo y ni se entera, lo llevaron a la costa a trabajar mientras tu madre se las ingenia para darles aunque sea esa tortilla remojada.

Has visto a otros niños asistir a la escuela de la aldea, y no entiendes por qué tu madre no te deja ir. Dice que no tiene con qué pagar los útiles y tampoco con qué comprarte ropa ni zapatos. Esto de nacer pobre sí que es feo. Las bolsas de la señora galana no traen ropa ni zapatos y tampoco traen cuadernos, porque seguro esa señora no ha pensado que quizás los necesites.

Ayer amaneciste con fiebre y una diarrea que no paraba, pero no había para medicinas. Tu madre te envolvió bien en una chamarra y te cargó hasta el centro de salud, a más de tres horas de camino. Allí se sentaron a esperar pero pasó el tiempo y nadie se acercó a verte. Al fin te ingresaron, pero le dieron a tu madre pocas esperanzas porque no hay antibióticos. No entendiste muy bien, pero al parecer no hay dinero para medicinas ni equipo, por eso no te canalizaron la vena para hidratarte ni te pusieron suero porque no había. De todos modos el médico le dio a tu madre unas pastillas y le dijo que te llevara la semana próxima.

Así has vivido algunos meses; toda una hazaña para un niño como tú en un país como este. Cuando crezcas, si acaso creces, tu cerebro habrá desarrollado solo una pequeña porción de su potencial, ese que sería indispensable para darte la oportunidad de prosperar y volverte un ciudadano productivo. Tampoco tu cuerpo habrá alcanzado el peso ni la estatura normal para tu edad; serás esmirriado y bajito, con poca resistencia a las enfermedades y escasa capacidad intelectual.

Lo que no sabes es que formas parte de una cadena de explotación y abuso. La Constitución dice que deben protegerte, alimentarte, educarte y ofrecerte todas las oportunidades para tu desarrollo integral. Pero eso tampoco venía en la bolsa de la señora galana.

Uno de los mayores misterios en el comportamiento humano es la tendencia ciega a aceptar como ciertos algunos arquetipos establecidos como verdades absolutas. Uno de ellos es aquel que nos indica en dónde está el “lado correcto”. Con este nebuloso orden de pensamiento, cuya validez no admite contraposición, hemos construido todo un sistema moral, político y social incuestionable y rara vez sometido a juicio. De este vago concepto han derivado, sin excepción, todas las formas de violencia social y bélica en las cuales se ha dado por legítima su dudosa pertinencia. El más preciso mecanismo de detección de esta trampa conceptual es la respuesta inmediata a la pregunta: “¿de qué lado estás y por qué?”.

Casi sin excepción, se puede percibir la impronta del desconocimiento histórico en tan amplios segmentos de las sociedades que, prácticamente, los cubre todos. La repetición de conceptos despreciativos como forma de demonizar al enemigo elegido desde un centro de poder al cual no tenemos acceso, para colocarlo en el foco de atención como el objetivo a destruir, ha sido una estrategia altamente efectiva. De este modo se genera un sentimiento colectivo de respaldo a tácticas opuestas a la lógica tanto como a leyes y acuerdos sobre derechos humanos pero, sobre todo, se instala el factor emotivo capaz de anular la capacidad de los pueblos para cuestionar los motivos detrás de estas acciones.

¿Cuál es el mecanismo mental que nos obliga a adscribirnos a campañas que, con un pequeño esfuerzo de reflexión, rechazaríamos de manera tajante? ¿En qué etapa del desarrollo se considera válida la destrucción de una nación o el genocidio de un pueblo por motivos religiosos, económicos o geopolíticos a cuyas circunstancias no tenemos el menor acceso? Pero, lo más importante, ¿de dónde hemos obtenido la certeza absoluta de que hay un lado bueno y otro malo? Son estas las cuestiones a plantearse como un ejercicio de la más elemental sensatez, pese a que escarbar en las fuentes de información de las cuales no sabemos su confiabilidad, es un ejercicio de fuerza mayor y su acceso se reduce a unos pocos iluminados con habilidades complejas o posiciones de privilegio.

Es cuando viene al caso mencionar el desarrollo de la inteligencia artificial (I), como unos de aquellos avances espectaculares a los cuales ya nos tiene acostumbrados la industria de la tecnología. Es otro de esos brincos históricos que nos muestra —cual juego de luces— la maravilla de interactuar con una máquina capaz de responder a nuestras preguntas de modo coherente. Es decir, un pequeño brinco hacia la ciencia ficción.

La posibilidad de experimentar esta nueva herramienta, la cual funciona a partir de algoritmos, análisis de datos y reconocimiento de patrones —todo ello parte de un sistema creado por humanos— puede parecer interesante aun cuando tiene el potencial de incidir en el establecimiento de patrones de pensamiento desde centros de decisión ubicuos, anónimos y ajenos al escrutinio público, pertenecientes a compañías poderosas con intereses particulares. El punto aquí es ¿cuándo dejaremos de actuar deslumbrados por mecanismos desconocidos capaces de incidir en nuestro pensamiento? ¿Cuándo, por fin, seremos capaces de someter a juicio todo cuanto nos afecta?

