El 6 de septiembre pasado, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) se declaró culpable de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en una trama de corrupción acontecida durante su gobierno, conocida como caso Cooptación del Estado, por lo que fue condenado a 8 años de prisión, pero este lunes 30 de octubre se le impuso el pago de una multa de Q4.6 millones en reparación digna a favor del Estado de Guatemala.

Este miércoles, el Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió que el exmandatario deberá pagar Q4.6 millones al Estado en reparación digna, debido a que se sometió a la figura de aceptación de cargos por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude en el mencionado caso de corrupción, cuya estructura habría recibido Q500 millones (unos US$63 millones) en comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de contratos en diversas instituciones estatales, según la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Detalles de la sentencia

Fraude

Dos años de cárcel conmutables más dos años por los agravantes de interese lucrativo y abuso de autoridad, dando en total cuatro años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios, y aplicando el beneficio de reducción de la pena se rebaja a dos años de prisión conmutables razón de Q25 diarios.

Cohecho pasivo

Cinco años de prisión conmutables a razón de Q25 diarios y una multa de Q500 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos mientras dura la condena. Al aplicar la reducción de la pena da como resultado dos años y seis meses de prisión conmutables a razón de Q25 diario y una multa de Q250 mil e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

Lavado de dinero

Siete años de prisión inconmutables y una multa de Q 21 millones 169 mil 500 y una multa de US$3 millones 303 mil 250, pero al aplicar la reducción de pena que en tres años y seis meses de prisión conmutables a Q25 diario y una multa de Q10 millones 584 mil750 y otra multa de US$1 millón 651 mil 625.

Otras sanciones

• Además, por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Cohecho pasivo el sentenciado debe cancelar Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos de Fraude debe cancelar en favor del Organismo Judicial Q25 mil
• Por la devolución y entrega del producto de los actos obtenidos por el delito de cohecho en favor del Organismo Judicial pasivo Q25 mil
• También fue condenado al pago de costas procesales y al pago de una publicación de la sentencia en el Diario de Centroamérica.

El caso

El caso de corrupción en el que está vinculado Pérez Molina es conocido como Cooptación del Estado, que era una estructura incrustada en el Estado y que sirvió para que Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas.

Actualmente, Baldetti cumple dos condenas de 15 y 16 años por dos casos de fraude y corrupción en aduanas, cometidos durante su administración.

LE RECOMENDAMOS

“Yo no renuncié por las manifestaciones”: las declaraciones de Otto Pérez Molina tras haber sido condenado a 8 años de cárcel en caso de corrupción

Otto Pérez Molina se declara culpable en caso Cooptación del Estado y lo condenan a 8 años de cárcel

Además, Baldetti tiene pendiente una orden de extradición de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.

El expresidente fue condenado en 2022 a 16 años de cárcel al haber sido hallado culpable en el caso de defraudación aduanera La Línea, donde además fue multado con Q8 millones.

Para que el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pueda salir de la prisión Mariscal Zavala, donde está recluido desde 2015, debe pagar una caución de Q300 mil, en el caso Cooptación del Estado, y una multa de Q13 millones en La Línea. 

Además, según el Ministerio Público (MP), todavía hay procesos pendientes por resolver, por lo que su libertad no la consideran como inmediata. Incluso, hablan de una apelación en uno de los dos casos que tiene abiertos. 

El 22 de agosto se celebró una audiencia por el caso Cooptación del Estado, en la que Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, fue beneficiado con arresto domiciliario y una caución económica de Q300 mil que le permitiría salir de la prisión.

Eva Recinos, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, otorgó la medida que solicitó el exmandatario. Este caso aún no ha llegado a la etapa de juicio.

LE RECOMENDAMOS

Otto Pérez Molina obtiene medidas sustitutivas y podría salir de prisión; asegura que no tiene dinero y que hipotecará bienes

Bernardo Arévalo: Dónde vivirá como presidente y qué dijo acerca del Palacio Nacional de la Cultura

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó a proceso el 27 de julio de 2016 a 53 sindicados en este caso, entre ellos Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado con el fin de enriquecerse de manera ilícita.

El 7 de diciembre de 2022, las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel al expresidente y la ex vicepresidenta por asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años).

El binomio presidencial era investigado por un tercer cargo, de enriquecimiento ilícito, del que fueron absueltos. En este caso el Tribunal les impuso una multa de Q13 millones.

Sobre este caso, según el jefe de prensa e información, Juan Luis Pantaleón, la Fiscalía presentó una apelación para que se repita el debate, ya que no estuvieron de acuerdo con que no les condenaran por los delitos que les habían imputado.

