Cierran proceso penal a favor de Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington

Un año después de haberse opuesto al cierre del caso, el MP solicitó poner fin al proceso penal contra Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington.

Elmer Vargas

18 de agosto de 2025 | 20:06h

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Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, queda fuera del caso Construcción y Corrupción, por decisión del MP. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, quedó fuera del proceso penal en su contra por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

El 29 de agosto del 2024, Ligorría, por medio de su abogado, solicitó el cierre del proceso, pero en ese momento el Ministerio Público (MP) se opuso.

Según la investigación, se señalaba a Ligorría de entregar dinero para la campaña del Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina.

Ahora fue el MP quien solicitó el cierre del caso a favor de Ligorría. Fue la jueza Abelina Cruz quien cerró el proceso.

La jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra Julio Ligorría exembajador de Guatemala en Washington, señalado de entregar dinero ilícita para la campaña electoral del Partido Patriota que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/ZIVYRylB48

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) August 18, 2025

Caso Construcción y Corrupción: jueza Abelina Cruz beneficia a procesado por lavado de dinero

Juan Arturo Jegerlenher Morales, sindicado en el caso Construcción y Corrupción, fue beneficiado con una resolución de la jueza Abelina Cruz Toscano.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

16 de julio de 2025 | 18:06h

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La jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, recibió la solicitud del MP para que Juan Arturo Jegerlenher Morales fuera enviado a juicio por lavado de dinero. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La jueza del Juzgado de Mayor Riesgo D resolvió clausurar provisionalmente el proceso contra Jegerlenher Morales, señalado por el delito de lavado de dinero u otros activos, según informaron este miércoles 16 de julio fuentes judiciales.

La resolución se basó en falencias encontradas en la investigación presentada por el Ministerio Público (MP), entidad que ahora contará con tres meses más para continuar con las pesquisas.

Con esta decisión, se permite al sindicado abandonar la prisión provisional en la que se encontraba.

Uno de los principales indicios, según la acusación por lavado de dinero, eran los reportes bancarios obtenidos a través de la Superintendencia de Bancos.

El caso Construcción y Corrupción es una investigación que involucra múltiples exfuncionarios, empresarios y colaboradores relacionados con el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi. Sinibaldi sería el presunto cabecilla de una red que canalizó sobornos a través de contratos públicos, para lo que se utilizaron empresas de fachada para lavar al menos Q 58 millones, según las investigaciones del MP.

Caso Construcción y Corrupción: procesan a excolaboradores de Alejandro Sinibaldi

Envían a juicio a varios implicados en el caso Construcción y Corrupción, entre ellos excolaboradores del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, por su presunta participación en una red de sobornos, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

30 de abril de 2025 | 13:59h

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Anelisse Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro Sinibaldi, es enviada a juicio en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

La jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, resolvió este miércoles 30 de abril enviar a juicio a varios implicados en el caso Construcción y Corrupción, entre ellos Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Varios de los procesados fueron beneficiados con sobreseimiento por determinados delitos.

Ese mismo día también se programó la audiencia de ofrecimiento de pruebas para el 26 de junio próximo, en la cual el Ministerio Público (MP) presentará los medios de prueba a utilizar en el juicio y se determinará qué tribunal estará a cargo del debate.

El caso Construcción y Corrupción consiste en el procesamiento de una red que habría sido dirigida por Sinibaldi y que manejó sobornos y lavó dinero, según la investigación.

Desde las primeras audiencias, la Fiscalía Especial contra la Impunidad reveló que las pesquisas apuntaban a que, desde que Sinibaldi asumió como diputado en 2007, ya existían precedentes de las supuestas operaciones ilegales.

En septiembre de 2018, el testimonio de Anelisse Herrera mostró el modo de operar de una presunta estructura de corrupción dirigida por el político para cobrar sobornos, financiar ilegalmente campañas y supuestamente ocultar el origen de los fondos.

Procesados

• Ismael Arnoldo Donis Álvarez: por asociación ilícita (sobreseído), por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviado a juicio).
• Mayra Liseth Marroquín Castillo: por cohecho activo (sobreseída).
• José Guillermo Samayoa Soria: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• José Jeremías Pérez de la Cruz: por cohecho activo (sobreseído).
• Élder Rumaldo Vásquez Quevedo: por cohecho activo (sobreseído).
• Julio Roberto de la Peña González: por cohecho activo (sobreseído).
• Walter de Jesús López Acevedo: por cohecho activo (sobreseído).
• Roger Marco Antonio Navas Coronado: por cohecho activo (sobreseído).
• Denis Marroquín Castillo: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• José Roberto García Rodríguez: por cohecho activo (sobreseído) y por financiamiento electoral ilícito (sobreseído).
• Douglas Paredes Álvarez: por asociación ilícita (enviado a juicio), por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviado a juicio) y por obstaculización a la acción penal (enviado a juicio).
• Anelisse Mercedes Herrera Monterroso: por conspiración para cometer lavado de dinero u otros activos (enviada a juicio).

