Constitución Política de la República de Guatemala cumple 40 años y esta es su historia, evolución y reformas

La Constitución Política de la República cumple 40 años el 31 de mayo y es el resultado del dialogo entre los partidos políticos y el gobierno militar de aquella época.

Carlos Gómez

29 de mayo de 2025 | 14:05h

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La Constitución Política de la República cumple 40 años de su promulgación en este año 2025 (Foto: Hemeroteca Prensa Libre)

El 31 de mayo se conmemora el 40 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, un documento que, tras su entrada en vigor en 1985, marcó el inicio de una nueva etapa institucional y democrática en el país.

Cuatro décadas después, la Carta Magna continúa siendo el marco jurídico que rige el país, en medio de tensiones políticas, demandas sociales y debates sobre su vigencia y necesidad de reformas surgidas en los últimos años.

Creación

En 1985 se creó la Constitución Política de la República de Guatemala, luego de un largo periodo de gobiernos militares y conflicto interno. La actual Constitución fue elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada tras un proceso de convocatoria mediante elecciones realizadas el 1 de julio de 1984.

En ese proceso participaron 17 partidos políticos y tres comités cívicos, de los cuales fueron electos 88 diputados que conformaron dicha asamblea, encargada de redactar y promulgar la nueva Constitución.

Mediante el decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, se declara el 31 de mayo de cada año como el Día de la Constitución.

Este decreto también ordena a los organismos Ejecutivo y Legislativo, así como a todas las entidades estatales, que realicen actividades cívicas para conmemorar la promulgación de la Carta Magna.

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Pero ¿sabe usted cuál es el contenido de la Carta Magna? ¿Cuáles fueron las etapas previas a su promulgación? Estos son los detalles:

Contenido

La Constitución Política consta de 281 artículos y 22 disposiciones transitorias.

Está dividida en tres partes: dogmática, orgánica y pragmática.

La parte dogmática establece los principios del Estado, los derechos fundamentales —tanto individuales como sociales— y los objetivos que debe perseguir el Estado para el bien común.

La parte orgánica regula la organización del poder público, la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, la organización territorial del Estado y las relaciones entre las instituciones estatales.

La parte pragmática establece los mecanismos para garantizar los derechos constitucionales, las garantías de defensa ante violaciones de estos derechos y los procedimientos para proteger el orden constitucional.

Su estructura comprende ocho títulos:

• I. La persona humana, fines y deberes del Estado
• II. Derechos humanos
• III. El Estado
• IV. Poder Público
• V. Estructura y organización del Estado
• VI. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional
• VII. Reformas a la Constitución
• VIII. Disposiciones transitorias

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Historia

Antes de la promulgación de la Constitución de 1985, hubo varias etapas clave en la historia constitucional del país según explica el expresidente del Congreso y Constitucionalista, Roberto Alejos, quién fue uno de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que tuvo a su cargo la creación de la Carta Magna vigente.

Afirma que la creación de la máxima norma del país se llevo a cabo dentro en una etapa muy difícil para el mundo, específicamente en la etapa de la guerra fría, y en Guatemala todavía “estábamos viviendo el horroroso conflicto armado del cual sufrimos tanto como país”.

Antes de la creación de la Constitución vigente, en el país se llevaron a cabo varios intentos, desde el siglo XIX, para crear una constitución que garantizará los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los cuales son:

• 1825: se origina la primera Constitución, cuando Guatemala aún era parte de la República Federal de Centroamérica.
• 1851: se emite el acta Constitutiva que ratifica la disolución de la Federación y establece un sistema presidencialista.
• 1879: se promulga una nueva Constitución que también establece un sistema presidencialista con posibilidad de reelección.
• 1945: se reconoce por primera vez los derechos sociales y políticos, con el objetivo de modernizar el país.
• 1956: se aprueba una Constitución que buscó equilibrar reformas sociales con medidas anticomunistas.
• 1965: se redacta una nueva Carta Magna en el contexto de la Guerra Fría y gobiernos militares.
• 1985: se promulga la actual Constitución, resultado de un proceso de negociación entre el régimen militar y los partidos políticos. Marca el inicio de la era democrática en Guatemala.