Al  exmandatario lo habían acusado de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito. El juez Primero de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, envió a juicio el 27 de octubre de 2017 a 28 personas, incluidos Pérez y Baldetti.

La acusación se basa en que ambos lideraban la red de defraudación aduanera La Línea, en la cual participaron particulares, exjefes, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.

Pérez Molina ha manifestado de que no dispone de los recursos para poder salir de la prisión. Con su familia, ha indicado, buscan la manera de conseguir los fondos.

“No tengo dinero para pagar. Estamos hipotecando unos bienes de la familia y poder pagar. Esperaríamos que en unos ocho días se pueda resolver eso y entonces pueda recobrar la libertad”, aseveró Pérez.

Las medidas decretadas por la jueza son arraigo, arresto domiciliario, debe imponer su huella o firmar un libro de asistencia una vez cada 30 días, prohibición de visitar centros carcelarios y una caución económica por Q300 mil.

La Sala Segunda de Mayor Riesgo envió el pasado jueves 28 de julio un oficio a Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, en el que le ordena que debe suspender la orden de detención que autorizó contra Alba Elvira Lorenzana Cardona, esposa de Ángel González y prófuga de la justicia desde 2016, por su vinculación al caso Cooptación del Estado.

En la circular se le pide al juzgador que debe suspender la orden de aprehensión en un plazo de 24 horas y que debía informar cuando la resolución haya sido ejecutada, es decir, una vez que la orden de aprehensión ya no estuviera activa.

La instrucción de los magistrados derivó de un amparo provisional que otorgaron Harold Ortiz, Edwin Ruano y Santos Sajbochol, todos titulares de esa Sala de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), que también ha beneficiado a otros señalados de corrupción.

En la circula se lee: “De la manera más atenta me dirijo a usted, con el objeto de informarle que en resolución dictada por esta Sala dentro del Amparo arriba identificado, se otorgó el amparo provisional solicitado por la amparista ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, y en consecuencia se deja en suspenso la orden de aprehensión en contra de la señora ALBA ELVIRA LORENZANA CARDONA, dentro del proceso penal número cero mil setenta y cuatro guion dos mil quince guion cero cero cero diecisiete del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riego, Grupo “B”. Para lo cual se fija el plazo de veinticuatro horas, para que informe de la efectiva ejecución de la misma”.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Embargan salario del ministro Joaquín Barnoya y suspenden pagos a UNOPS por orden judicial

El amparo está identificado con el número 01141-2022-01266.

Según se informó, el juez Gálvez acató la orden el pasado viernes 29 de julio, con lo cual Alba Elvira Lorenzana Cardona ya no tiene activa la orden de captura.

El caso

La esposa del mexicano Remigio Ángel González y propietario de canales de televisión abierta en Guatemala y en Latinoamérica, está prófuga de la justicia desde el 9 de septiembre de 2016, y desde entonces ha intentado por medio de apelaciones evadir los señalamientos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) en la posible comisión del delito de financiamiento electoral ilícito.

La Corte de Constitucionalidad (CC) dictó una resolución en 2021 que la beneficia y no podrá ser juzgada por el supuesto financiamiento irregular del extinto Partido Patriota (PP).

Según, el expediente 4473-2021 de la CC con fecha del 20 de diciembre del 2021, que consta de 27 páginas, se comprende que el delito de financiamiento electoral ilícito no registrado no existió antes y es una de las razones por la que los magistrados fallaron a favor.

Por lo anterior, fue declarada con lugar la apelación promovida por la acusada contra el fallo del juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, quien había declarado sin lugar una inconstitucionalidad interpuesta para que no le fuera aplicado ese delito penal.

LE RECOMENDAMOS

CC dictó nueva resolución que beneficia a Alba Lorenzana y no podrá ser juzgada por el posible delito de financiamiento electoral ilícito

PP utilizó un conglomerado de empresas para obtener recursos

Antecedentes

El cargo señalado contra Lorenzana Cardona, desde el 2015 aproximadamente, fue por financiamiento electoral ilícito, pues por medio de las empresas que representa habría dado aportes económicos a la campaña del Partido Patriota (PP) del 2011, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti ganaron las elecciones para presidente y vicepresidenta, respectivamente.

Según las pesquisas, el financiamiento que hicieron los canales 3 y 7 al PP fue de Q17.6 millones, entre el 2008 y el 2011.