Caso Construcción y Corrupción: exministro de Comunicaciones acude a audiencia de etapa intermedia

El caso Construcción y Corrupción, fase 2, sigue su curso, y un exministro de Comunicaciones acudió a la audiencia de etapa intermedia.

César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

25 de marzo de 2025 | 16:23h

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 Victor Enrique Corado Valdez, exministro de Comunicaciones, durante la audiencia de etapa intermedia en el caso Construcción y Corrupción Fase 2. (Foto Prensa Libre: Óscar Vásquez)

Víctor Enrique Corado Valdez, exministro de Comunicaciones, se presentó este martes 25 de marzo al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, para el desarrollo de la audiencia de etapa intermedia por el caso Construcción y Corrupción, fase 2, según informaron fuentes judiciales.

El Ministerio Público (MP) señala a Corado de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y cohecho pasivo.

El 14 de agosto de 2018, las autoridades informaron que buscaban a Corado por su supuesta vinculación con el caso, pero no fue localizado. No obstante, otras cinco personas fueron detenidas.

Corado fue nombrado por el entonces presidente de la República, Otto Pérez Molina, como ministro de Comunicaciones, en sustitución de Alejandro Sinibaldi, quien buscaba la Presidencia con el extinto Partido Patriota. Sin embargo, posteriormente fue vinculado con varios casos de corrupción y se giraron órdenes de captura en su contra.

En 2019, Sinibaldi se entregó a la justicia, luego de haber estado prófugo durante casi un año.

Interponen dos recursos que buscarían anular el caso Construcción y Corrupción

Abogado busca que se anule el caso Construcción y Corrupción y presenta dos recursos legales.

Elmer Vargas y César Pérez Marroquín

25 de febrero de 2025 | 14:13h

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 En el Juzgado de Mayor Riesgo D se realiza continuación de audiencia de etapa intermedia contra varios implicados en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

En el Juzgado de Mayor Riesgo D se llevó a cabo este martes 25 de febrero la continuación de audiencia de etapa intermedia contra varios implicados en el caso Construcción y Corrupción; sin embargo, esta fue suspendida debido a que unos de los abogados de la defensa interpuso dos recursos con los que se buscaría anular el proceso.

Un abogado interpuso dos recursos ante la jueza Abelina Cruz Toscano, uno de excepción por falta de acción y otro por excepción por competencia.

De acuerdo con el jurista, no fueron notificados de que la carpeta judicial fuera conocida por un juzgado de Mayor Riesgo, a excepción de Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones.

De esta cuenta, con los recursos planteados busca que la jueza Abelina Cruz se inhiba de seguir conociendo la carpeta y sea conocido por un juzgado de primera instancia, es decir, que se anule todo lo actuado en el caso.

La jueza suspendió la audiencia y programó continuarla el 18 de marzo. En esa fecha el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) deberán presentar sus argumentos sobre las dos excepciones planteadas.

Antecedentes del caso

A Sinibaldi, se le ha señalado de haber integrado una estructura que supuestamente efectuó cobros y pagos ilegales. 

Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Julio Ligorría se presenta a Juzgado de Mayor Riesgo D y jueza deja sin efecto orden de captura

La jueza Abelina Cruz argumentó que el MP no ha avanzado en la investigación contra Julio Ligorría y que se han violentado sus derechos de defensa luego de 11 años de haberlo señalado.

Miguel Barrientos y Elmer Vargas

29 de agosto de 2024 | 14:29h

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Julio Ligorría asiste al Juzgado de Mayor Riesgo D para pedir que el cierre de la investigación en su contra por el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: E. Chang)

Este 29 de agosto se celebró en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, una audiencia en la que participó Julio Ligorría, por señalamientos del Ministerio Público en el caso Construcción y Corrupción.

La defensa de Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, argumentó que se presentaron ante las autoridades judiciales de forma voluntaria para solicitar la desestimación del caso, cuyo origen se remonta a la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

La jueza Cruz indicó que el Ministerio Público ha sido “negligente de realizar la investigación contra Ligorría” y que ha violentado sus derechos de defensa, porque durante 11 años no ha presentado avances en la investigación.

Por esa razón, indicó que el Ministerio Público tendrá 20 días para solucionar la situación de Ligorría y se celebrará una audiencia para conocer el requerimiento.

Cruz indicó que fue la anterior administración de la Fiscalía Especial contra la Impunidad la que hizo los señalamientos contra Ligorría y pidió a la actual que resuelvan la situación del exembajador.

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“Es muy fácil para ellos, desde el extranjero, estar criticando y difamando a esta judicatura, en una situación de rebeldía y no se presentan a resolver su situación jurídica. Es necesario que el Ministerio Público actual continúe con esa objetividad que ha caracterizado a la institución y que en ciertas ocasiones se desvió”, dijo la jueza.

Añadió que el Ministerio Público tendrá hasta el 30 de septiembre para resolver la situación de Ligorría; mientras, el Juzgado celebrará la audiencia para decidir su situación legal el 1 de octubre a las 9 horas.

Recalcó que las órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas contra Ligorría están sin efecto y continuarán así, a la espera de que el Ministerio Público responda el requerimiento.