El frente de la nueva guerra, esa no abiertamente declarada pero que ha derribado todas las fronteras, somos nosotros y nuestra absoluta incapacidad para atisbar —en el veloz tráfago de información— en dónde está la verdad. No tenemos idea, porque las fuentes desde las cuales emanan las decisiones y estrategias nos son desconocidas. Ha sido tan hábil el modo como nos tienen convencidos de nuestra sapiencia, que aun las mentes más entrenadas se pierden en este laberinto de conspiraciones y entretelones políticos.

La verdad es la nueva utopía. El movimiento de tropas en Ucrania, las declaraciones de los líderes africanos, la creación de una moneda capaz de competir con el dólar o la zarpa de Israel detrás de todo el escenario bélico, compiten en atención con la nueva revolución francesa en su batalla contra el neoliberalismo, la cual amenaza con salirse de los moldes establecidos, si es que no los ha sobrepasado ya. En nuestro continente latinoamericano, el ruido más notorio procede del gobierno de México y las abiertas amenazas recibidas del Departamento de Estado por la audacia de su presidente al declarar la soberanía sobre sus recursos energéticos y minerales, litio a la cabeza.

El frente bélico está servido en las redes y en los medios comprometidos con el poder económico, desde los cuales emanan comentarios, hipótesis, supuestas revelaciones y toda clase de mensajes encubiertos para convencernos de una realidad paralela con respecto a la cual no existe certeza, pero tampoco los medios para contrastarla. Somos, en pocas palabras, víctimas de la desinformación institucionalizada y los pedacitos de realidad comprobable no son suficientes como para armar el rompecabezas.

Quienes lucen las agallas necesarias para enfrentar toda la basura que nos venden a paletadas, resultan —como Assange— víctimas de tortura, judicialización, persecución y muerte. El periodismo ético es combatido con saña y el gran público, ya entrenado para absorber y digerir lo que dictan los centros de poder a través del periodismo corporativo, agacha la cabeza y acepta resignado lo que sea con tal de no entrar en un estado de miedo e incertidumbre. Para constatarlo de primera mano ingresemos a las redes sociales en donde se exhibe, con toda su mágica envoltura, la alienación colectiva.

A los habitantes comunes, quienes no poseemos la llave de los grandes secretos como por ejemplo, la verdad sobre los ataques biológicos utilizados en todos los conflictos bélicos o los ensayos científicos perpetrados con la complicidad de los gobiernos sobre grupos humanos inocentes e indefensos, continuarán allí latentes como las grandes preguntas sin respuesta. Los métodos utilizados para mantenernos en la ignorancia no son secretos: responden a estrategias muy bien establecidas a través de políticas de Estado: desnutrición crónica, empobrecimiento de contenidos académicos, ocultamiento de episodios completos de la Historia de las sociedades, insistencia en el planteamiento ideológico de una Guerra Fría que sigue vigente y apoyo a gobiernos corruptos a cambio de su sumisión.

El frente de batalla, con nuestra presencia como la gran masa capaz de absorber sin chistar toda la mentira que nos quieran dar, se despliega en un escenario virtual en donde todo está mezclado y en el cual nada nos consta. Mientras tanto, el gran poder se asienta sin oposición alguna.

Si durante la campaña electoral que ha comenzado —incluso desde antes de dar el toque de salida— el pueblo tuviera una bola de cristal capaz de mostrar el futuro, probablemente exigiría que los comicios se declararan desiertos, como se hace con los concursos en los cuales ninguno de los competidores tiene nada bueno que ofrecer. Es lo mínimo que puede esperarse de una ciudadanía harta de los abusos pero que no logra hacerse escuchar, ya sea porque su voz es inaudible o porque, simplemente, ni siquiera se ha manifestado explícitamente sobre la amenaza que se cierne sobre su destino.

Ya no es vergonzoso. Es aberrante la manera como algunos funcionarios, mientras saquean al país, se dan maña para construir todo un entarimado —supuestamente legal— con el propósito de impedir la inscripción de candidatos idóneos para los cargos de elección popular. ¿El motivo detrás de esas maniobras escandalosas? Muy simple: es porque esas opciones constituyen una amenaza contra sus intentos de mantenerse libres de una más que merecida acción de la justicia por los delitos cometidos a la sombra del poder.

Quienes han jurado defender la Constitución y las leyes, justifican sus actos de corrupción bajo el argumento de ser víctimas de persecución política, aun cuando es más que evidente cómo, durante las sucesivas etapas de mandatos presidenciales y parlamentarios, han logrado acabar con la poca credibilidad de las instituciones, apañar los delitos de sus cómplices en otras instancias y, lo que es aún más grave, han usado todos los mecanismos a su alcance para perpetuar su dominio sobre los recursos del Estado.