A cambio de esa acción, el gobierno que dirigieron Pérez Molina y Baldetti otorgó el 69 por ciento de la pauta publicitaria a las empresas del grupo Albavisión, al que pertenecen los canales 3 y 7, durante el período del 14 de enero del 2012 al 15 de abril del 2015, cuando se descubrió la operación de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Derivado de la investigación de esa red, las autoridades recolectaron evidencias de una organización más grande que se habría apoderado de diversas instituciones públicas, en las cuales se emitieron contratos para beneficiar a personas y empresas particulares que ayudaron al PP a llegar al gobierno.

Prófuga

El Juzgado de Mayor Riesgo B emitió la orden de captura internacional contra Lorenzana Cardona el 2 de junio de 2016, así como de otras personas vinculadas con la pesquisa.

En el perfil de la sospechosa que la Interpol colocó en su página electrónica, se le señala como mujer de 66 años, originaria de Puerto Barrios, Izabal, cuyo idioma materno es el español.

El expresidente Otto Fernando Pérez Molina será trasladado de nuevo a la cárcel de Mariscal Zavala, luego de que el juez Miguel Ángel Gálvez aceptara la solicitud de la defensa, que argumentó temor a que el exmandatario se contagiara de coronavirus en el Centro Médico Militar, donde fue internado por quebrantos de salud.

TAMBIÉN LEA

Gobierno da a conocer los tres países que tienen restricción para ingresar a Guatemala por nueva cepa de covid-19 y las acciones a ejecutar

El exmandatario está procesado en varios casos de corrupción, entre ellos “Cooptación del Estado”, y desde hace varios meses está internado en el Centro Médico Militar.

Luego de la resolución del juez, el traslado puede ocurrir en cualquier momento, por lo que se presume que el mandatario pasará la Navidad en esa prisión.

En cinco ocasiones el exmandatario ha solicitado que se le beneficie con arresto domiciliario, pues cree que es vulnerable al covid-19 por ser mayor de 60 años y estar afectado por una cardiopatía, pero el juez Gálvez le ha negado esa petición.

El expresidente está procesado por el caso La Línea y en el caso Cooptación solicitó desde el 2019 una medida sustitutiva para poder quedar en arresto domiciliar, sin embargo, esa petición ha sido denegada en varias ocasiones.

El caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

El expresidente de Guatemala, Otto Fernando Pérez Molina, deberá continuar en prisión preventiva, está ingresado en el Centro Médico Militar, pues este miércoles 30 de septiembre el Juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, le negó la solicitud de beneficiarlo con arresto domiciliario.

Lea también

Beatriz Ofelia de León no enfrentará juicio por caso Siekavizza

El exmandatario había solicitado, por quinta vez, que el juzgado le otorgara el arresto domiciliario, pues considera que su salud está en riesgo por el nuevo coronavirus, pues es mayor de 60 años y tiene una cardiopatía.

Otto Pérez está bajo prisión preventiva, pero desde hace tiempo está internado en el Centro Médico Militar.

Pérez Molina cree que en los hospitales el riesgo de contagio de covid-19 es mayor y por eso busca que lo dejen en prisión domiciliar.

El juez Gálvez le negó la petición en la audiencia de este miércoles, por lo que Pérez continuará en ese centro asistencial.

El expresidente está procesado por el caso La Línea y en el caso Cooptación solicitó desde el 2019 una medida sustitutiva para poder quedar en arresto domiciliar, sin embargo, esa petición ha sido denegada en varias ocasiones.

El caso Cooptación es una investigación que señala a varios miembros del Partido Patriota (PP) que supuestamente lograron establecer una red que cooptaba al Estado y cometía varios actos de corrupción.

La audiencia de primera declaración del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que estaba programada para el viernes 4 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo B, fue suspendida a petición de la defensa del procesado.

Lea también

“Nunca me mandé ni actué solo”: Alejandro Sinibaldi habla sobre los casos Odebrecht y libramiento de Chimaltenango

Según se informó este jueves 3 de septiembre, los abogados de Sinibaldi le solicitaron al juez Miguel Ángel Gálvez que suspendiera la diligencia y que la reprogramara, aunque todavía no se sabe el motivo.

El juez Gálvez reprogramó la audiencia para el próximo lunes 7 de septiembre.

Alejando Sinibaldi escuchó el 31 de agosto la imputación del Ministerio Público (MP) en su contra en el caso Cooptación del Estado, una de las cinco causas por corrupción por las que está detenido después de cuatro años de ser prófugo de la justicia.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Alejandro Sinibaldi está señalado en cinco procesos

1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
3. Odebrecht
4. Transurbano
5. Caso Arca

Es por La Coperacha, que enfrentará la primera audiencia.

Estos son los casos abiertos en su contra:

1. Transurbano

De las últimas órdenes de captura en su contra se giró en septiembre de 2019 por los delitos de lavado de dinero por el caso Transurbano, en una investigación relacionada al servicio de seguridad para el sistema de transporte.