Cambio de jueza en Juzgado D

Luego de la audiencia, el exembajador Julio Ligorría, brindó declaraciones sobre el proceso e indicó que a pesar de que “la justicia es lenta” espera poder continuar con su vida “normal y trabajando”.

Añadió que el cambio de jueza en el Juzgado D, con la salida de Erika Aifán, causó retrasos en las gestiones del Ministerio Público y sus abogados.

Antecedente

En 2017, la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público presentaron el caso, en el que señalaron a exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota de haber cometido ilegalidades y haber recibido sobornos para proyectos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Los señalamientos contra Ligorría fueron por lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito, cuyos fondos, según el MP, habrían sido utilizados para la campaña del referido partido en la campaña electoral de 2011.

En enero de 2022, se conoció que la actual administración de la Feci planteaba cerrar la investigación contra Ligorría y que se pediría a la anterior titular del referido Juzgado, Erika Aifán, la desestimación de la acusación.

La Feci también anuló la orden de aprehensión que se había girado contra Ligorría.

Rafael Curruchiche, jefe de la Feci, indicó entonces que se había hecho la petición a la jueza Aifán luego de haber sometido la investigación a un análisis.

“Hemos concluido que lo que procede es revocar la orden de aprehensión por los dos delitos y solicitar la desestimación”, dijo en esa ocasión Curruchiche.

Actualización

El 18 de agosto de 2025 la jueza Abelina Cruz cerró el proceso penal contra el exembajador Ligorría por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

Caso Construcción y Corrupción: sindicado cercano a Sinibaldi se declara culpable

El sindicado en el Caso Construcción y Corrupción Carlos Presa Aguirre fue condenado a 6 años de prisión: 3 por el delito de asociación ilícita y 3 por lavado de dinero u otros activos. 

Hedy Quino y Elmer Vargas

24 de junio de 2024 | 16:27h

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Carlos Presa Aguirre se declara culpable de corrupción, quien es vinculado al exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Carlos Presa Aguirre, exrepresentante legal de empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, en el caso de Construcción y Corrupción.

Presa Aguirre se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos, audiencia que se desarrolló en el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano.

El sindicado fue condenado a 6 años de prisión: 3 años por el delito de asociación ilícita y 3 por lavado de dinero u otros activos. 

Además, deberá pagar una multa de Q100 mil, y Q372 mil por concepto de reparación digna.

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Antecedentes del caso

A Sinibaldi, se le ha señalado de haber integrado una estructura que supuestamente efectuó cobros y pagos ilegales. 

Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Carlos Presa Aguirre se declaró culpable de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos, fue condenado a 6 años de prisión por el caso Construcción y Corrupción.

Presa, fue representante legal de empresas vinculadas a Alejandro Sinibaldi@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/0zhtpQbLjj

— Elmer Vargas (@evargas_gtv) June 24, 2024

Avanza casación contra fallo que libra de cargos a Alejandro Sinibaldi

La PGN cuestiona le resolución que cancela las acusaciones en contra del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en casos de corrupción.

César Pérez Marroquín

19 de junio de 2024 | 21:38h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El recurso de casación que la Procuraduría General de la Nación (PGN) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del auto de sobreseimiento dictado a favor del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi en dos casos de corrupción ya se encuentra en trámite, informaron este miércoles 19 de junio fuentes oficiales.

De acuerdo con la PGN, el sobreseimiento fue emitido por la juez Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “D” en los casos de Construcción y Corrupción Fase I y II, así como en el caso Odebrecht.

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó el 26 de abril pasado sobreseimiento a favor de Sinibaldi, con lo que se cierra el caso Construcción y Corrupción.

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público (MP) y la PGN solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza beneficio a Sinibaldi y cerró el caso.

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César Pérez Marroquín y Elmer Vargas

18 de junio de 2024 | 17:04h

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Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, acepta los cargos en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Anelisse Herrera, exasistente del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, fue sentenciada este martes 18 de junio a 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita; sin embargo, al haberse sometido al procedimiento especial de aceptación de cargos, la condena quedó en 3 años.

La audiencia se llevó a cabo en eL Juzgado de Mayor Riesgo D a cargo de la jueza Abelina Cruz. Herrera es sindicada dentro del caso Construcción y Corrupción.

Herrera también es sindicada del delito de lavado de dinero u otros activos, pero la audiencia de etapa intermedia se programó para el 23 de julio próximo.

La exasistente de Sinibaldi también fue beneficiada con arresto domiciliario en este último proceso.

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Enviada a prisión

El pasado 12 de marzo, la jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó prisión preventiva contra Herrera dentro del caso Construcción y Corrupción. La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

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Oscar García y Luisa Laguardia

14 de mayo de 2024 | 20:59h

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Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera y Efraín Alberto Quevedo fueron absueltos en el Caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez)

El Tribunal Primero de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente con Competencia para Conocer Proceso de Mayor Riesgo, Grupo “E”, resolvió este martes 14 de mayo que las acusaciones contra Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera y Efraín Alberto Quevedo tienen inconsistencias.