Las amenazas y atentados contra la libertad de prensa, por lo tanto, no son una mera casualidad, han surgido como respuesta a investigaciones y denuncias sobre los delitos cometidos por funcionarios públicos durante su gestión, así como las maniobras perpetradas a la sombra —dado que ni siquiera se cumple con el libre acceso a la información pública— con las cuales se pretende ocultar delitos cuyos castigos —de existir justicia— llevarían al Presidente, su gabinete y sus cómplices en las Cortes, directo a la cárcel.

Mientras el gobierno de Guatemala se blinda contra cualquier intento de retornar hacia un régimen democrático, como demuestra el esfuerzo de partidos de oposición para llevar a las elecciones a candidatos con un perfil acorde con las necesidades de cambio, el mandatario y sus huestes protegen a lo más granado de la podredumbre política: candidatos aliados con las organizaciones criminales (narcos, traficantes de personas, saqueadores del Estado y otras joyas de catálogo). Eso, porque ha sido tal el abuso de poder de las dos últimas administraciones, que solo transando con ese tipo de candidatos mantendrán la impunidad sobre sus actos.

Por eso y mucho más, su arma se ha centrado en el encarcelamiento o el exilio forzoso de quienes —desde la prensa o desde el sistema de justicia— representan voz de alerta, denuncias basadas en hechos comprobables o acciones decididas contra quienes han hecho de los actos de corrupción un remedo de gobierno. Guatemala merece una limpieza a fondo de las lacras que la conducen al desastre total. Los listados de candidatos a cargos de elección popular demuestran que el país ha alcanzado ya la más profunda degradación política.

Ciegos de rabia e impotencia, el presidente de Guatemala y sus huestes instaladas en las instancias de poder, han abandonado el disimulo para lanzarse en picada —y con todo el arsenal jurídico en sus manos— contra la prensa de ese país. Ya no hay resquicios en donde esconder el miedo que les domina cada vez que aparece en los medios una denuncia por sus descarados actos de corrupción y abuso. Amparados por una cúpula empresarial incapaz de medir el alcance de sus delitos, persiguen y acosan a miembros de la prensa tal y como persiguen a jueces, magistrados y fiscales dignos y valientes, quienes a pesar de la intimidación y las amenazas han sido capaces de investigar a fondo sus delitos.

La instalación de una dictadura en Guatemala no es una teoría de conspiración. Es un hecho consumado. El mandatario, sus aliados en el Congreso, sus acólitos en el Ministerio Público y sus cómplices en las Cortes y en el Tribunal Supremo Electoral, han puesto un sello a las libertades ciudadanas y a los derechos civiles de una población paralizada e incapaz de reaccionar. En medio de ese panorama, no son muchos los valientes cuya lucidez les impulsa a actuar de frente y, entre ellos, mujeres y hombres dedicados a divulgar la verdad de los hechos por medio de sus diferentes plataformas de comunicación.

En su intento por emular la furia dictatorial de su colega nicaragüense, el presidente guatemalteco se ha paseado por encima del texto constitucional, transformando al Estado en una cueva de ladrones en donde corre el dinero a manos llenas para asegurar el fortalecimiento de un pacto de corruptos que tiene al país yendo directo a convertirse en el ejemplo vivo de la quiebra moral de una nación. La manipulación de las leyes, la amenaza a quienes intentan decir la verdad y el soborno descarado de los congresistas y jueces no hablan de poder, sino de una cobardía tal como para llevarlos a lanzarse en picada —y sin medir las consecuencias— contra todo aquel valiente que les presente oposición.

Toda la podredumbre de la administración pública —con su rastrera sumisión ante el crimen organizado que les acaricia los bolsillos con sus inmensas fortunas— tiene su réplica en las calles y los caminos de ese castigado país, en donde los matones se abren paso a balazos contra una población condenada al silencio. Los niveles de impunidad ante la criminalidad desatada a lo largo y ancho de Guatemala, responden a una especie de pacto cuya meta es colocar en la primera magistratura a quien se pliegue a continuar con la línea trazada y quien evite, por supuesto, cualquier intento de llevar a los culpables ante una justicia capaz de actuar con transparencia.

La persecución contra la prensa —incluido en ella el trabajo de opinión editorial realizado por columnistas de distintos sectores e ideologías— demuestra la debilidad de estas estructuras criminales ancladas en las instancias públicas, pero sobre todo el desprecio por el derecho de la población de ser informada —en detalle y con veracidad— sobre los actos de sus gobernantes. La violación de este derecho está claramente tipificada en las leyes y en la Constitución Política de la República, en cuyas páginas se garantiza aquello que hoy pisotean: la libertad de prensa.

En estos días, se debate en España la modificación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la ley de “solo sí es sí”, considerada uno de los instrumentos legales más avanzados en la materia. Esta ley surgió como consecuencia del caso de “la manada”, cuando 5 hombres violaron a una joven de 18 años en un portal durante las fiestas de San Sebastián en Pamplona. La modificación de la ley de acoso, impulsada por el gobierno español, implica establecer el consentimiento pleno antes de cualquier encuentro sexual. Esto significa que la agresión no está necesariamente rodeada de violencia, ya que la víctima puede encontrarse en un estado de pánico, intimidación o inhibida de defenderse por cualquier otra causa.