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Diálogo y cambios

A lo largo de cuatro décadas, han surgido nuevos temas y coyunturas que deben ser abordados desde la Constitución.

Por la época y el contexto en que fue elaborada, algunos temas no fueron tratados a profundidad, como los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres. Tampoco incluye aspectos relacionados con los acuerdos de paz, ya que estos surgieron al final del conflicto armado, cuando quienes estaban en insurgencia no participaron en la constituyente, explica Alejos.

Expresó: “lo que debe hacerse hoy es recuperar el espíritu original de la constituyente, que se perdió con las reformas de 1993-1994. Cambios como los realizados en el sistema de justicia, el Banco de Guatemala, el receso parlamentario, la depuración del Congreso y la reelección de alcaldes alteraron ese espíritu”.

Agregó que es necesario convocar a un diálogo para establecer una agenda nacional que escuche a todos los sectores del país a fin de identificar los cambios necesarios para el desarrollo del país.

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Reformas de 1993

En 1993 la Constitución Política sufrió reformas derivadas del fallido autogolpe de Estado que el entonces presidente Jorge Serrano Elías llevo a cabo y que es conocido como el “Serranazo”. Estas reformas a la Constitución fueron ratificadas en el año 1994.

Las mencionadas reformas fueron promovidas por Ramiro de León Carpio quién asumió el cargo luego que Jorge Serrano Elías abandonara el país ante la crisis generada por su intento de autogolpe.  

Las reformas a la Constitución fueron aprobadas mediante el acuerdo legislativo 18-93 y ratificadas por la población guatemalteca en la consulta popular que se llevo a cabo el 30 de enero de 1994.

Dentro de los principales cambios que se dieron a la Constitución con estas reformas sobresalen:

• La reducción del periodo presidencial de 5 a 4 años.
• La creación del nuevo sistema de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en donde se estableció que este proceso estaría a cargo del Congreso de la República, a través de una lista propuesta por las facultades de derecho de las universidades del país.
• Se introdujeron reformas para mejorar la transparencia y eficacia del sector judicial, mejor conocidas como las reformas al sector justicia.
• También se establecieron nuevos mecanismos para llevar a cabo la elección de los diputados electos al Congreso de la República.
• Se hizo una revisión de la Ley de Libre Emisión del pensamiento, con el objetivo de garantizar la libertad de expresión en Guatemala.
• Se prohibió al Banco de Guatemala prestar dinero al gobierno, esto con el objetivo de garantizar su independencia en el manejo de las finanzas estatales.

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Sectores temen que por la falta de reformas constitucionales se aplacen cambios en la CSJ

La fiscal general participó el pasado viernes en una reunión en la Casa Presidencial, donde el mandatario informó sobre algunos de los cambios que se busca para la elección y nombramiento de magistrados al Organismo Judicial (OJ).

“Fuimos invitados para poder escuchar el proyecto que tiene el Ejecutivo en cuanto a reformas constitucionales. En términos generales manifestarle que son pocos los artículos que se está pensando reformar, específicamente en cuanto a la integración de cortes, tanto de Salas de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia”, explicó Porras.

Sin embargo, asegura que es necesario que todos los sectores sociales conozcan a detalle las propuestas de cambio para que en conjunto se reciban comentarios que puedan enriquecer el documento que ya tiene el Ejecutivo.

“Yo personalmente solicité que esta propuesta se pudiera socializar con todos los sectores del pueblo de Guatemala, a manera de que en principio se conozca, y en segundo lugar se aporte cualquier recomendación para poder ser discutida, y sobre la base de estas sugerencias poder construir una propuesta única que refleje el pensar y el sentir de todo el pueblo de Guatemala”, precisó la jefa del Ministerio Público.

Cambios al OJ

Lo que hasta el momento se conoce es que las eventuales reformas a la Carta Magna estarían eliminando las Comisiones de Postulación para elección de magistrados judiciales, en un afán de eliminar los inconvenientes de las últimas postuladoras.