Ambos son señalados en el caso Construcción y Corrupción Fase Dos y el Tribunal resolvió que ambos no pueden ser condenados por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero en el referido caso.

“El objeto principal del ente investigador y su plataforma fáctica y probatoria es demostrar la existencia del delito, la participación y la responsabilidad de cada acusado en el hecho que se le indica”, argumentó el juez.

Añadió que por el delito se entiende la acción típica jurídica y culpable, entendiendo así el delito, permitirá determinar en caso concreto si una conducta es delictiva.

EN ESTE MOMENTO

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Agregó que “en el caso concreto que se juzga se establece un paralelismo sintético que equipara lo dispuesto por la Corte en el sentido de establecer elementos de prueba que destruyan el estado de inocencia y no prueba incongruente como lo sucedido en el desarrollo del debate”.

A decir del juez, lo anterior no establece una plataforma fáctica real para poder entender la culpabilidad por parte de los señalados.

“Siendo lo lógico dictar una sentencia de carácter absolutorio por no probarse la participación de los acusados en los hechos de la acusación fiscal, por la contradicción entre la plataforma probatoria y la plataforma práctica”, finalizó.

El 5 de marzo de 2019, la jueza Erika Aifán otorgó fianza de Q50 mil a Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera debido a que brindó información relevante en el caso Construcción y Corrupción Fase Dos.

En esa ocasión, el sindicado decidió brindar un testimonio, que fue calificado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) como “muy valioso”, aunque no fueron compartidos detalles.

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La supuesta estructura criminal está señalada por el Ministerio Público (MP) de haber operado de 2012 a 2016 con blanqueo de capitales a través de empresas off shore en Panamá, cuyo cabecilla supuestamente era un exfuncionario.

Jueza beneficia a Alejandro Sinibaldi y cierra el caso Construcción y Corrupción

El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se libra de ir a juicio en el caso Construcción y Corrupción, luego de que la Jueza de Mayor Riesgo D dictara sobreseimiento a su favor.

César Pérez, Elmer Vargas y Julio Román

26 de abril de 2024 | 15:32h

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Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, se libró de ir a juico en el caso Construcción y corrección. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, dictó este viernes 26 de abril sobreseimiento a favor del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, con lo que se cierra el caso Construcción y Corrupción.

Durante la etapa intermedia del proceso, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron que el exfuncionario del gobierno de Otto Pérez Molina fuera enviado a juico por los de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo en forma continuada, financiamiento electoral no registrado en forma continuada y lavado de dinero u otros activos en forma continuada; sin embargo, la jueza beneficio a Sinibaldi y cerró el caso.

A Sinibaldi se le señalaba de haber integrado una estructura que supuestamente efectuaba cobros y pagos ilegales. Junto con Sinibaldi también fueron ligadas más de una decena de personas y por la dimensión de las investigaciones, el proceso se dividió en dos fases.

Luego de conocer la resolución, Sinibaldi se pronunció al respecto y arremetió contra la exfiscal general Thelma Aldana y exintegrantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) al asegurar que los procesos en los que ha sido implicado son parte de una persecución política.

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“Ha sido un proceso complicado y largo. Quiero comentarles que he sido sobreseído en cuatro casos, no tengo falta de mérito en un quinto, es decir, el día de hoy después de más de cuatro años de trabajo con mi equipo legal, puedo decirles con tranquilidad que he sido sobreseído en todas las acusaciones políticas que presentó Thelma Aldana, Iván Velázquez, Sandoval y su equipo en mi contra”, dijo Sinibaldi.

Añadió que no ha sido beneficiado por la justicia, sino que “he contado una defensa técnica profesional. Hemos sido disciplinados en todo el proceso y hemos aprovechado todas las herramientas que nos da el sistema de justicia guatemalteco”.

Agregó que las resoluciones que se han dado en los casos en los que ha sido procesado “denota que las acusaciones que planteó en su momento Juan Francisco Sandoval, Thelma Aldana, Iván Velázquez con bombos y platillos en los medios de comunicación, pasando encima de cualquier derecho que tiene un guatemalteco a la presunción de inocencia, fue un circo”.

Sinibaldi ha sido procesado por varios casos de corrupción, supuestamente cometidos durante su administración al frente del Ministerio de Comunicaciones, entre estos Construcción y Corrupción, Transurbano, Arcas y Odebrecht.

Apeló contra exasistente

Cruz Toscano dictó prisión preventiva el 12 de marzo pasado contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Exasistente de Alejandro Sinibaldi es enviada a prisión preventiva en caso Construcción y Corrupción

Lo resuelto se conoció en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz.
 

Oscar García y Elmer Vargas

12 de marzo de 2024 | 17:14h

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Aneliese Mercedes Herrera Monterroso durante audiencia en el caso Construcción y Corrupción. (Foto Prensa Libre: Oscar Vázquez)

La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz Toscano, este martes 12 de marzo dictó prisión preventiva contra Aneliese Mercedes Herrera Monterroso, exasistente de Alejandro Sinibaldi dentro del caso Construcción y Corrupción.