La fiscalía descubrió que en el evento de contratación para brindar seguridad en las paradas de ese sistema de transporte, fueron beneficiadas dos empresas de Sinibaldi, supuestamente de cartón.

Estas firmas son Seguridad ASA, S.A. —siglas de su primer nombre y apellidos— y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., las cuales habrían recibido Q978 mil 794.64, según la investigación.

2. Construcción y Corrupción

El exministro Sinibaldi también es señalado por el caso Construcción y Corrupción en las fases uno y dos, por las que también tenía dos órdenes de captura en el Juzgado de Mayor Riesgo D.

En este caso está señalado por haber liderado una red de cobros ilegales efectuados a empresas contratistas del Ministerio de Comunicaciones para agilizar pagos por deuda de arrastre. A cambio Sinibaldi recibía desde cinco hasta 10 por ciento de comisión.

3. Odebrecht

Sinibaldi también era buscado por su supuesta participación en el caso Odebrecht, por el que ya fueron condenadas tres personas —Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi; Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Ignacio Florido—.

Esta investigación se debe a que supuestamente negoció con los representantes de la constructora brasileña, en el 2013, el pago millonario de un soborno por adjudicarles un tramo carretero en la Costa Sur. Incluso les pidió a los empresarios que le depositaran US$3 millones al excandidato a la Presidencia por el partido Líder, Manuel Baldizón —también con orden de captura por este caso—.

4. Cooptación del Estado y coperacha

Otro caso en el que está señalado Sinibaldi es Cooptación del Estado de Guatemala, una trama de los exfuncionarios del PP que cobraron comisiones a empresas desde 2012 a cambio de contratos gubernamentales. Incluso, el aporte para la compra de regalos ostentosos para el entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti.

Además, el Juzgado de Extinción de Dominio, a cargo de Rosa López, mantiene embargadas lujosas propiedades de Sinibaldi que, según investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), eran usadas por él como oficinas, bodegas, casa de campaña del PP y para convivencia familiar.

En esta investigación se determinó además que cinco altos funcionarios colectaron dinero para comprar y regalar un helicóptero al expresidente Otto Pérez Molina.

Además de ese ostentoso regalo también se compró lanchas, una casa de playa y otro vehículos. En este caso están vinculados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el exdirectivo del IGSS, Juan de Dios Rodriguez; los exministros de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrocio; el exministro de Energía, Érick Archila y Sinibaldi.

5. Financiamiento ilícito, caso Arca

La Feci destapó en octubre de 2019 un nuevo desfalco por más de Q26 millones a un banco para financiar la campaña del extinto Partido Patriota del 2011.

Por este caso, también se vinculó al diputado del FCN-Nación, Estuardo Galdámez.

La Feci determinó que Q26 millones 192 mil 553.96 fueron desfalcados y parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones Arca, S. A., para la campaña del PP.

Se creó la empresa Avanzando al Progreso, S. A., por medio de la cual se captaron los fondos que no fueron reportados.

La investigación determinó que la sociedad fue constituida y gestionada por miembros del PP, con el fin de esconderle al TSE parte de las donaciones y aportes de campaña recaudados.

Miguel Ángel Gálvez, juez de Mayor Riesgo B, suspendió la audiencia de primera declaración del exministro Alejandro Sinibaldi, que estaba programada para el jueves 27 de agosto, a petición de la defensa.

Lea además

La UNE presenta amparo en la CC por supuestas anomalías en sesión del Congreso por tema del estado de Calamidad

Según Gálvez, se aplazó la diligencia debido a que el abogado defensor de Sinibaldi le pidió más tiempo para conocer el expediente del caso.

La audiencia se realizará el próximo lunes 31 de agosto, se informó.

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia de Guatemala este 24 de agosto, cuatro años después de que se giró la primera de ocho órdenes de captura en su contra por delitos de corrupción.

El exministro de Comunicaciones se refugiaba en Florencia, Italia, desde donde viajó a Amsterdam, Países Bajos, Ciudad de México y Tapachula para que posteriormente fuera capturado por las autoridades guatemaltecas.

Ese 24 de agosto, luego de conocer el motivo de su detención en el Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, Sinibaldi habló con los medios sobre los procesos en su contra.

“Quiero ser enfático que me entrego de forma voluntaria, confiado en que se respetarán mis derechos humanos, derechos fundamentales y el estado de Derecho”.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público señala a Sinibaldi de ser jefe o cabecilla de la red político económica ilícita que se apoderó de recursos del Estado durante la gestión del Partido Patriota (PP). y consideró que es una “pieza clave” en los procesos de corrupción que están abiertos en la justicia.