El número de magistrados de la CSJ actualmente es de 13, y la sugerencia busca aumentar el número a 15, los cuales serían electos tres de ellos por el presidente en Consejo de Ministros, tres más por el Congreso de la República, una cantidad similar por magistrados de Salas, así como los decanos de las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.

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Abogados consideran que no es el momento de hacer reformas constitucionales

La nueva propuesta de cambios sería expuesta este miércoles por el presidente Alejandro Giammattei a magistrados de la CSJ, pero por la cuarentena que cumple el mandatario por casos positivos de covid–19 en la Casa Presidencial, la presentación se aplazó.

Las intenciones de cambios a la Carta Magna que ya han visto la luz, a grandes rasgos, contemplan eliminar las Comisiones de Postulación para la elección de magistrados judiciales y elevar el número de titulares de la CSJ a 15.

Tres de ellos serían electos por el presidente en Consejo de Ministros, tres más por el Congreso, y así continuarían los demás nombramientos por el Colegio de Abogados, los rectores de las universidades nacionales y magistrados de Salas de Apelación.

Quienes participaron en la reunión del pasado viernes ya solicitaron al Ejecutivo una copia de la presentación que hizo el abogado Omar Barrios, pero hasta ahora ninguno de ellos ha recibido el documento.

Retrasar elección

Por una sentencia de la Corte de Constitucionaidad (CC), el Congreso debe elegir a los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, pero a criterio de Carmen Rosa de León, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), integrante del Pacto Ciudadano, se buscará postergar dicha elección para que esta sea aplicable con la propuesta de cambios constitucionales.

“Lo que vi yo es una intencionalidad o una argumentación del presidente diciendo que como nunca iba a salir la elección del Congreso, que esto iba a salir antes para que fuera a través de la reforma la elección y no a través de la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, refirió.

Al mismo tiempo manifestó tener sospechas que el retraso tendría como finalidad favorecer a ciertos actores políticos que podrían tener problemas judiciales por eventuales vinculaciones a casos de corrupción.

“Está Corte —Suprema— hay que sacarla, pues van a seguir exculpando a Alejos —sin especificar si era Felipe o Gustavo— y a todos los corruptos, por eso es que la quieren dejar. Ahí hay una intencionalidad, que no sé si el presidente está consiente de ella, pero para mí es validar a todos los que están ahorita en el Congreso haciendo y deshaciendo”, añadió.

En un sentido similar opinó Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, quien advierte que de no cambiar a las actuales autoridades judiciales, podría favorecerse a personajes de fuerte poder político que ya no gozan de inmunidad.

“Se sienten cómodos porque los siguen protegiendo la actual CSJ y muchas de las Salas de Apelaciones. Se inclinan para proteger a los actuales diputados y a muchos que tienen poder de la legislatura pasada y a muchos funcionarios y exfuncionarios”, enfatizó.

Niegan interés

La presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, explicó que están listos para delegar las responsabilidades del Organismo Judicial tal y como lo establece la Constitución, negando las sospechas que manifestaron de León e Ibarra.

“Estamos esperando para entregar, estamos preparados para entregar desde octubre, incluso tenemos compañeros que compraron oficinas, otros que ya tenían sus ofrecimientos de trabajo, otros ya se iban a hacer sus quehaceres, entonces es una situación bien horrible porque estamos con un pie adentro y un pie afuera, yo si esperaría que el Congreso entre a escoger”, explicó.

Asimismo, señaló que cuando la actual magistratura fue electa recibió fuertes señalamientos por posibles negociaciones al margen de la ley para su nombramiento, situación que Valdés asegura que no fue así.

“Recuérdese que nosotros llevamos tanto tiempo que llevamos tres presidentes. Entramos con Otto Pérez Molina, después vino Jimmy Morales, y ahora tenemos a Alejandro Giammattei. Ellos -críticos- siempre decían que había escogido el Partido Patriota y Líder, Patriota y Líder -ya- no existen”, aseguró.