Sin embargo, la nueva ley ha abierto una salida para que algunos agresores se beneficien con una reducción de penas, cuyas condenas mayores la nueva legislación reduce a un máximo de 4 años de prisión. Este escenario ha puesto nuevamente en la balanza un tema sensible y es la situación de riesgo inherente a la condición femenina, por ello para tipificar el delito de acoso sexual primero hay que analizar el fondo de los estereotipos que marcan la conducta de hombres y mujeres dentro de una sociedad patriarcal. Las leyes, aunque constituyen un importante avance en el establecimiento de normas de respeto entre individuos, no van al fondo del problema.

El acoso sexual es consecuencia directa de patrones culturales consolidados a través de los siglos, incluso impresos en códigos y leyes sexualmente discriminatorias en un marco de relaciones patriarcales, predominante en casi todas las naciones del mundo. Para combatir esta deformación institucional, aceptada hasta ahora como un elemento inherente a las relaciones entre los sexos, es indispensable comprender que no existen mecanismos transparentes ni herramientas que garanticen una aplicación justa de la ley.

Por lo tanto, para la gente común, es una extraña medida coercitiva que limita los derechos de las personas, exageración legalista que pretende imponer normas de conducta que sólo competen a los involucrados dentro del ámbito de su vida privada. Es decir, una medida considerada por efecto de estereotipos y tradiciones machistas, absurda y represiva. Esto, porque de acuerdo con las costumbres ancestrales, es permitido invadir el terreno íntimo de una persona que está en calidad subordinada, ya sea por razón de su sexo o de su posición en la estructura social.

El hostigamiento sexual, por razones de carácter cultural se refiere primordialmente a la mujer, porque ella ha sido la gran perdedora en la batalla de los sexos. De ahí proviene la fijación de los roles masculino y femenino como el dominante y el dominado, el fuerte y el débil, el activo y el pasivo. Y entonces, la sociedad acepta estas reglas del juego que le indica claramente su lugar en el orden social.

Para hacer de una ley contra el acoso sexual un elemento eficiente, se debe atacar a fondo el origen de las ambigüedades conceptuales, porque pocas violaciones a esta ley se dan ante testigos. Ello se presta a confusiones que pueden resultar aún más humillantes para las víctimas y las coloca frente a su victimario -palabra contra palabra-  en un duelo degradante que no propicia un desenlace justo ni garantiza un avance de la sociedad contra el prejuicio y la ignorancia.

Incapaces de detener el latrocinio de los bosques nativos y, muy por el contrario, convertidos en cómplices de su destrucción, los sucesivos gobiernos de Chile han apañado y consentido la invasión de los grandes terratenientes y sus maniobras contra uno de los más prístinos entornos naturales de nuestro continente. En estos primeros días de febrero, más de 250 focos de incendios —presuntamente provocados— envuelven en llamas enormes extensiones en las regiones de Maule, Ñuble, Bio Bio y la Araucanía, dejando a su paso desolación y muerte.

La pregunta es: ¿A quiénes beneficia tanta destrucción? Para comenzar a entender el origen de la tragedia, es preciso remontarse a los tiempos de la dictadura, cuando el gobierno de Pinochet decidió “incentivar la economía” por medio de un decreto, cuyo objetivo era impulsar la industria papelera destinando enormes extensiones a los cultivos de eucalipto y pino. La iniciativa consistía en bonificar a los terratenientes con el 75 por ciento de los costos de esas plantaciones durante un plazo de 10 años. Así fue como inició la desaparición paulatina de las especies nativas con su fauna asociada, pero también la sequía y la acidificación de los suelos, en donde ya no queda señal de nutrientes y en donde no se puede cultivar nada más.

Sin embargo, es importante señalar que los principales encargados de llevar a cabo el plan del gobierno eran también parte interesada de las empresas beneficiadas. Al vencer el plazo otorgado por la dictadura, los presidentes de la Concertación decidieron extenderlo; entre ellos, Frei, Piñera y Bachelet, esta última quien consideró importante mantenerlo por su “contribución a la lucha contra los gases de invernadero”. Es decir, gobiernos cuyos principios social demócratas fueron ignorados por presiones de los grandes consorcios empresariales.

Lo que queda hoy en ese Sur magnífico poblado de Olivillo, Tepa, Ulmo, Arrayán, Alerce, Coigüe, Raulí, en cuyas ramas habitaban abundantes colonias de aves y mamíferos propios de la región, es un páramo carbonizado; aldeas quemadas hasta los cimientos; personas desaparecidas y otras muertas; la imagen misma de la desolación, evidencia de hasta dónde puede llegar la ceguera de las autoridades y la codicia de sus grupos de poder.