Sinibaldi está señalado en los casos:

1. Cooperacha (parte del proceso de Cooptación del Estado)
2. Construcción y Corrupción (Fases I y II)
3. Odebrecht (parte del proceso Construcción y Corrupción)
4. Transurbano
5. Caso Arca

La Fiscalía Contra la Corrupción (Feci) del Ministerio Público (MP) señaló este lunes 3 de agosto que los implicados en el caso Cooptación del Estado, Daniela Beltranena y el empresario José Luis Ortiz, violentaron la medida sustitutiva de arresto domiciliario con la que fueron beneficiados, por lo que solicitan que sea revocada y que regresen a prisión.

TAMBIÉN LEA

Bono familia: IVE alerta sobre posibles transacciones sospechosas vinculadas con lavado y extorsiones

De acuerdo con fotografías presentadas por la Feci, Beltranena salió de su casa el 2 de marzo último para reunirse con el diputado de FCN Nación, Javier Hernández, en un centro comercial ubicado en la carretera a El Salvador.

Además, la Fiscalía mostró imágenes de cuando el empresario Ortiz participaba en una manifestación el pasado 18 de junio en contra de las restricciones que impuso el Gobierno para frenar el avance la pandemia de coronavirus.

Otra imagen muestra a Ortiz en un centro comercial que no fue determinado. Por esas razones, la Feci considera pertinente que el juez ordene el regreso a prisión de ambos procesados.

Beltranena está ligada a proceso penal en el caso Cooptación del Estado por tráfico de influencias y abuso de autoridad y goza de la medida sustitutiva de arresto domiciliario desde el 12 de septiembre de 2018.

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, discutirá el retiro o no de la medida sustitutiva de Beltranena y de José Luis Ortiz el 2 de septiembre próximo, pues de debe tomar en cuenta el grado de vulnerabilidad que hay en las prisiones ante los casos de coronavirus.

“Vamos a ver cómo se desarrolla la medida sustitutiva en el caso Cooptación del Estado”, dijo Gálvez.

Se intentó conocer la versión del diputado Javier Hernández con respecto a la reunión con Beltranena, pero no respondió las llamadas hechas a su teléfono celular.

El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Juan Francisco Sandoval, informó que la audiencia se celebró debido a algunas situaciones que sucedieron durante la declaración de Monzón. 

Entérese

Mencionan a Sandra Torres en una audiencia en Tribunales

Le puede interesar | Más de mil accidentes ocurrieron a causa del celular

El fiscal también señaló que Monzón le planteó al juez algunas situaciones  que van en demérito de su situación, como la falta de agua potable en su celda y que por dos meses no hubo extracción de basura, aspectos que laceran su dignidad.

Monzón también denunció a sus pilotos Abraham Velásquez y Nery Choc, a quienes señaló de extorsionar a conocidos e implicados en el caso Cooptación del Estado y de exponer sus secretos. 

Las solicitudes de Monzón las conocerá, para darles trámite, el Juzgado Cuarto.

Contenido relacionado

El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, accedió a la petición de Pérez Molina luego de recibir un informe ampliado del estado de su salud.

El pasado lunes 5, la defensa de Pérez Molina solicitó que fuera beneficiado con arresto domiciliario, pero el juez no lo autorizó.

Ese día, un médico detalló al juez Gálvez que Pérez Molina podría sufrir muerte súbita por un padecimiento de taquicardia ventricular.

Entérese: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti quedan fuera del caso TCQ

Gálvez explicó que el exmandatario permanecerá en el hospital durante unas horas y regresará a su celda en la Brigada Mariscal Zavala. “Por supuesto que está en derecho de que se le autorice por ser un tema de salud”, manifestó el juez.

La semana pasada Pérez Molina dijo al salir de los tribunales que el aparato que tiene en el pecho “detecta que se está produciendo una fibrilación ventricular, que es maligna, es mortífera: El aparato empieza a enviarle unas señales al corazón para ver si lo puede detener. Si no lo produce, lo que produce es una descarga muy fuerte para que el corazón vuelva a bombear la sangre”, explicó.

Otto Pérez Molina fue detenido en septiembre del 2015 luego de perder su inmunidad y renunciar al cargo de presidente, se encuentra en prisión preventiva y es procesado por los delitos de cohecho pasivo, caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita.

Otros contenidos

• Jimmy Morales creía en 2015 que Otto Pérez debía renunciar a la inmunidad por honor
• A juicio, alcalde que habría simulado donación de persona que ya había muerto
• Juan Carlos Monzón denuncia atentados contra su familia