La presidenta de la CSJ no quiso referirse a qué aspectos debería contemplar la nueva propuesta de reforma constitucional, con el argumento de que hasta ahora solo han recibido “ideas a grandes rasgos”.

Posible opción

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Murphy Paiz, comentóque la percepción que tuvo luego de la reunión del pasado viernes, es que se busca tener una alternativa en caso de que el pleno del Congreso no elija en el plazo de ley a los sustitutos para la CSJ.

“Lo que logramos comprender nosotros es que lo ven como una opción, como una alternativa que podría darse para esta elección. En el escenario inicial nos dan unos análisis donde veían que el tema se está entrampando, por ejemplo, qué pasa con el tema de la nómina de la CSJ, que la norma dice que son 26 -candidatos- pero renunció uno, entonces ellos decían, bueno hay algunas condiciones que no se están dando como para poder tener la certeza que se va a elegir”, indicó.

Cambios son necesarios

Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), considera que las reformas constitucionales no podrían aplicarse para la siguiente CSJ, considerando la necesidad de practicar una consulta popular que ahora es inviable por la pandemia del coronavirus.

“Yo tengo esa impresión, de que si no le entramos a las reformas constitucionales lo que sí es seguro es que dentro de cinco años vamos a tener un reprís de esta discusión, entonces creo que es mejor, que es oportuno”, expuso.

libre pensamiento

Así se garantizó la libertad de prensa en la Constitución

Pese a que esta es el faro de la vida política y social del país, pocos saben del contenido de la Constitución. 

Pero para entender su verdadera función en todas las sociedades, recordemos que la Constitución o Carta Magna (Gran Carta, en latín), según definición de diccionario, es la ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política.

El alemán Karl Loewenstein definió varios tipos de constituciones, entre ellas, las que denominó como normativas, que eran aquellas que son cumplidas tanto por el Estado como por los habitantes del país; por lo tanto, es efectiva. “Es un traje que nos queda bien”, comparó.

También existen las “constituciones nominales”, que son las mejores, pero no se cumplen por falta de condiciones adecuadas o de preparación del cuerpo social. Pueden tener un valor educativo, ya que son un instrumento más en el proceso de educación popular, que, con el tiempo, podría llegar a convertirse en una Constitución normativa.

Según el doctor experto en derecho constitucional Jorge Mario García Laguardia, en este grupo está la guatemalteca, es decir, según palabras del alemán: “Es un traje que nos queda grande, pero que quedará bien cuando crezcamos”. Y, por último, señaló a las semánticas, que son como una pseudoconstitución, ya que es aplicada, pero sin ningún fundamento democrático, pues lo que se pretende es legalizar el monopolio de ciertos poderes sociales. Para García Laguardia, “estas son las que hicieron en 1956 y 1965 los gobiernos militares de la época”, es decir, según la cita de Loewenstein, son “disfraces”.

Antecedentes

Según Ferdinand Lasalle, en ¿Qué es una Constitución?, “todo país tiene, y ha tenido siempre, en todos los momentos de su historia, una Constitución real y verdadera”. Al principio no se tenían estas normas reunidas en un documento por escrito, pero conforme pasó el tiempo se tuvo la aspiración de plasmar esta ley fundamental en papel. Sin embargo, existen escasas excepciones, ya que aún hay algunos países, como el Reino Unido, sin Constitución, pues se rige a partir de una colección de fuentes escritas como leyes, estatutos, jurisprudencia y tratados internacionales.

La vigente de Guatemala, que se firmó el 31 de mayo de 1985, fue pactada por la población, ya que se eligió una Asamblea Nacional en la que estaban representados los diferentes grupos sociales del país; esto quiere decir que fue ampliamente consensuada y, por lo tanto, según expresa Alejandro Balsells, del Centro de Defensa de la Constitución, goza de gran legitimidad, y con mayor o menor acierto se intentó incluir a toda la población.