Haciendo gala de su complicidad con el sistema que ampara estos abusos, la prensa chilena se mantiene firme en su postura de silencio y manipulación, con la intención de adjudicar al gobierno actual la culpa sobre la tragedia que viven esas regiones. El poder de las familias más acaudaladas de Chile, aquellas que fundaron sus grandes consorcios sobre las ruinas de una democracia que no les era propicia, ha sido el motor para impedir, entre otros hechos, un cambio en la Constitución de ese país propuesto con el objetivo de retomar los valores de un sistema capaz de trabajar en beneficio de las grandes mayorías.

Chile no solo pierde sus bosques milenarios al enriquecer a un puñado de empresarios incapaces de comprender el alcance de sus actos; también el continente pierde un paraíso de biodiversidad irrecuperable, la incalculable variedad de su fauna y la belleza de su entorno. El sur de Chile, ese paisaje lejano e inspirador, no podrá recuperar su integridad en las próximas centurias, a menos que la depredación se detenga hoy.

Impresionan la crueldad, la estulticia y el cinismo de Dina Boluarte, la mujer que, respaldada por la clase económicamente dominante del Perú, ha abierto la compuerta de la violencia extrema en contra del pueblo peruano. Ya son más de cincuenta los manifestantes asesinados a sangre fría por las fuerzas armadas, cuyos elementos pertenecen a la misma clase marginada y empobrecida que reprimen. Los discursos de Boluarte, cargados de odio y mentiras, representan la debilidad común a las oligarquías latinoamericanas, cuya respuesta a las demandas de justicia y equidad son siempre las balas.

En Perú se repite el esquema del doble rasero impuesto por Estados Unidos a todo nuestro continente: sus discursos por la democracia y la libertad naufragan en cuanto el fiel de la balanza se inclina hacia la elección de gobiernos progresistas, cuyas propuestas se alejen de los intereses del imperio y sus multinacionales. El destino de los países del tercer mundo está condicionado por ese parámetro neoliberal que les impide superarse, porque la superación y la independencia significan una reducción de los privilegios de quienes dominan el planeta. El mejor ejemplo de ello es el circo del Foro Económico Mundial en Davos, en donde se codea lo más excelso de la aristocracia económica rifándose con mucho estilo el porvenir de los pueblos mientras se reparten, entre ellos, la riqueza ajena.

La guerra declarada en el Perú no escapa a ese esquema. Boluarte, la gran traidora, es solo una pieza del rompecabezas y su patético papel se define por acatar ciegamente los dictados de la cúpula económica de su país. Lo mismo sucede en otras naciones latinoamericanas, en donde el olor a colonialismo satura cualquier iniciativa por imponer un modelo más humano, rescatar el beneficio por la explotación de sus riquezas naturales y respetar la autonomía de sus pueblos originarios. El gran enemigo es, en definitiva, el sistema instalado por obra y gracia de un imperio que también, por su parte, está lleno de fisuras.

Los muertos por la violencia en las calles de las ciudades peruanas constituyen una evidencia de la debilidad del gobierno y del descrédito de sus autoridades. La ciudadanía exige mejores condiciones de vida y eso, tanto en el Perú como en todos nuestros países, es una demanda cuyas consecuencias van desde la represión más extrema hasta la instalación de una dictadura, tal como sucede en estos momentos en el país andino. Los instrumentos para consolidar a esos gobiernos represivos extienden sus tentáculos con una eficacia sorprendente, creando una cúpula de silencio alrededor de las atrocidades cometidas por los dictadores, en este caso por los excesos cometidos por las fuerzas armadas bajo las órdenes de Dina Boluarte. De esa guisa, se instala el silencio cómplice de organismos internacionales supuestamente creados para defender la democracia, la paz y la justicia, elevando los motivos de la infamia como justificación válida para las atrocidades.

En medio de este escenario de violencia, la prensa calla; apaga sus cámaras, vuelve su atención hacia los temas de una agenda mediática impuesta por los países poderosos y deja sus valores de lado para responder a intereses ajenos a su verdadera misión. Lo que suceda en el país sudamericano se cubre de un filtro neutro para no opacar otras campañas mediáticas de interés geopolítico y económico de los países poderosos.

En mi caso, y pese a que no voy a desistir aún, ya son más de tres largas décadas de vaciar mi mente cada semana en un diálogo con mi conciencia. Esa historia de mi paso por las páginas de los medios ha sido, quizás, lo más estable de mi trayectoria y he disfrutado de esta catarsis cada vez que pongo punto final a una página. Sin embargo, no todo ha sido gratuito: el esfuerzo de componer, en un texto breve, todo un capítulo capaz de expresar mi pensamiento, ha sido un ejercicio cuya mezcla de frustración, dolor y esperanza lleva una impronta de enorme responsabilidad, a la vez de una gran cuota de entrega personal.

Nunca como hoy nos habíamos enfrentado a un mundo tan desconcertante. Con un entorno global que nos demuestra cada día su capacidad para movernos el piso y dejarnos ante un gran montón de dudas sabemos, porque no hay otra opción, que hemos de reaccionar y encontrar una respuesta, pero sin la menor idea de cómo empezar a buscarla. Ese es nuestro escenario hoy, coincidiendo con un nuevo dígito en el calendario —pura casualidad, porque estos falsos inicios son tan falsos como los buenos propósitos— y nos vemos en la necesidad de aceptarlo porque son los parámetros de una nueva forma de existencia.