La resolución de la juzgadora fue bajo el argumento de peligro de fuga y seguirá proceso penal por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

La resuelto se conoció durante la audiencia de revisión de medidas de coerción, esto en cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Apelaciones que dio con lugar la solicitud de Sinibaldi de que se revocara el acuerdo de colaboración eficaz de tres personas implicadas en el caso.

Juan Arturo Jegerlehner Morales, Carlos Francisco Goyzueta Valladares y Aneliese Mercedes Herrera Monterroso tenían la figura de colaboradores eficaces y por medio de una apelación presentada por Alejandro Sinibaldi, el juzgado la aceptó y una Sala dio con lugar el requerimiento.

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En la audiencia de este 12 de marzo, la jueza Abelina Cruz resolvió enviar a prisión preventiva a Herrera Monterroso tras aceptar la argumentación del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación que alegaron peligro de fuga y obstaculización a la investigación.

La sindicada en el inicio de la audiencia argumentó que no estaba de acuerdo de ser defendida por un abogado de la Defensa Pública Penal, debido a que no conocía el expediente del caso.

Ante esto, la jueza indicó que se había dado el tiempo prudente para que ella se hiciera de un abogado de confianza, extremo que no cumplió.

Declarado en rebeldía

La jueza Cruz Toscano declaró rebeldía y giró orden de captura contra Carlos Francisco Goyzueta Valladares debido a que no compareció a la audiencia sin indicar motivos de su ausencia.

Agregó que Juan Arturo Jegerlehner Morales seguirá el proceso penal mediante el procedimiento especial de aceptación de cargos.

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Etapa intermedia

La jueza indicó que Aneliese Herrera deberá acudir ante el Juzgado de Mayor Riesgo D el próximo jueves 14 de marzo para el inicio de la etapa intermedia, durante este proceso, se resolverá si ella deberá enfrentar juicio por los delitos que le sindican o si se cierra el caso en su contra. Herrera guardará prisión en Mariscal Zavala.

El 28 de febrero de 2023, el Juzgado de Mayor Riesgo D dio trámite a la apelación que interpuso el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, cuyo objetivo era anular los acuerdos de colaboración eficaz de tres implicados en el caso Construcción y Corrupción.

Lo que Sinibaldi pretendía con esa apelación era anular el acuerdo de colaboración eficaz de Arturo Jegerlenher, Carlos Goyzueta y Aneliese Herrera.

El argumento del exministro de Comunicaciones para solicitar la anulación de los acuerdos en el caso Construcción y Corrupción fue que los acuerdos supuestamente tenían inconsistencias, por lo que consideró que no debían ser aprobados dentro del proceso.

Debido a que el Juzgado de Mayor Riesgo “D” le dio trámite a la apelación de Sinibaldi, esta fue elevada a una Sala de Apelaciones.

En este caso, los colaboradores eficaces aseguraban que ayudaron a Sinibaldi a exigir supuestas comisiones ilegales a contratistas a cambio de pagar deuda de arrastre, las cuales habrían sido utilizadas para financiar la campaña política del exministro en 2015.

El caso Construcción y Corrupción fase 1 consiste en el procesamiento de una red que habría sido dirigida por Sinibaldi y que manejó sobornos y lavó dinero, según la investigación.

Desde las primeras audiencias del caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad reveló que las investigaciones apuntaban a que desde que Sinibaldi asumió como diputado en 2007, ya existían precedentes de las supuestas operaciones ilegales.

En septiembre del 2018, el testimonio de Aneliese Herrera mostró el modo de operar de una presunta estructura de corrupción dirigida por el político para cobrar sobornos, financiar ilegalmente campañas y supuestamente ocultar el origen de los fondos.

Los exfuncionarios aceptarán los hechos por los cuales los acusa la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y con esa decisión lograrán ser condenados a penas mínimas.

El 16 de febrero próximo se celebrará otra audiencia en la que el juez Juan José Jiménez decidirá si acepta la propuesta.

La Feci acusa a Ortiz Asturias de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, además de peculado.

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Según las investigaciones, el exviceministro recibió US$2 millones 600 mil que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht, dinero que luego administró Sinibaldi por medio de empresas.

Soto Herrera es acusado de peculado.

Lavado

A partir de una investigación del MP y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sobre supuestas actividades ilícitas vinculadas con Sinibaldi, se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

En la investigación se identificaron empresas de cartón que, por medio de la simulación de servicios, facturaban sumas millonarias de dinero  proveniente de supuestos sobornos.

Las empresas facturaron de 2012 a 2014, cuando Sinibaldi era ministro de Comunicaciones.

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El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que, una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio y pagaba deuda que el Ministerio de Comunicaciones tenía con las empresas que ellos representaban, según los señalamientos.

Sinibaldi está señalado en varios casos de corrupción, entre ellos  Odebrecht, divulgado por las autoridades en 2017, ya que supuestamente recibió entre 2011 y 2013 casi US$18 millones  en sobornos para favorecer a la mencionada firma extranjera.