Según García Laguardia, esta Carta Magna es “una de las mejores del mundo”. Entre sus logros explica que, por primera vez, se incluyeron derechos de las mujeres y el voto universal. En la de 1945, ellas solo podían votar si eran alfabetas. Asimismo, es pionera en proteger los derechos de los ancianos, ya que estos ni siquiera aparecen en la otra Constitución del primer período democrático que vivió Guatemala, el de 1944-1954. Los derechos de los trabajadores son ampliados y enriquecidos, al igual que los de los niños y los discapacitados. Asimismo, se introdujo el respeto por el medioambiente y el “equilibrio ecológico”. Y, por otra parte, se crearon nuevas e importantes instituciones, como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Entonces, surge la pregunta: ¿de qué sirve tener una de las “mejores”, si no solo no se cumple, sino que nuestro país destaca por su pobreza y la inseguridad?

Además, Guatemala es uno de los países de América con mayor población indígena entre sus habitantes; sin embargo, únicamente hay un apartado que trata de ello, en el cual se indica que se debe crear una ley para las comunidades indígenas, que nunca, en 25 años, se ha llevado a cabo, como denuncia el experto del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, Álvaro Pop, quien añade que era mucho peor la de 1945: “Existía un programa indigenista en el que se trataba de ladinizar a los mayas”. Para él, esto es un claro ejemplo de que la Carta Magna de nuestro país desconoce e ignora la realidad del referido grupo.

Otro aspecto negativo que señalan algunos expertos es que esta Constitución es demasiado detallista, debido a su larga extensión, pues contiene 281 artículos. El experto en derecho Gabriel Orellana cita el ejemplo de la sección donde se trata el trabajo, pues más parece un Código de Trabajo.

En su opinión, “una Constitución debe ser como una mujer: pequeña y misteriosa”, y remite a la de EE. UU., la Constitución más antigua vigente, ya que se creó en 1787 y desde entonces no se ha elaborado otra, sino que solo ha ido teniendo reformas —27 enmiendas— sobre un breve texto compuesto por siete artículos, que apenas ocupan cinco páginas.

Según el asambleísta Carlos Molina Mencos, este modelo que cita Orellana no sirve para Guatemala. “A mí también me gustan más las constituciones breves, pero entonces se depende más de la interpretación de la Corte Constitucional, y en Guatemala no hay una cultura constitucional como en EE. UU.”. Añade que la extensión es similar a la española, la francesa, la chilena o la argentina.

Y aún así puede haber diferentes interpretaciones de la Constitución de Guatemala. El ejemplo más claro lo constituye la candidatura de Efraín Ríos Montt para las elecciones del 2004. Según el Cedecon, se violaba el artículo 186, que prohibía la presidencia y la vicepresidencia de la República a todo aquel que hubiera sido caudillo o jefe de un golpe de Estado. Sin embargo, Ríos Montt se pudo presentar, aunque perdió frente a Óscar Berger.

¿Por qué no se cumple?

La inseguridad y la ineficacia de la justicia son claras muestras de violación de la Constitución, donde el Estado se compromete a garantizar la vida, la seguridad, la paz y la justicia, pero nunca se ha cumplido. Si se cumpliera, tendríamos un país muy diferente. Pocos se atreven a soñar cómo sería, pero lo innegable, dice Orellana, es que habría mayor seguridad jurídica.

Para García Laguardia, el origen del incumplimiento radica en que “los militares se volvieron empresarios, los empresarios se volvieron políticos y los verdaderos políticos se quedaron sin ocupación”. Tanto Orellana como García Laguardia y Molina Mencos creen que el gran inconveniente en la actualidad lo aportan los partidos políticos. Ellos no quieren cumplir la Constitución, ni les interesa que los ciudadanos la conozcan.

Soluciones

García Laguardia opina que la utilidad de esta Constitución es que aún es un programa de gobierno. Otros, plantean reformas. Solo se ha modificado una vez, en 1994, bajo el gobierno de Ramiro De León Carpio. Después hubo otro intento, tras la firma de los Acuerdos de Paz, pero no se llevó a cabo. Para Pop, esa propuesta de cambios que se votó en 1999 habría hecho una Constitución más moderna e incluyente respecto de los indígenas.