Los acontecimientos que hoy nos impactan han sido, sin embargo, temas de literatura desde hace siglos. Las guerras por el poder económico, el engaño de los líderes, la manipulación de la verdad y el sacrificio de los más débiles en beneficio de los más poderosos nunca había estado más a la vista como en este nuevo realismo mágico, que nos tiene obnubilados e incapaces de encontrar una salida. Nos han ido quitando —gracias a un sistema neocolonial disfrazado de desarrollo— las pocas herramientas con las cuales contábamos para enfrentar los abusos de poder. Entre ellas, la educación y la salud.

Quizás por esa razón me he volcado en la lectura de libros —un tesoro que cada día aprecio con mayor gratitud— y me alejo paulatinamente de las fuentes de información, de aquellas en las cuales ya no creo y también de las que me merecen dudas. ¿Escepticismo o evasión? Todo es posible, pero a estas alturas de mi aventura ya no importa caer en esas irresponsabilidades, sino encontrar un rincón de paz en los tesoros de la mente humana, que al decir de Borges, son infinitos.

Mi consejo, si acaso les sirve de algo, es hallar ese espacio íntimo y aislado para escapar de una realidad que ni comprendemos, ni nos permite ejercer el derecho de cambiarla. Quizás en ese absorber los pensamientos de otros lleguemos a aprehender la inmensidad del daño ocasionado a nuestro pequeño mundo por haber sido incapaces de convivir en armonía. Por habernos creído superiores. Por haber abandonado todos los ideales

Sin embargo, esa necesidad de huir, de suspender la realidad para sumergirse en la fantasía de un espacio-tiempo durante el cual se imponga una tregua es, para muchos, un requisito indispensable que les permite continuar enfrentando unos desafíos que los superan.

Con la fuerza de las tradiciones mas arraigadas y alimentado por un sistema de consumo masivo capaz de condicionar la economía familiar, diciembre se presenta cada año como un acuerdo social y psicológico cargado de esperanza, pero también como un mecanismo para evadir la fuerza de las circunstancias.

Durante un mes se tiene la idea de fin de ciclo; en él se instala una sensación de nuevo inicio según nuevos propósitos con la búsqueda de diferentes resultados, pero en realidad solo es la continuidad de un flujo temporal en el cual permanecen los mismos problemas y desafíos, similares carencias y profundas desigualdades.

La tregua, sin embargo, suele contener un factor de optimismo capaz de orientar las expectativas hacia la búsqueda de un cambio. En los países latinoamericanos, en donde las raíces de sus tradiciones religiosas se entrelazan con una fuerte herencia colonial de estructuras verticales, racismo y marginación, los anhelos de paz y concordia, tan abundantes durante las fiestas, solo rascan la superficie de las sociedades.

Mas de la mitad de los pueblos de nuestro continente sobreviven a duras penas entre la pérdida de derechos, el hambre y un sistema económico cuya premisa es el aprovechamiento de las necesidades de las mayorías para enriquecimiento de unos pocos, protegido en sus abusos por gobiernos corruptos, pero sobre todo incapaces de gestionar la administración de políticas públicas eficaces y correctas.

Los buenos deseos decembrinos quedan obsoletos como aquellas tarjetas navideñas tiradas al basurero en cuanto despunta enero. Los indicadores de desarrollo —o deberíamos decir “de subdesarrollo”— siguen señalando con cruda exactitud la ausencia de Estado en la mayoría de nuestros países, tal y como se le describe en ese texto fantasioso llamado Constitución.

Conscientes de las ventajas de aprovechar este tiempo suspendido para desviar la atención de la ciudadanía y ocultar sus maniobras, quienes gobiernan y quienes inciden desde las sombras en la gestión pública amarran tratos, ocultan evidencias y engañan con estrategias de imagen.

En la realidad, el deslumbramiento colectivo de las fiestas de fin de año —con su carga emotiva de ofertas de paz y prosperidad— adormece y le pone filtro al color del paisaje sin transformar ni un ápice el verdadero escenario. El golpe de realidad llega sin anestesia en cuanto comienza el año con su carga de deudas, desempleo y el inevitable enfrentamiento con un sistema depredador sólido e inamovible.

La esperanza del cambio hacia un sistema más equilibrado de poderes y oportunidades no se convertirá en realidad de la mano de un simple salto de fecha.

Será posible, si acaso, con la firme determinación de actuar para provocarlo, de generar una dinámica social capaz de pasar hacia el nuevo año con la suficiente lucidez y resolución que haga realidad ese cambio, y con la disposición de trabajar duro para lograrlo.