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En esta fase del proceso penal, el juez de Mayor Riesgo “D” Juan José Jiménez deberá de decidir si los acusados van o no a juicio por este caso de corrupción, que implica como artífice de un mecanismo de cobro de dádivas al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Empresarios del sector de la construcción se sentaron este miércoles frente al juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, y escucharon la acusación que expusieron fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) por su vinculación al caso Construcción y Corrupción.

El proceso estuvo estancado por varios meses debido a los cambios de jueces.

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Acompañados de sus abogados, los empresarios comenzaron la etapa intermedia en la que el juez decidirá si van a juicio o no.

En cada acusación había un denominador común que mencionó el fiscal de Feci: “Alejandro Sinibaldi Aparicio, exministro de Comunicaciones.

Entre los constructores que escucharon acusación en etapa intermedia están Elder Vásquez Quevedo y Julio Roberto de La Peña.

Los fiscales reiteraron que los empresarios de la construcción pagaron dádivas a Sinibaldi cuando fungía como ministro de Comunicaciones, los aportes se hicieron de 2012 a 2014.

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El caso se define como un mecanismo de pagos de dádivas a Sinibaldi para que este gestionara y facilitara el pago de deuda de arrastre a empresas constructoras.

Los pagos se recibieron por medio de un entramado de empresas vinculadas a Sinibaldi.

Antes de comenzar la audiencia, Sinibaldi intentó que el abogado Abrahan Girón lo volviera a representar, él ya había sido retirado del proceso por representar a otro sindicado que figura en el caso, no obstante hay un amparo pendiente de ser resuelto y se esperará esa resolución.

El juez de Mayor Riesgo D, Luis Archila, empezó la etapa intermedia, pero la defensa de Sinibaldi pidió la reserva debido a que se sindica de “lavado de dinero” y publicar los medios de prueba podría ser “contraproducente al proceso”.

Mientras que la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP) avaló la reserva y luego el juez declaró esa figura.

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Previo a la audiencia, Sinibaldi dio declaraciones en los pasillos e indicó que se siente tranquilo, pues según él, ha sido un proceso que desde que se entregó a la justicia dio declaraciones y no esperaba que fuera “rápido”.

“Venía preparado mental y espiritualmente para enfrentarlo y la verdad me siento primero muy agradecido con Dios que me ha dado la fortaleza y la sabiduría para enfrentar este proceso”, manifestó.

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Dijo que se encuentra saludable y se siente “confiado que las cosas se van a ir resolviendo”.

Agregó que han planteado una defensa técnica en todos los casos, que espera le permita ir solventando la situación jurídica “ya no tan en el largo plazo, sino en un mediano plazo”.

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Afirmó que han hecho algunas denuncias por procesos que consideraban con ilegalidades.

Según él, no han “entorpecido” los procesos y no han “recusado jueces, ni puesto amparos para atrasar el proceso, al contrario, hemos buscado que vayamos avanzando de una manera relativamente rápida”.

El caso

A partir de una investigación del MP y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por supuestas actividades ilícitas vinculadas con Sinibaldi, se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

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En la investigación se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de supuestos sobornos.

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La facturación de las empresas se realizó de 2012 a 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro de Comunicaciones.

El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que, una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio, pagándoles deuda que Comunicaciones tenía con las empresas que ellos representan.

Ahimas fue detenido bajo los cargos de cohecho activo y lavado de dinero y ahora le corresponde a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) gestionar su extradición.

“La Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público fue notificada por Interpol de la aprehensión en Francia de Joseph Ahimas, quien es sindicado en el caso Construcción y Corrupción. La Fiscalía Especial contra la Impunidad realizará los requerimientos para iniciar el trámite de extradición”, informó el MP.

De acuerdo con el expediente en el que se vincula a Ahimas señala una presunta estructura criminal que habría operado en el Ministerio de Comunicaciones, y cuyo objetivo habría sido recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro de esa cartera.

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El caso

Las pesquisas de la Fiscalía, en lo que denominaron fase 2 del caso Construcción y Corrupción, dan continuidad a la investigación que presentaron el 14 de julio de 2017, cuando se estableció la existencia de una supuesta estructura corrupta en el Ministerio de Comunicaciones durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota y coordinada por el entonces ministro Alejandro Sinibaldi, actualmente preso.

Parte de los sobornos dados por los constructores habría llegado a cuentas en entidades fuera de plaza a favor de Sinibaldi, incluso, según declaraciones de testigos, el exministro de Comunicaciones habría amasado en efectivo unos Q100 millones.

Las empresas Constructora Benelli S.A., Agropecuaria y Constructora Agua Azul S.A. y Agropecuaria El Florido S.A. estaban ligadas a Alejandro Sinibaldi Aparicio y eran manejadas por una red de operadores para lavado de dinero u otros activos, según la investigación.

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Según el MP, Sinibaldi compró bienes a través de grupos de empresas de cartón. La investigación abarcó tres grupos empresariales, cuyo factor común es que eran controlados por Sinibaldi a través de empleados del grupo ARCQO, trabajadores del Ministerio de Comunicaciones, familiares y amigos. Por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany, de Sinibaldi.