Sin embargo, otros grupos piensan que el modelo ya está agotado y se debería cambiar. 

Sin más debate, lo que está claro es que ninguna Constitución sirve para algo si es desconocida por la mayoría de su población y, por lo tanto, incumplida por gobernantes y gobernados. Y entonces surge una pregunta sencilla: ¿cómo es posible que la norma más importante de un país, luego de 25 años de existencia, aún sea un traje que nos queda grande? La respuesta la debemos contestar cada uno de nosotros, siempre y cuando empecemos por leerla y aprender cuáles son nuestros derechos y responsabilidades.

La actual

En 1985 se creó la Constitución Política de la República de Guatemala. En ese momento, mucha gente pensó que este texto en el que se garantizaban importantes derechos sociales iba a cambiar el rumbo al país y dejaría atrás un oscuro período de conflicto armado y violencia estatal.

Carlos Molina Mencos recuerda cómo vivió esa histórica época, cuando formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente y de la comisión de 30 constituyentes. “Pasábamos horas discutiendo y analizando la Constitución en las sesiones de la Comisión”. Después, estas decisiones que se tomaban en este grupo privilegiado se pasaban al pleno, donde se encargaban de aprobarlas de forma definitiva. “Todos queríamos hacer una buena Constitución. Los que participábamos en el proceso estábamos muy preparados. Todos éramos personas muy capaces”.

“Se convocó una Asamblea Constituyente, y el gobierno de la época —del general Óscar Mejía Víctores— nos dejó trabajar sin presión. Facilitó que se convocaran elecciones para elegir a los diputados, y el 80 por ciento de la población votó porque se formara la Asamblea y se creara una nueva Constitución”, añade.

Otra persona que vivió ese ambiente, pero desde la lejanía, fue el doctor experto en derecho constitucional Jorge Mario García Laguardia. Había tenido que huir de Guatemala tras el período de 10 años de democracia, en 1944-1954, pero desde México estaba al tanto de lo que pasaba en su país. Él, como muchos de los ciudadanos, se entusiasmó con la elaboración de una nueva Constitución.

Cuando ya estuvo redactada, ofrecieron a Laguardia un puesto en la Corte de Constitucionalidad, así que decidió volver al país con su esposa, dejando en México a sus hijos con sus propias familias. Después, llegó a ser presidente de la Corte, y luego, Procurador de los Derechos Humanos. Sin embargo, esa sensación de entusiasmo poco a poco se fue diluyendo, no solo en Laguardia, sino también en el resto de la población. Según el experto en derecho Gabriel Orellana, “la gente vivió una desilusión constitucional”.

Origen mundial

La idea de Constitución surgió en la Grecia clásica, con las teorías aristotélicas, pero nunca se llevó a la práctica.
La considerada primera fue la Carta Magna Libertatum, en Inglaterra, cuando Juan I de Inglaterra, en 1215, obligado por la burguesía y el Papa, creó ese documento para limitar el poder del monarca absolutista.

A partir de las experiencias constitucionales de Inglaterra, EE. UU. (1787) y Francia (1791), la Constitución fue decisiva para el desarrollo del pensamiento liberal en el siglo XIX, durante el cual se promulgó en la mayor parte de los países europeos y americanos.