Las imágenes de Pedro Castillo y de su familia saliendo del palacio de gobierno traen a la memoria las de Jacobo Árbenz, en Guatemala. En ellas, queda plasmado el odio de las castas criollas, cuyo desprecio ancestral hacia cualquier intento de rebeldía política con acento en la búsqueda del cambio, se traduce de inmediato en un plan de emergencia para detener con un golpe certero las posibilidades de una transformación social, económica y política capaz de aproximarse a los anhelos del pueblo.

Digamos que Pedro Castillo tenía los días contados; era evidente. Su formación de maestro no le dio acceso al aprendizaje de los trucos utilizados durante décadas por los políticos de la oligarquía y eso le puso fecha de caducidad. Si a eso se añade la influencia decisiva del Departamento de Estado para revertir —país por país— el giro continental hacia la izquierda, el paquete estaba listo, atado y con dedicatoria. También en Chile ha comenzado a presionar la maquinaria centrando sus tiros en el texto constitucional y, sin duda, maquinando estrategias para incidir en todo el marco político del nuevo gobierno. Bolivia ya pasó por la experiencia y también Venezuela, con sus cuentas embargadas. Ahora falta que dirijan sus tiros a Brasil.

Lo más ilustrativo del cinismo con el cual se mueve Estados Unidos en nuestro continente, con la OEA como su lacayo, es su hipócrita discurso por los derechos humanos y la democracia, valores que viola reiteradamente cada vez que le conviene a su política y a sus aliados corporativos. El caso más ilustrativo de esa doble cara se manifiesta en sus relaciones con Guatemala: un narco Estado cuyos dirigentes han destruido, pieza por pieza, todo el marco institucional arrasando de paso con su sistema de justicia; pero al estar el control en manos de una oligarquía ignorante, obsoleta y de corte colonialista —lo que al sistema neoliberal le viene de perlas— mira para otro lado.

Nos vendieron la preeminencia de los derechos humanos, la democracia y la autodeterminación como una aspiración legítima, pero en cuanto actuamos por conquistarlos viene el golpe de puño para recordarnos cuál es nuestra verdadera realidad. Vale decir, el engaño descarado y la píldora política gorda que nos hemos tragado en largos períodos de nuestra historia. Lo que no le toleraron a Castillo en Perú, se lo aplaudieron a Zelenski en Ucrania, demostrando que todo depende de qué color es el protagonista.

No podemos seguir ignorando la sombra funesta del imperio con sus aliados locales, capaces de utilizar el universo mediático para divulgar sus mentiras y convencernos del cuento de la libertad democrática de los pueblos. La realidad nos enseña, a golpes de Estado y bloqueos económicos, cómo los intereses de un puñado de naciones poderosas dependen de nuestro subdesarrollo y nuestra enorme capacidad para caer en las trampas del sistema, una y otra, y otra vez.

El hecho de alcanzar esa cifra simbólica obliga a reflexionar sobre la situación tan desigual en la que vive el segmento infantil de las sociedades. Con especial fuerza durante los últimos años por los efectos de la pandemia, niñas, niños y adolescentes se han visto recluidos en espacios limitados, alejados de su entorno social y muchos de ellos sometidos a la violencia doméstica y al rezago escolar; han experimentado los efectos más devastadores para su desarrollo físico y psicológico, en una etapa crucial de su vida. Ante la realidad de un sistema político y económico que los excluye de las oportunidades por su incapacidad para incidir en las decisiones que afectan su presente y su futuro, este segmento social ha quedado relegado en el goce de sus derechos fundamentales de manera indefinida.

En países como los nuestros —el gran continente americano lleno de riquezas— es más que evidente la pérdida de acceso de la niñez a las oportunidades de educación, alimentación y atención en salud. Los recursos destinados a paliar —entre otras urgencias— la desnutrición crónica en los primeros años de vida, no representan un tema prioritario en naciones gobernadas bajo la regla de la concentración de la riqueza, la captura de los recursos nacionales en manos privadas y la explotación de la fuerza de trabajo bajo las consignas del neoliberalismo más descarnado. Estos factores no solo causan una grave marginación de las políticas públicas y las iniciativas de desarrollo social, sino impactan en el futuro de los países y obstruye sus posibilidades de avanzar.

El haber alcanzado la cifra de 8 mil millones de seres humanos, cuyas necesidades superan de lejos la posibilidad de satisfacerlas, solo tiende a alimentar las desigualdades y exacerbar los odios, permitiendo la consolidación de movimientos fascistas y retrocediendo a los peores momentos de la Historia, con supuestos planes para reducir la población quitando de en medio a los más necesitados: migrantes; pueblos originarios marginados del desarrollo y desplazados de sus territorios; y, de paso, a quienes no poseen los recursos ni la capacidad para defender sus derechos.

El único recurso posible para establecer un cierto equilibrio entre los sistemas imperantes y las oportunidades de desarrollo con orientación hacia el respeto por los derechos humanos, es una alineación de prioridades con acento en la redistribución justa de la riqueza, la imposición de medidas radicales para reducir el impacto ambiental y un consenso entre los poderes corporativos —cuyo dominio es incluso superior a los poderes de los Estados— con el propósito de contribuir a detener la crisis climática. Todos ellos, objetivos que ya han sido ampliamente discutidos, plasmados en documentos firmados y ratificados, pero jamás cumplidos.