Cuando se trata de obras públicas millonarias, todos los caminos pasan por el Congreso de la República. La facultad legislativa para aprobar préstamos e incluso emitir leyes específicas para la ejecución de obras es la llave del tesoro público.

Este mecanismo lo han entendido los principales caudillos políticos de las últimas décadas. El 14 de agosto de 2018, una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) tiró de uno de los hilos de la trama detrás de la aprobación de la construcción de ruta en la Franja Transversal del Norte, una carretera que uniría Izabal con Huehuetenango.

Este proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748.9 millones, según registros del Ministerio de Finanzas, y que luego de ajustes, según el índice de precios al consumidor costará Q2 mil 594.72 millones, Q845.85 millones más de lo previsto, siempre y cuando se cumplan los plazos de finalización.

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La investigación detallaba pagos a Alejandro Sinibaldi por parte de la constructora israelí Solel Boneh y SBI International Holdings —otra de las entidades de la compañía— en el 2009, cuando era diputado por el cancelado Partido Patriota (PP) y más tarde, en el 2013 y en el 2014, cuando era ministro de Comunicaciones.

Los pagos del 2009, sin embargo, corresponden a una modificación, realizada desde el Congreso junto a otros diputados, del decreto con el cual se creó el proyecto vial. 

La defensa del exdiputado había planteado el recurso legal y ahora la CC revocó la sentencia venida en grado y otorgó el amparo solicitado contra la juez Primero de Primera Instancia Penal para conocer procesos de Mayor Riesgo D, que era dirigido por Erika Aifán, quien renunció al cargo y se fue al exilio por la persecución penal que había en su contra.  

La resolución también dice que restaura la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto al postulante, la resolución que constituye el acto reclamado.  

Añade que la autoridad denunciada, el Juzgado de Mayor Riesgo D, deberá inhibirse de conocer el recurso de reposición planteado y remitir las actuaciones al órgano competente, en un plazo de 5 días.  

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Con esta resolución, ahora se podrá establecer si el expediente de Escribá debe o no resolverse en el Juzgado de Mayor Riesgo o en un juzgado ordinario.  

El encargado de determinar la acción será el Juzgado Noveno Penal.  

El caso del exdiputado 

El señalamiento de la La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), refiere que Escribá Morales mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A., que obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones, por Q194.3 millones, cuando el congresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP). 

El 13 de enero de 2020 Escribá Morales se entregó a la justicia por el caso que se seguía en su contra y fue enviado a prisión provisional.  

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El 12 de marzo de 2020, Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, ligó al excongresista por los delitos de concusión, fraude, lavado de dinero y falsedad en la declaración patrimonial. 

El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018. 

Beneficiado con arresto domiciliario  

El 24 de septiembre de 2021, la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió beneficiar al exdiputado Armando Escribá, implicado en el caso Construcción y Corrupción, Fase 2.

La resolución fue emitida por los magistrados suplentes César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité. 

Las medidas concretas consisten en arresto domiciliar, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de Q100 mil. 

El pasado 31 de diciembre de 2020 La Sala Segunda de Mayor Riesgo, integrada por magistrados suplentes, favoreció al exdiputado Escribá, electo por el partido Líder, con la anulación de su proceso penal por posibles actos de corrupción.  

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La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), informó el jueves 7 de enero de 2021 que planteó ante la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia una acción constitucional de amparo contra la decisión de los magistrados suplentes de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo, que benefició al exdiputado Escribá Morales.  

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En la apelación otorgada a favor de Escribá, los magistrados también separaron del caso a la jueza de Mayor Riesgo D Ericka Aifán y trasladaron el expediente al Juzgado Noveno Penal. 

“Me informan de la Fiscalía -Feci- que efectivamente se presentó el amparo contra la resolución del 21 de diciembre donde se conexa el caso, -porque- de acuerdo con la Fiscalía se trata de hechos totalmente distintos. El caso está bajo reserva judicial”, informó el MP.

Sin embargo, se sabe que los abogados de Font buscan que el caso se incluya en el de “Construcción y Corrupción”, lo que implicaría que este sea conocido por la jueza Aifán.

El amparo lo conocerá la Sala Primera de Mayor Riesgo.

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Aifán declaró la reserva en una audiencia penal en donde Font y Sinibaldi comparecieron por señalamientos de corrupción.

El exfuncionario declaró ante los agentes fiscales que Font habría recibido un soborno para no criticarlo durante el ejercicio periodístico, dinero que habría sido pagado con parte de las supuestas ganancias ilícitas de Sinibaldi.

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Font ha denunciado en declaraciones y en sus redes sociales que “el MP monta un caso” en su contra “con la complicidad de Alejandro Sinibaldi”.

“Yo me considero a mi mismo objeto de una persecución política y objeto de una venganza específica”, dijo Font en declaraciones a Prensa Libre, el pasado 6 de diciembre de 2021.