Constituciones

• Los primeros años que Guatemala se rigió con una Constitución escrita fue a partir de 1812, cuando se aprobó la primera Constitución de España, también denominada la Pepa, por haberse promulgado el día de San José, el 19 de marzo. Solo estuvo dos años vigente en ese país; sin embargo, en Guatemala no se abolió, sino hasta 1824, cuando se creó la primera Constitución Federal de las Provincias Unidas de Centro América.
• La Constitución Federal tuvo gran influencia del modelo estadounidense y de los principios de la Revolución Francesa.
• En 1825 se creó la primera Constitución del Estado de Guatemala, y se convirtió en el embrión para formar la futura república.
• Años después de que se disolviera la Federación Centroamericana, en 1839, se inició en Guatemala el régimen de los 30 años, en el que estuvo al frente del país el caudillo Rafael Carrera —fue jefe de Estado de 1844 a 1847 y presidente de la República de 1847 a 1848 y de 1851 a 1865—. Como reacción a ese largo período, se promulgó una Constitución, firmada el 11 de diciembre de 1879, considerada, según Gabriel Orellana, “la primera Constitución moderna de Guatemala”. Entre sus logros destacó la separación de la Iglesia y el Estado, la enseñanza primaria obligatoria, libertad de pensamiento, de conciencia y de cultos. Sin embargo fue una ley suprema hecha a la medida del presidente de entonces: Justo Rufino Barrios. Esa carta sufrió numerosas reformas, pero es, por ahora, la que más ha durado vigente.
• En 1921 hubo un intento de hacer una nueva Constitución, pero nunca tuvo vigencia, por lo que se continuó con la de 1879, hasta que se promulgó la de 1945.
• El Decreto 17, firmado por la Junta Revolucionaria, sirvió de base para los principios de la primera Constitución democrática, promulgada el 2 de marzo de 1945. En ese texto se incorporaron garantías sociales en cuanto a la familia, el trabajo —con el Código de Trabajo y la Seguridad Social—, el empleado público y la cultura. Además, se sentaron las bases de la reforma agraria.
• El 10 de enero de 1954, la Junta de Gobierno que asumió el poder, luego de ser derrocado el presidente Jacobo Árbenz, dictó el Estatuto Político de la República de Guatemala, que sustituyó a la Constitución de 1945. Posteriormente, en 1956 se procedió a elaborar una nueva Carta Magna, en la que se recogieron las principales conquistas de la anterior, pero se quebró la tradición laica de casi un siglo y se persiguió todo lo que se podía considerar “comunista”. Otro nuevo golpe de Estado derrocó esta, y promulgó la siguiente, el 15 de septiembre de 1965.
• El 31 de mayo de 1985 se firmó la actual Constitución, y se eligieron como modelos la Carta Magna peruana y las de otras de la región centroamericana, como la de El Salvador.

Un hecho importante es que a las protestas actuales, contra actos oficiales, se han sumado varios ministros de Estado, viceministros, un gobernador y es posible que otras renuncias se sumen en días venideros; renuncias que también pueden ser interpretadas como un reproche, aunque no se confiese, por el comportamiento de quienes ostentan el poder en los organismos Ejecutivo y Legislativo.

Si en otros países existe duda acerca de si las manifestaciones públicas son un derecho humano, en Guatemala cualquier duda está sobradamente superada. Nuestra Constitución Política incluye ese derecho en el Título II, dedicado a los derechos humanos, y lo hace en los siguientes términos: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público”.

Esta disposición constitucional pone sobre los ciudadanos que integran el Gobierno de la República y muy especialmente sobre el presidente y los ministros de Gobernación y Defensa, la obligación de proteger la integridad y la vida de quienes participan en las manifestaciones, sea cual fuere la cantidad de ellos y los motivos que los impulsen, salvo la limitación contemplada en el texto constitucional. Y se entiende, sin mayor esfuerzo, que la norma citada tiene un sentido protector de la libertad de expresión, aunque se desarrollen hechos que pueden molestar la sensibilidad de los altos funcionarios y mofas de cultos cimentados a través de los años, como el que se rinde a la bandera, y ese acto equivocado de poner la mano sobre el corazón cuando se canta el himno.