El entusiasmo de los aficionados al futbol, el cual captura el foco de millones de fanáticos y también atrapa la atención de los medios internacionales, ha dejado entre bastidores un tema crucial relacionado con esa región: las conclusiones del COP28, celebrado en Sharm El Sheij en este mes de noviembre. De acuerdo con Simon Stiell, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, “este resultado nos hace avanzar, es un resultado histórico que beneficia a los más vulnerables de todo el mundo. Hemos determinado el camino a seguir en una conversación que ha durado décadas sobre la financiación de las pérdidas y los daños, deliberando sobre cómo abordar los impactos en las comunidades cuyas vidas y medios de subsistencia han sido arruinados por los peores impactos del cambio climático”.

Aun cuando esas palabras suenan como una promesa, la realidad es que la ONU no solo carece de poder para enfrentar las presiones del mundo corporativo, cuyo poder es incluso superior al de los Estados que la conforman, sino depende financieramente de países súper industrializados que son, en concreto, los mayores emisores de CO2 del mundo y cuyo sistema productivo se vería seriamente afectado con la gigantesca inversión requerida para adaptar sus métodos con el propósito de reducir su huella de carbono. A este obstáculo se añade una cultura de consumismo extremo e innecesario —convertida en señal de progreso— en esos mismos países desarrollados y aquellos emergentes que buscan imitar el estereotipo.

Con dar una mirada a la prensa internacional en todas sus plataformas basta para apreciar el enorme impacto que ese efecto placebo —el Mundial de Qatar— logra sobre millones de seres humanos capaces de sumergirse en la fantasía y olvidar todo aquello que ha puesto su supervivencia en riesgo. En ese sentido, no solo está la amenaza de una conflagración global, producto de la guerra de intereses geopolítico-corporativos, sino también la falsedad de las promesas vacías de los gobiernos en relación con sus políticas respecto del cambio climático.

Mientras grandes segmentos de la población mundial carecen de medios de subsistencia y se hunde en la pobreza y el hambre, se observa con discutible admiración la concentración obscena de poder de unos pocos privilegiados quienes, con una ínfima porción de sus fortunas, tendrían el poder de aplacar la miseria de quienes lo han perdido todo en este sistema depredador. La fantasía mundialista, sin embargo, no durará lo suficiente y el inevitable choque con la realidad del cambio climático, la profundización de la pobreza y el desafío de la supervivencia, terminará por prevalecer.

Con una habilidad maquiavélica, el torrente informativo —y, sobre todo, desinformativo— va creando un universo paralelo, en donde la concentración de la riqueza y de poder en manos de entidades inalcanzables se asume como un logro y no como una aberración del sistema que nos rige. En esa misma tónica, el retroceso en cuestión de derechos civiles y protección de los sectores más vulnerables —mujeres, niñez, adultos mayores, pueblos originarios, personas en condiciones de discapacidad— se consolida por medio de medidas arbitrarias y abiertamente discriminatorias.

En una década ya avanzada del nuevo siglo, destaca la manera ofensiva y abiertamente patriarcal como se mantiene el cerco contra el derecho de las mujeres de administrar su vida reproductiva de acuerdo con su propio criterio, o el silencio en torno a las prácticas misóginas de Estados que las condenan a un estatus de indignidad y marginación. Para normalizar este trato echan mano a leyes contrarias a los acuerdos y convenciones internacionales de carácter obligatorio, como aquellos dirigidos a proteger los derechos humanos y combatir la discriminación. Algo similar sucede en relación a la niñez, a la cual se la continúa tratando como a un subproducto y no como a un sector de primerísima importancia.

El efecto de la manipulación mediática se traduce también en una abstracción de la realidad de los otros. Es decir, una perfecta anestesia para la conciencia cuando el golpe lo recibe otro pueblo, en una latitud aparentemente lejana. Ese devenir del “no nos importa” no solo incide en una mayor vulnerabilidad hacia acciones similares que nos afecten, sino en una pérdida de contacto con ese concepto de Humanidad, al cual sin embargo solemos recurrir cuando somos quienes recibimos los golpes.

El sistema imperante en nuestro hemisferio —neoliberal, capitalista, orientado a la concentración de la riqueza en pocas manos y a la pérdida de derechos individuales— tiene como característica específica la imposición de un modo de vida capaz de impedir o entorpecer toda acción colectiva, manteniendo a la ciudadanía enfocada en la supervivencia gracias a la incertidumbre con relación a su trabajo, a sus derechos, a sus posibilidades de progreso. El interés primordial de quienes poseen el control de la información y los medios para divulgarla, por ende, está centrado en el silencio y el conformismo, lo cual representa la base misma del sistema y garantiza su solidez. Eso les permite un espacio privilegiado para continuar con sus planes de expansión económico-corporativa, incidencia en la política global gracias a una hábil manipulación financiera y, desde esa plataforma, la decisión unilateral sobre las vidas ajenas.