Añadió: “Como periodista, como director y como editor de medios, las redacciones en las que yo he trabajado han cubierto con amplitud, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción en la obra pública”.

Recordó que el exministro Alejandro Sinibaldi fue objeto de por lo menos de seis notas de gran relevancia en los medios que Font dirigía.

Indicó que en esas notas periodísticas se explicaba que favorecía los concursos simulados, la falta de uso del registro de precalificados y además, se señalaba una engañosa supervisión para garantizar siempre que la corrupción “pudiera pasara adelante en esas contrataciones”.

Señaló que la red vial que los guatemaltecos tenemos pone en evidencia cuánta corrupción gira en torno a la obra pública.

“Es evidente que lo que hay aquí es un esfuerzo por mandarnos un mensaje a los periodista que combatimos la corrupción, nos están diciendo vamos a perseguirlo a ustedes por hacerlo”, señaló.

Debido a que Sinibaldi figura en más de una sola carpeta judicial la juzgadora considero prudente, tras la solicitud del Ministerio Público (MP), decretar la reserva del caso para evitar que detalles de otros casos salgan a luz y afecten las investigaciones en curso.

Criticaron arraigo

Los señalamientos contra Font generaron pronunciamientos que también critican a una medida cautelar que tiene desde el pasado seis de diciembre, se trata de una orden de arraigo, lo que le impide salir del país hasta que evolucione el proceso de investigación.

Algunas gremiales a favor del periodista calificaron de injusta la medida cautelar en su contra por ser emitida antes de ser ligado a proceso, pero este tipo de resoluciones legales son frecuentes en torre de tribunales.

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Se trata de una medida de prevención para evitar que una persona sospecha pueda abandonar el país mientras avanza el proceso de pesquisas, son estrategias que han sido aplicadas contra exfuncionarios, políticos y empresarios.

La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) y la organización Red Rompe El Miedo advierten que en los próximos días se podrían ver otro tipo de medidas contra Font, donde incluso mencionan que se estaría contemplando la solicitud de una orden de aprehensión.

Con esta decisión se ordena la libertad inmediata de Escribá y queda bajo arresto domiciliario, además de otras medidas sustitutivas. 

La resolución fue emitida por los magistrados suplentes César Aníbal Najarro López, Noé Moya García y Gloria Dalila Suchité. 

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Las medidas concretas consisten en arresto domiciliar, prohibición de hablar con coimputados y una caución económica de Q100 mil.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) investiga a Escribá por los delitos de concusión y fraude porque mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A.

Estas firmas obtuvieron contrataciones con el Ministerio de Comunicaciones por Q194.3 millones, cuando el excongresista era director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).

Escribá fue enviado a prisión provisional a la cárcel Mariscal Zavala, luego de que se entregara a la justicia el 13 de enero de 2020.

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El diputado retrasó en varias ocasiones el retiro de inmunidad con múltiples recursos legales, el requerimiento fue interpuesto por la fiscalía desde septiembre de 2018.

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Aparicio Mejía fue hallado culpable el 7 de mayo último de haber pagado comisiones ilícitas por Q8 millones 235 mil 47.45 a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones en el caso “Construcción y Corrupción”.

Este miércoles se desarrolló la audiencia de reparación digna contra Jaime Ramón Aparicio Mejía, condenado a cinco años de prisión por el caso “Construcción y Corrupción” por delito de cohecho pasivo”, señala la Fiscalía.

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“El Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación piden que Aparicio pague al Estado Q8.5 millones como reparación por haber pagado comisiones ilícitas al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi”, agrega.

Sin embargo, el Tribunal resolvió que Aparicio solo done una ambulancia a los Bomberos Voluntarios.

Según la acusación, cuando Sinibaldi fungió como ministro, Aparicio dio Q8 millones 235 mil 47.45 como contraprestación al pago de deuda de arrastre que el Estado tenía con las contratistas Constructora Jireh y Servicios Calificados de la Construcción.

Las comisiones ilícitas fueron canalizadas por medio de la sociedad mercantil de cartón, controlada por Sinibaldi, Constructora Benelli, S.A.

Además, se entregó al entonces ministro como comisión ilícita, dos vehículos valuados en un total de Q352 mil 462.

El caso

A partir de una investigación del Ministerio Público y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por actividades ilícitas vinculadas con Sinibaldi se descubrió documentación relacionada con varias operaciones de negocios en Guatemala y en otros países.

En la investigación se identificaron empresas de cartón que -por medio de la simulación de servicios- facturaban sumas millonarias de dinero proveniente de sobornos.

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La facturación de las empresas se realizó de 2012 a 2014, cuando Sinibaldi fungió como ministro de Comunicaciones.

El pago a las empresas de cartón funcionaba como una especie de “ventanilla especial” para los constructores, ya que, una vez depositado el dinero, el engranaje gubernamental operaba a su beneficio, pagándoles deuda que Comunicaciones tenía con las empresas que ellos representan.

El 7 de octubre del 2020, el exministro Sinibaldi, fue ligado a proceso en el caso Construcción y Corrupción I y II, y Odebrecht.