El actual presidente de los Estados Unidos —al enterarse de que estudiantes en la Universidad de Amherst habían quemado la bandera de ese país, como protesta contra el triunfo electoral de Trump— dijo que la quema de la bandera debería ser castigada con un año de prisión o con la pérdida de la ciudadanía. Pero, periodistas, políticos, historiadores y juristas, inmediatamente le recordaron que en dos ocasiones (1989 y 1990) la Suprema Corte de los Estados Unidos dictó sentencias en contra de la idea de criminalizar la quema de la bandera en manifestaciones antigubernamentales, porque ese acto, afirman, está protegido por la libertad de expresión. Y algo destacable hoy aquí entre nosotros, es que una histórica resolución de la Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, ha prevenido al presidente de la República para que ordene al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional, como funcionarios encargados de la seguridad pública, que respeten el ejercicio de los derechos de locomoción, libre emisión del pensamiento, reunión pacífica y de manifestación pública de cualquier grupo ciudadano; y les advierte que si no cumplen con exactitud lo resuelto por la Corte, de oficio ordenará su encausamiento y certificará lo conducente, sin perjuicio de dictar todas aquellas medidas que conduzcan a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. Y lo bueno es que, hasta el momento, las autoridades han acatado las órdenes tonantes de la Corte, porque la desobediencia a sus resoluciones es punible.

La Carta Magna es considerada el documento base de las leyes y libertades civiles ingleses y fue inspiración de la Constitución estadounidense.

El documento estableció el principio de que el rey está sujeto a la ley y no sobre ella y estipuló que ningún “hombre libre debe ser capturado o prisionero, excepto bajo el juicio legal de sus iguales o por la ley de la tierra.”

La carta original duró poco. El rey John casi de inmediato se retractó y pidió al pueblo anularla, lo que comenzó la guerra civil en Inglaterra. La promulgaron nuevamente después de la muerte del monarca.

Lynch dijo que “los principios trazados por la Carta Magna representan un concepto de que es nada menos que la dignidad del hombre.”

Cameron dijo que era deber de los británicos modernos salvaguardar el “logro trascendental” de la Carta.

Pero opositores lo acusan de tratar de socavar los derechos. El gobierno conservador de Cameron quiere reemplazar la Ley de Derechos Humanos —cuyo árbitro supremo es un tribunal europeo— con un proyecto de ley británica, una acción que según los que se oponen podría debilitar garantías clave.

Cameron dijo que la Carta Magna ha inspirado a todos los que hicieron campaña a favor del voto de las mujeres, a Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, quien la citó en su juicio en 1964.

El primer ministro señaló que “irónicamente el buen nombre de los ‘derechos humanos’ algunas veces se distorsiona y devalúa”, en un aparente referencia a los debates políticos de hoy.

Diputados fijan fecha

Tras la ausencia de los representantes del MLN, los demás representantes de la Patria fijaron que el 15 de septiembre de 1965 sería la fecha para entregar y publicar la Constitución de la República de Guatemala.

En esa sesión fue rechazada una moción del diputado Lionel López Rivera, apoyada por todo el bloque del MLN, tendiente a las fechas para el retorno a la constitucionalidad.

Los emelenistas habían obtenido una brillante victoria al forzar con sus 14 diputados a la asamblea, por lo cual estos legisladores que se oponían para la publicación de la Constitución fueron acusados de desleales por otros legisladores.

Diferencia entre el MLN y el PID

Héctor Menéndez de la Riva, secretario general del Partido Institucional Democratico (PID) y segundo vicepresidente de la asamblea, pidió la palabra para aclarar las informaciones de prensa con motivo del incidente provocado por el MLN.

El PID afirmó estar totalmente de acuerdo con la fijación de fechas, a fin de que volviera la tranquilidad a la ciudadanía.

El 15 de septiembre de aquel año se debía promulgar la constitución para, luego, en octubre, a más tardar, convocar a elecciones generales, que tendrían que efectuarse a más tardar seis meses después, en febrero o marzo de 1966.

Posteriormente, el 1 de junio de 1966 se instalaría el Congreso de la República, y el 1 de julio tomaría posesión el nuevo presidente y vicepresidente electos en el proceso electoral, y tendría que juramentarse a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Menéndez de la Riva expresó en aquel entonces que su partido estaba totalmente de acuerdo con el retorno a la institucionalidad y que el gobierno militar había encomendado a la asamblea fijar el orden del proceso electoral.

Agregó que este proceso indudablemente encontraría la oposición de los sectores extremistas, pero que la reinstalación del régimen constitucional iba a ser de gran beneficio para los guatemaltecos.